Introducción

Con el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos de 2016, no solo se puso fin a un conflicto armado con la guerrilla más longeva de Latinoamérica, sino que las partes acordaron la transformación de este grupo armado en partido político. Al respecto, el punto dos de la agenda de paz sentó las bases para la creación del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), estableció provisiones complementarias para facilitar su participación en la competencia electoral por el poder y determinó condiciones específicas relativas a la apertura democrática a partir de la terminación de las hostilidades.

Si bien la reincorporación política de excombatientes, en este caso de las FARC-EP, figura en la literatura sobre construcción de paz como un incentivo clave para avanzar en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, así como para evitar una reactivación del conflicto (^{Matanock, 2017}; ^{Dudouet, Planta y Glessmann, 2016}; ^{De Zeeuw, 2008}; ^{Söderberg, 2007}), en realidad no es un proceso fácil de acordar ni de sostenerse en el tiempo. Un primer asunto clave es que tan solo 13,88% de los acuerdos de paz que se firmaron en el mundo entre 1975 y 2011 establecieron condiciones relativas a la transformación o reconocimiento de grupos rebeldes en partidos políticos (^{Söderström, 2014, junio 17}). De acuerdo con ^{Matthew Shugart (1992, p. 121)}, tal tipo de provisión es el resultado de un cálculo racional de las partes de la confrontación en términos de las posibilidades y limitaciones inherentes a hacer parte de la competencia electoral o continuar con el conflicto armado, donde lo que es claro es que los Estados y sus élites no siempre están dispuestos a llevar a cabo una apertura política que permita la participación electoral de rebeldes en calidad de grupos políticos.

Además, el segundo asunto clave tiene que ver con las condiciones de riesgo y oportunidad que inciden en la participación política de grupos armados, una vez ya se han convertido en partidos políticos. Al respecto, varios estudios se han centrado en estudiar los factores institucionales y no institucionales que favorecen o impiden la participación de un grupo armado en política. Entre los factores institucionales se han considerado variables como las provisiones políticas y de seguridad establecidas en el Acuerdo final, las reformas normativas y procedimentales, así como las garantías que brinda el Estado en materia de competencia electoral (^{Dudouet, Planta y Glessmann, 2016}; ^{Shugart, 1992}). De otro lado, entre los factores no institucionales, se ha hecho referencia tanto a las condiciones organizacionales del grupo armado —su cohesión interna, su motivación y experiencia política y legitimidad social—, como a variables de contexto relativas a la historia reciente del conflicto, la situación político-económica y de seguridad en el periodo de posguerra y la fragmentación o polarización social (^{Schrader-Rashidkhan, 2016}; ^{Dudouet, Planta y Glessmann, 2016}; ^{Cepeda, 2009}; ^{De Zeeuw, 2008}; ^{Ball, 1997}). En conjunto, estas aproximaciones constituyen el marco teórico para este artículo.

La reincorporación política de la FARC resulta ser un proceso de largo aliento y que aún enfrenta múltiples desafíos. Por ejemplo, en el mediano y largo plazo no es tan clara la continuidad de este nuevo partido dentro del Poder Legislativo, si se tiene en cuenta el bajo número de votos obtenidos por la FARC en las elecciones de marzo de 2018 en el ámbito nacional. No menos importante, en el contexto de la implementación de los acuerdos existen fuerzas opuestas a la participación política de la antigua guerrilla, entre las que se encuentran tanto élites políticas como grupos armados.

De acuerdo con lo anterior, el propósito de este artículo es discutir los alcances y retos de la reincorporación política de las FARC-EP a partir de dos variables centrales: los resultados electorales para Congreso y la evolución del conflicto armado y la violencia. En este marco, se presenta un balance de la votación obtenida por el partido FARC en marzo de 2018 y de varias condiciones institucionales que inciden en su participación política y se aborda el impacto de variables no institucionales mediante un análisis de la relación entre los resultados electorales de la FARC y la presencia de grupos armados, economías criminales y el asesinato de líderes sociales. Ahora bien, la evaluación de estos asuntos no solo tiene en cuenta tendencias de orden nacional.

De manera transversal este artículo también considera algunos patrones regionales y, más específicamente, algunos avances y obstáculos de la participación de la FARC en el Catatumbo. En términos político-electorales es importante mencionar que el Catatumbo, con un tradicional predominio del partido conservador, experimenta en los últimos años un giro hacia la izquierda, principalmente en los municipios donde las guerrillas han tenido mayor influencia. De esta manera, la izquierda se convirtió en una fuerza determinante de los resultados de las votaciones presidenciales en la segunda vuelta de 2014, la refrendación popular del Acuerdo final de 2016 y en las elecciones legislativas de 2018.

