LA TENSIÓN entre la ley y el hecho ha sido una constante que se ha observado a lo largo de la historia argentina, peruana y venezolana, producto de democracias e instituciones públicas débiles, que posibilitaron una mayor permeabilidad a la corrupción y a la transgresión normativa (Gáchter & Schulz, 2016; Nino, 2005; Portocarrero, 2004; Quiroz, 2013; Waldmann, 2003). En la actualidad, la percepción de transgresión ciudadana continúa siendo alta (Latinobarómetro, 2011, 2013, 2015) y diversos autores plantean que la transgresión en estos países no se reduce a grupos específicos, sino que el incumplimiento normativo es un fenómeno endémico y responde a una cultura de la transgresión (Beramendi, 2014; Nino, 2005; Portocarrero, 2005; Rottenbacher & Schmitz, 2012; Ugarteche & Therborn, 2005). Esta tendencia general a la ilegalidad condiciona el desarrollo político, económico y social de cualquier país (Nino, 2005).
En estos países, la transgresión normativa se convierte en norma social descriptiva (Cialdini, Reno, & Kallegren, 1990), y por ende adaptativa (Cialdini, 2007), ya que los ciudadanos perciben que la transgresión es generalizada y compartida colectivamente (Latinobarómetro, 2015). Dentro de esta cultura, la transgresión es considerada ilegal pero raramente ilegítima (Beramendi, 2014).
La transgresión a largo plazo no es una estrategia adaptativa eficaz, sino que se convierte en una práctica disfuncional a nivel social e institucional. Como plantean Wright, Taylor y Moghaddam (1990), la gente comienza a realizar acciones no normativas individuales, porque no creen que el cambio pueda producirse de manera colectiva y a través de los caminos institucionales formales. Entonces, en vez de generar un cambio a nivel institucional para revertir alguna norma disfuncional o inequitativa, las personas actúan individualmente y resuelven sus problemas incumpliendo la norma. De esta manera, se sostiene y perpetúa un sistema disfuncional, poco transparente e inequitativo.
Esta dinámica genera un sistema normativo en el que compiten las normas formales que regulan el comportamiento institucional y las normas informales que se estructuran a partir de la socialización de las personas en dichas instituciones. Esto genera que la transgresión responda a patrones de comportamiento comprendidos y acordados tácitamente o, a veces, hasta explícitamente por los actores (Beramendi, 2014; Helmke & Levitsky, 2004).
Portocarrero (2005) afirma que en el Perú existe una práctica colectiva de los ciudadanos a tomarse ciertas licencias a la hora de cumplir normas y, por ende, subyace un rechazo compartido hacia ellas, así como cierta tolerancia a la transgresión. Estas prácticas también se observan en el contexto argentino (Beramendi & Zubieta, 2013a; 2013b), en las que la transgresión se ve acompañada de un bajo el control social e institucional, y una concepción negativa de las normas (e. g., arbitrarias, sin sentido, para unos pocos, etc.).
Sin embargo, Rottenbacher y Schmitz (2012) y Monsegur, Espinosa y Beramendi (2014) hallaron resultados contradictorios. Al evaluar la tolerancia a la transgresión de ciertas normas de manera abstracta, los participantes dan cuenta de un alto rechazo. En este sentido, se halla una tensión entre el reconocimiento de la tolerancia a la transgresión como una práctica cotidiana y la valoración negativa de que esto debería ser tolerado socialmente. Es decir, la gente tolera en la práctica la transgresión, pero cree que dicha práctica no debería regir el correcto funcionamiento social.
El incumplimiento normativo denota un problema sistémico y generalizado que no puede entenderse de manera aislada o monocausalmente, sino que debe ser comprendido a nivel social a partir de un análisis de la percepción del sistema normativo entendido como organismo complejo que comprende las normas, las instituciones y los agentes que las promueven, respaldan y controlan, así como las creencias y las prácticas en relación a ellas (Beramendi, 2014; Beramendi & Zubieta, 2014, 2018). Esta propuesta considera tres variables fundamentales para comprender el funcionamiento del sistema normativo: la percepción de falta de legitimidad, la percepción de transgresión y la percepción de debilidad normativa (Beramendi & Zubieta, 2014, 2018).
