Amenaza, extranjería e inseguridad neoliberal

Organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de organizaciones de migrantes, consideraron la modificación a la Ley de Migraciones 25.871 como "una iniciativa que no respeta[ba] los derechos humanos" y la calificaron como una "política regresiva"²¹. No obstante, el Gobierno sostuvo la norma precisamente señalando que estipulaba "un procedimiento especial de carácter sumarísimo" para las expulsiones y apeló en sus argumentos a delitos graves transnacionales aunque, en rigor, la reglamentación podía afectar a cualquier migrante que, por ejemplo, no pudiera probar la legalidad de su ingreso y permanencia en el territorio nacional. Con este nuevo marco regulatorio se dio una serie de deportaciones arbitrarias, algunas de las cuales alcanzaron gran resonancia pública, como el caso de Vanesa Cuevas, una mujer peruana que, tras residir quince años en Argentina y habiendo cumplido condena en prisión tras un juicio en 2013, fuera deportada a Perú, quedando sus hijos de seis y catorce años en Argentina.

Acciones de este tipo fueron sistemáticamente legitimadas por funcionarios y legisladores de la fuerza gobernante, algunos miembros de la oposición y un sector mediático con amplia capacidad de difusión. Solo a modo ilustrativo, un importante legislador con treinta años de trayectoria política, afirmaba en 2016 que los argentinos "siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú" y que "la Argentina incorpora toda esta resaca", que los colombianos se aprovechan de la universidad gratuita y que los paraguayos viajan para acceder a cirugías y tratamientos médicos en Buenos Aires²².

El Decreto 70 de 2017, que habilitó acciones contra los derechos de los migrantes como las padecidas por Vanesa Cuevas, fue judicializado en el mismo momento de su promulgación. Precisamente como resultado de una causa iniciada en 2017 por organizaciones sociales, en marzo de 2018 la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró la invalidez constitucional de dicho decreto. La declaración de inconstitucionalidad se apoyó, entre otras razones, en que el mismo "recoge en su articulado soluciones que son incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos que forman parte de las condiciones de vigencia de los instrumentos internacionales en la materia"²³. Esta disposición permitió el regreso de la mujer al país en 2019, hecho ante el que volvió a pronunciarse públicamente el mismo senador, candidato por entonces a la vicepresidencia de la nación como acompañante del entonces presidente Macri, quien buscaba su reelección²⁴.

Ribetes tragicómicos tuvo la detención de ciudadanos extranjeros tras los incidentes en los alrededores del Congreso de la Nación en octubre de 2018, en momentos en que se trataba el presupuesto nacional del año siguiente. Junto con otras veintitrés personas, la policía detuvo a un ciudadano turco -residente en Córdoba-, uno paraguayo (con un hijo argentino) y dos hermanos venezolanos con el trámite de residencia iniciado. Ninguno de ellos tenía antecedentes y fueron liberados, aunque algunas horas más tarde que el resto de los detenidos. El diario Clarín, el de mayor tirada e impacto del país y fuertemente aliado al Gobierno nacional de entonces, señaló que "[s]egún el análisis que realizaron el Gobierno nacional y el Gobierno porteño [...] los venezolanos serían parte de los servicios de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro, el turco sería parte de un grupo activista contra el G-20 [y] el paraguayo […] integraría un grupo anarquista de Asunción". Tras reunirse con el presidente de la nación, el ministro del interior declaró que esperaba "deportarlos lo antes posible" y defendió el incremento exponencial de las deportaciones²⁵.

La extranjería como clivaje para legitimar exclusiones funciona en un movimiento de oscilación. Las medidas pueden recaer sobre cualquier migrante, pero son presentadas como dirigidas a quienes cometan delitos transnacionales o a quienes "vienen a delinquir". De manera similar, la potencialidad de la violencia y la extranjería están a mano para ser aplicadas a los pueblos originarios en general.

El movimiento oscilatorio se despliega para ellos en relación con las demandas por territorio. En los últimos años los desplazamientos de comunidades y familias originarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y las represiones asociadas a ellos se han multiplicado en el norte y en el sur del país. En Patagonia, en particular, hubo dos casos de demanda y defensa de los territorios originarios que fueron respondidas con la represión estatal y que tuvieron amplia resonancia a nivel nacional. La acción de las fuerzas de seguridad provocó las muertes violentas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel²⁶.