Además, en la evolución reciente del conflicto cabe mencionar que el poder de adaptación de las FARC-EP le permitió mantener una influencia sostenida en el Catatumbo hasta el cese al fuego bilateral. En esta región se registró el incremento de la presencia de esta guerrilla a raíz de la ofensiva militar del Estado que presionó el repliegue de sus frentes desde la zona plana a los municipios situados sobre la cordillera. Con la terminación de las hostilidades entre las FARC-EP y el Gobierno, entre los factores que en la actualidad ponen en riesgo el proceso de reincorporación social y política de las FARC-EP en el Catatumbo, la disputa entre organizaciones armadas alrededor de los cultivos de coca en expansión es el que reviste mayor gravedad. Como es sabido, la región ha visto incrementadas las hectáreas sembradas en los últimos años, sobre todo en la zona de la Gabarra y en su entorno cordillerano. Aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de liberación (EPL) —o los Pelusos, disidentes de este último— ya tienen una participación significativa en la compra de hoja de coca, el tráfico de insumos y el transporte de la cocaína, ambas organizaciones pretenden lograr a sangre y fuego el control total del narcotráfico en la región. Las contradicciones surgidas entre grupos armados también tienen como incentivo la funcionalidad de la frontera con Venezuela, una posición de enorme valor estratégico, por cuanto les provee los medios financieros y logísticos. Asimismo, la cercanía a la zona de frontera permite a las organizaciones por fuera de la ley eludir la acción de la Fuerza Pública, establecerse en territorio venezolano y lanzar ataques desde allí (^{Echandía y Cabrera, 2019}).

En suma, el artículo ofrece una reflexión sobre los desafíos que rodean la participación política de los excombatientes de las FARC-EP, incluso cuando persisten el conflicto y la violencia en distintas zonas de Colombia. Bajo este horizonte, la investigación se basó en una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. En primer lugar, con el fin de establecer un análisis sobre la votación por el partido FARC, se adelantó una consulta y procesamiento de datos primarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil relativos a los resultados electorales de las votaciones al Congreso 2018 en el ámbito nacional. En segundo lugar, en función de incorporar el impacto de la presencia y actividad de grupos armados y eventos violentos sobre el proceso de reincorporación de las FARC-EP, se utilizó la información secundaria de la plataforma de datos multitemporal del Proyecto de seguimiento del conflicto armado en Colombia¹ del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia. En tercer lugar, se revisaron fuentes secundarias en términos de bibliografía especializada sobre variables de éxito y riesgo para la participación política de excombatientes, así como documentos analíticos e informativos de prensa, de centros de pensamiento y los resultados de encuestas de opinión.

Además, con el software ArcGis 10.5 (^{ESRI, 2018}) se adelantó una triangulación de información cualitativa y cuantitativa sobre presencia de grupos armados, economías criminales, muerte de líderes sociales y resultados electorales con el fin de facilitar el análisis sobre la correspondencia entre variables de interés —por ejemplo, la presencia de estructuras de las FARC-EP antes del Acuerdo final y porcentajes de votación por el partido FARC al Congreso— y examinar patrones espaciales clave para esta investigación —por ejemplo, la concentración de la votación por la FARC en zonas con cultivos de coca y minería de oro—.

1. Balance de las condiciones institucionales para la participación de la FARC en las elecciones legislativas de 2018

Dentro de los estudios de construcción de paz, el solo hecho de que exmiembros de grupos armados tengan acceso a cargos de poder dentro del Ejecutivo o del Legislativo se ha considerado como un indicador positivo de la reintegración política de un grupo rebelde (^{Dudouet, Planta y Glessmann, 2016}). Bajo esta perspectiva, las medidas especiales que se adoptaron en el marco del Acuerdo final, en términos de garantizar un mínimo de cinco curules para el Senado y cincos para el Congreso para la FARC por dos periodos constitucionales a partir de julio de 2018 representa un logro indiscutible, en la medida en que se garantiza de manera transitoria la participación de este nuevo partido político dentro de una de las ramas del poder público.

La participación de la FARC en el Congreso no es un avance menor si se tiene en cuenta que la reintegración política de excombatientes ha sido considerada un elemento clave en la transición de la guerra hacia la paz (^{Ishiyama y Marshall, 2017}). Al respecto, ^{Stephen Stedman, Donald Rothchild y Elizabeth Cousens (2002)}encuentran que el fin último asociado a la participación de los grupos armados dentro de los mecanismos democráticos es que encuentre innecesario el recurso a la guerra para la obtención del poder. Lo anterior parte de un postulado básico: cualquier partido político puede aprovechar el Gobierno o los cargos públicos para «desplegar su capacidad de influencia» (^{Ware, 2004}, p. 32). De esta manera, el paso de las armas a los medios políticos es una oportunidad de alto valor en el caso de las FARC-EP para ejercer su influencia con herramientas democráticas y un avance tangible en cuanto a la reincorporación de esta guerrilla y la construcción de paz.

Ahora bien, la carrera política que adelantan los grupos rebeldes y su éxito depende, sin lugar a duda, de su capacidad para obtener votos en las elecciones legislativas y ejecutivas. Desde esta perspectiva, los resultados electorales de marzo de 2018, en los que por primera vez participó la FARC, plantean un futuro incierto para la participación política de este partido más allá de 2026 (^{Hensell y Gerdes, 2016}; ^{Allison, 2006}; 2016).

De acuerdo con la información de los comicios al Congreso de la ^{Registraduría (2018, marzo 11)}, la FARC no alcanzó el umbral o el número mínimo de votos establecido por ley —correspondiente a 2% de votos válidos— para que un partido o movimiento político pueda acceder a una curul en el Senado. Con 52 532 votos, la FARC logró tan solo 0,34% de los votos totales válidos, ubicándose en el puesto 14 de los 16 partidos que participaron en las elecciones. Por lo tanto, en ausencia de la medida transitoria que estableció el Acuerdo final para la representación de las FARC-EP en el Congreso, este grupo no alcanzó el apoyo electoral suficiente para hacer parte de las bancadas del Legislativo.

