El contexto político previo a la emergencia de los consultorios jurídicos: la reforma de la educación jurídica y la rama judicial

Los consultorios jurídicos surgen como respuesta a la crisis de la educación legal y la administración de justicia que vivió el país a mediados del siglo XX. Los consultorios, además, son solo una de las varias medidas que buscan conjurar los problemas que aquejaban a la comunidad jurídica colombiana. Las élites jurídicas y políticas de la época identificaron dos como las principales causas de esta crisis: por un lado, las facultades de derecho del país se encontraban dominadas por el formalismo jurídico. Los programas de derecho, que no habían sido reformados desde la era republicana, privilegiaban, entre otras cosas, y como se verá abajo, una educación memorística, enciclopédica, acrítica y desconectada de la realidad social.

Por el otro lado, la administración de justicia se describía como operada por agentes poco calificados⁷ o moralmente cuestionables, ritualista y refractaria a las necesidades jurídicas de las personas de estratos socioeconómicos bajos. Estas evaluaciones del sistema judicial colombiano se justificaban apelando a las siguientes razones: una parte importante de los funcionarios judiciales no tenía título profesional⁸; los abogados litigantes eran percibidos como inescrupulosos, debido a que cobraban honorarios excesivamente altos o innecesarios y utilizaban el derecho para su propio beneficio y no el de sus clientes; el sistema de justicia estaba lleno de procedimientos inútiles y costosos; y las personas más pobres de la sociedad no tenían ni los recursos económicos ni epistemológicos (el conocimiento jurídico) para acceder a la administración de justicia.

Las dos causas de la crisis, entonces, se entrecruzan en este diagnóstico: no había una buena administración de justicia porque no hay buenas facultades de derecho que formen funcionarios judiciales integrales, y no había buenas facultades de derecho porque estas eran un reflejo del débil sistema de justicia colombiano. La interacción entre estas dos causas se hace evidente cuando se hace explícito que una parte importante de los profesores de derecho eran funcionarios judiciales. La comisión de reforma de la educación jurídica de 1968 sintetizó estos argumentos de la siguiente manera:

La sociedad colombiana entera se queja hoy de la poca operancia e inadecuación del derecho y de la pasividad, ineficacia, incompetencia y hasta inidoneidad moral de muchos jueces, administradores y abogados. Buena parte de la opinión pública acusa a las facultades de derecho de contribuir a la creación de esos males. Las demás facultades de la Universidad Nacional ven desde hace tiempo en la de derecho un centro anacrónico y desfalleciente. (Universidad Nacional, 1968, p. 59).

El Gobierno nacional conoce y comparte este diagnóstico. En consecuencia, la administración de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) decidió enfrentar la crisis mediante una reforma estructural que pudiera modernizar al Estado colombiano. Esta reforma tenía como referente la efectuada por Alfonso López Pumarejo en 1936, en la que había participado el ahora ministro de justicia Darío Echandía⁹ y a la que se sumaba Fernando Hinestrosa¹⁰. Estos dos altos funcionarios públicos fueron decisivos para impulsar este proceso de transformación jurídico y político, que tenía como principales objetivos la reforma de los códigos de procedimiento, la expedición de un nuevo estatuto de la abogacía y la realización de cambios radicales en los programas de las facultades de derecho en el país. (^{Lynch, 1981}). Las Conferencias Latinoamericanas de las Facultades de ARED y la Universidad Nacional contribuyeron con argumentos técnicos a la justificación de la reforma.

Los materiales producidos por las universidades de la región que participaron en las conferencias latinoamericanas, las universidades de los Andes, Cauca, Antioquia, Externado y Rosario, que conformaban la ARED, y la Universidad Nacional coincidían en el cuestionamiento al formalismo dominante en la educación jurídica y al ritualismo e in-eficiencia de la judicatura colombiana.

La universidad de los Andes sintetizó las preocupaciones de la época en un memorando interno sobre la necesidad de crear una nueva facultad de derecho en 1966:

Bien conocidas son las deficiencias de las actuales facultades derecho en el país y, en general, en Latinoamérica. Puntualicemos algunas de esas fallas: excesivo número de facultades derecho y también de estudiantes en ellas, aunque la tendencia general pueda ser decreciente; una metodología tradicional, que es solo una defectuosa aplicación del modelo europeo; su vicio fundamental radica en el papel puramente pasivo del estudiante en el proceso del aprendizaje, el predominio de la cátedra magistral, la falta de utilización de fuentes bibliográficas y la ausencia de una formación general que permita al alumno situarse mejor dentro de las circunstancias totales del país y, al egresar, convertirse en un líder más consciente y moderno...

Por otra parte, el rápido proceso de modernización del país, así como el de integración latinoamericana, ha revelado dramáticamente el desajuste que existe entre esa nueva realidad y las fosilizadas estructuras jurídicas, las cuales entraban al ritmo normal de desarrollo de estos países. La actitud mental de los abogados no se coordina actualmente con el dinamismo y el pragmatismo propio de los agentes de este proceso de cambio. (Memorando sobre la Facultad de Derecho, 1966, p. 2).¹¹

El primer producto jurídico de la reforma llevada a cabo por el gobierno de Lleras Restrepo fue la Ley 16 de 1968, propuesta por el ministro Darío Echandía¹². Esta norma tenía como propósito modernizar el ordenamiento jurídico colombiano y renovar su sistema de administración de justicia. Al respecto señala Echandía:

Nuestra nación, al igual que todos los pueblos, en todos los tiempos, anhela tener instituciones sólidas, propias y actuales, que le den estabilidad a sus esfuerzos, le permitan progresar con rapidez y armonía y le otorguen confianza en la posibilidad de soluciones pacíficas a sus conflictos y necesidades. Este Gobierno impuso la tarea de modernizar la legislación y denodadamente batalló hasta conseguirla, con cánones que permitirían al Estado afrontar con mayor energía y propiedad los problemas de un mundo nuevo. También la rama jurisdiccional del poder público fue objeto de una honda y vasta revisión, que abarca simultáneamente la división territorial y la distribución de despachos, empleados y competencias, el trabajo judicial y de los abogados y de la formación de juristas, y se proyecta en los códigos sustanciales y de procedimiento, de manera que en breve tiempo y como fruto de la vigencia de las nuevas normas y del cambio de actitud mental y de costumbres que ellas implican, la aplicación del derecho será más sencilla y justa, y la jurisprudencia más ágil y progresista. (Ministerio de Justicia, 1971, p.1).

Los mandatos proferidos por la Ley 16 de 1968 dieron lugar a una serie de importantes transformaciones del ordenamiento jurídico colombiano (^{Laing, 1974}); entre otras, la reorganización de la carrera judicial (artículo 2°, Ley 16 de 1968)¹³, un nuevo Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), la eliminación de trámites judiciales innecesarios y el amparo de pobreza (artículo 2°, Ley 16 de 1968)¹⁴. Estos mandatos también permitieron la creación, en asocio de la empresa privada, de la Fundación Servicio Jurídico Popular (que funciona hasta el día de hoy con el auspicio del Banco Popular) para la atención jurídica por parte de abogados titulados a personas de escasos recursos económicos en las materias que no pudieran ser asumidas por los consultorios jurídicos, que se crearían poco tiempo después. (Nullvalue, 1991).

Asimismo, la ley permitió la reforma a la educación del derecho¹⁵ y la expedición del estatuto del ejercicio de la abogacía: Decreto 320 de 1970¹⁶. El estatuto fijó los principios que debían guiar la práctica del abogado¹⁷, las faltas en las que podían incurrir los profesionales del derecho (artículos 38-46, Decreto 320 de 1970) y las instituciones y procedimientos para investigar y adelantar posibles violaciones a las mismas¹⁸. El estatuto también señaló en su artículo primero que la abogacía era una "función pública" (Ministerio de Justicia, 1971, p.14). Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible esta afirmación. A juicio de la Corte, afirmar que la abogacía era una función pública vulneraba la Carta Política de 1886 en cuanto que condicionaba su ejercicio a la existencia de funcionarios públicos. Sin embargo, la Corte explicó que la práctica de la profesión implicaba una función social. Pese a dejar sin fundamento la parte de la reforma que imponía deberes a los abogados, la sentencia reconoció inequívocamente la existencia de responsabilidades sociales en cabeza de los abogados. Al respecto dijo la Corte:

Las profesiones liberales tienen y deben cumplir una función social como desarrollo que son de una facultad intelectual cuyo campo de acción es la sociedad; desde este punto de vista es lógico que la abogacía tenga una misión social en los términos del inciso transcrito, que se desenvuelve paralelamente al interés particular del profesional, no sólo como actividad privada, sino ante las autoridades para la preservación y el perfeccionamiento del estado social de derecho. Y la abogacía no es la única profesión cuyo ejercicio haya sido reglamentado o intervenido por el Estado; la Ley 67 de 1935 en su artículo 1° estatuyó: "El ejercicio de la profesión de médico, abogado, ingeniero y sus semejantes, constituye una función social. Los profesionales serán civil y penalmente responsables, no sólo por sus actos sino también por sus omisiones en el ejercicio profesional. (Corte Suprema de Justicia, 1970).

