Territorio y población en el valle de Melipilla

La villa de San José de Logroño, desde la fecha de su fundación en 1742, por el gobernador don José Manso de Velasco, fue la villa cabecera del corregimiento y posterior partido de Melipilla. El cronista Vicente Carvallo Goyeneche describió el partido de Melipilla, hacia 1796, en los siguientes términos:

Confina por el oriente con Santiago, deslindándola los montes de la cuesta de Prado y por las llanuras de Maipo, los distritos de Tango y Calera. Por el poniente llega hasta el mar Pacífico. A la de Quillota tiene por el norte, y a la de Rancagua por el sur, con el río Maipo que las divide. Se extiende 25 leguas cuadradas, que admiten 133 334 habitantes y en el día solo tiene 8 366, incluso los de la villa capital, y 1 263 indios que pueblan seis pueblos.¹⁴

En la jurisdicción del partido de Melipilla se localizaban los pueblos de indios de Llopeo, Chiñihüe, Lo Gallardo, El Bajo y Pomaire, los que subsistieron hasta principios del siglo XIX en condiciones miserables¹⁵. A pesar de su precaria situación económica cada pueblo mantuvo indígenas tributarios y una autoridad cacical. En 1795, el pueblo de Pomaire tenía 176 habitantes y 23 tributarios, Lo Gallardo registró 182 personas y 32 tributarios, Llopeo registró 139 personas y 32 tributarios y Chiñigue anotó 71 personas y 13 tributarios (tabla 1)¹⁶.

La tabla 1, fue elaborada con base en un informe de 1800, que emitió el subdelegado del partido de Melipilla y que fue remitido a los ministros de la Real Hacienda. En este documento el funcionario registró los tributos pagados por el pueblo de Llopeo entre los años 1794 y 1798, haciendo visible el monto del tributo y las constantes fluctuaciones de los mismos¹⁷. En múltiples ocasiones los indígenas de los pueblos tuvieron que emprender negociaciones con los subdelegados por los cobros excesivos que imponía la autoridad, capacidad política que también se trasladó a la defensa de los liderazgos cacicales cuando las autoridades decidían despojarlos de sus funciones¹⁸. Así aconteció con Javier Guentepalma, cacique del pueblo de El Bajo que fue despojado de su cacicazgo por el antiguo gobernador de Melipilla, Manuel Valdés y reemplazado por el juez Anselmo Romero, quien pasó a ser la autoridad del pueblo. En 1827 los indígenas del pueblo alegaron al nuevo gobernador Julián de Yécora la reposición del cargo a su cacique, manifestando que por derecho le pertenecía, junto con expresar que su obligación de cacique, "como padre de ellos", ayudaría a remediar los problemas que afectaban al pueblo desde la llegada de la nueva autoridad¹⁹.

A lo largo del siglo XVIII la población indígena de los pueblos disminuyó, afectada por enfermedades y por el intenso mestizaje. Al respecto, el fiscal y abogado de la Real Audiencia don Ramón Martínez de Rozas informaba, en 1785, haber encontrado pueblos de indios en el valle central de Chile que no merecían tal nombre, porque "los advenedizos pasaban a 25 y los indios apenas eran 6"²⁰. La situación demográfica de los pueblos del valle de Melipilla fue analizada por Góngora y Borde, quienes refieren que en 1771, la población del pueblo de El Bajo tendió al aumento "tenía 32 indios adultos, 18 indias y 56 menores de ambos sexos. Pero en 1798 la población aparece muy reducida, son solamente un cacique, su hermano, tres tributarios, tres viudas, dos solteras y ocho casadas y de ellas, tres son casadas con mulatos que viven en el pueblo"²¹. Como se observa, el mestizaje constituyó, en palabras de Jaime Jaramillo, "un elemento dinámico de la sociedad colonial" en que los advenedizos auspiciaban la formación de alianzas por parentesco con la población indígena²².

