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Los linderos nacionales entre México y Estados Unidos se han convertido en uno de los ejemplos paradigmáticos de la manera como los regímenes fronterizos se han ido reforzando con el argumento de resguardar la seguridad nacional, al punto de devenir en una serie de muros de lámina, concreto y tecnología aplicada para disuadir los cruces transfronterizos. Este aparato fronterizo se ha convertido en un dispositivo de gestión global neoliberal de poblaciones móviles que puede tener efectos severos en la precarización de sus vidas. El discurso sobre la seguridad nacional por parte de Estados Unidos ha encontrado en la frontera un espacio de instrumentación y ejecución de acciones para enfrentar situaciones consideradas un riesgo para sus ciudadanos y combatidas de manera homologada con base en una semántica bélico-militar: terrorismo, narcotráfico, migración y enfermedades virales.
La securitización (securitization) de los límites nacionales entre México y Estados Unidos tiene una larga historia que ha encontrado en agentes externos el enemigo principal a combatir1. Este artículo muestra de qué manera el migrante indocumentado y las enfermedades virales -dos de esos factores exógenos- se han construido como una amenaza para los intereses geopolíticos y comerciales del país del Norte, lo que ha conllevado el paulatino endurecimiento del dispositivo fronterizo entre México y Estados Unidos.
Es preciso aclarar que acá se reflexiona sobre la securitización de la frontera como un asunto que deviene políticamente de la consolidación de un modelo neoliberal globalizado que ha generado aceleradamente paisajes de desigualdad e incertidumbre a lo largo y ancho del globo terráqueo, en las postrimerías del siglo pasado y el alba del nuevo milenio. Son estos escenarios de inequidad los que se han visto instrumentados por el levantamiento de muros y apuntalados por discursos de seguridad en las fronteras, que se enarbolan para resguardar a las sociedades nacionales de amenazas ajenas e ignominiosas2.
En la teoría de la securitización (Buzan et al., 1998), la seguridad tiene tres características claras: la identificación de una amenaza, el sentido de urgencia y la necesidad de tomar medidas excepcionales para lidiar con la amenaza. No obstante, pensar complejamente la securitización en la frontera implicaría, en primera instancia, asumirla como un proceso a lo largo del tiempo y el espacio, no como algo perenne y acabado. La securitización opera mediante un engranaje, continuo y contiguo, de acciones políticas, discursos culturales, prácticas sociales y elementos contextuales a lo largo del tiempo, y no ocurre necesariamente en un orden lineal, lo que puede devenir en etapas de fuerte reafirmación, intensificación o relajación (Bourbeau, 2013). En segundo lugar, según la concepción sociológica de la securitización (Balzacq, 2011; Vigneau, 2019) es preciso pensarla como un proceso relacional. Lo que quiere decir que el estatus de amenaza o seguridad de un objeto no es algo predeterminado, esencial o permanente, sino que, en cuanto proceso relacional, se construye, como un asunto interactivo, desde posiciones relacionales de poder, autoridad y legitimidad.
La securitización puede entenderse como "un proceso intersubjetivo, intencionado o no, a través del cual un objeto se constituye como un asunto de seguridad, a través del efecto combinado del discurso, las prácticas y el contexto, requiriendo el uso inmediato de mecanismos de defensa o de control" (Vigneau, 2019)3. Por lo tanto, cuando se piensa en la securitización de los linderos nacionales es porque se hace alusión al proceso relacional mediante el cual algunos factores exógenos, como la migración o las enfermedades virales, se constituyen en una amenaza para la seguridad de un país, lo que deviene en procesos de reforzamiento estructural del dispositivo fronterizo y de las políticas migratorias, para el caso, entre México y Estados Unidos.
Planteado lo anterior, la documentación de la historia del endurecimiento del muro fronterizo será acompañada por el análisis de los factores estructurales sociopolíticos que lo reforzaron -el Programa Bracero, la amnistía de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA - Immigration Reform and Control Act), la caída de las Torres Gemelas y la pandemia de covid-19, entre otros-. Con ello se busca aportar una mirada compleja y crítica al análisis histórico y coyuntural de las distintas formas de movilidad agolpadas en la frontera Norte de México en la actualidad, en procesos de securitización que tienen que enfrentar, de una u otra manera, los refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y deportados.
Procesos migratorios y endurecimiento de la frontera
El programa de trabajo temporal insignia para mexicanos en Estados Unidos de mediados de siglo XX, conocido como Programa Bracero, fue un acuerdo bilateral que transformó el patrón migratorio de entonces, dejando de ser familiar y de larga estancia hasta convertirse en un proceso legal, masculino y de trabajo agrícola en un mercado laboral binacional (Durand, 2007). A pesar de su larga duración y sus múltiples consecuencias positivas y negativas, en las siguientes dos décadas del término de este programa los flujos migratorios continuaron aumentando, en buena medida debido a las críticas condiciones estructurales en México y al contexto de dependencia económica con Estados Unidos. Si bien una buena parte de estos flujos se sucedieron con entradas legales y regulares, se estiman en alrededor de tres millones las entradas indocumentadas (Massey et al., 2002).
Los cruces a Estados Unidos en la década de los setenta y principios de los ochenta pueden considerarse como tránsitos "sin obstáculos" a través de los límites nacionales, ya que posteriormente se ejecutó un proceso de endurecimiento de la frontera que tuvo su instancia en la implementación en 1986 de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA - Immigration Reform and Control Act). Chávez (2011) ha llamado respectivamente a las épocas anteriores y posteriores a la IRCA como "la era de fronteras abiertas" y "la era de fronteras cerradas".