Esta tendencia de baja votación también se presentó en el Catatumbo. En efecto, la FARC obtuvo 1572 votos para el Senado, equivalente a 3% de los votos registrados por este partido en el ámbito nacional. Aunque la votación tiende a concentrarse espacialmente en San Calixto, Teorama, Hacarí y El Tarra, es importante señalar que la FARC no logró capitalizar el voto de la izquierda en estos tres municipios donde el Polo Democrático se impuso sobre los demás partidos. Las mayores participaciones de la FARC se registran en San Calixto y Hacarí, con tan solo 12,5 y 8,2% respectivamente.² En el ámbito veredal la situación no es mejor, por cuanto solo en cinco de estos escenarios la participación se situó entre 35 y 56%,³ en ocho entre 22 y 27%, en quince entre 11 y 17%, y en 50 es inferior a 10% (^{Registraduría, 2018, marzo 11}).

Frente a estos resultados, los arreglos institucionales establecidos en el Acuerdo final en términos político-electorales no habrían sido más oportunos y razonables con el fin de evitar que, ante la frustración de un escenario electoral poco favorable, los excombatientes perdieran el interés en avanzar en su reincorporación política y de continuar con la implementación de los acuerdos. En este sentido, los gobiernos que buscan garantizar la reincorporación de grupos rebeldes deben estar dispuestos a establecer reformas, normas y procesos políticos que reduzcan las barreras de entrada para su participación en el sistema electoral (^{Shugart, 1992}, pp. 125-127).

Ahora bien, aunque algunos sectores señalaron que el acceso directo de las FARC-EP al Congreso debería ser una condición permanente, el carácter transitorio de su representación también respondió a un cálculo cuidadoso por parte del gobierno Santos. Las garantías y reformas que se establecen para la participación política de rebeldes no solo deben favorecer a estos últimos, sino que además se debe asegurar la protección a los intereses de los partidos en gobierno o tradicionales en la competencia electoral (^{Shugart, 1992}, p.127). Bajo esta lógica, la delegación del Gobierno en las negociaciones logró una provisión bastante funcional en el Acuerdo, al fijar las condiciones necesarias para que las FARC-EP pudiera adaptarse a la competencia electoral y, al mismo tiempo, garantizar condiciones equitativas para todos los partidos políticos, estableciendo una temporalidad para las curules asignadas a las FARC-EP.

Más allá de las provisiones que pueden establecerse en un acuerdo de paz, otro factor institucional que resulta decisivo para el avance de la participación política de grupos armados es la solidez y confianza en el sistema electoral y, más específicamente, en las entidades a cargo de implementar y supervisar las jornadas de votación. La existencia de fraudes en las elecciones no solo ha sido un detonante de conflictos armados internos como ocurrió en el Salvador, Guatemala y Nicaragua (^{Ulloa, 2016}; ^{Rodríguez, 2017}), sino que además la falta de transparencia y supervisión sobre los procesos electorales ha sido un desincentivo para que los grupos rebeldes decidan avanzar en su transformación como partidos políticos (^{Dudouet, Planta y Glessmann, 2016}). Por lo anterior, parte de las tareas que han emprendido varios países luego de la guerra, e incluso para superar la violencia electoral, ha sido la reforma o fortalecimiento de las instancias electorales con el fin de garantizar la transparencia de las elecciones de orden nacional y local (^{Rodríguez, 2017}).

De acuerdo con lo anterior, un elemento que ha sido favorable para la reintegración política de las FARC-EP ha sido la estabilidad y credibilidad de los órganos electorales del Estado colombiano, cuya labor ha estado supervisada desde hace años por la veeduría electoral de la Organización de los Estados Americanos. Bajo tales condiciones, esta guerrilla no solo aceptó el escrutinio del Consejo Nacional Electoral para la conformación de su partido político y la supervisión de la Registraduría en el marco de las elecciones, sino que, además, pese a la escaza votación a su favor, no dudó en legitimar los resultados electorales para el Congreso.

Con todo, aún queda por ver si tal confianza hacia los órganos electorales del Estado se mantendrá en el tiempo, en el escenario en que el partido FARC no obtenga curules en medio de la competencia electoral. En casos como Mozambique y Nepal, la pérdida de las elecciones llevó a que los rebeldes convertidos en partidos políticos —la Resistencia Nacional de Mozambique (Renamo) y el Partido Comunista de Nepal (Maoísta)— amenazaran con retomar la lucha armada (^{Wittig, 2016}; ^{Hertman, 2009}). Por lo anterior, la seriedad de los órganos electorales, así como la madurez de los partidos que surgen de grupos armados para asumir la derrota electoral, serían condiciones indispensables para la consolidación de la reintegración política de excombatientes (^{Dudouet, Planta y Glessmann, 2016}).

