Introducción
A la memoria de José Iván Orozco Medina "Un hombre muy alegre pero de carácter particularmente fuerte, valiente, solidario con las personas, aguerrido y decidido". Palabras de Laura Orozco Medina, hermana de José Iván
Hace más de diez años que México enfrenta una crisis en materia de derechos humanos. La fallida estrategia de seguridad, iniciada en 2006 y la disputa establecida entre varios actores armados por el control territorial ha redundado en la producción de miles de personas desaparecidas y personas desplazadas. Lamentablemente debido a la ineficacia institucional y la falta de voluntad política para brindar atención y seguimiento a estos problemas tenemos cifras poco claras sobre ambos fenómenos en el país.
En este artículo se presentará desde el enfoque de la antropología social una reflexión sobre la relación que se ha establecido en el contexto del combate al crimen organizado en México, entre la desaparición forzada y el desplazamiento interno forzado; dos hechos victimizantes que suelen ser abordados de manera separada, tanto en el ámbito jurídico como en el académico, con la intención de singularizar los agravios. El trabajo de investigación colaborativa que se ha desarrollado desde 2013 con varios colectivos de víctimas de la violencia relacionada con el crimen organizado en México, ha permitido observar que los agravios -producidos por la desaparición forzada y el desplazamiento interno forzado- son experimentados por los sobrevivientes en un flujo de continuidad.
El texto sigue la tradición de pensadores sociales latinoamericanos que busca producir conocimiento relevante para los actores sociales con los que se colabora y se realiza investigación1. Esta premisa implica colocar en el centro de nuestro trabajo los objetivos de los actores, brindando una escucha atenta a sus peticiones para que se vean reflejados en la labor que realizamos con ellos y que nuestros productos académicos tengan un sentido práctico para sus procesos de movilización política.
Se ha acompañado a víctimas de la violencia en México desde 2013, y en 2016 nos incorporamos al Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), colaborando académicamente desde entonces con los colectivos organizados de víctimas. En otras palabras, nuestros trabajos de investigación se han entretejido con los procesos políticos y de exigencia de justica de los grupos a los que nos hemos aproximado. Bajo esta lógica citamos los nombres reales de las personas, pues para ellas brindar testimonio sobre las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico en el país, este ha sido uno de los caminos trazados en su búsqueda de justicia.
En 2006 Felipe Calderón Hinojosa -presidente de México entre 2006 y 2012- declaró que el combate el narcotráfico sería el eje de su política de seguridad y, a partir de ahí, se exacerbó la confrontación entre las Fuerzas Armadas y otros actores armados en los territorios. En términos generales la población se vio rodeada por tres actores armados: las Fuerzas Armadas -Ejército o Marina-, Policía -municipal, estatal y federal- y los grupos del crimen organizado. En cada región, el conflicto adquirió matices particulares -que se entrecruzan con los procesos de resistencia locales- los cuales se ven reflejados en un cuarto actor armado: policías comunitarias o autodefensas.
En consecuencia se han producido un sinnúmero de graves violaciones a derechos humanos que aún no han sido incorporadas en los registros de la historia oficial mexicana. A pesar de que en 2012 se publicó la Ley General de Atención a Víctimas, las personas desplazadas no han sido incluidas en el desarrollo de políticas públicas que les brinden atención y aseguren la reparación integral del daño o posibilidades de retorno. En el mismo tenor, aunque en 2017 se publicó la Ley General de Desaparición de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la gestión de la búsqueda de personas no ha logrado consolidarse, la investigación del delito aún es ineficaz y la impartición de justicia aún es ineficiente.
Vale la pena aclarar que ni la desaparición forzada ni el desplazamiento interno forzado en México se manifiestan por primera vez en el contexto de la guerra contra el narcotráfico; ambos fenómenos se han gestado desde mediados del siglo XX en el país y sus víctimas han enfrentado la falta de voluntad política para ser reconocidas y recibir atención integral. Aunque los analistas ubican el desplazamiento interno forzado en México desde la década de 19502, no fue sino hasta la década de 1990 -se documentaron cerca de 80 000 desplazados en el estado de Chiapas durante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)3-, que el fenómeno empezó a ser considerado objeto de política pública. Hasta inicios del siglo XXI, los conflictos agrarios, desastres naturales, proyectos de desarrollo económico, conflictos armados, conflictos religiosos y conflictos políticos eran considerados como las causas principales del desplazamiento interno forzado en México4. En medio de todas las dificultades que enfrentan las víctimas para ser reconocidas, a partir de 2011 la violencia vinculada con el narcotráfico5 ha sido incorporada en numerosos estudios como explicación para el fenómeno mexicano6.
La desaparición forzada en México tiene sus orígenes en el dispositivo de represión a la disidencia política y la guerrilla que se desarrolló en América Latina durante la década de 19607. A diferencia de otros países de la región, en México la desaparición forzada se ha desarrollado en el marco de Gobiernos reconocidos públicamente como democráticos, esta situación ha favorecido que la práctica se perpetúe y que sus componentes se difundan entre actores que, siendo ajenos a las estructuras estatales, conforman poderes fácticos en los territorios. De acuerdo con Roberto González, el Estado:
Creó la práctica en una situación particular, luego la generalizó en los enfrentamientos políticos y, a través de ligas con sectores y personajes de las Fuerzas Armadas, el narco la retomó, el crimen organizado la generalizó y, según se observa en la primera década del siglo XXI, ya se encuentra disponible para todos.8
A partir de 2014 las familias de las personas desaparecidas en México han posicionado en el debate público, a través de su movilización política, la acción forzada de toda desaparición. Aunque no sean las Fuerzas Armadas quienes desaparecen a todas las víctimas, la participación de agentes estatales, por acción u omisión, ha permitido la consolidación en los territorios de los actores armados que participan también en la desaparición de personas. El recuento de estos procesos ha estado a cargo de las víctimas y sobrevivientes, la sociedad civil, los periodistas y los científicos sociales que damos seguimiento al problema y brindamos algún tipo de acompañamiento. En este panorama el testimonio de las víctimas y sobrevivientes adquiere potencia política, más allá de la distinción entre el testis y el superstes9, son quienes brindan testimonio de las violencias que atraviesan el país y buscan reconstruir la "historia desde abajo"; es decir, producir el relato de un conflicto que no ha sido reconocido como tal. A esta voluntad nos hemos sumado muchas personas en el ámbito académico con la intención de "comprender de qué modo los sujetos sociales interpretan su mundo social a través de los testimonios orales"10.
