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El presente artículo surge como parte de las reflexiones fruto de una investigación doctoral, cuyo objetivo fue analizar las razones de la movilidad de los guatemaltecos de frontera en busca de servicios públicos y privados de salud en territorio mexicano, así como las dinámicas sociales en torno a este fenómeno. Aunque el acercamiento a la región de estudio se dio desde el año 2013, por razones laborales, el abordaje académico y de investigación inició formalmente en el 2014 y culminó en el 2019, con método y técnicas etnográficas que se complementaron con algunas técnicas cuantitativas. Así, se pudo dar cuenta de la realidad que vivían los poblados estudiados con relación a la circularidad perifronteriza en su territorio.
En México, el trabajo de campo se llevó a cabo en el municipio de Unión Juárez (cabecera, Talquián y Córdova Matasanos), en la ciudad de Tapachula, Chiapas, y en Guatemala, se extendió a la ciudad capital, la cabecera municipal de Sibinal (San Marcos) y dos de sus poblados: Yalú y Chocabj. En los tres emplazamientos en campo, con una duración de veinte días a cuatro meses, se obtuvieron dieciocho entrevistas en profundidad; además, específicamente para la comunidad de Yalú, se realizó un cuestionario, al que denominamos "censo comunitario", que permitió llenar el vacío de información oficial sobre la población y construir el perfil sociodemográfico y los patrones de movilidad poblacional.
Aplicado a la totalidad de los hogares, a través de este instrumento pudimos obtener datos como cantidad de población, número de hogares (40), sexo, edad, escolaridad, nacionalidad, discapacidad, ocupación laboral, autoadscripción étnica, flujos de su movilidad, entre otros datos. Para realizarlo y localizar todas las casas en la comunidad, se contó con el apoyo de la comisión comunitaria de salud. Toda persona entrevistada firmó un consentimiento informado o lo dio verbalmente en la grabación.
En materia de movilidad humana en la zona del Soconusco, a pesar de que existe en la actualidad una nutrida producción científica, la mayoría aborda los procesos que acaecen en el Soconusco bajo (planicie costera) y muy pocas veces son abordados aquellos que se producen en la zona alta (terrenos de elevación). A pesar de que ambas zonas están íntimamente relacionadas, en la primera existe un alto interés geopolítico, caracterizado por la vigilancia y control (Coraza, 2018), que deriva en procesos sociales diferenciados con respecto a los del Soconusco alto, donde los mecanismos de control poblacional y territorial no tienen la misma intensidad y, por tanto, dan lugar a variaciones en el fenómeno de transfrontera.
Uno de los movimientos poco analizados es el de la circularidad perifronteriza en la zona alta del Soconusco. A diferencia de la crisis migratoria que se vive en la parte baja, a unos cuantos kilómetros de distancia, las personas guatemaltecas que se desplazan por la zona alta (volcán de Tacaná) usan caminos vecinales montañosos para transitar y así encontrar en el territorio mexicano un refugio económico y social donde enfrentar la exclusión en la que los ha tenido el Estado guatemalteco durante muchos años. Tienen como característica desplazamientos de corta duración, sin adentrarse tanto en el territorio mexicano, más allá de las comunidades con las que tienen vecindad, es decir, periféricas y aledañas a la "línea fronteriza", circulación a la que denominaremos de ahora en adelante como movilidad perifronteriza. Es necesario aclarar que ello no significa que estos pobladores no tengan una circularidad transfronteriza de mayor distancia, pero sí que, en su cotidianidad, es la perifronteriza la que domina.
En estos territorios de frontera de Guatemala existe una ausencia casi total del Estado, visible, por ejemplo, en la carencia de infraestructura y de servicios públicos básicos, que responde a una lógica histórica de un Estado guatemalteco racista y excluyente. La violencia estructural, en especial con los pueblos indígenas, a través de la negación del Estado de bienestar, ha incidido en que cada una de las poblaciones busque mecanismos adaptativos de sobrevivencia y, en el caso de las poblaciones que se ubican en los márgenes del país, se movilice hacia "el otro lado" para buscar satisfactores mínimos de vida, por ejemplo, el trabajo o el acceso a servicios de salud, como única opción.
La poca relación de los habitantes fronterizos con Guatemala a causa de la exclusión histórica ha ido convirtiendo a Unión Juárez y sus ejidos en comunidades de refugio socioeconómico de los guatemaltecos, ya que estas comunidades dan a las poblaciones guatemaltecas los sustentos sociales, solidarios y económicos para su subsistencia, y allí comercian, se curan, se refugian, trabajan, obtienen satisfactores e incluso materiales que en Guatemala les es difícil obtener.
Así, además de que estas poblaciones viven en una constante liminalidad identitaria, con la desterritorialización de su país de origen y la reterritorialización en el espacio mexicano, ya que, fuera de la comunidad de donde son originarios, Unión Juárez se convierte en su próxima comunidad de referencia, y a pesar de que no tienen los elementos que permitirían reconocerlos como ciudadanos mexicanos, su capacidad de adaptar sus relaciones con el país vecino les facilita la creación de lazos que, aunque débiles o ausentes1, son útiles en la obtención de un capital social transfronterizo con el cual refuerzan los lazos.
Surge así la interrogante por si esta situación de los guatemaltecos no estaría siendo, de manera solapada, un desplazamiento forzado en combinación con un refugio internacional, ya que los requerimientos para conservar su vida y su salud están condicionados por su desplazamiento a un lugar relativamente ajeno, en condiciones de violencia estructural. A partir de ello y con una mirada antropológica, analizaremos cómo la violencia indirecta expresada en su exclusión determina sus estrategias de movilidad perifronteriza y el papel que juega lo que denominaremos ciudades sustentáculas, en la recepción, integración y bienestar de estas poblaciones, dentro de las dinámicas locales en territorio mexicano.