La percepción de legitimidad es una evaluación positiva que se realiza sobre la percepción de justicia en la organización de las instituciones y la gestión de las autoridades. Básicamente, esto conduciría a que las personas tiendan a aceptar voluntariamente que algo es "correcto" o "justo", lo que promueve la estabilidad de cualquier estructura institucional. Sin embargo, cuando la gente percibe una norma o un procedimiento como injusto, tiende a incumplir dicha regla y a no respetar la autoridad de la institución de la cual emana (Tyler, 2000, 2001, 2006). Habría seis atributos que generan esta falta de legitimidad: 1) la percepción de una mala distribución económica, 2) un incorrecto funcionamiento de los procesos de justicia, 3) altos niveles de corrupción, 4) baja eficacia, 5) baja confianza institucional y 6) autoritarismo por parte de las autoridades (Beramendi, 2014; Beramendi & Zubieta, 2013a, 2014, 2018; Brandt, 2013; Mueller & Landsman, 2004; Murphy & Tyler, 2008; Napier & Tyler, 2008; Rose-Ackerman, 2008; Seligson, 2002; Tyler, 2000, 2001, 2006; Wenzel & Joblin, 2006; Zelditch, 2001).
La percepción generalizada de la transgresión se estructura a partir de percepciones y creencias que sostienen dichas prácticas. El incumplimiento normativo se convierte en una norma adaptativa al contexto y, por ende, eficaz para interactuar con el entorno (Beramendi, 2014; Cialdini, 2007). La percepción de transgresión se estructura y responde a diversas variables. En principio, la inobservancia normativa se manifiesta como una creencia compartida y naturalizada en la sociedad, que se plasma conductualmente en hábitos compartidos, pero que cada persona adopta de manera diferente, creando su propio sistema de normas. Por ejemplo, a partir de un estudio cualitativo, Beramendi y Zubieta (2013b) han hallado que algunas personas pueden incumplir sistemáticamente unas normas y cumplir otras; en cambio, hay personas que las cumplen según el contexto y el momento, o también personas que cumplen con aquellas normas que creen moralmente correctas. Esta percepción de transgresión generalizada convive con la baja percepción de control y sanción por parte de las autoridades, así como por un bajo control social (Beramendi, 2014; Beramendi & Zubieta, 2013a, 2014, 2018; Bóhmer, 2010; Nésis, 2005).
La debilidad normativa se asocia a la percepción de una doble normatividad de las instituciones, en la que conviven normas formales e informales, y estas últimas tienen mayor reconocimiento y respeto que las primeras. En consonancia con este escenario se percibe que las normas son arbitrarias y que las autoridades están por encima de ellas. La relatividad de las normas formales, sobre todo cuando se percibe de manera generalizada, se asocia a una pérdida del poder de la norma, ya que esta se relativiza, pasa a ser negociable y depende más de los actores que las regulan que de los procesos formales. Así, la generalización del uso de instituciones informales, definidas como las reglas socialmente compartidas pero generalmente no escritas y sin una sanción oficial (Helmke & Levitsky, 2004), serán perjudiciales para la sociedad, porque, más allá de que puedan suplir o complementar el funcionamiento formal en cierta circunstancias específicas, en general perpetúan situaciones de incertidumbre y debilidad institucional, ya que no reemplazan a las instituciones formales, sino que compiten con ellas (Beramendi, 2014; Beramendi & Zubieta, 2014, 2018).
Por lo tanto, se vive una tensión entre comprender cómo funciona el sistema normativo y las expectativas de cómo este debería funcionar. Esta disonancia genera un malestar emocional, que luego se vuelve a reproducir en creencias y prácticas concretas.
A partir de la construcción de una escala -Escala de Respuestas Emocionales ante el Funcionamiento del Sistema Normativo- (Beramendi, 2014), que evalúa las emociones positivas y negativas en relación con el funcionamiento normativo, se observó que la percepción negativa del sistema normativo genera emociones negativas como tristeza, vergüenza, desconfianza, entre otras.
