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Introducción
La multiplicación de conflictos ambientales que amenazan la biodiversidad y ponen en riesgo la propiedad, la vida y el sustento de comunidades ha llegado a naturalizarse como un producto inevitable de los procesos de explotación de los recursos naturales en los países en vía de desarrollo (Latchinian, 2014). Las bases de datos de Environmental Justice Organizations (EJO) y el European Environmental Bureau (EEB) registran, a mediados de 2021, la sorprendente cifra de 3.469 conflictos ambientales con diversos grados de intensidad en todo el mundo (EJO, 2021).
Los conflictos ambientales han sido abordados desde diferentes perspectivas disciplinares, pero casi siempre desde el marco referencial de la ciencia eurocéntrica1 (Fals-Borda & Mora-Osejo, 2004). La contabilidad social y ambiental (en adelante, CSA) no ha sido la excepción. Estos problemas son tramitados a través de programas de gestión ambiental y de responsabilidad social corporativa, y visibilizados en informes de sostenibilidad y otros instrumentos de divulgación institucional. Los informes de sostenibilidad quizás permitan visibilizar los impactos ambientales del hemisferio norte, pero resultan limitados para abordar el estudio de los conflictos ambientales del Sur emergente, mediados por la experiencia colonial y la existencia de cosmovisiones específicas de la relación entre pueblos y territorio (Santos, 2006a).
Por otro lado, la contabilidad no solo refleja e informa de los impactos ambientales (Burchell et al., 1980), sino que tiene la facultad de visibilizar u ocultar realidades, de manera tal que, mientras es inconcebible actuar sobre lo que permanece oculto, la atención y la acción se dirigen hacia aquello que es visible (Hopwood, 1987). La contabilidad hace parte de esos instrumentos de control y tecnologías de gobierno que se imponen, "basadas en la potencia del registro, la ordenación y la observación, provenientes de un sujeto central y capaz de autorizar el discurso" (Said, 2018, p. 48), el cual se utiliza adecuadamente con arreglo a fines e intereses para mediar en los conflictos entre las empresas y las comunidades.
Este trabajo explora la información de CSA que reportan algunas empresas involucradas en conflictos ambientales que comprometen territorios indígenas en varios países de América Latina, así como información alternativa sobre dichos conflictos, con el objetivo puntual de reconocer si estos instrumentos de reporte muestran la realidad objetiva de esta problemática, si naturalizan o invisibilizan los conflictos ambientales dentro de la acción empresarial o si, incluso, reproducen y promueven la lógica que los ocasiona y perpetúa.
Visto así, "la definición del aspecto ambiental de la contabilidad ambiental es un acto político que responde a la pregunta: ¿Qué queremos que sea el ambiente?" (Catasús, 2008, p. 1011). Esta pregunta tiene, por supuesto, tantas respuestas como intereses hay en el modelo de desarrollo predominante y la visión eurocéntrica de la CSA ha construido las respuestas y explicaciones que espera recibir (Tilt, 2018). Por el contrario, en el Sur Global las cosmovisiones ancestrales, las prácticas tradicionales y la experiencia colonial determinan la necesidad de adoptar una mirada crítica alternativa e inclusiva.
Algunas experiencias muestran que el discurso de los informes se torna más sofisticado en tanto los conflictos son más importantes para los directivos desde la perspectiva eurocéntrica de la gestión (Neu et al., 1998), lo que amerita un "especial cuidado para informar los detalles que pueden ser especialmente sensibles para el público de los países de origen de las empresas" (p. 273). Las diferencias en este sentido podrían ocultar no solo información importante, sino también las tensiones que estas prácticas imponen sobre comunidades rurales y pueblos indígenas que se consideran victimizados por sus impactos ambientales. En esta circunstancia, los desarrollos del pensamiento crítico latinoamericano y las epistemologías del Sur emergen como una opción apropiada para revisar las tensiones y contradicciones que puedan existir entre estos grupos.
La principal contribución de este estudio radica en evidenciar las dinámicas de invisibilización de las perspectivas marginales y marginadas por cuenta de los discursos corporativos, pues esto podría facilitar el empoderamiento de las comunidades indígenas, sus visiones y sus voceros, como un aporte a la misión social de la investigación contable crítica. De igual manera, se valora la pertinencia de los enfoques teóricos y metodológicos del pensamiento crítico latinoamericano y las epistemologías del Sur para el análisis de estas problemáticas, por cuanto deconstruyen el sesgo que la cultura angloeurocéntrica ha impuesto en las prácticas de la investigación contable y liberan la expresividad de las visiones alternativas, que no por ser periféricas dejan de ser significativas. El trabajo igualmente contribuye a poner en cuestión la pertinencia de los enfoques teóricos tradicionales y la solidez y materialidad de los informes de sostenibilidad como pilar técnico de la CSA y, con ello, a mantener la sana costumbre de la duda como insumo fundamental de la actividad científica.
El documento parte de examinar la naturaleza de los informes de sostenibilidad como medio de comunicación de la CSA y las variaciones que en ellos han obrado las teorías más reconocidas para su análisis, lo que permite ponderar su valor y pertinencia. En atención al objetivo del estudio, se describe el contexto de los conflictos socioambientales en el escenario de los territorios indígenas de América Latina, haciendo énfasis en las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan estos pueblos en su lucha con las empresas multinacionales y las agencias estatales. Al examinar la ausencia contable de algunos hechos relevantes de la gestión corporativa y sus efectos socioambientales, surgen pistas para comprender qué atributos deben combinarse en la presencia de una auténtica contabilidad ambiental, pues "un estudio de la ausencia ostensiva contribuye a nuestra comprensión de cómo se reconocen las fronteras de la contabilidad" (Catasús, 2008, p. 1009). Los hallazgos encontrados dejan serias dudas sobre la transparencia informativa de algunas empresas y la probidad de sus prácticas de gestión socioambiental, las cuales distan mucho de las que ejecutan en sus países de origen, donde son objeto de controles estatales más estrictos. En el apartado de conclusión se destaca la impertinencia de las teorías tradicionales para el tratamiento de los conflictos ambientales del Sur Global, se evidencia la invisibilización y subalternación de la perspectiva indígena del problema, lo cual implica una visión sesgada o al menos parcial de la realidad que se vive en esos escenarios, y se propone una línea de acción para fortalecer la investigación de CSA con enfoques decoloniales, críticos y alternativos.
Informes de sostenibilidad: textos y pretextos
Nunca la sabiduría dice una cosa y la Naturaleza otra.
El estudio de los sistemas de información de la CSA y de los informes de sostenibilidad de las organizaciones se vale de diversas teorías. Las principales son la teoría de los grupos de interés y la teoría de la legitimidad, pudiéndose integrar una presentación de ellas en la teoría institucional (Archel et al., 2011; Bebbington et al., 2008; Deegan, 2014; Dillard, 2014; Sierra-García et al., 2016).
