Jefferson Jaramillo Marín¹

¹ Doctor en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), México. Profesor del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Correo electrónico: jefferson.jaramillo@javeriana.edu.co.

Cómo citar este artículo: Jaramillo Marín, Jefferson. (2011). Expertos y comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia. Estudios Políticos, 39, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, (pp. 231-258).

Este artículo discute cómo los expertos y las comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia generan marcos de representación sobre la violencia. En particular, analiza la Comisión de expertos de 1987, y la Subcomisión de Memoria Histórica (2007-2012). A partir de un enfoque sociohistórico, discutimos sobre dos conjuntos de ideas: en primer lugar, las comisiones investigan las causas de la violencia y ofrecen mecanismos de solución a sus secuelas, pero también imponen narrativas en la memoria colectiva de un país. En segundo lugar, los expertos en violencia visibilizan estas narrativas en la escena pública, pero su protagonismo es cuestionado por aquellos que los consideran funcionales al establecimiento.

Palabras clave: Expertos; Comisiones de Estudio sobre la Violencia; Guerra; Violencias; Memoria; Colombia.

Abstract

This article is aimed at discussing how the experts and the commissions for the study of violence in Colombia generate frames for interpreting violence. In particular, the article focuses on the analysis of the ''Comisión de Expertos'' of 1987, and the ''Subcomisión de Memoria Histórica'' (2007-2012). The article critically addresses two set of ideas on the commissions for the study of violence following a socio-historical approach: First, they research the causes of violence and offer manners to left behind the sequels of violence, but simultaneously they tend to impose particular narratives on the past. Second, they make public the narratives on a violent past, even if their narratives are questioned by alternative researchers that consider them useful for preserving the status quo.

Keywords: Experts; Commissions Study on Violence; War; Violences; Memory; Colombia.

Introducción

La guerra en Colombia, al menos de la que tenemos memoria desde la segunda mitad del siglo XX presenta señales ambiguas en su gestión, desarrollo y transición. Además de prolongada en el tiempo, ostenta un récord en procesos parciales y frustrados de negociación entre los actores en disputa.¹ Es también una guerra con irregulares manifestaciones territoriales y temporales,² con claros signos de degradación y con un rotundo agotamiento en las relaciones entre los actores armados y los civiles. Uno de los signos más visibles en esta dirección, es la utilización del terror como estrategia punitiva (Cf. Blair, 2010). A pesar de toda la retórica transicional actual, dentro de ella se respira un equilibrio relativamente inestable entre memoria y olvido, entre verdad y justicia, entre reconciliación y democracia (Cf. Jaramillo y Delgado, 2011). Finalmente, es una guerra que sigue mutando en medio de uno de los regímenes constitucionales más estables en el continente.

En este panorama, y a diferencia de lo ocurrido en otros países que con más o menos fortuna experimentaron cierto grado de transición y políticas de memoria posconflicto,³ llama la atención la existencia de un continuo histórico de dispositivos institucionales que tienen como función representar, narrar y tramitar lo que nos ocurre dentro de la guerra misma. Uno de esos dispositivos, poco estudiados pero potentes en sus dimensiones explicativas son las denominadas comisiones de estudio sobre la violencia. En tanto escenarios demandados por los gobiernos de turno, no solo investigan las causas y consecuencias de las violencias nacionales, sino que arman unas tramas narrativas⁴ que devienen en correas transmisoras de visiones de país y nutren procesos de manufacturación de la historia nacional.

En algunas de estas iniciativas, los expertos en violencia, una mezcla muy criolla de intelectuales profesionales con saberes sociales legitimadores, desempeñan un rol significativo. Ellos resultan útiles para posicionar rutas temáticas y generar recomendaciones en materia de política pública al momento de enfrentar una guerra prolongada y sus transformaciones. Además, logran situar en la escena pública saberes estratégicos que aunque no tienen como único destino ser funcionales al poder que los contrata, también se les critica con fuerza por esto. Saberes-poderes expertos que mutan tanto como la guerra, entrando en tensión con determinadas esferas sociales y políticas que demandan de ellos menos ''activismo circunstancial''⁵ y más compromiso programático.

Ahora bien, este artículo destaca, a partir de un análisis sociohistórico, cómo las comisiones y los expertos, contribuyen a organizar gran parte del conocimiento sobre la violencia, así como a historizar, producir y administrar narrativas oficiales sobre ciertas parcelas del desangre. La hipótesis transversal al texto es que al emprender ese camino, ambos dispositivos revelan y editan mucho de la memoria y la historia nacional. Para el desarrollo de esta hipótesis, el artículo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, destacamos cómo la proliferación de comisiones de estudio e investigación extrajudicial de las violencias en Colombia entre 1958 y 2007 conlleva la generación de marcos oficiales de representación sobre lo sucedido en el país. De igual forma, señalamos que la resonancia y peso social de estas comisiones están en relación con el posicionamiento que logren en una determinada coyuntura nacional o internacional; en segundo lugar, a partir de un ejercicio de economía política, destacamos el papel de los expertos en violencias en la producción y administración de sus saberes y oficio particulares; en tercer lugar, contemplamos en dos experiencias relativamente recientes, la Comisión de Expertos del año 1987 y la Subcomisión de Memoria Histórica (2007-2012) las continuidades, rupturas y tensiones derivadas del trabajo de los expertos en ellas.

1. Las comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia: dispositivos, marcos y genealogías

Las comisiones de estudio e investigación extrajudicial de las violencias documentadas en Colombia entre 1958 y 2007, son casos inéditos en América Latina y el mundo.⁶ Por su cantidad, quizás no exista otro país en el mundo, donde proliferen de forma tan recurrente este tipo de dispositivos, salvo aquellos países donde se realizaron hasta dos o tres comisiones en coyunturas críticas.⁷ En la escena colombiana, el desgaste de la guerra y una especie de confianza institucional en el poder resolutivo de la misma a través de estas tecnologías pueden ser razones plausibles para su recurrencia en medio del desangre. A esto se añade que las comisiones nacionales, están siempre a medio camino entre las comisiones de la verdad convencionales⁸ y las comisiones extrajudiciales,⁹ lo que las hace también mecanismos con cierta corrección política, relativamente poco cuestionados por diversos sectores. En algunos casos las experiencias criollas reúnen uno o varios de los criterios de las comisiones convencionales pero tienden a ser más un híbrido de muchas cosas. Están también a medio camino, porque en estricto sentido ninguna de estas iniciativas, es radicalmente causa o efecto de una situación estándar de transición del conflicto al postconflicto o de una salida negociada a la guerra. La experiencia con mayor éxito en ese sentido, fue la Comisión del año 1958, que logró generar unas treguas importantes en medio del desangre bipartidista, especialmente en algunas zonas del departamento del Tolima.