Finalmente, la Ley 16 permitió que se expidiera el decreto que introdujo los consultorios jurídicos al ordenamiento nacional. Esta institución haría parte de un nuevo estatuto del ejercicio de la abogacía que reemplazaría al expedido por el Decreto 320 de 1970: el Decreto 196 de 1971.

La emergencia de los consultorios jurídicos

Los consultorios jurídicos en Colombia son un trasplante jurídico que se formalizó en una fecha específica. El 12 de febrero de 1971, mediante el Decreto 196, se expidió el Estatuto del Abogado. Este decreto fue expedido en el inicio de la presidencia de Misael Pastrana Borrero, quien había sido ministro de Gobierno en la administración Lleras Restre-po¹⁹. Pastrana estaba comprometido con la reforma de la educación jurídica y la judicatura iniciada en la administración inmediatamente anterior y decidió darle continuidad, entre otros, mediante este instrumento jurídico²⁰.

El estatuto se estructura en tres partes: la definición de la abogacía como una función social y la participación de los abogados en la construcción de la justicia²¹; un código de ética para los abogados que establecía las faltas a lo que se consideraba el correcto ejercicio de la profesión, las sanciones que se impondrían por su violación y el procedimiento para determinar cuándo era necesario imponerlas; y la creación de los consultorios jurídicos de pobres.

El artículo 30 del Decreto 169 es el que introduce al ordenamiento jurídico colombiano la institución de los consultorios jurídicos²². En este artículo se define la institución, sus competencias y los responsables de su administración y supervisión. El decreto afirma que los consultorios jurídicos son unidades académicas en las que los estudiantes de los últimos dos años de la carrera de derecho deberán obligatoriamente prestar servicios jurídicos a personas de bajos recursos económicos bajo la supervisión de profesores o "abogados de pobres". Estas instituciones académicas deberán ser creadas por todas las facultades de derecho y aprobadas por el tribunal superior de distrito judicial. Los estudiantes, continúa la norma, serán competentes para litigar en casos menores en materia penal, civil y laboral²³. (^{Herrán, 2013}, pp.112-114).

El concepto, estructura y competencias básicos de los consultorios jurídicos no han variado desde el momento en que se expidió el Decreto 169. Los consultorios se siguen rigiendo por sus mandatos a pesar de los varios cuestionamientos que se le han hecho a su constitucionalidad. La exequibilidad del Decreto 169 ha sido cuestionada en tres ocasiones desde la expedición de la Constitución de 1991. Los argumentos de estas tres demandas se centran en la idea de que la "justicia de pobres" viola el derecho al acceso a la justicia de las personas de escasos recursos económicos, principalmente en materia penal. Los demandantes argumentan que es inconstitucional designar a estudiantes sin título para que representen los intereses de personas que no tienen los recursos económicos para pagar por los servicios de un abogado titulado. Las tres decisiones de la Corte Constitucional sobre la materia (SU-044/95, C-071/95 y C-049/96²⁴), no obstante, declararon que el Decreto 169 se ajustaba a la Constitución. En estas sentencias la Corte argumentó que ante la falta de abogados que pudieran atender las necesidades jurídicas insatisfechas de las personas de bajos recursos económicos, los estudiantes de los consultorios jurídicos, debidamente acreditados por las universidades, constituían una alternativa constitucional para materializar los derechos al debido proceso y a la defensa (art. 29 C. P.). La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por tanto, ha contribuido a la estabilidad jurídica de la institución "consultorios jurídicos".

Asimismo, el único decreto y la única ley que tienen como objeto de regulación específico a los consultorios jurídicos (el Decreto 765 de 1977 y la Ley 583 de 2000) solo los reglamentan o modifican mínimamente. El primero se concentra en establecer los requisitos que debe tener el director y profesores del consultorio jurídico, precisar el procedimiento para solicitar su aprobación ante el tribunal superior, las condiciones bajo las cuales los estudiantes pueden reemplazar este requisito de grado cuando trabajen como funcionarios públicos y los requisitos para que el trabajo en un consultorio jurídico sea reconocido como servicio profesional para quienes hayan terminado los estudios de derecho.

La segunda afirma que el consultorio no será ya homologable por ninguna otra actividad, indica que los estudiantes deben demostrar que sus clientes son personas de bajos recursos socioeconómicos y precisa o amplia algunas de sus competencias; por ejemplo, permite que los estudiantes actúen en algunos procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y administrativos de carácter sancionatorio.

La Ley 583 también fue demandada ante la Corte Constitucional. No obstante, esta también pasó el examen de constitucionalidad hecho por el tribunal. Este declaró la exequibilidad condicionada de las nuevas competencias de los consultorios jurídicos. Para la Corte, estas son constitucionales siempre y cuando su ejercicio esté debidamente supervisado y avalado por las universidades. Al respecto señaló la Corte:

Como ya lo expresó la Corte en Sentencia anterior, los estudiantes que pertenecen a los consultorios jurídicos actúan bajo la coordinación de profesores designados para el efecto y atendiendo orientaciones del propio consultorio jurídico, que les asiste en la elaboración de alegatos sin que pueda el estudiante ejercer en forma incontrolada o carente de orientación jurídica y académica, lo cual garantiza la idoneidad de la defensa o intervención en favor de la persona que requiere de su representación. Ella -desde luego- debe ser alguien que verdaderamente carezca de recursos para acudir a los servicios profesionales de un abogado titulado, pues -según la norma impugnada- se ejerce como estudiante, pero únicamente en calidad de abogado de pobres. (Corte Constitucional, 2001).

Ahora bien, el legislador y la rama legislativa han expedido otras leyes o actos administrativos relacionados con los consultorios jurídicos. No obstante, estos solo los tocan de manera tangencial. La Ley Estatutaria de Administración de Justicia (LEAJ 270/96) conectó nuevamente los consultorios jurídicos con el derecho al acceso a la justicia²⁵.

Esta norma también fue demandada ante la Corte Constitucional. Sin embargo, el tribunal la declaró constitucional siguiendo el precedente establecido en las decisiones mencionadas arriba²⁶.

Las otras normas expedidas sobre la materia tienen como objetivo asignar más funciones a los consultorios jurídicos; entre otras, organizar centros de conciliación para contribuir a la descongestión judi-cial²⁷, formar parte de los procesos de insolvencia de personas naturales (artículos 533 y 535, Ley 1564 de 2012; Decreto 2677 de 2012), y la ampliación de las cuantías de manera que los estudiantes puedan intervenir en procesos de mayor relevancia económica o trascendencia social (artículo 25, Ley 1564 de 2012). No obstante, en ninguna de estas normas se varía la estructura de los consultorios jurídicos definida por el Decreto 169 de 1971.

Hasta la fecha el país no ha vuelto a asumir el debate que se abrió en los años 60 sobre el papel que deberían jugar los consultorios jurídicos en la educación del derecho y en la materialización del derecho al acceso a la justicia de las personas de bajos recursos económicos en el país.

