Órdenes subsidiarios, Coca, esmeraldas: la guerra y la paz

Subsidiary orders, Coca, Emeralds: War and Peace

Francisco Gutiérrez Sanín*, Mauricio Barón**

* PhD. en Ciencia Política de la Universidad de Varsovia, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: fgutiers@hotmail.com
** Antropólogo y estudiante de la Maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente se desempeña como investigador del proyecto "Economic Liberalization, Politics, and War" del IDRC Canadá. Correo electrónico: mauriciobv53@hotmail.com

Resumen

La cuestión central de este artículo es dilucidar cómo se articulan las economías esmeraldera y cocalera con el conflicto colombiano. Para esto interpretamos los mecanismos que generan conflicto o paz, orden o desorden. Nuestro análisis se apoya en el modelo de Richard Snyder que ofrece elementos analíticos para comprender cómo se correlacionan la contestación violenta y la exportación de productos primarios. Concluimos que las economías descritas han tenido trayectorias muy violentas pero también han abierto la puerta a formas específicas de paz, cuyos prerrequisitos son la negación de las libertades democráticas, la privatización de políticas públicas, el aval y fortalecimiento de actores ilegales o semilegales. Asimismo, ofrecemos un examen crítico al modelo de Snyder.

Palabras clave: narcotráfico, esmeraldas, conflicto colombiano, paz, privatización de la seguridad.

Abstract

This article explains how the emerald and coca economies are ingrained in the Colombian conflict. We interpret the mechanisms that generate conflict or peace, order or disorder. Our analysis is supported on Richard Snyder's model which offers analytical elements to understand how violent reaction and raw products exports correlate with each other. We conclude that the described economies have had very violent courses but have also opened up specific paths to peace, of which the prerequisites are the denial of democratic freedom, privatization of public economies, and the endorsement and strengthening of illegal or semi-legal actors. We also offer a critical assessment of Snyder's model.

Key words: drug traffic, emeralds, Colombian armed conflict, peace, privatization of security.

recibido 18/12/07, aprobado 04/02/08

 Introducción

Este artículo ofrece una comparación de los mecanismos que definen la relación de las economías cocalera y esmeraldera con el conflicto interno colombiano. Las dos economías comparten aspectos de central importancia: altos niveles de criminalización, violencia crónica, fuertes nexos con mercados globales, entre otros. No obstante, el desarrollo de cada una ha sido muy distinto. A pesar de que Colombia se convirtió de manera relativamente tardía en un país productor de coca –a principios de la década de 1980, solamente servía de intermediario comercial–, ya en 1978, algunos grupos guerrilleros comenzaban a debatir cómo asumir el nuevo cultivo (Ferro y Uribe 2002). A partir de allí, diversos actores, desde paramilitares hasta funcionarios oficiales, comenzaron a vincular crecientemente sus intereses con los de la industria de la drogas.  De esa manera, la coca pasó a ser definida como "el combustible" de la guerra colombiana. Aunque tal definición puede ser una simplificación, es claro que nuestro conflicto no puede ser analizado sin tener en cuenta la existencia de un gigantesco mercado global cuya regulación y tributación están, por definición, más allá de la esfera estatal. Por otro lado, desde las primeras décadas del siglo XX, el país mantiene la condición de ser el mayor productor mundial de esmeraldas del mundo, no sólo gracias al volumen de producción sino también a su calidad¹. Sucesivos gobiernos recurrieron sin éxito a diversas fórmulas para regular la producción esmeraldera. Desde mediados de la década de 1960, las esmeraldas comenzaron a ser asociadas con mafia y violencia en Colombia.  Por entonces, los esmeralderos eran el epítome de violencia criminal. De hecho, es probable que los esmeralderos se ajustaran por entonces más a la semblanza clásica de la mafia siciliana que las actuales estructuras del narcotráfico.

¿Por qué la coca se convirtió en el combustible de la guerra, y las esmeraldas no? ¿Qué explica los contrastantes patrones de guerra y paz asociados a cada una de las dos economías políticas que consideramos aquí?  Estas preguntas son interesantes por dos razones. Primero, las explicaciones basadas en el sentido común no permiten entender adecuadamente la cuestión. Por ejemplo, la proclividad a la violencia en uno u otro mercado no explica básicamente nada. Ciertamente, el hecho de que la coca esté sujeta a la prohibición internacional, mientras que las esmeraldas son un producto que sin mayores trabas tiene acceso a los mercados internacionales, es un factor importante para entender las diferencias entre las dinámicas cocaleras y esmeralderas. Segundo, la comparación entre ambas economías permite evaluar críticamente algunos de los principios fundamentales de la economía política contemporánea del conflicto, que cuestiona el canon clausewitziano. Después de la caída del Muro de Berlín, la mayoría de las guerras contemporáneas han sido guerras civiles. Esta circunstancia ha dado origen a dos nuevas nociones que se contraponen, con aparente éxito, a la interpretación trazada por Clausewitz, al menos en relación con las guerras civiles. Por un lado, Mary Kaldor (2001) ha descrito los conflictos civiles contemporáneos como "nuevas guerras", que exhiben un conjunto distintivo de rasgos: búsqueda de rentas, fuertes nexos con redes criminales, violencia contra civiles, etc. Desde esta perspectiva, pues, la guerra ya no es lo que solía ser. Por otro lado, los teóricos de la elección racional han llegado a la conclusión de que, en palabras de Keen (2000), "la guerra es la continuación de la economía por otros medios".

La dicotomía racionalista de Collier de codicia o agravios y las teorizaciones asociadas han sido cuestionadas de múltiples maneras. Para empezar, los resultados cuantitativos fueron construidos sobre una frágil base y una pobre teoría, además de una operacionalización bastante cuestionable (Gutiérrez 2004). Se trató de una interpretación económica de la política, sin tener en cuenta los microfundamentos: no ofrece los mecanismos concretos que llevan de la codicia a la rebelión. Tampoco muestra por qué agentes supuestamente concentrados en su beneficio personal se embarcan en dinámicas que ponen en riesgo sus vidas (Gutiérrez 2004); mucho menos se hace la pregunta obvia de por qué los agentes codiciosos no preferirían la paz cuando ésta es buena para los negocios. Carece de una explicación sobre las dinámicas asociadas a diferentes bienes primarios, cada una de las cuales puede producir resultados diferentes (Ross 1999). Otro aspecto que descuida es el papel del Estado. Pero, por otra parte, el debate suscitado por el "giro económico" ha permitido precisar tres puntos importantes. Primero, la correlación básica de Collier –entre una economía consagrada a la exportación de bienes primarios y la guerra civil– se sostiene, a pesar de que se pueden dar distintas interpretaciones a tal correlación, incluso mutuamente contradictorias (muchas de las variables que él y sus asociados clasifican como indicadores de codicia podrían sostenerse igual de bien, o probablemente mejor, como proxies de agravio). Segundo, desde el final de la Guerra Fría, la financiación de los conflictos depende de la capacidad de los gobiernos y de los rebeldes para extraer rentas de circuitos económicos transnacionales². Esto transformó la naturaleza de las guerras. Pero en qué forma lo hace, es algo que todavía estamos lejos de comprender; y cualquier avance en esa dirección dependerá de nuestra habilidad para comparar dinámicas económicas de conflictos pasados y actuales³ . Este ejercicio analítico implica puntualizar con un nivel razonable de detalle por qué y cómo algunas economías exportadoras sostienen y transforman el conflicto. Tercero, el Estado debe ser repensado, quizás no como el demiurgo de la guerra –como ocurre en la llamada "teoría realista" de las relaciones internacionales–, sino como un terreno donde la distribución y la regulación son disputadas y decididas.

En resumen, la contestación violenta y la exportación de productos primarios parecen estar asociadas de manera compleja y diversa. La cuestión es comprender cómo, bajo qué circunstancias y a través de qué mecanismos esa asociación tiene lugar. Esto es precisamente lo que Richard Snyder ha tratado de entender con un sencillo modelo que, sin embargo, es un claro paso adelante con respecto a las interpretaciones puramente economicistas del conflicto. Snyder pone la cuestión en el terreno del orden-desorden social, relacionado con la producción. "La respuesta más aceptada en la extensa literatura sobre guerras civiles es que la riqueza fácil de obtener, de carácter lucrativo, cuyos recursos son fáciles de transportar, como gemas, maderas preciosas y drogas ilícitas, genera desorden porque da los motivos y los medios para la rebelión armada" (Snyder 2004: 5). No obstante, la interpretación economicista estándar falla en el planteamiento, tanto desde la interpretación histórica como de la evidencia comparativa. Longitudinalmente, los exportadores de bienes primarios (específicamente, de recursos saqueables) han experimentado períodos de estabilidad y desorden. Desde una perspectiva comparativa, Marruecos y Botsuana muestran que regímenes muy estables pueden sobrevivir, a pesar de tener una gran riqueza de bienes saqueables. En otras palabras, al mantener constante la variable independiente –la presencia de recursos saqueables–, la variable dependiente varía significativamente, lo que es una señal inequívoca de que estamos frente a una explicación endeble. ¿Existe otra manera de proceder? Snyder nos demuestra que sí. "Al definir riqueza fácil de obtener como bienes de alto valor con escasas barreras de entrada, sugiero que se pueden implementar distintos tipos de organizaciones de extracción alrededor de estos bienes, con distintas consecuencias para la estabilidad política" (Snyder 2004: 6). El principal problema de los regímenes es su aptitud de "generar instituciones de extracción que están en capacidad de permitirles el control sobre los ingresos generados por los bienes saqueables" (Snyder 2004: 6).