Las reflexiones académicas aquí contenidas fueron elaboradas en el marco de una estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y en paralelo al trabajo de colaboración forense iniciado en 2018 con el colectivo Familiares Caminado por Justicia11, con miras a desarrollar en 2019 la caravana internacional de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Michoacán. El contacto establecido con el colectivo fue parte del proceso social que rodea una exhumación12; esa ha sido la situación que ha articulado desde 2016 nuestro trabajo de campo. Desde hace varios años, en México las exhumaciones -principalmente las de carácter humanitario-13 son precedidas por denuncias colectivas y procesos de búsqueda liderados por las familias de las víctimas y consolidados durante varios años. Las integrantes del GIASF somos tan sólo una de las múltiples agentes que las madres de personas desaparecidas contactan para potenciar sus procesos.
Durante las asesorías técnicas, que compartimos con las integrantes del colectivo Familiares Caminando por Justicia, conocimos el relato de María Elena Medina Vargas. Dicho relato fue reelaborado a través de entrevistas a profundidad con ella, con su hija Laura María Orozco Medina y con Evangelina Contreras Ceja para conformar el eje de este documento: en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, la desaparición forzada se ha jugado como un instrumento de amenaza para despojar a pequeños propietarios de parcelas de aguacate en el estado de Michoacán. A esas entrevistas se agregaron varias conversaciones informales durante varias visitas al estado de Michoacán y una entrevista a profundidad con Heriberto Paredes Coronel, un periodista que ha realizado cobertura en dicho estado desde 2009. Estas actividades adquieren relevancia metodológica dado que para la antropología reflexiva, la investigación de campo no es un concepto abstracto ni un plan técnico que se desarrolle de manera rígida, sino que se conforma a partir de situaciones concretas que nos permiten acceder a ciertas personas, de manera que cualquier actividad puede convertirse en una técnica de recolección de datos14.
Hasta 2018 en México no había cifras exactas sobre el desplazamiento forzado y aunque se han realizado aproximaciones no poseemos un panorama claro sobre el fenómeno. Algo similar ocurre con la desaparición. En enero de 2020 el Gobierno mexicano reconoció la existencia de 61 637 personas desaparecidas, pero las familias de las víctimas denuncian que esa cifra no representa la realidad. La antropología "actúa a la luz del conocimiento local"15 y ante la ineficacia de las cifras para capturar los fenómenos que aquí se discutirán, la mirada antropológica nos brinda la oportunidad de aproximarnos a la experiencia producida en México en el cruce entre la desaparición forzada y el desplazamiento interno forzado. Esta relación ya ha sido previamente analizada para la situación colombiana. De acuerdo con Mabel González Bustelo el desplazamiento es utilizado como arma de guerra y, a la vez, se ha convertido en una herramienta para promover la acumulación económica. La multiplicidad de actores involucrados en la violencia y el nivel de dispersión de la misma es una de las particularidades que rodean los procesos de desplazamiento forzado en Colombia, dado que,
Los actores armados utilizan el desplazamiento en el marco de luchas por el control territorial de áreas estratégicas desde un punto de vista militar (corredores estratégicos, zonas de tráfico de armas e intendencia o de tránsito de productos ilegales); o político (destrucción de la base social, real o potencial, del adversario). Dependiendo de las regiones, se provocan desplazamientos ligados a los territorios y a la expansión de explotaciones.16
En este panorama, la desaparición de personas constituye, junto con las masacres y asesinatos de líderes17, uno de los recursos utilizados por los agentes armados para difundir el terror entre la población y promover los desplazamientos y lo que se observa es que "las líneas de expansión de los actores armados están articuladas con la economía del país y con las actividades extractivas. El modelo de desarrollo socioeconómico está muy ligado al conflicto y al desplazamiento"18. Comprender los efectos producidos por la violencia en México durante los últimos años requiere recuperar las experiencias locales, sólo así nos será posible establecer vínculos con los procesos regionales que favorecen la presencia de ciertos actores en cada territorio y, en última instancia, la configuración de dinámicas de resistencia. Bajo esa lógica, se orienta el análisis y la argumentación siguiendo los principios del método del caso ampliado: a través de un caso o un número limitado de casos es posible observar los elementos estructurales e históricos de fenómenos concretos19. Este enfoque metodológico busca situar lo social en un lugar concreto y no ver los casos como eventos aislados, puntuales o excepcionales sino como el cruce dialéctico entre la acción de las personas y la estructura bajo una óptica procesual20. En este orden de ideas en el texto se presenta, en primer lugar, el relato de la familia Orozco a través de María Elena Medina Vargas como voz principal. En segundo término, se ofrece una lectura de la situación en el estado de Michoacán que rodeó la desaparición y posterior desplazamiento de la familia Orozco Medina. El texto finaliza con un conjunto de ideas sobre la potencia explicativa que tiene colocar la experiencia de los actores en el centro de nuestros análisis y la importancia de observar la interrelación entre prácticas de terror en el contexto de conflicto no reconocido que tenemos en México.
