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INTRODUCCIÓN
Este artículo discute el papel que desempeñaron las élites agrarias en el paramilitarismo colombiano1. De antemano, sabemos que fueron muy importantes. Estuvieron en el origen de muchas de sus expresiones regionales tempranas, pero también fueron un aliado clave para su expansión a lo largo del país hacia los años noventa. Como señaló uno de los principales comandantes paramilitares, su incursión en muchas regiones se dio “por el pedido de los empresarios” (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2014, p. 278). Sabemos también que este no fue un fenómeno marginal en la guerra colombiana. Según cifras de la Fiscalía, al 2017 los paramilitares habían mencionado en sus declaraciones ante la justicia a casi ochocientas empresas como cómplices de sus delitos (Leigh et al., 2021, p. 196).
Sin embargo, el tema ha sido poco explorado por la literatura académica y todavía falta mucho por saber respecto a cuáles élites se aliaron con los paramilitares, cómo lo hicieron y qué factores pueden explicarlo (CNMH, 2018; Gutiérrez y Vargas, 2017). En cierta medida, esto ha contribuido a la simplificación del debate a partir de algunas generalizaciones que, de forma apresurada y sin la suficiente evidencia, atribuyen estos vínculos al conjunto de todas las élites —es decir, como si todas se hubiesen aliado con los paramilitares de la misma forma y en el mismo grado—. Pero esto es cuestionable. Como señalan varios autores, las élites respondieron de formas muy diferentes a los desafíos y riesgos generados por el conflicto armado (Rettberg, 2003). Además, no hay que perder de vista que estamos hablando de sectores sociales muy diferentes entre sí. Aun en el caso de las élites agrarias, que ciertamente se involucraron más con los paramilitares que sus pares urbanos (Michalowski et al., 2018), hay una gran variación en términos de su relación con el Estado, la tierra, el mercado y el trabajo. Todos estos factores pueden definir patrones de interacción muy diferentes con la violencia organizada (Paige, 1975; Rettberg et al., 2018).
A partir de un caso de estudio sobre las élites cafeteras del departamento del Magdalena, este artículo contribuye a evidenciar que no todas las élites agrarias se articularon de la misma forma con el paramilitarismo. Argumento que su participación directa en este fenómeno fue muy limitada y para ello muestro que estas élites, a diferencia de otros sectores rurales de la región, no participaron en la creación de estos grupos, no hicieron alianzas con ellos ni formaron parte de sus estructuras de liderazgo. Sostengo que esto fue así porque en los cafeteros no llegaron a desarrollarse las motivaciones adecuadas para vincularse a la agenda de protección y represión social que encarnaban los paramilitares en la región.
El artículo procede de la siguiente forma. La primera sección enmarca la presente argumentación en los debates al interior de la literatura académica relevante. La siguiente describe el enfoque metodológico empleado y algunas características generales sobre el caso de estudio. La tercera reconstruye la trayectoria de las principales unidades paramilitares que operaron en la Sierra Nevada de Santa Marta y resalta la baja participación directa de las élites cafeteras. La cuarta propone una explicación a partir de su relación con la violencia guerrillera y la conflictividad agraria. Finalmente, la última sección recapitula la argumentación y plantea algunas de sus implicaciones teóricas.
LOS NEXOS ENTRE CAFÉ Y GUERRA EN LA LITERATURA ACADÉMICA
El café ha tenido un papel central en la historia de Colombia. Contribuyó a la industrialización y la formación de una economía nacional, desencadenó vastos procesos de poblamiento y de expansión de la frontera agrícola, definió la inserción del país al mercado internacional, entre otras razones (Nieto Arteta, 1997; Palacios, 2009). A pesar de esto, el café aparece de forma realmente marginal en los estudios sobre el conflicto armado (Rettberg et al., 2018)2.
Los trabajos existentes se pueden agrupar en torno a dos grandes enfoques. Por un lado, están los que analizan los efectos del conflicto y la violencia sobre la producción cafetera. En ese sentido, Ibáñez et al. (2013) argumentan que el conflicto armado debilitó la decisión de los productores de continuar cultivando café y respecto a qué porción de la finca destinar a este cultivo. Este efecto se habría producido por dos razones: la primera, que la violencia afecta directamente la producción en la medida en que implica la destrucción de bienes, el deterioro del capital humano, el detrimento de la provisión de bienes públicos y un aumento de los costos de transacción; la segunda, que la violencia ocasiona indirectamente el aumento de los incentivos para transitar hacia la producción de cultivos de uso ilícito.
Por otra parte, están aquellos que analizan los efectos que tuvo la crisis cafetera de los años noventa —definida principalmente por una fuerte caída del precio del grano en los mercados internacionales— sobre la dinámica del conflicto armado en las regiones cafeteras. Varios autores se han referido a esto. Dube y Vargas (2015), por ejemplo, proponen un modelo estadístico de diferencias-en-diferencias para sostener que la caída efectivamente afectó la intensidad y la incidencia del conflicto en las zonas productoras. Los autores argumentan que, si bien entre 1998 y 2004 la violencia aumentó de forma generalizada en todo el país, el incremento fue significativamente superior en los municipios cafeteros. El mecanismo propuesto tiene que ver con la afectación del mercado laboral, pues la caída de los precios disminuyó los salarios y aumentó el desempleo en las zonas productoras, lo que allanó el terreno para el reclutamiento por parte de los grupos armados.
