Presentación
Exhumar los cuerpos que yacen en las fosas comunes es un acto cada vez más recurrente en las nuevas generaciones de familiares de desaparecidos durante el fallido golpe de Estado contra la Segunda República (1936) y los años de dictadura en España (1939-1975). Estas generaciones a las que les fueron transmitidos los hechos del pasado, convocaron a actores sociales y políticos a crear el movimiento social por la recuperación de la memoria histórica, con el propósito de emprender la gestión pública que dé como resultado la recuperación de los restos de sus seres queridos desaparecidos. Antes y durante el proceso de búsqueda, surgen diferentes emociones, en las nuevas generaciones de familiares, como resultado de las valoraciones que hacen de los hechos de violencia y del tratamiento que el Estado democrático ha dado a la recuperación de la memoria histórica de los vencidos. De acuerdo con lo anterior, el presente estudio tuvo el propósito de explorar las emociones que movilizan a los familiares que hacen parte de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede), a exhumar los cuerpos de los desaparecidos forzosamente durante la sublevación militar en julio de 1936, que yacen en las fosas comunes ubicadas en el Cementerio Municipal de San Fernando. Para ello se realizó un estudió etnográfico que permitiera observar tres dimensiones: 1) relación cuerpo-espacio, 2) relación entre los sujetos que intervienen en el proceso y 3) relación entre sujeto-cuerpo-emoción. Se levantó una serie de diarios de campo en los que se cartografió el espacio, la ubicación de los cuerpos y las relaciones que se manifestaban entre ellos. Se observaron detalladamente las posturas corporales y gestuales durante los actos discursivos. Con lo anterior se buscó identificar la tensión que pudiese emerger entre la autonomía del sujeto y la determinación del "otro" social (Figari y Scribano, 2009).
Se observaron tres actos de conmemoración pública, dado que la relación intersubjetiva entre los actores en estos escenarios podría generar un marco de alteridad (Lévinas, 2002) en la que el Otro está más allá de los límites del Mismo, al presentarse como inabarcable e inagotable en su totalidad, evocando así una separación radical entre ellos. Cada uno de los signos corporales que emergieron en la relación intersubjetiva se convirtió en el marco de análisis del estudio. Estos signos, como bien lo argumenta Le Breton (2012), hablan en la medida que existe una tradición cultural que ha enseñado a interpretarlos, expresan una marca que permanece y se resiste a ser apropiada o borrada; por el contrario, pasa por un proceso de actualización (Deleuze y Guattari, 2002) con cada evocación, planteando así una relación compleja, entre lo consciente y lo inconsciente, en el proceso de transmisión de las historias heredadas como historias vividas (Aróstegui, 2004).
En este proceso, el cuerpo cobra una centralidad estratégica, al ser este el que concentra y transmite las emociones. Estas son interpretadas mediante un sistema abierto de significados y valores que hacen parte de la cultura afectiva (Le Breton, 2012). Estos afectos al ser expresados apelan al valor moral del otro, para encontrar en él la empatía emocional que los lleve a emprender acciones de transformación conjunta de la realidad. Distintos estudios han confirmado que las emociones al ser sentidas colectivamente en un medio social definido determinarán las conductas ante otros grupos y ante las instituciones (De Rivera, 1977; Frijda, 1986; Páez, 2011). También han comprobado que la rabia y la indignación motivan a la acción, así como el miedo que se siente frente a la imposibilidad de vencer la injusticia. Estas emociones cargadas de un sentimiento de impotencia son las que llevan a la movilización del colectivo (Basabe et al., 2004; Hernández-Rodríguez et al., 2011; Poma y Gravante, 2013; Techio et al., 2011). Adicionalmente, se ha demostrado que la pena y el dolor, así como la indignación pueden ser interpretadas transculturalmente (Basabe et al., 2004; Páez et al., 2013; Pérez-Sales, 2010).
Por otro lado, bajo la relación cuerpo-emociones, Scribano (2010) argumenta que es el cuerpo "el que establece la conexión entre ambiente e individuo", es decir, "entre mundo interno y mundo externo, entre lo que se ve y lo que no se ve" y, a partir de allí, "se observa como lo social se hace cuerpo" (25). Desde esta perspectiva, el cuerpo se configura como el centro de los procesos de producción y reproducción de la sociedad. Al mismo tiempo, el cuerpo ha sido objeto de control social por parte de los Estados totalitarios, que han construido una "biopolítica de la vida emocional" (Zamora y Mantilla, 2017) al convertir las emociones en objeto de regulación social y moral.
