La geografía racial de la costa Norte de Honduras y el desplazamiento territorial

Las comunidades garífunas, que habían desarrollado durante gran parte del siglo XIX rutas comerciales y habían conformado núcleos comunitarios a lo largo de la costa, se vieron enfrentadas a los intentos de las compañías bananeras por concentrar el mayor número de tierras posibles para el cultivo de bananos y por controlar las vías fluviales, carreteras, recursos forestales y puertos comerciales. Compañías como la de los hermanos Vaccaro (Standard Fruit Company), la United Fruit Company (UFC) y la Cuyamel Fruit Company obtuvieron concesiones sobre amplias franjas de tierra en los departamentos de la costa Norte e impulsaron la vertebración de la región por medio de la construcción de una red de ferrocarril. Para 1920 en el sector de Colón se habían construido 86 kilómetros de líneas férreas desde Puerto Castilla (Trujillo) hasta el bajo Aguán. Si en 1920 las compañías bananeras sumaban en la región 2.000 hectáreas, ocho años después sumaban 13.000, además de las 3.500 de pastizal, a las que habría que sumar otras 10.000 en el Río Negro. En total, la Truxillo Railroad Company, subsidiaria de la UFC, llegó a controlar un total de 70.000 hectáreas en Colón (^{Soluri, 2005}, pp. 50-51).

En la bahía de Trujillo, desde 1884 se habían dado intentos por regular la tenencia de la tierra ante la incesante expansión de la ganadería. La Comunidad de Morenos Naturales de Cristales y Río Negro recibió primero de Luis Bográn (1886, 1889) y posteriormente de Manuel Bonilla (1901, 1904) títulos que reconocían el dominio pleno de las tierras de la comunidad. En 1921, la Truxillo firmó con la comunidad un acuerdo de arrendamiento de 239 hectáreas pertenecientes al título de La Puntilla de 1901. Aunque este contrato se canceló el 16 de julio de 1942, con el paso de los años, las tierras de la comunidad se hicieron cada vez más codiciadas. En 1976 el general Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, del cuarto batallón de infantería de La Ceiba, forzó el desplazamiento y reubicación de los habitantes de la comunidad de Puerto Castilla para la instalación y desarrollo de la Empresa Nacional Portuaria (ENP). A pesar de que la ENP asumió ciertos compromisos compensatorios con la comunidad de Cristales y Río Negro, estos fueron incumplidos sistemáticamente durante años. En la década de los ochenta, durante el gobierno de Roberto Suazo, se creó a instancias del gobierno de los Estados Unidos y en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM). Este enclave militar, ubicado en la Bahía de Trujillo, sirvió para el adiestramiento y formación de tropas salvadoreñas y de la contra nicaragüense durante las guerras civiles. De esa forma, se trazó de manera clara una relación orgánica entre la economía agroexportadora y un intervencionismo militar, que, además, estuvo acompañado de la represión en el interior del país de movimientos guerrilleros y de campesinos.

Además de ser baluartes del imperialismo estadounidense en la región y de las operaciones contrainsurreccionales, los enclaves bananeros definieron de forma nodal la subordinación e integración de la economía hondureña en condiciones de dependencia del mercado mundial (^{Laínez y Meza, 1973}, pp. 37-38). Para sectores de la izquierda esto impedía la posibilidad de conformación de una burguesía nacional que industrializara el país. En ese sentido, la situación de la costa Norte de Honduras mantenía paralelismos con las de otras economías de plantación del Caribe peninsular. En las economías de plantación del Caribe centroamericano la metrópoli proveía el capital, la gestión, la tecnología y los mercados para las subeconomías impulsadas por las plantaciones bananeras, que, a su vez, conformaban enclaves dentro de las economías nacionales y mantenían una limitada conexión con el resto del país (^{Beckford, 1972}, p. 17).

La visión de la economía hondureña como "enclave" acaparó durante largo tiempo las discusiones respecto a la dependencia económica y el subdesarrollo. El historiador hondureño Darío ^{Euraque (1996)} aportó un nuevo enfoque a la discusión, sugiriendo que las alianzas económicas y políticas que se dieron en la costa Norte impulsaron la industrialización de la región y promovieron una democratización en la cultura política. En estos procesos habrían tenido un papel clave las reformas políticas, económicas y agrarias que se dieron tras la huelga bananera de 1954, al proyectar nuevos canales de interacción entre el Estado y las organizaciones sociales.

La huelga bananera de 1954 tuvo como resultado la emergencia de nuevas formas de cooperación capital-trabajo, que quedaron plasmadas en el Código del Trabajo de 1959. Esto supuso un aumento del número de trabajadores sindicalizados, un incremento de los salarios y las prestaciones. Al mismo tiempo se introdujeron técnicas que tuvieron como resultado la reducción del número de trabajadores. Los despidos impulsaron nuevos intentos por retornar a la tierra por parte de aquellos trabajadores que perdieron su fuente de empleo (^{Euraque, 1996}). Con ello, se intensificó la demanda de acceso a lotes de tierra por parte de organizaciones campesinas, lo que se tradujo en el reparto de tierras baldías u ociosas y grandes latifundios entre campesinos sin tierra, por medio de reformas agrarias en las décadas de los sesenta y setenta.