En ambos casos funcionarios de distintos niveles del poder ejecutivo y legislativo hicieron declaraciones públicas en las que vinculaban a las víctimas y sus comunidades con grupos violentos, secesionistas o extranjeros. La ministra de seguridad Patricia Bullrich, por ejemplo, responsabilizó a las víctimas y sus comunidades, absolvió a las fuerzas a su cargo y declaró: "[n]o vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina […] nos encontramos con una situación de mucha violencia, de gente que pasa todos los límites de los comportamientos democráticos, que utiliza cuchillos, armas, molotov, que rompe todo"²⁷. Con la mira puesta en la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), la ministra había afirmado que tenía "absolutamente confirmado" que detrás de dicho grupo había "una organización inglesa que [era] su principal aportante"²⁸. Luego del asesinato de Nahuel, en conferencia de prensa refirió a la comunidad mapuche haciendo sobrevolar nuevamente los fantasmas de la violencia y la violación de la ley y colocando como telón de fondo una discusión sobre nacionalidad y extranjería: "[s]on grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la constitución, los símbolos, que se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos"²⁹.

En este marco, hacia fines de ese año signado por la muerte de ambos jóvenes, el intendente de la ciudad de Neuquén, alineado con la fuerza política gobernante a nivel nacional, publicó en sus redes sociales la siguiente declaración: "[l]os argentinos somos testigos por estos días de un recrudecimiento en la escalada de atentados y hechos de violencia protagonizados por una minoría de las comunidades mapuches a las que ya se les han comprobado vinculaciones con la radicalizada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)". En la misma intervención afirmaba que "[l]o que está ocurriendo desde un tiempo a esta parte en la Patagonia no son simples actos de vandalismo o sabotaje que improvisó algún trasnochado en un intento por llamar la atención. En lo personal creo que estamos frente a delitos de terrorismo y sedición y como tal deben ser tratados". El colofón de su argumento añadía al peligro del terrorismo y la sedición que se derivarían de los reclamos territoriales, la duda acerca de la pertenencia nacional de sus protagonistas:

Reitero que no estoy generalizando incluyendo en este accionar a todos los integrantes de las comunidades, al contrario. Lejos de las minorías violentas, hay muchos que con esfuerzo y trabajo, se han integrado sin problemas, dejando de lado cualquier sectarismo, siendo respetuosos de las leyes vigentes y abrazando a la nación argentina que les dio cobijo.³⁰

Comprender la existencia del espacio simbólico capaz de alojar expresiones y acciones contra inmigrantes y contra indígenas como las referidas requiere atender a procesos históricos de largo alcance. Se trata de dos grupos poblacionales cuya presencia ha sido reiteradamente silenciada a lo largo de la historia nacional. Como Claudia Briones ha señalado a propósito de la negación general de los pueblos indígenas en Argentina, el mítico crisol de razas que logró instalarse como referencia presuntamente explicativa de la formación socioracial nacional era un crisol de razas blancas, que europeizaba a los argentinos mientras argentinizaba a los inmigrantes europeos, produciendo la imagen de argentinos tipo blancos. Simultáneamente, al lado de este, un segundo crisol que funcionaba en sordina producía "'cabecitas negras' [...] pobres en recursos y cultura"³¹.

Los inmigrantes provenientes de Bolivia, Paraguay, Chile y otros países de la región no formaron parte del mítico crisol de razas (blancas). Han debido encontrar un lugar alrededor o dentro de ese segundo crisol silenciado, nunca oficializado. Es por ello que, aun presentándose constante a lo largo de la historia nacional, esta inmigración regional fue descuidada por las primeras ciencias sociales en Argentina, concentradas a mediados del siglo XX en los flujos que habían llegado desde Europa. El descuido académico se combinaba, así, con la extendida negación social implicada en la construcción imaginaria de una Argentina blanca.

