Introducción

Esta investigación busca resaltar los cambios y modificaciones en las fases del proceso migratorio en y a través de México. Evidentemente, la situación de violencia generalizada en gran parte del territorio marca estas transformaciones, así como la desmejora de la situación de los migrantes en tránsito. Estas transformaciones en todas las fases del proceso migratorio están articuladas a circunstancias de violencia, pero ¿cuáles son las violencias viejas y nuevas que afectan a los migrantes?, ¿qué las diferencia? Es posible que las violencias, tanto en el lugar de salida como en tránsito, tengan relación con el aumento en las solicitudes de refugio, por ello, ¿cómo se articulan las violencias con las solicitudes de refugio?

Se realizó una búsqueda bibliográfica, hemerográfica y una revisión de bases de datos oficiales. Se han realizado hasta el momento treinta entrevistas semiestructuradas a migrantes en albergues organizados y formalizados por la sociedad civil, y albergues espontáneos que surgieron en el contexto de las caravanas de 2019, transcritas y sistematizadas con el programa MAXQDA. Asimismo, se usó la observación participante y el trabajo de campo en tres ciudades de México —Tijuana, Tapachula y Ciudad de México—, definidas por su ubicación en el marco de las rutas migratorias: Tapachula, en el estado fronterizo de Chiapas, como principal zona de entrada de migrantes en la frontera sur; Tijuana, por representar la ciudad donde se concentra la mayor cantidad de migrantes y solicitantes de refugio en la frontera norte; y la Ciudad de México por representar un cambio en la ruta migratoria, ya que anteriormente no era una ciudad de amplia presencia de población migrante en tránsito. Actualmente, muchos migrantes llegan a este último destino porque allí se concentra gran parte de la institucionalidad y las oficinas a las que buscan acceder para regular su situación migratoria.

La migración en tránsito por México tiene una historia que abarca desde finales del siglo xix. México tiene un límite fronterizo de 1200 kilómetros con Guatemala y Belice, 970 de los cuales son con Guatemala, de ahí que no sea casualidad que la mayor parte de las estaciones migratorias instaladas en México entre 2005 y 2010 sean en esta zona fronteriza.¹ El ^{Centro Fray Matías de Córdova (2008)} documentó al menos doscientos puntos de paso irregular entre Guatemala y México, siendo Chiapas el estado con mayor presencia de esta migración. Muchos guatemaltecos financian su tránsito por México hacia Estados Unidos con trabajos de temporada, generalmente en la agricultura.

Se pueden establecer tres grandes momentos de flujos migratorios concentrados de centroamericanos transitando por México y uno adicional más reciente: el primero, entre las décadas de 1930 y 1970, relacionada con la búsqueda de formación profesional, no tan numerosa y que presentaba un nivel socioeconómico medio-alto; el segundo, entre las décadas de 1980 y 1990, tiene relación con las guerras civiles que se desarrollaron en Guatemala y en El Salvador, más numerosa y de perfil diverso, pues igualmente huían profesionistas liberales, profesores, campesinos, hombres y mujeres, se trató de una huida a la situación de guerra que ponía en riesgo la seguridad física de la población, pero también escapaban de la persecución política que vivían; el tercero, posterior a la firma de los acuerdos de paz de Guatemala (1996) y de El Salvador (1992), cuando se pensó que habría un flujo de retornados y en cambio hubo una salida «masiva» de población de esos países, respondió a situaciones de reunificación familiar, búsqueda de mejoras laborales —ambos países estaban en una situación muy precaria después del fin de la guerra—, pero también a cuestiones de seguridad, ya que demasiadas armas habían quedado sin control en ambos países, sumado a las deportaciones de pandilleros realizadas por Estados Unidos, tuvo lugar entonces un alargamiento de la sensación de guerra civil que se prolongó hasta el primer lustro del presente siglo; finalmente, el flujo actual, que tiene como característica la huida por violencia estructural y coyuntural, y aunque Estados Unidos ya no es la única meta final, muchos quieren quedarse en México, al menos temporalmente, de ahí el aumento en las solicitudes de refugio (^{Castillo, 2001}; ^{Canales y Rojas, 2018}, ^{Gómez Johnson, 2019a}).

En este momento, lo que se destaca es una cantidad significativa de población centroamericana que sale de sus países de origen. Los perfiles han variado, así como los orígenes. En los tres momentos anteriores, la mayor parte de los que transitaban por México eran guatemaltecos y salvadoreños —algunos nicaragüenses, aunque su destino natural era Costa Rica—. Su destino final era Estados Unidos, particularmente California, aunque también se desplazaban hacia Texas y Florida.² Sobre todo en el segundo momento, algunos de estos migrantes decidieron instalarse en México, aunque realmente la salida estaba planeada hacia Estados Unidos. Allí tenían sus redes establecidas y desde allí se financiaba el desplazamiento. Los flujos actuales han modificado el proceso migratorio en conjunto: rutas, estrategias de paso —muchos no cuentan con apoyos desde Estados Unidos—, se topan con mayores obstáculos —crimen organizado, tratantes, contrabando, mayor control migratorio, seguridad pública— y las razones para salir tienen mayor relación con una huida por cuestiones de seguridad que con factores únicamente económicos, son víctimas de una vulnerabilidad estructural que repercute en su día a día. Esta situación entorpece la planeación y, por tanto, el proceso migratorio puede tener un grado mayor de vulnerabilidad que ha modificado la meta: muchos deciden quedarse en México. Este es un giro que no solamente impacta en los propios migrantes y sus familias, sino también a México, que hasta ahora no había sido destino mayoritario de migración.