Si bien los factores institucionales identificados hasta el momento son de especial relevancia para el caso colombiano, el contexto en el que se puso en marcha la reincorporación política de las FARC-EP es poco común, dado que las partes se han propuesto cumplir con el Acuerdo final en medio de la guerra y la violencia que se mantiene por parte de otros grupos armados. En efecto, la dinámica reciente y actual de la confrontación armada en Colombia constituye un factor no institucional que no puede subestimarse en un análisis sobre el avance de la participación política de la FARC.

2. Participación de la FARC en escenarios con presencia de grupos armados, economías criminales y asesinato de líderes sociales

Un asunto que merece atención en el caso colombiano es si la influencia histórica y armada que ejerció el grupo rebelde sobre un territorio se traduce en apoyo electoral cuando se posibilita su participación política (^{Dudouet, Planta y Glessmann, 2016}). Tal hallazgo es controvertible cuando se contrasta la presencia de los bloques armados de las FARC-EP en el ámbito municipal con los resultados de la votación que obtuvo su partido en las elecciones al Congreso. En este sentido, el Mapa 1 permite evidenciar cómo, aunque la votación de la FARC se registró principalmente en escenarios donde tenía presencia previa, tal condición no aseguró la fidelidad de los votantes, teniendo en cuenta la correspondencia entre las variables de presencia armada previa y porcentaje de votos.

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Registraduría (2018, marzo 11)} y ArcGis (^{ESRI, 2018})

Mapa 1 Votación por partido FARC y presencia de las FARC-EP por bloques. 

Las cifras son reveladoras respecto a esta tendencia. De los aproximadamente 250 municipios que experimentaban la influencia de alguno de los bloques de las FARC-EP hasta la firma del Acuerdo final, 205 municipios registraron votos por el nuevo partido. Es decir, en 82% de los municipios con presencia previa de este actor armado se registraron votos a su favor en las elecciones al Congreso. Sin embargo, la influencia territorial de esta guerrilla no se tradujo en un apoyo electoral decisivo. Tal y como lo revela el Mapa 1, alrededor de 75% de los municipios con votación por los excombatientes presentaron niveles de favorabilidad que no superaron 1,5% de los votos válidos (^{Registraduría, 2018, marzo 11}).

Además, en tan solo 32 municipios la FARC logró a su favor entre 1,5 y 5% de votos registrados por todos los partidos; en 14 municipios registró entre 5 y 12%; en 4 municipios —San Calixto, Norte de Santander; Puerto Nariño, Amazonas; Jambaló, Cauca; y Argelia, Cauca— alcanzó entre 12 y 16% de los votos a su favor; y en un municipio —Uribe, Meta— presentó una votación máxima de 22,52% (^{Registraduría, 2018, marzo 11}). Entre los pocos escenarios regionales que presentaron una votación superior a 5% por el partido FARC se encuentran varios municipios del Catatumbo, del Bajo Putumayo, del Norte y del Sur del Cauca, del Occidente del Meta y de Caquetá.

En lo concerniente al Catatumbo, donde los municipios de San Calixto, Hacarí, Teorama y El Tarra constituyen el escenario con presencia previa de las FARC-EP y la mayor participación y concentración espacial de la votación del partido FARC en las elecciones parlamentarias de 2018, el Polo Democrático es la fuerza que se impone frente a las demás. Adicionalmente, en Tibú, El Tarra y Convención, municipios donde también hubo una fuerte presencia de las FARC-EP, la capacidad de ejercer influencia sobre la población se debilitó en los últimos años. Las fuerzas políticas que determinan los resultados electorales recientes pertenecen al Partido Cambio Radical, al Partido de la U y al Partido Conservador.

De acuerdo con estos datos es claro que la presencia previa de esta guerrilla no constituye una variable que necesariamente se traduzca en apoyo electoral. En realidad, la conducta, las motivaciones, las técnicas militares y la legitimidad social de los grupos armados durante la guerra, no únicamente su presencia territorial, incidirían en el apoyo político que reciben cuando estos se convierten en partidos (^{Hertman, 2006}; ^{Allison, 2006}). Un caso clave en este sentido fue el del Frente Unido Revolucionario (RUF) en Sierra Leona, cuyas tácticas militares de alto impacto humanitario y la ausencia de una agenda política definida incidieron en un bajo apoyo de la población durante y después del conflicto armado (^{Söderberg, 2007}).

De manera similar a este caso africano, las acciones armadas de las FARC-EP y su recurso a la violencia contra los civiles como parte de su estrategia militar se tradujeron en un bajo apoyo de la población y escasa legitimidad. Según la encuesta de Gallup de agosto de 2018 sobre percepción ciudadana en el país, 78% de los encuestados en las grandes ciudades tenía una imagen desfavorable de las FARC-EP (^{El País, 2018}). Tal porcentaje de desaprobación corresponde a una tendencia sistemática en el tiempo que se ha mantenido entre el gobierno de Andrés Pastrana y el segundo gobierno de Juan Manuel Santos oscilando entre 77 y 97%. (^{El País, 2018}). La percepción negativa de las FARC-EP entre diferentes sectores de la sociedad también se reflejó en los resultados de los comicios de marzo de 2018, si se considera que en numerosos centros urbanos y zonas rurales la votación por el partido FARC fue nula o poco significativa.