La incorporación del pueblo mapuche al Estado nación estuvo signada por una violencia estatal y privada que ha mostrado continuidad desde fines del siglo diecinueve hasta la actualidad. El genocidio del pueblo mapuche³² puede comprenderse, de acuerdo con Pilar Pérez³³, como un proceso constituido por distintas capas. Por un lado, se trabaja sobre la exotización amenazante de los sobrevivientes. Por otro, se emplea la violencia explícita contra el sujeto previamente construido como un extraño peligroso. En forma paralela se despliega una violencia simbólica que niega la existencia del genocidio y construye relatos que naturalizan el orden social derivado de este proceso. Estos relatos sostienen el carácter ajeno y amenazante del pueblo mapuche.

El vaivén entre la generalización propia de la construcción de un estereotipo -"los migrantes", "los indígenas"- y la particularización de la amenaza representada por los grupos "delincuentes" -en el caso migrante- o "violentos" -en el caso indígena- refuerza el carácter eminentemente peligroso de estos colectivos, como ya fue ampliamente estudiado³⁴. El nivel de peligrosidad merma en la medida en que los sujetos se integran, desdibujan sus pertenencias identitarias, declinan sus demandas y agradecen con sumisión a "la nación que les dio cobijo", tal como expresara el referente neuquino. Es decir, en la medida en que finalmente los sujetos asumen su inclusión subordinada³⁵. Nada de esto es novedoso. Precisamente por eso el éxito relativo de la justificación de la violencia para controlar a los sujetos construidos como amenaza, encarnados en indígenas, extranjeros y sus particulares combinaciones, resulta inquietante.

Un conjunto diverso de medidas es utilizado en la construcción de figuras peligrosas, amenazantes. Mientras la deportabilidad actualiza las fronteras de la vulnerabilidad³⁶, el fantasma de la amenaza repone el límite siempre móvil entre legalidad e ilegalidad, recuerda el peso de la pertenencia legal a un Estado y actualiza los costos del cobijo nacional. El Estado gubernamentalizado³⁷ renueva su interés por la seguridad y la circulación en el manejo de la población, es decir, en el proceso permanente de producción de su población³⁸. Los mecanismos de control, entonces, son presentados como "políticas de seguridad" ante una sociedad en la que, efectivamente, la inseguridad ha sido configurada como una de las mayores preocupaciones.

Imaginario hecho cuerpos

Estas y otras intervenciones políticas, con el apoyo sistemático de los más grandes medios de comunicación masiva, conformaron verdaderas cruzadas que pusieron en cuestión el derecho de migrantes e indígenas a gozar de determinados beneficios. El trabajo persistente sobre el imaginario social reorientó la agenda y los debates públicos, y en ocasiones desató escenas de violencia social. Estas cruzadas tienen en común el hecho de poner en agenda "los problemas" que se derivarían de la presencia de migrantes y de los reclamos indígenas. Suelen revivir la vieja estrategia del chivo expiatorio, respondida y desacreditada en el pasado y en el presente, pero que logra ser remozada con cierta eficacia. Y lo hacen, una vez más, reificando la nacionalidad, no solo en el caso de los migrantes, sino también en el de los reclamos mapuche al anudar sistemáticamente indigenismo y extranjería. Los tópicos se reiteran: el usufructo presuntamente indebido o excesivo de los sistemas de salud y educación por parte de los migrantes; el supuesto abuso de la apelación a la etnicidad con el fin de acceder a tierras y beneficios sobre los que se les niega derechos, en el caso de los indígenas.

En febrero de 2018 se dio uno de los casos más sonados: el anuncio del gobernador de Jujuy -frontera con Bolivia-, miembro de la alianza de Gobierno a nivel nacional, del cobro por la atención médica en los servicios públicos y gratuitos a quienes no tuvieran residencia en Argentina. La legislatura provincial acabó por sancionar la ley (no. 6116) un año después, en febrero de 2019, creando un "sistema provincial de seguro de salud" que abrió la posibilidad de cobrar a "aquellas personas extranjeras que permanezcan en el territorio de la provincia de Jujuy en forma transitoria"³⁹. Más allá de la limitación del alcance de la ley, lo que interesa subrayar es la intensa discusión pública abierta, que contó entre sus protagonistas a diputados nacionales del oficialismo que presentaron un proyecto para implementar una medida similar en todo el país, propuestas de arancelar el sistema educativo y el apoyo manifiesto de parte del jefe de gabinete de ministros del Gobierno nacional, quien propuso debatir el tema en el Congreso Nacional⁴⁰.