Por su parte, Franco (2006) propone otro mecanismo para entender la relación entre crisis cafetera y conflicto. A partir de un estudio de caso sobre el departamento de Caldas, la autora señala que el aumento de la violencia tuvo que ver, en cambio, con el debilitamiento del capital social en las zonas productoras. Su argumento es que en estas regiones se desarrolló un capital social “frágil”, altamente dependiente de la intermediación de la Federación de Cafeteros y que, por lo tanto, se vio tremendamente afectado por la crisis, toda vez que la caída del precio del grano debilitó considerablemente la institucionalidad cafetera. Todo esto habría dejado a las regiones “más expuestas” a la acción de los grupos armados.
Más recientemente, Rettberg (2018) retoma parte de estos planteamientos para argumentar que la intensificación del conflicto armado en el Eje Cafetero se produjo por dos factores. Uno de ellos tuvo que ver con la estrategia expansiva por parte de los grupos armados hacia esta región a mediados de los años noventa, mientras que el otro está relacionado con la crisis cafetera y sus efectos sobre el mundo cafetero. De acuerdo con la autora, la fortaleza económica e institucional del mundo cafetero fueron los dos factores que blindaron durante varios años a las zonas cafeteras de la penetración de los grupos armados.
El desarrollo económico que el café trajo a estas regiones impuso barreras al reclutamiento en la medida en que no existía un contingente de jóvenes pobres, descontentos y desempleados. Por su parte, la Federación de Cafeteros preservaba unas redes sociales que afianzaban un fuerte sentido de pertenencia entre los pobladores de las zonas productoras. Sin embargo, la caída de los precios desestabilizó profundamente este ‘blindaje’. Por un lado, afectó gravemente las condiciones económicas de los cafeteros y eso se tradujo en un mayor desempleo y pobreza en la región; es decir, en mayores oportunidades para el reclutamiento. Por el otro, se debilitó la institucionalidad cafetera y esto se vio reflejado en una disminución sustancial de su presencia territorial y de los servicios que prestaba a los productores de café.
La revisión de la literatura sobre el tema revela que todavía falta mucho por entender sobre los nexos entre el café y la guerra. En general, las preguntas por la forma en que los grupos armados interactuaron con los diferentes actores que conforman la compleja cadena productiva y comercial del café siguen abiertas. Los trabajos existentes únicamente han puesto sobre la mesa el tema del reclutamiento, pero esta aproximación es muy limitada por al menos tres razones.
La primera es que el asunto se ha abordado desde el presupuesto de que los diferentes grupos armados —tanto guerrilleros como paramilitares— tuvieron las mismas prácticas de reclutamiento y de construcción de apoyos territoriales, lo cual ha sido seriamente cuestionado para el caso colombiano (Ugarriza y Nussio, 2015). La segunda, que pasa por alto un sinnúmero de interacciones que transcurren durante la guerra. Como bien señala Arjona, los grupos armados también “crean instituciones, respaldan ideologías, forman alianzas con actores locales, proporcionan bienes públicos, reclutan y, al hacerlo, transforman las sociedades en las que operan” (2016, p. 2). Finalmente, este abordaje deja por fuera del mapa a grupos sociales que fueron menos susceptibles al reclutamiento, como el sector empresarial y las élites económicas, y que no obstante llegaron a comprometerse ampliamente con el ejercicio de la violencia (Thomson, 2011). De esta forma, la pregunta sobre la relación entre las élites cafeteras y los paramilitares permanece sin resolver en la literatura.
El tema tampoco ha sido estudiado por la literatura que analiza la relación entre actores económicos y paramilitares. Estos trabajos han mostrado que estas alianzas fueron muy importantes a lo largo de toda la experiencia paramilitar. Estuvieron en el centro de algunas de sus experiencias fundacionales —piénsese en la del Magdalena Medio (Gutiérrez y Barón, 2005) o la de Córdoba y Urabá (Aponte, 2015)—, pero también de su expansión hacia diferentes regiones del país a mediados de los años noventa (CNMH, 2022). Igualmente, fueron muy importantes para la implementación de su repertorio de violencia, especialmente en el despojo de tierras (Gutiérrez y Vargas, 2016).
Sin embargo, a la hora de estudiar sectores económicos específicos, esta literatura se ha concentrado únicamente en aquellos casos que desarrollaron vínculos y alianzas más estrechas con los paramilitares, como el sector ganadero (Aponte, 2015; Gutiérrez y Vargas, 2017), las agroindustrias del banano (Gómez, 2021; Grajales, 2017), la palma (V. L. Franco y Restrepo, 2011; Valencia y Martínez, 2018), o las empresas multinacionales (Van den Boomen, 2017). De esta forma, se ha pasado por alto que también hubo élites que no desarrollaron este tipo de vínculos con los paramilitares3. Esto es algo crucial, pues para entender bien este fenómeno es necesario dar cuenta de ambos desenlaces: tanto el de las élites que se involucraron profundamente, como el de aquellas que se abstuvieron o se limitaron a formas de colaboración mucho más acotadas. En las siguientes secciones intento contribuir a llenar este vacío a partir del caso de las élites cafeteras del Magdalena, un sector que se abstuvo de participar directamente en la experiencia paramilitar.
ZONA CAFETERA DEL MAGDALENA: ESTUDIO DE CASO
METODOLOGÍA
La argumentación aquí desarrollada se basa en un estudio de caso de la zona cafetera del Departamento del Magdalena. Esta aproximación metodológica se consideró pertinente, pues el tipo de preguntas que orientaban el trabajo —cómo y por qué ciertas élites agrarias se abstuvieron de aliarse con los paramilitares— requerían de un conocimiento a profundidad sobre la región y sus principales dinámicas de poblamiento, diferenciación social, conflictividad agraria y violencia (Yin, 2003).