Las sociedades humanas, en tanto sistemas sociales, logran acuerdos y establecen normas que promueven la convivencia, facilitan el desarrollo e instrumentalizan el control del comportamiento tanto de los individuos como de las organizaciones. El enfoque institucional propone que los informes de sostenibilidad y el comportamiento de las organizaciones se homogeneizan, convergiendo junto con las expectativas sociales en normas de contabilidad, modelos de reporte y estandarización de las prácticas de gestión instituidas (DiMaggio & Powell, 1983). Desde la teoría institucional, este isomorfismo es impulsado por factores de orden coercitivo, normativo o mimético (DiMaggio & Powell, 1983), que bien pueden asimilarse a los pilares regulativo, normativo y cognitivo de Scott (1995), y que conjugan diferentes presiones derivadas, por ejemplo, del cumplimiento de disposiciones legales estatales, normas y valores profesionales o, incluso, estrategias de imitación de las prácticas de competidores exitosos en situación de racionalidad limitada o el propio lenguaje. El isomorfismo se hace más visible cuando las empresas constituyen un área reconocible de intereses comunes (campos organizacionales), donde operan en mayor medida conceptos, normas, modelos y prácticas previamente institucionalizados.
La aplicación de estos conceptos a la contabilidad y su progresiva aceptación obedecen a una lógica que se asume como natural, dominante y permanente, y que influye en la decisión de las compañías de reportar aquello que, desde un modelo, se espera que reporten, para obtener la aprobación de organismos certificadores, el aval de instituciones de control y la aceptación del público general, en un proceso de fortalecimiento del modelo que finalmente conduce a su institucionalización (Higgins & Larrinaga, 2014). Así, para algunas empresas, dejar de informar tales acciones y datos hoy resulta altamente riesgoso e inconveniente para su reputación (Bebbington et al., 2012).
Una de las muestras más fehacientes del proceso de la institucionalización es la adopción de las guías de Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración del reporte de sostenibilidad. Aun siendo voluntarias, estas guías han adquirido amplio reconocimiento social, tornándose incuestionable e ineludible su adopción por un determinado tipo de empresas (Higgins & Larrinaga, 2014).
Sin embargo, Oliver (1991) advierte que las organizaciones reaccionan de diferente modo ante las presiones institucionales, exhibiendo un comportamiento estratégico adaptativo ante diferentes condiciones ambientales. En el estudio del reporte de sostenibilidad es necesario identificar los diferentes grupos de interés intervinientes en tal proceso (Lindblom, 1993), en función de sus diferentes niveles de poder. Así, en el marco de la economía capitalista, los grupos de interés financiero -como accionistas e inversores- ejercen un poder más visible y efectivo sobre las organizaciones y, en ocasiones, esto supondrá la priorización de los grupos de interés con más influencia.
En tales situaciones, las organizaciones a menudo optan por desafiar o rechazar las demandas de un público relevante para satisfacer las demandas de otros públicos más importantes. Por lo tanto, tiene sentido táctico descartar las demandas de los ambientalistas, especialmente si estos entran en conflicto con las demandas de los grupos de interés financiero (Oliver, 1991).
La orientación y el contenido de las divulgaciones corporativas no son ajenos a esta priorización de intereses. De este modo, los gerentes valorarán estas presiones y diseñarán la estrategia que permita moldear el tipo de contenidos, la cantidad de información, el lenguaje y la intencionalidad de las divulgaciones, como respuesta a las demandas de los grupos de interés externos.
Las divulgaciones son selectivas en el sentido de que intentan moldear la forma en que los públicos importantes y relevantes conocen o sienten respecto de la corporación: resaltando acciones organizacionales específicas dentro del dominio de la acción que son positivas; reestructurando las acciones que han hecho visibles los públicos externos poderosos, e ignorando las acciones que han hecho visibles los constituyentes externos menos poderosos (Neu et al., 1998).
La legitimidad consiste en la aceptación y reconocimiento social que otorga a las corporaciones el usufructo de tener a la sociedad de su lado (Lindblom, 1993). No obstante, "la legitimidad es dinámica en el sentido de que los públicos relevantes evalúan continuamente la producción, los métodos y los objetivos corporativos frente a una expectativa en constante evolución" (Lindblom, 1993, p. 3). Por ello, la teoría de la legitimidad propone que los sistemas de reporte terminen siendo acondicionados a los valores y cánones sociales, aun cuando algunas acciones empresariales no encajen totalmente o se distancien sustancial-mente de ellos (Archel et al., 2011; Cho & Patten, 2007; Deegan, 2002, 2014, 2019; Laine, 2005), una proposición que es consistente con el modelo de respuestas estratégicas propuesto por Oliver (1991).
Más recientemente, la crisis ambiental, la aceleración de los procesos de comunicación derivada de la aparición de las redes sociales y la revisión del acumulado de investigación en torno a la teoría de la legitimidad (Deegan, 2019) han puesto en cuestión este enfoque para interpretar fenómenos que han cambiado ostensiblemente desde que se formuló la fundamentación de la teoría de la legitimidad. Al "desgaste" de las herramientas explicativas de la teoría de la legitimidad, sugerido por Deegan (2019), se suma la dificultad de todos los enfoques descritos hasta el momento para visualizar ciertos problemas en contextos donde los conceptos, valores, percepciones y demandas de nuevos públicos resultan ajenos a las herramientas prácticas y teóricas del reporte de sostenibilidad.
En el lado de la práctica, a pesar del creciente refinamiento que exhiben los reportes de sostenibilidad, los modelos vigentes toman prudente distancia de algunos temas complejos como los conflictos ambientales y la afectación de los pueblos originarios e indígenas. Así, a pesar de que los estándares GRI exigen informar el número de incidentes en los que se haya violado los derechos humanos de los pueblos indígenas, los reportes no abordan consideraciones de mayor calado, como las situaciones de conflicto socioambiental que interesan a este estudio (Contreras-Pacheco, 2018). Además, la divulgación de las empresas suele ser parcial y sesgada, presentando a las empresas "como social y ambientalmente responsables y, en algunos casos, sostenibles, proyectando así el argumento de que no existen conflictos fundamentales entre las empresas y la sociedad/el ambiente y que nuestro futuro está a salvo en sus manos" (Spence, 2007, p. 859). Una perspectiva crítica permite poner en conflicto los conceptos, los dispositivos (Lehman, 2017) y las acciones que han provocado, mantenido y consolidado el modelo de desarrollo predominante y sus efectos negativos sobre el ambiente y la sociedad (Erusalimsky et al., 2006; Gray & Milne, 2004; Spence, 2007).
Los modelos de reporte son diseñados en el Norte industrializado y están dirigidos a satisfacer necesidades informativas del público de ese mismo hemisferio conceptual, restando valor a las cuestiones referidas a los pueblos del Sur Global, pues "los intereses y valores de las personas que viven en países periféricos, los aborígenes, los trabajadores y los ambientalistas, a menudo difieren de los de la organización y sus gerentes" (Neu et al., 1998, p. 265).