Además, la percepción de problemas normativos genera sentimientos de desmoralización (Fernández-Dols, 1993; Oceja, 1997). Oceja, Adarves y Fernández-Dols (2001) denominaron desmoralización a los sentimientos que vivencian las personas, mediante prácticas concretas, cuando observan que sus metas no se alcanzan mediante sus propias habilidades intelectuales o sus capacidades de trabajo, méritos o esfuerzo personal, sino que se triunfa vulnerando las normas. Se constituye un sistema en el que imperan las lealtades, el proteccionismo y el nepotismo, que corrompe el correcto funcionamiento social. Esta dinámica crea una nueva figura que se denomina el conocido, que surge para lidiar con estos sistemas informales, y que al sostenerse en el tiempo genera una corrupción amable que perjudica a la sociedad (Oceja & González, 2002). Estas prácticas promueven un sentimiento de indefensión, que limita psicológicamente a los individuos, provocando un patrón contrario a la motivación y a la búsqueda de logro de las personas (Oceja et al., 2001).
Asimismo, se creó otra escala -Escala de Desmoralización Social frente al Funcionamiento del Sistema Normativo- (Beramendi, 2014), inspirada en el modelo de Norma Perversa (Fernández-Dols, 1993; Oceja, 1997), para indagar la desmoralización frente al mal funcionamiento del sistema normativo. Esta propuesta examina el grado de indefensión que sienten las personas por el accionar del Estado, los sentimientos y emociones que les genera la percepción de transgresión normativa, y el grado de justicia distributiva informal. Beramendi (2014) halló que la mala percepción del sistema normativo genera altos niveles de desmoralización social.
La visión negativa institucional no solo se circunscribe al sistema normativo, sino que se traslada a las representaciones sobre la identidad nacional, encontrando un parangón entre el sistema que se describe y los ciudadanos que lo integran. Beramendi y Zubieta (2013b) dan cuenta de que una de las características típicas que identifican al argentino es el de ser "piola" o vivo, también denominado viveza criolla (Denevi, 2002; Espinosa, 2011; Jauretche, 1973), y que se entrecruza con el concepto de zafar. Es decir, el "piola" o el vivo es aquella persona que transgrede, que no tiene ningún tipo de sanción, y se siente orgulloso de ello. Espinosa et al. (2015) hallaron en seis países de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela) que la viveza y la adaptabilidad no son necesariamente valorados como algo moralmente negativo, sino que se asocia al estereotipo de calidez.
A partir de lo mencionado, se observa que los países latinoamericanos comparten problemas normativos e institucionales que dan cuenta de una precariedad en el funcionamiento social, económico y político (Hernández, 2005). Sin embargo, son escasas las investigaciones que indaguen empíricamente los problemas normativos de la región. En particular, en Argentina, Perú y Venezuela se ha comenzado una línea de investigación que analiza la transgresión normativa desde una perspectiva sistémica/ institucional y que comprende las repercusiones psicosociales que eso conlleva (Beramendi, 2014; Beramendi, Acosta & Zubieta, 2016; Beramendi & Zubieta, 2014, 2016, 2018; Janos, Espinosa & Pacheco, 2018); pero aún falta explorar más aristas de esta problemática y comparar similitudes y diferencias entre los países de Latinoamérica. En este trabajo se analiza la relación entre la percepción del sistema normativo, las emociones que genera dicha percepción, la desmoralización social, la identificación con el colectivo nacional y la autoestima colectiva en los países antes nombrados.
Método
Participantes
La muestra fue no probabilística, intencional. Estuvo compuesta por 799 participantes (157 argentinos/as, 256 peruanos/as y 386 venezolanos/as), con un promedio de edad de 26,64 años (DE=12.62, Min=17, Máx=72). El 54.6% pertenecía al género masculino y el 45.4%, al femenino.
La mayoría de los participantes se autocategori-zaron como de clase media (59,8%); un segundo grupo se autocategorizó como de clase media-alta (25.7%); un tercer grupo se posicionó como de clase media-baja (11.2%) y, en menor medida, se encontraron aquellos participantes que se auto-definieron como de clase alta (2.1%) y clase baja (1.1%). En la Tabla 1, se detallan los datos socio-demográficos por país.