El caso fue seleccionado por dos principales razones. Por un lado, porque se trata de una región cafetera omitida en los estudios sobre los nexos entre café y conflicto armado. Por el otro, porque la experiencia de las élites cafeteras constituye un desenlace poco probable si se tiene en cuenta el tipo de paramilitarismo que se desarrolló en la región del Magdalena, fuertemente vinculado a las élites agrarias (Quinche et. al., 2018). Ahora bien, para la construcción del caso se empleó principalmente información de tipo cualitativo. En 2019 se hicieron veintidós entrevistas semiestructuradas en el marco de cinco salidas de campo. También se revisó el diario local El Informador en un rango de aproximadamente dos décadas (1980-2003). También, se consultó material del Archivo Virtual de los Derechos Humanos. La documentación judicial, proveniente de los Tribunales de Justicia y Paz y del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, fue particularmente útil para entender la narrativa de los paramilitares. Todo esto fue complementado con literatura secundaria e informes producidos por entidades estatales y ONG. Por último, se realizaron dos conteos a partir de la información recabada en las anteriores fuentes. Uno de ellos versa sobre las demandas expresadas públicamente por el sector cafetero, a través de las cuales daban a conocer sus diferentes problemáticas y necesidades. El otro fue sobre eventos armados en el norte del Magdalena y, explícitamente, recoge información sobre la forma en que la violencia afectó a diferentes gremios o sectores económicos. Como se verá más adelante, este ejercicio contribuye a sustentar los mecanismos propuestos en la sección 4.
CONTEXTO
La caficultura es una de las principales actividades económicas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Viloria, 2005). Entre los tres departamentos que tienen jurisdicción sobre el macizo, el Magdalena es el mayor productor de café (Figura 1). Tiene un área cultivada de aproximadamente 18.000 hectáreas, distribuidas entre los municipios de Ciénaga (58,3 %), Santa Marta (19,5 %), Fundación (16,2 %) y Aracataca (6 %)4. En total, hay unas 5.000 fincas y familias cafeteras en el departamento.
Nota: Elaboración propia con el software Arcgis
Nota: El color rosado representa la zona cafetera del Magdalena, el verde oscuro la de La Guajira y el verde claro la del Cesar.
Figura 1 Zonas cafeteras en la Sierra Nevada de Santa Marta
La historia de esta economía puede dividirse en cuatro grandes períodos. El primero de ellos comienza a finales del siglo XIX, cuando tiene lugar la primera colonización estable en la Sierra Nevada, adelantada principalmente por familias extranjeras que levantaron grandes haciendas cafeteras en la vertiente norte del macizo. Gracias a esto, se consolidó la caficultura comercial en la Sierra, así como su articulación a la economía regional durante la primera mitad del siglo XX (Viloria, 1998a, p.17, 2018).
Un segundo período se desarrolla a mediados del siglo XX y se caracteriza por la expansión y consolidación del cinturón cafetero a lo largo de la vertiente occidental de la Sierra. A diferencia de la anterior, esta segunda colonización es protagonizada por sucesivas oleadas de colonos que llegaron a la región entre los años cincuenta y setenta, expulsados por la violencia que se vivía en la región andina del país (Molano et al., 1988). Este proceso trajo importantes cambios en la caficultura regional, pues aumentó la producción y el área sembrada del departamento debido a la expansión progresiva del cultivo desde Santa Marta hacia los municipios de Ciénaga, Aracataca y Fundación. Pero también se transformó la estructura de tenencia de la tierra, pues las haciendas —al igual que en otras partes del país (Palacios, 2009)— fueron perdiendo poco a poco su importancia a medida que la ganaban pequeños y medianos productores (Romero y Alvis, 1972).
El tercer período tiene lugar desde finales de los años setenta y se extiende hasta los primeros años del siglo XXI. Este se puede considerar como un tiempo de crisis para la caficultura regional, y estuvo definido por al menos cuatro fenómenos. El primero de estos tuvo que ver con los problemas fitosanitarios que comenzaron a afectar a los cafetales. Primero llegó la roya a comienzos de los años ochenta (Molano et al., 1988) y luego la broca, que se extendió desde mediados de los noventa.
En segundo lugar, está la caída del precio internacional del café a mediados de los años noventa, ocasionada por la ruptura del Acuerdo Internacional del Café en 1989. Con la liberalización del mercado aparece una sobreproducción del grano que ocasiona un descenso significativo de su precio en el mercado internacional. Esto afectó profundamente los ingresos de los caficultores y de la Federación de Cafeteros (Rettberg, 2012, 2018).
Un tercer factor tuvo que ver con el surgimiento de los cultivos de uso ilícito en la Sierra Nevada. Durante la llamada ‘bonanza marimbera’, se expandieron los cultivos de marihuana en las zonas aledañas al cinturón cafetero de la Sierra, y, como el nuevo cultivo era mucho más rentable, aumentó considerablemente el costo de la mano de obra requerida para el café (Viloria, 1998b).
Finalmente, las condiciones de seguridad en la región se deterioraron desde mediados de los años ochenta. Primero, porque las transacciones relacionadas con el negocio de la marihuana se tornaron muy violentas (Britto, 2020); después, porque a la región llegaron los grupos guerrilleros y establecieron una fuerte disputa con las estructuras paramilitares (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2001).
Ahora bien, desde los primeros años del siglo XXI comienza a abrirse un cuarto período de recuperación para la caficultura en el Magdalena. Este proceso está marcado principalmente por dos factores: el primero, la desmovilización de los paramilitares, que mejoró considerablemente las condiciones de seguridad en la región e hizo posible que muchos de los productores retornaran a sus fincas y pudieran retomar con relativa tranquilidad la producción de café (Unidad de Restitución de Tierras, 2017); el segundo, el impulso a los programas de cafés especiales, que hizo posible el acceso a nuevos mercados en un contexto de crisis que todavía dominaba el sector (Rettberg, 2018).