El artículo está dividido en cinco secciones. En la primera se presenta el contexto histórico en el que emergió la represión y el proceso de exhumación de las fosas comunes. En la segunda, se informa el método, se describe el procedimiento y las técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación. En la tercera, se muestran los resultados del estudio, compuestos por tres tipos de emociones que surgieron del trabajo de campo. En la cuarta se hace un análisis de las emociones desde la perspectiva intergeneracional y en la quinta se puntualiza la discusión.
contexto histórico de la represión
El intento de golpe de Estado en España contra el gobierno de la Segunda República se inició con una sublevación militar el 17 de julio de 1936 en el protectorado español en Marruecos. El fallido acto tuvo como resultado la guerra civil (entre los años 1936 y 1939) y la posterior instauración de una dictadura militar que duró aproximadamente 40 años (Casanova, 2013; Juliá, 1999; Preston, 2011; Romero, 2009).
Durante la sublevación militar la sociedad española sufrió una violenta represión de carácter político e ideológico, dirigida a eliminar líderes e ideas que representaban al régimen republicano (Casado-Montado, 2016; Romero, 2009; Juliá, 2008a). El territorio español quedó dividido en dos: los sublevados tomaron el control de las zonas de explotación agrícola, ganadera y marítima (Andalucía, Galicia, Navarra, Castilla y León), mientras que los republicanos conservaron los centros industriales y mineros (País Vasco, Cataluña y Asturias) y los núcleos urbanos con alta densidad poblacional, como Madrid y Barcelona. En los territorios donde venció la sublevación hubo golpe militar y represión; en los otros territorios se desató la guerra. En el primer caso, las víctimas fueron casi exclusivamente originadas por los militares sublevados (Casanova, 2013; Espinosa-Maestre, 2006; Juliá, 2008a; Preston, 2011).
Las acciones de violencia ejercidas fueron legitimadas por la Junta de Defensa Nacional -integrada por militares de primera división1-, la cual declaró el 28 de julio de 1936 el estado de guerra en todo el territorio nacional2. Con esta medida se institucionalizaron dos instrumentos para llevar a cabo el plan represivo: bando de estado de guerra y los consejos de guerra sumarísimos de urgencia (Espinosa-Maestre, 2009)3.
Durante el estado de guerra se prohibieron reuniones, huelgas y porte de armas por parte de civiles. Se destituyeron y encarcelaron funcionarios públicos, líderes sociales, políticos y sindicales4.
La mayoría de los casos de desaparición forzada ocurrieron en los territorios en los que triunfó el golpe de Estado. En estas zonas un gran número de personas fueron detenidas ilegalmente y asesinadas. Estas víctimas no fueron inscritas en el registro nacional y sus cuerpos fueron enterrados por lo general en fosas comunes anónimas, abiertas en los cementerios, campos e incluso en fincas particulares (Casado-Montado, 2016; Casanova, 2002; Espinosa-Maestre, 2006; López-Moreno, 2020).
Las investigaciones históricas (Arnabat-Mata, 2013; Casanova, 2002; Espinosa-Maestre, 2009; Juliá, 2008a; Preston, 2011) coinciden en referir alrededor de 150.000 ejecutados por el franquismo entre 1936 y 1945, de ellos 125.000 murieron durante la guerra civil (1936-1939) y 25.000 durante los primeros años de la dictadura (Arnabat-Mata, 2013). Para el caso específico de Andalucía5, se ejecutaron 50.093 personas, de las cuales 3.071 son de la provincia de Cádiz (Espinosa-Maestre, 2009; Cobo-Romero, 2012). Se estima que a entre un 12% y un 14% de los fusilados se les aplicó consejos de guerra, de los cuales existe registro; al resto se les aplicó el bando de guerra sin registro conocido.
La falta de claridad en las cifras se debe a que el territorio español carece de una entidad a nivel nacional que se responsabilice de las cuestiones relativas a la desaparición forzada. Este hecho ha conllevado que no se disponga de datos que permitan aclarar y distinguir quiénes fueron las víctimas por ejecuciones y quiénes fueron desaparecidos forzosamente. Adicionalmente, España no cuenta con un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, tampoco posee una base de datos genéticos de los familiares, ni existe una ley integral que regule el acceso a los archivos. Todos estos vacíos han dificultado la labor de los familiares por esclarecer el paradero de sus deudos represaliados (ONU: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, 2009).