El Instituto Nacional Agrario (INA) impulsó la apertura de nuevos frentes de colonización agraria en territorios de las comunidades garífunas, que vieron cómo progresivamente ladinos procedentes de otras partes del país se instalaban en ellos. Esta situación conflictiva se vio acelerada con el paso de los años, con las invasiones de tierras en los núcleos urbanos, la apropiación masiva de tierras para la ganadería, el monocultivo de palma africana o la promoción inmobiliaria orientada al turismo. Uno de los requisitos de la reforma agraria era que la tierra adquiriera una función social (^{England, 2006}, p. 48), lo que permitió discriminar entre aquellas parcelas de tierra que estaban siendo efectivamente empleadas de aquellas que no lo estaban y eran consideradas baldías y ociosas.

Aun cuando los habitantes garífunas contaban con títulos que avalaban su tenencia y posesión histórica de las tierras comunitarias, estos documentos fueron ignorados por las autoridades correspondientes. Parte de esta situación se explica por la particular "coyuntura etnoracial" que predominó en la costa Norte desde finales de la década de los sesenta (^{Euraque, 2004}), que demuestra la ambivalencia de la cuestión racial durante el período reformista. Darío Euraque (2003, 2004) sostiene que el mestizaje nacionalista indohispánico emergió como el arma más formidable en el arsenal de la oligarquía hondureña en sus batallas contra las transnacionales de la fruta. El modelo nacionalista de mestizaje ciertamente no fue exclusivo de Honduras, pues prevaleció en toda América Latina con el pretexto de alentar la unidad nacional y la armonía racial en las repúblicas florecientes. El mestizaje nacionalista reformuló el discurso racial en Honduras, centrando un sujeto nacional legítimo y masculino de herencia indígena y española que estaba informado por nociones de "mejoramiento" racial que se extendían desde el sistema de castas español y la ideología del blanqueamiento (^{Mendoza, 2006}). El mestizaje borró simultáneamente la presencia y el lugar de negros e indígenas, al colocar a los pueblos indígenas en el pasado y a los negros en los márgenes. Sin embargo, el discurso de unidad que proyectaba el mestizaje expresaba realmente el creciente poder de la élite terrateniente (^{Mendoza, 2006}, p. 189).

Si bien la doble eliminación de la negritud y la indigenidad se convirtió en una característica fundamental del nacionalismo del mestizaje, la antinegritud se volvió particularmente prominente en los primeros proyectos de construcción de la nación en Honduras. Esto se debió al papel que desempeñaron los trabajadores negros antillanos y garífunas en la economía del enclave bananero (^{Euraque, 2003}; ^{Mendoza, 2006}). La élite nacional buscó desestabilizar la base laboral de las transnacionales de frutas y, por tanto, su poder, al representar tanto a los antillanos como a los garífunas como "el Otro Negro" frente al sujeto nacional mestizo o ladino (^{Anderson, 2009}, p. 81). En respuesta, las empresas frutícolas estadounidenses revitalizaron la narrativa de excepcionalismo que previamente había cimentado la pertenencia garífuna en Honduras, y que tiene sus orígenes en las luchas por la tierra y la representación en San Vicente (^{Anderson, 1997}). Los documentos de la empresa revelan que las empresas frutícolas se referían específicamente a los garinagu (garífunas) como caribes hondureños y luego, con mayor frecuencia, como morenos (^{Anderson, 2009}), tal vez como parte de un esfuerzo por eludir las restricciones racistas de contratación impuestas por la élite hondureña.

• Sin título, ilustración, Ankara (Turquía), 2015 | Autor: Murat Sayin. Tomado de: A-Mused 

Las lógicas antinegras y antiindígenas fueron a tal punto fundamentales para la producción del espacio de enclave como lo fueron para la conformación del nacionalismo hondureño. La coherencia de las lógicas raciales que sustentaron ambos lados de la lucha capitalista por la costa Norte hizo que los garinagu fueran desplazados cada vez más de sus tierras por la expansión de la infraestructura de las plantaciones. Con el desarrollo de los centros urbanos, la construcción de redes ferroviarias y la demanda de trabajo en las plantaciones bananeras, se dio un progresivo proceso de migración desde el campo a la ciudad. De esta manera se fueron asentando nutridos núcleos poblacionales en ciudades como Puerto Cortés, San Pedro Sula o La Ceiba. Frente a la discriminación racial se crearon las primeras organizaciones garífunas, que progresivamente impulsaron demandas pertenecientes a las comunidades garífunas y que se asociaban con la exigencia del reconocimiento de la titularidad colectiva de las tierras. Este proceso se intensificó en la década de los noventa por medio del activismo de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

A finales de la década de los ochenta se impulsaron las llamadas "políticas autóctonas". Estas abarcaban a los pueblos indígenas y negros, definiendo de manera compleja y ambivalente su condición diferenciada (^{Anderson, 2009}). Además, estas fueron convergentes con procesos hegemónicos de desarrollo regional, crecientemente dependientes del turismo y el conservacionismo ambiental, e impulsaron estratégicamente una retórica sensible a los derechos culturales de los grupos minoritarios. Sin embargo, dichas políticas de reconocimiento, lejos de responder a las demandas de las organizaciones indígenas respecto a sus derechos territoriales y auspiciar sus demandas por una mayor autonomía política, definieron marcos de interacción con estas poblaciones, que paralelamente sirvieron como forma de legitimación de proyectos de desarrollo que supusieron la sistemática violación de los derechos territoriales. Aun cuando entre los años noventa y la década del 2000 se otorgaron títulos colectivos en respuesta a las demandas de las organizaciones, que implicaron la legalización y regulación de lotes de tierra, en las últimas décadas se ha dado un incumplimiento sistemático de la legislación vigente.