GRUPOS PARAMILITARES EN LA ZONA CAFETERA
Esta sección analiza la participación directa de las élites agrarias en las estructuras paramilitares que operaron en la zona cafetera del Magdalena. Este tipo de participación en las actividades de un grupo armado, siguiendo a Gutiérrez y Vargas (2017), tiene lugar cuando se cumplen tres condiciones: un cierto umbral de daño, causalidad directa y nexo beligerante. Se trata, pues, de un comportamiento de alto riesgo, pues implica adentrarse en la ejecución de acciones armadas y, por consiguiente, hacer de la propia vida un blanco de ataques.
Si bien este enfoque deja por fuera otras formas de colaboración5, es relevante por al menos dos razones. Por un lado, pone de presente los altos costos que tiene el uso de la violencia organizada dado el nivel de riesgo que está en juego (Humphreys y Weinstein, 2008). Por el otro, es en el terreno de la participación directa donde se resaltan con mayor claridad las diferencias entre distintas élites y lo particular del caso cafetero. Es posible que la variación disminuya —también que sea mucho más difícil de documentar empíricamente— al hablar de aquellas formas de colaboración que caen por debajo de este umbral. Por todo lo anterior, acá me concentro en tres grandes modalidades de participación directa: en la creación del grupo, en la concreción de pactos o alianzas, y formando parte de sus estructuras de liderazgo. Antes, sin embargo, es importante aclarar el contexto en que aparecen las estructuras paramilitares.
Hasta los años setenta la zona cafetera del Magdalena se caracterizó por ser una región pacífica y relativamente segura (Entrevista con líder cafetero, Ciénaga, 2019). Sin embargo, esto empezó a cambiar con la bonanza marimbera y, particularmente, con la política antidrogas altamente represiva del gobierno nacional. En ese contexto aparecieron las primeras formas de violencia organizada en la región, conocidas como ‘combos’, que eran pequeñas estructuras armadas organizadas por los intermediarios para proteger los cargamentos de marihuana que transportaban desde las tierras altas de la Sierra hasta las tierras planas del departamento (Ardila et al., 2013).
A mediados de los años ochenta llegaron los primeros grupos guerrilleros a la región y entablaron una disputa con los combos, a quienes señalaron de ser la fuente de inseguridad y violencia en la zona (Granda y Santrich, 2008). Los exterminaron prácticamente a todos, pero hubo dos que lograron resistir gracias a sus alianzas con la fuerza pública y las élites agrarias legales e ilegales. Así, terminaron adoptando una vocación contrainsurgente y se convirtieron en los primeros grupos paramilitares en la zona: las Autodefensas del Mamey y las Autodefensas de Palmor. Unos años después, los paramilitares liderados desde Córdoba por los hermanos Castaño incursionaron en la costa caribe y conformaron el Bloque Norte. La figura 2 muestra cómo estaban distribuidos los grupos guerrilleros y paramilitares en el norte del Magdalena en la época.
Nota: Tomado del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2001)
Figura 2 Presencia de grupos armados en el Magdalena a mediados de los años noventa
AUTODEFENSAS DEL MAMEY
Las Autodefensas del Mamey son una estructura paramilitar que operó en Santa Marta desde comienzos de los años ochenta. Nace como resultado de la unificación de dos grupos de seguridad privada. Por un lado, estaba el combo liderado por Hernán Giraldo, conformado para brindar protección a las actividades relacionadas con el narcotráfico en la vertiente norte de la Sierra Nevada (Policía Judicial, 2012). Por el otro, el grupo conocido como ‘Los Chamizos’, que había sido organizado por los grandes comerciantes del Mercado Público de Santa Marta para mantener la zona libre de ladrones y delincuentes (Defensoría del Pueblo, 2005).
A finales de los años setenta, los comerciantes le pidieron a Giraldo que liderara el grupo conformado en el Mercado, quien aceptó y así empezó a perfilarse como “el gran regulador de la seguridad” en todo Santa Marta (Zúñiga, 2004). Cuando las guerrillas llegaron a la Sierra, intentaron expandirse hacia la zona rural de Santa Marta y entablaron una disputa con el grupo de Giraldo. Sin embargo, este consiguió escalar sus capacidades bélicas gracias al respaldo financiero y logístico que le brindaron tanto los narcotraficantes como la fuerza pública (Policía Judicial, 2012).
La presencia de élites en el personal dirigente del grupo se evidencia en la propia trayectoria de Giraldo, que en el curso de la guerra se fue convirtiendo en un narco-ganadero. Proveniente de San Bartolomé, Caldas, Giraldo llega en 1969 como un colono más a la Sierra Nevada de Santa Marta, pero al cabo de unos años se involucra en el narcotráfico. Primero, se convierte en un intermediario, comprando cargas de marihuana en lugares lejanos de la Sierra y transportándola hasta las playas de la vertiente norte, donde negociaba con representantes de los narcos (Policía Judicial, 2012). Después, Giraldo se convierte en uno de los pioneros del tránsito de los cultivos de marihuana a los de coca en la Sierra (El Informador, 1989).