1. Relaciones México-Estados Unidos: economía y migración

El tema migratorio en México históricamente retrata la relación bilateral con Estados Unidos y, por tanto, se ocupa de los mexicanos que se movilizan hacia el Norte. La primera vez que aparece el término transmigración en la ley mexicana es en 1973, como una nota al margen de la ley de población. La inmigración no ha sido, hasta hace una década, motivo para debatir o preocuparse en propuestas de política pública. El tema migratorio se ocupaba sobre todo de la diáspora mexicana a Estados Unidos y los esfuerzos públicos estaban dirigidos hacia los «paisanos en el exterior». El Programa Bracero (1946-1964) es quizá el primer esfuerzo gubernamental para proteger a los mexicanos que vivían en Estados Unidos, y también la primera negociación bilateral con la intención de ordenar los flujos, un poco empujados por el contexto internacional —Segunda Guerra Mundial—, en el que Estados Unidos tenía necesidad de mano de obra. Es posible que a partir de este acuerdo se constituya lo que hoy se conoce como diáspora mexicana. Al menos 4 500 000 mexicanos participaron en ese programa, 550 000 fueron legalizados, mientras que aproximadamente 5 000 000 trabajaron de manera irregular (^{Cano y Délano, 2004}; ^{García y Verea, 1988}).

Si bien con el Programa Bracero el gobierno mexicano tenía la intención de garantizar derechos a los trabajadores mexicanos, no siempre se logró. Incluso durante ese periodo la relación entre la comunidad mexicana establecida en Estados Unidos y el gobierno mexicano —vía sus consulados— se distanció. El gobierno mexicano resolvió cuestiones culturales y laborales a través del programa, pero los temas políticos, económicos y de derechos de los mexicanos nacidos en la Unión Americana fueron abordados por las asociaciones méxico-americanas que habían iniciado su movilización en la década de 1960 (^{Gómez-Quiñones, 1983}).

Cuando se canceló el Programa Bracero el gobierno mexicano se avocó a la atención de los paisanos que se quedaban sin trabajo y para ello lanzó el Programa Nacional Fronterizo (1965), con el fin de potenciar la inserción laboral en las maquiladoras, recientemente instaladas en el norte de México. La iniciativa no resultó positiva, pues incrementó la migración interna, la cual eventualmente «brincaba» al otro lado de la frontera (^{Cano y Délano, 2004}).

La interacción gubernamental con los connacionales en el exterior era ambivalente, muchas veces relacionada con las necesidades económicas del país, y a partir de entonces las remesas comenzaron a tener relevancia en la economía mexicana. Sin embargo, el gobierno del entonces presidente José López Portillo (1976-1982) perdió interés en la comunidad mexicana en Estados Unidos. En un contexto de bonanza económica por la producción de petróleo las negociaciones estatales se concentraron en este producto. La comunidad migrante volvería a tener relevancia para el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), porque fue un gobierno que enfrentó una fuerte crisis económica (^{Tuirán y Ávila, 2010}).

A partir de la década de 1980 se observa un incremento en los flujos migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos, lo cual parece estar relacionado con dos factores principales: crisis económica que se desarrolló durante el gobierno de Miguel de la Madrid y la reorganización de los cárteles sudamericanos. De la Madrid retomó el contacto con la comunidad mexicana en el exterior, que para entonces había crecido no solamente porque muchos se instalaron de manera permanente, ³ sino que la crisis económica empujó nuevas salidas. La presencia de mayor cantidad de migrantes llevó a Washington a realizar una regularización bajo la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, 1986), que otorgó amnistía a alrededor de 2 300 000 migrantes. No solamente se evidenció la fuerte presencia de mexicanos en la Unión Americana, sino su influencia en el ámbito político y económico. Para México, representaban el segundo ingreso después del turismo (^{Lozano, 1992}).

A partir de 1984 los cárteles colombianos buscaron socios en México para agilizar y mejorar el transporte de sus mercancías. La cercanía geográfica con Estados Unidos y el debilitamiento de dichas organizaciones en Colombia —debido a enfrentamientos armados en la segunda mitad de la década de 1980— favorecieron a las organizaciones criminales mexicanas, aumentando su participación no solamente en el comercio de estupefacientes, sino en la producción de marihuana —cannabis sativa— y amapola —papaver rhoeas—. En este contexto, Washington endureció su política migratoria resaltando el temor por el ingreso a su territorio, no únicamente de estupefacientes, sino también de operadores de este comercio. Recelo que se tradujo en el aumento de los controles fronterizos y de los requisitos para ingresar de manera regular a Estados Unidos. Entre abril y agosto de 1986 Washington suspendió los visados a mexicanos, debido al affaire Camarena.⁴ Se inició un periodo con poco margen de negociación en el tema migratorio, por el contexto de violencia criminal, narrado en el punto anterior.

La seguridad se convirtió, hasta el día de hoy, en la razón por la cual Washington endureció sus políticas migratorias e impuso su agenda a México. No solamente otorga apoyos económicos condicionados a una inversión mayor para el control fronterizo, sino que también exige una homogeneización de criterios migratorios. A partir de 1986 se aprobó una política de cero tolerancia a los patrones que contrataran a migrantes irregulares, sin embargo, su implementación no fue tan sistemática. Se realizaron algunas redadas a empresas importantes con el ánimo de hacer visible la eficacia de esa política (Tyson, 1993). No obstante, el intercambio comercial entre ambos países no sufrió las mismas limitaciones. Incluso, Washington ofreció a México asesoría para sortear la terrible crisis económica, proponiéndole la apertura del mercado a productos y a empresas extranjeras. Como parte de esa iniciativa, en 1985 se formalizó el primer acuerdo comercial con Norteamérica —incluido Canadá—.