Aunque, según las bases estadísticas, dichas categorías son ciertas, prefiero matizar el halo determinista que portan, para poder plantear complejamente que los mecanismos y regulaciones eran más o menos laxos y evitar pensar que antes la estructura fronteriza no significaba un filtro. De igual forma, en época posterior a la implementación de la IRCA, sucedió que estos mecanismos se fueron reforzando, aunque los migrantes siguieron cruzando por otras vías más peligrosas. Con esta precisión, aquí recuperaré las experiencias diferenciadas de cruce según estos dos momentos histórico-estructurales de la política migratoria y reforzamiento del control fronterizo: pre IRCA, es decir, en la "era de fronteras laxas" hasta mediados de los ochenta, y pos IRCA, en la era de "fronteras reforzadas" de mediados de los años ochenta a principios de los noventa, que involucra un paulatino reforzamiento con el advenimiento de la Operación Guardián (Gatekepper) (principios de los noventa) hasta el ultrarreforzamiento fronterizo posterior al 11 de septiembre del 2001.
Era de fronteras laxas: pre y pos IRCA
Si bien Massey et al. (2002) consideran que durante el cambio ocurrido entre las décadas de los setenta y ochenta se sucedió una migración masiva "sin obstáculos" hacia Estados Unidos, aludiendo a que las regulaciones y los controles fronterizos eran lo suficientemente porosos como para ser evadidos con facilidad por los migrantes que intentaban cruzar, eso no quiere decir que no hubiera ningún tipo de impedimentos ni esfuerzos para controlar la migración indocumentada. La estrategia de cruce indocumentada en ese momento se llevaba a cabo individualmente -lo que Chávez (2011) denominó autocontrabandismo-, pudiendo prescindir de agentes intermediarios como "coyotes" o "polleros"4, debido a la reducida presencia de agentes que vigilaran la frontera. Con las consecuencias penales que tendrían los cruces informales y las estancias indocumentadas en Estados Unidos, el ir y venir por la frontera a través de dinámicas clandestinas de cruce tuvo consecuencias criminalizantes en el estatus de estas personas. Sin embargo, como veremos, el camino al ultraendurecimiento fronterizo se fue gestando a través de operaciones de aseguramiento de la frontera.
Era de fronteras reforzadas: pos IRCA
Es a mediados de la década de los ochenta cuando se consolida un discurso proteccionista de las fronteras en relación con el incremento de flujos migratorios respaldado por un creciente rechazo de la opinión pública estadounidense hacia la migración indocumentada. Estos factores derivaron en la posibilidad de una amnistía regulatoria a los migrantes que vivían en Estados Unidos. Materializada en la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA), se trataba de un conjunto de medidas que, junto con la regularización de casi la mitad de los migrantes indocumentados en Estados Unidos (más de tres millones), estaba acompañada de medidas para reforzar y endurecer la frontera con el incremento de agentes de la patrulla fronteriza y los recursos para aprehender y expulsar a los extranjeros indocumentados, a través de la figura del alien removal, y, sobre todo, de sanciones a empleadores que contrataran a migrantes indocumentados (García, 1987). Si bien la IRCA fue un esfuerzo por formalizar la residencia de las poblaciones migrantes indocumentadas, también tuvo como consecuencia no esperada una masividad de flujos migratorios indocumentados que cruzaron esperando regularizar su estancia en Estados Unidos (Durand et al., 2001). Sin embargo, quienes cruzaron después de 1986 tuvieron mayores problemas para hacerlo debido al endurecimiento de la frontera, que también tomaba forma en el incremento de la presencia vigilante de la patrulla fronteriza. En el año fiscal de 1993, esta corporación registró un total de 1.263.490 detenciones, el 97% de las cuales eran de mexicanos.
En la década de los noventa, de nuevo la esfera pública estadounidense ardía en contra de los migrantes indocumentados, señalándolos como los propiciadores de la criminalidad que la aquejaba. En ese contexto, tuvo lugar un nuevo giro en la estrategia de seguridad estadounidense: el primer bastión de protección contra amenazas externas debían ser los límites territoriales (Nevins, 2002). La frontera se convirtió, así, en el dispositivo de control que necesitaba ser reforzado para contener la inmigración indocumentada y el contrabando de estupefacientes. La Operación Guardián, implementada en octubre de 1994, tuvo como objetivo reducir el cruce no autorizado de migrantes que pasaban por la frontera Sur de California. La intención no era detenerlos dentro del país de llegada, sino en el cruce, a través de tres directrices operativas: el aumento en el número de agentes de la patrulla fronteriza a lo largo de dicha frontera, la inversión en infraestructura de control y la utilización de tecnologías de vigilancia.
La nueva estrategia nacional de la patrulla fronteriza se planteaba como misión "proteger y asegurar los límites externos de los Estados Unidos, previniendo la entrada ilegal y detectando, prohibiendo y aprehendiendo entrantes indocumentados, contrabandistas, traficantes y violadores de otras leyes" (US Border Patrol, 1994). El endurecimiento de la frontera en estos momentos estaba dirigido a combatir dos grandes problemas observados por los estadounidenses y que, en su retórica proteccionista y securitista, estaban imbricados: el cruce no autorizado de migrantes y el narcotráfico. Evidentemente, esta situación tuvo consecuencias brutales en el exacerbamiento de la vigilancia fronteriza. Para el año 1994 el número de agentes de la patrulla fronteriza aumentó a 4.200 elementos, en una tendencia que no ha parado hasta la fecha. Así, si en el año 2000 dicha corporación tenía 9.212 elementos (Nevins, 2002), para el año 2016 contaba ya con 19.828 (Uscbp, 2016).