Ya había señalado tempranamente Magnus Mörner, que la extendida presencia de mestizos y afromestizos en la fase tardo colonial se debía a los crecientes requerimientos de fuerza de trabajo²³. Justamente, el fiscal Ramón Martínez de Rozas, advierte que "mestizos, mulatos y otras castas viven allí agregados por gracia de los caciques o por el arrendamiento que a estos pagan por el uso de las tierras"²⁴. La autoridad observó "la tiranía de los caciques", por consentir el negocio de los arriendos y dejar en la miseria a los indígenas que se quedaban sin el derecho de las tierras que, posiblemente, estaban sin uso por la falta de medios económicos para el usufructo. Al respecto señala: "Quitan al indio el mejor derecho siempre que se presenta un mestizo, que dé alguna plata para su uso". Ciertamente, los mestizos y afromestizos se agregaron o arrancharon en los pueblos de indios durante el siglo XVIII, logrando retener parte de la superficie agrícola a través del arriendo de tierras de comunidad o del cacique mediante un pago, pero también a través de las herencias y del matrimonio con mujeres indígenas, como también a través de la ayuda mutua mediada por la reciprocidad de brindar trabajo a la comunidad, siendo posible conformar redes, clientela y circulación de recursos materiales e inmateriales²⁵.

Lo anterior nos habla del intenso mestizaje que se produjo en los pueblos de indios, siendo posible evidenciar la emergencia de nuevos grupos, de manera que familias y agregados dependientes configuraron identidades sociales y étnicas cambiantes. En la misma línea, Judith Farberman ha planteado que la presencia de agregados libres en los pueblos de indios de Tucumán "se inserta en un proceso más amplio de redefinición de las clasificaciones sociales y étnicas, en contextos de intensa movilidad y mestizaje"²⁶ y que, en palabras de Guillaume Boccara, las identidades siempre están en movimiento en cuanto "dependen del contexto, del momento de la vida social y de la naturaleza del contacto"²⁷. En este contexto, los pueblos de indios no fueron territorios homogéneos ni cerrados, más bien, fueron espacios dinámicos y abiertos, en los cuales el mestizaje operó como un mecanismo que rearticuló y reformuló las identidades colectivas.

Los traslados forzados de los pueblos de indios de Melipilla

La política de fundación de poblaciones impulsada por la administración borbónica durante la primera mitad del siglo XVIII tuvo por objetivo hacer frente a la ruralización que afectaba al reino de Chile y, por extensión, enmendar los problemas asociados a la evangelización de la población²⁸. En 1699 el obispo de Santiago, Francisco de la Puebla González, tras una visita pastoral a su jurisdicción diocesana, que se extendía entre Santiago y el río Maule, concluyó que la excesiva ruralización de los habitantes entorpecía la evangelización y administración de justicia, incitando a la gente a que viva en la ociosidad²⁹. También en 1708 el obispo Luis Francisco Romero, sucesor de Puebla González, reparó en las mismas dificultades del trabajo evangelizador en la zona, el que se veía aún más entorpecido por las creencias, mitos y leyendas populares, las que se contraponían a la verdadera fe católica. De esta manera, a juicio de las autoridades eclesiásticas, la dispersión de la población se transformaba en un obstáculo para la realización del trabajo espiritual y para la administración de los sacramentos³⁰. Por ello, en 1699 y 1708, los obispos Francisco De la Puebla y Luis Francisco Romero, respectivamente, propusieron a los gobernadores Francisco Ibáñez y Andrés de Ustáriz, la creación de pueblos en cada curato o la creación de villas en aquellos lugares en que la población fuese de mayor volumen.

El problema evidenciado por el clero relevó la necesidad de fundar villas, requerimiento que encontró eco en la Real Cédula de 1703, instrumento en el cual se apoyó el gobernador Manso de Velasco para desplegar entre 1739 y 1744 una activa política de fundación de nuevas villas. En ese contexto, el Estado intentó posicionarse en el mundo rural, siendo la villa el anclaje para expandir su administración, entendiéndose "la administración de justicia, el control de los desmanes sociales -vagabundaje y bandidaje- la escolarización y la sujeción de los cuerpos y las almas a los preceptos valóricos que promovía junto a la Iglesia"³¹. La política fundacional conllevó a que un gran número de villas se erigieran en tierras cedidas por los hacendados, sin desconocer que muchos patrones opusieron una tenaz resistencia a las disposiciones urbanas de la Corona; no obstante, la fundación de villas también se dejó sentir en los pueblos de indios y se manifestó como expropiación de tierras con el objetivo de trazar las calles, delimitar los sitios y repartir las chácaras a vecinos y moradores³².