Ese fue el paso previo a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. La migración no estaba incluida en el acuerdo, a pesar de ser un factor de presión en la relación bilateral, por el incremento de los flujos y el desmejoramiento del cruce norteamericano. No obstante, Washington no permitió ninguna negociación respecto a los migrantes mexicanos, la amenaza de deportaciones en masa era la única respuesta que recibía el Gobierno mexicano. En un momento en el que sus condiciones económicas no le permitían a México tener un margen de negociación con el que era su principal socio comercial, no tuvo más que dejar de lado la cuestión migratoria. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari concluyó con la firma del TLCAN. Tenía la intención —al menos en papel— de mejorar el crecimiento económico de México y también la calidad de sus productos, abriendo la competencia a empresas norteamericanas. Dicho crecimiento se vio reflejado en mejoras sociales y mayor acceso a empleo de calidad. El fenómeno migratorio no estaba incluido en el tratado, pues el costo político era muy alto, además de que las proyecciones de crecimiento preveían que los flujos disminuirían de manera natural. Pero lo que sobrevino fue una nueva crisis que dejó aún más golpeada a la economía mexicana. Washington tuvo nuevamente argumentos válidos para no incluir en su agenda exterior la cuestión migratoria: crisis económica, levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y consolidación de los cárteles de las drogas mediante la violencia. Todo ello hacía pensar que el gobierno mexicano no podía garantizar flujos migratorios «seguros». Es decir, que quienes cruzaran fueran únicamente migrantes económicos y no miembros de organizaciones criminales o subversivas (^{Gómez Johnson, 2019b}).

Con la alternancia del poder en el año 2000 parecía que se abría una ventana de posibilidad para negociaciones menos asimétricas. El bono democrático le otorgaba a México cierta credibilidad internacional, sin mencionar la coincidencia de dos gobiernos conservadores —Vicente Fox y George Bush—. La estrategia era aprovechar ese bono para impulsar las principales propuestas frente a Estados Unidos: la profundización del TLCAN, la firma de un acuerdo migratorio y la eliminación del proceso de certificación de la lucha contra las drogas. Lamentablemente, los ataques terroristas de 2001 nuevamente cambiaron el rumbo de los acuerdos. A partir de entonces, la prioridad para Washington fue la lucha contra el terrorismo y evitar posibles vínculos con narcotraficantes, endureciendo los controles en su frontera sur y la de México. El terrorismo se insertó en la agenda de seguridad «mundial» e impactó en políticas migratorias y control fronterizo de países como México, que hasta entonces era expulsor de migrantes y zona de paso para la migración centroamericana hacia Estados Unidos.⁵

La migración se convirtió en un problema contra el que se tenía que luchar. Para ello Washington incrementó su gasto en seguridad y aportó recursos para aumentar también el de México, que nuevamente se subordinó a la agenda norteamericana. La colaboración mexicana con la agenda marcada por Washington se concretó primero con la Iniciativa Mérida (2006), el primer esfuerzo conjunto para combatir el narcotráfico y el terrorismo con mayor vigilancia fronteriza (^{Artola, 2006}). En 2014 el Plan Frontera Sur reforzó el acuerdo anterior, con la prioridad del control fronterizo, lo que aumentó las deportaciones desde México hacia Centroamérica. Al mismo tiempo, el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) enarboló como meta de su gestión la lucha contra el crimen organizado, sacando al Ejército a las calles, lo que resultó en un aumento inusitado de los índices de violencia, impunidad, abuso de autoridad, desaparición forzada y desplazamiento forzado (^{González y Chávez, 2019}). El endurecimiento de los controles migratorios modificó las rutas de los migrantes en tránsito por México y se cruzaron con las de las bandas criminales. Los migrantes se convirtieron en un ingreso más para el crimen organizado, los testimonios registran extorsión, secuestro, violencia sexual y asesinatos (^{Redodem, 2018}).

2. La violencia contemporánea y las violencias hacia migrantes

Para Saskia Sassen es fundamental entender el actual fenómeno migratorio como parte de las nuevas expulsiones, expulsiones radicales que trascienden el sentido común de desigualdad y que revelan, precisamente, el entramado estructural de una violencia multidimensional característica de sociedades con capacidades organizacionales complejas; se trata de una complejidad inherente que puede producir brutalidad (^{Sassen, 2015}). La violencia hacia las personas migrantes es múltiple y multicausal; además, se trata de una violencia particular en distintos momentos, generalmente en periodos de desplazamiento, esto contribuye a la baja denuncia de estos hechos, además de tratarse de una población en alta vulnerabilidad y con desconfianza en las autoridades. Se distinguen al menos cuatro momentos de las violencias hacia los migrantes: a) en el contexto de salida; b) en el tránsito; c) en el lugar del destino; y d) en algunos casos de retorno cuando lo hay.

Respecto al contexto de salida y de acuerdo con el trabajo de campo realizado, se puede sostener que las actuales migraciones de Centroamérica están conformadas por personas que vienen de escenarios de vulnerabilidad y de violencia estructural. En las entrevistas realizadas relatan que tienen más de seis meses de desempleo o que no tienen dinero suficiente para mantener a sus hijos. Igualmente, ha aumentado el perfil de migrantes que son afectados directos de la violencia en el país de origen, en su mayoría señalan que han sufrido amenazas de muerte, intentos de reclutamiento de las maras, asesinato de algún familiar, cobros del «impuesto de guerra», que al no tener cómo pagarlo temen por sus vidas. Este último aparece en repetidas ocasiones como motivo para salir, como lo expone un joven de 30 años de San Pedro Sula, Honduras, en entrevista realizada en Casa Tochán, albergue de la Ciudad de México:

El día que yo salí de mi país, yo salí solo. No tomé la decisión con nadie, simplemente yo mismo tomé mi decisión, porque incluso un día antes me dijeron que si no pagaba… me había retrasado yo con el dinero que se les da a las pandillas, con la extorsión… y me dijeron que si no pagaba el día de mañana me iban a matar. Entonces fue cuando decidí salir.

[…] No pude decirle nada a nadie. La única que se dio cuenta cuando salí fue mi abuela. De ahí no le comenté nada a nadie, porque era muy peligroso.

