2.1 Desinstitucionalización del sistema de partidos en Colombia

Al analizar los partidos tradicionales y el sistema de partidos en Colombia resultan evidentes las consecuencias del Frente Nacional: i) debilitamiento de la identidad de partido y del vínculo ideológico con los votantes; ii) incremento de la competencia intrapartido y posterior aumento de facciones al interior de estos; iii) mutación e intensificación del clientelismo; y iv) bloqueo a la entrada a terceras fuerzas (^{Leal, 2005}; ^{Gutiérrez, 2007}). Todas ellas están estrechamente relacionadas y dieron como resultado el inicio de una progresiva desinstitucionalización del sistema de partidos en Colombia.

El menoscabo de la identidad partidaria está estrechamente relacionado con el efecto del fraccionalismo intrapartidista. Las fracciones dentro de los partidos tradicionales se convirtieron en redes de influencia con un alto grado de autonomía, lo que minó la coordinación y unidad al interior de los partidos. Autonomía que se exacerbó con la Constitución de 1991. El clientelismo fue el resultado de los dos fenómenos: la pérdida de la identidad partidaria y la «milimetría política» que apoyaba su engranaje en la lealtad electoral regional y municipal, ello se vio favorecido por el incremento de los recursos del Estado. El clientelismo en Colombia ha sido la manera frecuente, en particular, desde el Frente Nacional, con que los líderes políticos tradicionales han conectado con las bases sociales. El menoscabo del vínculo ideológico entre votantes y partidos, la desinstitucionalización de los partidos y la manera de acceder a la distribución de bienes públicos -cargos públicos, contratos, servicios públicos, entre muchos otros- se produce a cambio de votos efectivos; así, el «saqueo del Estado» se convirtió en un lugar común, tanto para políticos como para votantes (^{Leal y Dávila, 1994}; ^{Pizarro, 2002}; ^{Gutiérrez, 2007}). Para los políticos es una forma «segura» de llegar al poder y para los ciudadanos es, tal vez, la única manera de acceder a servicios del Estado.

La Constitución de 1991 buscó facilitar y promover un proceso de apertura política. El objetivo, más que aumentar la representatividad de los partidos políticos tradicionales, apuntaba al ingreso de nuevos partidos y movimientos que dieran voz a los sectores sociales excluidos hasta ese entonces. Primó la denominada «lógica de la incorporación» (^{Pizarro y Bejarano, 2007}), estableciendo una normativa laxa de cara a integrar nuevas fuerzas políticas y sociales. Se pasó de un fraccionalismo intrapartidista a un faccionalismo personalista, donde los partidos tradicionales han ido perdiendo poder, dando lugar a un sistema todavía influido por estos, toda vez que de allí han salido diferentes fuerzas políticas personalistas, pero cuyas organizaciones cada vez son más débiles. Lo anterior subsiste de manera paralela con unas terceras fuerzas con alta fragmentación -de izquierda, partidos cristianos, regionales, indígenas, afros, entre otros-. Tras la atomización generada por la Constitución de 1991, la reforma de 2003 buscó incentivar la reagrupación de partidos para disminuir su número y fortalecer la gobernabilidad, estableciendo requisitos más exigentes para la creación de partidos, entre otros (^{Hoyos, 2007}). La reforma de 2003, si bien limitó la atomización partidista, no ha logrado consolidar los partidos y, en consecuencia, el sistema de partidos.

Colombia pasó de ser catalogada como una democracia con instituciones partidistas en proceso de fortalecimiento, a tener un sistema de partidos desinstitucionalizado (^{Albarracín, Gamboa y Mainwaring, 2018}). Teniendo en cuenta las tres variables arriba señaladas (^{Mainwaring, Bizzarro y Petrova, 2018}), en las últimas décadas se ha producido un cambio profundo ha llevado al declive de los partidos políticos tradicionales, que sin desaparecer han dado lugar al frecuente surgimiento de múltiples movimientos y organizaciones partidistas. Como consecuencia, la volatilidad electoral es elevada. Al no haber partidos políticos fuertes, frecuentemente es difícil formar mayorías o minorías sólidas y estables que hagan posible que los gobiernos cuenten con respaldo político en el legislativo o que exista una oposición capaz de ejercer su papel. Así, la posibilidad de lograr mayorías legislativas a cambio de beneficios en las decisiones políticas -contratos, cuotas burocráticas, entre otros- es una opción que se ha vuelto recurrente tanto en el ámbito nacional como en los departamental y municipal (^{Albarracín, Gamboa y Mainwaring, 2018}, p. 246).