En el país tampoco ha existido hasta ahora, una comisión de la verdad en estricto sentido de la palabra. Lo más parecido fue la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), creada por la Ley 975 de 2005 —Ley de Justicia y Paz— con un encargo gubernamental de funciones ambiciosas y problemáticas de realizar durante los ocho años de su mandato que terminó.¹⁰ De otra parte, algunas iniciativas criollas aunque han recibido el nombre de comisiones de la verdad, como en el caso de la Comisión de los hechos del Palacio de Justicia (2005), son más bien un híbrido entre las primeras y las extrajudiciales. En cuanto a estas últimas, en el país hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo: la Comisión creada en 1994 para investigar las masacres de Trujillo ocurridas entre 1988 y 1991, la Comisión para la búsqueda de la verdad en los eventos de Barrancabermeja (1998) y la Comisión del año 1991 que produjo el informe Pacificar la Paz en cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de César Gaviria, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL).¹¹ También existen otras con carácter intermitente lideradas por sectores y organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Ética creada en 2006 por iniciativa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Ahora bien, dentro de todas las comisiones que han tenido lugar en el país, resultan emblemáticas tres, precisamente por sus alcances nacionales, el impacto y la relevancia que tuvieron en sus lecturas de país, la resignificación de sus informes en la escena pública y las coyunturas políticas donde acontecieron. La primera, fue la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional nombrada en 1958 por una Junta Militar, en pleno contexto de transición política pactada por las élites nacionales. La Investigadora, como se le conoció por entonces, estuvo integrada por algunos sectores institucionales (partidos, ejército e iglesia) y se constituyó para facilitar la pacificación y la rehabilitación de las zonas afectadas por la Violencia. Además fue crucial para el posicionamiento de estrategias de asistencia social en los departamentos del Tolima, Valle del Cauca y Viejo Caldas, así como la creación de condiciones para la diseminación de responsabilidades por lo ocurrido en toda la sociedad, y no en los directos responsables del desangre (Cf. Jaramillo, 2011a).

La segunda fue la Comisión de Estudios sobre la Violencia, nombrada por el gobierno de Virgilio Barco en el año de 1987. Estuvo conformada por expertos en violencia, conocidos en los medios de comunicación como ''violentólogos'' y autodenominados como ''intelectuales para la democracia''. Tuvo dos objetivos básicos, un diagnóstico de la situación en ese momento y la generación de recomendaciones útiles para el gobierno. Del primero, resultó la construcción de unas tipologías académicas de violencias múltiples que describían lo que pasaba en los años ochenta en el país, especialmente con el sicariato y las violencias de la calle. Frente a lo segundo, planteó una serie de recomendaciones encaminadas a la generación de programas de seguridad urbana y a la construcción de escenarios y mecanismos de paz negociada con los actores armados.

La tercera experiencia correspondió a la tarea emprendida por el Área de Memoria Histórica (MH) de la CNRR, nombrada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La principal característica de esta subcomisión, conformada de manera más heterogénea que las anteriores iniciativas, es el avance en la construcción de unos relatos históricos sobre el terror, en zonas donde ocurrieron masacres llevadas a cabo por paramilitares y guerrillas, en algunos casos con complicidad del Estado, desde finales de la década de 1980. Esta subcomisión tiene origen en el marco de un proceso denominado de Justicia y Paz, el cual sufrió enormes cuestionamientos y transformaciones desde su creación. Alrededor del mismo existen tensiones aún no resueltas, entre los anhelos de reconciliación nacional de muchos y los escenarios de terror sistemáticos revelados por el ejercicio de la memoria histórica, especialmente en contextos donde la guerra continúa degradada en sus lógicas y tecnologías.

la nación. La primera, es antecedida por todo el desangre de los cuarenta y cincuenta, insertándose en el ideario de la política paliativa del Frente Nacional. La segunda, es nombrada en medio del incremento de las violencias urbanas, en ausencia de un gran pacto nacional pero con un correlato político en la apertura democrática de los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, hacia una paz negociada con la insurgencia. La tercera, es articulada en medio de un macroideario de seguridad democrática y unas narrativas de justicia transicional globales, resignificadas localmente por algunos sectores oficiales y cuestionadas por otros sectores sociales. Lo anterior nos conduce a afirmar que las comisiones sirven para movilizar narrativas y construir marcos de representación sobre lo ocurrido en algunas coyunturas críticas. Esto, por supuesto, debe entenderse en varias direcciones. Examinemos brevemente el asunto:

En primer lugar, a través de ellas lo que se busca es recuperar saberes sobre las violencias ocurridas, condensar memorias oficiales, además de legitimar la exclusión de unas voces y favorecer la inclusión de otras. Es decir, mediante ellas, ciertos grupos no reconocidos pueden ser visibles, algunos asuntos antes no tratados son tematizados en función de movilizar la atención nacional, pero también otros son dejados de lado. Así al menos lo han sugerido, para el caso uruguayo (Cf. Allier, 2010), para el caso sudafricano (Cf. Castillejo 2009; Christie, 2007), para el caso guatemalteco (Cf. McAllister, 2003) o para el caso peruano (Cf. Theidon, 2006). En la escena colombiana, esto es evidente en la Comisión de 1958 donde tienen cabida los partidos y los notables del pacto, pero se excluye a los campesinos. Además se canjea cierre al pasado de la violencia partidista y al establecimiento de responsabilidades específicas, por un nuevo comienzo para la nación (Cfr. Jaramillo, 2011a).

También es notorio en el caso de la Comisión de 1987 dado que los expertos, las voces autorizadas por el gobierno de turno para entender lo que pasa con las violencias urbanas en una especie de cónclave técnico, deciden que lo que necesita el país es canjear cultura de la violencia¹² por cultura democrática. En ese camino, no obstante, no ponderan con rigor en sus análisis los crímenes políticos a la Unión Patriótica (UP) y la situación de derechos humanos en el país. En la última Comisión es evidente por cuanto estamos asistiendo desde múltiples voces, pero con enormes tensiones sobre el activismo circunstancial de los expertos, a la revelación de algunas parcelas de nuestra realidad nacional, fracturadas en las últimas décadas por el terror. Aun así, en esa revelación, no está condensada la mayoría de la geografía del terror. En síntesis, estamos ante ''marcos generales de sentido'' o ''cuadros temporales más o menos comunes'' (Allier, 2010, p. 18) a partir de los cuales unos determinados sectores en un momento histórico específico, terminan no solo pensando, recordando y representando la guerra y la violencia (Cf. Crenzel, 2008), sino también posicionando ''capitales narrativos''¹³ que revelan y editan la historia, en función de determinados presentes y futuros.