Así fue el caso de la fundación de la villa de San José de Logroño, ya que el gobernador José Antonio Manso de Velasco manifestó en una carta al rey que el partido de Melipilla, donde se radicaría la villa, gozaba de buena calidad del terreno, además "por componerse de crecido número de cuadras que estaban vacantes sino en el todo en la mayor parte a causa de haber muerto los indios"³³. Las tierras que señalaba el gobernador eran las que pertenecían al pueblo de indios de Melipilla las que, según Marina Madariaga, para el año 1742 se encontraban ocupadas por veintidós indígenas, algunos en calidad de indios reservados, otros como tributarios y algunas viudas³⁴. Pese a ello, los indígenas del pueblo Melipilla fueron trasladados más al sur, cerca del río Maipo, donde formaron un nuevo pueblo llamado El Bajo. En ese lugar se les cedieron 111 cuadras de tierras, las que habían sido otorgadas por Tomás Vicuña de su hacienda Gualemo, más 53 cuadras para ejidos y tierras comunes. Dichas tierras en el año de 1786 estaban avaluadas en 2947 pesos, 4 rea-les³⁵. En relación al número de cuadras correspondiente a los indígenas, 10 se entregaron al cacique, mientras que a los indígenas reservados y tributarios se les otorgaron 5 cuadras y a las viudas 3 cuadras³⁶.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la población de los pueblos de indios convivió constantemente con amenazas de nuevos proyectos de traslados con la finalidad de utilizar los suelos vacantes de sus pueblos para resolver problemas de los carentes de heredades y para expandir las tierras cultivables de los hacendados. En septiembre de 1785 el fiscal de la Real Audiencia, don Ramón Martínez de Rozas, visitó los pueblos de indios de Melipilla con el objetivo de informar a sus superiores respecto del número de familias, número de cuadras de tierras y su valor, con el objeto de responder a las primeras diligencias del proyecto de reunificación de los mismos en una población. En su informe el protector de indios registró los siguientes datos (tabla 2):

Tabla 2 Pueblos de indios de Santiago y Melipilla, 1785 

Fuente: "Listado de los pueblos de indios del corregimiento de Santiago y Melipilla, número de sus naturales, tierras de cada uno y demás relativo a la reducción que se ha propuesto por el señor fiscal de S.M", Santiago de Chile, 1785, en AHN, Fondo Capitanía General, vol. 512, f. 38.

El fiscal Martínez de Rozas informó la existencia de 95 familias de todos los pueblos de indios de Santiago y Melipilla, dispuestos en 2057 cuadras de tierras las que vendidas arrojaban un valor de 12 348 pesos. Según el fiscal, el valor total de la enajenación resultaba adecuado para invertir en el coste del traslado de los indígenas, sin embargo, la preocupación del fiscal estuvo en la resistencia de los indígenas y vecinos que no deseaban el traslado de los pueblos. Uno de los primeros lugares que descartó la autoridad fue el pueblo de El Bajo pues a pesar de contar con un número importante de cuadras, la mitad de ellas era tierras bajas que limitaban con el río Maipo. Además, la cercanía del pueblo El Bajo a la villa san José de Logroño incitó a los vecinos a repudiar la idea que sus casas estuvieran al lado de un vecindario "que acabarían de destruir con sus huertos y demás desmanes a quien abominaban por lo mismo"³⁷. A su vez los indígenas se opusieron a acoger a la nueva población expresando que el lugar no era idóneo para la agricultura, porque el pueblo limitaba con la hacienda Gualemo y con el ejido de la villa, en que el ganado caballar pasaba al pueblo y destruía los sembrados.

La intención de fundar una nueva población se extendió luego al pueblo de Lo Gallardo, el que fue presentado por algunos vecinos de la villa como el lugar más indicado, sin embargo, la estrechez en que quedaba el pueblo afectaría a los hacendados, por lo cual el fiscal optó por un tercer lugar, llamado San Antonio, que se encontraba ubicado a dos leguas al poniente del pueblo de Gallardo, sobre la línea de la costa. El fiscal valoró que el puerto tenía tierras excelentes para el trigo "y que por ser tierra de rulo, no hay más trabajo que echar el trigo y cogerlo, sin necesitar de riego". Además, el beneficio de la pesca podía favorecer a los indígenas, siendo abundantes los mariscos y el cochayuyo³⁸, razón por la cual el fiscal consideraba que los indígenas se podrían ganar algunos ingresos, ya que los hombres se dedicarían a la pesca y las mujeres y niños trabajarían hilando cáñamo para tejer las redes:

La misma granjería de la pesca se beneficiaría considerablemente surtiéndola con estos nuevos peones, siendo escaso el pescado en la capital, según me lo hicieron sentir muchos dueños de canoas, de que por falta de peones no ascendía aquella negociación que demandaba la abundancia de pescado y la proporción de su consumo en la capital, en donde no faltaría despacho si se cuadriplicase la extracción de aquel género y su introducción.³⁹

Las ventajas del mar y los terrenos para la crianza de ganado estimularon la fundación del nuevo poblado en el paraje de San Antonio, sin embargo, hubo argumentos de rechazo contra el proyecto de traslado por parte de los caciques y principales de los pueblos de Melipilla, enfatizando que ellos ya eran propietarios de tierras y que gozaban de libertad en sus pueblos. A su vez, grupos de indígenas, según el fiscal, se mostraban a favor del traslado ya que "ahora pasarían a ser dueños de sus tierras y a desarmar la autoridad despótica de sus caciques sobre ellos". También, suponían que la nueva reducción los iba a liberar del servicio personal y opresión de la encomienda, por otra parte, valoraban que en las nuevas tierras no habría agregados interesados en quedarse en la nueva población⁴⁰.

Este proceso, a su vez, coincidió con un incremento de la masa de población flotante, la cual era rotulada como "vagos, malentretenidos y ociosos", fenómeno que, además, era percibido como una amenaza por las autoridades coloniales⁴¹. No obstante, la población forastera experimentó un proceso de arraigo, arrendando las tierras de las comunidades indígenas para el desarrollo de agricultura y ganadería, de esta manera, a juicio de Mario Góngora, los mestizos agregados fueron los que permitieron preservar las tierras de la población indígena "que tan hostilmente eran considerados por las leyes indianas"⁴².

Respecto al proyecto de la nueva población no hay indicios de su fundación, pero sí de las intenciones de seguir reubicando y trasladando a los pueblos en la primera mitad del siglo XIX. Así aconteció con el pueblo de Macul en 1805, que había sido reducido a las tierras de Melipilla, pero sin residencia fija porque los pueblos de indios de Melipilla se encontraban escasos de tierras dada la presencia de forasteros y agregados mestizos y afromestizos en situación de arrendatarios. De esta manera, los indígenas, según el fiscal, al no disponer de tierras, "andan de vagos, sin ocupación alguna, como sucede con los indígenas de Macul a quienes no se les ha hecho asignación correspondiente y, por lo mismo, se hallan sin destino de la agricultura a que únicamente se aplican y expuestos a caer en excesos que son los efectos propios de la ociosidad"⁴³. Para remediar la situación de vagancia el fiscal mandó notificar al subdelegado de Melipilla, Juan Nepomuceno Herrera y Rodado, que debía desalojar a los españoles y afro-mestizos de todos los pueblos de indios de Melipilla, para que los indígenas de Macul se acomodaran y pudiesen desarrollar la actividad agrícola, permitiéndoles la sobrevivencia y el pago de los tributos. La situación descrita por el fiscal no era desconocida para el subdelegado Herrera, quien señaló que este había sido, precisamente, su principal objetivo tras su arribo a Melipilla. Al respecto mencionaba que:

Uno de mis objetivos principales ha sido echar y prohibir en los pueblos todo advenedizo y particularmente en el de Pomaire en el que hallo este abuso y el de consentirse también ventas de licores, lo que ha podido exterminar a costa de un sumiso trabajo y, a pesar de esto, están tan estrechos los indios en dicho pueblo que no pueden mantener sus animales y los echan a pastar en la hacienda nombrada Picó siendo por este motivo repetidas las quejas que se han interpuesto por su dueño (Familia Covarrubias).⁴⁴