¿Cómo conceptualizar todo esto? Hay cuatro modalidades a través de las cuales se puede organizar la extracción: privada (administrada exclusivamente por los productores), pública (únicamente por el Estado), mixta (cooperación) y abstención (no extracción). La extracción mixta merece especial atención, porque es un orden que genera condiciones y arreglos que en ciertas circunstancias fortalecen tanto al régimen político como a los agentes privados. Sin embargo, puede desestabilizarse por varias circunstancias: cambios en el equilibrio de poderes, un declive en el valor de los recursos aptos para el saqueo, inviabilidad de los acuerdos privados y desacuerdos en la asignación de recursos. La gran ventaja del modelo de Snyder es que ofrece elementos esenciales para comprender el salto de la estabilidad al conflicto, y viceversa, en países con recursos saqueables. Paralelamente, ofrece herramientas para entender la diferente relación con la violencia organizada que mantienen las economías esmeraldera y cocalera. De hecho, Snyder explícitamente se refiere al papel negativo de las prohibiciones internacionales, al bloquear las perspectivas de la extracción mixta. "Esta prohibición externamente inducida contra la extracción mixta es una causa de la violencia y el desorden porque obliga al gobierno a embarcarse en una confrontación letal contra los carteles de la droga" (Snyder 2004: 13).

En este artículo nos apoyamos en la aproximación de Snyder para reflexionar acerca de las especificidades en las pautas de las redes productivas transnacionales dedicadas a la extracción de coca y esmeraldas. Hemos señalado ya que la interpretación de Snyder constituye un progreso sustancial con respecto a las explicaciones estándar. Para profundizar en la comprensión de la economía política del conflicto, escudriñaremos en las estructuras productivas de la esmeralda y la coca –dos recursos saqueables–.  Asimismo, analizaremos el tipo de orden social generado a partir de los distintos arreglos descritos por Snyder, prestando especial atención a los órdenes de extracción mixta (OEM). Con esto buscamos develar los mecanismos concretos que conducen al conflicto o a la paz, al desorden o al orden (y luego, determinar a qué tipo de orden llevan). Las narrativas que presentaremos sugieren los siguientes puntos básicos:

1. Una variable explicativa clave es la manera como se integran los recursos saqueables a los mercados internacionales.
2. Pero esta integración toma forma a través la regulación estatal. Si queremos comprender adecuadamente el papel de los bienes primarios exportables con relación al conflicto y la paz, debemos repensar el papel del Estado. La integración a los mercados internacionales y las formas de regulación estatal también dan forma a los OEM.
3. En realidad, existe un completo conjunto de barreras a la entrada; los individuos pueden ingresar al negocio pero en distintos momentos y "puntos" del proceso de producción y distribución. Esta "estructura de acceso" cumple un papel importante en las dinámicas de guerra y paz.
4. Los derechos de propiedad mal definidos y los problemas de manejo de la información constituyen incentivos poderosos para recurrir al uso de la violencia.
5. Los "órdenes de extracción mixta" son realidades muy complejas. Snyder se interesa por el contraste orden-desorden. Pero llegar a la conclusión de que un cierto arreglo productivo genera orden no es suficiente.  Es preciso interpretar las diferentes modalidades de orden que pueden producir. A veces generan "pactos paradójicos" (Gutiérrez y Jaramillo 2003), un consocionalismo que cruza la línea que divide legalidad-ilegalidad. Los pactos paradójicos pueden dar origen a una paz duradera, pero simultáneamente debilitar el Estado y producir un cierre muy radical de las oportunidades democráticas.

Nuestro artículo se compone de un conjunto de narrativas. Las narrativas siempre están sobredeterminadas: uno puede encontrar muchas interpretaciones competitivas a las que razonablemente se les puede atribuir cierto poder explicativo. Aquí intentaremos exhibir mecanismos concretos en acción. Debido a las restricciones de espacio, sólo podemos ofrecer esquemas generales y una explicación de las estructuras que adquieren las interacciones involucradas. Tratáremos de especificar cómo interactúan la guerra, los negocios, la regulación y la paz. Esperamos mostrar a través de nuestras historias que hay buenas evidencias a favor de los cinco planteamientos hechos más arriba.

El artículo está organizado de la siguiente manera. En la primera sección, describimos las denominadas "guerras de las esmeraldas" y la manera en la cual han estado relacionadas con el conflicto nacional. Esta historia finaliza con un acuerdo de paz y de extracción mixta. La segunda sección describe cómo la coca se transformó en el combustible de la guerra colombiana, y asimismo, muestra las razones que llevaron a algunos actores a tratar de llegar a un acuerdo que permitiera su "limpieza legal" (Snyder 2004: 12). En la sección de las conclusiones, ponemos juntas las dimensiones políticas y económicas, y adicionalmente, la narrativa y los cinco argumentos. Examinamos la relación entre diversas formas de regulación del Estado y guerra-paz, y desarrollamos algunas interpretaciones.

Es importante hacer algunos comentarios acerca de los límites y el estilo de la exposición. El mercado de la coca es mucho más grande y extendido que el de las esmeraldas; por lo tanto, cualquier relato sucinto necesariamente tendrá un mayor nivel de detalle con respecto al segundo que con el primero. En los dos casos, tratamos de ofrecer datos relevantes (relevantes para responder la pregunta central y evaluar los cinco argumentos principales). Denominamos jefes de las esmeraldas y de las drogas a aquellos que demuestran múltiples capacidades para actuar e influir en distintos frentes –comandantes, líderes cívicos, empresarios–.  Usamos indistintamente los términos líderes, capos, jefes, empresarios, esmeralderos, señores de las esmeraldas o Don, sin tratar de implicar con cualquiera de estos términos algún significado recóndito o matiz conceptual.

1. Guerra-paz verde

En la primera mitad de la década de 1960, el occidente de Boyacá disfrutó de relativa paz interna. La principal organización de esmeralderos era "La Pesada", un grupo criminal en el que participaban varios líderes esmeralderos.  La banda lidiaba con "amenazas internas" (ladrones, guaqueros independientes, etc.). La estabilidad de la zona esmeraldera de Boyacá puede explicarse por el hecho de que el único proveedor extraestatal de seguridad poderosa era la articulación de "La Pesada" con un "bandolero político" (Sánchez y Meertens 1984), Efraín González. Gran parte del poder que detentaban los patrones de "La Pesada" se debía a que contaban con el respaldo de  González. Éste no sólo ofrecía seguridad a los jefes esmeralderos sino que se convirtió en el principal mediador de los diversos conflictos entre los guaqueros y esmeralderos de la región (Téllez, 1993).

Pero el poder de "La Pesada" no se limitaba al ámbito regional ni al control del mercado local. A pesar de que legalmente el Banco de la República tenía el control exclusivo de las minas de esmeraldas del occidente de Boyacá, en las décadas de 1950 y 1960, la mayoría de las gemas colombianas llegaba al mercado mundial por otra vía. Según el mismo Banco de la República, para 1966, el 95% del mercado mundial de esmeraldas dependía del "mercado negro" colombiano⁴ . Algo más de la mitad de la exportación de esmeraldas burlaba el control gubernamental y pasaba a manos de un reducido grupo de traficantes ilegales⁵ . El 40 o 50% de las esmeraldas recolectadas en las minas llegaba al Banco de la República; el resto se distribuía entre los esmeralderos allí mismo. El mercado negro se movía nacionalmente entre Coscuez y Bogotá, y desde ahí, las esmeraldas iban a parar al extranjero⁶.

Esa situación se veía favorecida por varios factores relacionados con el ineficiente manejo de la economía esmeraldera por parte del Banco, ante todo, la política del Banco de depositar la mayoría de sus reservas de esmeraldas y no comercializarla, para evitar inundar el mercado mundial, con el propósito de evitar una caída en los precios internacionales. Guerrero (1984) señala que, en 1968, Alemania Occidental, Estados Unidos y Francia registraban un total de 2.795.556 de dólares en esmeraldas importadas desde Colombia, mientras que el Banco de la República apenas registraba 574.919 dólares de ingresos por esmeraldas exportadas a esos países (Guerrero 1985: 228-229).