• Misión Permanente de El Salvador a Naciones Unidas, ilustración, 2018 | Autor: Ernesto Saade. Tomado de: Acnur 

De este modo, quedaron cristalizados los límites de un "multiculturalismo neoliberal" (^{Anderson 2009}; R. L. ^{Castillo, 2019}), evidenciado por el limitado marco de consenso consistente en el reconocimiento jurídico y formal de derechos culturales, que niega de manera simultánea la existencia de mecanismos más amplios que protejan tanto el derecho a la tierra como formas de habitar el territorio. Las políticas de reconocimiento, al esencializar la condición cultural de los garífunas, se han conformado en un dispositivo gubernamental de producción de diferencia en completo alineamiento con las dinámicas económicas de la región, lo que quedó expresado en el reciente intento del diputado nacionalista del departamento de Colón y empresario de la palma africana Óscar Nájera de impulsar una Ley de Consulta Libre Previa e Informada (CLPI) sin el consenso y el apoyo de las comunidades afectadas (Frabes, 2020; ^{Iborra, 2020}). Por tanto, el orden geopolítico y económico de la plantación se ha sostenido en la expansión de la frontera agrícola y el desarrollo turístico, con independencia de los derechos de las comunidades racializadas, lo que demuestra su carácter antiindígena y antinegro.

En ese sentido, la producción de territorios, en un contexto neoliberal, ha tenido como resultado el vaciamiento de otras geografías comunitarias, rituales, familiares y productivas, que suponían un obstáculo para el desarrollo de una infraestructura regional orientada al turismo y la extracción de recursos naturales. Esto explica por qué el diputado Rafael Pineda Ponce llegó a presentar a los garífunas de forma racista y como opuestos al desarrollo, cuando ante la oposición de estos a la reforma 107, que posibilitaba la venta de tierras costeras a ciudadanos extranjeros, llegó a afirmar: "No podemos pasarnos la vida contemplando las palmeras, los atardeceres y los monos guindándose" (K. ^{Castillo, 2019,} p. 127). Además, una situación de emergencia y destrucción, provocada por el huracán Mitch en 1998, brindó las condiciones idóneas para la recepción de inversión extranjera, lo que al mismo tiempo tuvo como efecto la aceleración de ciclos migratorios hacia las ciudades, entre departamentos y hacia los Estados Unidos (^{Puerta, 2004}). Como analizamos en el siguiente apartado, las dinámicas de desarrollo hegemónico en la región impulsaron el despoblamiento de ciertas áreas, que fueron foco de atracción para sectores como el monocultivo de la palma africana y el turismo, así como para la construcción de complejos residenciales de lujo.

La costa bananera: el capital canadiense y el enclave residencial de colonos

Si bien el imperialismo estadounidense ha sido durante mucho tiempo objeto de análisis crítico, los académicos solo recientemente han comenzado a hacer pronunciamientos más directos sobre el papel imperial de Canadá en América Latina (^{Gordon, 2010}; ^{Gordon y Webber, 2008}, 2016; ^{Shipley, 2017}). La acumulación por desposesión fue parte fundamental de su formación como Estado colonial de asentamiento (^{Ghimire, 2020}, p. 159). En ese sentido, el neoliberalismo constituye una "nueva fase de acumulación imperialista por desposesión" (^{Gordon y Webber, 2008}, p. 65) mediante la cual el Estado canadiense defiende agresivamente agendas capitalistas en el Sur Global (^{Ghimire, 2020}, p. 156). El apoyo al ajuste estructural llegó a definir las políticas de ayuda exterior de Canadá, incluidas las relacionadas con América Central, desde finales de los años ochenta (^{Gordon y Webber, 2008}, p. 66). Décadas después, el apoyo de Canadá al golpe de Estado de 2009 en Honduras, junto con la implementación del tratado de libre comercio entre Canadá y Honduras, han estimulado y protegido grandes inversiones en áreas como la minería, la manufactura y el turismo en la costa Norte de Honduras (^{Gordon y Webber, 2016}; ^{Mollett, 2015}, p. 424; ^{Shipley, 2017}, p. 116). En 2011, las inversiones canadienses en el país se multiplicaron, hasta sumar más de C$750 millones de dólares, un salto considerable con respecto a la cifra anterior de C$105 millones, en 2007 (^{Gordon y Webber, 2016}, p. 65). Como ejemplo, uno de los proyectos de desarrollo inmobiliario más importantes en la bahía de Trujillo: el atracadero del crucero Banana Coast² y la infraestructura relacionada, incluidos enclaves turísticos residenciales como Campa Vista, han sido promovidos por el magnate canadiense Randy Jorgensen.

