Introducción
A lo largo del conflicto armado colombiano se han reconocido alrededor de 10 millones de personas como víctimas, de las cuales, casi el 50% son mujeres, y un 10% del total son afrocolombianos 1. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia, entre los años 1985 y 2016 se presentaron cerca de 12.499 casos de violencia sexual contra las mujeres, 1.152 de estas afrocolombianas, perpetrados en su mayoría por grupos de paramilitares, seguido de la guerrilla, agentes del estado, grupos armados post desmovilización (GAPD), entre otros 2. Durante casi 60 años, el fenómeno de conflicto armado en Colombia se ha caracterizado por un sinnúmero de crímenes de lesa humanidad, entre los que destacan el desplazamiento forzado, homicidios ilegítimos, torturas, amenazas, despojo de tierras, desapariciones y secuestros, así como abusos sexuales entre otros crímenes 3.
La violencia sexual ha sido una estrategia empleada para disputa sobre el control territorial de las zonas más marginales y olvidadas por el estado, como lo son las zonas rurales y veredales con gran asentamiento de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, siendo el grupo más vulnerables los adolescentes, niñas, niños y mujeres 4)(5)(6. En particular, las mujeres afrodescendientes han sido sometidas a tratos inferiores, explotadas y abusadas para ser catalogadas como “trofeos de guerra” y debilitar a los hombres del grupo enemigo. Por esto, La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), ha manifestado que el conflicto armado ha tenido un impacto diferente en las mujeres en comparación con los hombres, a pesar de que a ambos se les han violados sus derechos humanos 7.
Aunque organizaciones como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y organizaciones de la sociedad civil en Colombia, han indagado y documentado las diferentes maneras en que los derechos de las mujeres han sido vulnerados en el contexto del conflicto armado, las pocas denuncias, especialmente en casos relacionados con el conflicto, sumado al hecho de que las instituciones del estado no disponen de estadísticas precisas, imposibilitan evaluar el alcance de estos hechos 3)(8.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) señala que los daños emocionales y psicológicos han sido sustanciales para las mujeres afrodescendientes, pues las experiencias que han tenido que vivir a causa del conflicto armado les han dejado huellas difíciles de sanar. Tal evaluación, refleja el bienestar psicológico, la calidad de vida y el apoyo social percibido 9)(10)(11.
Cartagena es una ciudad con alto índice de pobreza y desigualdad social, con gran asentamiento de población afrocolombiana víctima del conflicto armado proveniente de distintos municipios de la costa caribe y pacífica. Las condiciones de extrema pobreza acentúan la vulnerabilidad de las mujeres y los grupos poblacionales étnicos que han estado marcados por fenómenos históricos de exclusión social, discriminación y racismo, ampliando las brechas entre estos grupos con el resto de la población colombiana. Estas características y condiciones, los ubican en una situación de desventaja y con menores posibilidades de reivindicación de sus derechos que tradicionalmente han sido vulnerados 12.
Teniendo en cuenta el contexto anterior, resulta oportuno que la evaluación psicosocial del fenómeno de violencia sexual no sea generalizada y se abra a una perspectiva clara y enfocada sobre una población específica y que esto permita entender que la violencia sexual es diferencial y que afecta de una manera específica a una población, con el fin de diseñar e implementar una adecuada red apoyo de salud, socioeconómica y psicosocial. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar el fenómeno de violencia sexual, condiciones de vida y sintomatología psiquiátrica en la mujer afrocolombiana víctima del conflicto armado en Cartagena, Colombia.