En ese contexto, el subdelegado Herrera fue uno de los primeros en rechazar el traslado de indígenas de Macul hacia Melipilla, argumentando al efecto tres problemas: La falta de terrenos en Pomaire, la exacerbación de las enemistades entre los indígenas y eventuales futuros problemas con los hacendados que deslindaban con el pueblo. En su exposición señalaba, "aun cuando que el pueblo de este cupiesen, tiene acreditado la experiencia que no se avienen jamás los naturales de un pueblo con los de otros y así con esta traslación se perturbaría la paz que debe haber en los pueblos"⁴⁵. Así también, resaltaba las condiciones materiales de los pueblos de Melipilla los que estaban sumidos en la pobreza y miseria, además de caracterizar al pueblo de Pomaire de ociosos, responsabilizando al cacique de Pomaire de dejar a los indígenas sin tierra y estar faltos de trabajo por la presencia de los arrendatarios. Considerando las dificultades observadas por el subdelegado Juan Herrera se estimó conveniente, el 6 de octubre de 1805, que el pueblo de Macul fuera traslado al pueblo de indios de Talagante, siempre que las condiciones de comodidad lo permitieran⁴⁶.

Los pueblos de indios enfrentaban a comienzos del siglo XIX diferentes problemas, muchos de los cuales se arrastraban desde mediados del siglo XVIII. La pobreza generalizada, la reducida disponibilidad de trabajo complementario, unida a la falta de tierras de cultivos, extendía el problema del vagabundaje, los cuales eran asociados, luego, a otros problemas, como el consumo excesivo de alcohol, las riñas y asesinatos y la delincuencia. El problema por el acceso a tierras por parte de la población mestiza libre y la falta de recursos para invertir en medios de producción por las comunidades indígenas provocó que tanto caciques como indígenas accedieran al arriendo y venta de sus terrenos, como lo han señalado los estudios de José Bengoa, Gabriel Salazar, Jean Borde y Mario Góngora⁴⁷.

Efectivamente, a raíz de la falta de tierras y, por extensión, las dificultades para acceder a trabajo estable, se multiplicaba la ociosidad y la vagancia. Esta relación ha sido analizada por Alejandra Araya, para fines del siglo XVIII, recopilando los planteamientos de destacados intelectuales, como Miguel de Lastarria y Manuel de Salas, que alzaron la voz contra la tacha de la "ociosidad" como sinónimo de criminalidad por las elites dirigentes, identificando el "ocio" como un problema de oferta, es decir, como falta de trabajo⁴⁸. En este sentido, trabajar significaba ser útil y trabajo y ocupación eran la antítesis de ociosidad y vagamundería. De esta manera, "el ocioso vagamundo pasó a encarnar todas las conductas consideradas inútiles y perjudiciales para el orden del espacio social. No solo el que no se encontraba ejerciendo su trabajo era un ocioso, sino también el que incurría en acciones que lo desviaban de esta obligación moral y social de trabajar"⁴⁹.

La situación a la que se vio expuesto el pueblo de Macul, también se replicó para el pueblo de Chiñihue, aplicándose la política de traslado, encontrando también resistencia entre la población indígena. En las primeras décadas del siglo XIX, específicamente en el año 1813, se decretó el traslado de las familias indígenas de Chiñihüe a los pueblos cercanos de Llopeo, ubicado en El Monte, y El Bajo, en Melipilla. El traslado se realizó en el contexto de las gestiones realizadas por el hacendado Juan Agustín Alcalde, conde de Quinta Alegre y miembro del Congreso Nacional e hijo del dueño de la hacienda de Chiñihue, José Antonio Alcalde, quien, a su vez, compró en 1787 373 hectáreas de tierras a Ana María Azócar en 3438 pesos⁵⁰. El proceso se inició en 1808 con la solicitud de traslado del pueblo de Chiñigue, presentada por Juan Agustín Alcalde, al gobernador de Chile, Francisco Antonio García Carrasco. En la solicitud Alcalde exigía que la población fuese expulsada de las tierras compradas, deseo que fue rechazado por la autoridad expresando que debían seguir gozando de las tierras para las siembras y talaje de animales y disponer de todos los recursos naturales quedando el subdelegado del partido de Melipilla como ejecutor de la medida⁵¹.