[…] Es que no tenía considerado salir, […] yo no tenía para donde agarrar, y dije, «tengo que agarrar para Estados Unidos porque es el único país donde tengo un familiar»…. Bueno, pues la zona donde yo vivo es bastante peligrosa, es la ciudad de San Pedro Sula, muy, muy peligrosa. Las pandillas están por todos lados y son muy controlados, las personas. […] Si tú trabajas y no fallas con tu pago los fines de semana, no hay ningún problema, pero cuando empiezas a fallar, ya se descontrola todo. Y tampoco puedes poner denuncias porque diría yo que son los mismos [autoridades y delincuentes] (comunicación personal, enero 22, 2019).

Como afirman Humberto Márquez y Raúl Delgado (2011): «Las bandas del crimen organizado, que irrumpen en lugares donde el Estado propicia vacíos de poder, agreden a la población civil mediante acciones como asalto, extorsión, secuestro, trata de personas, violación, tortura y asesinato» (p. 23). En distintas entrevistas se constataron las amenazas por el pago de extorsiones como motivo para salir, pues relatan que han visto personas ser asesinadas a causa de esto, que los cobros aumentan, incluso semanalmente. Esta misma narración se repite en distintas entrevistas que señalan haber salido huyendo sin poder preparar su salida. Con respecto a la violencia en el país de origen se debe mencionar la violencia estructural en Centroamérica y el aumento del control territorial de las bandas criminales.

Lo anterior también ha impactado en el balance de la población migrante por género y edad. Históricamente el género masculino ha predominado en los flujos migratorios por México. Si bien parece seguir siendo así, también se observa un aumento de la población femenina migrante, de mujeres viudas o amenazadas con hijos adolescentes. Igualmente, ha aumentado la cantidad de adolescentes no acompañados que señalan que salieron por miedo a ser reclutados por las maras. «La violencia en sus hogares sigue siendo una razón para irse, y ni siquiera el largo viaje en tren en lo que es conocido como la Bestia o la policía mexicana son completamente disuasorios» (^{Sassen, 2016}, p. 34).

Las personas migrantes enfrentan un terrible continuum de las violencias que les obligan a dejar sus lugares de origen. México, como país de tránsito, no ofrece un mejor panorama al respecto: el crimen organizado y las redes del narcotráfico que suelen cometer delitos de extorsión, asalto, asesinato, trata, tráfico, secuestro, violencia sexual, desaparición y reclutamiento, forman parte de un entorno agreste que complejiza los mecanismos para garantizar la seguridad de quienes transitan por México. Hay al menos tres tipos de ingresos que los cárteles obtienen de los migrantes: a) rescates por secuestros; b) cuotas por atravesar los territorios controlados por ellos; y c) ingreso forzado a la delincuencia organizada (^{Izcara, 2016}).

México es un país donde en los últimos años la violencia ha crecido de manera exponencial, pero diferenciada, según los estados. Las regiones con mayor presencia del narcotráfico presentan mayores índices de homicidios, secuestro y desapariciones. Dentro de estas entidades federativas se rompieron acuerdos y abrieron procesos de competencia entre los cárteles mismos, que se ven alentados por la propia reestructuración de los mandos políticos: «La violencia se exacerba sólo bajo ciertas condiciones sociales y políticas, o bajo una configuración particular de las relaciones de poder, cuyos devenir y configuración actual deben ser cartografiados» (^{Pereyra, 2012}, p. 430). Resulta importante hablar del desarrollo de la violencia en México porque se pretende mostrar cómo se relaciona con el fenómeno migratorio.

Entre algunas de las razones del aumento de la violencia en México se encuentra la guerra contra el narcotráfico, la aparente ausencia del Estado, la desigualdad social y el aumento de las rutas y bandas del narcotráfico. Es igualmente grave la corrupción dentro de las fuerzas armadas mexicanas y las violaciones a los derechos humanos, en las que participan las fuerzas institucionales y la violencia criminal. Se trata de un modelo de violencia mixta donde la violencia contra la población —y en ocasiones contra los migrantes— la ejercen tanto las fuerzas armadas como el narcotráfico, en la que no se distingue el involucramiento de autoridades con el poder criminal: «En los países inmersos en cuadros graves de subdesarrollo y dependencia, donde cunde la degradación social como pauta que niega cualquier pretensión de “cohesión social”, subyuga un régimen peligroso de “Estado fallido”, caracterizado por la corrupción, criminalidad, inseguridad, antidemocracia e ingobernabilidad» (^{Márquez y Delgado, 2011}, p. 8).

Otro factor señalado como causalidad de la violencia mexicana es el crecimiento de las rutas del narcotráfico y el aumento de la guerra entre cárteles, la cual ha significado un crecimiento de la «brutalidad» de la violencia:

La expansión del mercado de drogas produjo un aumento de la competencia y una mayor beligerancia entre los grupos criminales. Así como el mayor contacto y la dependencia entre la clase política y los traficantes produjeron un desequilibrio de poder a favor de los últimos, el aumento y la aceleración de los intercambios ilícitos agudizaron las tensiones entre los cárteles de la droga (^{Pereyra, 2012}, p. 435).

Desde 2010 hubo un auge en el antagonismo entre los cárteles por la competencia en el negocio, venganzas intercárteles y crecimiento del microtráfico en el interior del país. No se trata solo de asegurar el funcionamiento de los comercios diversificados de los cárteles, sino también de garantizar un control territorial: «muchos de los conflictos actuales giran en torno a cuestiones de control de territorio, se trata sobre todo del control de las principales rutas de tránsito hacia los Estados Unidos» (^{Waldmann, noviembre 2017}-febrero 2018, p. 187). La atomización de los cárteles, además de las disputas internas, se debe a la política institucional prohibicionista de Estados Unidos y de México, lo cual llevó a mayores índices de violencia en ciudades como Juárez (Chihuahua), Culiacán (Sinaloa) y Tijuana (Baja California). Igualmente, el antagonismo entre cárteles también significa que por momentos hay pactos entre ellos. La violencia en México es un fenómeno expandido que demuestra que en las redes de la criminalidad los pactos siempre son volátiles (p. 188).

