Introducción
Es innegable el auge de experiencias de diálogo social en Colombia, especialmente durante la última década. Estas han tenido como telón de fondo el reciente proceso de paz (2012-2016) entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), donde el diálogo social (en adelante DS) fue visto como un activo atractivo y eficaz para imaginar moral, geográfica e interculturalmente otras formas de paz (Jaramillo 2017; Peña 2019; Vergara y Duque 2020). La amplitud y diversidad de las experiencias contrasta con la ausencia de definiciones precisas, mayores y mejores estudios de caso, y marcos analíticos robustos que permitan nuevo conocimiento, estudios comparados u otro tipo de convergencias teórico-prácticas. De hecho, en su editorial, el número 214 de la revista Controversia sugiere que esa relativa indefinición del término diálogo social podría ser no solo “parte de su utilidad sino la razón misma de su auge en Colombia” (Duarte 2020, 7).
Pese a su utilidad práctica, esta suerte de indefinición creativa resulta insuficiente cuando se trata de comprender el diálogo como práctica social y proceso histórico. A fin de contribuir a desarrollar un marco de análisis situado, este artículo aborda la experiencia de diálogo en el distrito portuario de Buenaventura, en el Pacífico sur colombiano, desde la categoría que aquí denominamos diálogo social territorial (en adelante DST). Lo hacemos desde un estudio de caso basado en una investigación participativa en torno al DS como estrategia de reconciliación, que implicó entre 2019 y 2020 conversaciones con actores diversos y claves en el territorio, y una extensa revisión de fuentes secundarias.
El concepto de DST, como aquí lo proponemos, provee un lente analítico para examinar las formas locales de significación de lo dialógico, algo poco estudiado en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que el DST no es un simple término sonoro y atractivo, sino que denota un recurso conceptual y metodológico que permite identificar cómo ciertos agentes territoriales entienden, sienten y viven su relación con sus propios contextos, así como las múltiples tensiones que de ello derivan. Lo territorial del diálogo social supone: a) reconocer las voces, miradas y experiencias sociales enraizadas histórica y geográficamente; b) la dialéctica entre intereses plurales locales y visiones externas al territorio; c) las maneras como las comunidades locales de Buenaventura discuten/gestionan/afrontan los mínimos del acuerdo social por la vida, la dignidad y la paz. Este artículo buscará evidenciar que la defensa de estos acuerdos mínimos, que están en la base de lo dialógico, se torna en una lucha ontológica permanente (Escobar 2015) en contextos caracterizados, como es el caso de Buenaventura, por la inestabilidad institucional, la precariedad estatal, el auge de las economías ilegales y la ocupación del territorio (Rodríguez 2019).
En el artículo proponemos un recorrido en tres momentos. El primero es conceptual y explora los componentes básicos que permitan redefinir el concepto de diálogo social territorial, para lo cual señalamos cómo las dimensiones territorial y ontológica contribuyen a dotar el término de un contenido distinto al que habitualmente se le ha otorgado; a saber, como mecanismo de gestión de acuerdos básicos de política social en procura de la estabilidad democrática. Las claves para acometer esta tarea provienen del giro local de la paz, de los estudios emergentes sobre diálogo, de algunas investigaciones que se han dedicado a comprender la transformación de conflictos y del giro decolonial.
Un segundo momento es analítico-contextual y busca, a través de una aproximación multivocal a lo territorial, discutir empíricamente el concepto de DST, específicamente su virtuosidad política, práctica y metodológica en el distrito de Buenaventura. Acudimos aquí a entrevistas sostenidas entre 2019 y 2020 en el marco de la investigación antes mencionada. Buscamos señalar cómo diversos actores significan y enfrentan, desde las posibilidades y limitaciones de lo dialógico, y desde lo microsituado (McGee 2017), los efectos de la imaginación desarrollista en el Pacífico colombiano.
Finalmente, a modo de cierre, se reflexiona sobre el valor estratégico del DST en Buenaventura y se indican tres tareas pendientes en las que se requiere más trabajo teórico-práctico para enriquecer la categoría de DST.
1. Resignificando la categoría de diálogo social
Desde hace más de cinco décadas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió el DS como todo tipo de negociaciones, consultas o intercambios de información entre representantes de Gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones relativas a las políticas económicas y sociales de un país (ILO 2020). Esta definición ha marcado -sin mucho balance crítico- el rumbo de los desarrollos conceptuales y las prácticas asociadas con el DS en Europa (Trebilcock 1994, 4), América Latina (Chaves 2002; Ishikawa 2003), y entidades de cooperación y desarrollo internacional (entre ellas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], la Organización de los Estados Americanos [OEA] y el Banco Interamericano de Desarrollo [BID]).
En efecto, no son pocos los manuales teóricos que promueven la utilidad del DS con fines de buen gobierno (ILO 2020), concertación democrática (Pruitt y Thomas 2008), consolidación democrática (Piazze y Flaño 2005) o planeación estratégica de la política social (Hermans, Huyse y Ongevalle 2017). No obstante, este molde de gestión y negociación tripartita no agota ni abarca en su totalidad las experiencias y saberes en torno al DS. Precisamente, con la intención de resignificar este concepto, más allá del molde genérico, nos acercamos a otras perspectivas y enfoques.
La primera perspectiva la ofrece el denominado giro local de la paz que invita a concebir el DS como una brújula ciudadana comunalmente diseñada para la gestión de las paces locales. Recordemos que, en su crítica al enfoque liberal de paz,1 el giro local integra algunas piezas faltantes del enorme rompecabezas temático y contextual de las paces, como son los arreglos ciudadanos cotidianos o a pequeña escala (Donais 2012; Hughes, Öjendal y Schierenbeck 2015; J. P. Lederach 1998; Mac Ginty 2014; McGee, 2017), las prácticas comunitarias diplomáticas de base (Hernández 2012; Mac Ginty 2014; Mouly 2004; Valenzuela 2008) y las infraestructuras de paz (J. P. Lederach 2012; Mouly 2016; Ryan 2012; Uribe 2018). Bajo esta mirada, se puede concebir el DS como una forma de diplomacia de base local, tal y como la experiencia situada de Buenaventura parece sugerir, la cual sirve a las organizaciones y comunidades para: a) la disminución de conflictos cotidianos latentes; b) la generación de redes y fuentes alternativas de legitimidad frente a conflictos estructurales.