Estos esquemas turísticos representan una ingente fuente de ingresos para la industria del país, construida sobre la marcada desigualdad y explotación de hon-dureños negros, indígenas, campesinos y trabajadores (^{Shipley, 2017}, p. 110). La intelectual garífuna Doris ^{García (2014)} señala que el proyecto Banana Coast de Jorgensen despliega imágenes de una fantasía imperial arraigada en la narrativa eurocéntrica del "apogeo" de la economía del enclave bananero. Las imágenes promocionales dirigidas a los potenciales inversores presentan a Trujillo como una próspera ciudad bananera donde los norteamericanos pueden obtener una rápida fortuna. Esto implica una reinscripción del territorio en imaginarios geográficos que describen la tierra como vacía, subdesarrollada, subutilizada y en espera de inversión extranjera. De esta forma, las tierras afroindígenas garífunas se interpretan ideológicamente como la próxima frontera del desarrollo, lo que se traduce en el cercenamiento de los títulos colectivos de las comunidades de la bahía de Trujillo: Puerto Castilla, Cristales y Río Negro, Santa Fe, San Antonio y Guadalupe. Enclaves de turismo residencial impulsados por Jorgensen y el recientemente fallecido Patrick Forseth se han venido desarrollando dentro de los límites de los títulos colectivos, así como dentro de la "zona de amortiguamiento" del Parque Nacional Capiro y Calentura y que forma parte del corredor de la cuenca del caribe hondureño (HCBC), lo que ha tenido como resultado el cercamiento de las tierras de subsistencia ancestrales garífunas (^{Brondo, 2013}).

Estos inversores han utilizado repetidamente sus conexiones para intentar intimidar y criminalizar a los organizadores garífunas y defensores de la tierra (^{Ofraneh, 2017}). Además, han contado con el apoyo de autoridades locales, incluyendo miembros de jun tas directivas y patronatos que usurparon sus funciones, así como abogados y notarios que actuaron como testaferros posibilitando la venta ilegal de tierras comunitarias. Para ello, se engañó de manera sistemática a las poblaciones locales ocultando las dimensiones y medidas de las tierras comunitarias, se coaccionó a familias para que vendieran sus tierras o directamente estas fueron invadidas. Los casos son numerosos y la obscenidad de esta situación se observa en el caso de los comuneros garífunas que fueron impulsados a vender lotes de tierras cuyo valor de mercado en la actualidad es diez, cien o hasta mil veces mayor del que obtuvieron en su momento por ese lote. A lo anterior hay que sumar el abandono de las instituciones competentes, que han estado coludidas con los inversionistas. Mientras, las autoridades locales culpabilizan a los propios garífunas de vender sus tierras para sufragar los gastos que implica migrar al extranjero. El cinismo imperante se ve expresado en la coexistencia, por un lado, de complejos residenciales de lujo con todos los servicios, cuyas viviendas en el mercado internacional oscilan entre los $100.000 y $300.000 dólares estadounidenses, y, por el otro, de comunidades abarrotadas de precarias infraviviendas de madera y lámina sometidas a los vaivenes de los huracanes y tormentas tropicales, que carecen de calles pavimentadas así como de servicios básicos de recogida de basura, canalización de aguas pluviales o residuales, además de otras necesidades básicas de salud o educativas. Por ello, cientos de jóvenes deciden migrar hacia el Norte en búsqueda de oportunidades laborales ante la segregación residencial y el abandono social, una situación que Horacio Martínez, el expresidente de la comunidad de Cristales y Río Negro, define como de apartheid³.

• La Sagrada Familia, pintura | Autora: Kelly Latimore Tomado de: Kelly Latimore Icons 

Tyler ^{Shipley (2017}, 2020) señala que la actual política exterior de Canadá refleja y extiende el legado en curso del despojo y el intento de aniquilación de las poblaciones indígenas por medio de la acumulación capitalista. Aunque Shipley escribe sobre el capital canadiense y el despojo de los garinagu, no aborda la importancia de su compleja ubicación racial. Al posicionarlos como afroindígenas, sin tener en cuenta la lucha contra la negritud global (o las formas en que la conquista está en curso y conlleva la muerte de negros e indígenas), no logra captar todas las dimensiones del proyecto capitalista del colonialismo de asentamiento propio del imperialismo canadiense ni capta cómo este se entrecruza con otras formaciones coloniales e imperiales.

En la siguiente sección abordamos esta deficiencia de la mano de intelectuales negros e indígenas que han señalado los orígenes coloniales y racistas del Estado nación canadiense. Esto nos permite mostrar que las lógicas raciales del colonialismo de asentamiento y del imperialismo canadiense se hacen evidentes con una lectura crítica del despojo de los garífunas afroindígenas por parte de inversionistas inmobiliarios en la bahía de Trujillo.