Por su parte, los vínculos ideológicos y programáticos entre los partidos y sus votantes son débiles. La descentralización política promovió el acceso a recursos y competencias administrativas de entes locales, lo que favoreció autonomía frente a las organizaciones partidistas. La debilidad partidista conllevó la atomización y competencia de estas organizaciones, las cuales, teniendo acceso a recursos, fortalecieron sus posiciones clientelares. El clientelismo, en la actualidad, cuenta con redes más descentralizadas y atomizadas. Ante el surgimiento de políticos que luchan por estas redes, la competencia entre ellos ha aumentado y el vínculo entre políticos y redes clientelares es cada vez más débil, son intercambios de corto plazo. La relación entre políticos locales y nacionales es menos jerárquica e institucionalizada (^{Albarracín, Gamboa y Mainwaring, 2018}, p. 246).

2.2 Desinstitucionalización del sistema de partidos en Bogotá

El declive de los partidos tradicionales en Colombia se agudiza en Bogotá. Estudios sobre partidos y elecciones en Bogotá evidencian esta problemática (^{Gutiérrez, 1995}; ^{García, 2002}; 2003; ^{Barrero, 2015}; ^{Barrero y Ortega, 2015}), señalando la alta volatilidad electoral, el surgimiento de nuevos partidos y movimientos -tanto para las elecciones de alcalde como para las de Concejo-, la baja identificación partidista y la aparición de candidatos outsiders -especialmente para la Alcaldía- que buscan desmarcarse de los partidos, especialmente de los tradicionales, creando así sus propios movimientos.

Desde 1994 hasta 2015, en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá se ha apreciado un alto nivel de personalismo, en muchos casos, con candidatos inscritos por firmas y mostrando, al menos de manera discursiva, su distancia respecto a los partidos tradicionales. Ello ha conllevado a una volatilidad electoral que disminuyó en las elecciones de 2003. Como puede apreciarse en la Gráfica 1, la volatilidad electoral en las elecciones de alcalde entre 2000 y 2011 es especialmente alta, tuvo una disminución significativa para las elecciones de 2003, donde el partido Polo Democrático Independiente -luego Polo Democrático Alternativo-, dio cierta estabilidad a la competencia partidista, para luego nuevamente incrementarse en las de 2007.

Fuente: elaboración propia a partir de Fredy ^{Barrero (2015)}

Gráfica 1 Volatilidad electoral en la elección de alcaldes Bogotá, 2000-2011. 

Tal fenómeno de candidatos y alcaldes outsiders contrasta con un Concejo cuya volatilidad ha venido disminuyendo desde el año 2000 (^{Barrero, 2015}), con representación significativa de partidos tradicionales o de facciones derivadas de ellos, especialmente del Partido Liberal. Como puede apreciarse en la Tabla 1, la volatilidad es significativamente menor comparada con las elecciones de alcalde. En el periodo 2007-2011 la volatilidad en las elecciones de alcalde casi duplicó a la del Concejo. Esta diferencia sustancial entre la volatilidad de las elecciones puede ser resultado de que en el caso del Concejo -y como se verá más adelante, las Juntas Administradoras Locales (JAL)- la dinámica electoral será diferente. Los candidatos se apoyan en plataformas partidistas, como respuesta a las reglas introducidas por la reforma política de 2003. Son organizaciones partidistas débiles, con un alto individualismo, pero con una volatilidad electoral moderada, en muchos casos, siguiendo patrones clientelares que vinculan a los partidos con sus bases. En el caso de las elecciones a la Alcaldía Mayor, especialmente desde 1994, se ha evidenciado una conexión personalista y carismática entre el candidato -y el alcalde- con los electores, sin que esté mediado por una sólida organización partidista -a excepción de la votación de 2007-. El voto de opinión es clave para ganar los comicios, promoviendo una representación política más personalista, con candidatos provenientes de movimientos políticos independientes a los partidos tradicionales. En consecuencia, se mantiene, en cierta medida, una constante: por una parte, ejecutivos pertenecientes a terceras fuerzas y, en algunos casos, con un discurso transformador, y Concejos con un perfil anclado, en ocasiones, a prácticas políticas tradicionales, en términos clientelares (^{Gutiérrez, 1995}; ^{García, 2002}; 2003).