Los fundamentos teóricos del trasplante y el movimiento Derecho y Desarrollo

El trasplante de los consultorios jurídicos se justificó apelando a algunas de las premisas del movimiento derecho y desarrollo. (^{Gridley y Fretz B., 1990}, pp. 783-784). El argumento central del que parte la fundamentación de esta transferencia de saber jurídico es que el desarrollo económico y la justicia social están directamente relacionados con la existencia de un sistema jurídico liberal sólido. (^{Thome, 1984}, p. 529). La existencia de un Estado liberal de derecho próspero, estable e incluyente se funda, entre otras, en un conjunto de normas que protejan la autonomía individual, una administración de justicia firme e independiente y unas reglas claras y precisas para el buen funcionamiento de la economía de mercado. Esta premisa, como puede verse, es de orden teórico. La segunda premisa es de orden empírico e indica que los niveles de desarrollo económico y justicia social en Latinoamérica eran bajos, dado que su sistema jurídico era formalista, es decir, que no podía considerarse como un ordenamiento jurídico liberal efectivo e incluyente. Mediante esta premisa empírica, el movimiento Derecho y Desarrollo aplicó su premisa teórica a Latinoamérica y llegó a conclusiones desalentadoras. (^{Trubek, 2012}).

Para el movimiento Derecho y Desarrollo, el formalismo se entendía como un concepto normativo que indica que el derecho debe ser un sistema completo, cerrado, coherente y unívoco. Este concepto de derecho era a la vez descriptivo. Los formalistas argumentan que el ordenamiento jurídico efectivamente es un sistema que tiene, al menos parcialmente, las características anotadas. El ordenamiento jurídico, para el formalista, debe ser un conjunto jerarquizado de reglas que regulan de manera cabal las distintas áreas en las que se puede dividir una sociedad. (^{Bonilla, 2013b}). En principio, por tanto, los vacíos jurídicos no deberían existir. No obstante, estos pueden efectivamente aparecer en un sistema jurídico concreto en la medida en que el legislador puede fallar en el cumplimiento de sus labores. El ordenamiento, no obstante, debe (y puede) contener las herramientas para llenar estas lagunas; por ejemplo, la analogía y los principios generales del derecho. El sistema jurídico, además, no debe estar abierto a otros sistemas normativos; entre otros, la moral secular o la religión. El ordenamiento debe proveer los instrumentos para crear y manipular los dispositivos que lo componen. El sistema jurídico debería mantener su unidad y no contaminarse de otros ordenamientos preceptivos. (^{Nino, 1997}; ^{Atienza, 2001}, pp. 277-278).

El concepto de derecho formalista también considera que el ordenamiento jurídico no debería tener antinomias. En caso de que existan por fallas del legislador, el sistema debe proveer las herramientas para disolverlas; por ejemplo, criterios de interpretación que den prelación a la norma especial sobre la general o a la nueva sobre la antigua. Finalmente, el formalismo argumenta que los mandatos del derecho deben ser claramente identificables por los ciudadanos. Las normas jurídicas deben y pueden hablar en una sola voz. En caso de que las reglas jurídicas hayan sido redactadas de manera imperfecta, el ordenamiento debe incluir reglas de interpretación que permitan cargarlas de sentido apropiadamente. El formalista, por tanto, está en primera instancia comprometido con el método exegético de interpretación. Las palabras que componen la norma jurídica deberían vehicular el mandato de manera clara y precisa. En caso de que esto no suceda por errores de técnica legislativa, el intérprete deberá poner en operación el método teleológico. Este criterio de interpretación busca precisar el fin que perseguía el órgano legislativo con la redacción de la norma. En caso de que este no permita esclarecer el mandato de la ley, el proceso de interpretación de la regla se podrá complementar con una interpretación sistemática o analógica del ordenamiento jurídico, por ejemplo. (López, 2004).

El formalismo está fundamentado en una teoría democrática que tiene como ejes tanto a la regla de mayorías como al principio de separación de poderes, entendido desde una perspectiva funcional. La regla de mayorías se entiende como el criterio central para tomar decisiones en la esfera pública. El principio de separación de poderes se entiende como un mecanismo efectivo para impedir una concentración indebida del poder público. Para alcanzar este objetivo, las ramas legislativa, ejecutiva y judicial deben estar aisladas entre sí y cumplir cada una con una única función. La primera debe concentrar el poder creador de derecho; la segunda, administrar la comunidad política siguiendo los mandatos establecidos por el derecho, y la tercera, decidir los conflictos particulares mediante el uso de normas jurídicas preexistentes (^{Kennedy, 2001}).

La caracterización que hace el formalismo de lo que debe ser (y en parte ya es) el derecho tiene también como objetivo materializar y proteger valores como la igualdad, la universalidad del derecho y la autonomía. En principio, las normas jurídicas deben regular a todos los ciudadanos; en su aplicación, casos iguales deben ser tratados de manera igual y casos disímiles de manera diferente, y los mandatos del derecho deben ser fácilmente determinables por cualquier miembro de la comunidad política. La organización en un sistema de las normas jurídicas y su redacción clara y precisa, además, protege la autonomía individual. Los sujetos podrán decidir cómo proceder sabiendo cuáles conductas están reguladas por el derecho y cuáles serían las consecuencias jurídicas de sus acciones.

El concepto de derecho formalista, además, genera y se consolida a través de una forma particular de educación jurídica. (^{Pérez-Perdomo, 2006}, pp.102-113). Para el movimiento Derecho y Desarrollo, el concepto de derecho formalista, central en la conciencia jurídica latinoamericana, crea y a la vez se reproduce a través de programas de derecho lego-céntricos, enciclopédicos, memorísticos, descontextualizados, acríticos y que giran alrededor de la clase magistral como método de enseñanza. (^{Montoya, 2009a}, pp.35-37). Estos programas se estructuran en torno a las creaciones del legislador. Los cursos de derecho tienen como objeto de estudio central a la ley. Las sesiones y evaluación giran entonces entorno a la que se considera la unidad básica del ordenamiento jurídico y las interpretaciones doctrinales más relevantes que ofrece el mercado de las ideas jurídicas. (Montoya, 2009b). En consecuencia, las materias teóricas o prácticas resultan marginales para el educador formalista. Es por ello que estos programas también están compuestos por un alto número de materias. Los estudiantes deben conocer todas las creaciones del legislador. Como en el proyecto epistemológico moderno e ilustrado, los programas de derecho deben contener todo el saber jurídico existente hasta la fecha. (Da Silva y Todescan, 2008, p. 445).

En la educación jurídica formalista, la relación entre las reglas jurídicas y los estudiantes está mediada fundamentalmente a través de la memoria. El buen estudiante es aquel que tiene la capacidad de repetir los contenidos de la ley. En esta medida, las preguntas por su legitimidad moral o política resultan irrelevantes en las clases de derecho. (Abra-movich, 1999). Estos son cuestionamientos pertinentes para otras disciplinas, como la filosofía, la sociología o la ciencia política. El estudiante de derecho debe conocer la ley, no criticarla. Asimismo, las conexiones entre derecho y la realidad social de la que surge y donde se aplica resultan extrañas para la educación formalista. Cuestiones como la eficacia del derecho o su desobediencia resultan temáticas ajenas a esta forma de concebir e implementar la enseñanza del derecho. Finalmente, el formalismo en la educación jurídica privilegia la clase magistral como método de enseñanza; promueve una relación vertical entre el profesor y el estudiante. El primero conoce el derecho y el segundo lo desconoce. El primero es un agente activo en el proceso de enseñanza; el segundo, un operador pasivo.

El tercer argumento en la línea de razonamiento articulada por el movimiento Derecho y Sociedad propone un paquete de soluciones que pueda transformar la realidad jurídica latinoamericana que se describe en su premisa empírica y que permita conseguir los objetivos normativos que su premisa teórica persigue: desarrollo económico y justicia social. (^{Trubek y Galanter,1974}, p.1062). El movimiento ofrece como producto jurídico de exportación teórico al realismo jurídico estadounidense. En particular, considera que los sistemas jurídicos latinoamericanos deberían, entre otras cosas, reconocer el carácter parcialmente indeterminado del derecho, aceptar las conexiones entre derecho y política y atender no únicamente a las reglas de papel sino también a las reglas en acción.

Para reformar la educación del derecho formalista de la región, el movimiento Derecho y Desarrollo ofrece principalmente el método socrático, el método de casos y los consultorios jurídicos. (^{Trubek y Galanter, 1974}, pp.1066-1067). Estas herramientas educativas permitirían atacar el espacio conceptual y práctico que permite la reproducción y naturalización del formalismo: las facultades de derecho. La conciencia y prácticas jurídicas latinoamericanas podrían cambiar en el mediano plazo si se transforma la institución donde se forman las nuevas generaciones de abogados. Estas reformas permitirían, además, cambiar las prácticas ritualistas y excluyentes de los sistemas judiciales latinoamericanos. Las prácticas de la judicatura se concentrarían en la sustancia y no en las formas del derecho. Los consultorios jurídicos, en particular, permitirían que los estudiantes contribuyeran a la materialización del derecho al acceso a la justicia de las personas de bajos recursos económicos. De concretarse, este objetivo contribuiría a la materialización de los derechos de amplias capas de la población y a su inclusión plena en la comunidad política.