Instrumento
Se diseñó un cuestionario autoadministrado con las siguientes escalas y datos sociodemográ-ficos relevantes:
Escala de Percepción del Sistema Normativa (EPSN; Beramendi & Zubieta, 2014). Esta escala mide la percepción sobre el sistema normativo, comprendido como un organismo complejo que comprende a las normas, a las instituciones y a los agentes que las promueven, respaldan y controlan, así como a las creencias y a prácticas de los/as ciudadanos/as sobre las normas. Esta escala está compuesta por 20 ítems que se organizan en tres dimensiones que evalúan la percepción de falta de legitimidad, la percepción de transgresión y la percepción de debilidad normativa. Las respuestas se presentan en un formato de escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 indica totalmente en desacuerdo y 7, totalmente de acuerdo. Las puntuaciones elevadas dan cuenta de una percepción negativa del sistema normativo. Como la escala fue diseñada para el contexto argentino, se realizó una adaptación para que pudiera ser aplicada en Perú y Venezuela. La consistencia interna de la escala para la muestra total fue aceptable (α=.75), al igual que la confiabilidad de la escala por país: Argentina (α =.68), Perú (α =.76) y Venezuela (α =.66).
Escala de Desmoralización Social frente al Funcionamiento del Sistema Normativo (EDS-FSN; Beramendi, 2014). Esta escala fue inspirada en el concepto de desmoralización proveniente del modelo de norma perversa (cf. Fernández-Dols, 1993; Oceja, 1997). A partir de dicho desarrollo, se pensó el concepto de desmoralización en torno al mal funcionamiento del sistema normativo y, por ende, a la percepción generalizada de la transgresión. La escala está compuesta por 8 ítems ( e. g., "La falta de control social ante el caos en la Argentina es tan grande que las personas se sienten indefensas"; "La sociedad no recompensa el esfuerzo y el trabajo"; "Me siento burlado cuando veo que gente transgrede normas que yo cumplo"). Las respuestas se estructuraron en una escala Likert donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. La escala tiene tres dimensiones: (a) indefensión: sentimiento de vulnerabilidad y desesperanza por la falta de leyes e instituciones que regulen el funcionamiento adecuado de la sociedad (ítems 11, 9 y 6); (b) sensación de atropello ante la transgresión: sentirse burlado, perjudicado, por cumplir las normas que otros transgreden (ítems 2, 5 y 8); y (c) falta de recompensa al esfuerzo y el mérito: no se estimula ni favorece el esfuerzo, el trabajo duro o el mérito personal (ítems 4 y 10). De esta escala se obtiene un puntaje total, en el que los altos valores indican una sensación de desmoralización social. Como la escala fue diseñada para el contexto argentino, se realizó una adaptación para que pudiera ser aplicada en Perú y Venezuela. La consistencia interna de la escala para la muestra total fue aceptable (α=.79), al igual la confiabilidad de la escala por país: Argentina (α=.76), Perú (α=.67) y Venezuela (α=.78)
Escala de Respuestas Emocionales ante el Funcionamiento del Sistema Normativo (ERE-FSN; Beramendi, 2014). Esta escala evalúa las emociones que emergen de las percepciones del sistema normativo. Para este estudio se adaptó la escala para que pudiera ser aplicada en Perú y Venezuela. Esta escala consta de dos partes, en las que se pregunta por las emociones o sensaciones que emergen cuando los participantes piensan en el sistema normativo: "Considerando su respuesta anterior, marque las emociones/sensaciones que siente cuando piensa en el sistema normativo argentino/peruano/venezolano". Para responder, los participantes debieron considerar un listado de 12 emociones positivas y negativas: orgulloso, confiado, avergonzado, impotente, entre otras. Los valores de respuestas van de 1 (nada) a 5 (totalmente). La confiabilidad de la escala de la muestra total fue aceptable: emociones positivas (α =.77) y emociones negativas (α=.84), al igual que la consistencia interna de cada país: Argentina (emociones positivas [α =.77] y emociones negativas [α =.80]), Perú (emociones positivas [α =.76] y emociones negativas [α =.78]) y Venezuela (emociones positivas [α =.69] y emociones negativas [α =.78]).