La Ley 52, creada el año 2007 en España sobre memoria histórica, en sus artículos 11 y 14, estipula que el rol de las instituciones del Estado en la exhumación de las fosas comunes es el de cooperar con los familiares en lo correspondiente a la indagación, localización e identificación, pero la iniciativa y búsqueda es responsabilidad de los deudos. Los avances que existen en la implementación de la ley de memoria histórica han dependido de la voluntad política de los gobernantes de las comunidades autónomas y varían en las distintas localidades del territorio español. Esta situación genera un trato diferenciado en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la guerra y la posguerra (Aróstegui, 2009; Casanova, 2002; Espinosa-Maestre, 2006; Ferrándiz, 2005, 2016).
Esta falta de apoyo institucional ha generado en las víctimas un sentimiento de injusticia al considerar que la memoria de los vencidos en la guerra no ha sido dignificada, mientras que la memoria de los vencedores fue glorificada durante los 40 años de dictadura6. Por su parte, el franquismo señaló que la dignificación de la memoria de las víctimas de la guerra civil fue saldada con el erguimiento del monumento en el Valle de los Caídos, donde yacen más de 33.000 cuerpos pertenecientes tanto a los sublevados como a los leales a la república7. Sin embargo, este sentimiento de injusticia siguió creciendo y se hizo público en octubre del año 2000 cuando se realizó la primera exhumación, de acuerdo con criterios científicos, en la localidad de Priaranza del Bierzo, en la provicia de León (Ferrándiz, 2016; Pérez-Guirao, 2016). Este hecho es considerado por el movimiento memorialista como el acontecimiento que dio origen al proceso de recuperación de la memoria histórica en España8, puesto que a partir de este hito se fomentó la exhumación de fosas de civiles republicanos por todo el territorio nacional.
La desaparición forzada en España
El Tribunal Supremo de España en la sentencia número 101/2012 declaró que los casos de desaparición forzosa durante la guerra civil han prescrito después de 70 años (entre 1939 y 2008). En el fallo se argumenta que es una "ficción" inaceptable jurídicamente creer que durante todo este tiempo una persona esté viva y detenida ilegalmente. Igualmente sostiene que los responsables de los hechos ya habrían muerto y que si estuviesen vivos se les aplicaría la Ley de Amnistía de 1977 (Carrión, 2016; Macciuci, 2018). Esta declaración ha llevado a cerrar cientos de casos por desapariciones forzadas que estaban en curso en los distintos juzgados del territorio español9.
Frente a la negativa del Gobierno español de investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones durante la guerra civil y la dictadura, agrupaciones de víctimas han solicitado a los tribunales de Argentina que ejerzan la jurisdicción universal en este caso y que investiguen los crímenes de derecho internacional cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Esta querella presentada en abril de 2010 ante los tribunales argentinos es el único proceso abierto por los crímenes de la dictadura franquista (Carrión, 2016; Macciuci, 2018; Montoto-Ugarte, 2017).
Con esta causa en el año 2013 se emitió una orden internacional de detención preventiva con fines de extradición a 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la guerra y la posguerra. Entre los acusados se encuentran exministros, exguardias civiles y expolicías. Adicionalmente a esta solicitud, se pidió auxilio judicial a la justicia española para poder avanzar en la toma de declaraciones a los sobrevivientes. Esta solicitud fue aceptada por ciertos juzgados, uno de ellos fue el de Sacedón (Guadalajara), el cual desbloqueó la búsqueda y exhumación del cuerpo de Timoteo Mendieta en mayo del 2017, después de que su hija, de 91 años, apelara a los tribunales argentinos para cursar dicha solicitud (Carrión, 2016; Macciuci, 2018; Montoto-Ugarte, 2017).
Localización y exhumación de las fosas de la represión en San Fernando
Entre los años 2007 y 2009 la Junta de Andalucía, por medio de la Dirección General de Memoria Democrática, en colaboración con el movimiento de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, investigadores universitarios y familiares, entre otros, levantaron un mapa de fosas de la guerra y la posguerra del territorio autonómico. Se recogieron testimonios, se consultaron los registros civiles y judiciales, incluso los que se encontraban en los cementerios. Este trabajo permitió inventariar geográficamente 708 enterramientos en todo el territorio andaluz. Específicamente en la provincia de Cádiz se localizaron y describieron 116 de ellos, según la última actualización realizada a partir del año 2015.