La invisibilización del mundo cultural latinoamericano, donde conviven en tensión el interés empresarial por el progreso y la tradición indígena por el cuidado de la tierra, no solo es de orden práctico, sino que hunde sus raíces en el origen de las explicaciones (Gómez-Villegas, 2009). Visto así, la creciente complejidad de la problemática ambiental en el contexto de los pueblos originarios e indígenas obliga a considerar nuevos enfoques epistémicos para visibilizar las perspectivas ignoradas, subalternizadas o excluidas por los discursos hegemónicos, enfrentar su comprensión y aportar a su empoderamiento (Grosfoguel, 2006; Walsh et al., 2002).
Nuevo pensamiento para un Nuevo Mundo (en crisis)
De lo dicho hasta el momento acerca de las herramientas prácticas y teóricas del reporte de sostenibilidad, una observación del mundo latinoamericano demanda una respuesta a diversas cuestiones: primero, se debe precisar la idea de desarrollo sostenible sobre el que las corporaciones tienen obligación de reportar (Bebbington & Gray, 2001; Gómez-Contreras, 2014; Gómez-Villegas & Quintanilla, 2012); segundo, se hace necesario investigar si la institucionalización de un reporte de sostenibilidad es deseable o conduce a nuevas formas hegemónicas y excluyentes de gestión, que nieguen la diversidad de experiencias y de entendimiento (Wallerstein, 2011); finalmente, es preciso indagar críticamente en los intereses con los que se diseñan y se ponen en práctica modelos informativos como GRI, con los efectos que tienen en determinados grupos sociales.
El modelo económico hegemónico está diseñado para la insostenibilidad, la inequidad y la injusticia (Capra, 2009; Dussel, 2008; Leff, 2002), pero han emergido nuevas lógicas que tratan de integrar la racionalidad y la experiencia, con la intuición, la imaginación y los saberes ancestrales (Grosfoguel, 2016). Algunos economistas alternativos proponen que la misión última de la economía debe ser propiciar la convivencia (Elizalde, 2003), el desarrollo y la felicidad de la gente. En esa vía, la propuesta de Max-Neef (1993) posiciona a la gente como centro de la economía. La economía descalza (1982) y Desarrollo a escala humana (1993), obras importantes de Max-Neef, reubican los conceptos básicos de la disciplina en función de las necesidades humanas y sus satisfactores, de manera que las ideas de bienestar y felicidad, que tradicionalmente se asocian con el progreso y el crecimiento económico, se desligan de ellos y, gracias a la hipótesis del umbral (Max-Neef, 1995), incluso adoptan un comportamiento de inversa proporcionalidad, que pone en entredicho las promesas fundacionales de la economía tradicional.
La discusión acerca de las fuentes del desarrollo y sus opciones de futuro, que deriva del trabajo de Max-Neef, Leff y otros autores, ha desembocado en un conflicto conceptual entre las nociones de sostenibilidad y sustentabilidad, aunque algunos autores le quitan fuerza reduciéndolo a un desacuerdo semántico, y otros a problemas de traducción de fuentes europeas (Toledo, 2015; Valenzuela, 2017; Zarta, 2018). Para fijar posición, este estudio entiende que el desarrollo sostenible es un concepto eurocéntrico que se corresponde con los términos del Informe Brundtland y las agendas multilaterales, y emerge como una perspectiva cercana a la economía ambiental, que hace énfasis en el sostenimiento del actual modelo de desarrollo en función de las necesidades del crecimiento (perspectiva antropocéntrica intergeneracional), sin cuestionar estructuralmente los actuales sistemas de producción y cultura del consumo. La idea de desarrollo sustentable se ha construido al amparo del pensamiento crítico latinoamericano y en relativa cercanía con la ecología política2; además, centra su atención en la (in)capacidad de los ecosistemas para producir y reproducir la base de bienes naturales y servicios ambientales necesarios para el sustento de las especies, incluida la humana (perspectiva biogenética ambiental), y se sujeta por tanto a los límites planetarios, considerando tanto la fragilidad de los ecosistemas como la visión cultural-simbólica de los grupos humanos que habitan los territorios.
La generalización de las memorias de sostenibilidad realizadas siguiendo el modelo GRI se suele presentar como un logro en el camino al desarrollo sostenible. Pero hemos de preguntarnos si dicha institucionalización considera la diversidad de experiencias y de entendimiento. La diferencia conceptual entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable invita a ampliar los actuales marcos de referencia de la investigación en CSA.
En ese sentido, desarrollos tan disruptivos como las epistemologías del Sur (Santos, 2014) y, en especial, el discurso de la sociología de las ausencias resultan cruciales para detectar las formas sutiles como el discurso institucionalizado de los reportes de sostenibilidad de las empresas cierra su espacio a las reivindicaciones de los pueblos originarios e indígenas que, siendo su contraparte en los conflictos socioambientales que los vinculan, permanecen ocultos por decisión de quienes tienen la potestad de decidir el discurso (Said, 2018; Santos, 2006b), aspecto que en este artículo se traslada al estudio sobre qué se informa, cómo se informa y qué no se informa. Paralelamente, la sociología de las emergencias y la teoría decolonial del poder y del saber (Quijano, 1999; Santos, 2006a, 2019) permiten deconstruir la hegemonía cognitiva del discurso contable ambiental -incluido el uso de las nociones de desarrollo y recursos naturales- y ofrecen las claves argumentales para empoderar las reclamaciones de los pueblos en defensa de los ecosistemas, su cultura y sus territorios, y traerlas a la superficie discursiva de la CSA, como la parte-otra del conflicto, con nombre propio, voz contante y poder de convicción.
Desde este lado del pensamiento crítico socioambiental, se postula entonces la necesidad establecer un diálogo de saberes (Santos, 2014), que privilegie la objetividad en la investigación -entendida como el contacto directo con los problemas y la gente que los sufre- sobre la imparcialidad de juicio, que es la idea eurocéntrica de objetividad, una condición que, en ciencias sociales, ha venido en franco declive desde hace varias décadas. La visibilización de los conflictos ambientales y, de manera concreta, el pensamiento y los sentimientos de las comunidades que padecen sus efectos encuentran en este enfoque teórico el espacio necesario para emerger a la luz del escenario público, con toda la potencia que sus verdades han guardado durante siglos (Quijano, 2011). La realidad social reconstruida desde las experiencias de vida de la gente en los márgenes del sistema social se ha levantado en desobediencia epistémica, y emerge como una nueva forma de concebir el mundo en transgresión del pensamiento tradicional (Santos, 2018), e incluso en contravía del pensamiento crítico europeo (Santos, 2014). Algunas ideas extraídas de las epistemologías del Sur permiten iluminar en este estudio las voces y verdades no escuchadas y la cosmovisión (Santos & Aguiló, 2019) de quienes viven y sufren los conflictos ambientales y su contraste con los informes de sostenibilidad.