Colonialismo de asentamiento y borramiento de negros e indígenas

Patrick ^{Wolfe (1999}, 2006) conceptualizó el colonialismo de asentamiento como una estructura que impulsa la eliminación y borrado de las poblaciones nativas. Sin embargo, J. Këhaulani ^{Kauanui (2016)} advierte de que estos estudios tienen sus límites y riesgos, si aspiran a reemplazar los estudios indígenas o nativos o contribuyen a su invisibilización. En ese sentido, académicos, activistas, artistas y miembros de las comunidades indígenas han señalado durante mucho tiempo el borrado y genocidio de los indígenas, que habría sido una premisa fundamental para el nacimiento de Canadá. Por ejemplo, Glen Sean ^{Coulthard (2014}, p. 7) analiza cómo el Estado canadiense se vio obligado a modificar políticas y técnicas orientadas a la exclusión genocida y la asimilación y a sustituirlo por un complejo de discursos y prácticas institucionales vinculadas al reconocimiento y el acomodo, que no obstante dejaron inalterada la relación colonial. Por tanto, la dominación siguió estando estructuralmente comprometida con el mantenimiento, mediante la fuerza, de las llamadas "negociaciones" para garantizar el continuo acceso estatal a la tierra y los recursos necesarios para el desarrollo capitalista, aun cuando esto afectara al sustento material y espiritual de las sociedades indígenas.

Lejos de reflejar una contradicción, la emergencia de políticas de reconocimiento que mantienen intactos los esquemas del colonialismo de asentamiento contribuye al surgimiento de nuevos y sofisticados mecanismos de interacción entre el Estado colonial y las comunidades indígenas, al mismo tiempo que estos esquemas excluyen demandas de soberanía y autodeterminación de los territorios. Así, se instituyen canales de interacción que reproducen jerarquías sociales y raciales, así como estructuras de desposesión, mientras se niegan los entramados comunitarios que subyacen al territorio, compuestos por sistemas de reciprocidad, relacionalidad y obligaciones mutuas. Por tanto, no ha habido un intento de redistribuir el tablero de posiciones e impulsar mediante las políticas de reconocimiento la emergencia de otras formas de concebir "la política", más allá de los márgenes del pluralismo liberal y las formas de consenso del período neoliberal. Más bien, han proliferado procedimientos y técnicas gubernamentales diseñadas para diluir aquellos conflictos derivados de la explotación de los recursos naturales en las regiones que habitan las comunidades indígenas.

Por todo ello, es importante recopilar aportes de autores indígenas y negros que han caracterizado la explotación histórica de las poblaciones racializadas y el lugar que dicha opresión colonial ha ocupado en la conformación de las sociedades modernas. Esto nos permite considerar el papel clave del trabajo forzado racializado en el proceso de conformación nacional y territorial canadiense, al constituir la esclavitud de los pueblos indígenas y afrodescendientes una parte intrínseca de su propia historia (^{Maynard, 2017}) que, sin embargo, ha sido invisibilizada. De hecho, canadienses de diversas corrientes ideológicas niegan la primacía de la muerte indígena en la construcción del proyecto nacional y rechazan el hecho histórico de la esclavitud en Canadá⁴.

Robin ^{Maynard (2017)} ha rastreado la historia de la esclavitud en Canadá hasta la violencia actual infligida en los cuerpos negros en un contexto marcado por la emergencia del movimiento Black Lives Matter. En ese sentido, ^{Maynard (2017)} y ^{Walcott y Abdillahi (2019)} han mapeado "la condición global antinegra" existente en Canadá como resultado del capitalismo industrial y la modernidad y cómo "los negros y los cuerpos de color tienen una marca particular y específica dentro de los contextos de las relaciones globales" (^{Walcott y Abdillahi, 2019}, p. 15).

Beenash ^{Jafri (2017)} sostiene que los estudios acerca del colonialismo de asentamiento impiden una comprensión crítica de aquellos procesos entrelazados de opresión en las sociedades de colonos blancos, que durante mucho tiempo han sido teorizadas por académicos de color negros, indígenas y feministas. Aun así, mediante la incorporación de las contribuciones de estos últimos al debate se podría definir con mayor precisión un colonialismo de asentamiento que, junto a la esclavitud transatlántica y el trabajo por contrato, fijó las lógicas de ordenamiento racial y formas de exclusión integrales al capital global y el imperio (^{Gutiérrez y Maldondo, 2017}, pp. 809-810).

Para Tiffany Lethabo King, el "yo europeo" tiene conocimiento de sí mismo y afirma continuamente su existencia a través de la deshumanización de los pueblos indígenas y negros. Este aspecto de la conquista, que supuso un proceso violento y repetitivo de construcción del humano moderno por medio de la extinción de las vidas negras e indígenas, es desautorizado y olvidado de forma deliberada (King, 2019, p. 39). En este sentido, subraya la autora, "el discurso colonial blanco y del colonialismo de asentamiento estructuran las formas en que la gente piensa y al mismo tiempo olvida el modo en que las muertes de negros y nativos están íntimamente conectadas en el hemisferio occidental" (p. XIII). Estos aportes nos permiten desentrañar las formas entrelazadas de violencia racial y colonial (^{Maynard, 2017}) que estructuran la expansión canadiense, así como el despojo y la expulsión de los garinagu afro-indígenas de sus comunidades de origen.