El relato de María Elena
María Elena Medina Vargas es originaria de Nuevo Zirosto, un poblado en el municipio de Uruapan (Michoacán) que ronda los 2000 habitantes, de los cuales el 0.63 % es indígena21. El pueblo se localiza a unos 50 km de la capital del municipio, sobre la carretera Los Reyes-Uruapan y a unos 40 minutos del volcán Paricutín. María Elena nació el 10 de agosto de 1965 y fue la tercera entre los doce hijos que tuvieron sus padres. Describe sus orígenes como humildes. Su padre se dedicaba a la compra y venta de ganado, sembraban maíz para alimentar a sus animalitos y, al mismo tiempo, obtener leche de sus vacas. Aunque hoy el poblado forma parte de la región aguacatera, María Elena recuerda que antes la gente se dedicaba a sus animales y a la siembra de maíz. En sus recuerdos las tierras no eran reclamadas por un dueño en particular y los animales podían pastar libremente. María Elena empezó a ayudar a su padre en las labores del campo desde los 6 años. Disfrutaba estar con él, solía acompañarlo a la compra del ganado y gozaba el camino de regreso. Como no tenían vehículo para el transporte arriaban a los animales mientras caminaba a su lado. Sus días solían comenzar a las 6 o 7 de la mañana y regresaban a casa alrededor de las 2 de la tarde. Una vez que terminó la educación primaria, María Elena empezó a trabajar en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), estaba cerca de cumplir los 12 años. Al cumplir los 19 años María Elena contrajo nupcias con Leonel Orozco Ortiz y el padre de este les entregó una pequeña huerta a las afueras de Nuevo Zirosto:
Nosotros plantamos una huerta de aguacate de recién casados. Yo embarazada de mi hijo el mayor iba a ayudarle a mi esposo, para limpiar el zacate, abonar, a lo que yo podía hacer para salir adelante, para progresar. Cuando uno está recién casado no tiene dinero para pagar una persona quién le ayude, ¿no? Uno lo tiene que hacer.22
La huerta medía unas 2 hectáreas pero cuando la hicieron producir el padre de Leonel asignó 1 hectárea a otro de sus hijos. A efectos de esta decisión Leonel se procuró otra jornada laboral alrededor de seis años, durante el día trabajaba en la huerta de otra persona en Uruapan y por las tardes cuidada su propio cultivo con ayuda de María Elena. Una buena producción de aguacate necesita que se limpie la maleza, podar los árboles para que no se hagan ramudos23 y corregirlos si crecen chuecos. Además deben procurar abono de gallina, res o puerco y complementar el cuidado con productos químicos; los árboles deben ser fumigados una vez al mes para que no los invadan las plagas. Si los atiendes bien, los aguacates darán fruto en cuatro años pero los árboles jóvenes no dan mucho, hay que esperar a que crezcan; 1 hectárea con árboles de cinco años puede producir unos 500 kg de aguacate. Leonel, apoyado siempre por María Elena, buscó la manera de incrementar la producción de su tierra: "Mi esposo como siempre fue muy trabajador, se vino a Uruapan para comprar durazno, y todo el bordo lo puso de durazno, lo plantó para que no quedara ningún lugar sin producir. Ya teníamos aguacate y durazno"24.
A los 25 años María Elena tenía cinco hijos, su esposo se iba a trabajar temprano y ella se dedicaba a los quehaceres del hogar, por la tarde se iba a trabajar en la huerta familiar y de regreso aprovechaban y se bañaban en el río. Una vez que consolidaron la cosecha de su tierra, Leonel dejó de trabajar en Uruapan y empezó a rentar otra parcela para incrementar los ingresos familiares. Esta modalidad de trabajo es común en las áreas rurales de México, particularmente en el régimen de propiedad ejidal, "uno pone la tierra y otro pone el trabajo y lo que salga se va por la mitad"25.
Poco a poco Leonel fue cimentando un negocio familiar, al cultivo de las huertas agregó la compra de aguacates a otros pequeños productores del pueblo, luego revendía a un señor en Peribán de Ramos que llevaba el producto hacia una central de abastos. En ese momento, el aguacate se destinaba al mercado nacional, no se había desarrollado el mercado internacional del fruto. Fue así como pudo contratar un par de trabajadores y rentar otra huerta, hasta que en 1988 llegaron a tener cinco huertas para trabajar. Estos ingresos posibilitaron la instalación de una tienda de abarrotes en la casa de María Elena bajo su cuidado y atención.
Yo era muy delgada, y yo andaba así todo el día [chasquido de dedos], todo el día me veías así, nunca me veías que sentada o que esto o que el otro, todo el tiempo me veías así. De la casa a la tienda, de la tienda a la casa, corre y corre para allá y para acá, que dejaba la comida cociendo que ya me estaban hablando en la tienda... Bueno, era córrele y córrele para todas partes. A la una de la mañana era estar lavando ropa, porque ¿quién me iba a ayudar a lavar ropa? […] En la noche tenía que preparar unas gelatinas para darles a mis hijos de desayunar y como en ese tiempo nosotros ordeñábamos, les hacía avena, maicena, a mis hijos. Ahora sólo les hacen un chocomil26 y ya, antes no, antes tenía que hacerles uno una maicena, una avena, un chocolate para desayunar con un pan.27
María Elena solía dormirse a la 1 de la mañana terminando sus labores y despertaba a las 7 de la mañana para comenzar a atender la tienda de abarrotes, "pero antes de que mi esposo se fuera a trabajar, él ya me dejaba barrida la tienda y la mercancía que me faltaba acomodar. Sí, porque me ayudaba mucho la verdad, lo que sea de cada quién"28. En el pueblo había otras tres o cuatro tiendas de abarrotes pero los Orozco Medina tenían precios más accesibles y, por lo tanto, más clientela. La familia estaba en un momento de prosperidad, agregaron la venta de pollos a su tienda de abarrotes, construyeron un segundo piso a su casa y un salón de fiestas para rentar.