En segundo lugar, las comisiones no solo condensan y administran saberes, sino también genealogías narrativas diferenciadas de país, al posicionar lecturas explicativas del pasado, diagnosis del presente y representaciones de futuro (cuadro 1). Sobre la base de estos marcos de representación se evocan y omiten responsabilidades en el desangre y se legitiman distintas lógicas políticas de solución a los conflictos de acuerdo con macrolecturas de época (pacificación/modernización/rehabilitación; paz dialogada/cultura democrática; seguridad democrática/escenarios posconflicto). Todo ello tiene lugar en una escena pública, donde ciertas verdades salen a la luz y otras se ocultan (Cf. Rabotnikof, 2005) o donde se iluminan unas cosas y se oscurecen otras tantas (Cf. Castillejo, 2010). En este sentido, alrededor de estos dispositivos rituales pueden pactarse funcionalmente acuerdos de caballeros como sucedió en 1958, realizarse anatomías académicas con cierta asepsia metodológica y corrección política de las violencias como fue característico de la iniciativa de 1987, o buscarse la generación de políticas ejemplares contra el terror en ambientes donde la guerra sigue y donde los horizontes transicionales no son una realidad de facto como se ha querido leer desde ciertos sectores oficiales.

Finalmente, el tipo de tramas narrativas derivadas de las comisiones no están dadas de antemano en el contexto público, están siempre determinadas por las circunstancias políticas presentes y pasadas, así como por los intereses en juego de los actores implicados. Alrededor de ellas emergen lecturas diferenciadas de país condicionadas por las racionalidades y posicionamientos de los actores académicos y políticos involucrados. Ellas condensan una variedad de interpretaciones sobre la guerra y las violencias con distintos efectos de verdad, es decir, no solo refieren a cómo se piensa la nación, sino también a cómo se preservan o contestan ciertos órdenes sociales en el tiempo (Cf. Alonso, 1988; Lechner y Güell, 2000). Es precisamente por esta connotación de preservación y contestación de órdenes, que las comisiones no tienen como única función investigar el pasado, sino también ensamblar discursivamente, manufacturar históricamente y administrar temporal e institucionalmente un franja importante de las narrativas de una nación. Retomando a Paloma Aguilar (2008) podríamos decir que condensan mucho de la representación pública del recuerdo de la guerra en una nación, a sabiendas que nuestra guerra, a diferencia de la española de la cual habla Aguilar, aún no ha terminado.

2. Una economía política sobre las experticias en violencia

Hablar de comisiones de estudio de la violencia, implica considerar los expertos que las integran. Estos representan un tipo específico de intelectuales profesionales que interpelan a la opinión pública desde sus saberes-poderes y que tienen lugar en un momento histórico del país, al igual que las comisiones. Estos saberes-poderes, así como su capacidad para distanciarse o acercarse frente a las estructuras institucionales que los contratan, los criterios de validación institucional que se construyen sobre su oficio y la resonancia que en la escena social tienen, sin lugar a dudas presentan ciertas singularidades en el contexto nacional. Precisamente como argumentan Sánchez (1998) y Botero (2010) cada momento histórico en el país desarrolla formas características de intervención de los intelectuales y criterios de validación propios de esa intervención.¹⁴ Además, su participación y compromiso dependen no solo de la ubicación en tanto categoría social, sino también del tipo de coyuntura social en la cual se materializa su papel y de su entronque con la organización de la cultura. En esa medida, si de acuerdo con los contextos sociales e históricos surgen también las mismas especificidades de los intelectuales,¹⁵ no es extraño que en unas coyunturas de la historia nacional aparezcan los expertos en violencias.

Pero al hablar de expertos en violencias tenemos que considerar que estamos refiriéndonos a personalidades que vienen desde hace varias décadas colonizando espacios institucionales y franjas importantes de la opinión pública informada nacional y regional. Incluso, no debemos pasar de largo que no hacen parte de un grupo homogéneo a lo largo del desenvolvimiento mismo de la guerra, el cual es explicable en su rol, solo a partir de las experticias privilegiadas y demandadas para cada época, tanto por los gobiernos como por las instituciones que los contratan. De otra parte, en Colombia los expertos no se reducen en su oficio al estudio de las violencias y a su presencia dentro de las comisiones, pues ya desde los años treinta se podría rastrear su participación como asesores en organismos como la Contraloría General y el Ministerio del Trabajo (Cf. Sánchez, 1998). El primero de estos organismos contribuyó a impulsar un conjunto de investigaciones sobre condiciones de vida de la clase obrera, contratando varias monografías regionales en esos años, por ejemplo, en Caldas, Boyacá, Antioquia, Atlántico, Santander y Cauca (Cf. Segura y Camacho, 1999; Jaramillo, 1994). Lamentablemente, la participación de los expertos en los organismos públicos y privados no es un tema estudiado con profundidad en el país.¹⁶

Ahora bien, uno de los antecedentes en la formación de un campo de experticia en violencias lo podemos encontrar en una primera camada de intelectuales que van a ser muy característicos en los inicios de las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX. Así, durante estas décadas, comienza un proceso de modernización de la academia y de la cultura nacional que conlleva el surgimiento de una cohorte de intelectuales profesionales con un rasgo característico: la crítica al poder. Esto se corresponde en el ámbito nacional con una ampliación de las instituciones educativas, una extensión del mercado de bienes simbólicos y de los públicos lectores, y un crecimiento de la demanda de analistas sociales y políticos (Cf. Sánchez, 1998). Este intelectual crítico estará cada vez más conectado a los centros académicos universitarios, por momentos con una intensa vocación de poder alternativo (incluso armado) con ciertas visiones explicativas del país, a partir de su propia memoria. Siguiendo a Silva (2007) es importante reconocer que posiblemente gran parte de las lecturas sobre la violencia y la guerra que terminaron impactando el mundo académico de los ochenta y noventa, fueron las de estos primeros expertos orgánicos que llegaron a los análisis históricos, politológicos o sociológicos emergentes por entonces, siendo hijos de la Violencia bipartidista. Además, fueron representantes de unas clases urbanas, algunas de ellas con historiales migratorios campo-capital que soportaron todo el embate de la política frentenacionalista. Será en esencia una generación de expertos politizados que realizarán desde instituciones como la Universidad Nacional, una primera anatomía de la violencia.

Un rasgo distintivo de esta generación de intelectuales fue que nunca se sintió representada en el sistema de reparto político frentenacionalista, siendo crítica permanente de los estragos que los partidos políticos causaron durante los años cuarenta y cincuenta (Cf. Silva, 2007). A la par del establecimiento de las denominadas causas objetivas de la Violencia, fue también una generación militante que compartió con la izquierda ciertos ideales programáticos. Además ayudó a educar a otra generación que emergería, caracterizada sobre todo por una experticia orientada a la construcción de taxonomías sobre el conflicto. En resumen, fue un grupo heterogéneo de intelectuales que intentó dar testimonio de sus orígenes, haciendo memoria de la guerra, afectada por su propia memoria de los hechos (Cf. Silva, 2007). Testimonio que en el caso de algunos los llevó a realizar una mixtura entre conocimiento y contestación política pero desde la arena civil, como en el caso de Orlando Fals Borda, y en otros a tomar las armas, como fue el caso del cura Camilo Torres.