Mientras la vigilancia y contención fronteriza se incrementaba, diversos estudios etnográficos señalan la hostilidad que implicaba interactuar con la patrulla fronteriza con el paso de los años (Chávez, 2016; Velasco, 2016; Del Monte, 2018)5. Esta hostilidad fue configurando en la patrulla fronteriza la imagen del migrante como una alteridad ignominiosa y desagradable que debía ser expulsada, lo que estimuló una serie de maltratos a esta población (Nevins, 2002), condensando una larga historia de sentimiento antiinmigrante de base racial (De Genova, 2005).
El Operativo Guardián es significativo porque, como comenta Nevins, implicó una transformación en la visión del gobierno estadounidense acerca de su vecindad con México, pasando de ser una región fronteriza (o zona de interacción y transición entre dos entidades políticas separadas) a un límite (o línea de estricta demarcación) (2002, p. 16)6. Dicha mutación, argumenta el autor, tuvo como secuela una serie de daños colaterales articulados en dos ejes: una violencia estructural instanciada en el aumento en el riesgo de cruce con un cúmulo de consecuencias fatales y una violencia cultural evidenciada en la representación sociocultural peyorativa e ignominiosa del migrante mexicano. Así, las muestras contundentes del riesgo que implicaba el cruce de la frontera fueron las más de 2.000 muertes registradas por el gobierno mexicano, así como el aumento en los precios por los servicios de los polleros (Cortés, 2003).
En la década de los noventa, el presidente Bill Clinton firmó otras leyes que facilitaban la deportación de migrantes indocumentados, tales como el Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (Aedpa) y el Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act (Iirira). Impulsadas por un lobby restriccionista que ha tenido una fuerte influencia en la Casa Blanca durante los últimos treinta años (Holland, 2014). Estas leyes en conjunto estipulaban una lista de delitos que, a partir de ese momento, se consideraban graves y facilitaban la ruta para la deportación. Desde entonces se criminalizó la presencia del migrante irregular, al establecer la no documentación como delito del orden federal, y se otorgó autoridad a oficiales de migración para iniciar procesos de expulsión sin derecho de audiencia judicial (Pérez, 2014). Estas leyes han sido relevantes en el proceso de precarización de la vida de los migrantes en Estados Unidos en tanto que, a partir de su promulgación, un delito menor podría conducir a la deportación (Acosta, 2016).
Fronteras ultrarreforzadas: pos 11/S
Un punto de inflexión en el endurecimiento estricto de la frontera México-Estados Unidos se da a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Ese día, en un movimiento inédito, las garitas internacionales se cerraron para las poblaciones fronterizas. Los ataques a las Torres Gemelas redefinieron la política migratoria de los Estados Unidos con consecuencias directas en el endurecimiento de la frontera. Con la formalización del USA Patriot Act, en noviembre del 2001, se oficializó lo que hasta ese momento estaba en latencia en las políticas migratorias estadounidenses y la inmigración a Estados Unidos se transformó en un asunto de seguridad nacional (Andreas, 2009; Alarcón y Becerra, 2012)7. Esta ley permitió detener y deportar con muy poca revisión judicial a quienes no fueran ciudadanos, dejando a discreción del fiscal general si había elementos razonables para creer que alguien ponía en riesgo la seguridad nacional o local, sin tomar en cuenta la gravedad de las ofensas. Esta legislación sentó las bases para la Ley de Seguridad Nacional, la aplicación de la Operación Streamline y su respectiva reglamentación, así como la emergencia de programas de seguridad y deportación, como el de Comunidades Seguras. A partir del año 2001, la migración se securizó completamente y con ello se endureció aún más la frontera con México.
En el año 2002 se promulgó el Homeland Security Act, con la que se creaba el Departamento de Seguridad Interna, eclosionando en este ministerio a veintidós agencias gubernamentales relacionadas con el control de las fronteras, combate al narcotráfico y al terrorismo y la regulación de la migración. La unificación de estas agencias se puede observar como el corolario de una lucha paralela que desde los años ochenta ha venido apoyando el reforzamiento de la frontera: la lucha contra el narcotráfico (Del Villar, 1987; Dunn, 1996).
En ese sentido, el endurecimiento de la frontera también ha estado en función de la larga lucha contra el trasiego de drogas ilegales a Estados Unidos. Fue Richard Nixon quien comenzó a hacer públicamente declaraciones sobre "luchar contra las drogas", creando la DEA y diversas operaciones antidrogas, que impactaron en México, como la Operación Cóndor. Sin embargo, fue Ronald Reagan quien firmó la Decisión Directiva de Seguridad Nacional que designaba el tráfico de drogas desde México como una amenaza para la seguridad del país, declarando en 1989 oficialmente una "guerra contra las drogas" (Dunn, 1996). En el marco de securitización del trasiego de drogas a través de la frontera se comenzaron a vincular los esfuerzos por controlar el flujo tanto de drogas como de migrantes a través de la frontera México-Estados Unidos, abriendo la puerta a la participación militar en las operaciones de reforzamiento fronterizo, que se incrementarían después de la caída de las Torres Gemelas con el combate al terrorismo (Akers, 2010).