Por otra parte, el factor no institucional por examinar es la persistencia de estructuras como el ELN, los grupos armados organizados (GAO) e incluso de las disidencias de las FARC-EP, y su influencia o impacto en la participación del partido FARC. Aunque miembros de esta colectividad han asegurado que organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo han amenazado a sus integrantes y atentado contra sus sedes políticas (^{Consejo Departamental de FARC en Chocó, 2018, enero 24}), un análisis de la correspondencia entre las estructuras armadas que aún están vigentes y los resultados de la votación por la FARC revela que el impacto negativo de la presencia de estos grupos sobre el potencial de votos no es generalizable.

Para empezar, el Mapa 2 permite identificar los municipios en los que el ELN ha mantenido una presencia activa y su correspondencia con los escenarios en los que el partido FARC obtuvo diferentes niveles de votación. En el ámbito nacional se evidencia que, de los 119 municipios con influencia de esta guerrilla, 107 registraron votos por el nuevo partido, es decir, 89% de correspondencia. Sin embargo, lo que se observa en el ámbito subnacional es que hay dos escenarios distintos. Mientras que, por un lado, se registran varias zonas de influencia del ELN —Catatumbo, Nariño, Cauca y Chocó— donde el partido FARC logró apoyo electoral y la persistencia de la guerrilla del ELN no configuró un obstáculo para la obtención de votos, de otro lado, en departamentos como Arauca y Casanare, así como en zonas del Bajo Cauca antioqueño y el Sur de Bolívar es evidente la presencia del ELN y una votación nula o escasa por el partido FARC.

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Registraduría (2018, marzo 11)} y ArcGis (^{ESRI, 2018})

Mapa 2 Votación por partido FARC y presencia del ELN. 

En realidad, en los comicios al Congreso, solo trece municipios del país con presencia del ELN registraron un porcentaje de votación por el partido FARC mayor a 1,5% (^{Registraduría, 2018, marzo 11}). Estos escenarios, como lo revela el Mapa 2 corresponden a Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y San Calixto —Catatumbo—, El Carmen, Unión Panamericana y el Cantón de San Pablo —Chocó—, Anorí —Antioquia—, Olaya Herrera —Nariño— y Argelia, Balboa y Patía —Cauca—. Por su parte, municipios de influencia histórica y alto control social por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN —Cubará en el departamento de Boyacá; Saravena, Arauquita, Arauca, Fortul y Tame en el departamento de Arauca; Hato Corozal, Paz de Ariporo, La Salina, Pore, Yopal y Aguazul en el departamento de Casanare— no registraron votación a favor de la FARC por encima de 1%.

Sin duda, la falta de cohesión interna del ELN puede ser un elemento clave a la hora de entender su comportamiento diferenciado en el ámbito nacional actual y, desde una perspectiva histórica, el hecho de que esta guerrilla mantuviera procesos de cooperación con las FARC-EP para algunos territorios y competencia en otros. Justamente, en departamentos como Nariño y Arauca la disputa entre ambas guerrillas llegó a niveles elevados en el pasado, incluso después de 2009, cuando el Secretariado de las FARC-EP y el Comando Central (COCE) del ELN establecieron un acuerdo para frenar la confrontación (^{Buitrago, 2016}). Esta dinámica contrasta con lo ocurrido en el Catatumbo, donde ambos grupos optaron por alianzas esporádicas y de no agresión con el propósito de minimizar su desgaste militar y financiero en el contexto de la presión militar que adelantaba del Estado antes de la firma del Acuerdo final.

En efecto, cuando se analizan casos como el de Arauca donde la superioridad de la fuerza política del ELN respecto a las FARC-EP fue evidente por años (^{Buitrago, 2016}, p. 73), es posible inferir que la persistencia de esta primera guerrilla haya neutralizado el apoyo político por el partido FARC para los comicios de marzo de 2018. Para el ELN, la reintegración política de las FARC-EP puede amenazar de forma directa sus intereses de financiación si se tiene en cuenta el compromiso asumido por el partido FARC de contribuir a la solución del problema de los cultivos ilícitos y del narcotráfico. En suma, en zonas como Arauca el ELN estaría inclinado a limitar la influencia de la FARC y de cualquier otro partido sobre las bases sociales que ha intentado mantener desde la creación de sus primeros frentes en esta región.⁴ Lo anterior contrasta con la situación en territorios de incursión relativamente reciente del ELN, donde su influencia sobre la población y capacidad para incidir en el comportamiento electoral son muy limitadas.

Aunque el obstáculo que puede representar el ELN para la participación de la FARC es un factor sobre el cual no se pueden trazar conclusiones generales en el ámbito nacional, la amenaza que representa este grupo ha sido poco referida o identificada públicamente por los miembros de la FARC a comparación de la alusión reiterada de este último actor sobre el peligro que representan los GAO. Al considerar la evidencia del Mapa 1 y del Mapa 3, es claro que la presencia más reciente del EPL —o la disidencia de Los Pelusos—, la Constru, las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo y otras estructuras aliadas con esta última organización, guarda correspondencia con varias zonas de influencia previa de las FARC-EP. Sin embargo, cuando se consideran los resultados de los comicios de marzo, no necesariamente se registraron resultados desfavorables para el partido FARC en los escenarios donde tienen actividad los grupos mencionados.

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Registraduría (2018, marzo 11)} y ArcGis (^{ESRI, 2018})

Mapa 3 Votación por partido FARC y presencia de grupos armados organizados. 