Respecto al vínculo programático o ideológico entre los votantes y los partidos, no hay muchos estudios sobre esta cuestión en Bogotá. Un análisis muy interesante aborda la identidad partidista y su vínculo con el comportamiento electoral a través de una proxy, la simpatía partidista (^{Angulo, 2016}). En él se explora la relación entre la simpatía partidista y la intención de voto en Bogotá. El estudio evidencia que las preferencias de voto en Bogotá son significativamente inestables, así como que tanto la simpatía partidista como la intención de voto presentan cambios en el corto plazo. Según su evidencia empírica, más de 50% de los ciudadanos suelen cambiar su simpatía partidista después de las elecciones (p. 92), lo que puede evidenciar una débil identidad partidista. A juicio de la autora, para los comicios de 2011 puede señalarse que los electores de Bogotá, en su mayoría, no tienen simpatía partidista, los ciudadanos no se sienten identificados, en general, con ningún partido o movimiento político, y la intención de voto es más volatil que tal simpatía. En tal caso, se evidencia que el voto personalista es clave en las elecciones de Bogotá, donde las características y el perfil del candidato son más importantes que el rótulo partidista al momento de tomar una decisión de voto. Este personalismo se agudizara por la ausencia de mecanismos que promuevan una articulación efectiva entre los programas de los candidatos y sus partidos, y el frecuente surgimiento de outsiders que crean sus propios movimientos. Este fenómeno se observa de forma más asidua en las elecciones a alcalde. Así, al parecer la reforma de 2003, aunque logró detener la atomización del sistema de partidos, no ha logrado confrontar el personalismo, de hecho, los incentivos al voto personalista, aun al interior de las organizaciones partidistas, prevalecen.

En relación a la débil articulación entre los programas de candidatos y sus partidos, existen partidos que al momento de dar el aval al candidato no señalan una orientación programática a aquel para la elaboración de su programa, como el Partido de la U. Hay otros partidos, como el Liberal, que aunque sí establecen principios programáticos a sus candidatos, una vez revisado el programa de determinado candidato no se encuentra que su contenido refleje tales principios. A su juicio, «No se encontró indicio alguno de que las directivas ejerzan control alguno, siquiera mínimo, de lo que ofrecen sus candidatos» (^{Losada, 2012}, p. 127).

3.1 La tensión entre la Alcaldía Mayor y el Concejo

Es en las elecciones a la Alcaldía Mayor y al Concejo de Bogotá donde se aprecia con más claridad la pugna entre dos tipos de resposiveness y la progresiva desinstitucionalización del sistema de partidos. Por una parte, la figura del alcalde, antipolítico, outsider, que se autodenomina representante por excelencia de los intereses ciudadanos; por otro, el Concejo, que se suele relacionar con los partidos tradicionales y con prácticas proclives al clientelismo. Esto ha tenido consecuencias significativas tanto en la relación entre votantes y partidos políticos como -y de manera más intrincada- en la relación entre Alcaldía y Concejo.

Lo anterior ha conllevado a que, desde la elección popular de alcaldes, habitualmente las mayorías partidistas del Concejo no coincidan con el partido al que pertenece el alcalde de la ciudad. No hay una consistencia entre las preferencias del voto a alcalde y las preferencias para el Concejo y las JAL (^{Gutiérrez, 2001}). Tal inconsistencia ha generado una sugerente contradicción al interior de la dinámica electoral de Bogotá: una ciudad que pareciera contar con una participación electoral crítica y autónoma, y otra anclada al bagaje y a las formas del hacer del clientelismo. Las anteriores dinámicas subsisten de manera paralela y parecen alimentarse la una de la otra.

El voto de opinión -uno de los indudables patrimonios históricos de la ciudad- como puramente reflexivo y autónomo [...] creó un hiato entre dos ciudades que se negaban mutuamente, una natural-premoderna y la otra cívica-moderna. Ese hiato comenzó como algo externo a la política y a la participación, pero terminó enquistándose en ellas (^{Gutiérrez, 1998}, p. 51).