El cambio sustantivo que trajo la creación del Departamento de Seguridad Interna implicó que este departamento vigilaría y operaría no solo en los límites, sino dentro del territorio mismo, en ciudades no fronterizas. Se dotó de recursos legales a una serie de agencias y corporaciones para ubicar extranjeros sin documentos y acelerar su proceso de expulsión (Pérez, 2014). Aunado a ello, se ejecutaron acciones políticas que derivaron en programas que judicializaron y securizaron la migración a través de las fronteras, con similares recursos a los de la lucha contra el narcotráfico.
Hay una diferencia notable en el porcentaje de persecuciones federales de delitos con carácter migratorio8 entre los años 2000-2005 y los años 2006-2010 (en la segunda mitad ascendieron a más del 50%). Esta diferencia se ha explicado a partir de la implementación de la Operación Streamline en 2005, una estrategia de cero tolerancia ante la migración indocumentada -en donde se consideraba indistinto si el delito cometido era menor o grave-, que acusa criminalmente a nivel federal a quien cruce la frontera de manera clandestina. Con esta operación, el delito de los capturados por primera vez cruzando ilegalmente se clasificaba como "menor" (misdemeanor), y se sentenciaba con seis meses de prisión, por contraste con el migrante deportado que hubiera sido detenido reingresando (re-entry), a quien se le acusaba de "delito federal agravado" (felony) con una sentencia de mínimo dos años, dependiendo si el acusado tenía antecedentes criminales (Castañeda, 2012). En ese sentido, la Operación Streamline representó la aplicación estricta de las leyes Aedpa y la Iirira promulgadas una década antes.
Probablemente, el programa securitista que más elevó el número de deportaciones hacia ciudades fronterizas es el Comunidades Seguras, propuesto en la ley como Plan Integral para Remover Extranjeros Criminales. Comunidades Seguras se articula como un fracaso en los esfuerzos por impulsar una reforma migratoria en las administraciones de George W. Bush y Barack Obama y como un triunfo para el lobby securitista de grupos de ultraderecha, como el Tea Party. Implementado en 2008, emerge en la articulación de la nueva preocupación por resguardar la seguridad nacional en contra del terrorismo desde los límites nacionales9. Dicho programa se dedicó a identificar a extranjeros deportables condenados por delito, autorizando a las autoridades locales y estatales a cotejar las huellas digitales de personas detenidas dentro del país con las que existieran en las bases de datos de las agencias migratorias. Según la revisión que ha hecho Holland (2014), el 55% de los deportados por este programa no tenían registros criminales, más allá de las violaciones migratorias (26%) o habían sido detenidos por crímenes menores con sentencias de menos de un año -los así llamados criminales Nivel 3- (29%), mientras que el 19% eran criminales Nivel 2 (sentenciados por robo, fraude u ofensas menores relacionadas con drogas) y el 26% del Nivel 1 (por crímenes violentos o involucramiento en organizaciones de tráfico de droga). Estas deportaciones masivas acarrearon altos costos, pues, con los cambios en la legislación migratoria, los migrantes podían ser retenidos por meses sin asesoría legal y teniendo que dejar atrás vínculos familiares y socioafectivos.
Uno de los corolarios que ha tenido el endurecimiento de muros en la frontera México-Estados Unidos, pasando por los exacerbados eventos de retorno que se han documentado en las ciudades fronterizas en las primeras dos décadas del presente siglo, así como de las restricciones punitivas, legales y administrativas que se construyeron en torno a la migración indocumentada, ha sido la dinámica de "atrapamiento fronterizo", así denominada por la sociología y antropología especializada en estos temas (Odgers y Campos, 2014; Albicker y Velasco, 2016; Núñez y Heyman, 2007; París et al., 2017). En otra investigación, he destacado los tres factores que estructuraron la disposición de los informantes a no volver a cruzar la frontera: en primer lugar, el temor de volver a ser encarcelados ante el endurecimiento de la legislación migratoria; en segundo lugar, el consumo de estupefacientes, vinculado a su fácil acceso, consecuencia de una reconfiguración del mercado local de las drogas; y, en tercer lugar, el riesgo que implicó la consolidación del control de cruce clandestino por parte de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y la exacerbación de la violencia en los últimos años en Tijuana (Del Monte, 2019).
Endurecimiento administrativo de la frontera en la era Trump
En los últimos años se han detectado nuevas tendencias migratorias que han sido muy visibles mediáticamente por busca en bloque el asilo político en Estados Unidos. Aunque forman parte de un circuito migratorio trasnacional que a lo largo de 20 años ha emigrado desde el triángulo Norte de Centroamérica por la vía de la frontera noreste (CNDH-Colef, 2018), diversas ciudades fronterizas, como Tijuana y Ciudad Juárez, han recibido dos bloques migratorios que han llegado en grupos mayores durante los últimos años: las movilidades caribeñas y las caravanas de migrantes centroamericanos.
A mediados de la segunda década de este siglo, una serie de flujos de migrantes haitianos se apiñonaron en las calles y albergues de ciudades como Tijuana, los cuales provenían de un largo y antiguo trayecto desde el Sur del continente (Alarcón y Ortiz, 2017; CNDH-Colef, 2018). Igualmente, a finales de 2018 la mirada del mundo recorrió más de 5.000 kilómetros con las caravanas de migrantes centroamericanos y ciudades fronterizas, como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, volvieron al centro de las transmisiones mediáticas, como ciudades donde las caravanas dejaban de serlo pues los migrantes se estancaban frente al muro que las detenía (Del Monte, 2018).