De los 164 municipios con presencia de GAO, 146 registraron votación por el nuevo partido FARC, es decir, en 89% de los casos los GAO no configuraron un obstáculo para el registro de votos por los excombatientes. Es más, en 47,26% de los municipios con presencia de GAO, el nuevo partido obtuvo más de 1,5% de la votación. En el Catatumbo, por ejemplo, a pesar de la presencia del EPL, la FARC logró porcentajes de votación entre 5 y 12% en el ámbito municipal. De manera similar, en el Bajo Putumayo, a pesar de la presencia de la organización La Constru, la FARC alcanzó porcentajes entre 5 y 12% a su favor. Asimismo, en municipios de influencia de las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, ubicados en el Occidente de Antioquia y el Nororiente chocoano, la FARC logró porcentajes de votación de más de 11%. Con base en estos datos, sería discutible que la presencia de grupos armados organizados sea en todos los casos un impedimento para la participación política de la FARC.

No obstante lo anterior, la capacidad de adaptación de grupos como el ELN, el EPL y las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, en función de su propósito de mantener acceso a economías criminales de diversa índole, plantea hacia futuro posibles cambios o transformaciones que pueden llegar a ser desfavorables para la participación del partido FARC. Justamente, la permanencia de estas estructuras, así como su reacomodo en algunas zonas del país, ya ha tenido un impacto directo en los indicadores de violencia contra los civiles.

En el Catatumbo el enfrentamiento que protagonizan el ELN y el EPL —este último considerado por el Gobierno como una banda criminal— ha venido escalando y constituye en la actualidad el principal reto de seguridad en la reincorporación política de las FARC-EP. La salida de esta guerrilla del escenario de la confrontación armada propició un proceso de reacomodo del ELN y del EPL que se inició en 2016 con una primera fase en San Calixto, Teorama y El Tarra. La segunda etapa de expansión tuvo lugar en Tibú, Convención y Sardinata. El incumplimiento por parte del EPL del acuerdo pactado con el ELN para evitar la confrontación en el proceso de reacomodo sobre los territorios donde las FARC-EP tuvieron mayor influencia generó a partir de comienzos de 2018 el enfrentamiento entre estos grupos. La difícil situación generada por el enfrentamiento entre el EPL y el ELN se agrava aún más con el surgimiento de las disidencias del Frente 33 de las FARC-EP, autodenominadas Frente Catatumbo FARC-EP, con presencia en los municipios de Convención, El Tarra y Teorama (^{Echandía y Cabrera, 2019}).

Las tensiones suscitadas a raíz de la reincorporación de las FARC-EP en el Catatumbo se expresan en homicidios selectivos cometidos principalmente por el EPL, el cual busca ocupar desde 2016 los espacios de esta guerrilla. Otra de las razones por las cuales los homicidios vienen en aumento es la decisión de varios campesinos de no continuar con la coca e incursionar en productos legales. Uno de los hechos más graves registrado con posterioridad a la reincorporación de las FARC-EP y que ayuda a explicar la tendencia ascendente de los homicidios es la masacre en El Tarra en julio de 2018, en la que perdieron la vida cuatro exintegrantes del grupo guerrillero. En el lugar también perdió la vida el presidente de la Junta de Acción Comunal del kilómetro 84, también miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), y otras cuatro personas (^{Echandía y Cabrera, 2019}).

Si bien el comportamiento nacional de los homicidios mantuvo una tendencia decreciente hasta 2017, cuando presentó la tasa de homicidios más baja en 42 años (^{El Espectador, 2018, enero 21}), la muerte de líderes sociales en medio del reacomodo de grupos armados en los territorios ocupados por las FARC-EP y la competencia por el control de economías criminales se expresaron en el incremento de los homicidios de 2018 (^{El Tiempo, 2019, enero 13a}). Tal situación ha motivado que tanto la FARC como distintos movimientos sociales expresen su preocupación por las dificultades que impone la ausencia de garantías de seguridad a la hora de hacer política.

En términos de la muerte de líderes entre noviembre de 2016 y febrero de 2018, el Mapa 4 permite observar que estos eventos de homicidios se concentraron en zonas específicas que guardan correspondencia, por un lado, con la presencia de estructuras armadas vigentes (véanse Mapa 2 y Mapa 3) y, sobre todo, con escenarios que son funcionales para los cultivos de coca y la minería de oro (véase Mapa 5). De los 149 municipios en los que se registró la muerte de algún líder entre 2016 y 2018, 29% corresponde con espacios de explotación de oro, 45,63% con escenarios de presencia de cultivos ilícitos, 39% con escenarios de presencia de algún GAO y 23,48% con escenarios donde el ELN ha estado activo.

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Registraduría (2018, marzo 11)} y ArcGis (^{ESRI, 2018})

Mapa 4 Votación por partido FARC y muerte de líderes. 

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Registraduría (2018, marzo 11)} y ArcGis (^{ESRI, 2018})

Mapa 5 Votación por partido FARC y economías criminales de coca y oro. 