El informe sobre el mapa de fosas en Andalucía en su apartado Cartografía de un crimen señala que "el 80% de las fosas que se abrieron en 1936 cuando las ejecuciones en el bando rebelde se realizaban por aplicación del bando de guerra", mediante la técnica represiva denominada paseo10. "El 67.5% de las fosas identificadas se encuentran ubicadas al interior de los cementerios y tan solo 3.4% al exterior de ellos. El 8.4% están ubicadas en las carreteras o caminos y el 5.4% en barrancos" ("Junta de Andalucía"). En San Fernando se encuentran localizadas varias fosas en el interior del cementerio local. Adicionalmente a esta, se considera que existen tres ubicaciones más sin localización exacta. Se estima que en este territorio puede existir un total 250 víctimas (López-Moreno, 2020).
Los familiares descendientes de los represaliados de San Fernando (hijos, nietos y bisnietos), junto con otras personas que hacen parte de la sociedad civil, se organizaron desde marzo del 2016 alrededor de Amede para iniciar el proceso de gestión pública que conduzca a la exhumación de las fosas que se encuentran ubicadas en el cementerio de dicha localidad11.
La primera acción iniciada fue la elaboración del Informe histórico sobre el golpe militar y la posterior dictadura12. En este se reconstruyen los hechos de violencia desatados en julio de 1936, con el propósito de avanzar en la identificación de los cuerpos represalia-dos que pudiesen yacer en el enterramiento ubicado en el cementerio. La segunda acción fue realizar los sondeos para la localización y delimitación de las fosas. Este paso lo dieron con el apoyo del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando. Y la tercera acción, por la que se encuentran transitando en la actualidad, es la exhumación de los cuerpos, proceso que se inició en agosto del 2017. Para este fin, la asociación ha contado con el respaldo a nivel institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de San Fernando. Además, cuenta con el apoyo aproximado de 35 voluntarios, miembros de la sociedad civil. Hasta septiembre del 2020, Ame-de ha exhumado 108 cuerpos de represaliados por el franquismo y ha recogido el ADN de un importante número de familiares con edades avanzadas.
Precisiones metodológicas
En la presente investigación se optó por metodología cualitativa con un diseño exploratorio-descriptivo (Krause, 1995) que buscó identificar y describir las emociones que movilizan a los familiares, víctimas de la represión franquista, en la recuperación de los cuerpos que yacen en las fosas comunes de San Fernando, Cádiz. Desde la reflexividad del conocimiento cualitativo, el investigador y el sujeto de estudio establecen una relación dialógica de la realidad estudiada que lleva a que se produzcan los datos (Ibáñez, 1991). Por ello, el conocimiento generado no es considerado algo externo, sino que es reconocido como una construcción social, producto de las relaciones interpersonales y de las interpretaciones críticas que los mismos sujetos tienen de la realidad.
Los participantes del estudio fueron cuatro familiares de los desaparecidos (dos mujeres y dos hombres). Uno de ellos hace parte de la segunda generación (hijo) y tres de ellos de la tercera generación (un nieto y dos nietas). En la selección de los participantes se utilizó el muestreo de variación máxima (Patton, 1990). Se buscó integrar casos diferentes entre sí para revelar la amplitud de variación y la diferenciación en el campo. Se consideraron los siguientes criterios de inclusión: 1) familiares que solicitan la exhumación; 2) familiares que no solicitan la exhumación; 3) familiares cuyos parientes estuviesen desempeñando distintos roles antes de ser represaliados (rol político, militar, intelectual, artista); 4) distintas generaciones de los familiares (hijos, nietos).
Se utilizó la observación participante, definida como la descripción sistemática de eventos y comportamientos de las personas en su escenario natural (Krause, 1995). Implica la mirada constante y activa del investigador, la escritura detallada de notas de campo de la cotidianidad y la participación del investigador en actividades relacionadas con el estudio (Guber, 2011). Esta técnica familiariza al investigador con la comunidad y facilita el desarrollo de preguntas culturalmente relevantes (Kawulich, 2005). Se observaron actividades que Amede organizó entre noviembre del 2016 y agosto del 2017, a saber: 1) presentación de resultados de los sondeos realizados entre noviembre y diciembre del 2016. Lugar: Centro Cívico Eduardo Pérez Gener de San Fernando y fecha: 10 de febrero del 2017; 2) conmemoración del 14 de junio, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura. Lugar: Cementerio Municipal y fecha: 14 de junio del 2017; 3) lectura de los nombres de los represaliados de San Fernando. Lugar: Centro de Congresos y fecha: 18 de julio del 2017.