En 1991 Leonel tuvo un accidente en su camioneta y aun cuando fue atendido en Estados Unidos, gracias a un seguro médico que adquirió durante la temporada en la que trabajó en la cosecha de manzanas en Washington29, quedó parapléjico. Desde entonces "no puede caminar, no pude valerse por sí mismo. Nosotros le hacíamos todo, yo todo le hacía, le dábamos de comer en la boca, lo cambiábamos, lo bañábamos, todo, todo mis hijos lo hacían"30. A pesar de su condición Leonel siguió al frente de sus negocios, apoyado por sus trabajadores se trasladaba a las huertas y mantuvo la administración de todo, incluido un rancho con 250 hectáreas que destinaron a la cría de ganado, en el cual llegaron a tener 400 animales. El rancho implicó demasiado esfuerzo familiar y a los cuatro años decidieron venderlo y comprar otra huerta.
La vida de la familia Orozco Medina se desarrolló articulada siempre por el trabajo, cuando tuvieron el rancho, destinaban los fines de semana al cuidado del ganado y Leonel supervisaba todo; sabía si se había extraviado alguna vaca y la familia salía a caballo para buscar al animal. María Elena y Leonel procuraron que sus seis hijos estudiaran pero sólo Laura María tomó la ruta académica hasta el nivel de posgrado, el resto de los hijos empezaron a trabajar desde jóvenes. Moisés, hermano de Laura, abandonó los estudios de preparatoria y se fue a Estados Unidos a probar suerte: "Se fue de mojado31. Mi papá contactó a un amigo, a un coyote32 y le dijo 'ándale, pásame a mi hijo y que se vaya'"33.
Si bien, poco a poco la vida en Michoacán fue trastocada por dinámicas violentas, no fue sino hasta 2007 que los Orozco Medina se vieron afectados directamente. La noche del 20 de diciembre, alrededor de las once y media, llegaron unos soldados para llevarse detenido a José Iván Orozco Medina por presunta posesión de armas y drogas. Leonel movilizó todas las denuncias jurídicas y públicas sobre la detención arbitraria e ilegal de su hijo, señalando también las irregularidades asentadas en el expediente judicial; en él se decía que Iván había sido detenido en flagrancia sobre la carretera. En la denuncia pública la familia señalaba que además el Ejército no tenía facultades para realizar tareas de seguridad pública en México. En paralelo, Leonel presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y el 3 de julio de 2008,
A dos días o tres de que se fueran a presentar las pruebas ante la Comisión Estatal de derechos humanos, fue que se llevan a mi papá, unos tipos con cortesito militar, vestidos de civil, en una camioneta particular, llegaron a la casa y dijeron que traían orden de detención.34
[...] dicen "nos lo vamos a llevar porque tiene orden de aprehensión", "preséntenme la orden de aprehensión para yo mirar" les dije y ya jalándolo y llevándoselo para afuera me dice "no, pues ya mañana, en las oficinas, ya mañana" dijo, y le dije "no, pues no se pueden llevar a mi esposo" y traían armas largas y me pone una de esas armas en el pecho y lo bajaron a la banqueta y lo aventaron a la camioneta […]. Dejaron la silla de ruedas, no se la llevaron.35
El hijo menor de la pareja, Leonel Orozco Medina, y sus tíos decidieron dirigirse al control militar localizado en Peribán de Ramos y solicitar ayuda, sin embargo, les dijeron que no podían apoyarles. Fue ahí que vieron por última vez la camioneta que se llevó a Leonel padre, rumbo a Los Reyes, Michoacán.
Después viene una especie de todo, de acechos y así, y luego, bueno, siempre hubo como la presencia del Ejército en la localidad, sobre todo en nuestros domicilios, como de hostigamiento. Nosotros pusimos denuncia, nos llamaron, nos pidieron rescate. Dimos el rescate pero no nos devolvieron a mi papá y desde ese momento decían que teníamos que entregar el título de propiedad de las huertas [.] ahí nos pidieron 5 millones de pesos. Y bueno. a partir de ahí siempre el Ejército rondaba nuestra casa.36
Como podemos ver a través de las voces de María Elena y su hija Laura, la detención de José Iván en 2007 fue el inicio de un proceso de hostigamiento hacia la familia Orozco Medina. En 2008 fue desaparecido Leonel padre y este evento fue seguido por amenazas dirigidas a la familia extensa de los Orozco Medina; en respuesta a ello tres núcleos familiares, compuestos por unas veinte personas, dejaron Nuevo Zirosto para irse a vivir en Estados Unidos. Una de las situaciones que ha reducido la visibilidad de los desplazamientos forzados producidos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, es que las personas con experiencias previas de migración económica hacia Estados Unidos se apoyan en esos conocimientos para dejar sus hogares después de ser amenazadas. Esta elección reduce la visibilidad del desplazamiento forzado y la movilidad queda registrada bajo las cifras de la migración económica. La superposición de la narrativa de migración económica sobre la denuncia del desplazamiento forzado es favorecida desde los Gobiernos locales y el Gobierno federal para, por un lado, mantener constante el flujo de remesas desde Estados Unidos hacia nuestro país y, por otro lado, negar el discurso de las víctimas al decir que las personas no huyen debido a la violencia sino que se van de México buscando trabajar en el país vecino.