Subescala de Autoestima Colectiva (Luhtanen & Crocker, 1992; adaptación tomada de Espinosa, 2011). La subescala posee cuatro ítems que evalúan la relación afectiva de los participantes respecto a su identificación con su país tales como: (a) "Generalmente, siento que ser argentino/ peruano/venezolano no merece la pena"; (b) "Generalmente, me siento bien por ser argentino/ peruano/venezolano"; (c) "En general, me siento afortunado por ser argentino/peruano/venezolano"; y (d) "A menudo lamento ser argentino/peruano/ venezolano". Los valores de respuesta van del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo). La consistencia interna de la subescala para el total de la muestra fue aceptable (α =.79), al igual que para cada país: Argentina (α =.79), Perú (α =.84) y Venezuela (α =.81).
Grado de identificación con el colectivo nacional (Espinosa, 2011). Se indaga el grado de identificación del participante con respecto a su colectivo nacional. Para ello, se hizo la siguiente pregunta: "¿Cuál es su grado de identificación con los argentinos/peruano/venezolanos?". El gradiente de respuesta va desde 1 (nada) a 5 (mucho).
Procedimiento
Para el diseño del cuestionario en Perú y Venezuela se realizó, en una primera etapa, una validez aparente. Esto implicó adaptar ciertos términos más localistas de la Argentina a términos que se utilizan en el resto de los países. Este proceso permitió que se unifiquen los conceptos, aunque algunas denominaciones se hayan cambiado. Luego de esta etapa, se procedió a la elaboración final de los cuestionarios en ambos países.
Para la aplicación del cuestionario se recurrió a dos modalidades que permitieron acceder a una muestra más heterogénea: versión en papel y versión electrónica. Para la primera modalidad de recolección de datos, los investigadores de cada país realizaron aplicaciones individuales y colectivas; en este último caso, los investigadores se acercaron a instituciones donde solicitaron los permisos correspondientes para aplicar los cuestionarios. Para la modalidad virtual, se diseñó un documento por país en google.doc. A pesar de que esta modalidad ha sido incorporada en estos últimos tiempos, se la reconoce como un método igual o mejor que la recolección de datos, autoadministrado y presencial (Lyons, Cude, Lawrence, & Gutter, 2005), pues aumenta la rapidez de recolección de datos y la diversidad de la muestra, así como reduce los costos (Weber & Bradley, 2006), disminuye la deseabilidad social y los errores procedimentales correspondientes a la carga de datos (Lyons et al., 2005), entre otras ventajas. En los cuestionarios, se les solicitó a los participantes un consentimiento, donde se explicitó que la participación era voluntaria, anónima y que solo se utilizarían los resultados para fines académicos.
Resultados
Para analizar la diferencia de las puntuaciones de las escalas entre los/as participantes de los tres países se llevó a cabo un ANOVA de un factor. Como muestra la Tabla 2, los datos obtenidos de la escala EPSN indican que los/as participantes argentinos/as, peruanos/as y venezolanos/as perciben negativamente el funcionamiento del sistema normativo, siendo la dimensión peor evaluada la falta de legitimidad; en segundo lugar, la dimensión percepción de transgresión y, finalmente, la dimensión de percepción de debilidad normativa. En consonancia con esta evaluación del sistema normativo, los/as participantes reportan más emociones negativas que positivas, y vivencian altos niveles de desmoralización social.
Nota: En cada fila, los promedios con distinto superíndice son significativamente diferentes según la prueba post-hoc Scheffe con p < .01.
Rango de respuestas: Escala de Percepción del Sistema = 6, Escala de Respuesta Emocionales ante el Funcionamiento del Sistema = 4, Escala de Desmoralización Social frente al Funcionamiento del Sistema Normativo = 4, Identificación con los argentinos = 4, Autoestima Colectiva = 4.
En relación con las variables relacionadas con la identidad nacional, los datos indican que los/as encuestados tienen una identificación alta con sus conciudadanos/as y la autoestima colectiva es positiva, emanando sentimientos de orgullo por poseer su nacionalidad.
Al comparar los resultados según la variable nacionalidad, se halló que los/as participantes venezolanos/as perciben la performance del sistema normativo de manera más negativa, que los/as peruanos/as y que los/as argentinos/as, respectivamente. Acorde a esta evaluación, los/as encuestados/as venezolanos/as manifiestan más emociones negativas que los/as peruanos/as y los/as argentinos/as, respectivamente, y menos emociones positivas que ellos/as. En relación con las variables relacionadas con la identidad nacional, los/as participantes venezolanos/as exhiben una identificación mayor que los/as argentinos/as, sin diferenciarse de los/as peruanos/as; y no se observan diferencias en relación con la autoestima colectiva entre los/as participantes de los tres países (Tabla 2).