Hasta la elección de Antanas Mockus en 1994 el partido mayoritario en el Concejo era, en general, el que también se llevaba la mayor votación para alcalde mayor. Como lo ilustra la Tabla 2, en 1990 y 1992 fue evidente la correspondencia entre partido ganador en la Alcaldía y partido mayoritario en el Concejo. Esta dinámica fue truncada con la llegada de Mockus. «A partir de 1994, la Alcaldía Mayor y el Concejo aparecen como espacios enfrentados [...]. Se empieza a consolidar una suerte de tecnocracia en el ámbito del ejecutivo, que se contrapone a un Concejo que se proyecta como el espacio de las prácticas políticas tradicionales» (^{García, 2002}, p. 202). Incluso, desde 1994 el proceso de gobierno ha estado signado, en la mayor parte, por constantes tensiones entre el ejecutivo y el Concejo, el cual, debido a la dificultad de formar coaliciones mayoritarias en el Concejo por parte del alcalde, ha generado que sus negociaciones estén mediadas por las promesas de burocracia y contratos por parte del ejecutivo como instrumento para lograr apoyo a su gestión, o directamente por una relación conflictiva.

Tabla 2 Partidos ganadores a la Alcaldía y al Concejo de Bogotá, 1988-2015. 

Fuente: elaboración propia a partir de Registraduría Nacional del Estado Civil (s. f.).

En el caso de los dos periodos de Mockus, la relación entre Concejo y alcalde se caracterizó por la indiferencia o el bloqueo mutuo. Con un Concejo con mayoría del Partido Liberal, su relación fue «traumática» (^{Bromberg y Contreras, 2005}, p. 29). En 1995 el alcalde presentó su programa de Plan de Desarrollo al Concejo, los concejales quisieron adicionar modificaciones sin la suficiente discusión ni aprobación por parte del alcalde, razón por la cual Mockus decidió aprobarlo por decreto. El carácter antipolítico del alcalde y el hecho de no pertenecer a partidos tradicionales generó una creciente tensión que el alcalde manejó utilizando el capital político obtenido por el apoyo ciudadano:

El hecho de haber llegado a la más importante Alcaldía del país sin deberles favores electorales a ninguno de los partidos [...] le da un importante capital político. Por eso Mockus se puede dar lujos que les estuvieron prohibidos a sus antecesores, amarrados por unas maquinarias clientelistas y en buena medida responsables del estado de postración en que se encuentra la ciudad (^{El Tiempo, 1995}, junio 4).

En el periodo de Enrique Peñalosa (1998-2000) hubo un vínculo más orientado a la transacción, lo que llevó a que su relación fuera más fluida (^{Jiménez, 2007}; ^{Bromberg y Contreras, 2005}). Nuevamente, el Partido Liberal -antiguo partido de Peñalosa- tuvo mayorías: «logró parte de esa eficiencia a través de un hábil manejo del Concejo, lo cual supuso mantener vivo el esquema de apoyo político a cambio de contratos y burocracia» (^{García, 2002}, p. 214).

En el siguiente periodo de gobierno -Mockus (2001-2003)- se revivieron las tensas relaciones entre el Concejo y la Alcaldía Mayor que caracterizaron el primer mandato de Mockus. Esto generó un gran desgaste entre las relaciones del ejecutivo y el legislativo de la ciudad, que supuso un menoscabo para la gobernabilidad de la ciudad. Este mutuo bloqueo institucional y la imposibilidad de llegar a acuerdos, sin duda, tuvieron efectos negativos en el proceso decisional y en los proyectos de mayor envergadura para la ciudad.

De 2003 a 2011 uno de los partidos mayoritarios en el Concejo fue el mismo que el del alcalde, el Polo Democrático Independiente (PDI). Este punto es significativo ya que desde 1997 ningún partido había logrado mayoría absoluta en el Concejo. El gobierno de Luis Eduardo Garzón (2004-2007) se destacó por su concertación con las diversas fuerzas políticas, incluyéndolas en la conformación del gabinete, lo que facilitó la gobernabilidad. De la concertación entre el alcalde y el Concejo, reflejada en la conformación del gabinete, cabía esperar el aminoramiento de la pugna entre estos dos entes, como efectivamente sucedió (^{Bromberg y Contreras, 2005}, p. 32). Sin embargo, Garzón encontró más críticas en su propio partido, el PDI. Un concejal miembro del PDI afirmó en una entrevista que «(Garzón( ha conciliado con las viejas prácticas de la política del chantaje, las presiones y las negociaciones [...]. De alguna manera muy pragmática y muy cómoda concilió con esas prácticas» (El ^{Tiempo, 2005}, febrero 12).