El 18 de abril de 2009 fue desaparecido Leonel Orozco Medina, el hijo de 17 años de María Elena. Nuevamente recibieron llamadas en las que les exigían los títulos de propiedad de sus parcelas y, ante la urgencia de recuperar a un ser querido, vendieron una de las huertas.
Aceptamos lo que nos dieran porque teníamos la necesidad de rescatar a mi hijo, y la dimos en lo que nos ofrecieron por ella.37 Pues la gente se aprovecha de eso, de la necesidad. Porque saben que en algún momento vas a vender. […] Cuando tenían comunicación los secuestradores con Moisés [hijo mayor de Leonel] ellos le decían "si nosotros fuimos los que nos llevamos a tu papá, hijo de tu madre38 y si no te apuras ni a él te lo vamos a entregar".39
En Nuevo Zirosto otros habitantes fueron amenazados con el mismo formato. Actores armados con características de personal militar se llevaron a una persona conocida como Ramoncito, a un trabajador de la familia Orozco. María Elena tiene la hipótesis de que con su hijo estuvieron secuestradas otras personas debido a que, mientras le permitieron comunicarse por teléfono, le pedía a su hermano Moisés que revisara quién faltaba en el pueblo porque escuchaba más voces en el lugar donde lo tenían retenido. A partir de 2009 la familia Orozco Medina notó que sus vecinos y las personas del pueblo tomaron distancia con ellos. En 2010 decidieron abandonar el pueblo y dejaron a cargo de las huertas a unos familiares de María Elena; sin embargo:
En 2010 se llevan a los que estaban trabajando en las huertas. Pero no sólo se llevaron a ellos, se llevaron a los trabajadores, se llevaron a quien nos apoyaba, que era el ahijado de mi mamá, se llevaron a todos los que de alguna manera nos mostraban solidaridad.40
A estas víctimas las tuvieron secuestradas alrededor de quince días y fueron torturadas para que dijeran el paradero de Moisés. De manera que cuando fueron liberados la misma familia de María Elena le sugirió que se fueran del pueblo sin decir a nadie su destino. El objetivo de esta persecución siempre fueron los títulos de propiedad pero en Nuevo Zirosto, dichos documentos no eran una práctica común; los propietarios o usuarios no suelen conocer bien a bien los linderos de sus terrenos, la gente confiaba y no tenían escrituras. De manera que la entrega de tierras fue mucho más ágil que en otros lugares.
El 8 de mayo de 2012, después de haber estado cinco años en prisión, José Iván recuperó la libertad pero la felicidad que esto pudo traer a la familia se desvaneció pocos días después.
El 22 de mayo del mismo año Moisés, el hijo mayor de María Elena, fue desaparecido mientras hacía los recorridos entre dependencias estatales y municipales para mantener activa la investigación sobre la desaparición de su padre y su hermano. El último destino conocido de Moisés fue Apatzingán; lugar conocido como cabecera del crimen organizado, "ahí ha vivido Nazario Moreno, el chango Méndez"41; "Apatzingán es la zona más caliente de Michoacán, como que es donde se concentran todas las cabezas delincuenciales que operan en todo el estado"42. Moisés en sus últimas comunicaciones indicó que estaba siendo perseguido por policías municipales: "Lo que pasa es que Apatzingán es una ciudad muy polarizada, entre que no sabes si son delincuentes o son policías, pero vamos, existen las fuerzas del Estado ahí también"43.
El 24 de febrero de 2013 se organizaron los primeros grupos de autodefensa en Michoacán y José Iván se unió a sus filas para recuperar algunas de las propiedades de su familia. En los grupos de autodefensa José coincidió con otras personas a quienes también les habían secuestrado familiares. Los grupos de autodefensas, conformados por habitantes de Michoacán, lograron re-apropiarse de ciertos territorios en el estado y conforme avanzaron muchas de las propiedades robadas fueron abandonadas. Cuando regresaron los propietarios a sus parcelas ya no encontraron a nadie. Los grupos de autodefensa en México, en general, y en Michoacán, en particular, tienen múltiples aristas para ser analizados pero la hermana de José apunta un imperativo cultural que no debemos pasar por alto:
Nosotros que hemos pasado por todo lo que nadie debió haber pasado, por todas esas graves violaciones a los derechos humanos, realmente para nosotros o para mi hermano, que además es hombre y con este rol cultural (al menos en Michoacán) de que siempre el hombre tiene que proteger a la familia porque, bueno, hay como una tradición ¿no? Sobre todo en esta parte que es donde nosotros pertenecemos, la parte de la meseta purépecha, al hombre se le ve como el protector, el que provee. Pues ha sido una necesidad más que el coraje, más que cualquier cosa.44
La permanencia de José en los grupos de autodefensa fue corta debido a que en algunos grupos había personas con intenciones poco claras y comportamientos similares a los del crimen organizado. A raíz de esta separación, la vida de José Iván fue amenazada y no podía salir de Nuevo Zirosto. Finalmente el 11 de enero de 2018 sufrió un atentado con arma de fuego y estuvo en tratamiento médico constante debido a las secuelas de las lesiones sufridas hasta el 19 de diciembre de 2019, cuando su cuerpo perdió la batalla ante la lesión.
La violencia en el estado de Michoacán
Bajo el lente del método del caso extendido es necesario establecer la conexión entre personas específicas y el sistema y para ello las dimensiones históricas y geográficas también deben ser recuperadas. Aproximarse analíticamente a los procesos de violencia requiere que tengamos un panorama del territorio para que sea viable establecer tramas explicativas para las dinámicas de agresión y victimización que se desarrollan en cada región. Es decir, aunque México atraviesa una crisis de violencia, esta no se despliega de la misma manera en todos los territorios. El estado de Michoacán de Ocampo se localiza en el lado occidental del país, en colindancia con los estados de Jalisco y Guanajuato al norte; Querétaro, estado de México y Guerrero al este; y el océano Pacífico en el oeste45 con un litoral de 230 km de extensión en el cual se localiza el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los más importantes en el país46. El estado está dividido en 113 municipios y suelen ser agregados en diez regiones para su análisis47. Nuevo Zirosto se localiza en la región Purépecha (figura 1).