En cada espacio se levantó un diario de campo en el que, en primer lugar, se hacía una descripción general del contexto; en segundo lugar, una descripción de las actividades desarrolladas y, en tercer lugar, se identificaron las emociones por medio de las posturas corporales y gestuales durante el acto discursivo. Inicialmente, se describían las que emergían de manera individual y posteriormente en relación. Para obtener datos distintos a los producidos en la observación, se llevaron a cabo entrevistas individuales semiestructuradas a cuatro familiares. Esto se hizo con el propósito de profundizar en la información registrada en los diarios de campo.
El análisis del material condujo a tres tipos de emociones-sentimientos que movilizan a los familiares que integran Amede a recuperar los cuerpos de sus parientes ausentes, a saber: pena-dolor, orgullo-valentía, indignación-solidaridad. En el siguiente apartado se conceptualiza y describe cada una de ellos.
Emociones de un pasado que no ha dejado de pasar
Las emociones para ser sentidas requieren un sistema de valores previamente compartido, pues son el producto de un juicio moral (Zamora y Mantilla, 2017). El conjunto de recuerdos transmitidos a cada generación adquiere significados emocionales que varían según el contexto sociohistórico y sociopolítico en el que se desarrollan. De acuerdo con ello, cada generación asume la responsabilidad de compartir los recuerdos públicamente o de reservarlos al núcleo familiar. Es de aclarar que para el estudio, las generaciones familiares van a ser comprendidas como una línea de descendientes directos o coetáneos, que comparten una experiencia de vida común de los hechos del pasado, transmitida directa o indirectamente (Faúndez et al., 2013).
Estudios de corte transcultural han encontrado que en contextos de violencia la pena-dolor se desencadena en los seres humanos al ser relacionada con una pérdida irreparable (Basabe et al., 2004; Páez et al., 2013; Pérez-Sales, 2010). Se asocia con emociones negativas al evocar un clima en el endogrupo y a nivel social de tristeza (Techio et al., 2011).
En el caso de la exhumación, los familiares expresan la pena-dolor mediante el uso de expresiones de desconcierto, al no encontrar razones que justifiquen los hechos de violencia. El sistema de valores que está en juego es el de una familia que se circunscribe bajo los ideales políticos republicanos. De allí que la pena sea la respuesta empática que sienten las nuevas generaciones frente al dolor experimentado por el o los familiar(es) represaliado(s):
Me da mucha pena, me da una terrible pena, porque no me puedo ni imaginar lo que se tienen que sentir ante un pelotón de fusilamiento, es que no me lo puedo ni imaginar y más sin haber hecho nada malo [...] te pones tú a pensar y dices ¡qué pena!¡qué pena! (Corpus de la investigación, No. 4 - 30/07/17).
Por otro lado, el orgullo es una emoción social que se expresa en el cuerpo a partir de expresiones corporales (Damasio, 2005), es considerada una emoción positiva en el en-dogrupo dado que permite un refuerzo de la identidad y de la autoestima a escala colectiva. A su vez, puede evocar un clima emocional de solidaridad y cohesión social (Techio et al., 2011). Por su parte, la valentía es "aliento o vigor" que se otorga al ejecutar una acción. Se asocia al sentimiento de gallardía y valor al actuar con decisión y firmeza. Emerge cuando se es vencido el miedo y la culpa, es el opuesto a la cobardía (Aristóteles, 1998).
Los familiares hacen alusión expresa a estas emociones cuando recuerdan a sus seres queridos víctimas de la represión. Así lo señala el siguiente testimonio:
Estoy muy orgullosa de mi abuelo y de lo que luchó mi abuela, y lo valiente que fue. En ese tiempo luchar y enfrentarse a lo que se enfrentó ella [...] por eso es que todos los nietos estamos luchando [...] la abuela Adelina seguro que estará diciendo: "así me gusta valientes, que hagaís las cosas y además las mujeres", como lo hizo ella. (Corpus de la investigación, No. 1, 28/07/17).
En contextos de violencia, la valentía surge frente a la indolencia, el silencio y la indiferencia de la sociedad (Grupo de Memoria Histórica (GMH), 2013). Aristóteles (1998) sostiene que valiente es "un hombre esperanzado que pese a su sufrimiento actúa" (198) y libra una lucha por la reivindicación de sus derechos.
El estudio también identificó el orgullo-valentía performativamente en el acto Lectura de los nombres de los represaliados de San Fernando. Durante este, los familiares al dar testimonio tenían los ojos bien abiertos, el mentón elevado, el cuello y el torso vertical; el pecho hendido de aire daba fuerza al testimonio. La voz al expandirse por todo el espacio de forma abierta y segura manifestó autoridad frente al conocimiento de los hechos del pasado, lo que reflejó más que ser historias heredadas ser historias vividas (Aróstegui, 2004).
