1.1 Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993)

Revisión a 20 años (2013). Esta Conferencia, marca un hito en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres, dado que este tema es abordado por primera vez en una cumbre mundial como un tema independiente y central. Se reconoce que los mecanismos existentes para la protección de los derechos humanos son insuficientes y, en muchas ocasiones, no adecuados a las realidades particulares que enfrentan las mujeres. Se señala que:

Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional (Naciones Unidas, 1993).

1.2 Cuarta conferencia internacional de la mujer⁴. Beijing, China, (1995), y Beijing +20. (2015)

La reunión Beijing + 20 (2015) marcó un hito en las agendas globales de los derechos de las mujeres, por cuanto reafirmó el compromiso con las metas propuestas en Beijing⁵ y sus consecuentes revisiones (Beijing + 5, Beijing + 10 y Beijing + 15)⁶. Con el lema Por un planeta 50-50 en 2030: Demos el paso por la igualdad de género explicitó la necesidad de propender por la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y por la paridad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos económicos, sociales políticos y culturales, como una condición indispensable para la democracia, el desarrollo sostenible y la paz. En la reunión celebrada por la ONU en 2015, los líderes de más de 163 países acordaron que sin la igualdad de género no pueden alcanzarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su cronograma para 2030. Plantearon la necesidad de poner fin a la pandemia de violencia contra las mujeres y las niñas, impulsar el empoderamiento económico de las mujeres, reforzar su importante papel en la paz y la seguridad, en la necesidad de reconocer el trabajo del cuidado y de eliminar la desigualdad salarial por razón de género.

1.3 La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo

y su revisión a 20 años (1994-2014). Esta Conferencia reviste gran importancia dado que establece por primera vez los importantes vínculos entre población y desarrollo en el marco de los derechos y hace énfasis en la necesidad de satisfacer las necesidades de mujeres y de hombres, más que en el cumplimiento de metas demográficas. La Plataforma de Acción contiene más de 200 recomendaciones, con 5 objetivos a 20 años, en las áreas de bienestar social, desarrollo y salud. Se define también, por primera vez, en un instrumento internacional, la salud reproductiva como: “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de afecciones o enfermedades, en todo lo relativo a la reproducción” y se recomienda:

Proporcionar atención integral de salud reproductiva que abarque la planificación familiar, el embarazo sin riesgos y los servicios de parto, el aborto (donde sea legal), la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (incluido el VIH y el SIDA), información y asesoría sobre sexualidad, y la eliminación de prácticas dañinas contra la mujer (como la mutilación genital y los matrimonios forzados) (^{Ashford, 2004}).

1.4. La Cumbre del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ONU. 2000.

Los dirigentes de 189 naciones Miembros de Naciones Unidas se reunieron en Nueva York, en el año 2000, en la llamada Cumbre del Milenio, para analizar las prioridades para el desarrollo mundial a 2015. Fruto de esta reunión adoptaron la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Ver Tabla 1), ODM , los cuales se fundamentaron en los acuerdos adoptados en la década de los 90 en las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. Aunque se presentaron a nivel global 18 metas cuantificables mediante 58 indicadores, cada país de acuerdo a su contexto tenía autonomía para decidir las prioridades establecidas en sus metas e indicadores.

1.5 Cumbre Río + 20. (2012).

Esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, se realiza veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra en Río en 1992 y fue una importante oportunidad para mirar hacia el mundo que queremos tener en 20 años, en particular teniendo como norte la reducción de la pobreza, el fomento a la equidad social y la sostenibilidad del medio ambiente. Esta Cumbre fue clave para pensar en las metas y prioridades del desarrollo más allá de 2015. “Los Objetivos de Desarrollo sostenible fueron creados y pensados por los colombianos” (^{Cancillería de Colombia, 2015}). Colombia lideró la definición de la agenda 2030 y tuvo un papel protagónico en la adopción del concepto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la negociación de los mismos para la agenda 2030. La propuesta que se hizo desde la Dirección de Asuntos Económicos y Sociales de Cancillería, en conjunto con la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible era la de incluir la dimensión de sostenibilidad para ampliar el alcance de los Objetivos de la nueva agenda de desarrollo, “puesto que la lucha contra la pobreza, por más prioritaria y loable que sea, tiene importantes consecuencias sobre el medio ambiente, los recursos naturales y, por supuesto, sobre las actividades que han resultado en el cambio climático”(^{Semana Sostenible, 2015}). Esta propuesta fue presentada en una Nota conceptual por el gobierno de Colombia junto con los gobiernos de Perú y Emiratos Árabes Unidos, en Río + 20 (2012) y quedó consignada en el documento resultado de esta conferencia de la ^{Asamblea General de Naciones Unidas. (2012)} “El futuro que queremos”, en el que se adoptó el concepto de los ODS⁹. Colombia también hizo parte del Grupo Abierto de Trabajo compuesto por 30 representantes de los cinco grupos regionales de la ONU para lograr una representación geográfica equitativa y equilibrada para formular los ODS.

2.1 La CEPAL, la Agenda 2030 y la Estrategia de Montevideo.

Los países miembros de la CEPAL aprobaron en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Montevideo el año de 2016, La Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030. Esta estrategia tiene por objeto guiar la implementación de la Agenda Regional de Género y asegurar que se emplee como hoja de ruta con vistas a alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional desde la perspectiva de la igualdad de género, la autonomía y los derechos humanos de las mujeres; busca atender a superar cuatro nudos estructurales que se presentan en América Latina y que impiden el pleno ejercicio de los derechos y la ciudadanía plena, mediante 74 medidas en 10 ejes de implementación. Los nudos son: La desigualdad socioeconómica y la pobreza; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo; la injusta organización social del cuidado; y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.