Otras dos perspectivas que contribuyen a nuestros fines son el campo emergente de los estudios de diálogo y los análisis sobre transformación de conflictos, los cuales aportan un marco mínimo sobre lo dialógico que, por razones analíticas, sistematizamos en cuatro cuestiones: el qué, el quiénes, el para qué y el cómo del diálogo. En torno al qué, los estudios de diálogo promovidos por analistas como Bohm (1996), Carbaugh (2013) y Westoby (2014) señalan que uno de los elementos en juego en todo diálogo es la socialidad (sociality), entendida como el terreno donde se generan formas de identificación entre los que participan en una relación dialógica (Carbaugh 2013). Aunque estos autores parecen sugerir que la socialidad emerge de la interacción y el intercambio creativo de los sujetos o grupos, en el escenario de nuestro análisis, la socialidad tiene connotaciones más de disputa ontológica y de lucha histórica por el reconocimiento de sujetos, derechos y agendas sensibles frente al desarrollo local (Escobar 2015; A. Lederach 2017; Rodríguez 2019).
Por su parte, la investigación sobre transformación de conflictividades proporciona pistas frente a los otros tres componentes del marco. Respecto del quiénes del DS, son varios los analistas que sugieren que este debería favorecer, especialmente, la colaboración con el enemigo (Kahane 2017), los diálogos improbables (J. P. Lederach 1998) o las redes estratégicas multiactor (J. P. Lederach 2005). Frente al para qué, esta literatura se mueve en una tensión dinámica entre dos posiciones con respecto a los propósitos del diálogo: la que defiende su potencial en la gestión instrumental de problemas a corto y mediano plazo (Incerti-Théry 2016) y la que sitúa su valor como proceso comunicativo de largo alcance para la construcción de tejidos relacionales. En esta última dirección, como lo veremos luego en el caso de Buenaventura, importa la eficacia simbólica del diálogo, ya sea para crear confianzas y empatías (Gruener, Smith y Hald 2019; Mouly 2016), generar narrativas comunes (Lowry y Littlejohn 2006), provocar procesos colaborativos para imaginar futuros (Kahane 2017; Londoño et al. 2020) o comprender la cultura propia en sus justas proporciones en relación con otras culturas (Panikkar 2006). Sobre el cómo del diálogo, la literatura sobre transformación de conflictividad enfatiza la necesidad de pensar en las capacidades de los participantes para facilitar estos procesos (J. P. Lederach 1998), o en la variedad de técnicas, principios y rutas de aprendizaje sensibles al diálogo.2 Más allá de las múltiples innovaciones teóricas y estratégicas en torno al para qué y al cómo del diálogo, la cuestión sobre cómo tejer, motivar y mantener diálogos con aquellos que son percibidos como diferentes, opuestos e incluso enemigos es uno de los retos teórico-prácticos aún no suficientemente abordados por los estudios del diálogo, como podrá apreciarse en la siguiente sección.
Finalmente, la perspectiva del giro o inflexión decolonial, y en particular las aproximaciones que Grueso y Arroyo (2007) y Escobar (2015) han realizado en torno a las dinámicas organizativas en el Pacífico colombiano, permiten comprender el DS como una práctica enraizada en una política del lugar. Esta perspectiva hace posible clarificar otra clave que se puede sumar al marco mínimo antes mencionado y es la pregunta por el desde dónde se genera el diálogo, que englobaría el contexto de enunciación de lo dialógico, los espacios a través de los cuales se promueve o bloquea, así como los contextos de interacción que procura. Así, un aporte central de lo decolonial al marco de referencia propuesto en este artículo es el del diálogo como un recurso ontológico, político y comunitario, surgido desde las mismas condiciones y cosmovisiones organizativas, mediante el cual se buscaría la defensa de visiones propias del territorio, sean estas ecológicas, culturales, económicas o ecofeministas.
A partir de estas diferentes claves -y sobre todo de su resignificación-, destacamos tres ámbitos que, como se verá en la siguiente sección, pueden ser examinados con el lente de lo que aquí nombramos diálogo social territorial:
Arreglos cívico-populares o comunitario-territoriales agenciados desde la multivocalidad y los repertorios dialógicos propios.
Prácticas comunicativas, histórica y geográficamente situadas, con un particular interés de las organizaciones involucradas en ellas por la defensa de condiciones ontológicas y políticas en torno a la vida en sus múltiples manifestaciones: lo humano, la tierra, el ecosistema, la identidad, la paz propia, el futuro propio y los derechos de quienes están cotidianamente conectados con un territorio.
Procesos en los que pueden confluir y encontrarse distintos agentes (Estado, privados, comunidades, academia, organizaciones étnicas), cuyas visiones y posiciones sobre el para qué del dialogo oscilan entre la eficacia simbólica o instrumental, con relativos alcances locales o nacionales en sus resultados, dependiendo de las coyunturas políticas y los climas sociales.
2. El DST como práctica ontológica, política e histórica. El caso de Buenaventura
Durante el reciente proceso de paz en Colombia (2012-2016) el DS tuvo gran valor, tanto para enriquecer las conversaciones de La Habana (Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz 2018, 169-187) como para problematizar el enfoque y el modelo de desarrollo territorial allí discutidos (Olarte 2019). De hecho, los diálogos sociales convocados -a nivel institucional- sirvieron a diversos sectores, entre ellos asociaciones campesinas, comunidades étnicas y organizaciones de víctimas, para darle materialidad a la denominada paz territorial (Cairo et al. 2018; Díaz et al. 2021; Jaramillo 2017; Peña 2019). Al menos cuatro propósitos alimentaron el contenido de estos diálogos en clave de paz territorial: i) reivindicar el derecho propio de las comunidades y organizaciones a participar en el diseño de la paz (ONU y UN 2012, 97-101); ii) reiterar la necesidad de discutir los impactos del modelo económico neoliberal (ONU y UN 2012, 67; 93-109); iii) subrayar la democratización del ordenamiento territorial (ONU y UN 2012, 87); iv) recordar que la sostenibilidad de la paz depende del reconocimiento de las visiones organizativas locales (ONU y UN 2012, 107-109).