Raza, espacio y expansión canadiense

En este apartado tomamos como punto de partida los trabajos de George ^{Lipsitz (2007}, 2011) para analizar cómo las lógicas raciales que sustentan la sociedad de colonos canadienses blancos se materializan por medio de formaciones espaciales. ^{Lipsitz (2011)} describe la supremacía blanca como una estructura de ventajas y desventajas materiales definidas por la blancura. Para él, la blancura refiere a ventajas estructurales que obtienen los blancos por medio del desplazamiento, la destrucción y, por tanto, la desventaja de colectivos racializados.

Katherine McKittrick aborda las jerarquías raciales y espaciales como resultado de intentos continuos y deliberados por destruir un sentido de lugar negro (2011, p. 947). Los asedios pasados hacia los lugares negros son revitalizados, referenciados y recapitulados para materializar la supremacía blanca (2011, 2013). De igual modo, Jennifer ^{Nelson (2008)} describe cómo, para asegurar el dominio blanco en la Canadá posesclavista, ha sido útil colocar, desplazar y reemplazar cuerpos racializados, lo que ha permitido el mantenimiento de un orden social construido para garantizar la libertad, la propiedad y la prosperidad de los blancos.

Por ello, las bases supremacistas blancas del Estado colonial canadiense están co-constituidas materialmente por simultáneos intentos por destruir/eliminar a los pueblos negros e indígenas, tanto dentro como fuera de sus fronteras, lo que queda ejemplificado en el turismo de enclave canadiense en la bahía de Trujillo. De este modo, la humanidad garífuna es "doblemente evacuada" (^{Day, 2015}, p. 16) en la toma de tierras y recursos por parte de Canadá en Honduras, tanto por la condición ontológica de su negritud como por su condición de habitantes nativos de dichas tierras.

Christopher ^{Loperena (2017)} retoma las aproximaciones planteadas por los estudios de colonialismo de asentamiento para analizar cómo se dio el desplazamiento de negros e indígenas de zonas donde se dieron "oportunidades" económicas de inversión en la Honduras neoliberal posterior al golpe de Estado de 2009. Esto demuestra que el despojo es un proceso racializado, que está informado por y entrelazado con imaginarios espaciales blancos, la política de la creación de fronteras y la movilización de una narrativa de "progreso nacional" (2017, p. 801). Loperena dialoga con el trabajo de Sharlene ^{Mollett (2015}, 2016), quien argumenta que el sistema colonial y de ordenamiento racial de castas ha persistido en el presente hondureño sustentado en la ideología del mestizaje y del "blanqueamiento".

Gutiérrez Nájera y Maldonado, en su análisis de la migración indígena mexicana a Estados Unidos, enfatizan la importancia de ubicar a los Estados coloniales dentro de otras formaciones imperiales (2017, p. 810). Shannon ^{Speed (2017)} promueve asimismo esta línea de pensamiento, sugiriendo que es necesario cuestionar cómo funcionan otras formaciones imperiales y coloniales en conjunto con lo que son, en efecto, diferentes modos de colonialismo de asentamiento en función de la geografía. En ese sentido, el colonialismo de asentamiento es un proceso continuo, simultáneamente global y transnacional, apuntalado por el borramiento (^{Gutiérrez y Maldonado, 2017}).

La condición racial se convierte en una dimensión que atraviesa los procesos de expulsión que se han dado como resultado del despojo. El expolio de los territorios ancestrales es resultado tanto de las políticas hegemónicas de desarrollo regional articuladas con el capitalismo colonial canadiense antiindígena y antinegro como, al mismo tiempo, de la migración forzada de los garífunas. De este modo, hay una articulación de lógicas raciales transnacionalizadas y puestas en práctica en espacios periféricos, lo que supone una superposición de lógicas, diferenciadas pero convergentes, de antinegritud, anti indigeneidad y supremacismo blanco, que han supuesto la destrucción de los lugares negros en Honduras (^{Loperena, 2017}; ^{Mollett, 2015}; ^{Speed, 2017}) y la expulsión de sus poblaciones.

Así pues, Canadá impulsa intentos complementarios por aniquilar y destruir pueblos y lugares negros e indígenas tanto internamente como en el exterior, lo que demuestra que estas dinámicas raciales son co-constitutivas de los fundamentos supremacistas blancos del Estado nación y del capitalismo global. Adicionalmente, otro elemento clave de estos procesos de expulsión es la deportación, que en los últimos años se ha convertido en un engranaje fundamental de las políticas migratorias, tal y como mostramos en el siguiente apartado.

• El salto, ilustración, Illinois (Estados Unidos), 2008 Autor: Roberto Rosique. Tomado de: Capturing Immigration 

Deportaciones masivas y recuperaciones de tierras

En la definición ontológica del ser-negro en América, la deportación masiva de migrantes desde México y especialmente desde Estados Unidos cumple una función análoga e históricamente articulada a los procesos continuos de expulsión: la de privar a estas poblaciones de un lugar en el cual arraigarse y donde habitar. Por medio de las expulsiones se articula una economía política de la migración racializada (^{Iborra, 2021}) que se abastece de territorios y trabajadores. Para ello, se han impulsado mecanismos y técnicas destinados a extraer una mayor plusvalía de la fuerza de trabajo migrante. La institución de regímenes de deportación (^{Peutz y De Genova, 2010}), sustentada como está en la clase, la raza y el género, supone la implementación de mecanismos diseñados para preservar el espacio nacional que resultan funcionales al capitalismo racial (^{Robinson, 2000}) -es decir, a la estructura de división racial del trabajo- y que, en las economías metropolitanas, se sostiene fundamentalmente en la explotación de la mano de obra migrante.