Los agentes políticos, el trasplante y el movimiento Derecho y Sociedad

La influencia de los argumentos del movimiento Derecho y Desarrollo para justificar la transformación de la educación jurídica formalista en Colombia se concreta mediante cuatro fuentes claramente identifica-bles: las Conferencias Latinoamericanas de las Facultades de Derecho, la Asociación para la Reforma de la Educación del Derecho, la agencia USAID y la Fundación Ford. Estos cuatro operadores dieron forma al marco teórico que justificó la expedición del Decreto 196, que creó los consultorios jurídicos en el país.

Las seis Conferencias Latinoamericanas de las Facultades de Derecho que se organizaron en la región²⁸ tuvieron como fin general debatir el papel que debían jugar las facultades de derecho latinoamericanas con respecto a la justicia social y frente a la reforma de la educación jurídica formalista²⁹.La primera conferencia se organizó en México en 1959 y tuvo como propósito central hacer un diagnóstico de la enseñanza del derecho latinoamericana. La segunda se llevó a cabo en Lima en 1961 y tuvo como objeto de estudio principal la educación práctica del derecho y la creación del Instituto Latinoamericano de Derecho Comparado. La tercera se desarrolló en Santiago en 1963 y examinó las relaciones entre las facultades y la pedagogía jurídica social. La cuarta se organizó en Montevideo en 1965 y analizó los planes de estudio e investigación y los centros de asistencia jurídica gratuita. Con nueve años de intervalo³⁰ se realizaron la quinta y sexta conferencia, en Córdoba (Argentina) en 1974 y en Bogotá (Colombia) en 1976, respectivamente. En estas conferencias participaron activamente tres universidades colombianas: la Universidad Externado (en los seis seminarios) y las del Cauca y Nacional (en los últimos cinco eventos).

Las descripciones, críticas y horizontes normativos articulados en las cuatro primeras Conferencias Latinoamericanas influyeron de manera explícita y directa los decretos 970 y 971 de 1970, que reformaron la educación jurídica colombiana³¹, y el Decreto 196, que creó los consultorios jurídicos. Estos argumentos tuvieron como uno de sus principales agentes a Fernando Hinestrosa, representante de la Universidad Externado de Colombia en las conferencias y, como se mencionó arriba, ministro de Justicia del gobierno Lleras Restrepo. Esta administración, como también se indicó, fue la que lideró la reforma a la administración de justicia y la educación jurídica que concluyó, entre otras cosas, con la creación de los consultorios jurídicos en todas las facultades de derecho del país.

Las conferencias influyeron en dos aspectos centrales de la reforma de la educación jurídica en Colombia: primero, en la articulación de los principios que la sustentan. Los principios que guiarían la reforma educativa en Colombia son los mismos principios que se articulan en la primera conferencia y se reiteran en las siguientes. El conjunto de decretos que reforma la enseñanza del derecho en Colombia en 1970 recoge de manera explícita estos principios. Al respecto dijo el Ministerio de Justicia de la época:

... [Cjontierne al Congreso definir los fines sociales de la cultura, por ello el Decreto 970 contiene una declaración de principios sobre la enseñanza del derecho y la misión y las funciones de las facultades de ciencias jurídicas.Esos principios, por lo demás, son afirmaciones ideológicas y científicas que campean en el concierto universal: redactadas en la Primera Conferencia de facultades de Derecho de América Latina reunida en México en 1959, retocadas en la segunda, celebrada en Lima en 1961, han sido reiteradas en las Tercera y Cuarta Conferencias, habidas en Santiago en 1963 y en Montevideo en 1965, y sirvieron de base a declaraciones análogas en los seminarios de facultades de derecho de Colombia de 1960 y 1961. Y en lo que atañe a las orientaciones pedagógicas y metodológicas, acogen lo dispuesto en los certámenes nacionales e internacionales mencionados y en el cuarto seminario colombiano, que tuvo lugar en las postrimerías de 1968. (Ministerio de Justicia, 1971, p.18).

Estos principios cuestionan la separación entre teoría y práctica que caracteriza a los programas jurídicos latinoamericanos y sugieren la inclusión de materias que como la filosofía del derecho y la educación jurídica experiencial permitan una mejor formación de las nuevas generaciones de abogados de la región³². Al respecto señala la relatoría del seminario:

[l]as Facultades de Derecho Latinoamericanas consideran que la enseñanza de las ciencias jurídicas habrá de inspirarse en los siguientes principios: a) debe orientarse en el sentido de procurar un adecuado equilibrio en la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos, con miras a formar, al mismo tiempo, al profesional, al jurista y básicamente al investigador [...]. (Universidad Nacional de México,1959b).

Este argumento también lo articula Fernando Hinestrosa en la ponencia que presentó como representante de Colombia en la primera conferencia realizada en México. Hinestrosa cuestiona la

[a]bsoluta falta de práctica por el estudiante hasta cuando sale de la Universidad. No hay ocasión para que asista a Juzgados, concurra a oficinas profesionales. En fin, de que vaya enterándose paulatinamente de las ocurrencias cotidianas con las cuales se enfrentará bruscamente y solo cuando egrese de la facultad. Su estudio es por tanto, absolutamente teórico, ajeno por completo a toda práctica. (Universidad Nacional de México, 1959c).

Esta arista de los principios que se articularon en la primera conferencia se relaciona directamente con el temario de las conferencias siguientes y con la creación de los consultorios jurídicos en Colombia. La enseñanza jurídica experiencial sería vista en las siguientes conferencias como un instrumento para cerrar la brecha entre los aspectos teóricos, dogmáticos y prácticos de la educación jurídica³³. La segunda y la cuarta conferencias latinoamericanas, más concretamente, intentan dar solución a este problema mediante la educación jurídica experiencial.

La segunda conferencia discute y promueve las clínicas jurídicas dentro del marco de la educación práctica del derecho, su principal objeto de estudio³⁴. Para los participantes del seminario, los consultorios jurídicos son un método de enseñanza que permite que los estudiantes desarrollen habilidades y reconozcan sus obligaciones sociales³⁵. En consecuencia, la segunda conferencia estableció como principio para los estudiantes de derecho: "e) ... servir obligatoriamente en los consultorios gratuitos de asistencia jurídica para pobres y en otros organismos afines, oficiales o reconocidos por la autoridad competente". (Universidad de Chile, 1965).

La cuarta conferencia escoge como uno de sus dos objetos de estudio los consultorios jurídicos. Los participantes en el evento concluyen que Latinoamérica debería crear centros de asistencia jurídica gratuita con el fin de contribuir tanto a la mejor formación de las nuevas generaciones de abogados como a incrementar los niveles de justicia social de los países de la región. Al respecto señalan las memorias del seminario:

Sobre este punto se intenta promover: 1. Centros locales de barrio o rurales, instalados por las Facultades o por otras instituciones en sitios adecuados por sus características sociales, económicas, laborales a regionales, a fin de colaborar en la formación cívica de los habitantes, de ilustrarlos permanentemente sobre el contenido del Derecho vigente y el alcance de sus modificaciones, y de las formas legales de lograr su transformación en sentido favorable a la plena expansión de la personalidad y bienestar social. 2. La asistencia jurídica en las materias de más recurrentes casuísticas, informando sobre los recursos disponibles al efecto en la Comunidad. 3. El patrocinio en juicio, con carácter gratuito para las personas de escasos recursos en las materias mencionadas en el apartado precedente, colaborando con los servicios jurídicos que mantiene el Estado con los mismos fines. (Universidad de Chile, 1965).