A tenor de lo ocurrido en el marco de la negociación de la paz, cobraron vida o fueron impulsadas diversas estrategias de DS a nivel regional y local, varias de ellas apalancadas por organizaciones no gubernamentales, el Estado, centros de pensamiento y plataformas ciudadanas; algunas tuvieron una importante duración en el tiempo y otras, significativa repercusión a nivel nacional.3 La naturaleza de algunos de estos espacios dialógicos, así como sus rutas metodológicas, sus propósitos políticos y alcances comunitarios han sido abordados en algunos estudios de caso en el país. Ejemplos de lo anterior se encuentran en aquellos análisis que destacan el rol de las estrategias dialógicas diseñadas y agenciadas por el Gobierno, los empresarios y la academia (Carvallo y Calvo 2020; FIP 2019; Valencia y Riaño 2018; Vergara y Duque 2020); o en los estudios que detallan la promoción de lo dialógico mediante plataformas ciudadanas y procesos étnico-territoriales (Mesa-Vélez 2019; Machuca, Chicaiza y Ascamcat 2019; Olarte 2019; Sabogal 2020).
El propósito de esta sección, apoyados tanto en el marco conceptual arriba señalado como en el trabajo de campo, es abordar el DST como una práctica ontológica, política e histórica en un contexto local como el de Buenaventura, territorio donde diversos actores -comunidades, fundaciones, gremios, empresarios- se juegan e imaginan, con no pocas tensiones, distintas estrategias para enfrentar y significar los efectos del desarrollo económico. De este modo, no buscamos simplemente caracterizar los cinco componentes descritos como marco mínimo del diálogo, sino analizar su compleja interacción en torno a tres cuestiones que consideramos sustantivas: a) ¿es el DST realmente un activo estratégico comunitario cuando confluyen agendas y posiciones contrastantes sobre el desarrollo y el territorio?; b) ¿cómo se enfrenta desde el DST el acuerdo social por la vida y la dignidad?; c) ¿tiene el DST, en la práctica, las virtudes políticas y las innovaciones que en la teoría se le endosan?
a. El diálogo como activo estratégico comunitario: tensiones y apuestas en torno al desarrollo y el territorio
Una de las primeras entrevistas realizadas en Buenaventura en 2019 con una lideresa social e intelectual orgánica del denominado Proceso de Comunidades Negras (PCN) condujo a reflexionar críticamente sobre uno de los principales presupuestos de la literatura sobre diálogo en el país (FIP 2019; Mesa-Vélez 2019; Olarte 2019; Sabogal 2020; Valencia y Riaño 2018), y es su valoración como un activo estratégico para las comunidades. En palabras de la lideresa:
en Buenaventura, el progreso portuario contrasta con la condición de nuestras poblaciones, por eso nuestras resistencias no son mero aguante a las violencias del capital o a las afectaciones que producen los actores armados […] hacen parte de una lucha histórica por un territorio donde quepamos todos(as) y se respeten sus derechos y no únicamente un territorio para el sostenimiento de unos pocos […] por eso cualquier diálogo o estrategia en esa vía que se adelante debe partir del reconocimiento de estos derechos, de los saberes, metodologías y reflexiones acumuladas sobre cómo hemos nosotros promovido el diálogo, pero sobre todo de la gente afro como interlocutores válidos. (Entrevista con lideresa social, Buenaventura, mayo de 2019)
Las palabras de la lideresa, además de considerar la necesidad de espacios de diálogo que reconozcan la experiencia acumulada de lucha territorial afro por sostener y defender visiones enraizadas de bienestar, dignidad, paz y desarrollo, sugieren algo más contundente: la voz afropacífica no ha sido lo suficientemente reconocida en los espacios o propósitos dialógicos, así como en las agendas de discusión de la paz territorial.
Ahora bien, como parte del proceso investigativo logramos identificar al menos treinta experiencias significativas para la ciudad de Buenaventura entre 2010 y 2018 con diversos propósitos dialógicos y agendas sensibles de discusión, en las que no solo se reconoce el valor estratégico del diálogo en el bienestar territorial, tal y como se puede evidenciar en el cuadro 1, sino que, a primera vista, las necesidades y sentires de las comunidades afro están en primer renglón.
¿Cómo comprender entonces el llamado de la lideresa? Más que negar que en el territorio existan estrategias y agendas dialógicas, lo que parece indicar, y quizá también denunciar, es que mecanismos aparentemente participativos no han sido realmente inclusivos para esta zona del país. Es decir, para ella, la voz afropacífica no es un factor más en las agendas o un agregado pedagógico adicional en los espacios, sino condición necesaria para propender por un diálogo construido en lugar de un diálogo impuesto. Y ahí radica realmente su valor estratégico comunitario: no se trata solo de un asunto de diferencias semánticas entre uno y otro tipo de diálogo, sino de la posibilidad de romper, fracturar, dislocar la violencia epistémica y colonial (Leyva 2018) que habitualmente se camufla en el diálogo impuesto; especialmente, una visión corporativizada que tienen unos pocos sobre el territorio y que conciben -al llegar a espacios de diálogo- que lo que necesita el resto es solo crecimiento del capital privado.
Ahora bien, el asunto de los pocos y su cuota de responsabilidad no es menor en cuanto al valor estratégico comunal del DST. De hecho, estos pocos, en la versión de la lideresa, han sido responsables de gran parte tanto de la inestabilidad institucional en el distrito -por ejemplo, las últimas cuatro alcaldías enfrentaron procesos judiciales- como de la planificación elitista de la ciudad. No obstante, lo más problemático para la lideresa ha sido que la indiferencia, o incluso el apoyo de ellos, ha justificado o no denunciado con la contundencia suficiente la ocupación de los territorios, y la eliminación de vidas y saberes.