Visto así, no es posible hacer una lectura completa y objetiva de los conflictos ambientales de Latinoamérica desde la óptica europea, pues su perspectiva jerárquica lleva implícita la subordinación de la visión latinoamericana a los intereses coloniales (Escobar, 2016), lo que se traduce en la invisibilización de los problemas locales, la dilución de las responsabilidades y la transformación eufemística de las acciones corporativas. La perspectiva decolonial (Fals-Borda & Mora-Osejo, 2004; Mignolo, 2020; Quijano, 1999) de los problemas ambientales de América Latina devela, entre muchas otras realidades, la perversión económica de la negación de las posibilidades de desarrollo local (Quijano, 1987) y la consecuente explotación de los recursos naturales de la región, la polivalencia moral del discurso corporativo y la inmutabilidad de la estructura de poder que subyace a todas las manifestaciones del modelo capitalista de producción (Grosfoguel, 2016). La decolonización ha de posibilitar la interpretación del mundo contemporáneo.
Contexto social de los conflictos ambientales
Si la Naturaleza fuera un banco, ya la habrían salvado. E. GALEANO, Los hijos de los días, 2012
El estudio de la información que reportan las empresas involucradas en conflictos ambientales que comprometen territorios indígenas en Latinoamérica amerita una introducción conceptual y contextual.
Conflictos ambientales
Un conflicto ambiental puede entenderse como un proceso espaciotemporal en el que se contraponen los intereses de actores sociales que generan impactos en el ambiente y otros que sufren sus efectos o perciben los riesgos que tales acciones implican para su calidad de vida (Martínez-Alier, 2009; Walter, 2009), o incluso para su supervivencia individual y colectiva. En otra perspectiva, De la Cuadra (2013) asume los conflictos ambientales como
aquellas disputas que surgen en torno al uso, acceso y apropiación de los recursos naturales y servicios ambientales por parte de un conjunto de actores que, con diferentes niveles de poder e intereses, defienden diversas lógicas para la gestión de bienes colectivos de uso común. (p. 41)
Como podrá verse, los conflictos ambientales tienen un componente político, pues constituyen focos de tensión entre grupos con distintos niveles de poder (Alimonda, 2011), que pugnan por el acceso, uso y explotación de bienes y recursos naturales en un contexto georreferenciado (Merlinsky, 2017), como puede ser el caso de Latinoamérica. En este escenario específico, la lógica económica y las leyes del mercado juegan un papel decisivo (Alimonda, 2011) y es claro que la CSA también debe ocuparse del tema desde sus diversas perspectivas (Ariza-Buenaventura, 2007; Cáceres, 2015; Déniz et al., 2019; Helwege, 2015; Fronti & García-Fronti, 2013; Gómez-Villegas, 2021; Martínez & Gómez-Villegas, 2015; Quinche & Cabrera, 2020), donde el principal factor de atención es el impacto social de la explotación de los ingentes recursos naturales de la región.
Los conflictos ambientales pueden clasificarse según el origen (extracción de recursos, transporte o depósito de residuos) del impacto que los provocan (Martínez-Alier, 2006), o también en atención a su orden social, cultural o simbólico. Los criterios de definición de los conflictos ambientales plantean diversas tensiones (Folchi, 2001) derivadas de las acepciones del lenguaje utilizadas para determinar la magnitud sociocultural de la afectación, las implicaciones vitales del fenómeno para una comunidad, las pretensiones de los diversos actores, o los mecanismos para la mediación y resolución de los conflictos (Homer-Dixon, 1994; Valencia, 2007). Estas tensiones pueden darse dentro de un mismo sistema de valoración (diferencias de valoración cuantitativa), entre sistemas divergentes (diferencias de apreciación simbólica) o incluso fuera de ellos (De la Cuadra, 2013), pues estas condiciones albergan desacuerdos sobre lo que debe incluirse o excluirse de una negociación.
A mediados del 2021, al menos 976 de los 3.469 conflictos ambientales monitoreados por el EEB están ubicados en Latinoamérica (Temper et al., 2015). La tabla 1 muestra las cifras de los países de la región y su posición dentro del total mundial.
Tabla 1 Conflictos socioambientales en Latinoamérica.
Nota. *Pos.W: Posición en el mundo.
Fuente: elaboración propia con base en datos de European Environmental Bureau.
La tala de bosques nativos, la extracción de petróleo y minerales preciosos, la desviación y represamiento de ríos, la anegación de poblaciones y tierras rurales, la expansión descontrolada de la frontera agrícola/pecuaria y la intervención de lugares de culto indígena representan los principales motivos de conflictos ambientales en la región.
Las cifras que muestra la tabla 1 están relacionadas con la alta sensibilidad ambiental de la región, dada por la existencia de numerosos ecosistemas de alta fragilidad biogenética -como la cuenca amazónica- y por las condiciones de desigualdad socioeconómica que prevalecen como factores agravantes de estos conflictos. En Latinoamérica, la riqueza natural y la pobreza social son factores dicotómicos y contradictorios de un mismo modelo de desarrollo (Escobar, 2014; Therborn, 2011), donde la propiedad y el uso de la tierra son el núcleo de muchos conflictos ambientales (Brisman et al., 2016; Göbel et al., 2014). En este escenario, algunos colectivos están en especiales condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de los pueblos originarios e indígenas (De la Cuadra, 2013).
Pueblos originarios
Pueblos originarios, pueblos indígenas o "First Nation" (Neu & Graham, 2006) son algunos de los términos usados para referirse a los colectivos descendientes de los grupos sociales que poblaban un territorio de referencia al momento de la colonización europea y que mantienen alguna de sus instituciones sociales, económicas, culturales o políticas (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 1989). Sin embargo, existe cierta indeterminación sobre el significado de cada uno de estos términos. Pueblos originarios se usa para referirse específicamente a pueblos de Latinoamérica (Stavenhagen, 2010; Survival, 2020) o de todo el mundo (Ministerio de Cultura Argentina, 2018); del mismo modo, pueblo indígena se utiliza para todo el continente americano (Stavenhagen, 2010; Survival, 2020) o específicamente para aquellos que han migrado a territorios ajenos a su origen. Para efectos de integrar las diferencias, este documento se referirá a pueblos originarios y pueblos indígenas de forma indistinta.
Además de tener derechos que derivan de la costumbre y de su evidente presencia y arraigo precedente a los europeos, etc., conviene señalar algunas condiciones que hacen especialmente vulnerables a los pueblos originarios en la coyuntura de los conflictos ambientales que afectan sus territorios: i) habitan un territorio del cual dependen su subsistencia y su supervivencia; ii) su hábitat suele ser biodiverso y frágil; iii) sus formas de relacionamiento con el medio natural están marcadas por construcciones cosmovisionales y estructuras de pensamiento simbólico ajenas a la tradición eurocéntrica, lo que genera subalternación de su perspectiva incomprendida y ocasiona frecuentes ataques a sus derechos culturales (De la Cuadra, 2013); iv) en algunos casos, los pueblos originarios desconocen las lenguas española y portuguesa, lo que exacerba la dificultad para expresar sus puntos de vista sobre los conflictos; v) salvo muy contadas excepciones, no acceden en igualdad de condiciones a la información pública o tienen un limitado acceso a los medios de comunicación (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2014) y, por último, vi) la mayoría de los pueblos indígenas no comparten la misma apreciación que tiene la sociedad no indígena acerca del valor material de la tierra, lo que desconfigura la racionalidad de las pretensiones y compensaciones. Así, la tenencia de los territorios que habitan los pueblos originarios no siempre está amparada legalmente como propiedad, y en otros casos tal condición no es aceptada por ellos, pues consideran que no tienen una relación de propiedad y dominio sobre la tierra, sino un vínculo de carácter simbiótico y espiritual con ella (International Work Group for Indigenous Affairs [IWGIA], 2019).