Materiales y métodos
Diseño del estudio y participantes
Estudio prospectivo de corte transversal, tipo encuesta poblacional, realizado entre septiembre de 2019 y marzo del 2020, en la ciudad de Cartagena, Colombia; en mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, localizadas a través de la base de datos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Cartagena, además de contactos entre las participantes. Se identificaron las potenciales participantes del estudio, a quienes se les informó que la investigación se rigió bajo los principios éticos de la Ley 1090 de 2006 13, en lo que se refiere a la confidencialidad, responsabilidad, bienestar del participante y al uso de la información sólo con fines investigativos. Una vez obtenido el consentimiento informado, se aplicó la encuesta de manera individual, previa verificación de los criterios de inclusión.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron mujeres mayores de edad, afrocolombianas, que declararan haber sido víctimas del conflicto armado colombiano. Se determinó como criterio de exclusión, toda mujer que deseara retirarse en cualquier momento del estudio.
Tamaño de la muestra
No fue posible calcular el tamaño de la muestra con base en la población femenina afrodescendiente debido a la carencia de las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), basadas en el censo de 2005 14 e igualmente a la ausencia de estadísticas actuales y veraces que tengan en cuenta el género y la pertenencia étnica para la población en cada uno de los departamentos y municipios del territorio colombiano, por lo cual se seleccionaron los participantes a partir de un muestreo no probabilístico, por conveniencia.
Instrumentos y variables evaluadas
Cuestionario sociodemográfico: Por medio de una serie de preguntas se recolectaron características sociodemográficas de las participantes, como edad, estado civil, estrato socioeconómico, grado de escolaridad, condiciones de vivienda, riesgo ambiental, entre otros.
Cuestionario de tipo de delitos sufridos en el conflicto armado: A través de una serie de preguntas se indagó acerca de los delitos de los que fueron víctimas las participantes durante el conflicto armado en Colombia, obteniendo información relacionada con los delitos de desplazamiento forzado, secuestro, homicidios de familiares, tortura, abuso, violencia y explotación sexual 15. Además, se indagó por los actores que actuaron como victimarios.
Cuestionario de síntomas Self reporting Questionnaire (SRQ) (16) y CIE 10 (17): Para la evaluación de la sintomatología psiquiátrica.
Análisis estadístico
Los datos obtenidos se organizaron en una base de datos en Excel 2019 para luego ser analizadas en el software para análisis estadístico IBM® SPSS® Statistic (Inc, Chicago, IL).
Fue evaluado el supuesto de normalidad a partir del test de Kolmogorov-Smirnov. Para el análisis descriptivo fueron usadas las proporciones, medidas de tendencia central y de dispersión, presentando las variables con distribución normal según su promedio y desviación estándar, mientras que aquellas que no se distribuyeron de forma normal, fueron expresadas de acuerdo a su mediana y rango intercuartílico (RI). La prueba de Chi cuadrado fue empleada para analizar las variables categóricas; además, se calculó el Odds ratio (OR). Se consideró una p <0,05 como significancia estadística. Para la realización de gráficas, se utilizó el software Graphpad Prism®.
Resultados
Se identificó un total de 215 mujeres afrocolombianas en condición de desplazamiento asentadas en la ciudad de Cartagena - Colombia.
1.Caracterización sociodemográfica y condiciones de vida
La población de estudio estuvo conformada por mujeres afrocolombianas residentes al momento del estudio en la ciudad de Cartagena de Indias, con una mediana de edad igual a 40 años [RI 29-50], y pertenecientes en un alto porcentaje al régimen subsidiado (90,23%). El estado civil predominante fue unión libre (47,9%), y en su mayoría habían realizado sus estudios hasta nivel de básica primaria (58%) (Tabla 1).
Gran parte de la población estudiada fueron desplazadas provenientes de la costa caribe colombiana, principalmente del departamento de Bolívar (Figura 1).
Al indagar sobre los principales barrios en los que se asentaba la población de estudio, se encontró que la mayor parte de mujeres residen en zonas vulnerables y deprimidas de la ciudad de Cartagena, ocupando el primer lugar el barrio El Pozón (26,0%), seguido de aquellas que habitan en el barrio Olaya Herrera (24,2%).