Una muestra de lo anterior puede percibirse en estos dos datos: a) entre 1991 y 2013 Buenaventura experimentó una de las tasas promedio más elevadas de homicidios en el país (69,58 % por cada 100.000 habitantes), registro que estuvo por encima del promedio nacional, que fue del 50 % (Jaramillo, Parrado y Louidor 2019); b) entre 2005 y 2015, se incrementaron los ciclos de letalidad de las violencias paramilitares, principalmente en las comunas 3, 4, 5, 7, 8 y 12 (véase imagen 1).4 Esto, a su vez, está en consonancia con lo subrayado por otras investigaciones que caracterizan a Buenaventura como históricamente afectada por tensiones locales y paradojas territoriales, provocadas en la confluencia de los que defienden solo el desarrollo portuario y aquellos a los que les preocupa más la defensa de la vida (CNMH, 2015; McGee y Flórez, 2017; Zeiderman, 2016).
La cautela expresada por la lideresa en torno al supuesto valor estratégico comunitario del diálogo, en un contexto donde todo parece imaginado y planificado para la reproducción del capital global imperial o para el sostenimiento de vidas no afrocolombianas -como lo han sugerido Arboleda (2020) y Escobar (2015)-, parece complejizarse si sumamos la percepción de una directiva del sector gremial de Buenaventura en torno al sentido de lo dialógico desde la tríada empresarios - comunidad - Administración local, y la visión de uno de los participantes de una experiencia de DS liderada en el territorio por una importante fundación. En palabras de la directiva de la asociación gremial:
necesitamos que el sector portuario, que representa el 1 % del empresariado en la ciudad y que genera el 22 % de los empleos directos en el distrito [el otro 78 % lo generan los micro y pequeños empresarios, que a su vez son el 99 % de los empresarios del distrito], entienda que hay que conectarse con la comunidad, porque su visión habitual es que han sido exitosos sin necesitar de la ciudad […] que con el solo pago de impuestos han hecho lo suficiente por esta […] pero también necesitamos que las comunidades perciban que los empresarios -tanto los grandes jugadores como los chicos- son parte de la balanza y que no son los responsables de todas las problemáticas de la ciudad […] y necesitamos también que la Administración distrital eleve su capacidad técnica para entender el desarrollo de la ciudad […] el reto que tienen estos sectores es ser parte de la solución a este modelo de desarrollo económico que tenemos […] necesitamos una agenda de diálogo de ciudad, no solo una agenda sobre el sector portuario. (Entrevista con directiva de asociación gremial de Buenaventura, Bogotá, junio de 2020)
En palabras de un líder social y cultural:
aquí las organizaciones siempre han estado dispuestas a participar en espacios de diálogo con las empresas y el Estado […] porque se reconoce que todos somos actores que coexistimos en el territorio […] pero un diálogo no puede ocurrir unilateralmente […] además, no abordar en el diálogo [entre empresarios y comunidad] los problemas estructurales que las organizaciones sociales han planteado históricamente […] el reconocimiento de nosotros como interlocutores válidos […] el daño histórico de las empresas sobre el territorio […] el modelo de desarrollo impositivo, que siendo legal, convive y aplaude lo ilegal y agudiza condiciones históricas de marginalidad […] el ignorar el derecho a tener una visión propia de futuro y bienestar […] ha conllevado a que ciertas experiencias […] terminen por darles la razón a las empresas. (Entrevista con líder social, Buenaventura, febrero de 2020)
Para la directiva, el problema de lo que ha ocurrido en Buenaventura radica fundamentalmente en el desentendimiento en torno a un proyecto más ambicioso e integral como distrito y no solo como puerto. Y la responsabilidad plena de esto debe ser compartida por empresarios, comunidades y Administración distrital: i) los empresarios, por tener una visión parcializada, incluso reducida, de lo que implica el bienestar territorial; ii) las comunidades, por no comprender que los primeros no son los únicos responsables de todo lo que ocurre en el distrito (en un plano en contravía de lo que nos sugirió la lideresa) y que además deben ser parte de la balanza dialógica; iii) la Administración, por su incapacidad para orientar técnicamente el diálogo hacia una visión de desarrollo incluyente.
Por su parte, el líder parece sugerir que el nudo gordiano de lo dialógico (en un plano homólogo al de la visión de la lideresa) es básicamente un asunto de reconocimiento(s) en distintos niveles: i) de la responsabilidad directa de los empresarios en el daño histórico al territorio, generado por el modelo imperante de desarrollo que ellos han defendido y legitimado; ii) de las organizaciones como interlocutoras válidas en los espacios de diálogo a los que son convocadas o de los que son excluidas; iii) de un derecho que tienen las comunidades del Pacífico a imaginar su propio futuro y no dejar que otros se lo impongan. Desde la óptica de este líder, si no se asumen en profundidad estos distintos reconocimientos, se corre el riesgo de bloquear o hacer inútiles las posibilidades de una interlocución efectiva, de un diálogo genuino y digno, de una posibilidad estratégica para las comunidades.
La experiencia le indica al líder que los diálogos con el sector gremial y empresarial hasta ahora adelantados en el territorio han sido procesos incompletos, más aún cuando son promovidos por entidades e instituciones externas con sede en Bogotá o en Cali. Algunos de estos diálogos, de acuerdo con el líder, tienen un carácter artificial, tecnocrático y ajeno a las necesidades de las comunidades y a los enormes contrastes del distrito (véase imagen 2). Desde su perspectiva, las miradas o soluciones propuestas a las problemáticas identificadas resultan parcializadas, pues terminan dándole la razón solo a una parte (empresarios y gremios) e ignorando o situando en segundo plano las razones de la otra (comunidades y organizaciones). Estas dificultades han sido identificadas también por otras investigaciones (Olarte 2019).