Sin embargo, el 3 de julio de 1811 el Congreso Nacional decretó que ya no era tolerable que el Conde de Quinta Alegre siguiera esperando por las tierras de Chiñigue que eran de posesión familiar desde hacía veinticuatro años, así "los naturales que hasta el día las están poseyendo deben ser trasladados a los terrenos vacantes en los pueblos de Pomaire y del Bajo, dejándosele libres y desembarazadas al nominado señor conde las que están ocupando en Chiñigue"⁵². Los indígenas de Chiñigue y su cacique, don Andrés Tello, fueron trasladados al pueblo de Llopeo, ocupando terrenos y conviviendo junto a los indígenas naturales de dicho pueblo. El Congreso determinó que el subdelegado de Melipilla, el protector de indios y un vecino de la villa "señalaran las tierras más abundantes" para situarlos en unión o separadamente, cuidando que no hubiese daño ni conflictos con los ocupantes originales.

Sin embargo, el diputado Pedro Selada encontró resistencia por parte de la gente de Chiñigue, que se manifestó en primera instancia en el incendio provocado a cuatro ranchos y posteriormente, en el atrincheramiento de toda la población en la casa del cacique. A pesar de la presión del diputado Selada de desalojar el pueblo, la esposa del cacique Tello y los demás indígenas manifestaron que la mudanza no se realizaría mientras no estuviera presente el cacique Tello. La valentía de la esposa de Tello fue seguida por otros indígenas que protestaron quedándose en la hacienda de Chiñigue en calidad de inquilinos, esgrimiendo como respuesta "que esperaban la resolución de su cacique, que primero perderán la vida que salir de él". La autoridad presente consideró que el cacique actuaba con deshonor por rechazar las disposiciones de la autoridad y por los perjuicios ocasionados por los indígenas⁵³. Por ello, el 20 de septiembre de 1813 el congreso nacional presionó el regreso del cacique Andrés Tello con la finalidad de apoyar el traslado del pueblo junto con avisar la existencia de casos de resistencia, debiendo pedir auxilio al coronel del partido para el cumplimiento de la mudanza. Ante la amenaza del uso de la fuerza, el pueblo de Chiñigue debió partir a las tierras reasignadas.

La reducción del pueblo de Chiñigue trajo como consecuencia no tan solo la pérdida de sus tierras, sino también tensiones en la convivencia con sus pares de Llopeo y dificultades materiales debido a la estrechez del territorio. En 1816, las autoridades de Melipilla estimaron que los arrendatarios de tierras de Llopeo estaban perjudicando a los indígenas de Llopeo y Chiñigue por dejar a estos sin tierras suficientes para la crianza del ganado y el cultivo agrícola, estimulando de esta forma la conflictividad entre ambas comunidades de indios. El subdelegado Yecora dio orden al juez diputado José Antonio Sosa que, "con la equidad posible, sacar a todos los españoles que viven en el pueblo de Llopeo hasta el primero de octubre de 1816, debiendo desembarazar las habitaciones, como igualmente los bienes, para que los naturales gocen de su beneficio"⁵⁴.

Sin embargo, hacia fines de octubre de 1816, el cacique del pueblo de Chiñigue, Andrés Tello, se dirigió a las autoridades para exponer que los resultados no se habían dejado ver, "porque el cacique de Llopeo no hace agitar el expediente porque no le hace cuenta". En estas circunstancias informó nuevamente al fiscal protector general de los naturales don José Antonio Ugalde, que los indígenas de Chiñigue se encontraban en "la estrechez de terreno sin tener donde sembrar para mantener sus familias porque el cacique de dicho pueblo les ha arrendado a los españoles por la representación echa a la superioridad a favor de los españoles"⁵⁵. Así también, Andrés Tello alegaba que el cacique del pueblo de Llopeo, Mauricio Saravia, accedía a arrendar los terrenos para fines particulares, en perjuicio de los naturales del pueblo y de los trasladados. Por ello, pedía al protector mayores beneficios a los indígenas del pueblo para que se les diera el terreno suficiente para trabajar.