La gran mayoría de las casas son fabricadas en bloque y cemento (75,3%), seguidas de viviendas construidas con madera (21,4%), encontrándose un número representativo en obra negra o semiconstruidas. Un alto porcentaje manifestó que sus viviendas se encuentran en zona de riesgo, principalmente por inundación (56,7%) y contaminación (23,7%) (Tabla 2), por estar ubicadas a orillas de la Ciénaga de la Virgen, cuerpo de agua que enfrenta actualmente problemáticas ambientales como consecuencia del vertimiento de basuras y residuos sólidos.
Con respecto a la accesibilidad a servicios públicos, se encontró que la población cuenta con energía eléctrica (97,7%), acueducto (91,2%), alcantarillado (71,2%) y gas natural (78,6%). El acceso a otros servicios que hoy en día también son considerados como básicos, tal es el caso del internet y telefonía fija, mostraron muy baja proporción. El 94,4% de las mujeres expresaron tener acceso al servicio de salud, en su mayoría bajo el régimen subsidiado de salud (90,23%). Por otra parte, 76,3% de las mujeres encuestadas afirmaron tener acceso a educación para todo su núcleo familiar, en contraste del 34,4% restante quienes manifestaron encontrar limitaciones para acceder a posibilidades para culminar sus estudios por la poca oferta gratuita y la falta de tiempo; también expresaron que sus niños pequeños muchas veces dejan de asistir a clases por no tener con qué alimentarlos antes de enviarlos a la escuela; sus adolescentes, padecen por la lejanía de los centros de formación y la falta de recursos para los transportes.
De todas las mujeres encuestadas, 38,1% son madres solteras cabeza de hogar, 56,7% de los hogares están conformados por cinco o más personas. 60,5% de las encuestadas expresó que del núcleo familiar solo una persona trabaja, en su mayoría de manera informal bajo la modalidad de “rebusque” con ingresos económicos mensuales por debajo del SMMLV (salario mínimo mensual legal vigente).
2.Violencia sexual y sintomatología psiquiátrica
El 34,4% declaró haber sido discriminada por su género, 47,9% por su condición racial y el 41,4% por haber sido víctima de violencia sexual. Del total de la población evaluada, el 65,1% presentó sintomatología psiquiátrica. De aquellas discriminadas por su género, raza y condición de victima de violencia sexual, el 38,6%, 50% y 38,6%, manifestaron sintomatología psiquiátrica. No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre los factores discriminatorios y sintomatología psiquiátrica (Tabla 3).
Un alto porcentaje se declaró estresada (72,6%), 54,4% declaró sentirse ansiosa y 39,1% manifestó tener pensamientos suicidas (Tabla 4).
133 (61,9%) mujeres declararon haber sido víctimas de amenazas, 152 (70,7%) víctimas de desplazamiento, 110 (51,2%) víctimas de desplazamiento de tierras y 78 (36,3%) presenciaron un homicidio durante estos hechos. El desplazamiento (65%), amenazas (60%) y despojo de tierras (53,6%), fueron los escenarios donde se evidenció mayor frecuencia de sintomatología psiquiátrica. Los hechos de desplazamiento (OR 0,43; IC 95% 0,22-0,84, p=0,012), secuestro (OR 4,71; IC 95% 1,05-21,07, p=0,027) y persecución (OR 3,33; IC 95% 1,61-6,89, p=0.001), asociaron de manera sostenida y significativa con la presencia de sintomatología psiquiátrica (Tabla 5).
80 mujeres manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de delito sexual, 70 (35,3%) de delitos sexuales diferentes a la explotación sexual, 6 de violencia sexual y explotación sexual a la vez, y 4 (4,7%) solamente víctima de explotación sexual. El 43,6% de las violentadas sexualmente presentaron sintomatología psiquiátrica, mientras que el 7,1% de las explotadas expresaron algún síntoma. Ambos hechos se asociaron de manera significativa con el riesgo de padecimiento de sintomatología psiquiátrica (Violencia sexual: OR 3,09; IC 95% 1,60-5,96, p=0,001 vs. Explotación sexual: OR 1,58; IC 95% 1,42-1,75, p=0,016) (Tabla 6).