Con el paso de los años, el grupo de Giraldo terminaría desarrollando una relación orgánica con el narcotráfico: no solo les cobraba a los narcos por el manejo de las rutas marítimas a través de las cuales exportaban cocaína, sino que también procesaba la pasta base de coca que llegaba o se producía en la región y controlaba el comercio de la base producida por los campesinos de la Sierra. Esto les representó enormes recursos, como lo detalló el responsable financiero del grupo (Tribunal Superior de Barranquilla. Sala de Justicia y Paz, 2018).
Al mismo tiempo, Giraldo se convirtió durante el curso de la guerra en un gran ganadero de la región (Tribunal Superior de Barranquilla. Sala de Justicia y Paz, 2018; entrevista con académico local, Santa Marta, 2019, y con ex cultivadora de coca, Santa Marta, 2019). Desde muy temprano, esta era la actividad con la que se le reconocía públicamente. En 1989, cuando fue acusado de liderar una banda de sicarios en la Sierra, se defendió aduciendo que era un “simple campesino andariego y del interior del país”, que había hecho una finca “hasta completar doscientas cabezas de ganado” (El Informador, 1989). Incluso, otros comandantes paramilitares, como Adán Rojas, lo reconocían de esa forma: “[Giraldo] tenía una finca ganadera por Guachaca. Un día me invitó a la finca (...) Se dedica a la ganadería. A la finca que yo fui tiene un poco de ganado” (Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, 2015; Fiscalía General de la Nación, 2003).
AUTODEFENSAS DE PALMOR
Las Autodefensas de Palmor es otro de los grupos paramilitares que operó en la Sierra Nevada de Santa Marta, particularmente en la vertiente occidental. Fue liderado por Adán Rojas Ospino y también inició como uno de los combos durante la bonanza marimbera, dedicado a brindar protección a los marimberos de la Sierra (Molano et al., 1988; Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2015).
Al igual que el grupo de Giraldo, también se vuelve objetivo militar de las guerrillas. Pero en el caso de Rojas, el apoyo para escalar sus capacidades militares y convertirse propiamente en una estructura paramilitar provino de sus alianzas con la fuerza pública y con las élites agrarias del norte del Magdalena, principalmente ganaderas y bananeras, que tenían sus fincas en el norte del departamento —a lo largo de la zona bananera— y se convirtieron en blanco frecuente de los ataques de las guerrillas6. Los Rojas les prestaron seguridad para sus fincas a cambio de financiación y otro tipo de colaboraciones (Tribunal Superior de Barranquilla. Sala de Justicia y Paz, 2020). Según las declaraciones de Rigoberto Rojas, uno de los hijos de Adán, a comienzos de los años noventa entran en contacto con Alex Durán, un ganadero, político y narcotraficante de Fundación, quien les ofrece “apoyo económico y de armas” a cambio de prestarles seguridad a él y los suyos (Policía Judicial, 2009). Por su parte, Adán Rojas señaló que
otro que también nos colaboró fue este señor Hernando Mantilla y el hijo, son bananeros de la zona bananera, él me colaboraba con plata, también me pedía mucha ayuda para que le dejara dos a tres muchachos para que se los llevara para la finca; una vez la guerrilla le secuestró un hijo, y nosotros le ayudamos. (Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, s/f)
En cuanto al personal dirigente, realmente no hubo participación de las élites en esta estructura. Adán Rojas vivió su infancia en Chapinero, Huila, pero se desplazó a Planadas luego de que la guerrilla asesinara a su padre. Allí se une al grupo que comandaba el bandolero ‘Mariachi’, con quien recibe entrenamiento militar. En los años sesenta se va para la costa Caribe y llega a la zona bananera, y al poco tiempo compra una finca en la Sierra, en el corregimiento de Palmor.
Aprovechando su formación como especialista en el uso de la violencia, funda un combo con sus familiares para prestarles seguridad a los marimberos. Sin embargo, a mediados de los años noventa la guerrilla expulsa a su familia de la región, así que buscan a Giraldo para que les comparta un pedazo de su territorio en Santa Marta. Sus hijos también se convierten en especialistas en violencia luego de recibir entrenamiento de los paramilitares de Córdoba. Aunque en su finca en Palmor Adán cultivaba café y tenía ganado, no hay evidencia de que fuera un gran productor o líder del sector cafetero (Centro de Memoria Histórica, 2009). A diferencia de Giraldo, no hay evidencia de que esta familia haya acumulado grandes extensiones de tierra durante la guerra.
EL FRENTE RESISTENCIA TAYRONA DEL BLOQUE NORTE
Desde mediados de los años noventa aparece otra estructura paramilitar en el Magdalena, esta vez vinculada a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), lideradas por los hermanos Castaño. El responsable de la misión, Salvatore Mancuso, otro gran ganadero de Córdoba, envió en 1996 un primer grupo de hombres armados al Magdalena y el Cesar, y organizó múltiples reuniones con ganaderos y terratenientes de la zona para conseguir su apoyo. Así fue conformándose el Bloque Norte de la ACCU (CNMH, 2022). Al mismo tiempo, Mancuso encuentra su principal apoyo en la figura de Rodrigo Tovar Pupo, un reconocido ganadero proveniente de una prestante familia del Cesar. Tovar empezó apoyando a los paramilitares en asuntos logísticos y con recursos económicos, pero poco a poco fue adoptando funciones de coordinación y estableció relaciones con los empresarios rurales y ganaderos para expandir el alcance del grupo. Finalmente, terminó incorporándose plenamente al grupo con el alias Jorge 40, máximo comandante del Bloque Norte (Tovar Pupo, 2008).