Posteriormente, en el gobierno de Samuel Moreno (2008-2011) se pasó de la concertación a la connivencia. El alcalde contó con una coalición mayoritaria que le permitió la aprobación del Plan de Desarrollo y los cupos de endeudamiento, entre otros proyectos clave.¹ De las negociaciones clientelistas que ya se veían venir al inicio de su periodo de gobierno (^{Bromberg, 2008}, agosto 6) se pasó a uno de los mayores escándalos de corrupción en la ciudad -el Carrusel de la Contratación-, en el cual estuvieron investigados 17 concejales y el alcalde mayor: «La investigación acerca del “carrusel” ha dejado condenas y ha sembrado dudas sobre el gobierno distrital en su conjunto y sobre toda la clase política relacionada con la capital» (^{Acuña y Rodríguez, 2016}, marzo 21).

El siguiente alcalde, Gustavo Petro (2012-2015), fue quien denunció cuando era senador el Carrusel de la Contratación. Petro no logró consolidar coaliciones mayoritarias en el Concejo, tanto el partido de la U como Cambio Radical y el Partido Liberal, hicieron oposición, a la que posteriormente se unieron algunos miembros del Partido Verde y el Partido Conservador. Las relaciones fueron tensas desde un inicio y el conflicto fue escalando a lo largo del periodo de gobierno (^{Semana, 2014}, abril 4), y temas claves como la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial y la modernización tributaria no fueron aprobados (^{Bogotá Cómo Vamos, 2015}).

Finalmente, en el segundo periodo de Peñalosa en la Alcaldía (2016-2019) hubo una parte significativa del Concejo que apoyó su gestión, logrando una coalición mayoritaria con 34 concejales, excepcional si se revisan los periodos de gobierno anteriores (^{Bogotá Cómo Vamos, 2015}). Se lograron aprobar la mayoría de proyectos clave, entre otros, los cupos de endeudamiento.

Si bien durante algunos periodos de gobierno -correspondientes a Luis E. Garzón (2004- 2007) y a Samuel Moreno (2008-2011)- el partido del alcalde tuvo mayorías en el Concejo, esto no ha sido la generalidad desde 1994. Como puede apreciarse en esta revisión de la relación alcalde-Concejo en Bogotá, se ha pasado de la tensión -Mockus i y ii- a la negociación y concertación -Peñalosa i y ii, Garzón-, por la confrontación abierta -Petro- y, por supuesto, por la connivencia, dando lugar a procesos de corrupción -Moreno-. Se puede señalar que en los periodos de negociación y concertación -Peñalosa i y ii, Garzón, incluso Moreno- se lograron coaliciones, resta por estudiar cuáles fueron las características de tales coaliciones y por qué se lograron mantener.

En un sistema de partidos desinstitucionalizado es más difícil obtener el apoyo del legislativo o conseguir mayorías estables duraderas, en este caso, Concejo (^{Mainwaring, 2018b}). Este apoyo puede ser débil, surgiendo así conflictos entre ejecutivo y legislativo. La falta de mayorías, a priori, puede conducir a que la negociación para lograr coaliciones mayoritarias en el Concejo, a fin de tener mayor gobernabilidad por parte del alcalde, sea más ardua, con dificultad para lograr acuerdos estables. Así pues, la capacidad de ejercer veto por parte del Concejo, sus funciones en el control político al ejecutivo y de aprobación de temas claves como el presupuestal, cupo de endeudamiento, Plan de Desarrollo o Plan de Ordenamiento Territorial, llevan a una necesaria transacción entre estos dos entes. Como se demuestra, alcaldes críticos hacia prácticas políticas tradicionales han encontrado mayor conflicto en el Concejo, con evidentes dificultades para llevar a cabo su programa de gobierno y con consecuencias claras en la gobernabilidad: «Si el ejecutivo tiene urgencia, y su capacidad de espera es casi nula, los congresistas pueden pedir compensaciones particularistas a cambio de aprobar las leyes» (^{Gutiérrez, 2003}, p. 24). Esto puede ser extrapolado al gobierno local en el caso de Bogotá. Es preciso examinar cuál es la naturaleza de esos intercambios.