Desde el ángulo de la fundación a la que alude el líder, y como parte de una conversación con dos investigadoras vinculadas a dicha experiencia, se comentó también lo siguiente:
como fundación buscamos siempre incluir en el espacio a miembros de tres sectores: organizaciones sociales, empresas e instituciones. Este proceso fue pensado para ejecutarse en varias fases: diagnóstico, diálogo y cooperación multiactor. Desde luego hubo dificultades […] el distanciamiento y la desconfianza entre sectores fueron grandes, además de dificultades de convocatoria con el sector privado que terminaron traslapadas con periodos electorales […] pero es innegable que hubo logros en el proceso […] logramos integrar a las discusiones a una red de aliados más allá del sector portuario, entre los cuales estuvieron Propacífico, la Cámara de Comercio de Buenaventura, ANDI Valle, Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali y líderes del paro cívico […] con los cuales aún se mantiene contacto. (Entrevista semiestructurada con investigadoras de la fundación, Bogotá, abril de 2020)
Ahora bien, examinados en conjunto estos tres fragmentos, dejan ver mucho más que posiciones irreconciliables entre las partes en torno al valor de lo dialógico en el territorio. Nos dicen, por ejemplo, que al hablar de DST no estamos frente a un artefacto metodológico sonoro y atractivo, como habitualmente se tiende a presentarlo en los manuales de los organismos cooperantes y fundaciones, sino frente a contextos de enunciación y producción diversos y tensionantes, así como a visiones personales e institucionales que suelen deslizarse en un espectro bastante elástico y con muchas zonas grises aún por etnografiar profundamente. Estas posiciones-visiones oscilan desde posturas reactivas (las de algunos empresarios) hasta propositivas (las de ciertos actores gremiales o comunitarios), pasando por las que la líder gremial considera “poco técnicas” de los problemas locales. Tanto las condiciones de producción de lo dialógico como las posiciones de los actores, que incluso pueden ir variando en el tiempo, potencian o inhiben encuentros, como de hecho lo muestra la literatura (Kahane 2017; Londoño et al. 2020, Mesa Vélez 2019; entre otros).
De otra parte, estas conversaciones señalan que la potencia estratégica de un DST no depende solo de la escala: no se trata simplemente de hacerlo en un espacio territorial concreto, o del diseño del ámbito dialógico o de quiénes son los actores relevantes en ese espacio, sino también de cómo ellos conceptualizan su relación con ese territorio y de cómo quienes facilitan estos procesos logran una lectura profunda de lo que ocurre. Por ejemplo, los empresarios portuarios que piensan que sus responsabilidades con el territorio se cumplen simplemente mediante el pago de impuestos, o las comunidades que asumen que Buenaventura es mucho más que un puerto o las fundaciones que se interesan por los diseños de los espacios dialógicos como lo sustantivo. Pero existe algo más, que precisamente nos conecta con una idea mencionada en la primera parte del artículo, y es lo relacionado con el qué del diálogo, específicamente con su trazo ontológico-político. Nuestra lectura es que desentrabar o hacer viable un escenario de DST en Buenaventura depende definitivamente de la comprensión del sentido o los sentidos de este qué. Si se quiere, depende de reconocer aquello que está en la base, en el sustrato del encuentro posible, nunca exento de fricciones, entre actores con trayectorias tan distintas. Sobre esto reflexionaremos a continuación.
b. El diálogo social territorial y el acuerdo social por la vida y la dignidad en el territorio
Para Buenaventura, como lo han defendido las organizaciones sociales desde hace varias décadas, y es hoy presupuesto articulador del programa político de la nueva Administración distrital que surgió del seno mismo del movimiento social del paro cívico de 2017, al que haremos alusión más adelante, este qué ontológico-político se resume en un principio sencillo y profundo a la vez: para vivir con dignidad y en paz en el territorio. Principio y eslogan presente en casi todos los discursos institucionales y ciudadanos que escuchamos por doquier en el territorio. Además, este principio lo ha sintetizado el PCN en una máxima que enarbola constantemente desde hace varias décadas: “el territorio es un espacio para la vida y la vida es imposible sin el territorio” (Grueso y Arroyo 2005).
Este qué ontológico-político puede “aparentemente” oscilar entre mínimos del acuerdo social, por ejemplo, una mejor condición territorial y humanitaria de las víctimas, una lucha constante contra las violencias sexuales o el reconocimiento de los saberes ancestrales, y unos máximos de la paz local, lo que puede suponer cambios profundos, como la superación de la segregación y la exclusión históricas de las comunidades afro e indígenas, o la superación de la condición de los jóvenes y mujeres rurales como víctimas del desarrollo (ver cuadro 1). No obstante, somos conscientes de que esta categorización de mínimos y máximos no es fácil de zanjar, porque ambos niveles del acuerdo social se tensionan y anudan cotidianamente, incluso desde las percepciones de líderes sociales, gremios, empresarios y la Administración local, en la medida en que lograr un mínimo, como es el reconocimiento del otro en tanto interlocutor válido, solo es posible si se remueve un máximo que es la barrera de la segregación, lo que, a su vez, convierte a este máximo en un mínimo, y así sucesivamente ad infinitum.
Sin desconocer las disputas por daños históricos, o las desconfianzas mutuas,5 o la posible imposición tecnocrática de metodologías y visiones de diálogo por parte de terceros, así como lo problemático de los mínimos-máximos -lo cual habría que seguir indagando con más detenimiento en otras experiencias y contextos-, estos distintos fragmentos citados con anterioridad sugieren que el DST multiactor, incluso con aquellos que ostentan intereses estratégicamente opuestos, puede ser posible en la medida en que se reconozca un asunto central: al otro y a la otra como interlocutores. Ese sería el acuerdo social básico ya destacado por otras investigadoras (por ejemplo, Mouly 2016). En esa medida, el reconocimiento del otro y de la otra es lo que puede posibilitar la creación de condiciones fundamentales para el diálogo y quizá la configuración de un acuerdo estratégico sobre la vida digna en el territorio. Para las comunidades y grupos históricamente marginados y/o segregados, la creación de condiciones de posibilidad para generar estos diálogos, no obstante, representa sendas luchas ontológico-políticas -lo que en la primera parte mencionamos como el desde dónde del diálogo-, asunto sobre el cual la inflexión decolonial producida por el Proceso de Comunidades Negras ha avanzado sustantivamente.