La expansión del Bloque Norte hacia el norte del Magdalena estuvo marcada por fuertes disputas. Jorge 40 le exigió a Giraldo que se incorporara al Bloque Norte, quien se negó; en consecuencia, se desató una guerra entre los dos grupos hacia finales del 2001. Como la guerra es ganada por Jorge 40, Giraldo decide acatar su mandato (Montes et al., 2014). De esta forma, se crea en febrero del 2002 el Frente Resistencia Tayrona y se establece una comandancia con representación de las tres fuerzas: Giraldo funge como comandante político, Adán Rojas (hijo) como comandante urbano de Santa Marta y Edgar Córdoba, alias 5-7, como comandante militar. Córdoba era el delegado de Jorge 40, provenía de un hogar de clase media en Córdoba y se convirtió muy pronto en un especialista en el uso de violencia (Centro de Memoria Histórica, 2008).
De esta forma, se evidencia que en la creación de esta estructura no hubo realmente participación de las élites, pues se conformó a partir de una reconfiguración de las estructuras armadas existentes. Por otra parte, en cuanto a la presencia de élites en las estructuras de liderazgo podría decirse que se mantuvo la representación de los narcotraficantes, pero se reforzó la presencia de grandes ganaderos al quedar Jorge 40 y Mancuso en cabeza del Bloque Norte.
Ahora bien, para finalizar el análisis sobre esta estructura vale la pena considerar dos posibles contraargumentos sobre su relación con el sector cafetero. En primer lugar, fue posible documentar el caso de un empresario cafetero que les suministró información a los paramilitares respecto a presuntos colaboradores de la guerrilla. Se trata de Italo Cianci, dueño de unas fincas y una trilladora de café en Santa Marta, que también se dedicaba al narcotráfico y fue socio comercial de los hermanos Castaño en los proyectos ganaderos y palmeros de Urabá (Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, 2012). Sin embargo, esto no desafía la argumentación propuesta, pues se trata de una forma de colaboración que no supera el umbral de la participación directa. De acuerdo con el mismo comandante paramilitar de la zona, Italo no ordenó esos asesinatos, sino que se limitó a suministrar la información. Esto contrasta fuertemente con la situación de otras élites rurales en el Magdalena, que sí influyeron directamente en la toma de decisiones del grupo aún sin pertenecer a su comandancia (ver Castillo, 2023).
Un segundo contraargumento tiene que ver con los aportes económicos que el sector cafetero habría realizado al Frente Resistencia Tayrona. La evidencia tomada de distintas fuentes indica que se trató de cobros obligatorios, impuestos por los paramilitares a los productores, y no contribuciones voluntarias para el sostenimiento del grupo (Villarraga, 2009). De acuerdo con los testimonios recogidos por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), desde el 2002 este grupo “generó un sistema de impuesto a los caficultores de treinta mil pesos por cada hectárea cultivada en café” (2017, p. 87)7. Incluso uno de los comandantes paramilitares que operó en esta zona reconoció el carácter coercitivo de estos cobros:
(…) lo que eran cafeteros, galpones, anualmente tenían que pagar una vacuna a las autodefensas, hasta que a mí me tocó ir a recoger dinero, se hacía un censo y se cobraba por hectárea. PREGUNTADO: ¿Sabía usted si existían personas, dueños de predios, como finqueros, que en vez de pagar vacunas les colaboraban a las AUC con aportes? CONTESTO: pues eso como aporte no era, eso era una vacuna (...) al pago de vacunas porque todos los finqueros tenían que colaborar, si no colaboraban les quitaban la finca, los sacaban de la región o les quitaban la vida. Colaboraban quisieran o no quisieran. (Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, 2013)
SEGURIDAD Y CONFLICTIVIDAD AGRARIA: UNA RUTA DE EXPLICACIÓN
Todo lo planteado hasta aquí respecto a la baja participación directa de las élites cafeteras en la experiencia paramilitar del Magdalena coincide con la percepción de varios de los pobladores del rol relativamente neutral que asumió el gremio en el desarrollo del conflicto8. Uno de los líderes cafeteros afirmó que el Comité de Cafeteros no se metió “ni con uno, ni con el otro”, en referencia a los grupos guerrilleros y paramilitares (Entrevista, Ciénaga, 2019). Otro señaló que “la Federación, por fortuna, gozaba de un respeto, como una institución neutral, como una institución de los cafeteros” (Entrevista, Santa Marta, 2019).
Ahora bien, si otras élites rurales del departamento se aliaron directamente con los paramilitares (Castillo, 2023), ¿cómo se puede explicar la particular situación de los cafeteros? La literatura académica ha planteado varias hipótesis para explicar la participación de élites económicas en la experiencia paramilitar. Una de las principales apunta a los arreglos institucionales que promovieron el uso de la violencia privada en el país y que habrían facilitado las alianzas entre élites, fuerza pública y paramilitares (Grajales, 2017). Sin embargo, esta mirada puede ser insuficiente para entender nuestro caso. En la medida en que estos incentivos estaban fijados institucionalmente, no alcanzan a explicar por qué unos sectores sociales sí se aliaron con los paramilitares y otros no. Para dar cuenta de esta variación es necesario, pues, examinar las características particulares de cada sector. En ese sentido, retomo aquellas explicaciones que se refieren a las razones que habrían tenido las élites para establecer sus alianzas con los paramilitares (Boix, 2008). A continuación, exploro dos de estos mecanismos para entender la experiencia del sector cafetero del Magdalena.
DEMANDAS DE PROTECCIÓN
Una de las principales razones que vinculó a las élites agrarias con los paramilitares tuvo que ver con su vulnerabilidad. De acuerdo con Gutiérrez (2014), las élites vulnerables son aquellas que lidian con permanentes ataques o agresiones y por lo tanto sus “derechos básicos —a la propiedad o a la vida— están amenazados de manera inmediata y directa”. Esto permite entender sus alianzas con los paramilitares, pues desde su origen representaron para ellas una oferta de seguridad privada. Sin embargo, las élites del sector cafetero en el Magdalena nunca entraron en esta categoría.