Violencia estructural: una realidad nacional
Para Guatemala, el coeficiente de Gini, que es el indicador que mide la desigualdad en ingresos, se eleva a 0,63, considerándose como uno de los índices más altos del mundo, según el PNUD (2017). Explica este organismo que un indicador por arriba de 0,5 puede considerarse crítico para resolver los problemas políticos del desarrollo. Para Oxfam (2019, p. 3), la desigualdad no se comprende únicamente atendiendo a la diferencia extrema en cuanto a ingresos económicos, pues debe considerar los accesos diferenciales en las condiciones de vida, como la salud, educación, seguridad e, incluso, participación política. El problema de las desigualdades en Guatemala es que tienden a facilitar la concentración del poder político; por ende, la mayoría, que alcanza el 80%, carece de influencia en las decisiones políticas, de modo que se les niega la posibilidad de participar en partidos políticos y ejercer su ciudadanía; por tanto, menciona Gustavo Arriola (PNUD, 2017), esta población se encuentra en total desventaja en las disputas estratégicas por el desarrollo.
Estos datos sirven como marco para explicar cómo se sintetiza la "violencia estructural" en el país. Daniel La Parra y José María Tortosa proponen que, en estos casos, no es fácil identificar al agresor, ya que es la sociedad:
El término de violencia estructural es útil para introducir los mecanismos de ejercicio de poder como causantes de deprivación de necesidades humanas básicas. En efecto, la injusticia social, la pobreza o la desigualdad no son fruto únicamente de dinámicas producidas por las relaciones de tipo económico, sino que también pueden ser explicadas a partir de la opresión política utilizando mecanismos tan dispares como la discriminación institucional, legislación excluyente de ciertos colectivos o la política fiscal y de gasto público regresiva, por citar algunos. Al hablar de violencia nos situamos en el campo del poder. (2003, pp. 62-63)
Al tratar sobre las violencias centroamericanas, Ignacio Martín-Baró (1990) exponía una idea fundamental en cuanto a su abordaje: si se mantienen las estructuras sociales de explotación y dominio, difícilmente habrá paz. El goce de un verdadero proceso de paz que permita una vida digna es una deuda aún no alcanzada por las "democracias centroamericanas" y, al contrario, la reticencia de las élites gobernantes a dar cumplimiento a los acuerdos de paz ha permitido la persistencia de la violencia estructural, que, en conjunto con la violencia directa (hoy, reconfigurada), influye en la situación actual de la región.
Para Johan Galtung (2016), la violencia remite a la privación de derechos fundamentales, donde se ven amenazadas, vulneradas y disminuidas las necesidades básicas de los individuos/colectivos, las cuales identifica como: supervivencia, bienestar, identidad y libertad. A partir de esta idea, la violencia estructural es un proceso de privación de esos derechos y su consecuente enraizamiento en la estructura social, lo que crea incluso ciudadanías de segunda clase y puede significar una muerte lenta e intencionada de la población.
Martín-Baró menciona que el uso de la violencia tiene una razón: es útil y eficaz para mantener el orden establecido (1990, p. 136). Desde esta posición, podemos decir que la utilidad instrumental de la violencia estructural radica en que permite al poder seguir manteniendo las desigualdades para su beneficio, de ahí su rechazo al cumplimiento de los pactos sociales posteriores a los acuerdos de paz. La Parra y Tortosa (2003) plantean que la violencia estructural tiene su origen en una conflictuada estratificación social, atravesada por el género, la condición étnica o etaria, la pertenencia nacional, entre otras variables, y donde el reparto y acceso a recursos sistemáticamente favorece a una de las partes, en perjuicio de las otras, debido al propio mecanismo estratificado.
Estas ideas no son ajenas a la realidad de la zona de estudio, como se expondrá más adelante, ya que en Guatemala la injusticia social ha producido históricamente una alta desigualdad, lo que incide en el fenómeno de la movilidad humana en el territorio nacional.
Movilidades y desplazamiento forzado en Guatemala
El primer estudio sobre desplazamientos forzados en Guatemala lo realizó la antropóloga Mirna Mack en 1988 (citada en Hernández, 2018), en donde abordaba los desplazamientos de poblaciones indígenas rurales del Occidente a causa de las operaciones contrainsurgentes y genocidas de tierra arrasada, como ejercicio de la violencia de Estado contra la población civil. Ahora existe, 32 años después, un repunte en el desplazamiento forzado interno, si bien, a diferencia de los años del conflicto armado, donde la guerra era la principal causa, los motivos se han diversificado, por la falta de respuesta a los compromisos de los acuerdos de paz firmados en 1996, que tenían como fin la consecución de cambios estructurales. Ello ha derivado en una crisis sistémica y ha dado pie a que, en la actualidad, la dinámica de desplazamiento forzado interno sea multicausal (Hernández, 2017). Según el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, 2018), mientras los movimientos de la población guatemalteca en el pasado tenían como causa en su mayor parte las violencias directas, en la actualidad son consecuencia de la violencia estructural, que ha pasado a tomar el primer lugar de motivación.