3.2 Ese gran desconocido. Concejo y responsiveness

Al preguntar a los ciudadanos qué instituciones, según su percepción, realizan acciones para mejorar su calidad de vida, 28% señaló que la Alcaldía y solo 5% que el Concejo (^{Bogotá Cómo Vamos, 2017}). Buena parte del electorado en la ciudad se ha concentrado en la figura del alcalde, atribuyendo al ejecutivo la responsabilidad de los resultados del ejercicio de gobierno (^{Pizano, 2003}); por el contrario, la percepción de la gestión de los concejales de la ciudad parece casi inexistente:

Muchos de los que habitan la Capital desconocen que existe una escala Distrital donde la cabeza es el alcalde pero que es seguida por una Corporación que se dedica al control y vigilancia de la administración de turno debatiendo acuerdos que fungen como la hoja de ruta para el desarrollo, bienestar y avance de la ciudad.

[...] De todo lo anterior se desprenden varias consecuencias: [...] (2) La participación ciudadana se ve limitada al voto y no trasciende al control social que debe ejercer el ciudadano sobre la gestión de los concejales. (3) No hay una verdadera rendición de cuentas por parte de los legisladores (^{Contrial, 2015}, mayo 8).

Este desconocimiento de las funciones del Concejo y su importancia para el gobierno de la ciudad se refleja en que para las elecciones de 2011 en Bogotá más de 90% de los encuestados no recordaban por cuál candidato al Concejo habían votado, 95% no sabía si ese candidato había salido elegido y más de 90% consideraban que el Concejo no los representaba (^{Hurtado, García y Copete, 2013}). Por lo tanto, parece que la relación entre el Concejo y el ciudadano de Bogotá es distante, lo que, en principio, limitaría los procesos de representación política, en términos de accountability y responsiveness. En caso de que los ciudadanos busquen promover determinados temas en la agenda, pueden no ver a los concejales de la ciudad como autoridades que puedan ser receptivas a sus demandas o que puedan canalizarlas de manera efectiva -responsiveness-. De la misma manera, en caso de crisis por determinados temas en la ciudad, no se aprecia la responsabilidad de los concejales. Así pues, surge la pregunta: ¿cómo se representan los intereses de los ciudadanos si hay una débil conexión entre los partidos políticos y los electores?

3.3 De la representación al clientelismo. Vínculos entre partidos y votantes

El denominado voto de opinión y su consiguiente distanciamiento con las prácticas políticas tradicionales, parece ser generalizado en la ciudad (^{Pizano, 2003}); no obstante, aunque este voto de opinión independiente ha empezado a surgir con fuerza en Bogotá, no es generalizable a toda la ciudad, ni implica que las dinámicas políticas de la ciudad, en efecto, hayan tenido una transformación profunda, desligándose de prácticas clientelares (^{Barreto, 2010}).

Lo que a priori puede parecer una mayor institucionalización de los partidos, en el caso de Concejo, evidencia partidos con mayor capacidad organizativa en lo local y lo barrial, que en muchos casos opera a través del personalismo de los candidatos y de sus redes electorales, articuladas a un candidato determinado, no necesariamente a un partido. Esto ha llevado a que tanto para las elecciones de Concejo como para las JAL predominen dinámicas personalistas y, en algunos casos, clientelares. Más que vínculos ideológicos o programáticos, se advierten vínculos personalistas, difusos y, en ocasiones, estratégicos para la obtención de bienes públicos entre los representantes políticos y la ciudadanía.

Estudiando la dinámica electoral del Concejo y las JAL se aprecia un funcionamiento más robusto de las organizaciones partidistas de cara a ganar elecciones. Tal robustez, sin embargo, no se equipara con la institucionalización. Este comportamiento más «sólido» de los partidos se puede explicar por dos cuestiones: la primera, debido a la reforma política de 2003 y la Ley de Bancadas que estableció nuevas reglas en el sistema de partidos, favoreciendo la reagrupación de los partidos. Antes de la reforma de 2003, los partidos repartían avales de manera indiscriminada a quienes lo solicitaran y demostraran que tenían cierto caudal electoral (^{Pizarro, 2002}). Este panorama no ha cambiado del todo. Conscientes de las altas probabilidades que tienen muchos políticos de base de acceder a cargos de elección popular contando únicamente con sus redes electorales, estos buscan el aval dentro del «mercado» de partidos: «[...] no es el partido el que escoge el candidato, sino éste quien escoge cuál etiqueta partidaria le conviene» (^{Losada, 2012}, p. 128). Debido al creciente descrédito de los partidos tradicionales frente a los electores, muchos de los candidatos buscan marcar distancia hacia la maquinaria política tradicional, lo que lleva a que buena parte de ellos en las campañas electorales se consideren, por ejemplo, liberales y, a la vez, independientes.²

La desinstitucionalización y la ruptura de las adscripciones partidistas de los candidatos hacia sus electores, en términos de la identidad, se evidencia cuando los ciudadanos que votan por una lista perdedora a la JAL, avalada por determinado partido, no se consideran representados por una lista de ese mismo partido que sí obtiene una curul (^{Bromberg y Contreras, 2005}). Es decir, los votantes se sienten identificados por determinado candidato no por el partido.