Los principales grupos victimizantes insurgentes responsables de los sucesos de violencia sexual se muestran en la Figura 2.
Al contrastar variables como la recepción o no de ayuda psicológica y el hecho de ser madre soltera, con la presencia o ausencia de sintomatología psiquiátrica en las participantes, se evidenció que el hecho de ser madre soltera se asoció significativamente con la presencia o padecimiento de sintomatología psiquiátrica (OR 7,304; IC 95% 1,87-28,5, p=0,02) en mujeres que fueron víctimas de violencia sexual.
Discusión
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) informó que en las últimas décadas llegaron a la ciudad de Cartagena más de 75 mil personas desplazadas víctimas del conflicto armado colombiano provenientes de la región de Los montes de María, en Bolívar, y de otros departamentos como Cesar, Magdalena, Sucre Córdoba, Chocó y Antioquia. Tal población, se asentó en invasiones en zonas marginadas con dificultades de condiciones de vida básicas 18. Este estudio refleja el mismo comportamiento en la actualidad, donde las redes y políticas diseñadas no son efectivas, ni garantizan el acceso a oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado. Estos grupos viven en zonas con un índice muy alto de pobreza, con riesgo ambiental y de salubridad, así como de seguridad. Por lo tanto, las condiciones de vida de la población estudiada permanecen tal y como fue descrito por el Relator Especial de las Naciones Unidas, donde se muestra que, aunque la población afrodescendiente en el país es numerosa, no se establecen políticas públicas oficiales que favorezcan la condición económica y social para este grupo étnico que en su gran mayoría vive en condiciones de extrema pobreza 19)(20
En Colombia, se ha reportado que el hecho de ser desplazada, mujer y pertenecer a una etnia o grupo cultural, hace aún más vulnerable a las víctimas a hechos de desigualdades 21. Este estudió demostró que aproximadamente la mitad de las mujeres evaluadas han sido discriminadas por su condición étnica. Así mismo, gran parte son madres solteras (38,1%) cabeza de hogar, que además no tienen un empleo formal, y a las que en muchos casos la violencia les arrebató a sus esposos. Entonces, debieron asumir la responsabilidad del núcleo familiar, tal y como lo ha indicado el CMH (19), que afirma que los índices de jefatura femenina del hogar (marcados por la viudez y el ser madre soltera), se dispararon durante el período más cruento del conflicto armado interno con la aparición del paramilitarismo, grupo responsable de un 46,3% de los hechos victimizantes en las mujeres encuestadas en este estudio.
Vásquez-Campos et al., 9 describieron que las emociones que más se generalizan en las poblaciones es el miedo, la angustia, la culpa, entre otras; las cuales indican afectación psicológica derivada a la exposición frente a una situación de intenso terror, que no les permite enfrentar situaciones en su vida cotidiana y a su vez produce que no se logren visualizar como generadoras de proyectos, tener expectativas a futuro y promueve sentimientos de desrealización 9. En el presente estudio, se evidenció que solo 1 de cada 10 mujeres finalizó la secundaria, y la misma proporción obtuvo un título universitario. De esta forma, la dificultad de superación y acceso a educación de calidad, genera que ante la sociedad, se vean como personas incapaces de superarse y las culpabilicen de no poder progresar socioeconómicamente (lo cual es un fenómeno que se ve aún más agravado por sucesos discriminatorios por la condición étnica).
Andrade Salazar et al., 21 sostienen que la afectación de la salud mental se somatiza en manifestaciones de estrés, sueño, depresión, insomnio, ansiedad, ente otros; síntomas muy comunes observados en el presente estudio. Ahora bien, un aspecto determinante y necesario de resaltar, es que un porcentaje representativo declaró nunca haber recibido ayuda psicológica. En ese sentido, el impacto en el bienestar psicológico y calidad de vida de las personas por la afectación de su salud mental a causa de hechos de violencia en el marco del conflicto armado, afecta tanto a la víctima como a los seres que los rodea e inclusive a toda una comunidad, como es el caso de poblaciones especiales como indígenas, afrodescendientes, campesinos 22, etc., por lo tanto, este es un problema de salud pública, que debe ser discutido y trabajado por todos los campos directamente relacionados con el área de la salud y la política pública.