La ocupación y progresiva colonización española y portuguesa de América Latina estuvo marcada por un profuso mestizaje de los europeos con la población originaria. De forma paralela, los indígenas fueron utilizados -primero, de forma exclusiva y, luego, en conjunto con los esclavos africanos- como mano de obra forzada en las explotaciones mineras, la agricultura y las obras públicas de los nuevos reinos americanos, lo que paradójicamente terminó favoreciendo su sobrevivencia hasta la actualidad (Quijano, 2000). Según datos de Naciones Unidas (CEPAL, 2020), hay 826 pueblos indígenas en Latinoamérica (tabla 2), aunque este organismo señala que la supervivencia de muchas de estas comunidades está seriamente amenazada (Hopenhayn et al., 2006).
Tabla 2 Pueblos y población indígena en Latinoamérica.
| Pueblos originarios e indígenas | Población indígena en 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.o | País | Pueblos | N.o | País | Población* | % nacional |
| 1 | Brasil | 305 | 1 | Méjico | 17 | 15,1 |
| 2 | Colombia | 102 | 2 | Perú | 7,0 | 24,0 |
| 3 | Perú | 85 | 3 | Bolivia | 6,2 | 62,2 |
| 4 | Méjico | 78 | 4 | Guatemala | 5,9 | 41,0 |
| 5 | Bolivia | 39 | 5 | Chile | 1,8 | 11,0 |
| 6 | Venezuela | 39 | 6 | Colombia | 1,6 | 3,4 |
| 7 | Argentina | 38 | 7 | Ecuador | 1,0 | 7,0 |
| 8 | Guatemala | 24 | 8 | Argentina | 0,95 | 2,4 |
| 9 | Paraguay | 19 | 9 | Brasil | 0,90 | 0,5 |
| 10 | Ecuador | 14 | 10 | Venezuela | 0,73 | 2,7 |
Nota. *Millones de personas.
Fuente: elaboración propia con base en datos de CEPAL (2020) e IWGIA (2019).
La estrecha y tensa relación entre las comunidades indígenas de América Latina y las grandes empresas multinacionales tiene ya una larga historia. A partir de la segunda mitad del siglo xix, la organización de los estados republicanos latinoamericanos y del imperio del Brasil dejó a la vista la oportunidad de explotar la enorme riqueza natural de estos países, lo que favoreció la llegada de cuantiosas inversiones extranjeras que inauguraron la fase neocolonial de su desarrollo y permitieron la modernización de las estructuras productivas de la región (Bértola & Ocampo, 2013). Más adelante, con el ascenso económico de Estados Unidos y la posterior imposición del modelo económico neoliberal se acentuaron los intereses industriales sobre la explotación de recursos naturales y, más tarde, de servicios públicos e infraestructuras.
Durante todo el periodo neocolonial, los pueblos originarios e indígenas y las comunidades afrodescendientes fueron incorporadas a las tareas extractivas en condiciones de extrema precariedad, lo que significó la recolonización de sus territorios, la pérdida de su identidad y, en algunos casos, la esclavitud y el exterminio (Uribe, 2013). De esta manera, se extinguieron los indígenas de las Antillas y otros pueblos en el continente y, una vez que declinó el fenómeno de la esclavitud, se estableció un nuevo régimen de despojo, discriminación y explotación económica.
Más recientemente, la estrategia de las corporaciones se ha centrado en la apropiación e intervención de los territorios y el progresivo desplazamiento de las comunidades fuera de sus tierras ancestrales. En esta circunstancia, la intervención de gobiernos e instituciones estatales ha resultado crucial, en unos casos, para propiciar los desarrollos de la legislación ambiental en la región y, por contraste en otros, para explicar la creciente pérdida de derechos, tierras, recursos, tradiciones y vidas de los pueblos originarios e indígenas (González, 2005). Numerosas organizaciones y movimientos sociales indígenas persisten en su lucha por la soberanía de los pueblos indígenas y sus derechos, lo que desde otra perspectiva (Scobie et al., 2020) está indisolublemente entrelazada con la lucha universal por la igualdad.
Metodología
Este trabajo está enfocado en la identificación de algunas prácticas de invisibilización de conflictos ambientales y su efecto sobre pueblos originarios e indígenas a través de los sistemas de información de la CSA. Concretamente, se rastrean prácticas de ausencia e invisibilización en los informes de sostenibilidad de un grupo de 22 empresas involucradas en ocho conflictos ambientales en ocho países latinoamericanos. Aunque resulte paradójico, dada la valoración que aquí se ha hecho de la perspectiva europea de la problemática ambiental, los conflictos ambientales considerados en el análisis han sido seleccionados de la base de datos del Atlas de Justicia Ambiental del EEB (Temper et al., 2015) bajo los siguientes criterios: i) impacto o riesgo ambiental significante, ii) afectación a comunidades indígenas, iii) intervención estatal, y iv) prevalencia temporal. El cumplimiento de estos criterios ha sido rastreado a través del Atlas de Justicia Ambiental (tabla 1). Este Atlas ha sido referenciado, entre otros, por la Lancet Comission on Pollution and Health (Landrigan et al., 2018).
Con el fin de explorar la invisibilización de información sensible en estos documentos contables (Catasús, 2008), se contrastan dichos informes con fuentes alternativas tales como registros contables estatales de libre acceso, informes de gestión de ONG de protección ambiental y archivos de prensa de las localidades y regiones afectadas por los conflictos ambientales. La contrastación de información busca también pistas sobre los intereses y relaciones de poder que subyacen en este fenómeno de invisibilización. El trabajo utiliza elementos conceptuales y argumentales de la investigación cualitativa en los enfoques de articulación naturaleza-sociedad (Maturana & Varela, 2003), e investigación acción-participativa (Fals-Borda, 1986a), con énfasis en las técnicas de análisis de contenido y discurso (Ferguson, 2007; Galeano, 2004; Zapata & Rondán, 2016), para facilitar la comprensión de una problemática social enraizada en otra de índole ambiental y mediada por instrumentos de divulgación de la CSA, como respuesta estratégica de las organizaciones a las demandas de la sociedad (Oliver, 1991).
La consulta estructurada fue la técnica prevaleciente en la fase inicial de este estudio (Quezada, 2004), aplicada a fuentes documentales específicas como los informes de sostenibilidad publicados por las empresas, así como a las fuentes alternativas. Posteriormente, se aplicó análisis de contenido a una selección de informes de sostenibilidad emanados de 22 empresas, en los cuales se rastrearon las siguientes categorías y niveles de intensidad, contrastados con las fuentes alternativas: i) reconocimiento de conflictos, ii) aceptación de responsabilidades y iii) descripción de acciones institucionales.