Para poner a prueba el modelo que analiza la percepción del sistema normativo y cómo ello repercute emocionalmente (Beramendi, 2014), se amplió la población al contemplar participantes de otros países del contexto latinoamericano. Además, se hipotetiza que la mala percepción del sistema normativo y las emociones negativas que ello genera repercute negativamente en la identificación con los/as conciudadanos/as y con la autoestima colectiva, ya que se observó en investigaciones previas que la identidad nacional está intrínsecamente relacionada con las características institucionales de la sociedad.
Para analizar la relación entre las variables del estudio, se llevó a cabo un análisis de correlación de Spearman. Como se exhibe en la Tabla 3, se halló una relación moderada/fuerte y positiva entre la percepción del sistema normativo, las emociones que se generan a partir de dicha evaluación y los sentimientos de desmoralización social. También se observa una relación más baja y negativa entre las escalas antes nombradas y la autoestima colectiva, y no se visualiza una relación entre ellas y la identificación con el colectivo nacional. Sí hay una relación moderada/ fuerte entre la autoestima colectiva nacional y la identificación con los conciudadanos.
Nota: 1 = Escala de Percepción del Sistema Normativo, 2 = Escala de Desmoralización Social frente al Funcionamiento del Sistema Normativo, 3 = Dimensión Negativa de la Escala de Respuestas Emocionales ante el Funcionamiento del Sistema Normativo, 4 = Dimensión Positiva de la Escala de Respuestas Emocionales ante el Funcionamiento del Sistema Normativo, 5 = Grado de identificación con el colectivo nacional, 6 = Subescala de Autoestima Colectiva. **p < .001; *p < .01.
Se diseñó un modelo general para ahondar en la relación entre la percepción del sistema normativo y las diversas variables estudiadas, así como la relación entre ellas. Para ellos se calculó un análisis de senderos con el método de estimación Máxima Verosimilitud para poder analizar la invarianza del modelo según los países.
En una primera instancia, como se visualiza en la Figura 1, se hipotetizó un modelo en el que la percepción del sistema normativo influye directamente en la desmoralización social (EDSFSN), las emociones positivas (EREFSN) y negativas (EREFSN), la identificación con el colectivo nacional y la autoestima colectiva. Además, este modelo contempló que la identificación con el colectivo nacional afecta la autoestima colectiva. Por otro lado, se pensó que la desmoralización social (EDSFSN) y las emociones negativas (EREFSN) influyen directamente en la autoestima colectiva. De esta manera, se asocia las repercusiones emocionales del mal funcionamiento del sistema normativo con la falta de orgullo por pertenecer al país. Este modelo presentó un buen ajuste (x2/df=.177, p=.95, CFI=1, IFI=1, NFI=1, NNFI=1, RMSEA=0,0 (IC 90% [0, 0]) (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008); pero las siguientes relaciones no fueron significativas: (a) la percepción del sistema normativo y la identificación con el colectivo nacional (p=.62), (b) la percepción del sistema normativo y la autoestima colectiva (p=.08), y (c) desmoralización social y la autoestima colectiva (p=.73).
A partir de los análisis correlacionales y la redefinición del modelo anterior, se diseñó un modelo donde se invirtió la relación entre la autoestima colectiva y la identificación con el colectivo nacional, y en el que se quitaron las relaciones que no fueron significativas en el modelo anterior. Este nuevo modelo presentó buena bondad de ajuste: x2/df =2,349, p=.02, CFI=.99, IFI=.99, NFI=.99, NNFI=.99, RMSEA=.04 (IC 90% [.015, .067]). Además, la significación estadística de los coeficientes se estableció mediante un examen de los valores de t y todos fueron significativos considerando un valor de p<.05. En la Tabla 4 se detallan los efectos estandarizados totales y los indirectos.