Sin embargo, la «guerra contra el narcotráfico», bandera del gobierno de Felipe Calderón, es una explicación insuficiente para el nivel de violencia que se ha desatado. Aunque la estrategia del Gobierno puede haber sido un catalizador, no explica en su totalidad el incremento de la violencia. Seguramente influyeron en gran medida la debilidad estatal previa y la desigualdad social característica de algunos de los estados con mayores índices de violencia. Es decir, hay variables estructurales que pueden ser los antecedentes de la crisis de los años recientes. Se trata de la violencia estructural, es decir, la imposición de condiciones de sufrimiento físico y emocional que descansan sobre el criterio de desigualdad que atraviesa las diferentes relaciones de poder (^{Bourgois, 2002}, p. 75).

Se dice «condiciones de sufrimiento» para hacer referencia a la imposibilidad de dar satisfacción a las necesidades elementales de la supervivencia y que proviene de la diferenciación de los grupos sociales por el género, la nacionalidad, la clase, entre otros —imposibilidad que casi siempre se traduce en la dificultad de acceder a recursos o a medios para cubrir dichas necesidades—. La complejidad que entraña la violencia estructural radica en la dificultad para distinguirla y suele comprenderse a partir de las ideas de pobreza, desigualdad e injusticia social. El contexto de violencia por la proliferación del crimen organizado, su diversificación y toda la inseguridad que produce, así como la violencia estructural que se acaba de señalar, son dos criterios fundamentales para situar, caracterizar y comprender el fenómeno de las migraciones masivas centroamericanas, tal como la está conociendo en su paso por México.

Es igualmente importante la violencia institucional hacia la población migrante. Funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción, denegación de acceso a los derechos y a la justicia. Existe un abismo entre el discurso de derechos humanos que maneja el Instituto Nacional de Migración (INM) y sus prácticas, incluso de un cierto «cinismo» del discurso. Por ejemplo, utilizan el concepto de «rescatar» a los migrantes cuando son capturados por los agentes de migración, de «alojarlos» para llevarlos a los centros de detención migratoria, donde quedan recluidos sin información de su tiempo de estancia o si serán deportados, y se denuncian constantes cobros ilegales por trámites. Por ejemplo, la población cubana y haitiana señala que, para trámites gratuitos como la resolución de salida, supuestos «abogados», que pueden tener alguna relación con funcionarios de INM, les cobran hasta US$900 (^{Zúñiga, 2019}, marzo 13). Igualmente se denuncian acciones de completa discrecionalidad en las decisiones de los agentes migratorios, por lo que el tiempo de trámite y su resolución depende del agente migratorio y no de políticas claras. En muchos casos, son deportados sin información y sin derecho a solicitud de asilo ni refugio. México se ha posicionado como un país con diversas instituciones que, en teoría, ofrecen atención integral para salvaguardar la vida de las personas migrantes, sin embargo, la mejora de sus condiciones de tránsito no siempre es consumada (^{Mejía y García, 2014}).

Además, está la violencia que se ejerce al interior de los Centros de Detención, desde la ausencia de información por no saber cuándo podrán salir, sin poder tener abogados, en condiciones de hacinamiento y sin atención médica. Se observa que aumenta el enfoque de detenciones en la política migratoria mexicana, siendo realizadas en automático, y las estaciones migratorias se encuentran rebasadas. Asimismo, hay un aumento de los centros de detención informales controlados por las autoridades migratorias. Los detenidos señalan que no se da ninguna información sobre los procesos de detención ni tiempos; además que permanecen en constante vigilancia. Muchos vienen de escenarios de violencia y tienen episodios de ataques de pánico. Así lo narra una mujer hondureña de San Pedro Sula, entrevistada en Mapastepec, Chiapas:

El problema fue que ya me estaban amenazando a mi hijo. Yo no quería que me lo fueran a matar igual que a mi esposo, y por eso es por lo que decidí migrar para acá.

[…] Nos metieron a la… perrera [furgoneta]. […] De ahí me pasaron a Tapachula. Según nosotros ya íbamos para […] Yo pasé cuatro días con calentura, porque me asustó un fantasma. Dan unas comidas que… cada quien tiene sus gustos. Cuando nos sentíamos mal, unas aspirinitas. Simplemente que está encerrada, es una encerración [sic]. Le diré que no hace ni calor, que hace frío, porque está pelado arriba.

[Mi hijo] también la pasó mal. Porque allí entran muchachos más soberbios. Él lo pasó un poco más mejor que mí [sic]. Pero yo sí la pasé mal. Yo ya quería salir a respirar, salir.

[…] No tenía pensado venir aquí. ¿Quién quiere salir de su país, dígame? A nadie le gusta salir de su país, que lo tratan bien, que está bien, está bien cómodo. Yo tengo mi casita, pobre, pero tengo mi casita, mis cositas. Y cuando me vine, dígame, tenía que salir. Estaba obligada. Si no hubiera sido por mi hijo, no me venía (comunicación personal, abril 1.°, 2019).

Recientemente llamaron la atención pública dos noticias que hablan de esas dificultades al interior de los centros de detención: la muerte de una niña guatemalteca de 10 años que estaba detenida en un centro de migrantes en Ciudad de México (^{El País, 2019}, mayo 17) y el video de una migrante haitiana que logró escapar al control de los agentes migratorios y que por debajo de las puertas gritaba desesperada pidiendo ayuda y comida para su hijo y para los niños que se encontraban detenidos en la estación migratoria de Tapachula (^{Salinas, 2019}, junio 27). Son solo una muestra de lo que relatan los miles de migrantes.