Fuente: Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de Ocampo (COEAC), Estructura por regiones,http://sfa.michoacan.gob.mx/coeac/regiones.php
Si seguimos las rutas analíticas, adelantadas por los científicos colombianos, que destacan la relación entre desplazamientos forzados y procesos de apropiación y concentración de la tierra48, resulta pertinente ubicar los recursos naturales susceptibles a intereses económicos en la región que estamos observando. El territorio de Michoacán se caracteriza por un clima húmedo con variedades regionales entre cálido; semicálido; templado; semifrío, semiseco y muy seco, en los que han sido favorecidos, principalmente, los cultivos de aguacate, fresa, guayaba, limón, maíz blanco y mango49. Cabe agregar aquí que la explotación forestal como veta económica en el estado, fue incentivada desde la década de 1940 por la política federal y "Michoacán se coloca entre el segundo y tercer estado con mayor producción forestal concentrada en la región otomíes-mazahua del oriente y la región de la meseta purépecha"50. Así mismo, en el estado hay registro de extracción minera desde la época prehispánica, focalizada principalmente en el cobre y que, después de la colonización, se amplió hacia la plata, el oro y durante el siglo XX incorporó el tungsteno51, el hierro, la barita y el carbón52.
De acuerdo con Jaime Rivera-Velázquez, las condiciones territoriales y climáticas de Michoacán fueron aprovechadas por grupos locales para cultivar marihuana y, más tarde, amapola desde la década de 1940. A pesar de ello, no fue sino hasta la década de 1980 -cuando las autoridades estadounidenses bloquearon parcialmente las rutas de traslado desde Suramérica y el Caribe- que se empezó a conformar en Michoacán una organización local con pretensiones de cartel, el grupo de los hermanos Valencia53. Si bien estos se establecieron en el municipio de Uruapan, en 1990 pactaron una alianza con el cartel de Tijuana y a partir de ahí empezaron a consolidarse como la organización de tráfico de estupefacientes más importante en Michoacán; de ahí en adelante, el nombre de cartel Milenio comenzó a ser reconocido. La dinámica local se vio trastocada en 2001 con el ingreso a Michoacán de Los Zetas54, que buscaban que el cartel del Golfo55 tuviera acceso a la costa del Pacífico56. Los Zetas establecieron una base en Apatzingán y llevaron hacia el estado de Michoacán su modelo criminal consistente en controlar por medio de la violencia los territorios y obtener ganancias de todas las actividades productivas que se desarrollan en ellos. De esta forma crearon una red de extorsión y suministro de servicios de protección, en paralelo al trasiego y consolidación de un mercado local de drogas57.
Los Zetas empezaron con el tema de dejar cabezas en lugares públicos y dejar cuerpos colgados o descuartizados, técnica que al parecer tuvo un gran éxito y se volvió muy popular y ahora toda organización digna, que se jacte de ser una buena organización criminal, hace lo mismo.58
Los métodos de Los Zetas trastocaron las lógicas locales y quienes fueran sus aliados en el estado, decidieron independizarse en septiembre 2006 presentándose en Uruapan como "La Familia Michoacana" mediante un mensaje doble: arrojaron cinco cabezas en una discoteca y colocaron una cartulina que decía "La Familia no mata por paga. No mata mujeres, no mata inocentes, sólo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente. Esto es justicia divina"59. La Familia llegó a actuar como Estado de facto resolviendo disputas locales, proveyendo empleo e incluso haciendo trabajo social60. Desde su surgimiento y hasta 2010 habían asesinado a trece ediles y expresidentes municipales y en diciembre de 2009 se registró la renuncia de todos los integrantes del cabildo de Tancítaro, por miedo a las amenazas de muerte61.
Esta fue la semilla de una espiral de violencia en el estado de Michoacán a la que se agregaron las Fuerzas Armadas cuando Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra contra el narcotráfico como eje de su mandato. Con esta impronta, el 10 de diciembre se decretó el inicio de la Operación Conjunta Michoacán y fueron enviados cinco mil efectivos militares y policiales al estado62. Partiendo del hecho de que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para desempeñar tareas de seguridad pública, esta estrategia fue duramente criticada desde los primeros momentos y conforme avanzó el sexenio el registro a violaciones a los derechos humanos no se hizo esperar.
Michoacán fue uno de los primeros estados militarizados, de hecho en diciembre del 2006, se viene lo que es el Plan Michoacán, entonces es militarizada toda la región, y era común ver retenes, pero no era común ver a los militares adentro de los pueblos, y a partir de que se da esto, pues era muy obvio porque siempre teníamos presencia de militares en la esquina, en la otra esquina o así, ¿no? O iban, daban una vuelta por el pueblo y regresaban...63 Y andaban de noche, de madrugada, a la 1 de la mañana, en los pueblos se da uno cuenta porque en los pueblos se conocen: "oye, es que fíjate que anoche llegaron a la casa tal de la familia tal y que se metieron los soldados a su casa".64
Al inicio de este apartado se indicó que el clima del estado de Michoacán es propicio para el cultivo del aguacate y la alta demanda de este producto en la industria promovió la expansión de huertas aguacateras, generando una lógica de monocultivo en la región (tabla 1). En 2007 había en Michoacán cerca de 17 000 huertas produciendo aguacate y el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) anunció que el producto michoacano podía ingresar sin restricciones a Estados Unidos65. En 2012 el aguacate ocupaba el tercer lugar de los diez principales productos agroalimentarios de México, con ganancias cercanas a los 5600 millones de dólares66.