Luego de tremendas crisis socioambientales, la migración haitiana ha alcanzado niveles históricos en los países continentales de América Latina, como parte de la aceleración de las migraciones forzadas de Sur a Norte, en contextos de violencia social e inseguridad económica (CNDH-Colef, 2018; Segob-UPM, 2018). Esta situación se ha exacerbado en los últimos tres años, específicamente en México, con el arribo, a mediados de 2016, de un importante volumen de migrantes haitianos que fueron acogidos por países con gobierno progresista durante la década pasada en Sudamérica (principalmente de Chile, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil). En el contexto de una situación económica y social altamente vulnerable en su país de origen, así como en el de los países a los que llegaron posteriormente, pero de los cuales fueron expulsados varios años después, estos migrantes decidieron moverse a Estados Unidos en busca de asilo (CNDH-Colef, 2018; Alarcón y Ortiz, 2017).
Aunque la población migrante que llegó a mediados de 2016 era mucho más heterogénea -procedente al menos de 20 países-, la mayoría de las personas que aún permanecían en ciudades fronterizas a finales del 2016 eran fundamentalmente haitianos y cubanos alojados en diversos albergues (CNDH-Colef, 2018). Y si bien, en un principio, estas solicitudes se procesaron, una de las primeras formas de contención de estos flujos por parte del gobierno estadounidense fue la práctica del conteo (metering) para limitar el número diario de solicitudes de asilo, teniendo como corolario que en ciudades fronterizas mexicanas cientos de solicitantes esperaran apuntadas en listas gestionadas informalmente en México y sujetas a corruptelas locales (CIDH, 2019). Así, a finales de ese año y principios de 2017, el anuncio del endurecimiento de una política migratoria hondamente restrictiva, persecutoria y punitiva contra los migrantes en Estados Unidos alcanzó también a los migrantes haitianos, quienes, ya en la era de Donald Trump, en su mayoría tuvieron respuestas negativas a sus solicitudes de asilo o de visa humanitaria.
El advenimiento en 2018 de las caravanas conformadas por migrantes expulsados del triángulo Norte de Centroamérica se ancla en un proceso histórico que involucra guerras civiles, extractivismo económico y depredador por parte de grandes corporativos trasnacionales, golpes de Estado avalados por países que impulsan ajustes estructurales a través de organismos como el Banco Mundial o el Foro Monetario Internacional -los cuales, por cierto, han fracasado ante la rampante corrupción- y el exacerbamiento de violencias locales y conflictos internos posteriores a estos golpes.
Igualmente se destacan una serie procesos de desigualdad provocados por la implementación del sistema neoliberal en estos países y, de hecho, en una amplia parte de la región latinoamericana, mediante la cual se cerraron las puertas de la movilidad social a partir de posturas meritocráticas que oscurecen los problemas estructurales y basan su funcionamiento en la precarización de los más pobres y vulnerables (Valenzuela, 2019). Por otro lado, la generación de pandillas mareras se vincula con procesos de deportación impulsados por el país del Norte en los años noventa (Ambrosius, 2018). En ese sentido, entre los principales factores de expulsión de las poblaciones migrantes hacia el Norte del continente están el incremento de los escenarios de precarización y el contexto profundamente desigual y violento, en buena medida provocado por los propios procesos de deportación de migrantes centroamericanos como un efecto boomerang (Ambrosius y Leblang, 2018), de modo que las poblaciones han tenido que migrar en bloque para evitar la violencia del camino (Gandini et al., 2020; París y Montes, 2020).
La irrupción de las caravanas a finales del 2018 tuvo un impacto mediático mundial, en buena parte debido a la utilización electorera de la situación por parte del presidente de Estados Unidos. En este contexto, el gobierno mexicano autorizó que algunos solicitantes de asilo esperaran en México, alegando razones humanitarias, pero negando ser un tercer país seguro. Sin embargo, ante la presión de la administración del presidente Trump de incrementar los aranceles a las exportaciones mexicanas, si este país no hacía mayores esfuerzos por contener la migración centroamericana hacia Estados Unidos, México firmó un acuerdo con el país del Norte donde formalizaron lo que ahora se conoce como Protocolos de Protección al Migrante (Migrant Protection Protocols - MPP), que se extendió a todas las ciudades fronterizas. Dicho programa consistió en la formalización de la espera en México de las audiencias de asilo en las cortes migratorias. Por supuesto, esto ha sido interpretado como una medida para disuadir estas movilidades (Silva y Miranda, 2020).
Las políticas migratorias de la administración Trump tuvieron el sesgo securitista que impulsó su narrativa de construir un muro físico en su frontera con el objetivo de contener la migración de los "malos hombres" (bad men) provenientes del Sur. Ante el hecho de no conseguir la totalidad de fondos para construirlo, Trump convirtió las acciones públicas en materia migratoria en un verdadero muro administrativo. Este gobierno ejecutó una diversidad de programas, recursos administrativos y políticas restrictivas, a los que acudió con el objetivo de negar solicitudes de asilo. La interconexión de estos programas hizo virtualmente imposible conseguir refugio en Estados Unidos en los últimos años. Así, el gobierno ha contado con diversidad de herramientas legales y administrativas para negar las solicitudes de protección internacional de centroamericanos y mexicanos (Chishti y Bolter, 2020).