Poco tiempo antes, en diciembre de 2017, el Gobierno nacional creó un Protocolo de Acción Conjunta de las fuerzas de seguridad en el que participaron los Gobiernos provinciales de Río Negro, Neuquén y Chubut, destinado a coordinar las intervenciones sobre tierras mapuche. En este marco se elaboró un informe firmado por las cuatro instancias de gobierno, titulado "R.A.M. Antecedentes, Hechos Judicializados e Implicancias para la Seguridad en La República Argentina"⁴¹. Esta iniciativa tuvo una amplia cobertura mediática en la que se ponía el énfasis en la necesidad de "evitar" el acceso de las comunidades mapuche al territorio. Esta premisa se sostuvo construyendo una vinculación entre los hechos que habían ocurrido recientemente en Río Negro y Chubut con "grupos reducidos, violentos y vinculados con Chile". Así, se afirmó que con el Protocolo "[e]l Gobierno y las provincias buscarán evitar nuevas ocupaciones. Los investigadores de las fuerzas de seguridad provinciales y federales temen nuevas incitaciones a ocupar tierras y parques nacionales y coordinarán esfuerzos para evitarlas"⁴². En el mismo momento en que se impulsó el Protocolo se desarrollaba una Mesa de Diálogo entre el Estado y las comunidades mapuche, que contaba con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos. La reproducción de las tensiones entre quienes apoyaban y llevaban adelante esta Mesa y las instancias gubernamentales, autoras del Informe y el Protocolo de Acción, amplificaba la distancia entre posiciones contrarias e irreconciliables. Varios portales reprodujeron las declaraciones del obispo de Bariloche que "había señalado que con las menciones permanentes a la RAM se buscaba crear un 'enemigo interno'", y las repuestas de la ministra de seguridad Patricia Bullrich y el Gobierno en rechazo a la tesis de la Iglesia católica: "[n]o existe la construcción de un enemigo interno. Ellos eligieron como enemigo al Estado de Derecho. No hubiéramos construido ningún enemigo si no hubiéramos tenido dos asesinatos e incendios"⁴³.

La securitización promovió un estado de retracción general de la vida social y de las demandas por derechos. Al mismo tiempo, las "acciones preventivas" llevadas adelante en la vía pública por las fuerzas de seguridad se habían intensificado en distintas ciudades del país desde finales de 2015. La más habitual de estas acciones fue requerir la documentación que acredita la identidad personal a transeúntes al azar, revisar sus pertenencias y, eventualmente, demorar a alguien alegando su detección por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos -un conjunto de cámaras instaladas en el espacio público en distintas ciudades con ese fin-. Ciertamente, el "azar" con el que se procedía a las detenciones era un azar socialmente informado. Como señalara el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU en su informe de septiembre de 2018 sobre Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos, fue un listado acotado de actores sociales el que resultó blanco de estas detenciones, privilegiadamente migrantes, indígenas y miembros del colectivo LGBTI -Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales-. Estas detenciones tienden un manto de sospecha sobre quienes las sufren y, de este modo, la amenaza toma cuerpo en sentido literal. Muestran, asimismo, la importancia determinante del aspecto o la apariencia corporal en estas acciones de seguridad⁴⁴ que suelen ser referidas por los responsables de ejecutarlas como "detenciones por averiguación de identidad" y por quienes son objeto de ellas como "detenciones por portación de rostro".

En algunos casos estas campañas y estas redefiniciones de agenda promovieron también conductas violentas entre ciudadanos ante pretendidos abusos. A poco del anuncio del Gobierno de Jujuy del proyecto de cobrar a los extranjeros el servicio público de salud, a finales de febrero de 2018, por ejemplo, un hombre golpeó a una mujer que creyó boliviana en una ventanilla de atención al público de una oficina del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral), de la vecina provincia de Salta. La mujer era atendida por una empleada que le explicaba cómo tenía que tomar los medicamentos que, entretanto, ella iba guardando en una bolsa. El hombre, de repente, le dio un golpe de puño en el pecho, mientras le gritaba "¡boliviana de mierda, vos te estás llevando nuestros medicamentos!". La víctima de la agresión, quien por su apariencia y fenotipo había sido identificada como "boliviana" por el agresor, se apresuró a ensayar una aclaración en la que se aferraba al criterio puesto en juego por el hombre y explicitado por los dirigentes políticos días atrás, la nacionalidad: "nací en Cachi [un distrito de Salta], viví acá toda mi vida"⁴⁵.