En segundo lugar, para frenar el contrabando de esmeraldas, el gobierno delegó la vigilancia de las minas al ejército, pero su labor no fue efectiva porque contaba con un escaso pie de fuerza y no disponía de medios de transporte adecuados para recorrer la montañosa zona esmeraldera, y porque aparte de las limitaciones netamente logísticas, los militares adscritos a la zona eran proclives a aceptar sobornos⁷.  En tercer lugar, estaban las difíciles condiciones laborales de los empleados de las minas, no sólo ocasionadas por las dificultades que entraña el trabajo en las minas sino por las dificultades de seguridad propias de la zona y las precarias contraprestaciones que ofrecía el Banco de la República a sus trabajadores. Los traficantes ilegales de esmeraldas contaban con la complicidad de los administradores de las minas nombrados por el Banco de la República. Estos administradores se hallaban ante un dilema difícil de resolver con decoro: enriquecerse o arriesgarse a un atentado⁸.

Frente a esta situación, el gobierno expidió la Ley 145, en 1959⁹. En su primer artículo disponía que "la explotación y la exploración de las minas de esmeraldas pertenecientes a la nación se efectuará mediante permisos concedidos por el gobierno nacional, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. Parágrafo: las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez seguirán siendo explotadas de acuerdo con el régimen vigente. Terminado éste, su explotación se hará directamente por la nación o en la forma que el gobierno estimase más conveniente". El principal efecto de la Ley 145 fue impulsar la consolidación de la minería informal ligada a estructuras mafiosas como la única opción viable para acceder a la riqueza minera del occidente de Boyacá.

La muerte de Efraín González, en junio de 1965, produjo un considerable deterioro del orden público de la provincia de Boyacá. Se dispararon los asaltos y la actividad de la guaquería se salió de control. Los miembros de "La Pesada" tenían claro que se requería de alguien que ejerciera autoridad en la zona y restaurara el orden perdido.  Llegaron a la conclusión de que la figura ideal para hacerlo era Humberto Ariza, alias "El Ganso", primo de Efraín González. Pero Ariza no logró consolidar su autoridad en la región y terminó yéndose en contra de sus jefes (Téllez, 1993; Torres y Ordóñez, 1995).

El conflicto entre Ariza y los patrones giraba en torno a la estrategia para articularse con el Estado. Hacia mediados de la década de 1960, los miembros de "La Pesada" habían logrado acumular grandes capitales y tenían la prioridad de legalizarlos. Con ese propósito, emprendieron una serie de acciones políticas y jurídicas, dirigidas a que el Estado los reconociera como empresarios legales. El principal promotor de dichas acciones fue Isauro Murcia, quien lideró una campaña contra el monopolio estatal de las minas y, paralelamente, trazó una estrategia para que los patrones de las esmeraldas pudieran ser reconocidos por el Estado, y así su actividad minera dejara de ser ilegal¹⁰ . No obstante, para Ariza no era atractiva la iniciativa de Isauro Murcia, puesto que el prontuario delictivo del primero no hacía viable su transformación en un interlocutor reconocido legalmente por el Estado, especialmente cuando sus patrones lo culpaban de cuanto crimen ocurría en la provincia.

En 1969, a través de un proceso que combinaba elementos ilegales tradicionalmente empleados por los esmeralderos con otros más novedosos y propios del ámbito legal, Isauro Murcia alteró la manera como los esmeralderos solían relacionarse con el Estado. Ante el colapso de la administración del Banco de la República –en gran medida, gracias a la explotación y comercialización clandestina de los esmeralderos de "La Pesada"–, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo delegó a Ecominas la administración y las facultades para ofrecer en concesión las minas de Muzo, Coscuez y Peñas Blancas     (Rivadeneira, 1981). Isauro Murcia, consciente de la inflexibilidad del gobierno de Lleras Restrepo frente a la ilegalidad y de lo prolongada que podía ser la lucha política y jurídica adelantada por sus abogados, estimó conveniente acudir a una estrategia complementaria capaz de esquivar la burocracia estatal y, de esa manera, generar resultados inmediatos. Con ese propósito, Murcia dispuso que él y sus socios infiltraran Ecominas, de la misma manera que lo hicieron con la administración del Banco de la República, o sea, a través de sobornos a funcionarios y de las tradicionales tácticas clandestinas de guaqueo (Téllez, 1993). La consigna era hacer colapsar a Ecominas. En 1971 fue capturado "El Ganso", pero la vendetta entre esmeralderos se extendió hasta 1973¹¹ .

a) Segunda "guerra esmeraldera"

En 1975 estalló la segunda guerra de las esmeraldas, con el asesinato, en Otanche, de dos hermanos de "Pacho" Vargas, a manos de Daniel Bustos Ortega, alias "El Chamizo", sobrino de Álvaro Bustos, ex alcalde de Otanche y quien había sido un actor central en la primera guerra, luchando contra "El Ganso" Ariza, y antiguo aliado de Vargas. El hecho llevó a Vargas a unirse con los hermanos sobrevivientes de "El Ganso" Ariza y con otros patrones que estaban en pleno proceso de consolidación en Coscuez¹² (Torres y Ordóñez, 1995).

En 1978 se firmó el primer pacto de paz entre esmeralderos del occidente de Boyacá¹³ . El acuerdo coincide con la licitación y adjudicación de las minas de esmeraldas a particulares para su explotación. Este pacto de paz generó dos efectos claros. Por un lado, la consolidación del monopolio sobre la explotación y comercialización de las esmeraldas por parte de los favorecidos con la adjudicación de las minas de Muzo (Isauro Murcia y luego Gilberto Molina) y Peñas Blancas y Coscuez ("Pacho" Vargas"). Por otro lado, el fortalecimiento de un grupo de guaqueros instalados, desde la época de la primera guerra, en el área de "La Culebrera" en Coscuez y las minas de Peñas Blancas.

Ante el fracaso de la explotación directa, asumida primero por el Banco de la República y después por Ecominas, el gobierno decidió ceder la explotación de las minas al sector privado, por medio de contratos de explotación¹⁴ . En marzo de 1977, por medio de la Resolución 337, el gobierno aprobó los contratos entre Ecominas, la Sociedad Minera Boyacense y la Sociedad de Esmeraldas y Minas de Colombia (Esmeracol).  A la primera empresa le fue concedida la explotación de las minas de Muzo y Quípama, mientras que a Esmeracol le correspondieron las minas de Coscuez. De igual manera, las firmas (Tecminas y Esmeracol) pertenecientes a los patrones de las esmeraldas más reconocidos para la época, Gilberto Molina y "Pacho" Vargas, compitieron con licitadores extranjeros y obtuvieron las concesión de las minas de Muzo, Peñas Blancas y Coscuez¹⁵.

Luego de que el gobierno dispuso la explotación mixta y, posteriormente, la concesión de las minas como mecanismo regulador de la explotación minera en la zona, se produjo un proceso de diferenciación entre esmeralderos. Los que se incorporaron al orden de explotación definido por el Estado adquirieron el estatus de empresarios legales, mientras que otro sector de los esmeralderos, el de los emergentes, conservó su estatus ilegal e informal. Pues bien, la nueva actitud del Estado permitió a los esmeralderos más tradicionales lograr un objetivo que venían buscando desde mediados de la década de 1960: ser reconocidos como empresarios mineros legales por parte del Estado y, de esa manera, legalizar sus fortunas. Adicionalmente, su nuevo estatus les permitiría incorporar formas de explotación más eficientes. Los patrones de violencia y paz están claramente asociados con el proceso de creación de un sistema de explotación minera mediante concesiones. Tanto miembros del sector privado de la industria esmeraldera como directivos de Ecominas reconocieron que los nuevos arreglos de explotación de las minas del occidente generaron una estabilización significativa de la situación de orden público en la región. Por ejemplo, Óscar Villegas, gerente de la Sociedad Minera Boyacense, afirmó con respecto al sistema de concesiones que "… lo más importante es la calma alcanzada y el incremento del empleo desde que la empresa privada asumió la explotación"¹⁶. De la misma manera se expresó Pablo Murcillo, gerente de Ecominas: "… la empresa ha optado por no explotar directamente las minas y más bien recurrir a la modalidad de contratos de explotación con particulares que garanticen ingresos adecuados y seguros. Las minas están produciendo ingresos por 195 millones anuales, además de esa forma se está controlando la situación de orden público"¹⁷.

No obstante, el propósito del Estado de contener la explotación ilegal de las minas de esmeraldas ofreciéndolas en concesión a los esmeralderos más poderosos y tradicionales no se consiguió, porque entre los esmeralderos tradicionales y los emergentes dedicados a la minería ilegal había compromisos que estaban por encima de las obligaciones con el Estado, y porque era evidente que excluir a los jefes emergentes hubiera implicado el rebrote de la violencia. Adicionalmente, la concesión de las minas a particulares les generaba a los gobiernos municipales unas regalías que, aunque escasas, servían de apoyo a los presupuestos municipales¹⁸.

b) Tercera "guerra verde"

Los conflictos que activaron el tercer enfrentamiento, el más significativo por los niveles de violencia que generó, se produjeron por desacuerdos en los turnos de las minas de Coscuez¹⁹, entre las familias Barrera García y las familias López Gualteros y Castellanos,  las tres familias dedicadas a la minería ilegal pero con alianzas con empresarios esmeralderos legales.