Según el Observatorio de Desplazamiento Interno, los desplazamientos producto de las condiciones estructurales de desigualdad constituyen movimientos voluntarios. Sin embargo, plantea que la distinción entre desplazamiento y migración da una noción artificial de los procesos, rompiendo la lógica de continuidad en los que se encuentra inserto el fenómeno de estas movilidades:
Quizá sea mejor considerarlos como si estuvieran en dos extremos de un continuo, con los movimientos predominantemente forzosos en un extremo y los movimientos predominantemente voluntarios en otro. Cualquier movimiento, ya sea en gran medida voluntario o forzoso, también está influenciado por puntos de vista subjetivos de una situación, por un umbral personal de riesgo y por el acceso a la información. (IDMC, 2018, p. 2)
Planteamos acá que, ante la violencia estructural, como hecho que socava las condiciones de vida, la creación de estrategias es indispensables para solventar los satisfactores básicos. El no encontrar elementos que cubran las condiciones mínimas de existencia impone a las personas, las familias y las comunidades un requerimiento de acción, al que denominaremos estrategia. Una estrategia comprende "determinados comportamientos encaminados a asegurar la reproducción material y biológica del grupo" (Villasmil, 1998, p. 71), y como en los casos de violencia indirecta la capacidad productiva y reproductiva está en riesgo, ello convierte a ciertos estratos de la población en grupos vulnerables que precisan crear estrategias de sobrevivencia.
En un plano biológico y a una escala individual, grupal y de especie, la estrategia de sobrevivencia, aunque no necesariamente constituya una acción adecuada, se conformaría como un elemento operativo de vida o muerte, que permita la capacidad reproductiva (Peña, 2012). Así, estas se constituyen como el conjunto de iniciativas no formales que buscan complementar recursos económicos. En este sentido, individuos y hogares son actores sociales con agencia, que no escapan de la interrelación sujeto-marcos institucionales, como asegura Villasmil (1998); por ello la movilidad humana, como respuesta individual y colectiva a la violencia estructural, la consideramos como desplazamiento forzado. En la frontera este asunto se complejiza, ya que no se trata de una migración o un desplazamiento interno, y tampoco tiene los elementos para ser considerado un desplazamiento internacional con fines de refugio (en su manera tradicional), condición borrosa e intermedia que trataremos de reflejar más adelante, al exponer el caso de las comunidades residentes en la zona del volcán de Tacaná y la idea de las ciudades sustentáculas, como espacio para el refugio "informal".
Por ello, es necesario plantear dos conceptos claves: el de desplazamiento interno y el de refugio. La Declaración de Cartagena de 1984 reconoce a los y las desplazadas internas como aquellas "personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares o sus actividades económicas como consecuencia de amenazas a su vida, seguridad o libertad por violencia generalizada o conflicto armado, y permanecen dentro de sus países" (Posada, 2009, p. 139), y el protocolo sobre el Estatuto de Refugiado define a este como:
Toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. (p. 136)
Puede corroborarse que, a pesar de que poseen parcialmente ambas características, por las condiciones en las que afrontan su movilidad perifronteriza ante la violencia estructural, no pueden inscribirse en ninguna de ellas.
Construcción histórica de la vulnerabilidad en San Marcos
En el Noroccidente del país se encuentra San Marcos, un departamento que ha jugado un papel clave en la historia de los desplazamientos entre México y Guatemala. Durante el conflicto armado, tanto su zona baja como su zona alta fueron territorios por los que huían las víctimas de la violencia del Estado con destino a México, con el fin de buscar refugio. Tuvo tal impacto este fenómeno, que obligó a este país a incorporar en su legislación la noción de refugio (Cobo y Fuerte, 2012). Sin embargo, los movimientos poblacionales no iniciaron en ese período y, más bien, se ha tratado de una secuencia de tránsitos de larga data que se dieron por rutas previamente establecidas en estos territorios y que han tenido diversos fines a lo largo de la historia, desde los caminos prehispánicos de comercio (Navarrete, 2017) hasta el corredor migratorio (Coraza, 2018).
Los procesos de larga duración han ido imprimiendo dinámicas de articulación social, muchas de ellas asociadas, en parte, con rutas de comercio establecidas previamente a la institucionalización de las demarcaciones nacionales. En Chiapas y Guatemala, en las zonas geográficas de la costa, bocacosta (inclinación del Pacífico), sierra y selva, las poblaciones han creado condiciones de interacción y movilidad para solventar la vida, en la época prehispánica, durante la Colonia y tras las independencias y conformación de los Estados nacionales, situación que no mermó con el establecimiento de los límites entre México y Guatemala en 1882, aunque sí se complejizó.
A finales de los siglos XIX y XX, en el Soconusco (Chiapas), como en la zona de la bocacosta de San Marcos, el cultivo del café, así como los cultivos de algodón y caña en las llanuras costeras, hicieron del área un polo de atracción económica que movilizó en los circuitos cafetaleros (Chiapas-Guatemala) a las comunidades mayas mames, habitantes de estos territorios, ya sea por voluntad o por causa del trabajo forzado (González-Izás, 2014). El proceso de colonización de la zona de frontera a partir de la emergencia del cultivo del café y el cacao en el Soconusco a finales del siglo XX trajo consigo el aumento de movimiento de guatemaltecos que tenían por objetivo el emplearse en las fincas. Desde entonces, la dinámica de crecimiento de la demanda laboral temporal en la zona del Soconusco ha marcado a estas sociedades de frontera (Martínez, 2014), pues se consideraba que traía una mínima mejora en las condiciones laborales, aunque similares a la precarización laboral guatemalteca.
Las dinámicas de la geografía finquera, como la denomina González-Izás (2014), y la distinción y lógica sociorracial del Estado guatemalteco demarcaron los espacios en los que se invertía para tener presencia estatal. Del lado del Estado guatemalteco, la lógica racista relegó históricamente cualquier acción benéfica para las poblaciones indígenas, y a esa lógica se sumaron las situaciones derivadas del conflicto armado interno2, ya que las montañas marquenses fueron refugio de insurgentes y, por tanto, territorios de interés para el control de los grupos guerrilleros. De esta forma, estos procesos fueron moldeando las condiciones de alta desigualdad que hoy en día aún enfrentan sus pobladores.