Las construcciones de agenda pública que se enfocan en los problemas y costos que traería la presencia migrante e indígena configuran imaginarios que se hacen cuerpo⁴⁶. Desde representantes de fuerzas de seguridad a vecinos en una oficina pública, cualquiera que haya aprendido el mecanismo podrá aplicarlo y leerá en el fenotipo y la apariencia de otros una "nacionalidad imperfecta"⁴⁷. En momentos especialmente críticos, este mecanismo cotidiano tendrá efectos dramáticos, como en el pasado reciente, cuando una toma de tierras para vivienda calificada por el Gobierno como producto de la "inmigración descontrolada" desencadenó el enfrentamiento físico entre vecinos, la represión policial y la muerte de tres personas, dos de nacionalidad boliviana y una paraguaya⁴⁸.

Desplazamientos, distribución y desposesión

Las operaciones señaladas, que articulan violencias materiales y simbólicas, represión y estigmatización se corresponden con formas de gestión estatal del territorio destinadas a garantizar la "acumulación de capital por desposesión"⁴⁹, tal como puede observarse en los conflictos por el acceso y uso de la naturaleza, en general, y de la tierra, en particular. La regulación del uso del espacio y de la circulación de la población va de la mano de políticas de distribución de bienes, de valorización de espacios y de habilitación desigual del acceso a los mismos. En este contexto el vínculo entre ciudadanía y nacionalidad tiende a reforzarse, al tiempo que se modula o especifica en términos de clase.

Por ejemplo, en septiembre de 2017 el Ministerio de Agroindustria dictó una reglamentación que modificaba el programa Cambio Rural, mediante el cual desde 1993 se asiste técnicamente a los pequeños y medianos productores rurales. La modificación establecía "ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo" como requisito para acceder al beneficio. Esta condición excluía a más del 80 % de los productores, en su mayoría bolivianos⁵⁰. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) presentó una denuncia contra el Ministerio de Agroindustria ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por considerar discriminatoria dicha reglamentación y advirtieron que el Ministerio ya había recortado casi ochocientos cupos del Programa⁵¹.

La enmienda de la reglamentación intersectaba nacionalidad y clase en su redefinición del modelo de desarrollo agrícola. Como señaló un ingeniero de la UTT a la prensa, en los noventa Cambio Rural había financiado asistencia técnica a los productores pequeños y medianos de la pampa húmeda con un perfil capitalizado. A mediados de 2000 amplió su alcance a pequeños productores de los cordones verdes periurbanos, fundamentalmente del sector hortícola. La reconversión de 2017 volvía, entonces, "a la versión original de los noventa apuntando otra vez al productor capitalizado"⁵². Luego de las críticas y la denuncia de la UTT, en noviembre de ese año la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agroindustria dictó la Resolución 309 por la que se eliminaba el discutido requisito⁵³.

Mientras tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, llevaba adelante una serie de operativos de "reordenamiento" urbano que perseguía el desalojo de vendedores ambulantes de distintos puntos de la ciudad. En enero de 2018, por ejemplo, la policía de la ciudad desalojó a unos quinientos vendedores ambulantes en el barrio de Liniers, concretamente, en el centro comercial conocido entre los migrantes bolivianos como el "microcentro boliviano". El Gobierno buscaba así acabar con la "competencia desleal" y "recuperar las veredas y el espacio público", lo que redundaría en una "puesta en valor de la zona". Según un relevamiento del Poder Judicial, los comerciantes senegaleses, los bolivianos y los peruanos sumados conformaban el 93 % de los puestos desalojados⁵⁴. Un año antes, en enero de 2017, habían sido desalojados en el barrio de Once unos dos mil vendedores y en 2016 había sucedido algo parecido con los puestos de venta de la avenida Avellaneda.