Rápidamente, las familias esmeralderas se reorganizaron en dos bandos, con el propósito de defender sus intereses. El bando de Borbur quedó integrado por familias de Santa Bárbara (familias Castellanos, Rodríguez, Espitia), Borbur (familias López Gualteros y Rodríguez), Peñas Blancas, Muzo y Quípama (Gilberto Molina), Otanche (familias Suárez, Bustos, Espitia y Salinas). Gilberto Molina buscaba obtener acceso a Coscuez. Y siguiendo la experiencia de antiguo patrón, Isauro Murcia promovió la integración de las familias aliadas, por medio de un comité regional que exigía el derecho al guaqueo²⁰. El bando de Coscuez, conocido también como el de "Los  Culebreros", quedó integrado por "Pacho" Vargas, los Barrera García, los Murcia Chaparro y Luis Romero y Daniel Cañón, del municipio de Maripí. Los Culebreros extendieron su dominio a los municipios de Pauna, Briceño, Coper y Buenavista (Uribe, 1992).

Al comienzo de la guerra, las familias de Borbur trataron de mantener un perfil bajo, acotar al despliegue de violencia contra sus enemigos y mostrarse respetuosos de la autoridad del Estado²¹. Eso explica que las familias Suárez y Espitia enviaran varios documentos a la Presidencia, en los que hacían una denuncia formal y pormenorizada de las agresiones de los de "El Colmillo", solicitando la intervención de las fuerzas armadas en el conflicto, todo con el propósito de detener al feroz jefe militar de Coscuez y restablecer el acceso perdido a las minas de ese lugar²². En este contexto violento, los contratos con el Estado adquirieron más relevancia para los empresarios esmeralderos, puesto que requerían recursos para financiar la guerra. Entre 1986 y 1989 hubo un gran crecimiento de las ventas de esmeraldas al exterior. Mientras que en 1986 las ventas ascendieron a 46.000.000 de dólares, en 1989 llegaron a la cifra de 121.000.000 de dólares. Un incremento cercano al 300% (ver la tabla 1).

Además del alto nivel de violencia, la tercera guerra esmeraldera estuvo marcada por un elemento novedoso: la participación del narcotráfico. Por iniciativa de Gilberto Molina, para ese entonces el líder del sector de los esmeralderos de Borbur, al que pertenecía la familia López, le pidieron apoyo a Gonzalo Rodríguez Gacha, líder de Cartel de Medellín. Al comienzo, Gilberto Molina y Rodríguez fueron aliados, pero posteriormente terminaron enfrentados a muerte. Los desacuerdos con Molina, llevaron a Rodríguez Gacha a aliarse con el bando de Coscuez. El 27 de febrero de 1989 fue asesinado Gilberto Molina, por orden de Rodríguez Gacha, en una masacre en la población de Sasaima, en Cundinamarca²³. Esto parecía indicar que el conflicto se estaba inclinando a favor de "Los Culebreros". Pero esa supuesta ventaja se esfumó a finales del año, el 16 de diciembre de ese mismo año, con la muerte de Rodríguez Gacha, en un operativo conjunto entre policía y ejército. La muerte del narcotraficante posibilitó los acuerdos de paz entre los esmeralderos (Téllez, 1993; Torres y Ordóñez; 1995).

¿Qué sentido tenía la relativa moderación del bando de Borbur? En realidad, estaba haciendo un doble juego. Por un lado, solicitaba explícitamente la presencia del Estado y del ejército en la región del occidente, y por otro lado, continuaba cometiendo crímenes y atacando a sus enemigos de Coscuez. Asimismo, mantuvieron su red de contactos con políticos y funcionarios del Estado, mientras que "Los Culebreros" veían cómo sus aliados dentro de las fuerzas armadas y el Estado gradualmente tomaban distancia. Evidentemente, la alianza que el bando de Coscuez sostenía con Rodríguez Gacha los hacía unos interlocutores incómodos para el Estado. 

El pacto de paz incluyó los siguientes puntos:

a. Cese inmediato del fuego.
b. Los dos bandos se comprometieron a desmantelar sus grupos de gatilleros.
c. El Estado vigilaría el desarrollo del proceso, fortaleciendo la justicia y la lucha contra la impunidad.
d. Veeduría de la Iglesia y el ejército para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.
e. Suspensión de cualquier actividad relacionada con el narcotráfico.
f. Ampliación de la participación en la explotación esmeraldífera. Este punto estaba dirigido básicamente a regular la explotación de la producción de Coscuez. Los socios de Esmerarcol S. A. –operadora legal de las minas de Coscuez– cederían sus derechos legales de explotación, para permitir así la participación de otros sectores interesados en el filón²⁴.

Uno de los aspectos centrales de este acuerdo de paz es que incluyó en los compromisos con el Estado a los esmeralderos informales más influyentes; recordemos que en la primera y segunda paz los sectores informales con mayor poder fueron excluidos de los compromisos entre los empresarios legales y el Estado.

En mayo de 1991 fue creado un consejo de paz, conformado por líderes esmeralderos, miembros de la Iglesia y autoridades civiles y militares; el consejo se aferró fielmente al esquema Mal Estado-Región Buena, como se puede deducir de la carta abierta que le envió a la opinión pública. Posteriormente, en julio de 1991, se acogió una figura más formal. Se conformó el Comité Permanente de Normalización, Verificación, Pacificación y Desarrollo del Occidente de Boyacá, con la presencia de los más prominentes esmeralderos, el gobernador de Boyacá, el arzobispo de Chiquinquirá, el comandante de policía del departamento, el gerente de la compañía Mineralco (Ocampo, Rangel y Sánchez 1993: 27). El arzobispo de Chiquinquirá fue designado presidente del Comité.

Con el pacto de paz, la situación varió radicalmente, puesto que los principales líderes de uno y otro bando tienen acciones y cortes en Esmeralcol, lo que genera incentivos muy fuertes para no enfrentarse: un típico OEM.

A la fecha, los esmeralderos pagan impuestos y colaboran con la policía departamental en el control del orden público de la región²⁵. Pretenden limitar al máximo las influencias externas sobre el territorio. Por ejemplo, en 2007 fue asesinado Yesid Campos, un esmeraldero que acumuló mucho poder en poco tiempo, y de quien se aseguraba que estaba vinculado con jefes paramilitares e introduciendo cultivos ilícitos al occidente de Boyacá. Una de las pistas para explicar el crimen es que detrás de él estuvieron los más poderosos jefes esmeralderos²⁶.

2. El combustible de la guerra

El mercado global de sustancias ilícitas se desarrolló rápidamente en la década de 1970 (Kenney, 2002). Al principio, en Colombia la marihuana atrajo la mayor atención, pero pronto aparecieron nuevos narcos que, con o sin nexos con el negocio de la marihuana, comenzaron a asumir el papel de intermediarios entre los principales productores –Bolivia y Perú– y Estados Unidos, junto con otros mercados. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, Colombia se transformó en el principal productor y exportador de cocaína. Este nuevo estatus generó una enorme riqueza ilegal que terminó financiando a guerrilleros, paramilitares, y a funcionarios del Estado.

a) Los narcos, los paramilitares y el Estado

Uno de los factores que mejor define la naturaleza contradictoria del paramilitarismo colombiano es su involucramiento con el narcotráfico. Al contrario de la versión que ofrecen los paramilitares de su propia evolución –primero eran limpios, luego fueron corrompidos por el narco y, finalmente, recuperaron su misión original (ver, por ejemplo, Castaño, en Aranguren 2001, pero el libreto ha sido adoptado por muchas fuentes)–, la participación de los narcos tuvo lugar desde el principio y desempeñó un papel clave. Los narcotraficantes tomaron la iniciativa de crear un grupo armado, Muerte a Secuestradores (MAS), a fines de 1981, el cual actuó como catalizador para la conformación de organizaciones de orientación similar en otras regiones. El MAS tuvo expresiones regionales, que actuaron como franquicias. Es claro que hubo muchos casos en donde originalmente la guerra antisubversiva tuvo fuertes nexos con el narcotráfico. Gracias principalmente a esta relación con el narcotráfico es que, pese a  los fuertes lazos entre políticos, élites regionales y militares, en Colombia los paramilitares nunca se han estructurado como una fuerza del Estado dedicada exclusivamente a tareas estratégicas que estuvieran operativamente fuera del alcance de los organismos de seguridad del Estado. Más bien se constituyeron en agente con una doble naturaleza: aliado estratégico del Estado pero también en relación de tensión dinámica con él, y sometido a una readaptación constante. En efecto, Colombia está inmersa en dos guerras (contra la subversión, posteriormente terrorismo, y contra el narcotráfico), las cuales son globales y no siempre plenamente compatibles (sobre todo, porque los narcotraficantes pueden, como tantos otros empresarios, adoptar una orientación antisubversiva²⁷). Asi mismo, hay conflictos cruciales que no dependen de la toma de decisiones nacional; la extradición es un ejemplo paradigmático. Las administraciones de Ronald Reagan y George Bush padre asumieron el tráfico de drogas como un problema de seguridad nacional y presionaron al Estado colombiano para que enfrentara a los carteles de la droga con determinación (este proceso es narrado detallada y juiciosamente en Matthiesen 2000). Estados Unidos le exigía a Colombia contener la producción de coca, mediante operaciones de erradicación de cultivos y destrucción de laboratorios para el procesamiento de droga, y la captura y extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos. En una guerra –contra la subversión–, los paramilitares eran aliados del Estado; pero en la otra –la de las drogas– eran adversarios, o al menos transgresores.