En síntesis, el orgullo-valentía se relaciona con dos aspectos: el primero, el vigor y la firmeza con que los familiares dan testimonio de la vida de los ausentes y, el segundo, la decisión de emprender una lucha por la dignificación del buen nombre del pariente ausente, en muchos casos yendo en contra de la opinión de otros integrantes de la misma familia.
Y, para terminar este apartado, el tercer grupo de emociones identificadas es el de indignación-solidaridad. La indignación manifiesta una desaprobación moral y tiene como base la ira. Este sentimiento impulsa a que se desarrollen acciones de reforzamiento de las convenciones y normas sociales (Damasio, 2005). La violación a la norma lleva a que emerja la percepción de injusticia por el agravio experimentado (Páez, 2011). La solidaridad se relaciona con el altruismo colectivo que surge en un clima emocional positivo. Esta atmósfera cargada de afectividad personal posibilita el desarrollo de acciones colectivas, tales como rituales, movilizaciones, marchas, entre otras. El desarrollo de las acciones colectivas lleva a que se fortalezcan los lazos afectivos entre los miembros del grupo, hasta el punto de ser considerados los miembros de la comunidad parte de la familia. Al respecto, Durkheim (1987) sostiene que el concepto de familia en este tipo de contextos supera el lazo consanguíneo para hacer referencia a un conjunto de individuos que se encuentran próximos los unos de los otros en el seno de una sociedad política y que comparten ideas, sentimientos e intereses.
En el estudió se observó que una de las principales emociones que movilizan a los familiares es la indignación, por haber transcurrido más de 40 años y no haber podido recuperar el cuerpo de su pariente ausente. Esa emoción se exacerba debido a que la generación de familiares, testigos directos de los hechos, se están muriendo y con ellos las posibilidades de que se aclare la verdad. Esta situación lleva a que los familiares sean muy críticos con ellos mismos y con las políticas que ha emitido el Estado español en torno a la recuperación de la memoria histórica. Con ellos mismos porque no comprenden cómo han dejado pasar tanto tiempo sin hacer nada y con las políticas estatales porque consideran que, en vez de impulsar decididamente el proceso, lo que hicieron fue crear "una nebulosa" en la cual la sociedad calló para mantener el consenso de la transición:
Yo creo que los españoles estamos como narcotizados [...] estos hombres que dieron sus vidas por sus ideales, qué deben estar pensando de nosotros, dirán: ¡por Dios reacciona! ¿para esto he dado mi vida? la dí para dejarles algo mejor, qué estáis haciendo con lo que os hemos dejado, cómo permitís que tantos derechos que han costado tanto trabajo conseguir, ahora estemos retrocediendo a pasos agigantados, cómo lo permitís [...] estos hombres no pueden estar orgullosos. (Corpus de la investigación, No. 4, 30/07/17).
Se encontró el siguiente cuestionamiento interno por parte de los familiares: ¿Estamos a la altura de tantas personas que han luchado, que han dado sus vidas para dejarnos un mejor país? El estudio identificó que esta pregunta se convierte en uno de los impulsores que hace que Amede mantenga activa la lucha por la recuperación de los cuerpos y por movilizar empática-mente a los distintos actores de la sociedad.
Amede moviliza al colectivo dado que considera que las personas represaliadas murieron por estar aportando a la construcción de una sociedad más democrática, igualitaria e incluyente, es decir, por una causa social que les compete a todos (Vásquez-Zárate, 2017). Con este argumento ha logrado reunir a un grupo de 35 voluntarios, integrado por actores sociales y políticos, que cooperan en la exhumación de los cuerpos represaliados.
Los familiares reconocen a este grupo de personas como altruistas al solidarizarse (Durkheim, 1987) con su situación. Dentro de las acciones que han desarrollado conjuntamente -familiares y voluntarios- se encuentran los sondeos arqueológicos, así como la actual fase de exhumación de los cuerpos. Este trabajo conjunto ha llevado a que se tejan estrechas relaciones hasta el punto de considerar que los cuerpos que están allí son parientes de todos y forman parte de una misma familia.