Una de las experiencias centrales que logra condensar para la época esta visión anatómica, arqueológica y politizada de estos expertos es el libro La Violencia en Colombia (1962-1963), escrito por Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. Este libro constituirá con el tiempo la primera lectura emblemática del desangre nacional, ampliando y nutriendo académicamente lo que ya había hecho la Comisión Investigadora del año 1958. Un libro que, por cierto, utilizó herramientas de la ciencia social de la época, alimentándose en gran medida de la experiencia etnográfico-terapéutica de un cura con vocación sociológica que había participado de la primera Comisión, el cura Guzmán Campos, experto en fusionar confesión y testimonio en su experticia, sobre todo, para mapear regional y localmente el desangre y sus manifestaciones políticas y culturales.

A partir de entonces, una manera particular de intervención de los intelectuales profesionales, así como de las universidades, será notoria en la mirada sobre la guerra y las violencias (Cf. Pécaut, 1997; Sánchez, 2009). Así, a lo largo de los sesenta los académicos nacionales y los extranjeros, muchos de ellos en calidad de profesores visitantes¹⁷ vinculados a la formación profesional, especialmente en la Universidad Nacional de Colombia y en la recién creada carrera de Sociología, serán llamados por entidades del Estado para contribuir con sus saberes y conformar comisiones técnicas en las regiones.¹⁸ Y lo serán precisamente al calor del impacto que genera la Comisión Investigadora del 58, el libro La Violencia en Colombia y la vinculación de figuras importantes de la realidad universitaria de entonces, a ciertos organismos del Estado. En esta dirección será importante el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) creado en 1961 para apoyar las expropiaciones de tierra sin explotar y generar programas de intervención. Una pieza central en el enganche entre el mundo de los expertos politizados (especialmente los de la Universidad Nacional) y el Estado sería el cura Camilo Torres, miembro de la junta directiva de este organismo.

Precisamente, una de estas experiencias célebres, liderada por el Incora por vía de estos primeros expertos, tendrá lugar en el departamento de Tolima en 1962, en la región del Cunday, una de las más azotadas por la Violencia. Allí, la comisión creada para tal fin, intentará dar cuenta de la polarización del conflicto y de las secuelas de una guerra históricamente mal tramitada. Esta comisión será integrada por figuras académicas, como el geógrafo Ernesto Guhl, el cura Germán Guzmán y el antropólogo Milcíades Chaves. A su vez, estas comisiones locales y puntuales servirán como laboratorios de iniciación a los primeros estudiantes de Sociología, en el principal campo de acción para la época, la sociología rural. De esta experiencia, participarán por ejemplo, el sociólogo Álvaro Camacho, quien para entonces era un joven estudiante de Sociología de la Universidad Nacional, y quien junto con otra socióloga, Nohora Segura, apoyarán esta iniciativa al lado Guzmán Campos, específicamente en la realización de entrevistas a víctimas de la Violencia.¹⁹

Después de treinta años de generada la primera gran radiografía de la violencia y del surgimiento de estos intelectuales críticos del poder y expertos politizados, emerge la que Sánchez (1998) ha denominado la cohorte de los ''intelectuales para la democracia''. Educada durante el Frente Nacional, es la generación de académicos que tiene hoy el protagonismo en las ciencias sociales, en los centros de consultoría o en la vida pública. Habiendo militado en la izquierda, leído a los primeros anatomistas de la violencia y experimentado contacto con la academia extranjera (especialmente francesa, norteamericana e inglesa)²⁰ creyó que la democracia y no la vía armada era el mejor antídoto para desactivar las violencias nacionales. Son los que podríamos denominar los nuevos anatomistas de la guerra que pasaron de los estudios sobre las causas objetivas, a los análisis de las intencionalidades de los actores. Algunos, incluso, han migrado hoy hacia las denominadas memorias de las víctimas. Gran parte de estos nuevos expertos, aunque no únicamente, conformaron la Comisión de Expertos de 1987, la Comisión de Superación de la Violencia de 1991 y pertenecieron a otras comisiones gubernamentales. Algunos se han enganchado en el denominado Grupo de Memoria Histórica, tal es el caso de Gonzalo Sánchez y Álvaro Camacho Guizado.

Ahora bien, en este intento por realizar una economía política de las experticias en la guerra, nuestra percepción es que estos nuevos anatomistas de la guerra, condensaron visiones de país y agendas de futuro a través de institutos, como el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (Iepri) creado en 1986 o del Centro de Estudios Sociales de la misma universidad (CES) creado en 1985. Pero también lo harían desde otros centros de investigación creados por esta época, pero con agendas más regionales en sus investigaciones sobre el conflicto. Tal será el caso del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia (Iner) que nace en 1985, pero con una etapa importante entre 1994 y 1999 bajo la dirección de Hernán Henao, investigador y reconocido defensor de los derechos humanos, asesinado en 1999.

En este nuevo territorio epistémico donde se configuran redes académicas, entrarán en escena un buen número de observatorios y centros encargados de reflexionar sobre la inseguridad y la violencia urbana produciendo y difundiendo datos cuantitativos y cualitativos para las principales administraciones municipales o construyendo sistemas de información sobre las violaciones a derechos humanos.²¹ El debate político sobre las violencias se tornará también en un escenario de discusiones técnicas que irá desplazando su nicho desde la Universidad Nacional y particularmente desde el Iepri, que se había convertido desde su fundación en una especie de puente, entre el Estado y la intelectualidad.²² Van a emerger entonces otros espacios interesados en estudiar las múltiples manifestaciones de la violencia, entre ellos, el Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica de la Universidad del Valle (Cidse) y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes (CEDE).²³ Además, serán otras instancias del gobierno, como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los que demandarán la realización de estudios críticos sobre la temática o incluso otros espacios como las consejerías de los gobiernos de Betancur y Barco.²⁴

Bajo esta nueva lógica de los intelectuales para la democracia, redituarán muchos otros expertos haciendo de la guerra y las violencias objetos de estudio en los años noventa.²⁵ Algunos lo harán analizando sus efectos en el sistema político colombiano, otros tomando como camino la relación entre la guerra y la democracia, otros más convirtiendo a la impunidad o a la paz en objetos de escrutinio (Peñaranda, 2009). Mientras tanto, en unos y otros habrá una especie de ida y vuelta entre el análisis de las estrategias intencionales de los actores y los determinantes estructurales u objetivos de la guerra. El común denominador de todos estos expertos, menos politizados y con más corrección democrática, y pese a los distintos quiebres reflexivos entre ellos, será precisamente desglosar y microscopiar una serie de relatos con pretensión explicativa sobre el pasado y el presente de las violencias, al punto de que los medios terminarían naturalizándolos y objetivándolos como ''violentólogos''.²⁶