Entre la década de 1980 y el presente, la articulación de las dos guerras fue cambiando. El Estado colombiano, los paramilitares, los narcotraficantes y Estados Unidos se fueron reacomodando. En esa década, los narcotraficantes participaron como un componente más en la coalición antisubversiva, cuyos otros componentes fijos eran los ganaderos y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado (Gutiérrez y Barón, 2005).  En los noventa, los narcotraficantes  fueron ganando terreno como financiadores –algo en lo que la enormemente ineficiente ganadería extensiva no podía competir– y rentistas, hasta convertirse en la fuerza principal.

En los ochenta, la presión estadounidense y la ofensiva violenta del Cartel de Medellín frente al tratado de extradición provocaron posturas contradictorias entre las distintas ramas del poder público. Entre 1985 y 1986 hubo un número considerable de asesinatos de funcionarios.

En la primera mitad de la década de 1990 hubo un salto cualitativo en la política antinarcóticos. Entre 1989 y 1990, cuando César Gaviria se lanzó como candidato a la Presidencia, se mostró contrario a la extradición como el mecanismo principal para llenar los vacíos de la justicia colombiana. Una vez elegido presidente dispuso una serie de políticas para devolverle al sistema de justicia colombiano su capacidad de procesar y condenar a los narcotraficantes, recurriendo a procedimientos especiales como el sometimiento a la justicia a cambio de reducción de penas y la garantía de no ser extraditados. El 5 de septiembre de 1990, Gaviria logró la aprobación del Decreto 2047, dirigido a delitos contra el narcotráfico. En él se disponía que los narcotraficantes que se entregaran y confesaran sus delitos no serían extraditados; y que quienes además de la confesión colaboraran con la justicia, recibirían una rebaja de hasta una sexta parte de la pena. La nueva política de Gaviria contra el narcotráfico fue refrendada por el artículo 35 de la Constitución de 1991. Paradójicamente, Gaviria gozó de mejores relaciones con Estados Unidos que sus antecesores.  En gran medida, esto se debió a que continuó con la ejecución de algunas políticas comenzadas por Virgilio Barco, como la búsqueda y destrucción de laboratorios, y la fumigación aérea. Sin embargo, luego de la fuga de Escobar, en julio de 1993, el gobierno de  Estados Unidos hizo duros cuestionamientos al sistema de justicia colombiano. Gaviria logró calmar la hostilidad política estadounidense, y por medio de los decretos que expidió logró frenar la ofensiva terrorista de los narcotraficantes. La fuga de Escobar fue la situación que al parecer propició un acercamiento entre las fuerzas de seguridad del Estado y algunas de las organizaciones criminales que enfrentaban a Escobar. Finalmente, el jefe del cartel de Medellín fue dado de baja en diciembre de 1993.

La segunda mitad de los noventa trajo cambios en el rumbo de la política estatal contra el narcotráfico, correspondiente a un cambio en la "correlación de fuerzas", como solía decirse, dentro del mundo criminal, por la derrota del Cartel de Medellín.  La participación del Cartel de Cali en la financiación de la campaña del candidato que a la postre resultó ganador fue un factor serio de desestabilización de la vida pública. En 1995, Estados Unidos certificó a medias al país. El presidente Samper fue presionado por Estados Unidos para implementar una campaña de persecución a los miembros del Cartel de Cali, y para mediados de 1995, la mayoría de los jefes de esa organización habían sido capturados. Adicionalmente, en noviembre de 1997 el Congreso colombiano aprobó una enmienda constitucional que revocó la prohibición constitucional de 1991 de extradición de ciudadanos colombianos; la extradición fue aprobaba pero sin retroactividad.

En esta época, Carlos Castaño comenzó a estructurar su proyecto contrainsurgente, denominado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se trataba de conformar una confederación de grupos de autodefensas dispersos por distintas regiones del país, con un carácter militar estructurado, una jerarquía de mando y un discurso más elaborado que el de un simple escuadrón de la muerte, capaz de dialogar con la opinión pública a partir de una ideología contrainsurgente (Aranguren 2001: 199-203). Como se sabe, organizacionalmente, las AUC colapsaron en 2002.

La construcción de la federación puede haber servido, paradójicamente, para minar la coalición paramilitar original y dar origen a una nueva.  La cuestión se puede plantear de dos maneras, que convergen en un mismo resultado.  Primero, como lo señaló Duncan (2006), el hecho de que los paramilitares fueran "políticos" les sirvió para ser mejores "criminales".  En particular, el hecho de que tuvieran ejércitos privados que podían ofrecer seguridad más o menos eficientemente les permitió apoderarse de rutas de narcotráfico y operar en condiciones de integración vertical mucho más eficientes que las de los narcos "simples", que sólo tenían grupos más o menos dispersos de gatilleros, con mucho menor poder de fuego²⁸.  Probablemente, hubo algo aquí de descubrimiento e innovación: primero comenzaron ofreciendo seguridad a los narcos para que se instalaran cómodamente en sus territorios, sólo para descubrir después que el negocio era tan bueno que valía la pena entrar "por su propia mano".  Por lo demás, las barreras a la entrada eran básicamente las de la provisión de seguridad y neutralización de los agentes del Estado, y con respecto a ambas, los paramilitares estaban en mejor posición que los narcos "simples".  De hecho, sabemos que en algunas regiones (Puerto Boyacá) las cosas ocurrieron precisamente así.  Pero, por otra parte, hubo una paramilitarización de numerosos narcos. 

Muchos de los jefes militares de los carteles, que ahora quedaban con rutas y estructuras militares en sus manos, montaron sus propias estructuras militares que les permitieron confluir con las autodefensas²⁹.  La fachada de las autodefensas les ayudaba a encubrir sus actividades y a establecer contactos en mejores condiciones con agentes del Estado. Había, pues, incentivos en ambas direcciones para que los narcos adquirieran una posición privilegiada dentro del paramilitarismo, ya no como un componente más, sino como el componente dominante de la coalición.

La tendencia fue reforzada por los desenlaces, tanto militares como políticos. El impresionante crecimiento de las estructuras comandadas por narcoparamilitares contrasta con el estancamiento o lento crecimiento de grupos paramilitares dirigidos por jefes más  tradicionales de autodefensa, para no hablar ya de las dramáticas derrotas en el terreno de los bloques tradicionales a manos de los directamente manejados por narcos (como en el caso de la desaparición del Bloque Metro por acción del Cacique Nutibara³⁰). No sorprende, pues, la centralidad que tuvo en el proceso de paz la histórica reivindicación narco (no a la extradición).

b) La paz paramilitar

Justo en el momento de transición a la completa narcotización de las estructuras paramilitares (2002) se inició el proceso de paz con Uribe. En medio de los diálogos iniciales: a) se descubrió que muchas de las figuras que los paramilitares habían presentado como comandantes, en realidad, eran narcotraficantes; b) las fuerzas que representaban el viejo estilo de paramilitarismo fueron apartadas por sus ex camaradas. El acuerdo entre el gobierno y los paramilitares fue intensamente debatido, por tener muchas áreas oscuras. Pero los intercambios básicos son fáciles de identificar: de los paramilitares se exigía desmovilización, desmantelamiento del aparato militar, confesión de crímenes, restitución a las víctimas y no reincidencia.  El Estado ofrecía a cambio altos niveles de impunidad –qué tan altos, fue objeto de intenso debate–, reinserción y, eventualmente, ventanas de oportunidad para participación en política³¹. Es claro que algunos de estos principios han sido constantemente violados (por ejemplo, no reincidencia). La opinión pública ha venido hasta ahora a descubrir que en muchas regiones del país los paramilitares han construido poderosos feudos, que funcionan gracias a una estrecha alianza entre ellos, políticos, militares y autoridades civiles, y sectores de las élites económicas legales. Diversos informes de organismos internacionales sugieren, también, que hay preocupantes procesos de rearme, articulados en buena parte a las dinámicas de la economía cocalera.