De hecho, el mayor promedio de asesinato de líderes —entre 1,5 y 2,33— tuvo lugar en once municipios altamente funcionales para economías criminales y donde una o varias estructuras armadas se han encargado de su continuidad. Estos son los casos de Corinto, Tumaco, Caloto, Riosucio, Medellín, Páez, Soacha, Tame, El Tambo, Santander de Quilichao y Cúcuta.

Lo anterior permite corroborar que la amenaza y el asesinato de líderes no se puede explicar de manera exclusiva a través de razones ideológicas o partidarias, sino que es preciso considerar en qué medida las actividades sociales y económicas promovidas por las víctimas son funcionales a los intereses estratégicos de los actores armados. Por ejemplo, en una investigación de la Fiscalía sobre las amenazas de varios líderes en Cauca, Nariño y Putumayo se encontró que la coacción en su contra se debía a que eran personas clave de sus comunidades a favor de la sustitución de cultivos ilícitos (^{El Tiempo, 2018, julio 31}).

Bajo estas condiciones, aunque la votación más significativa por la FARC en los comicios de marzo se produjo por fuera de los escenarios que registraron el asesinato de líderes entre 2016 y febrero de 2018 (véase Mapa 4), la persistencia de actores armados y de economías criminales en distintas zonas del país revela que el Estado aún tiene la tarea de cumplir con efectividad sus actividades de protección a los civiles, incluyendo a los excombatientes de las FARC-EP, con el fin de reducir los factores de riesgo electoral asociados al conflicto armado y la violencia.

Por un lado, la mayor votación por la FARC se produjo por fuera de los escenarios de mayor producción de coca y de explotación para la minería de oro. De los 181 municipios que presentaron cultivos ilícitos y votación a favor la FARC, tan solo 6,7% registró un nivel de votación mayor a 5% por el partido de los excombatientes. Además, de los 146 municipios donde se adelantan actividades de minería de oro, tan solo Vigía del Fuerte, Antioquia, presentó una votación favorable a la FARC superior a 5%. Por el otro, los factores de riesgo incluyen criterios diversos como la institucionalidad electoral, la criminalidad electoral, factores de violencia, financiación de la política, acuerdo de paz, grupos de especial atención y comunicación (^{MOE, 2018}).

Por el momento, las investigaciones de la Fiscalía permitieron corroborar que buena parte de las amenazas y hechos violentos contra los excombatientes de las FARC-EP vienen de múltiples grupos armados y estructuras criminales —Los de Vaca, los Nuevos Elenos, la Banda de Becerra, Los Pachelly— entre las que se encuentran, además del Clan del Golfo, el ELN y los Pelusos, las propias disidencias de las FARC-EP (^{El Tiempo, 2019, enero 13b}). De acuerdo con estos datos, el comportamiento de las disidencias en contra de los miembros de la FARC en proceso de reincorporación permite controvertir la idea de que las disidencias habrían permanecido activas como retaguardia o brazo armado de las FARC luego de su reincorporación.⁵

El Mapa 6 permite evidenciar que la presencia de las disidencias en términos de actividades armadas entre 2016 y 2018 no corresponde espacialmente y para todos los casos con los escenarios donde la FARC obtuvo respaldo electoral. Es más, en Guaviare, donde las disidencias presentaron los niveles más altos de acciones armadas entre 2016 y febrero de 2018, la FARC obtuvo una votación menor a 1,5%. Solo en dos municipios del país, que corresponden a Uribe, Meta, y Montañita, Caquetá, se registró un nivel intermedio de acciones de las disidencias y una votación mayor a 5% por el partido FARC. Lo que es claro es que las zonas donde se ha registrado actividad armada por parte de las disidencias corresponden con municipios donde predomina la economía de la coca (véase Mapa 5).

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Registraduría (2018, marzo 11)} y ArcGis (^{ESRI, 2018})

Mapa 6 Votación por partido FARC y acciones de las disidencias. 

En suma, aunque diversos estudios académicos han señalado que variables no institucionales como la presencia de actores armados y la continuidad de economías criminales pueden ser contraproducentes para la participación política de excombatientes y, en particular, para su desempeño electoral (^{Matanock, 2017}; ^{Dudouet, Planta y Glessmann, 2016}; ^{Allison, 2006}). En el caso colombiano, el nivel de impacto de tales variables en los resultados electorales por el nuevo partido FARC no sería generalizable en el orden nacional. Es más, si se consideran de manera exclusiva los 44 municipios del país en los que se evidenció, bajo parámetros cualitativos, la presencia simultánea de por lo menos cuatro de los seis factores no institucionales de riesgo para la participación política de las FARC —presencia de cultivos de coca, presencia de minería de oro, influencia del ELN, influencia de algún GAO, influencia de disidencias y asesinato de líderes—, es claro que la favorabilidad por el nuevo partido de los excombatientes —en términos del porcentaje de votos obtenidos para Congreso— exhibe niveles disímiles entre escenarios donde están presentes los mismos factores de riesgo (véase Tabla 1).

Tabla 1 Factores no institucionales de riesgo y porcentaje de votos por municipio. 

Fuente: elaboración propia con base en la plataforma de datos del proyecto de investigación del CIPE.