En síntesis, los hechos del pasado al ser considerados injustos evocan en los familiares y en los actores sociales y políticos un sentimiento colectivo de indignación que lleva a que se movilicen solidariamente alrededor del proceso de exhumación, y esto lo hacen para exigir al Estado que salde la deuda social adquirida durante el golpe militar y los años de dictadura. La anterior situación muestra cómo las emociones cuando son sentidas colectivamente posibilitan que distintos actores se afilien a una misma comunidad social y emprendan acciones conjuntas. En el siguiente apartado se hará un análisis de la forma en la que las emociones identificadas se expresan intergeneracionalmente.
Análisis intergeneracional de la represión desde la perspectiva emocional
Los resultados del estudio mostraron que la cultura afectiva (Le Breton, 2012) ha moldeado y transmitido los significados emocionales del pasado entre la segunda y la tercera generación, otorgándole esquemas de experiencia y acción que orientan las conductas de los descendientes. En la segunda generación, por ejemplo, los testimonios analizados evidencian que los recuerdos que se transmitieron tuvieron connotaciones emocionales en las que predominaba el miedo y la vergüenza, y estos recuerdos se reservaron al núcleo familiar. Para la tercera generación, en cambio, los recuerdos cobran un carácter emocional reivindicativo, marcado por el orgullo y la valentía, que los familiares buscan propagar por toda la sociedad.
Es posible interpretar que el surgimiento de estas emociones está correlacionado con el contexto social y político en el que se circunscriben cada una de ellas, pues en el caso de la segunda generación, sus integrantes se desenvolvieron en un régimen político autoritario que dominaba todas las esferas de la vida, mientras que la tercera generación se desarrolla durante un sistema político democrático.
Las dos generaciones han expresado sus emociones durante el proceso de exhumación al recordar los hechos históricos y la marginación social que sufrió la familia en los años de dictadura, dejando en un plano posterior la relación con el pariente represaliado. Lo anterior se debe a que en la segunda generación el régimen controlaba las emociones y los sentimientos, negando así la posibilidad de expresar los afectos libremente (Faúndez et al., 2013). La disonancia o desviación emocional (Bericat, 2000; Hochschild, 1975) era motivo de sanciones, tanto por la sociedad como por el régimen. De allí que los sobrevivientes a la sublevación militar gestionaran sus emociones (Bericat, 2000; Hochschild, 1979) para estar acorde con los valores y principios establecidos por el régimen dictatorial13.
Adicionalmente, el régimen franquista aplicó también la normativa de expresión emocional (Hochschild, 1979; Bericat, 2000), en la cual los familiares fueron sometidos a una constricción externa que los obligaba a mostrar determinadas emociones ante personas y contextos, generando así un cambio en la conducta expresiva. Casado-Montado (1989) en su texto Memorias de un malnacido señala que los niños al volver al colegio luego de que sus padres hubiesen sido fusilados "llevaban en su cara la tragedia que habían acabado de sufrir" (27) y que en respuesta recibieron palabras de deshonra "sin caridad, ni piedad". Lo anterior muestra cómo "la gestión de las emociones deja de ser un acto privado y pasa a ser un acto público" (Bericat, 2000:163).
En el caso de la tercera generación, las emociones y los sentimientos que emergen están en relación con los otros familiares que vivieron directamente la represión y mantienen o mantuvieron el proyecto de búsqueda. Estas emociones expresan la necesidad de reafirmación de la identidad familiar y los valores que pertenecen a la tradición política del pariente represaliado. En consecuencia, es la empatía emocional lo que ha llevado a que los nietos rompan el silencio que mantuvieron las anteriores generaciones y se organicen alrededor del movimiento social por la recuperación de la memoria histórica (Ballbe, 2008; Biesca, 2006; Pérez-Guirao, 2016).
Por otra parte, durante el proceso de exhumación las emociones que emergen en la relación entre familiares y voluntarios han posibilitado que estos se afilien a una misma comunidad (Le Breton, 2012). En los voluntarios los sentimientos que surgen no solo se presentan frente a la búsqueda de los cuerpos, sino también respecto a los familiares. Esta variación puede generar un efecto cruzado en las valoraciones que se hagan a las emociones identificadas. Por ejemplo, para los voluntarios la pena que sienten es en relación con el familiar que con su avanzada edad está luchando por encontrar el cuerpo de su pariente represaliado. Otro caso identificado es la emoción de orgullo: mientras que lo familiares se sienten orgullosos con la historia de vida de sus parientes, los voluntarios se enorgullecen de sentirse que son buenos ciudadanos al estar ayudando al pago de la deuda social adquirida.
Caso diferente se presenta con la emoción de indignación, pues tanto los familiares como los voluntarios comparten la misma valoración de injusticia frente al trato diferenciado que han recibido los vencidos en cuanto a la dignificación de la memoria y los cuerpos de los represaliados, luego de 80 años de haberse producido la pérdida.