En julio de 2004, justo en la mitad del proceso, surgió un acalorado debate, debido a la incorporación de narcotraficantes, muchos de ellos pedidos en extradición, como líderes paramilitares. Por ejemplo, el narcotraficante Víctor Manuel Mejía Múnera que de un momento a otro se convirtió en el comandante "Pablo Mejía" o "Pablo Arauca", del "Bloque Vencedores de Arauca", y Francisco Javier Zuluaga, alias "Gordo Lindo".

c) Las FARC

La principal guerrilla colombiana, las FARC, decidió actuar en las regiones dedicadas a los cultivos de coca en 1978 (Ferro y Uribe, 2002). Rápidamente, la guerrilla se consolidó allí. El nexo con el mercado de la coca ofrecía dos ventajas estratégicas. Primero, claro, incalculables rentas. La principal actividad económica de las FARC en las regiones bajo su influencia ha sido el cobro de tributos a los cultivadores de coca y a los comerciantes que compran la cosecha.  También regulan los precios.  Ya en los noventa existían reportes de que la organización estaba participando en masivos embarques de coca a Estados Unidos y  otros mercados, y también estaba proveyendo protección de algunas rutas, o al menos, de segmentos de ellas. Su cooperación con el narcotraficante brasileño Fernandinho Beira-Mar es un buen ejemplo de la significativa extensión que su red de alianzas en el mundo del narcotráfico había logrado. Por otro lado, puesto que las FARC castigan duramente los arreglos que puedan permitirles a sus miembros acceso personal a rentas, no hay evidencia de que algún miembro de la guerrilla actúe propiamente como un narcoempresario individual³²: continúan siendo funcionarios (aunque quizás estén comenzando a aparecer excepciones a esta regla). Además, la guerrilla es un actor armado que desafía al Estado y, por tal razón, como proveedor de protección a los narcos, su desempeño es limitado y ambiguo. Las guerrillas atraen la represión estatal, y una parte esencial de su repertorio militar es la estrategia de "pegar y correr" ("hit and run"; el énfasis está en preservar las tropas, no el territorio). Esto es exactamente todo lo contrario a la postura paramilitar (proteger el territorio por encima de todo). Segundo, las ganancias políticas, en particular, la posibilidad de asumir el papel del Estado, regulando el mercado. En efecto, antes de la introducción de los cultivos de coca, en el sur del país no había instituciones estatales ni "capital social". Como en el caso de las esmeraldas, el desarrollo del negocio de la coca generó violencia y anomia.  Cuando las FARC aparecieron como un regulador externo muy disciplinado, capaz de crear alguna semblanza de orden, algunos actores aceptaron su presencia.

¿En qué ha consistido esa "semblanza de orden"? Las FARC se encargan de regular las relaciones sociales. En lo económico, obligan a cultivar dos hectáreas de pancoger por cada hectárea de cultivos ilícitos. Fijan los precios de compra a los intermediarios y les cobran un impuesto. Ejercen igualmente una especie de aduana en las regiones cocaleras. En La Gabarra³³, al norte del país, las FARC, antes de la llegada del Bloque Catatumbo, controlaban de la siguiente manera la movilización de mercancía. Un miembro de las FARC apodado "La Vaca" se ubicaba a orillas del río San Miguel, por donde sacaban su producto los cocaleros, con una mesa y un cuaderno y varias cajas de cartón a su lado. Los cultivadores llegaban en canoa con la droga procesada. El guerrillero anotaba en un cuaderno la cantidad de droga que se iba a sacar, cobraba el impuesto de gramaje y ponía el dinero en las cajas de cartón. Los cultivadores seguían su camino en busca de compradores, que a su vez también les pagaban un impuesto a las FARC. Los compradores llegaban a La Gabarra a través de trochas, en lujosas camionetas. En el sur del país, el mecanismo parece haber sido distinto. En el Putumayo³⁴, según el testimonio de un desmovilizado de la guerrilla, de los 96 miembros con los que cuenta su frente, 60 están dedicados a actividades relacionadas con el narcotráfico. De acuerdo con su relato, "Chuzo", uno de los jefes financieros del frente, acudía con 300 o 400 millones de pesos en efectivo, para comprarles la coca a los campesinos. Los raspachines están obligados a vender todo su producido a las FARC. En sus zonas de influencia, la guerrilla ejerce un control estricto sobre la producción, hace censos de las fincas y ha evaluado cuál es el potencial productivo de cada una; adicionalmente, hace retenes en las carreteras y en el río a las salidas de los pueblos, y decomisa la coca que encuentra. Cada campesino llega donde el jefe financiero y vende su producido al precio fijado de antemano por el Secretariado.

Conclusiones

Hemos descrito la trayectoria violenta de dos importantes recursos saqueables. Por lo tanto, no solamente tenemos países y regiones donde los recursos saqueables están presentes en períodos alternados de violencia y sosiego, como Snyder acertadamente señala, sino agentes que promueven la violencia organizada pero que también son capaces de implementar los arreglos necesarios para llevar al cese de hostilidades. En el caso de las esmeraldas, el pacto regional incluyó a todos los adversarios. En el de la coca, el desenlace fue mucho más fragmentado, pero de la misma manera hemos contemplado cómo ha generado alternativamente dinámicas de guerra y paz.

Las dos trayectorias que han sido discutidas en este texto plantean dos problemas inmediatos. Primero, ¿son precisas las definiciones utilizadas en la literatura? La  noción misma de recurso saqueable aparece problemática. La cocaína no es "un bien fácil de transportar". De hecho, el principal problema para los empresarios de las drogas es superar las dificultades de transporte. Definir los recursos saqueables como "bienes de alto valor con escasas barreras de entrada" es más adecuado pero aún impreciso. Segundo, la codicia –o un tipo de acción colectiva basada en la codicia– no es necesariamente una condición adversa para la paz. Este punto parece contradecir seriamente lo que reivindica la sabiduría convencional. Dicho más claramente, la presencia de crimen organizado es un catalizador de cualquier clase de violencia porque: a) no cuenta con tribunales para resolver las disputas distributivas; b) por lo tanto, canaliza fondos para apoyar estructuras de seguridad, que desarrollan sus propias destrezas y tradiciones, pero que al mismo tiempo le dan ventajas para todo tipo de negociaciones; c) Tiene un interés implícito en debilitar al Estado. d) Típicamente, opera dentro de áreas institucionales precarias donde los derechos de propiedad están mal definidos. e) Enfrenta problemas de información que se configuran como dilemas del prisionero de segundo nivel. El conflicto surge fácilmente por la dificultad que tienen los criminales para implicarse en compromisos creíbles.  En ese contexto, la información ("créeme, voy a cooperar") se convierte en un recurso estratégico.

Son argumentos fuertes, pero nuestras narrativas parecen apartarse de las predicciones que ellos implicarían. Como hemos visto aquí, los OEM con altos niveles de criminalización pueden ser estables, y adicionalmente, pueden reducir sustancialmente la violencia (al menos con respecto a los índices de homicidios) (ver la gráfica 1).

Pero ¿qué historia puede contarse para explicar las dos trayectorias, y la alternación entre paz y guerra en los dos casos? Debe notarse que, en el caso de las esmeraldas, los protagonistas son los empresarios, sin mayor intermediación. En la coca, en cambio, la situación fue mucho más ambigua. En el caso de los narcotraficantes, no todos ellos optaron por transformarse en "políticos". Por otra parte, cuando los paramilitares decidieron reinsertarse, dejaron atrás un montón de personas que prefirieron persistir en la actividad ilegal. En el caso de la coca, sucesivas camadas de criminales organizados han tenido relaciones tempestuosas con el Estado, pero al final, la creciente criminalización de los paramilitares coincidió con un acuerdo con el gobierno y un masivo proceso de reinserción. Por lo tanto, al contrario de los que sostienen las especulaciones de Collier y de otros, la codicia puede actuar en las dos direcciones, como estímulo al conflicto y a la concordia, al orden y al desorden. Éste no es un contraste puramente académico, como puede notarse fácilmente observando la evolución de la actividad homicida en el occidente de Boyacá (gráfica 1). Ha decrecido un orden de magnitud. A través del pacto, la región encontró su ruta hobessiana hacia al orden. ¿Cómo explicar esto? Puesto que en el caso de empresarios ilegales los costos de la guerra pueden incrementarse rápidamente –porque la guerra puede propiciar la intervención estatal en la disputa, lo que subsecuentemente resulta muy dañino para los negocios ilegales–, aquí encontramos una fuente de fuertes incentivos para la paz criminal. El primer acuerdo de paz no fue sostenible por los problemas de manejo de la información y de falta claridad en la definición de los derechos de propiedad en las minas de Coscuez. Pero la guerra fue extremadamente costosa para los empresarios esmeralderos: una intensa y brutal confrontación combinada con una caída significativa de la rentabilidad abrió las puertas a un acuerdo de paz sostenible.

En el caso de la producción de coca, no ha sido posible lograr un arreglo estable. Aquí el punto es que, en realidad, la coca no es un recurso saqueable. Para empezar, la cocaína no es en lo más mínimo un producto fácil de transportar, y por esto, las barreras de entrada en términos de su conexión con el mercado global son altas. El acceso al mercado global depende de la capacidad para estructurar un aparato de seguridad y transporte, y la red de apoyo político. Pero al contar con estos recursos, el empresario exportador adquiere una visibilidad nacional e internacional muy incómoda para el Estado. Dicho de otra manera, el éxito económico (con todo lo que implica) desencadena desgracias políticas (la visibilidad). El Estado procede a extirpar al empresario ilegal que se ha vuelto demasiado incómodo, pero muy pronto otro nuevo toma su lugar porque, a pesar de que el riesgo es alto, el diferencial de precios es incluso mayor que en las esmeraldas, lo que mantiene atractivo el negocio. Se trata de un mecanismo eminentemente cíclico. Puesto que las esmeraldas son recursos genuinamente saqueables, y están territorialmente circunscritas, los productores tienen que coordinar con los exportadores, mientras que en el caso de la coca el exportador comisiona a los productores (y frecuentemente los reprime).