El análisis del discurso está enfocado en la perspectiva crítica de esta técnica (Van Dijk, 2001), con tres propósitos específicos:
Establecer si los informes corporativos invisibilizan la perspectiva indígena de los conflictos ambientales.
Visualizar las formas en que el discurso de las fuentes reproduce las relaciones de poder y dominación que emanan de las corporaciones y los agentes del Estado.
Evidenciar las expresiones de resistencia a esas relaciones, desde las fuentes alternativas de información de este estudio.
Hallazgos: grandes tensiones tras las buenas intenciones
[...] y la selva lacerada llora sus heridas en el río grande de las Amazonas.
Un primer hallazgo significativo surge como producto del uso del lenguaje en los informes de sostenibilidad. En toda la información examinada en este estudio hay una constante invisibilidad: si bien el concepto de conflicto ambiental es el punto de partida para la identificación en el Atlas de Justicia Ambiental de los ocho casos estudiados, en los informes corporativos este concepto no existe. Ninguno de los 211 informes examinados (elaborados en inglés, español y portugués) incluye esta expresión, y esto hace que los intereses contrapuestos en materia de gestión y responsabilidad social y ambiental se representen en dichos reportes como inexistentes. Así como la enunciación de los objetos y fenómenos de la realidad a través del lenguaje construye la realidad social, su omisión los substrae de la órbita del conocimiento humano (Catasús, 2008) y elimina la posibilidad de conocer, comprender y debatir (Mignolo, 2020).
Eventualmente, los informes de sostenibilidad muestran la expresión "incidente ambiental" para describir la ocurrencia de un hecho contingente o accidental que escapa al control de las organizaciones y que activa protocolos de intervención sobre el impacto ocasionado. En un sentido similar, aparece la expresión "impacto ambiental", aunque en una clara perspectiva de naturalización, pues los informes reconocen que las actividades de la organización pueden -y suelen- afectar negativamente los ecosistemas y las comunidades que están en contacto con ellas. La presencia de estas dos expresiones en los informes se explica por el hecho de que ambos son ítems de medición y evaluación de estándares internacionales como GRI, International Council on Mining and Metals (ICMM), Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) y otros, con los cuales estas empresas están vinculadas y comprometidas. Muchas corporaciones (AngloAmerican, Glencore, GoldCorp, Exxon, BHP Billiton, Iberdrola, Siemens, Vale, Autlán, etc.) exhiben con orgullo premios y reconocimientos a la transparencia informativa y la sos-tenibilidad, pero con frecuencia, de manera consciente y sistemática, ocultan los problemas e invisibilizan a la contraparte de los conflictos que comprometen sus intereses económicos (tabla 3).
Tabla 3 Conflictos ambientales en territorios indígenas: contraste de perspectivas.
Fuente: elaboración propia con base en datos de EJatlas - EEB, OLCA, prensa y empresas involucradas.
Contrariamente, los informes de las empresas hacen especial mención de acciones para mejorar el uso y la calidad del agua, construir reasentamientos poblacionales (aunque no se menciona que esto sea producto del desplazamiento al que se ven forzados los pueblos originarios), recuperar territorios afectados, preservar la fauna y la flora amenazadas, capacitar para el trabajo a la población aledaña y ofrecer asesoría para el emprendimiento local (AngloAmerican, GoldCorp, Repsol, Exxon, BHP Billiton, Vale, Cerrejón, por nombrar solo algunas); sin embargo, algunos de estos gastos corresponden a acciones compensatorias/restaurativas ordenadas por tribunales de justicia. En esta misma línea de acción, es frecuente que se mencione a los pueblos originarios como "aliados", "socios", "público prioritario" o "compromisarios" de las empresas, y que simultáneamente se omita su nombre indígena y se los homogeneice como "comunidades locales", una acción descrita en la sociología de las ausencias (Santos, 2006a), que los despoja de identidad, los invisibiliza y los abstrae del contexto, con lo que queda más fácil después negar la existencia de cualquier conflicto con estos pueblos invisibles.
La presencia de los organismos estatales de protección ambiental en estos conflictos reporta diferentes grados de involucramiento, que van desde la defensa de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas, pasando por la función catalítica de dar curso a las reclamaciones de las comunidades (FUNAI, Brasil; INAI, Argentina; Fodepi. Ecuador; DAIMR, Colombia; Indepa, Perú; Conadi. Chile; Defensoría del Pueblo del Perú; CNDPI, Méjico) y las explicaciones y descargos de las empresas conforme con el ordenamiento jurídico nacional, hasta la estrecha asociación con las compañías y su protección legal en los procesos judiciales (FDI, Guatemala; IBAMA, Brasil; MinAmbiente, Colombia). Muchos conflictos ambientales llegan a los tribunales de justicia y algunos fallan a favor de las corporaciones (AngloAmerican, Benetton, BPH Billiton) o estas reciben el apoyo de los gobiernos nacionales (Cerrejón, Colombia; GoldCorp, Méjico), pero en otros casos los jueces obligan a las empresas al pago de cuantiosas multas que se reportan como "otros rubros de transferencia" (Vale), y a ejecutar acciones compensatorias y restaurativas (Vale, Cerrejón, Petroamazonas), presentadas como prácticas de responsabilidad social corporativa. Es significativo que los premios y reconocimientos son mayoritariamente para las grandes corporaciones del Norte, mientras que las condenas y obligaciones recaen con mayor frecuencia en las compañías gestoras del Sur Global3, lo que ejemplifica la construcción de lo local como ineficiente y marginal (Santos, 2006a). Aunque el lenguaje es cada vez más cuidadoso, en algunos de los reportes más antiguos (1994-2005) puede advertirse un tono condescendiente al referirse a las comunidades indígenas y otros grupos étnicos como beneficiarios de la filantropía corporativa (AngloAmerican, BPH Billiton, Glencore, GoldCorp).
En resumen, el análisis de la perspectiva empresarial deja ver un patrón de funcionamiento isomórfico. En la mayoría de los casos, las empresas inversionistas extranjeras crean una empresa local o vinculan una ya existente, le delegan la gestión de los proyectos de exploración/explotación de recursos, y descargan en ella su responsabilidad jurídica por los conflictos, incidentes, impactos y demás contingencias ambientales derivadas de su actividad, y sus repercusiones sociales. El esquema de administración delegada permite que las empresas inversionistas puedan evadir su responsabilidad por los conflictos ambientales y se beneficien de la buena imagen que reportan las acciones compensatorias y restaurativas que emprenden. A estas últimas sí se les dispensa un amplio despliegue informativo en los reportes de sostenibilidad, acompañado de vistosas fotografías y diagramas que refuerzan la perspectiva corporativa de la gestión socioambiental. Un análisis de las intenciones y las acciones empresariales en el marco de los conflictos estudiados (tabla 3) pone en duda que el compromiso corporativo vaya más allá del discurso de los informes.
Análisis de resultados
Todo necio confunde valor y precio.