De manera específica, el fenómeno de violencia sexual puede generar marcas de por vida a todo sobreviviente de este flagelo, en especial cuando la víctima no ha contado con suficiente apoyo psicológico, es víctima de hechos de impunidad, carece de protección por parte de las autoridades, presenta obstáculos legales y políticos, no posee asistencia médica de calidad o cuando la víctima no ha recibido acompañamiento apropiado para recuperarse de las secuelas físicas y mentales a causa de este hecho 23)(24. Las mujeres indígenas y afrodescendientes son las principales víctimas de violencia sexual por parte grupos al margen de la ley 25)(26 ya que es un instrumento utilizado para simbolizar dominio masculino y racista sobre el cuerpo de una mujer en contextos de disputa por el dominio territorial de una determinada región 27.
Las mujeres víctimas de violencia sexual además experimentan problemas para desenvolverse en ambientes familiares, sociales y laborales, algunas víctimas se sienten culpables e indecentes; además, tienen que cargar con los imaginarios de la sociedad y los señalamientos asociados a este tipo de delitos, razón por la cual muchos de estos casos a raíz de la vergüenza que sienten las victimas quedan en silencio y sin la oportunidad de recibir atención 26)(28. En Colombia y el caribe, ya se han reportado estudios similares en otras poblaciones en particular 29, donde el síndrome de estrés postraumático y problemas asociados, generan una carga de enfermedad significativa.
Autores han debatido que, aunque se habla mucho de reparación económica como mecanismo de perdón y resiliencia, es una pseudosolución muy lejana a la realidad, puesto que la reparación es un tema de restablecimiento y garantía de los derechos humanos y la autorreconciliación de las víctimas consigo mismas; y es allí donde el estado colombiano se ha quedado corto, pues una víctima se repara primero consigo misma, después con su entorno y finalmente con la sociedad 31. De esta forma, la dimensión del problema sigue siendo subvalorado. La ley 1719 establece que para garantizar que no haya revictimización, se realice la atención a las víctimas de violencia sexual desde un enfoque de derechos humanos, lo que contribuiría a un enfoque diferencial étnico para la planeación de políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de la población afrocolombiana víctima de delitos en el marco del conflicto armado colombiano 10.
A nivel global, se ha estudiado este fenómeno, puesto que desafortunadamente se evidencia con frecuencia en países de bajos y medianos ingresos, los cuales sufren de crímenes históricos de dominio económico, de tierras y desigualdad 32)(33. De forma general, los jóvenes son poblaciones de muy alto riesgo de afectación; los de sexo masculino, tienen mayor riesgo de perpetuar cualquier tipo de violencia; las mujeres, de sufrir ataques 34. No obstante, la evidencia soporta que las intervenciones en las comunidades de tipo personales, movilización comunitaria, normas sociales, empoderamiento económico, respuesta a la supervivencia y habilidades de relación, mejoran sustancialmente, incluso al punto de resolver completamente el estrés postraumático y permite la reinserción a las actividades de la vida diaria de manera saludable 35. Sin embargo, es complejo intentar extrapolar resultados que tienen factores únicos que varían de acuerdo a las regiones y al contexto sociopolítico, por lo tanto, es necesario diseñar y evaluar constantemente intervenciones en la región del caribe colombiano, para poder realizar un cambio real con resultados significativos.
Conclusiones
Las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado colombiano asentadas en Cartagena, presentan condiciones de vida inestables, no han recibido la ayuda adecuada de redes de apoyo, han sido discriminadas por su etnia, género y condición de víctima, y tienen una prevalencia elevada de sintomatología psiquiátrica asociada a los hechos traumáticos vividos.