En esa época convulsa, se estableció como práctica estatal el control militarizado del territorio, ya que al indígena-campesino se lo asumía como enemigo interno, por ende, estas pasaron a ser zonas de intensa vigilancia, lo que también definió la ínfima inversión en los requerimientos comunitarios, como la nula construcción o mejora de la red vial en la zona y una sistemática ausencia de las instituciones del Estado. Estas medidas de exclusión fueron dejando incomunicadas a las poblaciones rurales y de frontera y favorecieron aún más su vínculo histórico (conjuntivo y disyuntivo) con el territorio mexicano, que se vio fortalecido mediante vinculaciones de diversos tipos, propias de territorios transfronterizos o liminales, como los denomina José Manuel Valenzuela (2014).
Así perpetúa la desigualdad el Estado guatemalteco, institucionalizando dinámicas de racismo, visibles en el abandono de las zonas con mayoría de población indígena, como el Occidente guatemalteco, región a la que pertenecen las comunidades abordadas. A pesar de que el municipio donde se realizó el estudio tiene poca población indígena autoadscrita -según el Censo 2018, solo el 7,7% (INE, 2018)-, esta lectura es engañosa. La pérdida de autoadscripción indígena se asocia con estrategias de diversa índole a lo largo de la historia; entre las más recientes3 y con impacto real estuvo el identificarse como ladino/mestizo en vez de indígena o anular, marcadores culturales visibles, como mecanismo de protección de la vida ante la violencia estatal en el conflicto armado interno que vivió el país a finales del siglo pasado, aunque su identidad mayense es rastreable en resistencias culturales dentro de sus prácticas de vida cotidiana.
Actualmente, la inversión pública en lugares con mayoría de población indígena sigue siendo desigual, ya que se destina tres veces más a aquellas regiones con un porcentaje mayoritario de población mestiza, según informes del Icefi (2017), y la poca inversión provoca brechas y grandes desigualdades, evidenciándose en los indicadores sociales. Como veremos a continuación, esta es la realidad de las poblaciones asentadas en la zona del estudio.
Vulnerabilidad social del municipio de Sibinal
El departamento de San Marcos, limítrofe con Chiapas (México), cuenta con una alta diversidad geográfica y biológica, teniendo territorios que inician con altitudes desde el nivel del mar y llegan hasta los 4.100 metros sobre el nivel del mar (msnm), en el volcán de Tacaná, lo que determina la calidad y riqueza de tierras cultivables y de diferente vocación agrícola. A pesar de esta riqueza en su biodiversidad, el departamento presenta altas inequidades. Según el PNUD (s.f.), el territorio registra un índice de desarrollo humano de 0,451, un 74% de sus habitantes vive en áreas rurales y un 60% es indígena, población que se encuentra concentrada en las tierras altas (FAO-OPS-PNUD, 2010).
En Guatemala la ruralidad está asociada con la pobreza; a su vez, los territorios rurales cuentan con una alta concentración de población indígena, sobre todo en la región Norte y en el Occidente del país. Estos son elementos determinantes para comprender la vulnerabilidad social de la población residente en las zonas montañosas del departamento marquense. La parte alta generalmente es ambientalmente vulnerable, por su ubicación geográfica y por lo accidentado del terreno, y en este lugar se encuentra asentado el municipio de Sibinal, al Norte de este departamento. Con una extensión de 176 km2, su altitud entre 1.400 y 4.000 msnm determina su clima, biodiversidad y vulnerabilidades medioambientales. A 318 km de la ciudad capital, desde su cabecera municipal la accesibilidad por vía terrestre es mediana (Usaid, 2016), y hacia las diferentes aldeas, cantones, caseríos y parcelamientos es altamente deficiente, de modo que en algunos casos los caminos solo pueden ser transitados a pie o con équidos.
El último censo (2018) arrojó un total de 15.773 habitantes (50,11% mujeres y 49,89% hombres), con una población predominantemente joven (24 años, como edad promedio), quienes tienen una media de 5,09 años de estudio. Para 2011, los datos gubernamentales registraban para Sibinal una incidencia de pobreza total de 91,2% y, de esta, el 46,9% refería a pobreza extrema rural (INE, 2013), con un índice de desarrollo humano que no supera el 0,564 (Fundap, 2018).
Señala la Municipalidad de Sibinal (2010) que la migración en el municipio es una constante, siendo su primer destino los Estados Unidos, seguido de la ciudad de Tapachula, en la región del Soconusco bajo, en Chiapas, así como a las fincas de la zona alta, con el fin de laborar en los cafetales, y son las microrregiones de Chocabj y Platanillo las que tienen una mayor dinámica migratoria, por la ubicación en el límite con México, así como la poca productividad de los suelos, el desempleo o el subempleo.
Sibinal se encuentra en el listado nacional por sus altos índices de pobreza, desnutrición y migración, formando parte de los 51 municipios priorizados en el país (Minex, 2020). El diagnóstico realizado por el Programa Nexos (Usaid, 2016) destaca la alta vulnerabilidad a la desnutrición, donde 64% de sus comunidades presentan altos riesgos de inseguridad alimentaria y nutricional. Para 2015, año en el cual se inició el trabajo de campo, el salario oficial ascendía a Q$2.394,40 quetzales (aproximadamente 300 dólares), pero Nexos estimaba que realmente la población percibía un salario de Q$1.604 para los hombres y Q$838 para las mujeres, existiendo una brecha de entre 49% y 67% (Usaid, 2016, p. 25). Al mismo tiempo, la Cooperación Italiana en Guatemala, tras el diagnóstico que realizó en el 2014, estimó que en las zonas fronterizas de ese municipio el ingreso familiar aproximado era de Q$638 quetzales mensuales por familia.