Por el contrario, el cacique Mauricio Saravia detalló una situación diferente. Primero, resaltó que los indígenas en los terrenos que se les habían asignado "han acogido en sus pertenencias por propia comodidad y conveniencia a varios españoles, con quienes viven y de quienes reciben auxilio ya en sus sembrados y, ya en los trabajos de que se fomentan". En segundo lugar, señaló que los menos aplicados "tal vez arriendan partes de su posesión, para mantenerse con lo que se les paga, sufriendo en estreches, lo que debían padecer en el trabajo"⁵⁶. A pesar de esta segunda situación, no tan satisfactoria para los indígenas, el cacique Saravia se manifestó contento con la presencia de los españoles en las tierras de Llopeo, diciendo que la orden de expulsión solo conllevaría graves perjuicios para las actividades económicas de indios y españoles. En concordancia con lo anterior señalaba "hoy se nos manda que los españoles se segreguen de nosotros, conociendo los perjuicios que vamos a recibir, porque unos pierden el amparo, otros a los sujetos con quienes tienen sus relaciones para la labor y, otros el corto provento de sus tierras que no pueden beneficiar"⁵⁷.

Por ello pedía al fiscal protector general de los naturales que ordenase el no cumplimiento de la medida, permitiéndoseles "como siempre vivir en compañía con aquellos españoles que sean de nuestra satisfacción y de nuestro agrado". Para llevar a efecto la petición del cacique de Llopeo, el protector general especificó al protector partidario de los naturales, José Antonio Ugalde, informar la situación de los españoles que estaban en tierras del pueblo, especificando en el informe los que estaban de gracia o por pensión de arriendo -señalando lo que pagan- también el número de hijos y familia que residían en el pueblo, además el terreno que ocupaba cada uno de ellos y el número de animales que mantenía. La orden fue emitida al subdelegado de Melipilla don Julián de Yécora quien escogió al comisionado Francsico Foucart para realizar el informe de la situación del pueblo de Llope (tabla 3).

Tabla 3 Informe de los arrendatarios del pueblo de Llopeo, 1816 

Fuente: "Expediente promovido por el cacique don Mauricio Saravia por sí y por varios naturales sobre que se les permita vivir en compañía de españoles de su satisfacción y que son útiles en sus pueblos para la cultura", San Francisco de El Monte, 19 de agosto de 1816, en AHN, Fondo Capitanía General, vol. 144, ff. 303v-305. Las abreviaturas p y r, expresan pesos y reales respectivamente.

El informe del comisionado Foucart demostró, además, la existencia de 18 propietarios y la presencia de 66 inquilinos con 301 familiares, dedicados principalmente a la crianza de ganado, contabilizándose 240 animales y la posesión de 31 % cuadra de terreno en arriendo. Por otro lado, el informe deja en evidencia que el cacique poseía 20 arrendatarios, además de percibir la mayor porción del dinero. Por otro lado, en la tabla 4 se identifica a 13 indígenas de Chiñigue habitando las tierras de Llopeo, pero con severas dificultades de acceso a la tierra ya que el cacique poseía tres cuartas partes de la misma. Dado que el acceso a la tierra era muy dificultoso para los indígenas de Chiñigue, estos debían arrendar tierras al cacique Saravia y acceder a terrenos fuera del pueblo.

El protector José Antonio Ugalde expresó a la subdelegación las continuas quejas de los indígenas del pueblo, en que el problema de la tierra se unía al problema del gran número de animales de los arrendatarios versus las reducidas tierras de sembradío. Por ello, Ugalde señaló que no podía desentenderse de las quejas, acusando al cacique de Llopeo de emitir "falsas representaciones de amparo y beneficios que reciben de los españoles quedando en el pueblo"⁵⁸.

Sin embargo, el subdelegado Yecora, a pesar de coincidir con los puntos expresados por el Protector, estimó necesario suspender la medida de expulsión de los arrendatarios de las tierras por los beneficios que estos reportaban. Así, por ejemplo, señaló que los habitantes de la villa de San José de Logroño, como los residentes en el partido de Melipilla se abastecían principalmente de legumbres que se cosechaban en el pueblo de Llopeo, por lo que la ausencia de los proveedores provocaría una carencia de abastos y perjudicaría el erario real, "porque el diezmo de este partido se restaría en mucho menos valor, por falta de este auxilio y los habitantes de esta provincia ocurrirían en busca de estos abastos a larga distancia"⁵⁹. En segundo lugar, los indígenas arrendaban sus tierras pudiendo aprovechar las ventajas derivadas de esta condición. Esta era la apreciación del cacique de Llopeo quien destacaba la importancia de arrendatarios y sujetos no indígenas en la formación de las redes económicas y sociales que sostenían a la comunidad.