Ahora bien, las acciones de los otros tres operadores que influyen en la creación de los consultorios jurídicos en Colombia se entrecruzan. El trabajo realizado por la ARED, la Fundación Ford y la USAID van de la mano en esta materia. La ARED fue articulada con el apoyo económico y asesoría de la USAID y la Fundación Ford. La ARED fue constituida a mediados de julio de 1969 (Ministerio de Educación Nacional, 1969) en el marco de la llamada Alianza para el Progreso³⁶ por cuatro universidades colombianas: Antioquia, Externado, Cauca y Andes (la Universidad del Rosario se unió posteriormente a la organización)³⁷. No obstante, la Universidad de los Andes jugó un papel particularmente dinámico en su constitución y en el desarrollo de sus actividades. Los propósitos de esta universidad coincidían tanto con los fines de la organización como con los de la Fundación Ford (^{Gridley y Burton, 1990}, pp. 786-787), que contribuiría financieramente tanto a la creación y consolidación de la universidad de los Andes como a las de la ARED (^{Otero y Jiménez, 2010}).

Desde sus inicios en 1968 Uniandes promovió metodologías alternativas de enseñanza y espacios de servicio social y aprendizaje práctico como los consultorios jurídicos³⁸. En ejercicio de su tarea de internacionalización, además, la universidad coincidió con la iniciativa que tenía por la época la Fundación Ford de llevar a cabo proyectos de desarrollo y cambio social en Suramérica³⁹. Al respecto señala el primer decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes:

Los intereses de la Ford y los de la facultad coincidían en muchos temas como la preparación de profesores en la cátedra activa, la elaboración de materiales de enseñanza para poder llevarla a cabo, y la posibilidad de hacer futuras creaciones de consultorios jurídicos. Fue así como conocimos a su director en Colombia, William Cotter, de cuyo encuentro salió la idea de incluir otras facultades de derecho del país y de formar una asociación con objetivos comunes entre las universidades de Antioquia, Cauca, Externado, Nacional y naturalmente, Los Andes. Con este espíritu se creó la Asociación para la Reforma de la Enseñanza del Derecho, ARED. Su sede fue en nuestra facultad, en un cuarto cerca de la antigua capilla, sus presidentes eran rotativos y su primer secretario el suscrito. Hicimos Viajes a Chile, para observar cómo estaban allí reformando la enseñanza del derecho, y también a la Facultad de Derecho de Río Piedras en Puerto Rico para observar cómo operaba el sistema del consultorio jurídico en un país de derecho Civil. (^{Restrepo, 2011}, p. 6).

Los objetivos principales de la ARED, como puede verse, estaban directamente relacionados con el cuestionamiento y erradicación del formalismo jurídico de las facultades de derecho colombianas. Para esta organización, uno de los medios más poderoso para alcanzar este fin era la educación jurídica experiencial, que permitiría tender puentes entre teoría, dogmática y práctica del derecho. Otros instrumentos para alcanzar este mismo objetivo serían los métodos de enseñanza activos y la investigación sociojurídica. La agencia de cooperación estadounidense resume de manera precisa los fines y medios de la ARED:

A. Incrementar el rigor analítico y la relevancia social de la educación jurídica en Colombia.B. Acercar mas estrechamente a los estudiantes y profesores de derecho a los problemas reales del derecho colombiano, particularmente mediante la investigación empírica y las actividades que como los servicios jurídicos gratuitos (legal aid) son adelantadas por estudiantes . El éxito de las reformas en las escuelas participantes [agrega la USAID], puede servir como base desde la cual estas se podrían extender a las restantes doce facultades de derecho colombianas. (USAID, 1970, p. 3).

Estos fines se articulan a partir tanto de las experiencias de las universidades participantes con la educación jurídica del país (no hay que olvidar, además, que la Universidad Externado y la Universidad del Cauca participaron en las Conferencias Latinoamericanas para la reforma del derecho) como del diagnóstico del sistema legal colombiano realizado en la época por la Fundación Ford. Para esta organización:

El funcionamiento defectuoso del sistema jurídico es en gran medida el resultado de la actuación insatisfactoria de los abogados colombianos, a quienes no solo les falta competencia técnica sino comprender que el derecho debe usarse como un instrumento para resolver los problemas prácticos que surgen de las necesidades actuales de la sociedad colombiana. La principal razón para estas deficiencias es que el sistema de educación jurídica actual se ve negativamente afectado por la [mala] preparación de los estudiantes y profesores y por el énfasis en la memorización de conceptos antes que en el desarrollo del pensamiento analítico o técnicas investigativas. (USAID, 1970, p.3).

Los objetivos de la ARED, asimismo, se identificaban con los fines que perseguía la agencia de cooperación internacional estadounidense. La USAID, aplicando las políticas articuladas por la Alianza para el Progreso, la USAID buscaba contribuir al desarrollo económico de la región mediante la transformación del sistema jurídico colombiano. (USAID, 1970, p.3). Para la materialización de estos fines se firmó un contrato de cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno colombiano; este último representado por el Departamento Administrativo Nacional de Planeación. Para la USAID,

El sistema legal de un país juega un papel integral en el desarrollo económico y social, bien puede o ayudar a fomentar el proceso de desarrollo o ser más bien un obstáculo. El rápido desarrollo económico logrado por Colombia en los últimos años hace imperativo que el sistema legal del país esté a la par y que la ley sea vista como instrumento de progreso que ayuda a solucionar problemas prácticos característicos de las necesidades presentes de la sociedad colombiana. El entrenamiento de abogados obviamente afecta no solamente el desarrollo y funcionamiento del sistema legal, sino también muchas facetas del desarrollo económico y social del país. (USAID, 1970, p.3).

Ahora bien, los consultorios jurídicos fueron uno de los medios más efectivos mediante los cuales se concretaron los fines que perseguían la USAID, la ARED y la Fundación Ford. Estos espacios de educación ex-periencial empezaron a funcionar con voluntarios en las universidades de la ARED siguiendo el modelo de las clínicas de asistencia jurídica de los Estados Unidos. (^{Sarat, 1990}).

La primera universidad en abrir un consultorio fue la universidad de Antioquia en 1968, seguida por las universidades Andes, Santo Tomás, Externado y Cauca, durante los años 70⁴⁰. Estos consultorios iniciaron sus actividades asesorando jurídicamente a individuos de bajos recursos económicos. Los consultorios no tenían en ese momento la capacidad legal para actuar antes los tribunales. No obstante, muy prontamente ampliaron sus actividades hacia la pedagogía en derechos mediante actividades didácticas organizadas con comunidades vulnerables y su participación en programas de televisión educativa. Al respecto señala la USAID:

Los programas de asistencia jurídica gratuita (legal aid programs). Cuatro de las cinco facultades (el Rosario es la excepción) tienen programas de asistencia jurídica gratuita. El énfasis de estos programas ha cambiado de proveer asistencia jurídica al individuo de bajos recursos socioeconómicos a diseminar información jurídica en el público. El canal local de televisión educativa ha sido usado para este fin. En opinión del representante de la fundación Ford, en aproximadamente tres años ARED estará intensamente involucrada en los servicios jurídicos gratuitos al trabajar en casos de prueba y sus centros operarán de la misma manera que los centros de asistencia jurídica gratuita en los Estados Unidos. (USAID, 1970, p.4).

El funcionalismo, las élites y el trasplante jurídico

Las élites políticas y jurídicas que promovieron la transferencia de los consultorios jurídicos estaban comprometidas implícitamente con una metodología funcionalista. El funcionalismo en el derecho comparado argumenta que los trasplantes jurídicos han sido uno de los principales motores de cambio jurídico en el mundo. (^{Watson, 1974}). Los funcionalistas explican este fenómeno apelando tanto a la universalidad de los problemas humanos como a la eficiencia. (Watson, 2000). Las sociedades, argumentan los funcionalistas, enfrentan retos similares que se solucionan en ocasiones a través de mecanismos diferentes. La forma más eficaz que tiene una colectividad para enfrentar un problema particular es conocer las estrategias exitosas que otras comunidades han articulado con este fin. (^{Monateri, 1997}). Una vez la colectividad determina cuál es la mejor alternativa disponible en el mercado de las ideas jurídicas procede a importarla. Este proceso de transferencia de conocimiento jurídico les permitiría ahorrar recursos escasos valiosos; entre otros, económicos, tiempo y energía. (^{Tushnet, 1999}, pp.1225 -1239).