Nosotros, que estamos en la orilla, estamos olvidados
Son apenas 17 kilómetros los que separan a Yalú de su cabecera municipal; sin embargo, se recorren en un aproximado de tres horas. Este caserío de 212 habitantes, perteneciente a Sibinal, se encuentra ubicado en las faldas del volcán de Tacaná y no tiene ninguna conexión vial directa con el centro de su municipio. Instalado en declives montañosos, no cuenta con terrenos planos y, por tanto, el acceso a su espacio únicamente puede hacerse por el camino que la geografía de la montaña permitió abrir en forma de vereda.
Sus pobladores deben subir varios kilómetros caminando, muchas veces con carga al hombro, y posteriormente tomar un vehículo, en la aldea Chocabj, que los lleve hacia la cabecera municipal. A diferencia de los caminos hacia los poblados guatemaltecos, la salida hacia el primer poblado mexicano (Talquián, en Unión Juárez) dista no más de media hora, también caminando, siendo este uno de los motivos de la preferencia de su movilidad a ese destino. De los poblados de Chocabj y Yalú, cuyas comunidades son analizadas en este estudio, el último es el que mayor vínculo tiene con el país vecino. A nivel municipal, este caserío presenta una de las peores condiciones en cuanto a vulnerabilidad geográfica y social. Asentado en las laderas de la parte guatemalteca del volcán de Tacaná, accidente geográfico binacional, el poblado se encuentra en un territorio catalogado por la Municipalidad de Sibinal (2010) como de "riesgo muy alto", con amenazas de tipo geológico (por su cercanía al volcán activo) y, por tanto, proclive a derrumbes, deslizamientos y erupciones volcánicas, sumado a otros riesgos y amenazas naturales, como la erosión del terreno, movimientos telúricos, entre otros.
De hecho, en el 2012 y el 2014 se registraron terremotos focalizados en el departamento de San Marcos, la ciudad de Quetzaltenango (Suroccidente de Guatemala) y el Soconusco alto, y en el 2017 hubo un terremoto con epicentro en Oaxaca (México) que dañó la misma zona. Posterior al sismo del 2012, se registró un 36% de casas dañadas en el municipio de Sibinal, y para el 2014 se contabilizaba un total de 711 viviendas con daños en 38 comunidades (Coopi, 2014). El movimiento del 2012 fue el que más afectó al caserío Yalú, donde se registró la destrucción del 90% de sus estructuras (Marroquín y Álvarez, 2014). En esa ocasión quedaron incomunicadas totalmente de Guatemala por varias semanas, hasta que, posteriormente, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró el caserío como inhabitable (trabajo de campo, 2015), sin que hasta el momento el Estado haya realizado gestión alguna para trasladarlas. En esas ocasiones, ante la emergencia del desastre causado por los terremotos y la poca respuesta del gobierno de Guatemala, los pobladores se refugiaron en una finca mexicana de uno de los poblados cercanos.
Al caserío también lo tienen identificado como de alta vulnerabilidad, siendo esta una de las 25 comunidades sibinalenses con mayor riesgo de inseguridad alimentaria y gran cantidad de registros de casos de desnutrición (Usaid, 2016). En el trabajo de campo nos fue imposible obtener una respuesta respecto al ingreso familiar, ya que, al no ser fijo, varía diariamente, por la naturaleza de sus trabajos, e influye también la época del año (cuando no hay cosecha). Por esta razón, nos vimos en la necesidad de ajustar el instrumento de recolección, para que se facilitara la respuesta al entrevistado, y la pregunta pasó de indagar por sus ingresos mensuales a preguntar cuánto se gasta a la semana.
De las 38 familias que viven en el lugar, 36 dieron respuesta. Estas refirieron un gasto semanal aproximado de entre $330 y $400 pesos mexicanos (entre Q$151 y Q$184 quetzales4), es decir, cuentan con un aproximado de 650 quetzales al mes. Dato muy distante del aportado por el estudio de Nexos-Usaid para el municipio -al que hemos hecho referencia páginas atrás-, ya que este mide el egreso de la unidad doméstica y no el salario personal.
Cuando se trabajan perfiles socioeconómicos de las poblaciones rurales, tendemos a utilizar conceptos y categorías que no casan con las realidades locales, al tratarlas de equiparar con las de poblaciones que no se mueven de acuerdo con la lógica de los datos que suelen recolectar los estudios sociológicos o económicos clásicos. Así, categorías como salario mínimo son totalmente ajenas a la ruralidad guatemalteca, en este caso, porque refiere al ingreso de una persona con un salario, es decir, una renta que proviene de un trabajo formal.
En el campo guatemalteco, el ingreso no puede ser medible de esta manera, ya que, para los habitantes de estos territorios, los empleadores no cumplen con el pago marcado en la normativa de protección laboral, cuando se tiene suerte de tener un trabajo fijo. Allí, las personas también viven del trabajo informal o de la venta del excedente de su producción de traspatio o de pequeñas plantaciones que cultivan. Los trabajos agrícolas temporales donde las contratan no son pagados conforme a la escala nacional y, en el caso de los habitantes de frontera, ni siquiera reciben sus sueldos en la moneda guatemalteca, pues sus ingresos son devengados en pesos mexicanos, fruto del comercio o el empleo informal.
Es por ello por lo que, al trabajar con poblaciones rurales en Guatemala, es necesario adaptar las formas de obtener información respecto a la economía local, puesto que los ingresos no suelen ser individuales y solo son observables en relación con lo que aporta toda la unidad doméstica5, así que los datos macroeconómicos sirven apenas como referencia, pero no reflejan la realidad local en espacios micro.