Pero la estabilidad depende no sólo de las barreras de entrada en muchos niveles; está también relacionada de manera obvia e íntima con las cambiantes formas de regulación estatal. ¿Por qué el Estado colombiano fue incapaz de poner en cintura el mercado esmeraldero? Ésta, ciertamente, es una dimensión crítica de la debilidad del Estado, que merece ser explorada con algún detalle. El Estado colombiano respondió a los desafíos del mercado internacional con políticas proteccionistas, sin promover ni la inversión regional ni el desarrollo tecnológico. Desde el punto de vista estatal, un problema central fue la incapacidad de solucionar las estructuras de agente-principal, pues sus agentes siempre podían ser cooptados por medio de sobornos o amenazas creíbles; así, no hubo manera de alinear las preferencias de los agentes con los desenlaces deseados por los arquitectos de las políticas. La liberalización económica y la desregulación, en cambio, produjeron una paz verosímil, en la cual el Estado y los esmeralderos administran un OEM. Con respecto a la coca, es claro que su ilegalidad, y el hecho de que abiertamente el Estado no puede endosar ningún tipo de arreglo estable con los empresarios, hace imposible tal tipo de solución. El régimen de prohibición estadounidense impide cualquier OEM articulado con el mercado internacional.

Hemos examinado las motivaciones racionales de los líderes esmeralderos y coqueros tanto para la guerra como para la paz. ¿Pero qué ocurre con el Estado? Hay que tener en cuenta que la economía política del conflicto ha sido particularmente débil cuando trata de introducir al Estado dentro de su marco de análisis. El Estado no es una cosa ni propiamente un agente social, así que no podemos asumir que tiene alguna clase de interés propio, como lo tendría un individuo. Ya vimos cómo han variado las formas de regulación del mercado de esmeraldas y –con muchos más límites– de la coca. Podemos asumir que cada presidente esta interesado en minimizar la inseguridad, puesto que la inseguridad genera descontento³⁵. Pero minimizar la inseguridad puede ser un asunto muy intrincado. La represión es costosa y puede ser contraproducente, mientras que la paz puede resolver problemas hoy pero crear las condiciones para la aparición de peores dificultades mañana (porque muestra públicamente que alguien poderoso puede romper la ley y salirse con la suya). Así, cada régimen diseña un paquete de alternativas de guerra y paz. Este paquete puede incluir el uso directo o indirecto de la fuerza. Como Maquiavelo bien lo sabía, los regímenes pueden delegar la represión si esto hace parte de una estrategia a largo plazo dirigida a obtener el control total (Machiavelli 1991).

Desde este punto de vista, la evolución en los mundos verde y blanco es también diferente. La solución esmeraldera es un típico OEM. El control territorial, hasta cierto punto, incluye la delegación de la administración de justicia y el uso de la fuerza a los líderes esmeralderos. El prerrequisito de este orden es la libertad para disponer de los buscapleitos y los mineros ilegales incorregibles, pero igualmente, la comprensión por parte de los líderes de que las trasgresiones demasiado visibles son el peor enemigo del pacto. El OEM sirve bien a los intereses de los señores de las esmeraldas: cuentan con hegemonía regional, la producción está totalmente privatizada y los impuestos son bajos. Claro que el Estado también gana. Obtiene una fortaleza contra la expansión de la guerrilla y los narcos³⁶, algunos ingresos a través de impuestos y regalías, niveles relativamente bajos de homicidios y, más generalmente, la solución de un problema regional. En otros términos, la precondición para el control territorial del Estado es su introducción, por medio de coaliciones regionales que prominentemente incluyen a los jefes esmeralderos.

El caso de la coca es mucho más complicado, pero muestra algunas similitudes llamativas. Puesto que la coca está dispersa territorialmente, se trata de un asunto nacional. Los impuestos están fuera de discusión (para el gobierno, no para los rebeldes o los paramilitares). Tanto por razones políticas (dado el número de personas involucradas en la producción) como financieras (la gran riqueza involucrada), el régimen tiende a tolerar los arreglos regionales, donde los magnates de la coca participan en coaliciones antisubversivas junto con miembros de las élites socioeconómicas. Estos OEM son muy similares al acuerdo esmeraldero. Sin embargo, este tipo de coaliciones es muy proclive a generar la desaprobación internacional. De hecho, esto explica porqué el acuerdo de paz entre el Estado y los paramilitares implica la devolución del control territorial al primero. Todo esto muestra cuán importante es considerar en detalle la naturaleza de los OEM. Los que hemos discutido en este artículo comparten muchas características. Primero, dependen de que los líderes sean capaces de actuar colectivamente. El potencial para la acción colectiva está basado en a) los beneficios económicos que pueden resultar de la cooperación, b) la necesidad de defenderse de agentes externos, c) La posibilidad y la necesidad de controlar alborotadores internos (por ejemplo, mineros informales), d) la necesidad de crear interfaces viables con el Estado. Estas condiciones comunes ayudan a explicar aspectos centrales de las diferencias en las dinámicas de la coca y las esmeraldas. Al tener que subsistir en una pequeña región en la cual las esmeraldas virtualmente son la única economía, es posible lograr un control general. Los capos de la coca, en cambio, viven en un universo centrífugo. La producción está esparcida territorialmente, la mercancía es ilegal, tiene que coexistir con otras fuentes legales de riqueza, así que siempre hay incentivos para incurrir en un uso faccionalista del Estado (presionando al Estado para que reprima a los competidores y rivales). Esto hace de la coca un OEM más frágil. Segundo, están apoyados en coaliciones regionales que pasan por encima de la división legalidad-ilegalidad. Tercero, transforman las operaciones del Estado. Este punto es crucial, puesto que los efectos de los OEM no pueden ser medidos únicamente en términos "mecánicos" (para más detalles acerca del caso de las esmeraldas y los paramilitares, ver Gutiérrez y Barón, 2005). Cuarto, son extremadamente cerrados y conservadores. Nótese que, al contrario de los argumentos comunes, la privatización y, en general, los preceptos la economía liberal no van de la mano con la profundización-empeoramiento del conflicto y la violencia. Pero, por otra parte, en los OEM que hemos revisado, el prerrequisito para el orden es la negación de las libertades democráticas, la privatización de la toma pública de decisiones, el aval y fortalecimiento de actores ilegales o semilegal³⁷. Es importante resaltar que esto aplica a los territorios influenciados por la guerrilla. Mientras que el término narcoguerrilla es inexacto, las guerrillas colombianas podrían ser definidas más precisamente como guerrillas liberales: entran en la política a través de la regulación del mercado, y están, en el fondo, defendiendo el derecho de elegir en contra de un régimen de prohibición internacional. Es claro que, en esencia, son también muy conservadoras.

Ya hemos discutido la relación entre los arreglos económicos liberales y globalizadores y los OEM. El otro lado de la moneda es la evaluación de la prohibición y, en general, del cierre económico. Las guerras de las esmeraldas estuvieron asociadas a un régimen proteccionista. La violencia coquera –como Snyder lo nota– proviene de la implementación de la prohibición estadounidense. ¿Es la carencia de soluciones de libre mercado lo que activa el conflicto? Sí y no. La principal cuestión es qué tipo de paz está asociada a cuál forma de globalización económica. Los OEM de esmeraldas y la coca-paramilitar fortalecen a los empresarios ilegales y los respaldan con autoridad política para controlar a los habitantes de sus zonas de influencia. El hecho de que una oposición generalizada a estos OEM no se haya materializado puede implicar que todavía los beneficios que producen son percibidos en sectores más o menos relevantes como más significativos que los costos que puedan generar. Hay que tener en cuenta: a) estos OEM tal como los conocemos no son democráticos; b) no eliminan la violencia, pero sí la reducen; c) a futuro, pueden prevenir el traslado hacia otras formas de orden más abiertas y legales. Los ciudadanos pueden enfrentar un dilema del prisionero entre el desorden democrático y el cerramiento de los OEM. Por eso es que Gutiérrez y Jaramillo (2003) los denominan "pactos paradójicos".

En suma, como resultado de estos estudios de caso sugerimos que la literatura debe: a) revaluar algunas definiciones básicas (en lugar de recursos saqueables, proponemos el concepto de recursos con altos costos de intermediación³⁸); b) repensar el Estado, tratando de comprender las implicaciones de los distintos modos de regulación; c) desarrollar microfundamentos más sofisticados para la racionalidad del régimen; d) comprender comparativamente cómo operan los OEM (especialmente importante aquí es la combinación las dimensiones racionales, normativas y de creencias); e) examinar cómo el orden está articulado con el mercado global; f) comprender cómo la interacción entre arreglos económicos y políticos detrás de los conflictos conduce a la guerra y la paz.