Y bueno ya no están solamente los factores locales sino también empiezan los grupos empresariales, llegan los grupos empresariales internacionales a nuestra región. De hecho nuestra región exporta principalmente hacia Estados Unidos y Japón, de acuerdo a los estudios que se han estado realizando, el aguacate empieza a ser uno de los negocios agronómicos que más inyecta economía al estado, pero uno de los productos mejores a nivel nacional e internacional, se le empieza a reconocer como uno de los mejores productos. Pero esa región, como en Zitácuaro y toda esa parte que no había aguacate, se empieza a sembrar aguacate, pero no por ello, no porque sea como Michoacán uno de los más importantes en la producción de aguacate, no quiere decir que todo Michoacán sea considerado el producto, el aguacate, el mejor, la región que produce el mejor aguacate es la de nosotros.67
Producto | Año | Hectáreas Sembradas | Hectáreas Cosechadas |
---|---|---|---|
2003 | 82 523 | 80 896.28 | |
2004 | 86 546.32 | 85 417.12 | |
2005 | 95 222.82 | 88 148.32 | |
2006 | 96 764.32 | 88 933.82 | |
2007 | 98 462.74 | 93 574.62 | |
Aguacate | 2008 | 103 628.6 | 95 563.85 |
2009 | 106 221.7 | 103 602.82 | |
2010 | 107 057.57 | 103 302.82 | |
2011 | 108 683.09 | 104 808.74 | |
2012 | 1 12 673.34 | 105 512.74 | |
2013 | 122 251.89 | 112 739.42 |
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, "Datos abiertos: estadística de producción agrícola", Gobierno de México (página web), http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php
Fueron estas particularidades las que convirtieron al aguacate en una beta de enriquecimiento y a los productores en víctimas del crimen organizado. Hacia 2010 los cobros por servicio de seguridad eran obtenidos en asambleas a las que La Familia Michoacana convocaban a los aguacateros y los convencían de pagar estableciendo comparativos entre su actuar y el de Los Zetas pues ellos "Violan mujeres, secuestran, matan niños, ustedes lo saben"68. Los productores que no participaron de manera voluntaria fueron entonces amenazados y muchas veces despojados de sus parcelas.
Muchas zonas en la meseta purépecha llegan, te amenazan y te quitan todo, para sembrar aguacate. Previamente se dan procesos de destrucción de los mantos acuíferos, que el agua está jalando. Y también hacen otra cosa, tienen unos cañones que disparan unas como píldoras enormes hacia el cielo, para deshacer las nubes, entonces que ya no granice y que no afecten las plantas. Eso lo puedes escuchar desde Pátzcuaro, desde el Paricutín, estás en un paseo, en temporada de lluvia, se escucha "¡Bang! ¡Bang!", y ya no graniza, y ya no llueve. Parece que llueve, pero no llueve. Esta gente está transformando el ecosistema, está despojando para meterse en esos negocios, porque es lo que deja dinero, y los, por ejemplo, Tancítaro, es un lugar que tiene empacadoras de aguacate, enormes empacadoras de aguacate, protegidas por sus propios grupos que antes eran autodefensas, pero ahora son los grupos de élite particulares y tienen AK 47 de oro y están ahí. Lograron entrar a la empacadora más grande de México: toneladas y toneladas de aguacate al día, para que en Francia, se levanten y desayunen con aguacate.69
Regresemos al relato de María Elena; ella y su familia son oriundos de Nuevo Zirosto, un poblado localizado en el municipio de Uruapan, dentro de la región Purépecha (ver figura 1). Dicha región adquirió notoriedad en el ámbito académico, no sólo por la población indígena que la habita y por poseer un área de bosques de enorme riqueza, sino porque el 15 de abril 2011 surgió en la comunidad de Cherán un movimiento de resistencia a las dinámicas de violencia que se venían gestando en la región:
En un primer momento, esta lucha tuvo como puntos únicos de articulación la seguridad comunitaria y la defensa del bosque, pero con las semanas fue adquiriendo contornos que posibilitaron el establecimiento de un Gobierno municipal de carácter popular y posteriormente el primer Gobierno municipal, legalmente reconocido, bajo el sistema de usos y costumbres en México70.