En Yalú, solamente el maestro del pueblo tiene un trabajo que otorga todos los beneficios de ley. Los otros habitantes deben buscar su sustento ya sea en Guatemala o en México. Así, los trabajos informales de los que se obtienen los recursos, como ya se ha mencionado, provienen sobre todo de la relación con la agricultura local. Para ello, las laderas de la comunidad suelen ser aprovechadas en la siembra de flores, hortalizas, verduras o árboles frutales propias de estas altitudes (1.700 msnm), las cuales venden en su mayor parte en México (Talquián, Córdova, cabecera municipal de Unión Juárez, y, en menor medida, Tapachula), mientras que en muy pocas ocasiones viajan dentro de Guatemala a vender a la cabecera municipal de Sibinal en los días de mercado.
Los yaluenses también trabajan en las fincas de café del Soconusco y -a diferencia de los otros guatemaltecos que residen en comunidades más lejanas y que viajan temporalmente para la época de pisca6, de octubre a febrero- se ocupan el resto del año en otras tareas agrícolas no temporales, como la limpia de los cafetales u otras actividades que se requieran en las fincas. A mujeres y hombres, en mayor medida a las primeras, también se les contrata en la cabecera municipal de Unión Juárez, para trabajar como empleadas domésticas o en otras faenas, como albañilería, en el caso de los hombres. Todos estos trabajos les permiten ir a México y regresar diariamente a pernoctar en sus viviendas del lado guatemalteco, por lo que su tránsito se da en un área circundante pocos kilómetros de sus poblados. Solo cuando trabajan en la ciudad de Tapachula residen en esta ciudad, y en sus días libres van hacia su poblado. En la comunidad la presencia de instituciones estatales es casi nula, reduciéndose a la única escuela, que cubre hasta sexto primaria, escolaridad máxima que tiene la mayoría de la población; y como no existe ni siquiera un puesto de salud, la búsqueda de atención es otro de los motivos de su tránsito hacia México.
Existen consejos comunitarios organizados que responden a la normativa nacional de participación pública en los proyectos nacionales y locales de desarrollo, con base en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002), los cuales atienden cuestiones inmediatas de la comunidad, vinculándose así en la estructura organizativa municipal. Sin embargo, más allá de estas figuras, la población tiene un mínimo contacto con Guatemala y su institucionalidad, siendo México su referente más próximo de subsistencia, y hacen uso de los servicios y espacios guatemaltecos solo cuando es estrictamente necesario.
Todas las condiciones que se han mencionado han construido en la comunidad la idea de un Estado ausente en la resolución de sus problemas cotidianos, es decir, un Estado que no es resolutivo, limita oportunidades y solo tiene presencia en su imaginario colectivo. Un Estado que les niega cualquier ejercicio de ciudadanía, lo que ha resultado en la desterritorialización de Guatemala de este poblado y en la dependencia del espacio contiguo, en las localidades de Unión Juárez, por lo que reterritorializan su existir en el espacio extranjero.
Al describir la situación de vulnerabilidad y exclusión, tanto a nivel municipal como comunitario, deseamos indicar que esta realidad puede ser analizada atendiendo a los planteamientos de Galtung sobre violencia estructural, dadas las amenazas a la supervivencia comunitaria descritas. Ello igualmente sustenta la idea de que estas comunidades de frontera son víctimas de dicha violencia, visto que existe un daño a la satisfacción de por lo menos tres de las necesidades básicas planteadas por el autor: supervivencia, ante los altos índices de desnutrición; bienestar, ante la negación de servicios básicos; necesidades identitarias, al no ser parte de los proyectos nacionales, por ejemplo, al carecer de accesos adecuados hacia el interior del país.
Unión Juárez, la comunidad sustentácula
El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, 2018) menciona que los patrones de movimiento de la población guatemalteca sugieren que, a pesar de que hay bastante migración hacia los Estados Unidos, en realidad las personas prefieren quedarse en sus comunidades de origen, por lo cual realizan grandes esfuerzos para mitigar las condiciones que las lleven a desplazarse y así evitar el irse, pues esto les significa cargar con nuevas vulnerabilidades. Tanto el IDMC (2018) como Sindy Hernández (2017, 2018) exponen que actualmente existen varios factores que ponen en riesgo a individuos y poblaciones y que inciden en los desplazamientos forzados:
a) Desastres súbitos (inundaciones, deslizamientos, terremotos, etc.) o fenómenos de evolución lenta (sequías y otros efectos del cambio climático).
b) Violencias: estas pueden ser estructurales, como las que hemos venido exponiendo a lo largo del texto, o directas, ya sea por agentes estatales, paraestatales o del crimen organizado (maras, narcos), o violencias de Estado, de género y a causa de estigmas, junto con otras manifestaciones de violencia directa.
c) Expansión de actividades empresariales (monocultivos o extractivismo) u otros "proyectos de desarrollo" (como los hidroeléctricos) que desalojan a los habitantes de su territorio, ya sea por la fuerza o por el acaparamiento de tierras de cultivo de los campesinos en la zona.
d) Combinación de varios de estos factores.
En este sentido, es interesante observar que, al preguntar en Yalú si había algún poblador que hubiera migrado a los Estados Unidos, la respuesta fue negativa, a pesar de las condiciones de precariedad y las desigualdades profundas en las que se encuentra el poblado, similares a la de otras comunidades en el mismo municipio de Sibinal, en donde sus habitantes tienden a migrar hacia ese país. También se les preguntó si recibían alguna remesa de los Estados Unidos y únicamente una familia contestó que muy rara vez reciben dinero de un familiar en los Estados Unidos (una o dos veces al año), pero que esa dinámica de movilidad y transferencias monetarias no es común en el poblado.