Endurecimiento de la frontera por cuestiones sanitarias
Con el advenimiento de la pandemia por covid-19 tuvo lugar un prolongado proceso de restricción de movilidad transfronteriza de Sur a Norte en los linderos nacionales de México y Estados Unidos. El largo cierre de la frontera entre estos dos países para cruces no esenciales durante esta pandemia hay que entenderlo en un marco más amplio de la securitización de la salud y medicalización de las relaciones internacionales. En ese sentido, el endurecimiento de la frontera observado en el año 2020 está atravesado por una serie de procesos histórico-políticos como una determinada organización geopolítica de la seguridad sanitaria global, el panamericanismo sanitario guiado desde Washington, una semántica bélico-militar que permea las acciones para hacer frente a la pandemia y que ha estado vinculada a las acciones contra el narcotráfico, el terrorismo y la migración, entre otros elementos. La narrativa producto de esta conjunción de factores se emparejará con otras narrativas similares que han encontrado su espacio de ejecución en la región fronteriza México-Estados Unidos.
Si después de la caída de las Torres Gemelas se igualó la amenaza a la seguridad estadounidense que representaban la migración, el narcotráfico y el terrorismo, gestionados y combatidos por la misma autoridad, teniendo efectos claros en el endurecimiento y militarización de los linderos nacionales, lo que observamos durante el desarrollo de la pandemia en 2020 es que se rescataron algunas legislaciones y tratados internacionales que ubican las enfermedades infecciosas como riesgos para la seguridad nacional, lo que ha resultado ser una coartada ideal para que Estados Unidos cierre su frontera en el marco del brote global del virus Sars-Cov-2, causante del covid-19. Situación que, por supuesto, ha tenido efectos severos en la gestión de las movilidades poblacionales y ha impactado claramente en ciudades fronterizas del Norte del país, las cuales han tenido que contener y asistir la diversidad de flujos migratorios agolpados en estas urbes.
Ahora bien, la securitización de la salud no es algo que ha sucedido durante esta pandemia, es una estrategia de varios años atrás, orquestada principalmente por ciertos Estados del Norte y Occidente y dirigida a proteger sus intereses con la sugerencia de generar una seguridad sanitaria global. Si hay algo, entonces, que quedó claro durante la pandemia y que ha sostenido las acciones en política internacional, como el cierre de fronteras, es el nexo estrecho que ahora se hace visible entre seguridad y salud.
Medicalización de las relaciones internacionales y securitización de la salud
La salud, como preocupación en política internacional (Aldis, 2008), ha pasado por un proceso histórico de casi dos siglos en el que se han expandido las políticas sanitarias globales, a partir de un conocimiento médico local, pero universalizado por autoridades médicas internacionales, lo que ha devenido en la producción de un orden colonial medicalizado con trasfondo racista que sirve de base para las intervenciones en materia sanitaria por parte de las autoridades globales de salud (King, 2002). De acuerdo con Flor (2018), este proceso de medicalización de las relaciones internacionales continúa desarrollándose por diferentes rutas, como la diplomacia sanitaria, la cooperación médica y las intervenciones militares y humanitarias. Es a partir de estas vías que va tomando forma la medicalización de la seguridad, que considera las enfermedades infecciosas (VIH/SIDA, ébola, gripe aviar, covid-19) como amenazas internacionales.
Fue el influyente virólogo Stephen Morse quien en 1989 acuñó el concepto de enfermedades infecciosas emergentes, delineando con ello la perspectiva de las amenazas microbianas a la salud en Estados Unidos. Durante la década posterior, expertos en salud y seguridad comenzaron a poner a prueba dicho concepto midiendo con ello los riesgos que suponía para la seguridad nacional la emergencia de virus desconocidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) han sido un actor fundamental para institucionalizar el vínculo entre seguridad y salud, pues esta fue la institución que argumentó que las enfermedades emergentes virales podían afectar de manera negativa tanto la salud pública de los ciudadanos como sus intereses internacionales, geopolíticos y comerciales (King, 2002).
La securitización de la salud en Estados Unidos, en buena medida, se debe a la actuación de los CDC, al incorporar este tema sanitario en la agenda de seguridad nacional estadounidense. Así, más que transformar los factores estructurales y ecológicos que operaban en la aparición de nuevas enfermedades, las agencias de seguridad y los centros de investigación de ese país se dedicaron a construir un sistema de vigilancia epidemiológica global que respondiera a las amenazas de su seguridad. "Así, entre 1995 y 2005 se crearon las dos principales estrategias que componen el actual Sistema de Vigilancia Epidemiológico Global que son el sistema Goarn (Global Outbreak Alarm Response Network) y las preparaciones pandémicas" (Flor, 2018, p. 52). Dichas estrategias, formuladas por los gobiernos estadounidense y canadiense, fueron adoptadas por la Organización Mundial de la Salud, la cual, en el año del 2007, definió la seguridad sanitaria global como "el conjunto de actividades proactivas y reactivas necesarias para reducir todo lo posible la vulnerabilidad a incidentes agudos de salud pública capaces de poner en peligro la salud colectiva de poblaciones que se extienden por diversas regiones geográficas y a través de las fronteras internacionales" (OMS, 2007, p. IX).
Con esta narrativa de seguridad sanitaria global se fue construyendo un régimen de gobernanza asociado (Basile, 2020b). La definición de seguridad sanitaria global, donde se estipula claramente que las fronteras internacionales serán un factor importante en la securitización de la salud, fue una estrategia impulsada a partir de la presión que ejercieron ante la OMS los gobiernos estadounidense y canadiense (Davis, 2008). Es decir, fue una estrategia que respondía a lo que estos Estados de América del Norte consideraban amenazas a su seguridad, no necesariamente a la seguridad del mundo. De acuerdo con Davies (2008), la iniciativa de la OMS de crear una gobernanza global en salud como respuesta a las infecciones contagiosas (vía las estrategias impulsadas por Estados Unidos y Canadá) ha favorecido los intereses de los Estados occidentales, ya que la prioridad política de estos Estados ha sido resguardar la seguridad de sus ciudadanos a través del desarrollo de sistemas de vigilancia que tienen como objetivo prevenir que la epidemia cruce sus fronteras. El sistema de vigilancia epidemiológico global se considera una herramienta geopolítica en manos de los Estados occidentales, que los expertos de la OMS han contribuido a construir (Flor, 2018).