Los productos que se importan pueden ser muy diversos: desde reglas y principios jurídicos hasta teorías y doctrinas, pasando por prácticas y saberes jurídicos informales. Este proceso, además, puede darse en un momento específico claramente identificable o puede materializarse a través de procesos de largo aliento difícilmente perceptibles. Finalmente, los funcionalistas argumentan que los trasplantes son típicamente promovidos por las élites tanto de los sistemas jurídicos exportadores como importadores. (^{Watson, 2000}, p.3). Estas élites enfatizan en el carácter técnico de los trasplantes y en la universalidad de los problemas que pretenden resolver. En consecuencia, ignoran o marginan las culturas a las que pertenecen los productos jurídicos transferidos. La relación entre cultura y derecho es, para los funcionalistas, tenue. (^{Bonilla, 2009}, pp. 23-28).

El caso de los consultorios jurídicos trasplantados desde Estados Unidos a Colombia hace explícita y fundamenta la teoría funcionalista. Las élites políticas y jurídicas estadounidenses y colombianas decidieron exportar e importar un conjunto de prácticas jurídicas que permitirían enfrentar, en conjunto con otros productos jurídicos, los problemas de justicia social y desarrollo económico que tienen todas las democracias liberales, entre ellas la colombiana. En particular, los consultorios jurídicos contribuirían a enfrentar el déficit en la materialización del derecho a la justicia de las personas de bajos recursos socioeconómicos que tiene Colombia y que Estados Unidos había enfrentado con anterioridad. Del mismo modo, estas instituciones académicas podrían atacar las debilidades de un sistema educativo que reproduce un concepto formalista del derecho, que se había convertido en un obstáculo tanto para la prosperidad económica como para la inclusión plena de todos los miembros de la comunidad política. El trasplante en este caso tiene una dirección Norte-Sur. Tanto geográfica como políticamente, este trasplante proviene de un país que se considera un contexto fuerte de producción de conocimiento jurídico y se recibe por parte de un país que históricamente se ha considerado un contexto de reproducción y difusión de saber jurídico creado en otras latitudes. No obstante, el trasplante pudo haber venido desde cualquier otra dirección. El mercado de las ideas jurídicas, se asume por parte del funcionalismo, es multidireccional. (^{Bonilla, 2015}, pp. 32-39).

Los clientes y los casos habituales

Los clientes de los consultorios jurídicos son personas de bajos recursos socioeconómicos⁴⁴. Los servicios que ofrecen estas instituciones para satisfacer sus necesidades jurídicas giran en torno al litigio o asesoría legal individual. El 72 % de los usuarios de los consultorios jurídicos sondeados pertenece al estrato socioeconómico 1 y el 28 % al 2. La atención a personas de estrato 3 es poco frecuente; en los casos que se permite es porque el consultorio jurídico establece mediante una encuesta socioeconómica que la situación de la persona es de insolven-cia⁴⁵. Ahora bien, la situación socioeconómica de los clientes no es la única variable que los hace vulnerables. En muchas ocasiones, esta se entrecruza con otros factores que los colocan en una doble condición de vulnerabilidad. Es muy frecuente que los usuarios sean mujeres (67 %) o que sean adultos mayores (72 %). No obstante, entre los encues-tados es poco o nada frecuente evidenciar vulnerabilidades asociadas con la pertenencia a sectores como el LGBTI o con el estado etario de niñez y adolescencia⁴⁶. Estos últimos son representados por sus madres en los casos de inasistencia alimentaria.

Los servicios que ofrecen los consultorios jurídicos se concentran en la asesoría y trámite de procesos de primera instancia en asuntos civiles, de familia, penales, laborales y de seguridad social⁴⁷. Asimismo, se asesora o realizan procesos en cuestiones administrativas y constitucionales. En esta área el trabajo gira en torno a la elaboración de derechos de petición y el agotamiento de la vía gubernativa, así como la redacción y trámite de acciones de tutela y populares.

Las contrapartes más usuales de los procesos o trámites efectuados por los consultorios jurídicos son los empleadores, seguidos de personas naturales que tienen a su cargo una determinada obligación civil, arrendatarios, empresas promotoras de salud (EPS) e instituciones prestadoras de salud (IPS), el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), autoridades gubernamentales y Colpensio-nes. En menor medida se demanda a entidades del sector financiero.

En promedio, cada uno de los consultorios jurídicos encuestados atiende entre 120 y 550 usuarios mensualmente. El número de clientes varía por factores como el tamaño de la Facultad de Derecho, la ubicación del consultorio, su capacidad de acción en zonas distintas de donde se ubica su sede principal y al uso de tecnologías de la información (la estrategia del Consultorio Jurídico Virtual permite que el número promedio de usuarios se doble). En conjunto, los consultorios jurídicos sondeados atienden 7779 usuarios mensualmente.

Los procedimientos

Los procedimientos establecidos por los consultorios jurídicos se estructuran de manera que puedan servir eficientemente a individuos y no, por ejemplo, a grupos sociales o causas sociales relacionadas con un problema social estructural. No obstante, excepcionalmente, se tramitan casos de interés público mediante acciones populares. Los interesados en los servicios del consultorio jurídico pueden solicitar una cita directamente en la secretaría de la institución (54,3 %), vía telefónica (10,8 %), a través de la página web del consultorio en aquellos casos en los que este existe la modalidad virtual (10,8 %) o enviando un correo electrónico (8,1 %). También lo pueden hacer a través de las inspecciones de policías de los corregimientos, los juzgados y fiscalías municipales, y los entes de control como la Defensoría (16,2 %). Estas instituciones continuamente remiten casos a los consultorios jurídicos⁴⁸.

Cuando el usuario acude a la cita en el consultorio jurídico es atendido por un estudiante de derecho que generalmente cursa el último año de la carrera⁴⁹. El estudiante toma nota de los hechos que motivan la consulta y clasifica el caso en una de las áreas de atención del consultorio, civil, penal o laboral, por ejemplo. Igualmente, valora si se trata de un trámite judicial respecto al cual el consultorio jurídico es competente o si se trata de un caso de asesoría legal que puede resolverse en la cita misma, o a través de un concepto⁵⁰. En la mayoría de los casos, el usuario debe regresar al consultorio jurídico luego de esta primera reunión con el estudiante. En el intervalo entre una y otra cita, el estudiante al que se le asigna el caso lo estudia y formula la estrategia jurídica, que es revisada por el asesor de área correspondiente. Para los entrevistados, la interacción entre los estudiantes y los clientes es parte fundamental del trabajo que se hace en el consultorio jurídico. En este proceso los estudiantes se concientizan de sus responsabilidades sociales al mismo tiempo que ponen en práctica los conocimientos de su carrera y ayudan a poblaciones vulnerables a materializar su derecho fundamental al acceso a la justicia. Una vez termina el proceso o la asesoría, la mayoría de los consultorios implementa mecanismos para recibir la opinión del cliente con respecto a la atención recibida. Los principales instrumentos para alcanzar este objetivo son el diligencia-miento de una encuesta de satisfacción y el buzón de sugerencias (33 % cada uno), seguido por el diálogo directo con el usuario (28 %).

¿CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL PAPEL FUNDAMENTAL DELOS CONSULTORIOS JURÍDICOS?

Los profesores

Los profesores de los consultorios jurídicos son principalmente litigantes sin experiencia en docencia en cursos de dogmática o teoría jurídica. La variable más relevante para la selección de los asesores de área en estas instituciones es la experiencia en litigio. Para los consultorios es fundamental que sus docentes tengan conocimientos prácticos relacionados con la administración de justicia. (^{Lasso, 2014}). Los consultorios justifican la necesidad de asesores-litigantes por las características de los casos que llevan de forma recurrente los estudiantes y las formas propias de los procesos que se llevan a cabo ante la administración de justicia en Colombia. Así, los asesores que se contratan deben conocer detalladamente las normas procesales y sustanciales aplicables a los casos recurrentes y las reglas informales que se aplican en los juzgados; entre otras, trámites administrativos en los juzgados, tiempos reales de su funcionamiento, requisitos extralegales que impone un juez en su despacho y formas de interacción con los funcionarios de los despachos⁵¹.