Ahora bien, los elementos o características nucleares que podrían alimentar los qué ontológicos del DST son nombrados y concebidos de diversas maneras. En la mirada de la funcionaria podrían estar indicando una agenda común de ciudad donde el único tema a discutir no sea el portuario, sino una diversidad de microagendas de corto o mediano plazo, con las que sea imposible no estar de acuerdo, ni siquiera para un empresario reacio, porque son temas vitales para todos: el dragado,6 el alcantarillado, el Plan de Ordenamiento Territorial, una estrategia de paz para derrotar la criminalidad en las comunas y barrios más afectados7 o una ciudadela hospitalaria. En la mirada del líder y en sintonía con lo que otros autores denominan la imaginación social del porvenir (Castillejo 2019) o imaginación moral de la paz (J. P. Lederach 2005), harían relación al derecho de las comunidades a una visión propia de futuro.
Desde la perspectiva de las dos investigadoras de la fundación, estos qué ontológicos del DST podrían estar señalando la necesidad de hacer más trabajo en red o de cocinar lentamente confianzas. De hecho, esto último puede querer decirnos que, además de los qué, también son decisivos los para qué en el DST. Como lo mencionamos en la primera parte de este artículo, estos podrían oscilar entre eficacias instrumentales (trabajar en red) y eficacias simbólicas (cocinar a fuego lento -o apalabrar- confianzas y empatías con múltiples sectores).
Trayendo nuevamente a colación a Kahane (2017), si el propósito último con el DST es querer llegar de una vez y para siempre a un acuerdo sobre una sola verdad, por ejemplo, el reconocimiento de responsabilidades o daños en una sola vía, lo más probable será el bloqueo del encuentro y la renuencia de las partes a continuar con este. Y esto es así porque de entrada nadie estaría dispuesto a asumir culpas que pueden tener incluso responsabilidades penales o económicas. Nadie querría hacer del espacio dialógico un tribunal de justicia. Por tanto, el que cada parte quiera girar en un solo sentido de la ecuación, en torno a una sola verdad o incluso a su propia verdad, o solo frente a unos mínimos o máximos inamovibles, antes que hacer más responsable y digno el DST y, por ende, el acuerdo social por la vida, puede hacerlo inviable.
En cambio, si la intención es generar escenas -o partir de las ya existentes- para imaginar maneras de avanzar juntos o “de pilotear colectivamente el diálogo”, como recientemente afirmó Lederach,8 de colaborar así sea en medio de las diferencias, haya o no acuerdos en el corto plazo -incluso más allá de los acuerdos convencionales-, la agenda o la narrativa común, como también lo han planteado Lowry y Littlejohn (2006, 409) , podría ser ya una ganancia y un dividendo comunitario para el DST. El asunto es que esta narrativa común no es nada nueva en el Pacífico colombiano, como lo veremos a continuación.
c. El diálogo social territorial, sus virtudes políticas y los acumulados comunitarios
A propósito del paro cívico acontecido entre el 16 de mayo y el 6 de junio de 2017 en Buenaventura, seis meses después de la efervescencia producida por la firma de la paz y conscientes de cómo este había marcado la historia de esta ciudad y, por supuesto, situado en la escena el valor del DST para las comunidades, tuvimos la oportunidad de conversar con un líder histórico del movimiento cívico que lo apalancó. Su participación en otros paros cívicos y su memoria sobre los acumulados y aprendizajes evidencia precisamente hasta dónde lo dialógico puede o no tener las virtudes políticas que se le adjudican. En palabras del líder:
El paro de 2017 generó muchos aprendizajes y recogió los de paros previos (1964 y 1998) […] en estos cincuenta y tantos años desde el paro del 64 hemos aprendido en Buenaventura que luchar sí paga […] que si nos quedamos quietos no conseguimos nada […] que cuando toca ir a pelear por el agua, por la salud, por la educación, ese es un problema de todos […] que es importante crear comités […] que hay que medir el ánimo que tiene la gente […] que hay que trabajar en mesas […] que hay que hablar de prioridades y no de puntos […] de soluciones y no peticiones […] que hay que documentar y hacer trabajo de campo para recoger información técnica […] que hay que estar con la lupa vigilando el cumplimiento de lo acordado, que eso que usted pregunta de los diálogos es necesario con el Gobierno o los empresarios […] pero no con las condiciones que siempre nos han impuesto […] en todos estos años que tengo de lucha he aprendido que el diálogo puede darse, pero con respeto por lo que nosotros decimos, porque nosotros somos los que vivimos aquí, nosotros somos los que estamos en este territorio. (Entrevista semiestructurada con líder del Comité del Paro Cívico, Buenaventura, agosto de 2019)
Como lo han indicado algunas investigaciones recientes, el paro cívico de 2017 tuvo dos propósitos que lograron cumplirse y de los cuales hay ecos hasta el presente, con no pocas tensiones, por supuesto: movilizar a gran escala a la ciudadanía frente al incumplimiento histórico del Gobierno nacional con las poblaciones afro y posicionar un pliego de soluciones -no de peticiones- frente a los problemas estructurales del distrito (Jaramillo, Parrado y Mosquera 2020; Moreno y Arboleda 2020). De hecho, más que un paro, en el sentido clásico de una acción colectiva de protesta popular como las acontecidas en la historia reciente del país (Archila 2019), este evento quedó grabado como “el verdadero acuerdo de paz para el distrito”. La razón, según este líder, fue que lo “acordado no fue firmado con el Gobierno, sino con el Estado colombiano […] casi al nivel de un acuerdo de paz” (entrevista con líder del Comité del Paro Cívico, Buenaventura, agosto de 2019).