La organización geopolítica de la seguridad sanitaria global encuentra en el panamericanismo sanitario un factor regional de organización de la gestión pandémica. El panamericanismo, como doctrina, siempre ha estado atravesado y guiado por los intereses foráneos de hegemonía política, militar y económica de Estados Unidos en la región. Esta doctrina encuentra su reproducción en al ámbito de lo sanitario, cuando epidemiológicamente la región se trata como un todo: "Las Américas", siempre analizado y guiado desde Washington (Basile, 2020a). Según Basile, la salud panamericana ha estado desde sus inicios condicionada por los intereses geopolíticos de los países occidentales, que organizan campañas verticales donde la región fue objeto de diferentes ensayos para controlar y eliminar las enfermedades.
De acuerdo con Flor (2018), es con la llegada de los planes neoliberales instrumentados por el Banco Mundial que se instala una agenda sanitaria en la administración de sistemas de salud locales, incorporando el lenguaje del mercado al financiamiento y provisión de los servicios de salud, lo que tiempo después incorpora la semántica de la guerra y la militarización en los esfuerzos de atención sanitaria pandémica.
El vínculo entre salud y seguridad enmarca los problemas de salud colectiva dentro de una narrativa de seguridad global, la cual lleva años siendo instrumentalizada a través de operaciones militares e intervencionistas. Así, algunos autores de la epidemiología crítica han señalado cómo es que los militares se han convertido en actores claves en las operaciones de seguridad sanitaria global donde hay un lenguaje médico en confluencia con la lógica militar (Basile, 2020a; Flor, 2018; Breilh, 2010).
Como recuerda Basile (2020a), hay un lenguaje bélico-militar que se utiliza indistintamente, para hacer frente tanto a los enemigos en la guerra como a la amenaza que representa una enfermedad infecciosa. Se habla de "combatir" la enfermedad, de "erradicar" y "aniquilar" el virus, de "contener" el avance viral, de "vigilancia" epidémica, de modelos "centinela", de la "luchar" contra un "enemigo invisible". Una semántica bélica y punitiva que, por cierto, no es muy distinta a la utilizada para enfrentar los retos en migración, narcotráfico y terrorismo en la frontera Norte de México.
Acciones para contener la pandemia que endurecen la frontera México-Estados Unidos
La coyuntura pandémica por covid-19 encuentra en esta semántica bélica y en la organización de la seguridad sanitaria global y panamericana los antecedentes para endurecer la frontera México-Estados Unidos, esta vez no por razones de política migratoria sino por cuestiones de salud pública. A la administración del presidente Donald Trump, que inició con la promesa de terminar de levantar un muro físico a lo largo de su frontera con México, le resultó imposible recaudar los fondos para llevarlo a cabo. Sin embargo, ello no ha sido un impedimento para construir un entramado de muros administrativos que se vuelven cada vez más imposibles de evadir.
Si bien las regulaciones de control y los muros administrativos ya eran complicados para los migrantes, en el contexto de la emergencia sanitaria se impulsaron medidas más severas. A lo largo de marzo y abril del 2020, se implementaron una serie de iniciativas que modificaron los procesos de devolución que experimentó la población migrante, planteando nuevos retos para su tránsito en México, estadía en ciudades fronterizas y solicitudes de asilo a Estados Unidos. Según información que circuló por los medios (Lind, 2020), durante los primeros meses habían sido expulsadas a México de manera expedita aproximadamente 7.000 personas.
Los argumentos que se esgrimieron para dichas acciones estuvieron guiados por la lógica de la securitización de la salud, lo que evidentemente ha tenido impactos severos en las fronteras nacionales, al identificar las amenazas a la salud como amenazas a la seguridad nacional (Davies, 2008). En una primera instancia, las autoridades migratorias dijeron que los centros de detención de migrantes no estaban habilitados para atender necesidades médicas, como el covid-19, ni contaban con el instrumental para realizar pruebas y detectar casos activos. Ante la presión de algunas organizaciones de la sociedad civil y activistas en favor de los derechos humanos de los migrantes, Mark Morgan, el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection - Uscbp), señaló que estas expulsiones se derivan de las nuevas leyes de restricción fronteriza que se aprobaron a finales de marzo de 2020 y fue enfático en mencionar que las expulsiones venían de una disposición legal diferente de la migratoria: "no tienen nada que ver con la migración [...], sino con la salud pública y la seguridad" (González, 2020). En ese sentido, la Uscbp aclaró que no se trataba de deportaciones bajo el título 8 del Código Federal de Estados Unidos -el cual regula aspectos de ciudadanía y extranjería y migración-, sino de deportaciones bajo el título 42, que dispone la regulación de la salud pública, el bienestar y la seguridad.
De esta manera, las deportaciones que se comenzaron a presentar en la emergencia pandémica no estaban relacionadas con faltas a las leyes migratorias, sino con la lógica de la seguridad sanitaria global de constituir una amenaza para la salud pública de los estadounidenses. Así, con el argumento de frenar la expansión del coronavirus a través de los centros de detención y mediante los agentes de la patrulla fronteriza, se utilizó un estatuto de salud pública para remover expeditamente de la frontera Estados Unidos-México a los migrantes que intentaban cruzarla.