Algunos de estos nuevos expertos tienen hoy reconocimiento gubernamental y cierta legitimidad social y política en la escena nacional, aunque no deja de cuestionárseles su posición de funcionales a ciertos gobiernos, como resultó para muchos el caso del sociólogo y politólogo Eduardo Pizarro durante el gobierno de Uribe Vélez. Lo sean o no, lo cierto es que en el universo de algunos críticos se les denomina con visceralidad como ''los burócratas intelectuales de la violencia''.²⁷ Otros de esos nuevos expertos e intelectuales fueron, sin embargo, objetivos militares, como aconteció en los casos de Jesús Antonio Bejarano, Darío Betancur, Héctor Abad Gómez y Hernán Henao. Funcionales, estigmatizados o héroes caídos por sus ideas, es importante señalar que muchos de ellos serán los ''facilitadores informales de la comunicación entre el Estado y la insurgencia, o los actores comprometidos en la consolidación de los procesos ya formalizados'' (Sánchez, 1998), cosa impensable antes de los ochenta. Además, un aspecto llamativo y problemático a la vez, es que a partir del análisis de sus trayectorias, las influencias intelectuales que han tenido, las camadas de jóvenes investigadores que han contribuido a formar y las citas que se hacen de sus textos, es posible entender que gran parte de la historia y la narrativa nacional que hoy se tematiza sobre la violencia y la guerra, es recuperada e imaginada desde sus obras. Si se quiere, las ''palabras de la guerra'', para utilizar libremente una bella metáfora de Uribe y López (2010), que circulan hoy en el ambiente de los interesados sobre estas temáticas, son las narrativas condensadas en los informes y perspectivas de estos expertos. Estas palabras configuran gran parte de las lecturas del pasado y del presente (estemos o no de acuerdo con ellas) ya sea compartiendo evidencias empíricas mínimas, acudiendo a marcos literarios comunes o distanciándose radicalmente de ellos. Al final de cuentas, todas ellas terminan impactando y moldeando otras narrativas y probablemente ciertos temas cruciales sobre los cuales se va completando la gran trama global de la violencia. De esta trama, muchas generaciones nuevas se nutren, pero también otras más la confrontan (Rueda, 2008).

Precisamente a partir del trabajo de estos intelectuales para la democracia pero también en reacción a mucha de su ''higiéne [sic] metodológica que terminó borrando el rostro humano de la tragedia humana de la violencia'' según algunos críticos,²⁸ ha surgido la que podríamos denominar una novísima generación de expertos en violencias. Ella al día de hoy, bastante heterogénea en sus orígenes y perspectivas, cobra importancia no tanto porque agende en sus preocupaciones la guerra o realice nuevas y más provocativas taxonomías de las violencias, sino por las maneras sutiles de exploración de sensibilidades comunitarias en escenarios vulnerados por los guerreros, o la artesanía desplegada en terreno en el trabajo con las víctimas.

3. Continuidades, rupturas y tensiones alrededor de las experticias en dos comisiones

Al hablar de continuidades, rupturas y tensiones sobre las experticias en las comisiones, dos experiencias son cruciales. Por una parte, la comisión de 1987 que consolida una generación de expertos caracterizados por las taxonomías académicas; por otra parte, el área de Memoria Histórica (MH) donde parece emerger un nuevo grupo de intelectuales públicos más preocupados por las políticas de memoria, algunos de sus miembros motivados además, por cierto activismo teórico y circunstancial. En su momento, la lectura que hizo el coordinador del equipo de 1987, en este caso Gonzalo Sánchez que además coordinó hoy el grupo de MH, fue que se trató de un grupo diverso de académicos cuya ''intervención era exclusivamente propositiva: diagnosticar y recomendar'' (Sánchez, 2009). En una entrevista reciente, este mismo coordinador reconocería que en esencia fueron ''expertos delegados''²⁹ por el gobierno de Barco, con funciones eso sí muy limitadas para diagnosticar en poco tiempo (cuatro meses) la multiplicidad de violencias y generar recomendaciones de rápida aplicación. Para otros se trató de un equipo que supo ''mediar entre la disciplina intelectual y la disciplina política'' (Grupo de Estudios sobre la Violencia, 1987). Incluso, no faltó quien considerara que con ellos se formó una especie de comunidad moral que trascendió su carácter de estudiosos de la violencia, para vincularlos estrechamente ''con el carácter virulento del asunto estudiado'' (Cubides, 1987). Ahora bien, nuestra impresión es que no se trató solo de un conjunto de expertos que produjeron informes, ni tampoco de burócratas intelectuales, como Renán Vega Cantor los ha llamado, sino de académicos que condensaron visiones de país y agendas de futuro.

Estas visiones y agendas, especialmente la preocupación por las violencias de las calles, la cultura democrática y la paz en clave negociada, estuvieron empacadas bajo cierta higiene metodológica, caracterizada por el prurito clasificatorio y una especie de manía sociológica muy propia del momento y de algunos de sus integrantes, que buscaba explicar las variaciones y tendencias de las violencias en los contextos urbanos y locales. Evaluada hoy, esta Comisión fue básicamente un espacio de consejo técnico para un gobierno pragmático con baños de humanismo (el gobierno de Virgilio Barco) que no encontró la salida a la crisis de los años ochenta y que demandó la fabricación y entrega rápida de un informe especializado y propositivo. En una época en la que había una ausencia total de pacto nacional (muy diferente a la de 1958, cuando a la Comisión Investigadora la cobijó el Frente Nacional) y múltiples violencias rondando la vida de los ciudadanos, estos nuevos expertos en taxonomías, tendrán precisamente su momento estelar para producir un flash analítico, que a la vez que lee lo que pasa, recete algo fácil de digerir y operar en política pública. El remedio recetado serviría para avalar decisiones gubernamentales en la destinación de fondos sobre problemas de seguridad y orden público, eso sí con cierto grado de asepsia política propia del espíritu democrático de la época.³⁰ Aun así, no hay que pasar por alto que tangencialmente algunas propuestas de los comisionados tendrán eco en la Constitución del 91.³¹

En lo que refiere a la subcomisión de Memoria Histórica, a pesar de que su trabajo aún está por evaluarse con más ponderación, la impresión es que nos encontramos frente a académicos un poco más alquimistas y menos higiénicos en sus pretensiones. Esto puede ser evidente para quien lea los informes de memoria producidos por ellos, todos ellos muy disímiles entre sí, donde básicamente combinan análisis históricos y dinámicos de la guerra, con políticas de memoria muy presentistas, además de cierta terapéutica social para la reconstrucción de tejido social en las comunidades afectadas por las masacres. Posiblemente, esta alquimia esté relacionada con que la mayoría de sus miembros son de todo un poco, es decir, investigadores, profesores universitarios dentro y fuera del país, directores de centros de investigación, consultores independientes y activistas. Quizá también se deba a la existencia de nuevas sensibilidades en el trabajo con las víctimas y las comunidades, sensibilidad desconocida en la experiencia de 1987. Además, es un colectivo con un número significativo de jóvenes asistentes de investigación que contribuyen en el trabajo de campo a nivel regional, específicamente en el proceso de recolección y análisis de información. Es decir, MH es un colectivo en el que se combinan e hibridan tanto los acumulados académicos de los expertos más o menos canónicos (Gonzalo Sánchez, Camacho Guizado, Iván Orozco, María Victoria Uribe y Fernán González) como los activismos teóricos de ciertos consultores (León Valencia y Rodrigo Uprimny), con las artesanías de trabajo y las sensibilidades de los novísimos investigadores (Martha Nubia Bello, Andrés Suárez, Pilar Riaño, María Emma Wills y Jesús Abad Colorado). Estos últimos estarían contribuyendo en la consolidación de nuevas agendas de investigación, donde emergen preocupaciones por las narrativas visuales, la relación entre lo étnico, el género y la guerra, las iniciativas y los registros plurales de memoria, así como los procesos sicosociales, las etnografías del dolor y las dimensiones públicas del terror.