Si bien el discurso corporativo y los informes de sostenibilidad coinciden en ponderar el respeto por la cultura, el patrimonio y las costumbres de los pueblos originarios e indígenas, el creciente número de conflictos socioambientales de la región que los afecta evidencia que esa relación no está exenta de tensiones y que, de alguna manera, la CSA contribuye a silenciar la perspectiva indígena de los conflictos. Mediante el contraste de los informes con otras fuentes de información, en especial los observatorios de conflictos ambientales y la prensa alternativa, este estudio permite evidenciar las dinámicas de invisibilización de las perspectivas de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Este apartado propone una perspectiva analítica basada en el pensamiento crítico latinoamericano (perspectiva decolonial) y en las epistemologías del Sur, con el fin de construir un enfoque alternativo al estudio de la CSA, basado en diversas categorías analíticas con las que, a continuación, se analizan los resultados presentados en la sección anterior.
Invisibilización del otro
Para las grandes corporaciones, la perspectiva indígena, que se opone a la intervención de las empresas como expresión de su cosmovisión ancestral, se asume como una forma de conocimiento local, subalterno, anacrónico y marginal, que resulta fácil de invisibilizar por su distancia con los patrones del paradigma científico-tecnológico de pretendida aceptación universal (Escobar, 2016; Lander, 2000). En estas empresas, la sola mención de los conflictos ambientales hace que se activen respuestas estratégicas (Oliver, 1991), que intentan desviar la atención de la sociedad sobre estos asuntos. En los casos estudiados, y en concordancia con los postulados de la sociología de las ausencias, los informes de sostenibilidad invisibilizan la perspectiva indígena de dos formas: i) en la mayoría de los casos, ignorando por completo la existencia del conflicto y omitiendo las reclamaciones de esos colectivos, y ii) englobando las reclamaciones como "insatisfacción", "diferencias" o "solicitudes" de las comunidades indígenas (Vale, Brasil; Colbún, Chile; Sinohydro, Ecuador), las cuales son absorbidas por la lógica de la gestión ambiental y la responsabilidad social corporativa. El modelo de pensamiento angloeurocéntrico, centrado en la verosimilitud teórica y la verificación empírica, facilita subalternar el conocimiento ancestral indígena para reducirlo a una categoría marginal cercana al folklore, que resulta interesante, pero sin valor científico y, por lo tanto, técnicamente impertinente.
Reproducción de la lógica dominante
La racionalidad técnico-instrumental de la CSA utiliza el esquema reglado de los informes de sostenibilidad, para reproducir las relaciones de dominio de las empresas del Norte sobre los pueblos del Sur. Se destacan las buenas intenciones, prácticas y resultados de las empresas en la explotación de los recursos naturales del Sur emergente y su discurso tiene como efecto que las empresas acumulen reconocimiento por su actividad, al punto de que, según su discurso, es precisamente su intervención en estas regiones lo que ha impedido la catástrofe ambiental. Una tras otra, las acciones compensatorias que son obligadas a ejecutar, se presentan como iniciativas propias de su política de responsabilidad social, cambian el nivel de objetivos y metas de gestión socioambiental, lo que reporta avances y logros importantes (AngloAmerican, Colombia), y manifiestan que están profundamente comprometidas con las "comunidades locales", a quienes presentan como sus principales aliados. En la contrastación, diversos medios (OC, OLCA) afirman que paralelamente algunas de ellas también desarrollan actividades contrapuestas a la responsabilidad social, en las que omiten compromisos deseables (AngloAmerican), ignoran controles y valores explícitos (Sinohydro, Ecuador), o aprovechan la laxitud normativa en el Sur emergente, al tiempo que utilizan su posición dominante para contrademandar, apelar o impugnar los requerimientos, reclamos y acusaciones (Vale, Brasil; Benetton, Argentina; Colbún, Chile; Cerrejón, Colombia) de las comunidades más vulnerables, ansiosas como siempre por acceder a los beneficios del desarrollo (Max-Neef & Smith, 2014), pero también a los de la equidad social y la justicia ambiental4 (Guerra, 2017). Los informes estandarizados de auditoría y aseguramiento de estos reportes, integrados en ellos y firmados por grandes multinacionales de auditoría tampoco dan cuenta de estas situaciones5.
Acciones de resistencia
La prolongación irresoluta de los conflictos en el tiempo ha obrado, en casi todos los casos, como pérdida de confianza de los pueblos originarios e indígenas en la justicia estatal y las instituciones, y en algunos de ellos como acciones de resistencia de diversos tipos: i) conformación de organizaciones de acción colectiva con áreas funcionales de litigio jurídico, adhesión de militantes, formación de líderes comunitarios, y comunicaciones o redes de apoyo (Movimiento Mapuche Autónomo, Mapuexpress, Wiñoi Newen, Chile; Minga y Guardia Indígena del Cauca, Colombia; Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango, Guatemala; Aidesep, Perú); ii) denuncias, movilizaciones, concentraciones y actos de protesta (todos los casos estudiados) ante organismos estatales e internacionales; iii) retoma y repoblación de territorios en desconocimiento de resoluciones administrativas y fallos judiciales (retoma mapuche en Santa Rosa Leleque, Argentina; Melipeuco, Buenavista, Chile), entre otras acciones; iv) acciones violentas de enfrentamiento con la fuerza pública, vandalización de instalaciones y maquinaria empresarial (Carabineros de Chile contra mapuches; asesinato de manifestantes mapuche en Argentina y Chile; asesinato de manifestantes maya'man en Guatemala; asonada machuguenga en Perú; incendio a instalaciones de Colbún, Chile). Por ser más mediáticas, las acciones de hecho generan reacciones encontradas que omiten las explicaciones, movilizan la opinión pública en apoyo o rechazo a la causa indígena, y llevan a que sus militantes sean calificados en publicaciones y medios como The Guardian, La Tercera, El País, Deutsche Welle, Prensa Comunitaria, Anfibia, etc., como víctimas y líderes libertarios de un lado, o delincuentes y terroristas, del otro (Vinagre, 2017). Con menos espacio y divulgación en los medios, las acciones políticas y organizacionales avanzan en visibilizar la problemática y recabar apoyo internacional para la causa de los pueblos, como es el caso del Observatorio Ciudadano en Chile.
Colonialismo intelectual
El discurso de la sostenibilidad y la eficiencia de la gestión empresarial, acoplado a teorías angloeurocéntricas (legitimidad, institucionalismo, stakeholders, agencia, etc.), se apoya en su reconocido prestigio para imponerse como la forma "políticamente correcta" de hacer empresa en cualquier latitud y, en consecuencia, reprime y suprime la posibilidad de considerar la perspectiva indígena sobre los conflictos ambientales (Mignolo, 2020). Visto desde los referentes teóricos que soportan este estudio, la lógica funcional de las multinacionales involucradas en estos conflictos ambientales describe un ejercicio de acumulación de capital económico que se traduce en el poder político necesario para explotar los recursos del Sur emergente, que son la fuente de su poder económico (Fals-Borda, 1986b). Este círculo de capital y poder se alimenta de otro círculo de generación de capital cognitivo y epistémico a partir del desarrollo y uso de las tecnologías de exploración/explotación de recursos, un conocimiento que se acumula como práctica cultural hegemónica (Santos, 2019) y que se apoya en la experiencia empresarial para imponer la lógica factual del primer círculo. La intencionalidad patriarcal condescendiente del discurso corporativo, presente en muchos informes de sostenibilidad, es una típica expresión del conocimiento hegemónico que alimenta el modelo de gestión de las empresas multinacionales, empeñadas en mostrar que cumplen con todos los requisitos, normativas y estándares internacionales previstos (Fernández-Ortiz, 2019), pues ese es su compromiso manifiesto, y su presunto cumplimiento las hace dignas de imitación por parte de otras de su misma especie, como una reafirmación de su institucionalismo.