En ese sentido, tanto la construcción jurídica de la ciudadanía como la producción de la "ilegalidad" conforman fronteras por medio de l cual los migrantes indocumentados son sometidos a una incertidumbre perpetua, así como a la vulnerabilidad y maleabilidad como trabajadores (De Genova, 2002), al no poder sindicalizarse o exigir derechos laborales, pues pueden ser deportados de manera repentina, lo que los sitúa en una situación de exclusión y abandono social. En un contexto de economía neoliberal, esta condición se expresa en las múltiples expulsiones de ámbitos como el mercado laboral, la vivienda, la seguridad, el sistema de protección de salud, el acceso a una educación de calidad y otras garantías estatales (^{Khosravi, 2018}; ^{Sassen, 2015}).

Además, la condición racial y de género se ve reflejada en las cifras de deportaciones que se realizan desde Estados Unidos, 97% de las cuales se realizan hacia América Latina y el Caribe. De este número, aproximadamente 88% son varones, lo que señala, en función del género y el origen de los deportados, cómo el sistema de justicia criminal actúa sobre los hombres racializados (Golash-Boza, 2015). Al mismo tiempo, su criminalización permite legitimar frente a la opinión pública la justicia punitiva, así como el endurecimiento de las políticas migratorias, tanto en los espacios metropolitanos como en las regiones de origen.

En las décadas del sesenta y setenta, los procesos de reconversión industrial en las metrópolis estadounidenses impulsaron la demanda de fuerza de trabajo de regiones del Caribe en las que predominaba una economía de plantación y en las que Estados Unidos mantenía intereses estratégicos. En la costa Norte de Honduras, esta situación impulsó la migración de población garífuna, que encontró oportunidades laborales en ciudades como Houston, Nueva Orleans y fundamentalmente Nueva York. La Immigration and Nationality Act de 1965 inauguró una nueva era en las políticas migratorias, algo indisociable del contexto geopolítico y de las crecientes dinámicas de internacionalización de la economía.

Sin embargo, los criterios de recepción fueron transformándose en los años ochenta y noventa. La migración hondureña aumentó drásticamente tras el huracán Mitch en 1998, en un período en el que habían cambiado los criterios de entrada al país y se priorizó la condición de refugiado, la reunificación familiar, así como la llegada de mano de obra cualificada. La Immigration Control and Reform Act (1986) y la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (1996) ampliaron las penas de prisión, aumentaron los delitos calificados para deportación e intensificaron la inversión destinada a profundizar el control fronterizo. Así, se fue transformando progresivamente el patrón de la migración garífiina procedente de Honduras. Esto tuvo como efecto un incremento del riesgo en el tránsito migratorio, con el endurecimiento de políticas migratorias, crecientemente enfocadas en la seguridad nacional y la contención, así como en la deportación hacia las regiones de origen.

Esto ha situado a muchos jóvenes garífunas en una "puerta giratoria" de continuas aprehensiones, deportaciones y nuevos intentos por migrar (^{Rietig y Domínguez, 2015}). Las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad, así como la marginación y exclusión, los han empujado a una situación de vulnerabilidad y creciente violencia, tanto en Estados Unidos como en el tránsito migratorio, auspiciada por la acción de la justicia criminal y el sistema de deportación, así como por su condición racializada. De este modo, han recorrido de distintas formas un "complejo industrial de prisiones", del que es parte fundamental el negocio de las detenciones y deportaciones (^{Fernandes, 2007}). No obstante, más allá del carácter extractivo de estas infraestructuras, dirigidas al sometimiento y apropiación de los cuerpos negros, se levantan geografías abolicionistas (^{Gilmore, 2018}), que impulsan otros territorios, más allá del colonialismo de asentamiento y la violencia del supremacismo blanco.

• Sin título, ilustración, 2019 | Autor: Carbajo. Tomado de: Blog Comillas 

La pérdida del territorio ancestral ha sido revertida por procesos de recuperación de tierras en los que participan jóvenes de las comunidades que han sufrido una vida marcada por la marginación y la explotación en guetos estadounidenses. Además de pasar tiempo en prisión, han enfrentado procesos de deportación que les ha supuesto retornar nuevamente a sus comunidades de origen, tras haber pasado la mayor parte de su juventud en el Norte. En la bahía de Trujillo se multiplican los proyectos de recuperación territorial: Laru Beya, Julio Lino, Satuyé, Barauda, Wani Leè y Waba To. Los jóvenes que habitan en estas comunidades se han involucrado en la defensa de las tierras comunitarias y luchan por la obtención de un lote de tierra para ellos y sus familias. En estos procesos es fundamental la participación de deportados, en los que muchos ven un ejemplo de cómo frenar esa "puerta giratoria" y retornar nuevamente al camino de los ancestros.