Ahora bien, los mecanismos de contratación de los asesores-litigantes varían de acuerdo con las políticas internas de las universidades, su presupuesto, la demanda que tenga el consultorio y el número de estudiantes. No obstante, en las entrevistas se logró precisar que el mecanismo privilegiado por las facultades de derecho para vincular a sus profesores de consultorio jurídico es el contrato laboral de hora cátedra⁵². Algunas facultades de derecho también usan los contratos laborales de medio tiempo o tiempo completo (fundamentalmente para vincular a los asesores que tienen funciones de coordinación) y los con tratos de prestación de servicios. Son pocos los consultorios jurídicos que cuentan con asesores que además sean profesores de planta de los programas de derecho. Cuando esto ocurre, el número de horas que estos profesores le pueden dedicar al consultorio es limitado: trabajan de dos a seis horas semanales atendiendo un número considerable de estudiantes, número que varía de acuerdo con la universidad. En los consultorios pequeños (entre 30 y 150 estudiantes) cada asesor supervisa de 5 a 15 estudiantes, mientras que en los más grandes (entre 200 y 400 estudiantes) supervisan entre 20 y 40 estudiantes. En estos últimos, los estudiantes tramitan de 5 a 22 procesos judiciales y redactan entre 15 y 20 conceptos jurídicos cada uno⁵³.

Esta situación laboral también afecta a los directores de los consultorios jurídicos. Solamente el 30 % de los CJ participantes en la muestra tiene directores vinculados tiempo completo y con dedicación exclusiva a la universidad, como lo exige el decreto que reglamenta estas instituciones académicas. Algunos de los directores entrevistados han sido contratados por prestación de servicios⁵⁴ o por veinte horas semanales de cátedra⁵⁵. Los consultorios jurídicos, además, usualmente no contratan monitores de área que puedan colaborar con la tarea de vigilancia de los procesos y el cumplimiento de las tareas de los estudiantes.

Las entrevistas muestran que la precariedad en la contratación de los asesores-litigantes se puede explicar por las restricciones presupuestales que tienen los consultorios⁵⁶ y por la poca importancia que les dan las facultades de derecho a los espacios de educación experiencial. En palabras de una entrevistada:

Tenemos un gran problema, que creo que es de todas las universidades públicas: el tema presupuestal. Para la universidad se genera un gasto y no ven la función social. Si se le piden más docentes, pues te contestan que no porque eso genera un costo. La labor del asesor del consultorio no se valora como la de docencia, aunque es mucho más pesada. (Ramírez, 2014).

Esta precariedad laboral, además, dificulta la materialización de los objetivos pedagógicos y de justicia social que persiguen los consultorios. Por un lado, la alta carga de trabajo de estos asesores-litigantes, debido al alto número de estudiantes que cada uno de ellos debe supervisar y las cargas administrativas que muchos de ellos deben asumir, hace que sus prácticas tiendan a volverse rutinarias. Las prácticas dentro del consultorio tienden a reiterarse sin que se haga una continua evaluación sobre los efectos que tienen sobre los procesos educativos de los alumnos y sobre los casos y clientes que estos asesoran. Estas circunstancias laborales también limitan las posibilidades que tienen los asesores-litigantes de reflexionar críticamente sobre su quehacer y de articular estrategias innovadoras que puedan contribuir a la producción de cambios estructurales tanto en la enseñanza del derecho como en la protección del derecho al acceso a la justicia.

Para muchos de los entrevistados, por ejemplo, la práctica del derecho en el consultorio por sí misma constituye una estrategia para combatir el formalismo. (^{Chamorro, 2014}). Esta perspectiva pierde de vista que la práctica del derecho puede también ser formalista y que, de hecho, muchas de las actividades que realizan los consultorios son una forma de reproducir este concepto de derecho; por ejemplo, la memorización de los códigos, el uso continuo y acrítico de formatos para redactar las demandas y la valoración positiva de los tecnicismos a los que acuden los litigantes para alcanzar sus objetivos ante los tribunales. Estas prácticas ritualistas y legalistas reproducen las condiciones de la práctica judicial típica y, por tanto, buscan formar a un estudiante que las valore y las ponga en práctica en el futuro. Varios de los entrevistados reconocen esta situación y critican tanto a los consultorios jurídicos como a los programas de derecho a los que pertenecen. Según estos profesores, unos y otros carecen de materias o actividades que permitan a los estudiantes comprender los problemas estructurales de la sociedad colombiana y los dilemas éticos del ejercicio de la abogacía, así como adquirir las competencias necesarias para la resolución novedosa de los problemas jurídicos que tienen que enfrentar diariamente. (Grupo focal 3, 2014).

Pare estos entrevistados, los consultorios deberían, por tanto, abrirse a nuevas áreas de acción, como la atención a víctimas del conflicto armado, la pedagogía en derechos con usuarios frecuentes de consultorio y el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. (Grupo focal 2, 2014). No obstante, desde su perspectiva, estas líneas de trabajo no se pueden articular debido al anquilosamiento de la legislación que regula las competencias de los consultorios jurídicos. Para los entrevistados es necesario que se produzca una actualización de las normas jurídicas que regulan estas instituciones. No obstante, ven con escepticismo que esto sea posible, dado que el Ministerio de Justicia históricamente se ha preocupado muy poco por los consultorios jurídicos y los pocos espacios de discusión sobre el tema han sido controlados por asociaciones que solo representan a algunas pocas instituciones universitarias. (Grupo focal 1, 2014).

Por otro lado, las condiciones laborales de los asesores-litigantes hacen que su vínculo con las otras actividades educativas que realiza la universidad sea tenue y que los profesores de planta de las facultades tiendan a ignorarlos, marginarlos o a crear nexos débiles con ellos y sus unidades académicas. Esta distancia entre profesores del consultorio y los profesores de planta de las facultades de derecho no es solo ideológica y personal, también es geográfica. La mayoría de consultorios se ubican por fuera de las universidades, lo cual dificulta aun más la participación de los asesores-litigantes en las dinámicas de la vida universitaria. Los estudiantes, además, perciben esta distancia rápidamente al llegar a los consultorios jurídicos. De ahí que muchos de ellos sientan que estos son una isla dentro de un programa que gira en torno a la dogmática jurídica o que son unidades académicas que no tienen ningún valor. De acuerdo con algunos entrevistados, hay estudiantes que perciben el consultorio jurídico como "un relleno" en el programa (^{Villamil, 2014}) o como una carga indebida. (^{Floréz, 2014}).

Ahora bien, es importante señalar que algunos consultorios jurídicos han hecho muy valiosos intentos por transformar las prácticas formalistas que dominan una parte notable de los espacios de educación experiencial en el país. Estos intentos desafortunadamente son la excepción y, por lo general, han sido iniciativas de los asesores-litigantes y de los estudiantes de los consultorios jurídicos. En ocasiones las facultades han prestado un apoyo claro y preciso para su materialización; no obstante, en otras ocasiones solamente han aceptado implícita o explícitamente su realización. Entre estas experiencias se puede citar la del consultorio jurídico de la Universidad de Caldas, que ofrece apoyo para la legalización y titularización de predios de pequeños productores de Caldas localizados en los municipios aledaños a Manizales. Mediante este proyecto, el consultorio logró movilizar actores políticos en torno al tema de tierras y recursos estimados en 200 millones de pesos. (^{Taborda, 2014}). Asimismo, se puede mencionar el programa de consultorio rural articulado por el consultorio de la Universidad de Antioquia que actualmente opera en los municipios de El Carmen de Viboral, Sonsón, Titiribí, Salgar, Támesis y el Resguardo Indígena de San Lorenzo en el departamento de Caldas. Este programa cuenta con el apoyo de 6 asesores docentes y 36 estudiantes de derecho. (Monroy, 2006, 2007). Finalmente, vale la pena mencionar que el consultorio jurídico de la Universidad Pedagógica de Tunja ha abierto espacios para la discusión académica y política de temas sensibles como el acceso a los servicios de salud y ha participado en programas de la emisora universitaria para realizar pedagogía en derechos. (^{Floréz, 2014})⁵⁷.

Es así como se puede afirmar que el presente de los consultorios jurídicos no es diferente de su pasado. Las dinámicas de los consultorios, su práctica, han sido fundamentalmente las mismas durante sus 45 años de existencia⁵⁸. La gran mayoría de los consultorios jurídicos son lugares donde se prestan servicios jurídicos gratuitos a personas de bajos recursos socioeconómicos⁵⁹; estos servicios se centran en el litigio o asesoría individual; están controlados por profesores-litigantes cuyo objetivo es formar nuevas generaciones de abogados que manejen y reproduzcan los conceptos y prácticas dominantes de la administración de justicia del país⁶⁰; y los clientes no juegan ningún papel en la articulación o desarrollo de los servicios de los que se benefician. De ahí que sean espacios académicos permeados por prácticas formalistas y asistencialistas, y cuyas directivas carecen del capital político⁶¹ y la formación en pedagogía de la enseñanza experiencial del derecho para liderar reformas estructurales.