¿De dónde deriva este imaginario? ¿Qué hace de este paro un caso tan especial frente a otras acciones colectivas populares ocurridas en el territorio?9 La respuesta quizá se encuentre en el valor simbólico de los repertorios que convocó, articuló y condensó esta escena popular (Jaramillo, Parrado y Mosquera 2020; Moreno y Arboleda 2020). Uno de estos repertorios ha sido precisamente el DST. La visión de este líder permite comprender que espacios para promover la discusión sobre los qué ontológico-políticos en el territorio no son para nada recientes, sino de larga tradición, y no solo se han presentado en las comunidades afrourbanas, sino también en las rurales e indígenas en el Pacífico colombiano. Además, indican que estos espacios han estado presentes desde hace mucho con la intención propia de tejer o imaginar la paz a pequeña escala.
Por eso, al buscar algunas respuestas a la pregunta por las virtudes políticas del DST, lo que parece derivarse de este fragmento es que, además de hacer de la indignación un recurso de movilización, el paro también activó la memoria local de diálogo de la organización social de base en Buenaventura, hilada de paros y movilizaciones anteriores. Aún más, activó la larga diplomacia de base comunitaria del Pacífico.10 En otras palabras, una de las virtudes de este último acontecimiento fue situar en la escena popular, a nivel local, regional y nacional, muchas de las prácticas enraizadas de conversación y negociación cultivadas de tiempo atrás por el movimiento cívico en la ciudad.
Un claro ejemplo lo encontramos en las mesas de diálogo o en los comités11 que antecedieron a lo sucedido en 2017 y que, al decir de este mismo líder, fueron el resultado de un proceso de “por lo menos cuatro a cinco años de preparación y documentación”. Es decir, no solo fue un paro el que se preparó, sino una organización social la que fue haciéndose robusta antes de este, con espacios dialógicos internos o con semilleros dialógicos, como acostumbra a mencionar otro líder local, incluso ya desde el 2009 con la creación del Comité Interorganizacional. En esos espacios ha sido tan central el conjunto de organizaciones que integran los comités -entre ellas la Iglesia, los partidos, los gremios de comerciantes y pescadores, las organizaciones de base, la academia (el quiénes del diálogo)- como la artesanía metodológica adelantada en las mesas; esta se basa en que se discute todo lo importante para las comunidades, sin excepción, y quienes participen en dichos espacios deben estar lo suficientemente enterados de ello (el cómo).
Una estrategia significativa de esos espacios, como lo reiteraron varios miembros del Comité Ejecutivo del Paro Cívico, ha sido la de provocar el diálogo desde un terreno en el que habitualmente el gobierno regional y nacional habían sido despreciativos con las comunidades afropacíficas: el de las discusiones técnicas. A diferencia de la visión de la lideresa gremial, para quien las administraciones locales han carecido de capacidad técnica para enfrentar las discusiones, en la visión de este líder -y de otros- son precisamente los diálogos técnicos y constructivos (por ejemplo, sobre el agua o sobre el servicio de salud) uno de los principales acumulados del territorio, y los que seguramente permitieron también la llegada del líder social Víctor Vidal a la alcaldía.
A propósito del carácter técnico de estos espacios, un líder religioso muy activo del proceso nos dijo:
cuando los negociadores de ambas partes se dieron cita en Buenaventura a mediados del 2017, entre ellos funcionarios del más alto nivel, como los ministros de las carteras de Ambiente, Salud, Vivienda, Educación y miembros del Comité del Paro Cívico […] el gobierno de Santos no tuvo más que reconocer que había un nivel superior [entiéndase técnico] en la discusión desde las comunidades y eso hizo que se ganara en un diálogo con respeto. (Entrevista semiestructurada con líder religioso, Buenaventura, agosto de 2019)
Si bien el DST que articuló la dinámica social del paro se vio afectado muchas veces por la dilación de las soluciones por parte del Gobierno, el forcejeo organizacional durante el mismo paro y varios momentos de suspensión o de amenaza de ruptura, tanto la capacidad técnica local como el mandato popular que les fue concedido a los negociadores locales lograron mantener viva la escena dialógica. Quizá lo más importante fue que generaron réditos comunitarios innegables, manifiestos, en los que han sido, hasta el momento presente, según los mismos participantes, los dos mayores logros del paro de 2017: la aprobación del Fondo Autónomo para el Desarrollo de Buenaventura para financiar las obras e inversiones requeridas en el distrito y la preparación del triunfo popular de Víctor Hugo Vidal como alcalde.
Para cerrar esta segunda parte, es importante considerar que lo dicho hasta aquí no es un llamado al optimismo desbordante con el DST. Esto por tres razones. En primer lugar, han sido notorias las disculpas y justificaciones del Gobierno nacional para no cumplir con efectividad -o al menos con la celeridad que se esperaría- lo pactado en los espacios dialógicos, y también las tensiones organizativas en los territorios. En segundo lugar, sigue siendo un hecho la falta de garantías estatales y el estigma de diversos actores -incluyendo al Estado- sobre estos espacios y las comunidades que los promueven y defienden. En tercer lugar, el DST exige cautela reflexiva y sobre todo investigaciones reposadas -tanto etnográficas como comparadas- que permitan reconocer sus dificultades y alcances en el tiempo. Nuestra percepción, a partir de la experiencia de Buenaventura, es que no existen fórmulas teóricas únicas ni metodologías infalibles, sobre todo si vienen de afuera.
A modo de cierre y tareas pendientes
Asesores internacionales del proceso de paz colombiano, como Jean Paul Lederach, afirman que en Colombia han visto más iniciativas de paz que en cualquier otro lugar. De hecho, solo entre 2012 y 2015, en pleno proceso de negociación entre el Gobierno y la insurgencia de las FARC-EP, se registraron casi seiscientas acciones colectivas por la paz (Sarmiento et al., 2016). Para Lederach, pese al valor sin igual de estas iniciativas, esto habla de una sociedad con serias dificultades para construir horizontes de convivencia. Desde su punto de vista, mientras han abundado las experiencias de paz y de diálogo entre aliados, todavía falta por hacerse el trabajo duro que permita tejer diálogos improbables entre opuestos o enemigos (Comisión de la Verdad 2018). En efecto, la poca o nula implementación de los distintos puntos del reciente acuerdo de paz puede estarnos indicando que cualquier tipo de cambio significativo en los territorios va a provenir no solo de la interacción entre institucionalidad local y regional, como lo han reconocido ya algunos especialistas (González 2020), sino de la capacidad para movilizar a pequeñas escalas encuentros y espacios de conversación entre opuestos.