De otra parte, si comparamos esta experiencia de 2007 con la iniciativa de 1987, tenemos diferencias importantes en los criterios que pesaron para los nombramientos y que van a moldear también los posicionamientos de estos académicos, las exigencias que se les imputa y las sensibilidades en el trabajo asignado. Así, en la de 1987 la condición de expertos y técnicos en diálogo con el Estado fue decisiva para el nombramiento, mientras que en la nueva experiencia pesaría la búsqueda de un intelectual con cierto activismo teórico. Es decir, un intelectual que no solo genere diagnóstico del momento, sino que asuma su labor dentro de un ámbito mayor de proyección y responsabilidad social en un país en guerra. Un intelectual que sepa no solo cartografiar la realidad del momento, sino también ser testigo de las secuelas del horror, recuperando además cosas que la gente o ciertas instituciones en el país no ha querido ver. Y ese es un tránsito hermenéutico importante en la economía política de las experticias, pasar del diagnóstico aséptico a la visibilidad del testimonio traumático y de allí a un posicionamiento de memorias ejemplares.

En ese sentido, desde la óptica de Gonzalo Sánchez, este es un equipo que está realizando un esfuerzo por ''hacer visible las memorias de las víctimas'', sin querer decir con ello que son una ''especie de conciencia ética de la sociedad''. Para él, solamente hacen una labor con rigor desde la academia, procurando una gran dosis de sensibilidad frente a lo que están observando y escuchando en terreno.³² Además, respecto a la experiencia de 1987, cuando se estaba hablando desde el universo de la academia a petición del Estado, hoy en cambio, se está haciéndolo desde el corazón mismo del Estado. Así, para Sánchez, ''el trabajo tiene la fuerza de la palabra del Estado''. A esto se suman los impactos que lo recabado está teniendo sobre los informes internacionales, por ejemplo, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las masacres ocurridas en algunas zonas del país (casos del Salado y la Rochela).

Con MH estamos frente a un grupo de expertos que refleja las nuevas disposiciones del campo político y académico de los estudios sobre la violencia en el país en las últimas dos décadas. Un campo en el que operan transmutaciones de violencias, que hacen estallar nuevas lógicas de trabajo, donde aparecen zonas de estudio antes no contempladas. Un campo que conjuga la macropolítica de la guerra, con la biopolítica de las masacres y que avanza hacia una micropolítica de las resistencias (Blair, 2010). En este sentido, es interesante observar cómo estos intelectuales, no todos por supuesto, tienen que insertarse a trabajar en territorios donde no lo habían hecho antes los expertos o que otrora fueron marginales en la escena de la guerra (por ejemplo, la Costa Caribe), al carecer de importancia estratégica dentro de la dinámica del conflicto armado en los años cincuenta cuando se instala la Comisión Investigadora; territorios que en la década de 1980 poco a poco fueron pasando a ser protagonistas de excepción. Además, MH no se explica sino en un momento de negociación con los paramilitares, cuando una oportunidad que era negativa se volvió positiva. Y aquí viene todo un movimiento circunstancial de los académicos a favor de la memoria de las víctimas, o lo que en palabras de algunos analistas es la emergencia de la ''micropolítica del testimoniar'' (Jiménez, 2011).

Pero en la medida que este grupo está cada vez más cercano a esa micropolítica del testimoniar, a diferencia de la comisión de 1987 que no contempla para nada esta narrativa, MH parece estar en tensión latente, como ninguna otra comisión en la historia del país sobre ''lo que dice'', ''cómo se dice'' y ''con qué se fundamenta''. Así, los intelectuales acostumbrados a verbalizar y editar por voz interpuesta los relatos de otros, están obligados ahora a consignar en los informes producidos ''sólo aquello que se puede probar con fuentes empíricas''.³³ Es decir, estos nuevos expertos tienen la obligación de archivar y recodificar la memoria bajo ciertos requisitos, además ser conscientes que están removiendo dolores y expectativas de cambio en las comunidades, para las cuales los denominados expertos de otras experiencias, no tenían todas las herramientas. En ese sentido, según Sánchez, ''toca multiplicar esfuerzos, ser no sólo investigadores sino también psicólogos de la sociedad y de nosotros mismos''.³⁴ Además, son expertos enfrentados con andamiajes institucionales insuficientes para su tarea en las regiones donde trabajan; para las organizaciones sociales que están haciendo esta labor y que no tienen ya cómo responder. De esta manera, si la experiencia de 1987 fue la de un grupo de expertos a favor de la democracia que hizo su labor desde las oficinas del Iepri y que impactó en ciertos sectores con un informe académico, hoy hablaríamos de ''intelectuales a favor de las víctimas que impactan en diversos escenarios [...] incluso, tejiendo un puente más fluido entre la academia, las instituciones y las víctimas''.³⁵

De todas maneras, esta emergencia de cierto activismo circunstancial por las víctimas y sus dolores, no es compartida con unanimidad por todos, dentro y fuera de MH. En ese orden de ideas, varias de las entrevistas realizadas evidencian que en el grupo hay quienes son críticos del activismo intelectual y otros que ven que las fronteras entre la experticia y el activismo son porosas hoy en día y que a diario transitan entre una y otra esfera. Nuestra impresión es que con estas nuevas experticias, unos están queriendo entrar en las identidades y memorias de las víctimas y otros queriendo salir de ellas, para desde el relato académico, contribuir a explicar las dinámicas regionales y las lógicas de los actores que impactan los escenarios de masacres.³⁶ Los académicos que vienen saliendo del universo pro víctimas se sienten un poco desgastados y consideran que el eje fuerte deben ser los informes, de los cuales el grupo ya ha producido varios; los que están entrando con más entusiasmo (especialmente los novísimos expertos) le apuestan a visibilizar otras estrategias de pluralización de la memoria. Los primeros le apostarían a la construcción de una narrativa histórico-social condensada en informes en un sentido estricto, los otros a los procesos, a ''abrir posibilidades plurales para la reconstrucción de la memoria''.³⁷