La violencia institucional tiene distintos orígenes: racismo, homofobia y xenofobia, y muchas veces una cultura de corrupción e incluso colusión con el crimen organizado arraigada en las instituciones públicas. La violencia institucional hacia los migrantes ocurre tanto por omisión de las autoridades como por comisión directa, muchas veces se trata de una violencia invisible, debido al miedo de los migrantes a denunciar. De acuerdo con el informe de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (^{Redodem, 2018}) que realiza un seguimiento desde 2014, las autoridades son uno de mayores violadores de derechos humanos de los migrantes. De acuerdo con este informe, en 2017 quienes más agredieron a migrantes fueron los agentes de seguridad privada del tren, la Policía Municipal, los agentes del INM y la Policía Federal.

Asimismo, hay un tipo de delitos contra los migrantes que se cometen más según la ruta migratoria: en la ruta de Veracruz se documentan mayores asaltos por crimen organizado; en la ruta por Tapachula y Tuxtla documentan violación y secuestro; en la ruta por Oaxaca y Matías Romero diversos casos de violencia sexual; la mayor cantidad de casos de desaparición aparecen en Veracruz; en Chiapas se observa trata, tráfico y reclutamiento de personas migrantes.

Las 3177 personas que manifestaron haber sido víctimas de un delito o que observaron como testigos un delito contra otra persona migrante registraron que el 29,18% de los delitos se cometieron en el estado de Chiapas, le sigue Veracruz con un 16,78%, en tercer lugar aparece Oaxaca con 15,99%, después Tabasco con el 9,22%, los cuales son los estados ubicados en el sur del país, lo cual mantiene una vez más a la zona del sureste como una de las regiones más peligrosas del país. Aparecen otros estados del centro y occidente del país como Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Querétaro. En un tercer bloque se encuentran con más de 1%, estados como Sinaloa, Ciudad de México, San Luis Potosí, Coahuila, Sonora e Hidalgo (^{Redodem, 2018}, p. 47).

3. Las solicitudes de refugio en México

Es innegable que la gestión migratoria ha cambiado a partir del siglo xxi, no únicamente por el endurecimiento de las políticas de control instauradas desde Washington, que ha traído como consecuencia el desmejoramiento del tránsito por México, sino que la situación coyuntural de violencia extrema en la región hace que los flujos migratorios sigan en aumento. Las razones de salida se han diversificado y con ellas el proceso migratorio y las estrategias para realizarlo. En este sentido, los criterios de clasificación de las «nuevas movilizaciones» resultan jabonosos, no se puede continuar dividiendo a los migrantes entre económicos y forzados, pues no los describe con asertividad, ni toma en cuenta las diversas razones para dejar los países de origen.

La clasificación de la movilidad forzada responde a las políticas para acompañar a los afectados. A diferencia de la migración «económica», la forzada está impulsada por factores que ponen en riesgo la integridad física del migrante y, por tanto, no es una decisión voluntaria. De ahí que la legislación internacional contemple la figura del refugio para resolver este desequilibrio coyuntural.

Aunque los procesos de clasificación de la movilidad humana revelan transformaciones en diferentes contextos, es posible argumentar que en la asignación de una determinada categoría (por ejemplo: migración voluntaria/migración forzada) prevalece el ejercicio de nominación por parte de los Estados y de las instituciones involucradas sobre las trayectorias y narrativas que los sujetos elaboran de sus propias vivencias (^{Clavijo, Pereira y Dalmasso, 2018}, p. 23).

En este orden de ideas, no se puede mezclar a migrantes con solicitantes de refugio, pues las causas de su movilización son diferentes. Sin embargo, esta clasificación no toma en cuenta factores estructurales que empujan la salida y que condicionan, por tanto, el grado de voluntariedad de esta. Por ejemplo, a situaciones límites propias del sistema capitalista actual y los modelos de desarrollo impulsados por este —hambrunas, pobreza extrema, desigualdades socioeconómicas—, que sumados a un contexto coyuntural de incremento de la violencia hacen casi obligatorio iniciar un proceso migratorio. De ahí que, dadas las condiciones socioeconómicas y políticas de quienes se desplazan, sea complicado hacer una diferencia entre los migrantes «económicos» y aquellos que huyen de una amenaza a su vida.

Los flujos actuales combinan población de diversos orígenes con proyectos migratorios distintos, es lo que se denomina flujos mixtos, que incluyen tanto a los migrantes «económicos» como los forzados, teniendo en común la irregularidad migratoria (^{Posada, 2009}). La gestión de estos flujos todavía no es clara, pues se mantiene la lógica de control y de orden, con el argumento de que en el caos se producen situaciones que vulneran los derechos de la población migrante. Los Estados y organismos internacionales vinculados al refugio continúan dividiendo en dos a los individuos que se movilizan: por un lado, las víctimas de eventos impredecibles y que, por tanto, merecen protección internacional; por el otro, aquellos emprendedores que deciden dejar sus zonas de origen buscando una mejora económica individual o familiar, con una decisión voluntaria y cuyo tratamiento no es de protección, sino de regularización administrativa. Sumado a ello, se pueden también observar cambios en los destinos migratorios o de solicitantes de refugio, de manera que países como México de pronto se convierten en receptores de flujos mixtos, lo que representa un reto de gestión administrativa.

México es históricamente un país de tránsito, pero también se ha convertido en país de destino. Ante las crisis de violencia y humanitarias en los países de origen, y las políticas antimigratorias del Gobierno de Estados Unidos, los migrantes ven como posibilidad quedarse en México, al menos temporalmente, a pesar de los riesgos que supone asentarse en determinados lugares del país. México representa una oportunidad para trabajar en el sur o norte del país —aunque el trabajo que encuentren se defina en «mano barata y esclava» (^{Varela, 2019})—. Muchas veces las salidas del país de origen surgen en situaciones de necesidad, violencia o amenazas, por lo que ven como posibilidad ser refugiados en México. El gran aumento reciente en las solicitudes de refugio muestra una intención, al menos temporal, de parte de los extranjeros de quedarse en México.