En síntesis, la indignación-solidaridad es la emoción que impulsa empáticamente a los actores sociales a tomar acciones concretas dirigidas a la recuperación de los cuerpos. De la misma manera, mediante emociones como orgullo-valentía, las familias represaliadas se liberan socialmente de la vergüenza y el miedo que las gobernó durante el franquismo. Y la pena que sienten las terceras generaciones es por el dolor sufrido por sus antecesores.
Para puntualizar
Cuando los muertos son escuchados, mediante las huellas de los actos de extrema crueldad que fueron infligidos en sus cuerpos, la sociedad puede entender que el daño causado no solamente afecta a quien lo padece, sino que cuestionan a todos los seres humanos.
(Quevedo y Sánchez, 2015: 30).
El régimen dictatorial, al esconder los cuerpos, les impidió a los familiares realizar el rito de brindar los honores fúnebres a los represaliados, lo que generó una deuda social, no solo en la familia, sino también en la comunidad de la que hacían parte, dado que el cuerpo, al ser resultado de un procesos de socialización, tiene una dimensión invariablemente pública que determina sobre él una serie de rituales tanto de ingreso como de salida del campo social, y cuando uno de ellos falta se configura una deuda social (Butler, 2006; Durkheim, 1982). Adicionalmente, el régimen al prohibir a los familiares expresar algún tipo de dolor negó esas vidas, es decir, consideró que esas vidas no tenían valor y por tanto no merecían tener un obituario, para que no se distribuyera públicamente el duelo. De esta forma se "desrealizó" no solamente al represaliado, sino también a las primeras generaciones de familiares, quienes vivieron en "condición de espectro" durante el golpe militar y los años de dictadura (Butler, 2006).
Por otra parte, el estudio encontró que los integrantes de Amede han venido forjado una conciencia de los hechos, a partir de la experiencia que trae su actuar en la lucha por la recuperación de los cuerpos represalia-dos, lo que hace que su testimonio refleje una historia vivida más que heredada (Aróstegui, 2004). Para ellos el enterrar dignamente los restos de sus parientes ausentes es un acto de justicia, dado que les devuelve algo que es "suyo" y que les fue quitado abruptamente. Con este acto, afirman, se revertiría el rasgo deshumanizador de la violencia y conseguirían "paz en los corazones" (Corpus de la investigación, No. 3, 28/06/17). Al respecto, Ferrándiz (2005) y Quevedo y Sánchez (2015) sostienen que el acto deshumanizador de la violencia es revertido en el momento en que al cuerpo represaliado le es devuelta su identidad social y política y puede ser reingresado a la sociedad por medio de los rituales fúnebres, en el curso de los cuales los familiares honran su memoria públicamente para encontrar la solidaridad social en las manifestaciones de respeto. Es importante detallar que el estudio encontró que este acto deshumanizador es revertido también durante todo el procedimiento de exhumación, debido a que el cuerpo es tratado con extremo cuidado y respeto. En dicho proceso se utilizan instrumentos pequeños y delicados, como lo son las brochas, que con sus crines acarician una y otra vez los restos, para delimitarlos y definirlos. Asimismo, a cada cuerpo se le dedica su tiempo y conforme pasan los días van re-apareciendo física y políticamente los sucesos del pasado. Paralelamente a este procedimiento, se está recuperando la memoria de los hechos desde la perspectiva de las víctimas, debido a que el testimonio de los familiares es fundamental para la identificación de los cuerpos. Esta situación hace que el testimonio se revalorice, pues hasta el momento había sido considerado "memorias en fuga" o "memorias subalternas", que sobrevivían en las "costuras de las versiones hegemónicas del pasado" (Ferrándiz, 2005:14-15).
Todo lo anterior muestra cómo el exhumar se convierte en "un proceso de desenterrar la verdad" (Quevedo y Sánchez, 2015: 30) en el cual el antropólogo forense cumple el rol mediador entre este mundo y el mundo de los muertos (Pérez-Guirao, 2019). Al ser el principal informante aporta pruebas que ayudan al esclarecimiento de los sucesos de violencia. En este sentido, la exhumación se convierte en un archivo (Foucault, 1997) que enuncia acontecimientos singulares, limita lo que puede decirse en el entramado de discursos sobre los hechos del pasado y reconoce la veracidad de los enunciados para que la sociedad, los conozca, se haga cargo de ellos y los integre a la memoria social, política y cultural del país.