Lo anterior deja claro que la tradición teórica de la CSA es potente y efectiva para dar cuenta de los fenómenos de su campo en espacios amparados por los valores sociales de la cultura anglocentroeuropea. Constructos institucionalizados en el campo de la investigación contable, como la teoría de los grupos de interés y la teoría de la legitimidad, aún permiten explicar y comprender razonablemente fenómenos socioambientales en el contexto de las sociedades industrializadas, pluralistas y reguladas, que durante cientos de años han venido construyendo estructuras de pensamiento, instituciones democráticas y modelos organizacionales que orbitan alrededor de la lógica del capital, y reconocen claramente la existencia, valor y poder de sectores diferenciados de su propia estructura cognitiva. No obstante, la CSA, como racionalidad controladora de esa forma de pensamiento imperante, ha sido instrumentalizada para desconocer, reprimir e invisibilizar las voces de aquellos grupos sociales que no comparten la misma estructura de pensamiento, porque han construido -también durante siglos- otros valores y formas de vivir, otras necesidades y prioridades, otras formas de poder y, sobre todo, otra forma de relacionamiento con la naturaleza. Así pues, las modernas teorías institucionales que utiliza la CSA, dotadas del poder jerarquizado de la homogeneización epistémica, no logran ver la diversidad de lo diferente y, en consecuencia, no son pertinentes ni competentes para comprender los fenómenos de un mundo donde la naturaleza dictó sus leyes -literalmente- desde el primer día.
Conclusiones
En lugar de hablar por los oprimidos, los contadores críticos deben hablar con ellos.
El análisis de los conflictos ambientales desde la perspectiva alternativa que aquí se ha utilizado trasciende el tipo de análisis habitual de la CSA, centrado en las empresas y sus intereses, y pone en valor la perspectiva de los pueblos originarios e indígenas que permanecen en la periferia analítica de aquellos estudios. Si bien un análisis convencional eurocéntrico permitiría anticipar la lógica de comportamiento de las grandes corporaciones y sus empresas asociadas, el enfoque alternativo aquí propuesto muestra que el papel que desempeñan los agentes del Estado y las acciones de resistencia de los pueblos originarios e indígenas tienen distintas manifestaciones, que van desde la protesta simbólica y la negociación compensatoria, hasta el uso de la violencia y su correspondiente respuesta con la represión que, como es obvio, deja a cada lado un saldo siempre desfavorable. Para comprender la naturaleza de estas expresiones, resulta necesaria una nueva dialéctica que confronte los argumentos del establecimiento empresarial con los de las fuentes alternativas, y los de estas con las propias comunidades y su cosmovisión (Santos & Aguiló, 2019), de manera que se puedan equilibrar las fuerzas políticas que sustentan los discursos y agentes que mantienen los conflictos.
Salvo algunos casos de empresas "locales" (Vale Brasil, Carbones El Cerrejón, Petroamazonas) que reconocen parcialmente su responsabilidad en los impactos generadores de conflicto, las compañías internacionales se esfuerzan en presentarse como organizaciones genuinamente comprometidas con la protección del ambiente y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas. Este modelo de acción sirve como pretexto funcional para naturalizar los impactos ambientales de su actividad, proyectar una imagen idealizada de su relación con las comunidades indígenas y fortalecer sus esquemas de gestión, en los cuales el lenguaje corporativo, como pretexto discursivo de la insostenibilidad, deconstruye y reconstruye la realidad socioambiental en función de los intereses económicos.
Las teorías del Norte explican eficientemente cómo actúan las empresas en su relación con los inversores internacionales y todos sus públicos relevantes, pero el Sur necesita otras teorías que les sirvan de perspectiva, de esa perspectiva que se les niega desde la tradición contable. La visión de los pueblos originarios e indígenas acerca de los conflictos ambientales y su relación con las corporaciones no cuenta con teorías que expliquen su perspectiva, ni con espacios y medios adecuados para "hacerse oír" en igualdad de condiciones. Los resultados de este estudio aportan nuevas y serias dudas sobre la credibilidad de los informes y la conducta de las empresas, al tiempo que evidencian cómo la posición dominante del pensamiento colonial y su discurso retórico trascienden la materialidad de los hechos y reconstruyen la imagen social que de ellos se tiene. Por cuenta de este tipo de ausencia contable, y desde una perspectiva conceptual y metodológica latinoamericana, puede afirmarse que los informes de sostenibilidad vienen de otro mundo y hablan otra lengua.
Concierne a la CSA avanzar en la decolonización del saber contable y abrir espacios de difusión y debate en publicaciones, grupos de investigación y eventos académicos para acoger las visiones alternativas de la realidad social y ambiental que reportan fuentes desinstitucionalizadas como las comunidades indígenas y sus representantes, ONG de protección ambiental, medios de comunicación social comunitarios, sindicatos y organizaciones feministas y de mujeres, grupos ambientalistas, organizaciones campesinas y de minorías étnicas, centros de investigación y un amplio rango de actores sociales, sin los cuales no está completo el escenario de los conflictos socioambientales del Sur Global. Como ya se ha advertido, es necesario que la contabilidad social y ambiental tenga, además de una visión crítica e incluyente, una actitud disidente en torno a los conflictos socioambientales y la crisis planetaria, para que además de examinar informes y repetir las preguntas y respuestas de los empresarios, empiece a hablar con los colectivos sociales que se oponen a ellos, pues la disciplina se ha negado -por desinterés o por comodidad- la posibilidad de hacer justicia social desde el libre ejercicio de la diferencia.
Limitaciones y perspectivas
Las principales limitaciones de este trabajo están en la dificultad para acceder a fuentes de información más cercanas a los hechos que se investigan, el difícil acceso a los actores sociales de primera línea en los lugares de los conflictos ambientales, y el uso de bases de datos e instrumentos de clasificación europeos que podrían reproducir la visión angloeurocéntrica del problema. Convendría, entonces, proyectar nuevos abordajes que permitieran, con los medios y financiación adecuados, la contrastación in situ de algunos conflictos ambientales que revisten especial importancia regional, mediante metodologías de acción-participación (Fals-Borda, 1986), con el fin de decantar los argumentos que desde las diferentes perspectivas (corporativa, estatal e indígena) se han construido y difundido en torno a esta problemática.