Las solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) han aumentado de manera exponencial: de 2013 a 2015 las solicitudes casi se triplicaron; de 2015 a 2018 fue incluso mayor; entre 2014 y 2018 las solicitudes de refugio se dispararon más de 1100%. Se trata de un aumento sorprendente y muy acelerado. Las cifras continúan creciendo, solo de enero a mayo de 2019 la cifra de solicitudes casi alcanzó la totalidad de 2018 (véase Gráfica 1).

Fuente: elaborado a partir de Comar (2019)

Gráfica 1 Personas solicitantes de refugio en México, 2013-2019. 

De 2018 a 2019 se evidencia un aumento sustancial (véase Gráfica 2). Observando solo estos primeros cinco meses, hubo un aumento de solicitudes de refugio a México, paralelo al endurecimiento de las políticas antimigratorias de Estados Unidos. Estos meses coinciden con hechos importantes en los flujos migratorios, las caravanas y la entrega de visas humanitarias (^{Agencia AFP, 2019}, enero 23).

Fuente: elaborado a partir de Comar (2019)

Gráfica 2 Solicitudes de refugio en México, 2018-2019. 

Es decir, las personas en condiciones que consideran la necesidad de protección internacional y refugio continúan llegando a México. Esto indica también que ha aumentado el perfil del migrante que considera sus derechos vulnerados o violentados en su país de origen y, por tanto, desea que se le otorgue la condición de refugiado en México, y que al menos temporalmente no piensa continuar su tránsito hacia Estados Unidos. Igualmente, ha variado la nacionalidad de los solicitantes de refugio en México (véase Gráfica 3). A partir de 2013 Honduras se convirtió en el país de origen con mayor cantidad de solicitantes de refugio. Desde 2017 el aumento de solicitudes fue exponencial, junto con los migrantes de origen salvadoreño. En 2013 hubo 530 solicitantes, con un incremento constante y considerable hasta 2016, el cual llegó a 4129 solicitudes. Mientras que el mayor incremento se observa entre 2017 y 2019, llegando a 29146 solicitudes.

Fuente: elaborado a partir de Comar (2019)

Gráfica 3 Solicitantes de refugio por nacionalidad, 2013-2019. 

En el caso salvadoreño, en 2013 hubo 309 solicitudes; en 2014, 626; en 2015, 1476; en 2016, 3494; en 2017, 3708; en 2018, 6189; y en 2019, 8711. Es decir, el Salvador ha tenido un aumento constante, pero no tan dramático como el de las solicitudes de hondureños. Guatemala es una excepción interesante en los países centroamericanos, pues no ha sufrido aumentos tan exponenciales como Honduras o El Salvador: en 2013 hubo 47 solicitudes; en 2014, 108; en 2015 hubo una pequeña disminución con 102 solicitudes; en 2016 se registraron 437 solicitudes; en 2017, 676; y en 2018, 1348; en los primeros meses de 2019 hubo 1285 solicitudes. Este cambio es interesante en perspectiva histórica, pues en años anteriores la mayor cantidad de refugiados en México era de Guatemala: más de 45 000 guatemaltecos buscaron refugio en México en la década de 1980.

Por otro lado, el número de solicitudes de refugio de Cuba ha sido muy variable en los últimos años: en 2013 hubo 98 solicitudes de refugio; en 2014, 96; en 2015 disminuyó a 37 solicitudes; en 2016 hubo 43; en 2017, 796 personas solicitaron refugio; en 2018 hubo 218 solicitudes; ahora bien, en 2019 las solicitudes de cubanos estallaron, solo entre enero y mayo llegaron a 1666.

Durante el trabajo de campo en la frontera sur en abril de 2019 se observó un aumento muy significativo de cubanos cruzando la frontera sur de México. Entre mayo y junio de 2019 se entrevistaron a varios cubanos solicitantes de refugio en los albergues de Ciudad de México. Se trata de personas que relatan haber hecho un trayecto por más de cinco países por tierra antes de llegar a la frontera sur de México. La inmigración cubana en México ha sido de larga duración, con distintos momentos de flujos migratorios. En un primer momento, gran parte de la población cubana en México se asentó en la península de Yucatán, adicional a la población cubana que históricamente atraviesa México en su tránsito a Estados Unidos.

El caso de solicitantes de refugio de Haití también es interesante por su variabilidad en los últimos años: en 2013 hubo tan solo 14 solicitudes; en 2014 hubo 25; en 2015 solo 16; en 2016, 47; y en 2017 aumentó a 436. Además, tras el terremoto de 2010 miles de personas de ese país migraron a distintos países de Sudamérica, en su mayoría a Brasil; posteriormente llegaron a México con la intención de buscar asilo político en Estados Unidos. Se trata de un proceso migratorio de años que se incrementa, sobre todo, por factores coyunturales, por ejemplo, tras el huracán de 2016. De acuerdo con los datos del INM, en 2016 entraron a México 17 078 haitianos y 852 en los primeros meses de 2017. La mayoría de ellos no fueron solicitantes de refugio en México, aunque sí terminaron asentándose en Tijuana y Mexicali, algunos solicitando la residencia.

En el caso de venezolanos solicitantes de refugio en México, se observa un incremento constante a partir de 2013, en el que se registró una persona solicitante, brincado a 361 en 2016 y a 6351 en 2018. Además, la tasa de personas refugiadas aceptadas —tasa de positivos—, para el caso de venezolanos, ha sido de 99% en los últimos dos años. La mayor cantidad de solicitudes de refugio aprobadas en 2017 fue de venezolanos, 37,16% de los refugiados en México aceptados ese año.

Esto pone de relieve otro tema importante sobre las solicitudes de refugio: la «tasa de positivos» con relación al total de procesos concluidos ante la Comar, es decir, la tasa de aceptación de las solicitudes de refugio según nacionalidad también ha variado en años recientes. Mientras el caso de Venezuela ha tenido una tasa positiva de 99% en 2017 y 2018, la de nicaragüenses es donde hubo mayor variabilidad en los años recientes, con una tasa de positivos de solo 16% en 2017 y de 89% en 2018. Para los hondureños, 53% de los procesos concluidos en 2017 fue positivo y en 2018 fue de 62%. En el caso de Guatemala, 54% en 2017 y 49% en 2018 (véase Tabla 1).