Ante ello surgió la pregunta: ¿por qué, a pesar de las grandes desigualdades vividas en su territorio, los yaluenses no migran hacia los Estados Unidos o a ciudades guatemaltecas donde podrían tener un poco más de posibilidades? Y la respuesta la encontramos en lo expresado por el IDMC. Según este Observatorio, las personas realizan esfuerzos y agotan tácticas para evitar desplazamientos que les signifiquen dejar su espacio. Por tanto, los pobladores crean estrategias de sobrevivencia a partir de su movilidad perifronteriza, lo que les permite ubicarse en un espacio que les mitigue las carencias, pero sin dejar totalmente su localidad. De esta forma, encontraron en Unión Juárez, Chiapas, un espacio de refugio económico y social que denominaremos "ciudad sustentácula".
La Real Academia Española define el término sustentáculo como "apoyo o sostén de algo". Hemos querido usar la metáfora de ciudad sustentácula para indicar que en esta concurren condiciones de protección, subsistencia y defensa, a las cuales recurren comunidades de frontera, como consecuencia de la violencia estructural y con el fin de obtener un refugio económico-social, que permite la agencia de los sujetos marginados (Bedoya, 2021) para desplegar sus mecanismos y estrategias de sobrevivencia y habitar la liminalidad fronteriza.
En esa lógica, se categoriza Unión Juárez como una ciudad sustentácula, es decir, un lugar en donde una comunidad fronteriza externa y marginada encuentra un punto de apoyo que se establece como un refugio no solo económico, sino también social. Un espacio que provee seguridad en la búsqueda y obtención de sustento a las condiciones de vida, es decir, el espacio territorial en el cual se materializan las estrategias de vida de la comunidad en situación de vulnerabilidad, lo que incide en una mejora sustancial de su calidad de vida. Si no tuviera acceso a ella, el deterioro comunitario sería tal que tendrían que buscar otro mecanismo de adaptación, y muy seguramente este sería el abandono de la comunidad de residencia y, por ende, el desplazamiento hacia otras territorialidades.
Las dinámicas acá encontradas tienen características muy particulares y no son similares a las que se mencionan en los estudios realizados en la zona baja del Soconusco sobre la movilidad de guatemaltecos por motivos económicos, donde la vecindad y no ser considerado este como un territorio de interés geoestratégico permite esas diferencias. Por ejemplo, estudios recientes, como los mencionados por Kuromiya (2019), Barraza (2015) o Coraza (2018), apuntan más hacia la violencia vivida por los migrantes guatemaltecos en las zonas bajas, mientras que acá deseamos evidenciar los procesos de convivencia vecinal y de solidaridades. No se desea negar la existencia de violencias y otros tipos de conflictos, pero las formas variarán de una microrregión a otra, y acá es donde radica la importancia de estudiar también estas otras fronteras.
Respecto de la conceptualización de "ciudad sustentácula", si bien existen categorías como ciudades hermanas, ciudades fronterizas o ciudades espejo, por ejemplo (Brites, 2018; ISM/Unfpa, 2021), estas si describen las relaciones e integraciones de ciudades de frontera, pero el concepto de ciudad sustentácula permite explicar la función que una tiene para la otra y relación de asimetría en el desarrollo social a uno y otro lado.
Deseamos alejarnos también de la idea de las denominadas "zonas económicas fronterizas" que se visualizan en la franja de la frontera Norte y que corresponden a entornos de crecimiento económico, con ciudades que tienen un desarrollo industrial fuerte y que, por ello, se consideran entornos de atracción económica para la inversión nacional y extranjera, de consumo, así como para el mercado laboral, al punto que los gobiernos tienen un completo interés en impulsar el desarrollo en estas ciudades (de ciertos espacios y de ciertos grupos), lo que permite una fuerte dinámica de migración pendular y un crecimiento económico a ambos lados del borde fronterizo.
A diferencia de estas ciudades de gran atractivo económico, las ciudades sustentáculas serían atractivas únicamente para la comunidad que busca elementos mínimos de subsistencia que les permitan mejorar ciertas condiciones, recursos que en sus localidades no pueden obtener, sin que esto signifique salir de su precariedad, ya que estas ciudades tampoco tienen gran desarrollo económico, no son de interés para la inversión empresarial ni son grandes polos de atracción laboral, entre otras características.
Diferenciándose de esas grandes ciudades del Norte, Unión Juárez es un municipio catalogado con rezago social medio y requerimientos de atención prioritaria a la población rural (Sedesol, 2017). Es decir, a pesar de que se encuentra en mejores condiciones que Yalú, en general, dentro de México también es considerada como comunidad vulnerable. Su población vive sobre todo de laborar en el sector servicios en las ciudades de la parte baja del Soconusco (Cacahoatán, Tuxtla Chico, Ciudad Hidalgo, Tapachula, etc.), actividad que sustituyó a las actividades agrícolas de las cuales vivían en el pasado y que ha significado el abandono del campo. Parte de la seguridad alimentaria en la cabecera municipal y algunos de sus poblados es posible gracias al comercio de frontera de productos agrícolas de los yaluenses a los unionjuarences. Conseguir fruta y verdura fuera de esta dinámica significa pagar altos precios y obtener alimentos en mal estado o de deficiente calidad para esa población mexicana7.
Habitada originalmente también por población mam, la comunidad de Unión Juárez reportó para el 2014 que, de su población, únicamente el 1,4% se auto-adscribía a este grupo lingüístico-cultural (Gobierno del Estado de Chiapas, 2014, p. 10). Respecto a su identidad cultural, los pobladores de la frontera entre Guatemala y México fueron eliminando, a fuerza de castigos físicos y psicológicos (violencia simbólica), su adscripción al pueblo mam, ya que, por los violentos procesos de mexicanización de la frontera, tuvieron que eliminar cualquier marcador identitario visible, como su traje, su idioma, su espiritualidad, entre otros. Sin embargo, esto no ha eliminado ciertas festividades rituales de profundo origen indígena, en los que el volcán de Tacaná juega un papel importante, dentro de la cosmovisión y construcción etnoterritorial, más otros elementos que aún persisten en sus representaciones y prácticas sociales.