Nota: EDFSN = Escala de Desmoralización Social frente al Funcionamiento del Sistema Normativo, EREFSN = Dimensión Negativa de la Escala de Respuestas Emocionales ante el Funcionamiento del Sistema Normativo, EREFSN = Dimensión Negativa de la Escala de Respuestas Emocionales ante el Funcionamiento del Sistema Normativo, Autoestima Colectiva = Subescala de Autoestima Colectiva.
Además, se realizó un análisis de senderos multigrupal para analizar si el modelo se adecuaba a las muestras de los tres países. Los resultados indican que se acepta la hipótesis nula que supone que el modelo de senderos ajusta tanto para la muestra en su conjunto como para cada grupo nacional (∆X2=22.029, ∆ df=14; p<.05). El modelo de senderos sin restricciones proporcionó un ajuste adecuado a los datos: X 2 /df =2,280, p<.01, CFI=.98, IFI=.99, NFI=.98, NNFI=.95, RMSEA=.04 (IC 90% [.025, .055]).
Nota: EDSFSN = Escala de Desmoralización Social frente al Funcionamiento del Sistema Normativo, EREFSN = Dimensión Negativa de la Escala de Respuestas Emocionales ante el Funcionamiento del Sistema Normativo, EREFSN = Dimensión Negativa de la Escala de Respuestas Emocionales ante el Funcionamiento del Sistema Normativo, Autoestima Colectiva = Subescala de Autoestima Colectiva.
Discusión
A partir de los resultados se observa que hay una percepción negativa del funcionamiento normativo en los tres países estudiados, siendo los participantes venezolanos quienes poseen una mirada más severa y los argentinos una mirada más benévola. Estos resultados pueden relacionarse con el momento político y social que está viviendo cada país. A partir de diversas fuentes, se observa que Venezuela está pasando por un momento de debilidad institucional y democrática que viene gestándose desde varios años, y se contrapone con la consolidación de instituciones públicas fuertes y el cumplimiento normativo (Buxton, 2018). La crisis del país está acentuada por el término del modelo estatista-intervencionista-importador, que regula los precios y posee tres tipos de cambio. Este modelo trae como consecuencias inflación, una escasez crónica y creciente de productos, y sobre todo el empobrecimiento de la calidad de vida de los venezolanos y altos niveles de violencia social (Sánchez-Urribarrí, 2016). Además, a partir de la presidencia de Chávez, se creó una polarización política chavistas/antichavistas/pobres-ricos que genera problemas sociales de diversa índole que continuaron luego de la muerte de expresidente (Acosta, 2013; Puyosa, 2012).
Los participantes peruanos percibieron el funcionamiento del sistema normativo muy negativamente, creencias que concuerdan con las investigaciones previas en el contexto peruano, donde se visualiza un alto nivel de transgresión, corrupción, baja eficacia institucional, entre otros fenómenos, como constantes crisis económicas (e. g., Aliaga-Tejeda, 2012; Delgado-Taboada, 2013; Janos et al., 2018; Latinobarómetro, 2011; Martínez, 2012; Portocarretero, 2004, 2005; Quiroz, 2013 Rottenbacher & Schmitz, 2012).
En el caso de los participantes argentinos, se observa un menor grado de disconformidad con el funcionamiento normativo en comparación con otros estudios realizados previamente en el mismo contexto. Puede deberse a que el promedio de edad de los participantes es menor, y como se ha corroborado en estudios previos, los participantes más jóvenes perciben de manera menos negativa el funcionamiento del sistema normativo (Beramendi, 2014; Beramendi & Zubieta, 2014, 2018). Sin embargo, la percepción es negativa y concuerda con estudios previos que dan cuenta de una percepción de transgresión normativa generalizada, de hechos de corrupción y de percepción de debilidad institucional (Beramendi, 2014; Beramendi & Zubieta, 2013a, 2013b).
Asimismo, la percepción más negativa con respecto a la dimensión/alta de legitimidad es coherente con los casos de corrupción por parte del Gobierno kirchnerista o el actual y la pobre actuación de la justicia como poder independiente de la República.