Quienes han estudiado el caso de Cherán se han concentrado en ubicar la importancia que tiene el territorio para dicha comunidad71 y cómo el crimen organizado lanzó un proyecto en dicha región teniendo como base su capacidad para "generar muerte" y con ella instaurar una lógica productiva anclada en el terror y la dominación72. Sin embargo, la lógica comunitaria de protección que orientó la resistencia en Cherán se relaciona estrechamente con la identidad étnica de sus habitantes y las comunidades aledañas no lograron articularse de la misma forma. Es decir, en el resto de Michoacán la violencia no encontró resistencia colectiva sino hasta 2013 cuando se formaron los grupos de autodefensa. Esta circunstancia puso un cierto velo analítico sobre la experiencia de los habitantes de Michoacán en la medida en que sin una red comunitaria los académicos difícilmente podemos ingresar a territorios en los que el conflicto y la disputa por los territorios y los bienes aún están activos. En el caso de Michoacán se sabe que se presentaron a la luz pública, en febrero de 2013 en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista con la intención de detener la violencia voraz de la que eran víctimas los michoacanos. Estos grupos se convirtieron en un ejemplo y semanas después emergieron otras autodefensas en Coalcomán, Aguililla, Chinicuila, Aquila, Coahuayana y Yurécuaro. A fines de 2013 habían ocupado diecisiete municipios y otros siete tenían presencia periférica73. Sobre los grupos de autodefensa en México se ha escrito muy poco desde la academia y es en el periodismo desde dónde se ha dado mayor seguimiento:
Es un panorama súper complejo, pero las autodefensas cambian la jugada muchas veces. Yo no voy a sostener una hipótesis que surge desde Proceso74 que es que las autodefensas son la estrategia de este Naranjo, del asesor colombiano Óscar Naranjo que trajo Peña Nieto, porque ya en terreno sí había mucha gente que se levantó en armas para pelear lo que ellos consideraban "la maña", que después apelaron al Ejército para que cumplieran su labor de protección, o sea no es gente que esté formada. o sea, que no es antiestatal, es simplemente pueblo que les interesa que sus autoridades funcionen, se levantan en armas, pero ahí como que hay un desmadre. Entonces surgen grupos de autodefensas, unos legítimos, unos no tanto, o sea, por ejemplo, los que siguen a Mireles75, que son la mayoría, y que ellos van abatiendo y van haciendo sus negocios, tratos, de cómo se van a jugar los lugares después de que se vayan los malos. Luego están los de "papá pitufo", los de Estanislao Beltrán, que se consolidan también como un pequeño cartel chiquito, son "Los Viagras"; y luego están los que no sabían a quién responderle, entonces decidieron responderle a sus comunidades y a sus pueblos.76
Así pues, Michoacán es uno de los estados en donde se han desarrollado procesos de despojo movilizados por actores del crimen organizado y las voces de María Elena y su familia nos permiten entrever la participación de actores institucionales en dichos procesos al señalar cómo "las huertas más grandes esas incluso estaban en Sanidad Vegetal77 para la exportación y decimos '¿Quién? ¿Con qué título o a nombre de quién tenía que haber estado esa huerta para haberse metido a exportación?'"78. Lo anterior es importante en dos sentidos: primero, porque muchas veces en el análisis de la violencia no alcanzamos a perfilar la participación de las instituciones en su producción y, segundo, porque precisamente, a pesar de que las tierras fueron arrancadas de las manos de sus propietarios, el aguacate siguió siendo recolectado e inscrito en los circuitos de la industria. De igual forma las voces de María Elena y su familia otorgan presencia a la experiencia producida por la violencia vinculada con el crimen organizado en Michoacán en lo que va del siglo XXI. Sin un soporte comunitario las prácticas de resistencia se pierden en el silencio. Cuando la familia extensa de María Elena fue amenazada se fueron del estado y se dirigieron hacia Estados Unidos aprovechando las redes migratorias que su comunidad y su familia habían construido de manera previa. Sin embargo, María Elena y dos de sus hijos aún permanecen en México exigiendo justicia para José Iván y la presentación con vida de Leonel padre, Leonel hijo y Moisés.
Conclusiones
La migración forzada en México, en cualquiera de sus vertientes, se ha desarrollado en un espectro de enorme invisibilidad; primero, porque el Estado no reconoce de manera oficial el problema, lo cual redunda en no poseer cifras exactas sobre el problema sino aproximaciones que oscilan entre las 185 000 y los 8 000 000 de personas desplazadas79. Y, segundo, porque al no poseer una política pública de atención a este tipo de víctimas, se ha generado un cerco estructural que reduce significativamente las posibilidades para que las personas nombren la experiencia que atraviesan; denuncien a los victimarios o que se politicen. Sumemos a lo anterior que la desaparición forzada en México ha sido una estrategia de producción de terror para romper el tejido social y desmovilizar a las comunidades desde la década de 1960. Sin embargo, no fue reconocida como política de Estado sino hasta 2001, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Estado por el caso de Rosendo Radilla80, uno de los casos emblemáticos de desaparición forzada en el país. Agreguemos que el Estado mexicano ha recibido ya dos sentencias desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la participación del Ejército en la desaparición de personas. A pesar de ello, la desaparición forzada en México no sólo se ha mantenido como práctica entre las fuerzas armadas sino que se ha complejizado con la multiplicación de actores armados en los territorios.
María Elena y su familia representan la experiencia que se ha producido en México en el entrecruce de ambos procesos. Si bien como muchas familias de personas desaparecidas están movilizadas en un colectivo para denunciar la desaparición de personas, poseen la singularidad de politizar su desplazamiento. Este no es un rasgo menor en un estado en el que se han registrado 1269 personas desaparecidas -54 en el fuero federal y 1215 en el fuero común-, de 2007 a 201981 y en el que se ha estimado la existencia de 21 000 personas desplazadas entre 2006 y 201382. Aún tenemos pendiente una discusión sólida sobre la relación que existe entre las prácticas violentas y la organización de la economía en México, sólo así podremos identificar la economía política de la guerra en el país y construir políticas de atención integral a las víctimas. Tal como nos dicen Luz María Salazar y José Álvarez, mientras no reconozcamos "como víctimas de un conflicto con manifestaciones regionales y locales, las acciones [de atención gubernamental] son microlocalizadas y su alcance queda a discrecionalidad circunstancial de los recursos que dispongan los distintos niveles de autoridad institucional, municipal, estatal o federal"83. La aproximación antropológica a estas problemáticas puede enriquecer la comprensión de estos procesos observando cómo se configuran los conflictos en el nivel regional y los procesos locales de conformación de prácticas de resistencia. Es así como podemos valorar que Familiares Caminando por Justicia, el colectivo al que pertenece María Elena Medina Vargas, logró en 2019 negociar con algunos de los actores armados en el territorio para llevar La Caravana Internacional de Búsqueda por primera vez a Michoacán. Aunque el conflicto permanece activo, las y los sobrevivientes están tejiendo resistencias desde sus diversas experiencias de victimización.