Si bien hay una parte de resiliencia y deseo de anudarse a las redes comunitarias y las condiciones materiales de reproducción de la vida (^{Gutiérrez, 2015}), en la búsqueda de horizontes más allá de la deportación, en estos procesos hay una reapropiación de geografías ancestrales y formación de geografías negras garífunas. Esto indica formas de habitar el territorio que se oponen al genocidio y el colonialismo de asentamiento canadiense antinegro y antiindígena. Además de mantener una continuidad con prácticas familiares y comunitarias de carácter ancestral, herederas de la resistencia histórica a distintos ciclos de expulsión, hay una parte inventiva resultante del contacto con nuevas pautas culturales y geografías, en un contexto transnacional. Así, se vuelven a construir viviendas con adobe y otras técnicas, como solían hacer los antepasados, y hay un cuidado de los espacios comunes, por medio del chapeo de las veredas. Se buscan formas sostenibles de vivir cultivando coco, yuca, plátano, para alimentar a las familias, así como de sanar, en casos de pandemia, por medio de hierbas tradicionales. Pero también existe un vínculo cotidiano con los parientes que residen en el extranjero, asumiendo las remesas un papel importante en el consumo privado y el sostenimiento de la comunidad.

Esta geografía ancestral garíffuna -redefinida por la emergencia de nuevos lugares, como los que aportan las recuperaciones de tierras y las comunidades transnacionales- expresa formas concretas de enfrentar el colonialismo de asentamiento canadiense y de escapar a las lógicas hegemónicas de desarrollo en la región. Además, así se ponen en juego nuevas formas culturales, más allá de la economía de plantación y la forma en que esta define la imposibilidad de imaginar otros horizontes. El diseño de nuevas geografías y entramados ocupa un lugar clave en la emergencia de formas de habitar territorios que enfrentan los intereses transnacionales en la región. Por ello, las recuperaciones de tierras se oponen y revierten el continuum de expulsiones, históricamente concebido como parte del proyecto supremacista blanco de la plantación.

Conclusiones

En este trabajo hemos situado, para el caso de las comunidades garífunas de la costa Norte de Honduras, la articulación que se ha dado entre los procesos de expulsión que hemos caracterizado como de desplazamiento forzado, las dinámicas de racialización, que comprenden tanto las políticas de representación como la conformación de geografías antinegras, así como los procesos de despojo impulsados por la inversión extranjera. En ese sentido, hemos retomado el trabajo crítico de los intelectuales indígenas y negros sobre el colonialismo de asentamiento y hemos relacionado estas discusiones con los análisis del imperialismo canadiense en la región. Esto nos ha llevado a una comprensión productiva de la dinámica racial y territorial en Honduras y relacionarlo con el desplazamiento y la expulsión de las comunidades garífunas de sus regiones de origen.

Estas lógicas no han afectado los procesos de lucha que han emprendido las comunidades para preservar sus derechos territoriales. Eve ^{Tuck (2009)} y ^{Katherine McKittrick (2011}, 2013) postulan que es necesario prestar mucha atención a la resistencia, para evitar lo que definen como los impactos negativos de una "investigación centrada en daños", que precipita y asume la muerte de negros e indígenas, al convertirla en un "fin lógico". Entonces, al interrogarnos por la lógica racial persistente a través del tiempo y el espacio, somos conscientes de las formas en que se resiste y se revoca la dependencia e inevitabilidad que promueve la muerte de negros de indígenas, tanto en el capitalismo racial como en el colonialismo de asentamiento. Retomando las múltiples formas en las que los garífunas se resisten a ser despojados, borrados y expulsados, encontramos claves que desactivan dichos paradigmas.

• Arqueología de la migración, ilustración, 2020 | Autor: Sebastien Thibault. Tomado de: Sebastien Thibault 

En ese sentido, McKittrick nos impulsa a considerar el potencial radical de enfocarnos en "geografías de encuentro" (2011, p. 950) que nos lleven al redescubrimiento de geografías e historias ocultas de resistencia, presentes en los espacios racializados del pasado. Desde dichas prácticas y narrativas anticoloniales útiles (p. 955), se esbozan proyectos de oposición que contienen un persistente sentido negro del lugar, basado en la lucha, la supervivencia y el sentido de comunidad. Las recuperaciones de tierras de la bahía de Trujillo se constituyen en formas de oposición a los procesos de despojo, desplazamiento y expulsión, resultantes de la expansión imperial canadiense en la región. Del mismo modo, la recreación de las geografías ancestrales y comunitarias expresa la posibilidad de imaginar otras formas de vida, más allá de las lógicas coloniales de asentamiento antinegras y antiindígenas. Por ello, las estrategias genocidas de borramiento son enfrentadas por nuevos procesos de articulación comunitaria que conjugan el deseo por vivir una vida que merezca la pena ser vivida. En suma, las recuperaciones de tierras reflejan la potencia política de la resistencia de las comunidades frente al despojo y el desplazamiento, creando geografías propias más allá del enclave.