No obstante, los resultados indican que el origen común de los países conlleva instituciones y prácticas que reproducen los mismos problemas. Desde la época colonial, Latinoamérica y el Caribe tuvieron problemas para organizar un sistema político con un sistema de normas coherente y justo, que proveyera de estabilidad social a cada país (Cueva-Perus, 2003; Quiroz, 2013; Waldmann, 2003). Desde los orígenes la Colonia ya se apreciaba una separación entre el hecho y la ley, pues más allá de la imposición normativa proveniente de España los hechos cotidianamente proliferaban al margen de la ley y la justicia (Academia Nacional de la Historia, 1999; Portocarrero, 2004; Quiroz, 2013). Desde este momento histórico, nacería un desprecio por las leyes, asociado al rechazo del orden español percibido como abusivo, ilegítimo y corrupto (Academia Nacional de la Historia, 1999; Daros, 2004; Hernández, 2005; Portocarrero, 2004). Como plantea Portocarrero (2005), los peruanos -pero puede ser extensivo a los argentinos y venezolanos- siguen percibiendo las normas como impuestas y creen que por ello pueden tomarse licencias para incumplirlas. Como muestran los datos de este estudio, los participantes creen que las normas son arbitrarias y sin sentido. A partir de estas creencias, se naturaliza la trasgresión y se visibiliza el poco poder institucional que hay en estos países.
El doble funcionamiento institucional podría ser conceptualizado como un fenómeno de sincretismo normativo (Beramendi, 2014), porque hay una convivencia de normas que no guardan una coherencia sustancial entre sí, pero se fusionan en el mismo sistema. Esta configuración del sistema normativo se convertiría en un síndrome cultural de las sociedades con un alto nivel de transgresión cultural.
Este fenómeno estaría asociado a la tendencia de los países latinoamericanos por crear nuevas normas o agudizar las penas para que haya un mayor cumplimiento normativo; sin embargo, la creación de estas nuevas leyes no disminuye el incumplimiento normativo, sino que agudiza la ineficacia institucional y da cuenta de la disociación entre las leyes o normas formales y las normas sociales o informales (Beramendi, 2014; O'Donnell, 1996).
En relación con los resultados del análisis de senderos, se observa que la percepción negativa del sistema normativo influye positivamente en una mayor presencia de sentimientos de desmoralización, sentimientos negativos frente al funcionamiento, así como disminuye la autoestima colectiva, mientras que influye negativamente con el surgimiento de emociones positivas. Además, la desmoralización social influye en las respuestas emocionales ante la evaluación del sistema normativo. Asimismo, la autoestima colectiva influye positivamente en la identificación con el colectivo nacional.
La percepción negativa del sistema normativo no solo remarca un problema institucional/sistémico, sino que afecta emocionalmente a las personas. Por eso, más allá de que se percibe una naturalización de la transgresión, y por ende la gente se acostumbra y se rige por ese contexto, la gente no deja de vivir experiencias emocionales negativas que impactan en su vida y en su relación con la sociedad. Sin embargo, la percepción negativa del sistema normativo influye poco e indirectamente en la identificación con el colectivo nacional, que es alta, y afecta poco y directamente la autoestima colectiva. Por ello, se podría suponer que el mal funcionamiento afecta los sentimientos de orgullo por ser parte del país, pero posiblemente esto no afecta los lazos de pertenencia con el resto de los conciudadanos.
En este estudio se observan varias limitaciones. En principio no se contempló un análisis diferencial de las respuestas de los participantes según hayan contestado vía Internet o en versión papel. En relación con la muestra, hay un desbalance en su composición al considerar la edad, el género y la autopercepción de clase de los/las participantes. En próximas investigaciones sería interesante trabajar con muestras más heterogéneas y balanceadas en cada país. Asimismo, sería interesante indagar por la identificación nacional en vez de preguntar por la identificación con el colectivo nacional, para explorar más la relación con el país, y así remarcar una cuestión más institucional, que no se mediría con la identificación con el colectivo nacional, además de incorporar medidas que analicen el bienestar social y subjetivo. También se espera poder replicar este estudio en otros países de Latinoamérica para contrastar si este funcionamiento se corrobora en la región y así comprender el funcionamiento psicológico, social y político de nuestros países. En este escenario es fundamental comprender que, si no se cambia y mejora el sistema normativo, la transgresión y la arbitrariedad de las normas seguirán corroyendo el desarrollo de la sociedad y la civilidad, y perjudicarán la vida de cada ciudadano.