De acuerdo con este análisis, la reincorporación política de las FARC-EP, en términos de los resultados electorales registrados en las elecciones legislativas de 2018, ha presentado tanto avances como limitaciones por cuenta de factores institucionales como no institucionales relativos a las provisiones político-electorales y de seguridad por parte del Estado, la dinámica del conflicto antes del Acuerdo final y la presencia de grupos armados fuertemente asociados con distintas economías criminales. Con todo, la favorabilidad o interferencia que implica cada uno de estos factores presenta variaciones significativas en el ámbito subnacional que remiten a un estudio riguroso de los escenarios de participación política del partido FARC a partir de las microdinámicas de regiones específicas.

Conclusiones

El análisis de la participación política del partido FARC a la luz de los resultados electorales para Congreso de 2018 permite establecer que este proceso ha avanzado de manera disímil en Colombia, no solo por las variaciones en los niveles de votación en medio del bajo número de sufragios a favor de este nuevo partido, sino además por la existencia de factores institucionales y no institucionales que han incidido en la reincorporación política de las FARC-EP.

De acuerdo con varios estudios especializados, el éxito de la reintegración política de excombatientes no solo se limita a la obtención de resultados electorales favorables, sino que múltiples variables históricas, políticas, de seguridad, entre otras, condicionan la eficacia de la participación política de grupos armados en contextos de posconflicto (^{Allison, 2006}). Bajo este marco, se adelantó en este artículo un estudio sobre el alcance y los retos de la reintegración de los excombatientes de las FARC-EP, tomando como referencia el apoyo electoral alcanzado por el partido FARC en los comicios al Congreso de 2018, así como el impacto de variables asociadas al conflicto armado y la violencia.

Dentro de una revisión del avance de la participación política de los excombatientes de las FARC-EP en el ámbito nacional, la evaluación de los votos sistematizados por la ^{Registraduría (2018, marzo 11)} indicó que el partido FARC tiene un futuro incierto dentro de los escenarios de representación nacional, en el caso de que su nivel de apoyo electoral no alcance números suficientes una vez termine el periodo de acceso directo al Congreso establecido en el Acuerdo final.

Además de lo anterior, se evidenció que factores institucionales como la estabilidad en el sistema electoral y la provisión de garantías de seguridad constituyen condiciones mínimas para la consolidación de la reintegración política de las FARC-EP, dado que aunque estos elementos han sido relativamente suficientes para que los excombatientes decidieran remplazar su lucha armada por la lucha electoral, su participación dentro de la competencia democrática por el poder depende en buena medida de que el Estado logre una respuesta y control a las amenazas que devienen tanto de un posible cambio en las reglas del juego desde sectores políticos, como de la conducta de actores armados en regiones donde persiste la confrontación armada y la criminalidad.

En efecto, este artículo también abordó en qué medida factores no institucionales como la presencia del ELN y de distintos grupos armados organizados e incluso las disidencias representaron un obstáculo para la participación de la FARC en las elecciones al Congreso de 2018. En este marco fue claro que no es posible establecer una relación de causa y efecto generalizable entre la presencia de las estructuras armadas en mención y los niveles bajos o altos de votos por el partido FARC. No obstante, los espacios dejados por las FARC-EP, así como la nueva agenda del partido FARC, sí implicaron un cambio en los cálculos para los actores armados que todavía están en el territorio. En consecuencia, las dinámicas de violencia y reacomodo de estos actores se han venido expresando en la muerte y amenaza tanto de líderes como de excombatientes de las FARC-EP, desde lo cual se desprende un ambiente de inseguridad que figura como desincentivo para el avance de la participación política de la FARC.

De acuerdo con lo anterior, tanto los logros como las dificultades que enfrenta las FARC-EP convertida en partido político solo pueden estimarse con un rigor relativamente mayor desde un análisis subnacional, a partir del cual también sea posible valorar el poder electoral de este nuevo partido frente a otros grupos políticos. Bajo esta perspectiva, se adelantó una aproximación a la participación de la FARC en el Catatumbo, región en la cual se pudo evidenciar que, a pesar de la fuerte influencia que las FARC-EP ejerció sobre la población, esta condición no se expresa en un decidido apoyo electoral.

En la interpretación de los resultados de las elecciones legislativas de 2018 en el Catatumbo no se puede perder de vista el carácter instrumental del apoyo a los actores armados en el marco del conflicto, que a su vez determina el bajo poder de convocatoria tras su reintegración política. La expansión de los cultivos de coca implicó cierta aceptación de las FARC-EP por parte de los habitantes, ya que este grupo aseguraba una protección a los cultivadores y cierta regulación del mercado. A partir de estos elementos, se puede advertir que la lealtad de la población que no estuvo totalmente asegurada durante la existencia de las FARC-EP, ahora resulta más esquiva en ausencia de la presión armada que el grupo guerrillero ejerció con firmeza.

Por otra parte, es obvio el riesgo que corre el proceso de reintegración social y política de las FARC-EP en el Catatumbo. Hay que tener en cuenta que las élites tradicionales y otras fuerzas emergentes pueden verse amenazadas por la participación política de un nuevo actor. Pero la persistencia del conflicto armado y, particularmente, el enfrentamiento a sangre y fuego entre el EPL y ELN son las principales amenazas para los excombatientes. No hay duda sobre el riesgo que implica la disputa entre los grupos ilegales, una disputa que podría destruir las organizaciones sociales existentes, incluyendo aquellas que surgieron del Acuerdo final.