Ante este gran aumento de solicitudes de refugio de tan diversas nacionalidades, el porcentaje de trámites concluidos disminuyó (véase Gráfica 4). La Comar ha señalado públicamente estar saturada. Las resoluciones en trámite o pendientes aumentan y se demoran mucho más en tener respuesta (^{Gándara, 2019}, diciembre 9). En este dato también se puede percibir cierta variabilidad entre las nacionalidades. De los 25 188 solicitantes hondureños entre 2013-2018, han concluido 9044 (36%). Del total de solicitudes de todas las nacionalidades en 2013-2018, solo 43% han concluido (véase Tabla 2).

Fuente: elaborado a partir de Comar (2017)

Gráfica 4 Estadísticas de procedimientos de la Comar, 2013-2017. 

Los cambios en las nacionalidades no han sido únicamente en los solicitantes de refugio, también ha aumentado la población de «transcontinentales» en los flujos migratorios que llegan o transitan por México. Además del aumento de población cubana que desea atravesar el país, también se encuentra una población significativa de personas provenientes de África, particularmente del Congo y de Camerún. Muchas veces estos flujos no aparecen en los registros y datos oficiales, pues no son solicitantes de refugio ni de residencia. En su mayoría, únicamente solicitan «oficio de salida», oficio que les permite viajar a la frontera norte de México. Desafortunadamente, el INM no publica estadísticas con respecto a este oficio de salida.

A modo de conclusión: estrategias de sobrevivencia

En años recientes, se observa un proceso de transformaciones significativas en los flujos migratorios en y a través de México. Estas transformaciones se pueden ver como una estrategia de sobrevivencia en contextos de violencias coyunturales y estructurales. Las transformaciones han sido en todas las fases del proceso migratorio, desde los motivos de salida, los países de origen, hasta el país de destino.

La violación sistemática de derechos humanos la sufre tanto la población mexicana como los migrantes en tránsito por México, víctimas tanto de bandas criminales como de la apatía o negligencia de las diversas corporaciones policiacas. México comparte con otros países de Latinoamérica un contexto de violencia estructural que vulnera tanto a nacionales como a extranjeros, además de la precariedad económica que facilita esta situación. La «seguridad nacional» se convierte en el pretexto para la violación de derechos por parte del Estado, el cual, centrado en la «protección de la integridad física» de la población, olvida cuestiones básicas de la seguridad humana: empleo, vivienda, educación y salud.

Se puede identificar un perfil distinto en los flujos migratorios actuales. En el caso de los migrantes centroamericanos, la mayoría son hondureños y salvadoreños, quienes salen por violencia estructural y coyuntural. A diferencia de los flujos migratorios anteriores, en los cuales era más claro el perfil de la búsqueda del «sueño americano», ahora una parte importante son migrantes forzados que huyen de la violencia. La gran diferencia con los momentos históricos anteriores es que no todos quieren llegar a Estados Unidos, algunos quieren quedarse, al menos temporalmente, en México, tanto porque vienen buscando sobrevivir tras episodios de violencia, como por las políticas antimigratorias del gobierno de Donald Trump. Una evidencia de ello es el masivo aumento en las solicitudes de refugio en los años recientes. Claro está, los flujos migratorios tradicionales no han desaparecido, sino que se combinan.

Las cifras sobre solicitudes de refugio presentadas revelan cómo se han modificado las migraciones en lo que respecta a las solicitudes de asilo que recibe México, cómo las violencias estructurales de la región han densificado el flujo migratorio, pero también abren el interrogante sobre el impacto que dicha densificación puede tener en las capacidades de la institución migratoria mexicana. A partir de los datos cuantitativos, se observa que en México la respuesta a las demandas de asilo ha sido insuficiente. Abordar cómo pueden ampliarse esas capacidades y qué respuestas políticas y sociales pueden ofrecerse al respecto es una tarea para próximos análisis.

Por ahora, el aumento de violencias tanto en país de origen como en el tránsito por México ha sido un detonante fundamental para el surgimiento de las «caravanas migrantes». Se trata de la decisión de migrar en grandes grupos —al menos han pasado tres grandes caravanas—; igualmente se observan grupos grandes viajando juntos para mantenerse «seguros». Se trata de una estrategia de visibilidad y protección ante las situaciones de riesgo que enfrentan, para defenderse de las afectaciones de violaciones de derechos humanos, tanto del crimen organizado como de las autoridades migratorias. Se trata de una nueva modalidad de migración que responde a la violencia y que habla tanto de la situación en los países de origen como del contexto en México. Se señala que el principal motivo por el que viajan en caravana es por los peligros que enfrentan en el camino, no solo por parte de la delincuencia organizada, sino por maltratos recibidos por autoridades migratorias mexicanas y la Policía Federal: sensación de «seguridad» al viajar en grupos grandes de connacionales.

Sin garantías de respeto a los derechos básicos y con movilizaciones en bloque como estrategia de resistencia, la voz del Estado, al menos en el caso mexicano, ha sido muy ambigua. En los últimos meses, las acciones del Gobierno mexicano han respondido a la coyuntura. Sin una política migratoria clara y con acciones erráticas, ¿cómo se puede garantizar la migración ordenada y segura a la que se comprometió México en diciembre de 2018 en el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular? Y, sobre todo, no se observan estrategias gubernamentales de largo plazo. Frente a las caravanas migrantes, el gobierno mexicano ha establecido protocolos de emergencia. No se está planteando la permanencia de estos migrantes, sea como solicitantes de asilo en Estados Unidos o como posibles residentes en México, sin mencionar la falta de atención de los flujos internos forzados por coyunturas violentas, los cuales el Gobierno mexicano no reconoce ni atiende.