Finalmente, es posible sugerir que desde fuera, algunos consideran que esa imagen del activismo teórico y circunstancial les sirve a los miembros de MH para ganar en aceptación, reconocimiento social y visibilidad pública de su trabajo, pero también para ''blindarse'' dentro del argumento manido de lo políticamente correcto. Así, se insertan en un trabajo pro víctimas, invaluable desde muchos puntos de vista, pero siempre dejando claro que, en medio del conflicto, la reconstrucción de la memoria tiene limitaciones insalvables y como grupo no pueden traspasar esa limitación.³⁸ Aún así, debe reconocerse que ese horizonte pro víctimas ha llevado a varios de los novísimos expertos a enfrentarse cada vez más a algo inédito en la historia de la experticia nacional, a los retos de lo que Castillejo (2009) y Aranguren (2008) denominan una ''ética de la colaboración'' y una ''epistemología de la proximidad'': a realizar procesos consultivos con las comunidades y los sobrevivientes; a socializar aprendizajes mutuos y desaprendizajes entre quienes llegan de afuera, especialmente de la capital del país, en busca de relatos y los que desde dentro de las comunidades padecen. Estos expertos están aprendiendo a ser conscientes de que así como se archivan voces, también pueden excluirse otras narrativas históricas. Además, están ponderando mejor su responsabilidad como académicos en medio de la guerra, preguntando cada vez más por la naturaleza de la producción de ese pasado y presente que se está archivando como parte de su experticia. Pero sobre todo, están teniendo que examinar con cuidado cómo se llega a las comunidades, qué se extrae de ellas, cómo se compila en un informe, cómo se ''retorna sistemáticamente'' ese producto (para utilizar una bella expresión del sociólogo Orlando Fals Borda) y cómo se discute en la escena pública.

Reflexiones finales

En este artículo hemos destacado cómo las comisiones y los expertos resultan cruciales como correas transmisoras de visiones de país y de procesos de manufacturación de la historia nacional en determinadas coyunturas críticas. En este sentido, avanzamos en mostrar que ambos fungen como marcos de representación que permiten ensamblar narrativamente y administrar temporal e institucionalmente lo que luce difuso y muchas veces innombrable de la guerra y las violencias nacionales. También sugerimos que ambos dispositivos ayudan con rupturas, continuidades y litigios a delimitar, editar, ordenar, estructurar y explicitar formas institucionales especializadas de construcción de explicaciones sobre el pasado nacional, de diagnósticos sobre el presente y de lecturas sobre el futuro del país. Finalmente, procuramos señalar que en tanto tecnologías de poder y potenciadores de sentido, las comisiones y los expertos no solo sirven para administrar el pasado, sino que sus efectos van más allá de nuestra relación con los conflictos vividos siendo afectadas por los contextos sociopolíticos.

No obstante, somos conscientes de que las consideraciones hechas son bastante limitadas por el tipo de fuentes y trabajo emprendido hasta el momento. En ese sentido, nos parece que posteriores reflexiones sobre estos dispositivos deberían revelar de forma más densa, al menos para la experiencia de Memoria Histórica, las negociaciones y disputas surgidas desde otros actores (por ejemplo, las comunidades y las organizaciones de víctimas) frente a los alcances políticos, metodológicos y éticos que pueden tener a mediano y largo plazo las nuevas experticias en violencias. Una tarea posterior a este ejercicio, será más etnográfica y menos histórico-hermenéutica si se quiere, sobre todo para dar cuenta de las enormes dificultades que derivan de una relación de doble poder en la que una comisión como la MH y, por ende, unos saberes-poderes expertos se insertan: la del poder estatal que los contrata y la del poder social infraestructural que demanda su trabajo, pero también confronta la legitimidad de lo que hacen y pretenden posicionar.

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7. Uribe, María Victoria, entrevista, Bogotá, 10 de marzo de 2010.

8. Antequera, José entrevista, Bogotá, 16 de abril de 2010.

9. Guzmán, Álvaro, entrevista, Cali, 24 de mayo de 2010.

Notas

* Un borrador inicial de este texto se presentó en la mesa de trabajo ''Intelectuales y poder'' en el III Seminario Internacional Los barómetros de la democracia: mitos y realidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, del 4 al 6 de noviembre de 2010. Fue reformulado gracias a las recomendaciones de los pares evaluadores a los que extiendo mi agradecimiento. El texto se inscribe en la tesis doctoral titulada ''Las comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia: tramas narrativas y ofertas de sentido temporal para comprender la violencia''.

1 Para una ampliación del tema se recomienda Arias (2008) que aborda los dispositivos institucionales para el trámite y logro de la paz en Colombia desde el gobierno de Julio César Turbay Ayala hasta el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

2 Por economía del texto no entramos en consideraciones analíticas sobre estas diversas manifestaciones y las sutiles calificaciones semánticas producidas en la academia colombiana alrededor de ellas. Al respecto pueden resultar esclarecedores los textos de: Palacios (2002), Posada (2001; 2006), Posada, Nasi, Tobón y Lair (2003), Sánchez (2003) y Uribe (2011).

3 Entiéndase por estas políticas, iniciativas y prácticas oficiales y no oficiales adoptadas por diversos países para hacer frente a las violaciones de los derechos y acometer procesos de reparación, justicia y memoria. Son de carácter público y están destinadas a recodificar determinadas interpretaciones sobre algún acontecimiento pasado relevante para un grupo social o para el conjunto de un país (Aguilar, 2008; Sieder, 2002).

4 Estas nociones se alimentan de Ricoeur (2000; 2009) y Rabotnikof (2007a, 2007b).

5 Término que extraigo de Marcus (1995).

6 Para la investigación doctoral documentamos once iniciativas entre comisiones de estudio y comisiones extrajudiciales. Para ampliar la discusión véase Echeverría (2007), Springer (2002), Procuraduría General de la Nación (2008) y Jaramillo (2010b).

7 Por ejemplo, Uganda (1974; 1986-1987), Chile (1990-91; 1992), Ecuador (1996-1997; 2007), El Salvador (1992-93; 1993-94), Sudáfrica (1993; 1995-2000), Bronkhorst (1995); Hayner (2008); López (2007).

8 Se encargan oficialmente de esclarecer crímenes y violaciones de los derechos humanos en contextos de transición y de hacer justicia para con las víctimas (Cf. Hayner, 2008; López, 2004; Kalmanovitz, 2005).

9 No le apuestan al esclarecimiento histórico de la verdad, sino que les urge una pretensión de investigación judicial en situaciones de debilidad institucional o de desarrollo del confl icto (Cf. Ceballos, 2009).

10 Sobre los alcances del proceso de Justicia y Paz, al menos entre 2005 y 2010, puede consultarse Jaramillo (2010a).

11 Para un balance de estas iniciativas durante los noventa véase Jaramillo (2010b).

12 Este término se convirtió en el caballo de batalla de muchos de los críticos del informe de 1987, titulado Colombia, Violencia y Democracia. Lo fue especialmente del economista Fernando Gaitán (2001) y del grupo de investigación Paz Pública de la Universidad de los Andes. Todos ellos leyeron el término como si la ''lógica de la violencia fuera inexorable en el país''. Sin embargo, en entrevistas con varios de los excomisionados, se reconoció que ellos solo querían dar cuenta de la existencia de ''tendencias y regularidades explicativas'' donde lo cultural cobraba matiz importante como dimensión dentro del análisis de las violencias.