Ubicado en el Soconusco alto, zona que tiene colindancia con los territorios guatemaltecos de Sibinal, y ubicado también geográficamente en las laderas del volcán, el poblado se asienta en la zona sujeta a conservación ecológica (Gobierno del Estado de Chiapas, 2014). El hecho de que esta sea considerada una reserva ecológica, impide que cualquier camino que conecte a Guatemala con México sea asfaltable, con la consiguiente falta de caminos transitables para vehículos que faciliten la movilidad entre ambos países, lo que permitiría un mayor comercio.
Al igual que la zona de la bocacosta marquense en Guatemala, su territorio forma parte del circuito del café, en donde se instalaron grandes fincas que recibían migraciones temporales para la temporada del corte, no solo desde los Altos de Chiapas, sino también desde la zona guatemalteca, sobre todo de población indígena de las zonas altas del Occidente, actividad económica que está afectada en la actualidad, debido a la caída de los precios del café. Por ello, esta zona por mucho tiempo fue estudiada por las ciencias sociales a partir del análisis de los polos económicos y nodos sociales que se generan alrededor de la economía del café, al haber sido parte de la geografía finquera.
Como puede observarse, este territorio ha compartido continuidades históricas con las poblaciones guatemaltecas, lo que les ha permitido establecer vinculaciones no institucionales, de acuerdo con una lógica más bien de integración comunitaria y de identidad compartida y unas identidades liminales8. La fácil aceptación del guatemalteco en el territorio mexicano no sería posible sin un fuerte sentido de pertenencia al territorio y una historia compartida, en un proceso donde se ha armado un tejido social transfronterizo, del que tanto la ciudad sustentácula como la comunidad refugiada son codependientes.
Como ciudad sustentácula, se les provee a los externos una especie de beneficios de un refugio informal, que no tiene relación con el derecho internacional, pero sí toca varios de los puntos que este marca como "derechos de los refugiados". Entre tales beneficios están: poder trabajar dentro del territorio; obtener servicios de salud en la comunidad de recepción, sin ningún impedimento y en igualdad de condiciones con la población mexicana; libertad de locomoción para poder realizar sus actividades dentro de la comunidad y sin requerimientos migratorios; reconocimiento de su necesidad de protección, visible cuando los habitantes y funcionarios unionjuarences les facilitan las cosas, al venir de lejos; atención solidaria y refugio en espacios comunitarios frente a los desastres naturales (por ejemplo, el refugio temporal recibido durante la emergencia por los terremotos que afectaron la zona). Es decir, siguiendo una lógica y unos valores de integración comunitaria, los habitantes del lado mexicano han creado de manera implícita un sistema propio de refugio al guatemalteco, algo que no observamos fácilmente en las partes bajas del Soconusco, donde pesa fuertemente el simbolismo estigmatizante del "migrante centroamericano".
Sin embargo, algo queda claro en la relación entre estas comunidades: si bien las ciudades sustentáculas pueden tener estos vínculos de solidaridad, el peso de las instituciones nacionales limita el ámbito de acción de este sistema informal de refugio; es por ello que estas solidaridades se dan dentro del poblado y, al irse alejando del borde fronterizo, se van diluyendo.
Reflexiones finales
Queda claro que los desplazamientos que hace la comunidad de Yalú pueden considerarse como forzados, ya que están determinados por situaciones de riesgo y circunstancias que guardan similitud con otros desplazamientos internos que suceden en Guatemala. Entre las motivaciones de su movilidad podemos encontrar los desastres naturales y la violencia estructural, la cual les impide el goce y el ejercicio de su ciudadanía y que determina la inoperatividad de un Estado ausente. Indudablemente, la vulnerabilidad social y el no acceso a los satisfactores básicos conectan fundamentalmente con la violencia estructural y con sus desplazamientos a territorio mexicano. Es posible entonces hablar de Estado ausente en lugares de alta marginación y exclusión -aunque simbólicamente exista un ideario de pertenencia a un Estado-, sin una vinculación práctica o una presencia física que dé lugar a la resolución efectiva de los problemas por los que atraviesan estas comunidades. Hacerlas invisibles es también una forma de negarles sus derechos, ya sea porque no hay caminos, no hay trabajo, no hay servicios o no hay siquiera una respuesta a las necesidades ciudadanas más elementales de la población ligadas a "su derecho a vivir con dignidad".
Sin embargo, al estar los habitantes asentados en un espacio muy cerca del borde fronterizo, sus movilidades y refugios adquieren las características de un desplazamiento interno y un refugio internacional, sin que ninguno de los dos Estados se haga cargo y medie en la protección. No obstante, a nivel local se pone en acción la solidaridad comunitaria entre vecinos, que construye las características de lo que hemos denominado ciudades sustentáculas y la materialización territorial de reciprocidades. La configuración de la ciudad sustentácula permite obtener los satisfactores necesarios a los refugiados y, por tanto, su movilidad ocurre a relativamente cortas distancias, donde el obtener una serie de beneficios, así como el compartir las lógicas culturales y hablar el mismo idioma, se constituyen en elementos que ayudan a satisfacer las necesidades, aunque esto signifique que no puedan ejercer ciertos derechos, por ser extranjeros en México (sin estatus de refugio) y en la práctica su ciudadanía sea negada en sus lugares de origen, a causa de la exclusión.
De seguro, ante los hallazgos de este estudio y de otros con procesos similares, se hace necesario hacer una revisión de la conceptualización actual de categorías de protección internacional en materia migratoria, en este caso, especialmente aquella planteada como refugio y desplazamiento interno, así como las características de ser voluntario o forzado, como bien lo plantea el IDMC en su informe del 2018, planteamiento con el que coincido.