En el caso de los pueblos originarios, las recuperaciones territoriales aparecieron como prácticas fuertemente disruptivas de las formas legales que regulan el acceso a la tierra. Las luchas por la defensa del territorio originario pusieron en cuestión el orden territorial vigente. Las respuestas violentas por parte del Estado, en alianza con sectores de interés, fueron legitimadas con base en dos tipos de argumentación que lograron un predicamento importante en amplias franjas sociales. Una de las argumentaciones tenía un fuerte sesgo clasista: el Estado los presentaba como usurpadores sin recursos -y sin derechos- que, apelando a sus identidades originarias, buscaban despojar a los propietarios de parcelas adquiridas en el mercado. En este marco el desalojo era una medida considerada válida para corregir lo que era tipificado como un delito de "usurpación" de las tierras, del mismo modo que podría ocurrir con un ocupante ilegal de una propiedad privada en la ciudad. La otra argumentación se apoyaba en la negación de la argentinidad de los grupos demandantes mediante su recurrente vinculación con el país transandino. Poner en cuestión el carácter "verdaderamente" originario de las comunidades en conflicto y, si esto no era viable, cuestionar el origen argentino del pueblo originario, dejaba expuesta la dificultad de tomar la negación del derecho indígena como punto de partida para el despliegue de las prácticas de desposesión de los territorios y el consecuente desplazamiento de las poblaciones. Efectivamente, es el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios sobre los territorios lo que explica, entre otras políticas públicas, la sanción de la referida Ley 26.160 de 2006⁵⁵.

A propósito de esta ley, como en los sucesos represivos en Patagonia reseñados anteriormente, tanto la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como la Sociedad Rural Argentina (SRA) emitieron comunicados que buscaban proteger sus intereses económicos y respaldar al Gobierno, advirtiendo sobre "el accionar de grupos radicalizados que pone en peligro al comercio local y aleja las inversiones" y remarcando que "la ley 26.160 [Propiedad Comunitaria Indígena] no les da derecho a tomar tierras privadas"⁵⁶.

No obstante de que estas manifestaciones sectoriales lograran pregnancia en vastos sectores de la población, al mismo tiempo el reconocimiento de estos derechos gozaba de consenso social y generaba altos niveles de empatía con un sujeto considerado como "el verdadero dueño de estas tierras", debido a la profundidad histórica de su permanencia en los territorios. Amplios sectores sociales encontraron en los reclamos originarios una manera de recuperar, preservar y defender lógicas de relación con la naturaleza y formas de habitabilidad amigables con el ambiente. Ello dificultó a las dependencias gubernamentales encontrar legitimidad para avances por la fuerza sobre los territorios originarios. En cambio, la puesta en cuestión de la identidad indígena arrojaba rápidamente al sujeto demandante a la categoría de "pobre", socialmente más aceptada como justificación de exclusiones de todo tipo, y también más asociada al delito⁵⁷. Si resultaba inverosímil despojar al sujeto de su identificación originaria, entonces se recurría a la extranjería y la marginalidad, buscando construir por esta vía una distancia social que volviera tolerable avanzar con las prácticas violentas de desplazamiento.

Ahora bien, cabe notar que la relación entre identidad, nacionalidad, ciudadanía y apropiación de tierras en Patagonia resulta particularmente paradójica, ya que se trata de una las regiones del país donde se concentra el mayor porcentaje de tierras adquiridas por extranjeros⁵⁸, entre quienes se cuentan los casos ampliamente conocidos de Benetton, de la familia italiana dedicada a la industria textil, propietaria de 900 000 ha, y Lewis, empresario inglés con intereses en el negocio de la energía, quien mantiene vedado el paso al Lago Escondido, al ser las tierras circundantes de su propiedad. La extranjería de ambos personajes -los más conocidos y reflejados en la prensa local y nacional, pero no los únicos- no es puesta en cuestión en ningún momento por el Estado, ni relacionada con su derecho o no a detentar la propiedad de las tierras⁵⁹. Pero la revinculación intensa entre ciudadanía y nacionalidad es producida en este caso por los pobladores locales, quienes señalan la extranjería de los personajes buscando poner en duda sus derechos adquiridos sobre tierras que, afirman, pertenecen a todos los argentinos.