13 Tomo prestado el concepto de Theidon (2006).

14 Por cuestiones de espacio, no podemos desarrollar aquí una genealogía de la intelectualidad criolla, sin embargo, se recomiendan en este sentido, los trabajos de Botero (2002), Jaramillo (1996), Jaramillo J. (2011), Urrego (1991), Sánchez (1999), Villaveces (1998, 2006), entre otros.

15 De esta forma es posible concebir que en ambientes totalitarios los intelectuales sean consejeros e intérpretes del poder (Maquiavelo) o masa crítica y orgánica de una sociedad (Gramsci); en escenarios de democracia restringida sean movilizadores de opinión pública (Zola); en contextos de dominación colonial, defensores de las causas subalternas (Fanon) o en escenarios ausentes de crítica, epistemólogos combativos (Bourdieu).

16 Valga resaltar aquí que Botero (2010) ha señalado la importancia de los expertos y asesores en Antioquia a mediados finales del siglo XIX.

17 Por ejemplo, Andrew Pearse, Everett Rogers, Arthur Vidich y T. Lynn Smith, entre otros (Cataño, 2008).

18 Jaramillo (2011) muestra cómo la Escuela Normal Superior y la primera época de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, constituyeron momentos de condensación creadora de expertos plurales, no solo en el plano contestatario o rebelde. Fue de especial importancia la ''tertulia de los sábados'' nacida en 1951 y visitada, entre otros, por Roberto Pineda, Virginia Gutiérrez, Darío Mesa, Milcíades Chaves, Miguel Fornaguera, Orlando Fals Borda y Ernesto Guhl. Esta tertulia sería la base para la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional.

19 Entrevista con Álvaro Camacho, Bogotá, julio de 2010.

20 Por ejemplo, solo para citar los casos de algunos que han hecho parte de comisiones, Gonzalo Sánchez amplió su formación en Inglaterra; Eduardo Pizarro y Carlos Eduardo Jaramillo lo hicieron en Francia; Álvaro Guzmán, Álvaro Camacho, Darío Fajardo y Jaime Arocha lo hicieron en Estados Unidos.

21 Tal será el caso del Banco de Datos sobre Derechos Humanos y Violencia Política, que se inició en 1987, bajo la responsabilidad conjunta del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Este banco es uno de los más completos del país y de Latinoamérica.

22 Para el caso de las agendas de investigación, por ejemplo del Iepri, se recomienda el balance de Pécaut (1998) y el realizado por Ramírez (2008). Es notable en el país la ausencia de un trabajo denso sobre la economía política de esas diversas agendas y centros de investigación dedicados al estudio de las violencias y la paz en Colombia.

23 El Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (Cidse) nació en 1976 y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) en 1958. Especialmente el último, a través del grupo de investigación Paz Pública, produce material académico que profundiza y reacciona frente a la Comisión de 1987. A propósito existen en línea documentos de trabajo de este grupo, entre otros, de Mauricio Rubio (sobre criminalidad), María Victoria Llorente (sobre evolución de la policía), Camilo Echandía (sobre geografía del conflicto) y Andrés Dávila (sobre la relación entre civiles y militares). Un trabajo significativo de ellos fue el compilado por Deas y Llorente (1999).

24 Por ejemplo, la Consejería para la Normalización, la Rehabilitación y la Reconciliación creada en 1986 sería no solo un espacio burocrático para la paz, sino también un verdadero tanque de pensamiento de la época, movilizador de muchas de las voces democráticas del momento. De ella harían parte Carlos Ossa, Rafael Pardo, Jesús Antonio Bejarano, Jorge Orlando Melo, Carlos Vicente de Roux, Alfredo Molano, Daniel García Peña, Iván Orozco y Carlos Eduardo Jaramillo (Cf. Melo, 2008; Arias, 2008).

25 A partir de 1995, algunos economistas irán colonizando cada vez más el espacio de los estudios sobre violencia en el país, territorio de conocimiento habitado tradicionalmente por la estirpe sociológica (Bonilla, 2009). Para un análisis sobre la relación entre saber y poder en el campo económico, se recomienda Palacios (2001).

26 Etiqueta desafortunada y simplificante, según Álvaro Guzmán Barney (entrevistado en Cali, mayo de 2010) y Jaime Arocha (entrevistado en Bogotá, mayo de 2010), pues la apuesta de los expertos no fueron las taxonomías del desangre sino su desactivación democrática. Para discutir este ''neologismo impresionista'' surgido de la pluma de una periodista de revista Semana, se recomienda Segura y Camacho (1999), Ramírez (2008) y el artículo Los violentólogos publicado en la revista Semana (2007, 15 de septiembre).

27 Al respecto consultar el artículo de Renán Vega Cantor ''La burocracia intelectual de la guerra y la creación de una nueva historia oficial sobre la violencia''. [en línea]. Disponible en: http://www. rebelion.org/noticia.php?id=132935. [Consultado 20 de octubre, 2011].

28 Palabras de la antropóloga María Victoria Uribe consignadas en el texto de Villaveces (1996).

29 Entrevista realizada en Bogotá en julio de 2010. La entrevista completa aparece en Jaramillo M. (2011b).

30 Por ejemplo, el énfasis en el ''tratamiento integral de la violencia'' que atraviesa la arquitectura de la Estrategia Nacional Contra la Violencia de la administración Gaviria, se debe básicamente al aporte de los comisionados de 1987. Aun así, no debe pasarse por alto que el informe de estos comisionados fue leído también por este gobierno en clave de ''seguridad nacional suavizada'' (palabras de Camacho Guizado, entrevista, realizada en Bogotá, en julio de 2010), es decir, para mejorar la capacidad operativa y de respuesta militar del gobierno ante los grupos armados (Leal, 2002).

31 Entre estas propuestas estaba una reforma política amplia para producir un nuevo pacto social, la apertura democrática bloqueada desde el Frente Nacional para amplios sectores, y una legislación étnica más amplia que tuviera en cuenta la inclusión sociorracial y territorial de los pueblos afrocolombianos. Estos datos fueron ponderados en entrevistas con Jaime Arocha y Álvaro Guzmán (entrevistas realizadas respectivamente en Bogotá y Cali, en mayo de 2010).

32 Entrevista con Gonzalo Sánchez, Bogotá, julio de 2010.

33 Entrevista con María Victoria Uribe, Bogotá, mayo de 2010.

34 Entrevista con Gonzalo Sánchez Bogotá, julio de 2010.

35 Entrevista con Eduardo Pizarro, Bogotá, junio de 2010.

36 Es la impresión que me surge de la entrevista con Fernán González, Bogotá, junio de 2010.

37 Entrevista con Pilar Riaño, Bogotá, abril de 2010.

38 Conversación con José Antequera, Bogotá, abril de 2010.