Las clínicas de derecho de interés público: ¿la transformación progresista del trasplante?

La única novedad en la historia estable y sin sobresaltos de los consultorios jurídicos colombianos es la creación de las clínicas de interés público. Estas clínicas también surgen como consecuencia del intercambio de saber jurídico entre Colombia y Estados Unidos. Las clínicas colombianas se nutren de la experiencia que han tenido las clínicas de derecho estadounidenses que se han apartado del modelo tradicional del legal aid. (^{Courtis, 2007}). Desde un punto de vista normativo, estas instituciones surgen en el país con el objetivo de complementar el trabajo de tipo individual que hacen los consultorios jurídicos. Las clínicas tienen como fin contribuir a la solución de problemas sociales estructurales a través del derecho. (^{Wilson, 2007}). Consecuentemente, buscan atacar las causas que generan los problemas recurrentes de los clientes típicos de los consultorios jurídicos.

Ahora bien, las clínicas colombianas también surgen por razones estratégicas: son una forma eficiente de usar los recursos disponibles en las facultades de derecho para enfrentar algunos de los problemas sociales de los que se ocupan sus consultorios; ofrecer a sus estudiantes un espacio de educación experiencial innovador⁶²; especializarse para competir en el mercado de usuarios de consultorios jurídicos y así visibilizar a la institución; y posicionarse en el mercado de la educación jurídica como una institución que realiza actividades de alto impacto social como consecuencia de su notable compromiso con la comunidad política. (^{Castro, Espejo-Yaksic, Puga y Villarreal, 2013}). Algunos directores de consultorio jurídico entrevistados coinciden con esta afirmación, ampliándola:

El trabajo entre el consultorio jurídico y la clínica está muy articulado. Nosotros trabajamos de la mano. ... El trabajo de la mano ha traído unas ventajas muy importantes porque el impacto social y la labor social que cumple la universidad a través del consultorio jurídico se ha visto ampliada. Así mismo, hemos adquirido un buen nombre, ha sido muy conocido porque la facultad de derecho es muy nueva y mucha gente no estaba al tanto ni siquiera que existiera un consultorio jurídico. (^{Lasso, 2014}).

La información empírica recogida muestra que un alto porcentaje de las facultades de derecho sondeadas han creado clínicas de derecho de interés público. El 75 % de las universidades participantes tiene clínicas jurídicas. Estas trabajan en temas muy variados, que van desde los derechos del consumidor, las minorías sexuales, las minorías culturales hasta la defensa de los derechos colectivos, población víctima del conflicto armado, población habitante de calle, adultos mayores y población con discapacidad⁶³. Las actividades que realizan las clínicas para alcanzar sus objetivos de justicia social son también de diversa índole: desde la asesoría individual en los casos vinculados directamente con los derechos de poblaciones vulnerables (83 %) hasta el litigio estratégico (62,5%), pasando por la pedagogía en derechos (68,8 %). Algunas pocas clínicas desarrollan actividades de asesoría legislativa (6,3 %); por ejemplo, redacción de proyectos de ley, cabildeo en el Congreso para promover propuestas de interés público o producción de conceptos para evaluar proyectos de ley que desarrollan o ponen en cuestión el interés público. La variedad de temas que pueden ser abordados y la diversidad de estrategias que articulan las clínicas para enfrentarlos se explica por el alto grado de generalidad de las normas que regulan los consultorios jurídicos⁶⁴. Las clínicas ni siquiera se mencionan en este conjunto de reglas y principios. No obstante, estas instituciones son coherentes con los objetivos pedagógicos y de justicia social que los consultorios jurídicos deben tratar de alcanzar según esas normas jurídicas; en este sentido, las clínicas son otra forma de materializarlos, debido al alto grado de discrecionalidad para concretar los objetivos pedagógicos y de justicia social que la norma les impone.

Ahora bien, esta ampliación y variación de los servicios legales que prestan ha exigido la consecución de recursos económicos por fuera de la universidad. Esta necesidad ha sido especialmente apremiante cuando el servicio que se ofrece tiene como objetivo beneficiar a poblaciones que habitan por fuera del perímetro urbano en donde generalmente se ubican las clínicas jurídicas. Para conseguir estos recursos, las clínicas han generado alianzas con organismos estatales⁶⁵ o han buscado financiación en fundaciones internacionales o instituciones académicas estadounidenses. Las facultades de derecho, como regla general, no han invertido los recursos económicos necesarios para hacer viables los objetivos que persiguen las clínicas de derecho de interés público.

Ahora bien, a pesar de las grandes potencialidades de las clínicas jurídicas, estas corren el riesgo de ser cooptadas por el asistencialismo y el formalismo que ha dominado la educación jurídica experiencial colombiana. Por un lado, la información empírica recogida muestra que algunas de las clínicas jurídicas fundadas en el país son controladas por los profesores-litigantes de los consultorios jurídicos. En esta medida, aunque el tipo de casos que lleva uno y otro espacio académico puede variar, los métodos pedagógicos y el enfoque jurídico para realizarlos no lo hacen. Los profesores-litigantes tradicionales generalmente no conocen la teoría y práctica de las clínicas de derecho de interés público. No obstante, se sienten atraídos por la visibilidad institucional y personal que se puede alcanzar con el trabajo clínico o por la novedad o actualidad de la institución. Los profesores y las facultades de derecho no se quieren quedar por fuera del tren de la innovación jurídica. De hecho, representantes de Acofade no han dudado en afirmar que las clínicas jurídicas son el futuro de los consultorios e incluso han pensado en su reglamentación. (Molina, 2016).

Por otro lado, algunas clínicas han sido fundadas por profesores de derecho no tradicionales que buscan explotar las riquezas de la educación jurídica experiencial. No obstante, el trabajo de estas clínicas se concentra en casos de litigio o asesoría individual como los que típicamente llevan los consultorios jurídicos. Ahora bien, estos casos se llevan a cabo haciendo uso de recursos pedagógicos y perspectivas jurídicas coherentes con los fines que persiguen estas instituciones. (Castro, 2006). Sus profesores cuestionan tanto el formalismo como el asis-tencialismo de los consultorios jurídicos. Sin embargo, estas clínicas de derecho de interés público solo lo son de nombre: son un espacio análogo al del consultorio jurídico. La única diferencia es que cumplen adecuadamente con sus propósitos normativos. Esta estrategia académica y política genera dos consecuencias negativas: les quita atención a los consultorios jurídicos y, por ende, hace menos probable su transformación y hace que las facultades de derecho no hagan un uso eficiente de sus recursos escasos: invierten dinero, tiempo y energía en dos instituciones similares para alcanzar metas similares.

No obstante, es importante notar que existen clínicas jurídicas que han logrado explorar con éxito el campo del interés público pero lo han hecho de forma aislada al trabajo de los consultorios jurídicos. Así, por ejemplo, el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario logró la protección del derecho a la consulta previa de la comunidad raizal en San Andrés Islas mediante un trabajo comunitario y jurídico⁶⁶. (Güiza, Suárez, Londoño,Toro y Rodríguez Barajas, 2015); el Grupo de Litigio e interés Público de la Universidad del Norte intervino en escenarios internacionales para la protección del "Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta," localizado en el departamento de Magdalena⁶⁷; y la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín logró la protección de la microcuenca "La Picacha" a través de una acción popular.

Finalmente, las clínicas jurídicas colombianas no han logrado consolidar una red efectiva de trabajo o crear un discurso rico y matizado para describir y evaluar sus estructuras y dinámicas. Si bien existe literatura sobre clínicas jurídicas, esta aún no es lo suficientemente robusta para la comprensión teórica del fenómeno de este tipo de enseñanza del derecho, sus implicaciones y requerimientos. Para que haya una práctica clínica coherente con sus objetivos pedagógicos y que tenga un verdadero impacto en los niveles de justicia social en el país es necesario que se construyan herramientas teóricas que puedan dar cuenta y guiar su trabajo. La buena práctica debe estar teóricamente informada; la buena teoría debe estarlo por la práctica.