Ciertamente, se trata de un sector que fue altamente afectado por el conflicto armado. Muchos productores fueron víctimas y tuvieron que abandonar sus tierras (Entrevista con empresario cafetero, Santa Marta, 2019). Además, la actividad estable de las guerrillas y los enfrentamientos con la fuerza pública limitaron la presencia de las distintas entidades del Estado, afectaron la infraestructura de los pueblos y elevaron los costos de producción, particularmente del trabajo requerido para la recolección del grano y de la comercialización (El Informador 1991b).
Sin embargo, en términos de Gutiérrez y Wood (2017), hay varias razones para creer que los cafeteros fueron un blanco poco frecuente de la violencia guerrillera. En primer lugar, a partir del conteo realizado de eventos armados en el Magdalena fue posible identificar un total de 69 eventos en los municipios cafeteros que afectaron a los miembros de distintos gremios y en los que los grupos guerrilleros aparecen como responsables. Como se observa en la Tabla 1, los eventos más recurrentes fueron la afectación a bienes, el secuestro y los retenes. Al desagregar los datos por sector económico se evidencia que los más afectados fueron los gremios del transporte, el banano y el ganado. La asimetría en relación con el sector cafetero es evidente.
Tabla 1 Eventos armados en los municipios cafeteros del Magdalena con afectación a gremios
Nota: Elaboración propia a partir de matriz de eventos armados (ver Sección 2a)
Nota: Elaboración propia a partir de matriz de eventos armados (ver Sección 2a)
Gráfica 1 Gremios afectados por eventos armados de las guerrillas en los municipios cafeteros del Magdalena
Esto coincide con la información recolectada en campo. Varias de las personas entrevistadas coincidieron en que los ataques de las guerrillas a los cafeteros fueron más bien pocos (Entrevista con empresario cafetero, Santa Marta, 2019). Al respecto, un exdirectivo del Comité de Cafeteros señaló que “aquí en el corregimiento nunca un guerrillero secuestró un cafetero ni nada, ni nos pedían vacunas ni nada (...) ustedes la guerrilla no veían que mataban un dueño de finca para quedarse con la finca” (Entrevista, Santa Marta, 2019). Otro de los líderes incluso enfatizó el contraste con otros sectores con los cuales las guerrillas fueron mucho más hostiles: “ellos atacaron bananeros, a los ganaderos, a ellos sí, con esos manes sí les daban, con los palmeros, ese era como su objetivo y su vaina” (Entrevista con exdirectivo del Comité de Cafeteros, Santa Marta, 2019)9.
Finalmente, se evidencia al analizar las demandas que el sector cafetero manifestó públicamente. De acuerdo con la información de prensa, los cafeteros expresaron un total de 132 demandas entre 1984 y 2001 (Tabla 2). Las demandas de seguridad tuvieron un papel importante en esta agenda, pero como una prioridad intermedia. Realmente, sus principales preocupaciones se centraron en el crédito, la infraestructura vial, el precio del grano y los servicios públicos domiciliarios10. Además, la mayor parte estaban asociadas al clima de violencia e inseguridad en la zona y no propiamente a los ataques de los cuales fueran objeto los cafeteros (El Informador, 1991a). En ese sentido, tan solo hubo dos que podrían ser consideradas demandas de protección, lo que las ubica en un lugar marginal dentro de la agenda gremial (1,5 %).
Tabla 2 Demandas expresadas por el gremio cafetero entre 1984 y 2001
Nota: tomado de Castillo (2022), p. 118)
CONFLICTIVIDAD AGRARIA Y REPRESIÓN
Otra de las razones que tuvieron las élites rurales para aliarse con los paramilitares tuvo que ver con el tipo de conflictos sociales que experimentaban y la necesidad de hacer frente a las diferentes demandas desde abajo. Está suficientemente documentado el hecho de que las alianzas de distintos sectores con los paramilitares también estuvieron asociadas a la represión de este tipo de demandas, representadas generalmente a través de la organización y movilización de sectores de trabajadores y campesinos (Gómez, 2021; CNMH, 2012). Como veremos a continuación, el sector cafetero tampoco llegó a hacer parte de esta categoría.
La conflictividad agraria nunca fue particularmente amenazante para las élites cafeteras del Magdalena. En esta región no tuvieron mucho espacio las demandas de acceso a tierras —denominadas popularmente como la “lucha por la tierra”— que movilizaron vastos sectores campesinos a lo largo de la costa caribe y desafiaron en forma directa los derechos de propiedad de las élites rurales (Zamosc, 1986). En un trabajo pionero sobre la colonización de la Sierra Nevada, Molano et al. (1988) reportaban la ausencia de sindicatos agrarios u otro tipo de organizaciones que representaran las demandas campesinas. En el caso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), sabemos que tuvo comités en los municipios cafeteros, pero varias fuentes coinciden en que su actividad se concentró en la zona plana de los pueblos (Britto, 2020; Entrevista con empresario cafetero, Santa Marta, 2019). Del mismo modo, las recuperaciones o invasiones de tierras —que representaron uno de los principales repertorios de la movilización campesina en la costa Caribe (Reyes, 1987)— fueron un fenómeno más bien marginal en la Sierra (Viloria, 2019, p. 178).