Aunque el papel del diálogo como un activador social y comunitario de la paz a escalas micro ha sido crucial en el caso de Buenaventura, esto no significa que debamos idealizar los diálogos sociales a nivel local, pues, como hemos visto, las relaciones de poder y las tensiones históricas entre los actores están tan presentes allí como en las negociaciones de alto nivel. Sugún lo ha puesto en evidencia este artículo, incluso donde hay participación efectiva, las desigualdades, los prejuicios y los desprecios tradicionales salen a flote y afectan el proceso de diálogo. Así mismo, algunas voces (las corporativas o empresariales, por ejemplo) siguen siendo dominantes en el ámbito local, incluso si se niegan a participar en los diálogos sociales, y esto no se puede obviar ni pasar de soslayo.
La experiencia de Buenaventura nos da un buen ejemplo de cómo el diálogo social puede acontecer “desde abajo”, pero sin desconocer la necesidad del horizonte multinivel. Algo llamativo es que, para abordar los problemas estructurales o cotidianos, los promotores de espacios de diálogo social en Buenaventura no han demandado la creación de nuevas instituciones ni un andamiaje burocrático adicional. Su punto de partida ha sido la discusión sobre el qué del DS, lo que se ha traducido en la búsqueda e identificación del acuerdo básico que garantice la vida y la permanencia en el territorio: el reconocimiento de la voz afropacífica. Este proceso los ha conducido, a su vez, a una definición contundente del para qué del diálogo social desde la experiencia enraizada: poder vivir en paz y con dignidad en el territorio. Este propósito nos permite reconocer la diversidad de acumulados de diálogo social con el que cuentan las organizaciones. El quiénes del diálogo revela, además, el protagonismo de distintos sectores sociales y la invitación al diálogo, con no pocas dificultades, al sector privado, a la Administración e incluso al Gobierno nacional. El uso de la categoría DST ha permitido apreciar cómo ciertas especificidades históricas y geográficas se entretejen con sentidos enraizados y formas de significación local para dar forma a un horizonte común de convivencia.
El cómo de esta experiencia de DS amerita en sí misma un estudio a profundidad. Este artículo es solo una apertura a una investigación más a fondo. El cómo incluye desde mesas temáticas, cadenas de conversaciones, diálogos informales, expresiones culturales, semilleros dialógicos y espacios formativos hasta la creación de un movimiento político para promover una alternativa de poder real. El desde dónde nos indica el surgimiento de una experiencia de base; sin embargo, este aspecto no se refiere a quiénes son los actores relevantes en un espacio dado, sino a cómo conceptualizan la vida, el bienestar y la dignidad, es decir, al lugar de enunciación desde el cual se promueve el DS. En el caso de Buenaventura, sin perder de vista la reivindicación de las luchas históricas, el DS se ha enfocado en la consolidación histórica de un espacio social para discutir el presente y el futuro del territorio, en medio de no pocas violencias. Esperemos que la categoría DST no solo sea un marco para entender el devenir de lo dialógico en un determinado momento, sino también una herramienta para promover la conversación de narrativas plurales e incluso divergentes sobre el futuro del distrito.
Algunas tareas pendientes:
La primera tarea pendiente tiene que ver con la discusión del qué por un quiénes más amplio. Una tarea primordial de la categoría DST es la de reconocer y entender mejor el rol de diversos actores involucrados o no en el diálogo -tarea que aquí solo hemos podido cumplir parcialmente recurriendo a algunos trazos conversacionales-. No obstante, el artículo nos ha permitido identificar un primer contraste entre la narrativa del desarrollo portuario que ha prometido por décadas abundancia para todos, pero sin el concurso de todos, y los actores de base para quienes el diálogo entre opuestos es posible, pero sin desconocer los mínimos ontológicos definidos por las comunidades del territorio. Se requiere, por tanto, seguir investigando sobre las voces que son parte de redes estratégicas, como las iglesias, gremios de comerciantes y plataformas organizativas. Es preciso, también, indagar los puntos de vista del sector privado -para nada homogéneo entre sí- sobre la vida digna de las comunidades, pero también sobre sus propias posturas y bloqueos como agentes de desarrollo socioeconómico en el territorio. Desde la perspectiva del DST, es necesario seguir estudiando cuáles son los obstáculos, resistencias y hostilidades más sensibles que deben discutirse de cara a la implementación de la paz a nivel territorial y regional.
La segunda tarea en torno al DST tiene que ver con el análisis de espacios sociales para el diálogo. Gran parte del trabajo y la literatura sobre diálogos y gestión de conflictos asume que es necesaria la creación de nuevos espacios sociales o estrategias metodológicas refinadas para tales fines. Como lo demuestra la experiencia del paro cívico de Buenaventura, el DST supone prestar más atención a espacios sociales y comunales ya existentes, y a metodologías enraizadas organizativa y territorialmente. De igual modo, es necesario dirigir la atención no solo a los acuerdos institucionales, sino también a los arreglos ciudadanos y comunales parciales, a las conversaciones pausadas o “conversas” -como gustan llamar a estas pausas en el territorio-, y a los compromisos híbridos, multimodales y flexibles, donde se discuten y defienden los qué ontológicos de la paz y la vida digna y sus visiones alternativas al desarrollo.
La tercera tarea supone rastrear el terreno dialógico abonado por las denominadas iniciativas de paz (Rettberg y Quishpe 2017). Pese a constituir campos epistemológicamente diferenciados, la exploración de las especificidades y afinidades entre el análisis de las iniciativas de paz y el DST es todavía un terreno por explorar, del que se pueden obtener beneficios tanto a nivel conceptual como metodológico.