Comentarios

1 Lo que hace especiales a las esmeraldas colombianas es que poseen una perfecta proporción de cromo, mientras que esmeraldas como las brasileñas y las africanas tienen exceso de cromo, lo que les resta brillo.

2 Los mercados nacionales no pueden sostener un compromiso tan oneroso como una guerra. Aunque debe enfatizarse que, desde el final de la Guerra Fría hasta hoy, Estados Unidos continúa subsidiando gobiernos y rebeldes alrededor del mundo, y que muchas potencias regionales hacen lo mismo.

3 Ver, por ejemplo, el intercambio entre Kaldor, 2001, y Kalyvas, 1999.

4 "Compañía inglesa propone asumir las explotaciones con capital mixto", El Colombiano. 21/11/1966, 1.

5 Para la época, las familias Ariza y Murcia se constituían en los principales traficantes de esmeraldas.

6 "Esmeraldas: dramática riqueza de Colombia. No hay organización ni vigilancia y las repartijas clandestinas son escandalosas", El Tiempo. 21/11/1966. P. 1

7 El comandante de la Primera Brigada del ejército convocó a consejo de guerra a 4 militares por estar involucrados en la explotación clandestina de las minas de Peñas Blancas, en Borbur, El Colombiano. "Condena por matute de esmeraldas", 1,29. 29/11/1966.

8 A finales de 1966, el mayor Santiago Barbosa –un administrador incorruptible de las minas de Coscuez–, fue víctima de un atentado ordenado por personas cercanas a Efraín González, del que salió ileso. "Ordenaron asesinar a quien puso a producir a Coscuez", El Tiempo. 21/11/1966, p. 3A.

9 Reservó para el Estado el derecho de vender las esmeraldas que se produzcan en el país y dispuso que el gobierno dictara los decretos necesarios para regular la talla y comercio, de las esmeraldas, estableciendo las sanciones y medidas de fiscalización que al respecto considere necesarias o pertinentes.

10 En agosto de 1967, los esmeralderos obtuvieron su primera victoria jurídica: el Tribunal Superior de Aduanas falló a favor de los esmeralderos al declararse incompetente para juzgar el delito de "contrabando de esmeraldas", lo que prácticamente dejaba sin piso legal el monopolio del Banco de la República, consagrado en la Ley 145 de 1959 y en los derechos 186 de 1947 y 293 de 1964  (Rivadeneira, 1981).

11 "'El Ganso Ariza' a juicio", El Colombiano, 21/08/1976, p. 25.

12 Se trató básicamente de los Murcia Chaparro y de los Barrera García, antiguos enemigos de Vargas, por ser aliados de "El Ganso" Ariza.

13 Recordemos que la primera guerra esmeraldera culminó con la detención de "El Ganso" Ariza y la detención o muerte de sus lugartenientes; no se trató de un pacto de paz sino de una guerra que terminó con uno de los bandos derrotados.

14 Por medio del Decreto 912 de 1968, el gobierno dio origen a Ecominas. Y con el Decreto 3161, del mismo año, le transfirió la administración de las minas de esmeraldas.

15 "Contrato para explotar minas en Coscuez", El Colombiano. 01/12/1977, p. 13B; "Adjudicadas minas de esmeraldas de Peñas Blancas", El Colombiano. 28/01/1978, p. 6A; "Concretan políticas de explotación de esmeraldas", El Colombiano, 31/01/1978, p. 12B.

16 "Compañías mineras iniciaron la explotación de esmeraldas", El Colombiano, 10/09/1978, p. 9A.

17 "Política minera a corto plazo permitirá efectivo desarrollo", El Colombiano. 23/09/1979, p. 1C.

18 En 1983, Napoleón Peralta, crítico constante de las políticas mineras del gobierno y en ese momento senador de la República, reconoció que "hasta el momento este ha sido el sistema [los contratos de Ecominas con empresas privadas] menos malo en toda la historia de las esmeraldas, pues hoy se pueden observar varias obras en los municipios beneficiados". "Hasta un 300% caen precios de esmeraldas", El Tiempo, 07/08/1983, p. 11A.

19 Para la época, ese yacimiento minero era el más productivo, no sólo en términos de la cantidad de piedras que producía sino también por su calidad.

20 Recordemos que Isauro Murcia, antiguo jefe de Gilberto Molina, conformó Asomicol a finales de la década de 1960, con el propósito de unificar los esfuerzos de los patrones de las esmeraldas, para lograr el reconocimiento legal por parte del Estado.

21 Pero no hay que sobrestimar el esmero del bando de Borbur por ceñirse a esa estrategia, ya que guaqueros y planteros al servicio de los Barrera y los Murcia Chaparro acusaron de agresiones a los Castellanos de Santa Bárbara y los Suárez de Otanche. Por otra parte, los López ordenaron emboscar, robar y asesinar a Segundo Rodríguez, aliado de los Murcia Chaparro y esmeraldero de Coscuez; los asaltantes tomaron dinero, armas y, obviamente, esmeraldas. El vehículo en el que se movilizaba Rodríguez fue incendiado y arrojado al río Minero (Téllez 1993).

22 "Somos partidarios de la militarización total del territorio y de la mina [de Coscuez]. Es la única manera de erradicar a la gente de 'El Colmillo, la única posibilidad de guaquear'". "La codicia, el hambre y 'El Colmillo', imponen su ley". Revista Cromos. 8 de octubre de 1984. pp. 22-27

23 "El epílogo de la 'guerra verde'". El Mundo de España, Periódico, 23/07/1998. Última A; "La reinserción de los esmeralderos", Semana. 05/11/1992; "El fin de "El Mexicano", Semana. 06/08/1992.

24 La entrada en vigencia de los acuerdos de paz implicó que la sociedad de Esmeracol recibiera nuevos miembros, todos con igual participación: Víctor Quintero (antiguo socio de "Pacho" Vargas); Jaime Murcia, accionista de Tecminas, cuyo principal accionista es Víctor Carranza; Sam Gaad y Pablo Elías Delgadillo, líderes cívicos de Borbur, y Luis Murcia, principal líder de Coscuez (Uribe, 1992).

25 "Esmeralderos dicen que el Estado debe comprometerse con el desarrollo vial y social de Muzo", El Tiempo, 21 de agosto  de 2007. http://www.eltiempo.com/nacion/boyaca/2007-08-21/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_HL-3688869.html; "2.500 millones de pesos en regalías por exportación de esmeraldas recibió Boyacá en el 2006", El Tiempo, 21 de agosto de 2007. http://www.eltiempo.com/nacion/boyaca/2007-08-21.

26 "De mi parte no va a haber guerra", Semana. 04/22/2006; "Laopinión de Víctor Carranza, representante de los esmeralderos". Cambio. 18/12/2007.

27 Por supuesto, empíricamente las preferencias subjetivas y acciones políticas de los narcos varían en el tiempo.

28 Cosa que confirma el reciente episodio de "Los Mellizos".

29 Uno de los mejores representantes de este sector es Adolfo Paz, también conocido como "Don Berna", quien pasó de ser jefe de escoltas de los hermanos Galeano, miembros del Cartel de Medellín, a enemigo de Pablo Escobar.

30 Hay muchos más casos, por supuesto.

31 Algo que nunca fructificó.

32 Obviamente, algunos frentes son grandes exportadores de droga, pero bajo el auspicio y control del Secretariado.

33 "Viaje al infierno", Semana, 21 a 28 de junio de 2004 p. 24; "Un gran acto de fe", Semana, 6 a 13 de diciembre de 2004, p. 58.

34 "¿Quién es el enemigo?", Semana, 06/09/2003. http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=70787

35 La función esencial del Estado es proveer seguridad. Al mismo tiempo, los políticos que permiten que la inseguridad se desborde serán castigados electoralmente. La prohibición de la coca es análoga. Incluso si esto no es razonable, se puede sostener si los ciudadanos estadounidenses votan en contra de cualquier partido o candidato sospechoso de ser blando con el crimen y sí los políticos saben o esperan esa clase de comportamiento. Es fácil observar cómo esto puede crear un mecanismo de autosostenimiento (puesto que los políticos tienen esta creencia acerca de los votantes, desarrollan su discurso en esa dirección, reforzando las creencias de los votantes).

36 Un punto central del acuerdo de paz es combatir los cultivos de coca en la región. En la narrativa de este texto, por razones de espacio, hemos omitido los enfrentamientos de los líderes esmeralderos con actores armados de corte nacional.  Ha habido múltiples vínculos con el paramilitarismo y conflictos con la guerrilla.  Pero la invariante ha sido la fijación regionalista de los líderes, que preferirían expandirse pero evitar que alguien "foráneo" se meta a sus territorios.

37 También, la capacidad para limitar el acceso a ciudadanos indeseables o funcionarios del Estado.

38 De hecho, ni la coca ni las esmeraldas son regularmente saqueadas en el conflicto colombiano. Sólo esporádicamente hay noticias de que un embarque de coca es asaltado por la guerrilla o los paramilitares.

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