Este patrón de conflictividad se explica en buena medida por el tipo de campesinado que resultó del proceso de expansión de la frontera agraria en la Sierra. Por una parte, la gran disponibilidad de tierras en la Sierra, susceptibles de ser civilizadas y convertidas en unidades de producción, sació el “hambre de tierras” (Reyes y Bejarano, 1988) del campesinado que comenzó a llegar a la zona a mediados del siglo XX. Como señalan Molano et al., “debido a la gran cantidad de tierras baldías existentes en la región, los colonos no se vieron en la necesidad de invadir las grandes haciendas” (1988, p. 47). De esta forma, en la zona cafetera se fue consolidando una estructura de tenencia en la cual los pequeños y medianos productores tenían un peso importante (Tabla 3). De acuerdo con las cifras del censo cafetero de 1970, las fincas medianas eran las que más aportaban tanto al área sembrada en café (56,6 %) como a la producción (51 %).
Tabla 3 Distribución del área y la producción cafetera según el tamaño de la propiedad en el Magdalena Grande en 1970
Nota: Elaboración propia a partir de los datos de la Federación Nacional de Cafeteros (1970).a Café pergamino seco - b No fue posible diferenciar con precisión entre predios medianos y grandes, pues la información solo presenta datos sobre predios mayores a cien hectáreas y esto incluye los dos tipos de predios.
Por otra parte, y no menos importante, la producción de café garantizaba el acceso a los mercados y facilitaba el acceso a otro tipo de servicios como la asistencia técnica o el crédito (Palacios, 2009). La confluencia de estos dos factores permitió romper los ciclos de colonización que facilitan la expansión de la gran propiedad sobre la tierra (LeGrand, 2016), para dar lugar a una economía campesina estable. Como señalan Avella et al., “[el cafetero] cuenta con un apropiado mercadeo, hay más asistencia para abrir mejores vías de comunicación, es un campesino integrado a la vida nacional y no es marginado como el colono” (1981, p. 495). Esto no significa que los campesinos no elevaran demandas, pero sí que estas no implicaban una amenaza para las élites cafeteras y estaban dirigidas principalmente contra el Estado. Como señalé antes, las demandas principales tenían que ver con el acceso a crédito, el mejoramiento de la infraestructura o la dotación de bienes públicos.
Adicionalmente, el campesino cafetero tenía fuertes incentivos para tramitar sus demandas a través de los canales gremiales —altamente institucionalizados— y de esta manera se reducía el espacio para otras formas de movilización más contestatarias. Para explorar esto, veamos el rol de la Federación de Cafeteros y su expresión local: los comités territoriales.
El Comité Departamental de Cafeteros del Magdalena era un poderoso intermediario para los campesinos cafeteros, ya que tenía la capacidad de representar sus demandas, incluidas las de los pequeños y medianos cultivadores. Ejemplo de ello es que durante muchos años contó con los recursos para resolver directamente algunas de sus problemáticas: el arreglo de las vías, la instalación de un puesto de salud o la construcción de una escuela (El Informador 1990a). De hecho, esto dio lugar a la percepción de que era el Estado el que se quedaba corto. Véase la siguiente nota de prensa sobre las problemáticas que vivía la región cafetera de San Isidro en 1990:
[…] y manifestaron sus moradores que es muy poca la acción de la administración municipal que allí se ve, indicando que casi toda la ayuda la reciben del Comité de Cafeteros y todas las obras se ejecutan por medio de dicha entidad. (El Informador, 1990b).
El Comité además tenía acceso a tomadores de decisiones en distintas agencias estatales y en todos los niveles territoriales. Esta influencia les permitió conseguir soluciones con cierta efectividad, por ejemplo, para lograr el nombramiento de profesores ante la gobernación (El Informador, 1982) o conseguir la refinanciación de la deuda de los productores ante la Caja de Crédito Agrario (El Informador, 1999). Por esta misma razón, eran la puerta de acceso al territorio y el primer círculo de contacto cuando el Estado quería operacionalizar o incluso solo dar a conocer alguna de sus políticas en el territorio. Eran los líderes del comité a quienes debían buscar primero.
CONCLUSIONES
En este trabajo he afirmado que las élites cafeteras del Magdalena no participaron directamente en las experiencias paramilitares de esta región. Para sostener esto, mostré que se mantuvieron al margen de la creación de estos grupos y de sus estructuras de liderazgo, y no establecieron alianzas con ellos. Además, propuse que es posible entender esto a partir de la relación de dichas élites con la violencia guerrillera y con la conflictividad agraria. Por su trayectoria particular, dentro del sector cafetero nunca se desarrollaron las motivaciones de protección y de represión social que pudieran alinearlos con las lógicas de la actividad paramilitar.
Esta argumentación impulsa en varias direcciones la agenda de investigación sobre las dimensiones agrarias de la guerra (Cramer y Richards, 2011). Primero, explora las interacciones entre la violencia y el mundo del café, y su compleja red de actores. En este caso, se avanza en el conocimiento de cómo las élites del mundo del café se relacionaron con la violencia guerrillera y el paramilitarismo. En segundo lugar, contribuye a entender la manera en que la conflictividad agraria pudo incidir en las dinámicas de la guerra (Paige, 1975); puntualmente, muestra cómo el proceso de expansión de la frontera agrícola cafetera pudo incidir en la formación de unas élites rurales menos proclives a la represión social de las demandas de trabajadores y campesinos. Por último, contribuye a desmontar un lugar común sobre la relación entre élites agrarias y paramilitares. Si bien este tipo de alianzas fueron masivas, el artículo resalta que también fueron diferenciadas, pues no todos los sectores económicos se comprometieron de la misma forma. Algunos, como los cafeteros del Magdalena, decidieron mantenerse relativamente al margen