En la misma lógica de securitización sanitaria, sucedieron otras dos acciones que afectaron fuertemente a ciudades fronterizas: por un lado, se suspendieron hasta nuevo aviso todos los procedimientos de evaluación de solicitudes de asilo en Estados Unidos y, por otro, los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron el 21 de marzo prohibir los viajes no esenciales de Sur a Norte a través de la frontera, incluyendo los de turismo y recreación, dejando solamente las puertas abiertas para emergencias médicas y actividades comerciales.
Con el argumento de que la restricción de cruces ayudaría a disminuir los casos de infección por covid-19, el cierre de la frontera para viajes no esenciales de Sur a Norte se mantuvo a lo largo de todos los meses del año 2020, de la mano con la suspensión de las audiencias de solicitudes de asilo. Sin embargo, las garitas internacionales no solo se mantuvieron abiertas de Norte a Sur, sino que continuaron los procesos de deportación y retorno forzado de Estados Unidos a México, aun cuando sonaron las alarmas por los altos grados de contagio en los centros de detención de migrantes (Amnesty International, 2020). Es posible encontrar una ruta de explicación a esta inconsistencia a partir de la securitización de la salud que ampliamente se ha desarrollado en este aparatado. La pandemia por covid-19 resultó ser la coartada perfecta para que la administración de Trump pudiera poner a operar la última modalidad de un rígido y extremo endurecimiento de la frontera: construir un muro administrativo de facto basado en la lógica de la seguridad sanitaria global.
Conclusiones
A lo largo de este artículo, se ha podido dar cuenta de que no es solo la migración la que se ha pensado en las últimas décadas como problema de seguridad nacional para Estados Unidos, teniendo efectos directos en el reforzamiento del dispositivo fronterizo. En el contexto de la pandemia por covid-19, se ha podido observar que ha sido la salud pública, tratada operativamente como un problema de seguridad global, pero que ataca los intereses estadounidenses, la que instrumentó el último endurecimiento de la frontera entre México y Estados Unidos. Es así que, si algo ha caracterizado a la paulatina rigidez de la frontera entre estos dos países a lo largo de los años, ha sido la vinculación de todos los problemas relacionados con dicho espacio hacia la seguridad interior, es decir, la securitización de la misma. Cuando narcotráfico, terrorismo, migración y salud se combaten con la misma semántica bélica y con los mismos instrumentos institucionales, nos enfrentamos a una frontera más endurecida que nunca.
Finalmente, repasar el paulatino endurecimiento de la frontera México y Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas obliga a tener como asignatura pendiente una serie de reflexiones profundas sobre cómo la securitización impacta diversos aspectos relacionados con la frontera y las ciudades fronterizas. En primer lugar, cuando hablamos del muro entre México y Estados Unidos, estamos hablando de la instanciación objetual de la frontera como una forma de definir territorios nacionales. Es decir, el muro como un dispositivo geopolítico -que articula de manera heterogénea discursos, arquitecturas, normativas, aparatos administrativos- (Nail, 2015) que define y gestiona los bordes de los territorios de Estados nacionales vecinos. En ese sentido, un componente que ha corrido a lo largo de esta revisión han sido las implicaciones en la disparidad de poder en la imposición de un muro fronterizo entre dos países con una visión securitista. En el caso del muro fronterizo del Norte de México, estas geopolíticas de control limítrofe tienen implicaciones directas en la decisión sobre la vida y muerte de personas que intentan cruzarlo (Varela, 2020).
Por otro lado, desde una perspectiva relacional y procesual de la securitización, acá se revisó qué es lo que se asoció para que existiera un muro entre México y Estados Unidos, abordando la trans-versalidad de una serie de procesos vinculados con la seguridad nacional. Por supuesto, se trata del sistema neoliberal que hace posible que crucen mercancías y no personas por esta frontera, de los violentos estragos colonialistas y centralistas que acarreamos para pensar la "lejana e indómita" frontera, pero también de los diferentes discursos vinculados con el mantenimiento de la seguridad nacional que han encontrado en diversos fenómenos -como la migración o la salud- el argumento perfecto para endurecer el dispositivo fronterizo. En tercer lugar, una reflexión que deriva de estas dos líneas de análisis tiene que ver con los efectos que tiene sobre las personas, los territorios, la política y los afectos el hecho de construir y endurecer muros entre dos países. Especialmente es posible enfatizar que el reforzamiento securitista de los linderos nacionales entre Estados Unidos y México ha tenido un efecto significativo en la precarización de las diversas poblaciones "atrapadas" en las ciudades fronterizas.
En ese sentido, por último, las ciudades fronterizas mexicanas han sido las receptoras directas de la securitización de los linderos nacionales por Estados Unidos. Aún falta hacer una evaluación de la capacidad de asistencia de estas ciudades en momentos de cierre de fronteras por cuestiones sanitarias. En estos tiempos, se ha presentado una dinámica donde una población de migrantes en tránsito atrapados en ciudades fronterizas no puede salir de estas, mientras que otras poblaciones móviles siguen llegando por vía de la deportación y el desplazamiento forzado interno (Del Monte e Irwin, 2020). En ese sentido, la compleja situación donde diversidad de perfiles migratorios se traslapan y quedan retenidos en ciudades fronterizas como Tijuana o Ciudad Juárez, se deriva de un consecuente y paulatino endurecimiento del muro fronterizo, que ha encontrado en la pandemia el pretexto perfecto para obliterar la mayoría de opciones de tránsito hacia el país del Norte.