La reforma de 2003 obligó a los partidos a realizar un proceso de selección de candidatos más juicioso, contrastando con la estrategia de repartir avales de manera indiscriminada anotada anteriormente. Con las nuevas reglas, algunos partidos han institucionalizado más el proceso que otros, en ciertos casos los partidos han sido más abiertos y democráticos,³ realizando consultas internas para la selección de candidatos, aunque se reconoce que la utilización de este mecanismo es ínfima (^{Rodríguez, 2015}).

¿Cuál es, entonces, el vínculo entre el ciudadano y el partido o el candidato? La segunda explicación al funcionamiento más robusto de los partidos en el Concejo y la JAL, comparado con la elección de alcalde mayor, tiene que ver con su relación con las bases sociales y sus estrategias electorales encaminadas a maximizar su participación en los comicios. Las denominadas microempresas electorales tenían -todavía- su fundamento en que los candidatos partían del supuesto de que buena parte -si no el total- de los votos obtenidos dependían más de su propio esfuerzo, de sus tácticas electorales y de su financiamiento de campaña que de la capacidad organizacional del partido (^{Albarracín, Gamboa y Mainwaring, 2018}).

Se denomina microempresas electorales a grupúsculos, bien al interior de los partidos o como movimientos o partidos nuevos, que buscan representación en los legislativos o ejecutivos a partir de redes electorales restringidas e identificables encabezadas por un líder político. Tal líder político puede ser, por ejemplo, candidato al Concejo y a su vez apoyase en líderes barriales e incipientes líderes políticos territoriales, como candidatos a la JAL o líderes de Juntas de Acción Comunal, para articularse a las bases sociales y obtener los votos necesarios para obtener escaños (^{Pizarro, 2002}).

Así se forma una red que vincula líderes y votantes. Muchas de estas redes funcionan a partir de lógicas clientelares, indispensables para obtener votantes «cautivos» y para garantizar el triunfo en las elecciones. Al correlacionar los votos obtenidos en determinados barrios y la inversión aprobada para estas zonas desde la JAL -georreferenciación electoral-, existe una alta incidencia entre el éxito electoral de los ediles y el direccionamiento de inversión hacia aquellos barrios donde obtuvieron mayor votación (^{Bromberg y Contreras, 2005}, pp. 187-195). La lógica que subyace parece ser direccionar el gasto o los recursos de la localidad hacia aquellas zonas o sectores en donde estos representantes obtuvieron más votos.

Los anteriores hallazgos parecen evidenciar la particularización de la representación en la elección a Concejo o JAL, donde la red electoral de ediles o concejales está relativamente delimitada. De esta manera, aseguran su elección con un número no muy alto de votos y los ciudadanos garantizan cierto acceso a los servicios y bienes públicos. La lógica clientelar determina quién esta «dentro» de la red y quién está «fuera». Los que están dentro, es decir, los ciudadanos cuyos candidatos han logrado un cargo a Concejo o JAL, pueden acceder a bienes y servicios del Estado que son distribuidos de manera discrecional -desde cupos en colegios, servicio de salud, hasta cargos públicos, contratos, entre otros-. Los que están fuera, aquellos que decidieron no votar o cuyo candidato perdió, tendrán mayores dificultades para acceder a los mismos bienes y servicios (^{Gutiérrez, 1998}, p. 119).

Los representantes políticos -concejales o ediles- que están a cargo de distribuir recursos públicos tienen incentivos para utilizar la personalización y delimitación de redes electorales o el clientelismo como mecanismo para llegar al Concejo o a la JAL, de esta manera se aseguran de obtener los votos que necesitan para lograr las curules. Por su parte, los ciudadanos que integran redes electorales o clientelares tienen incentivos para seguir perteneciendo a ellas, es la forma en que logran acceder a servicios que tal vez de otro modo no podrían. Esta puede ser la forma en la que opera la responsiveness en el ámbito local, particularizando demandas ciudadanas.