2.2 Nueva Institucionalidad en Colombia para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenible

(Véase Figura 1). El 18 de febrero de 2015, el gobierno colombiano creó mediante el Decreto 0280 “la Comisión interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post-2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS” (^{Presidencia de Colombia, 2015}).

Figura 1: Estrategia de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, con la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel están realizando las consultas pertinentes para la elaboración y aprobación del Documento CONPES de los ODS, con las metas e indicadores para Colombia, teniendo como base los avances y los retos del balance de los ODM.

Según el informe del DNP sobre “los avances y desafíos para el seguimiento de los ODS en Colombia” (^{Castro-Pachón, 2017}), el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, incorporó más de la mitad de las 169 metas y en el Acuerdo de Paz están 68 metas que buscan generar las condiciones económicas y sociales para la consolidación de la paz y la garantía de no repetición. El DNP también puso a disposición de los gobiernos municipales y departamentales y de la sociedad civil un Kit territorial con instrucciones para incorporar a sus planes de desarrollo los ODS¹⁰. Entre ellos se encuentra la Ficha sobre aspectos generales sobre los ODS; Lineamientos para revisión de los PDT y la incorporación de los ODS y la Presentación con elementos generales y pautas para incorporar los ODS en los PDT. Por su parte el PNUD también ha elaborado varios documentos entre ellos el siguiente documento que es de importante consulta, “Objetivos de Desarrollo sostenible, Colombia. Herramientas de aproximación al contexto local” (^{Sanz et al., 2016}).

3.1 Cerrar las brechas de pobreza multidimensional entre el campo y la ciudad, al interior de las mismas ciudades, y entre mujeres y hombres, se configura en uno de los principales retos de las políticas públicas en nuestro país.

El 25% de la población colombiana vive en zona rural. De ella 47% no tiene acceso a agua potable; 94% no tiene acceso a alcantarillado y saneamiento, y el 12% es analfabeta. Mientras que 1 de cada 4 colombianos en zonas urbanas es afectado por la pobreza, en zona rural es 1 de cada 2. Adicional a esto, la tasa de pobreza entre la población desplazada es tres veces más alta que la tasa nacional y la tasa de pobreza extrema, es de cuatro por ciento (^{PNUD, 2015}). Las mujeres y jóvenes tienen las tasas de desempleo más altas (el 50% de los desempleados está entre los 14 - 28 años) y la tasa de desempleo de las mujeres es el doble de los hombres (^{PNUD, 2015}).

3.2 Erradicar el racismo estructural e institucional que conlleva a la pobreza multidimensional y a la discriminación de las mujeres y niñas y de la población afrodescendiente e indígena.

La pobreza se concentra en las regiones del Pacífico y del Caribe, donde departamentos como Chocó, el Cauca y La Guajira -con grandes poblaciones Afrodescendientes e indígenas- tienen tasas de pobreza superiores al 50%, cinco veces la tasa que se encuentra en Bogotá (^{PNUD, 2015}). De acuerdo con el más reciente censo realizado por el DANE, la población afro en Colombia representaría el 10,6 por ciento, es decir 4 millones 316 mil 592 personas y Cali, es la ciudad en donde más se concentra esta población. En el Informe realizado por el PNUD “Los afrocolombianos frente alos Objetivos de Desarrollo del Milenio” (^{PNUD, 2012}), se visibiliza la profunda brecha estructural de desigualdad que afecta a estas comunidades. En el Valle, de acuerdo al informe citado, la abstinencia alimenticia es 3 veces mayor para personas afrodescendientes; el ingreso que perciben las mujeres afrocolombianas es 27.5 puntos menor que el de otras mujeres no afro y 37.8 puntos menor que el de hombres no afros; en Cali, la tasa de mortalidad para menores de 5 años en 2007 era de 19,3 para afrocolombianos y 11.7 para los no afrocolombianos; en Cali y Cartagena las tasas de mortalidad materna en mujeres afro son mayores que en las otras mujeres¹³. Esto último visibiliza claramente la interseccionalidad de las estructuras de dominación y discriminación que recaen sobre la población afro y sobre las mujeres afro, que debe superarse no mediante acciones aisladas, sino mediante políticas públicas que en su integralidad promuevan la dignidad humana y su autonomía física, económica y de toma de decisiones.

3.3 Promover la igualdad de género, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y las niñas¹⁴.

En cuanto a la autonomía económica de las mujeres los retos son: superar la pobreza de las mujeres, tanto la de tiempo como la monetaria, erradicar la discriminación laboral de las mujeres, así como la brecha salarial entre mujeres y hombres; superar la división sexual del trabajo que genera desigualdad en cuanto sobrecarga a las mujeres de múltiples roles y los sesgos en protección y seguridad social. En cuanto a la autonomía física, se precisa garantizar a las mujeres el pleno acceso a su salud, y a sus derechos sexuales y reproductivos, erradicar la mortalidad materna (la mayoría de las veces evitable), el embarazo adolescente y la violencia contra las mujeres que cada día aumenta en el país y en la región; y en cuanto a la autonomía en la toma de decisiones se precisa la participación en todos los espacios sociales económicos, políticos y culturales y la paridad política. El Lema Por un planeta 50-50 en 2030: Demos el paso por la igualdad de género está más vigente que nunca. La interrelación entre estas autonomías es clave para la plena ciudadanía de las mujeres y para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto lo demuestra el reciente estudio para el PNUD “Brechas de Género y Desigualdad: de los Objetivos de Desarrollo del Mileno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” realizado por Ana Cristina González Vélez, en el que se señala:

La igualdad de las mujeres pasa porque estas alcancen su autonomía en todas las esferas de su vida: la económica, la de la toma de decisiones y la física, que abarca la reproducción y la sexualidad. Como se puede apreciar por las cifras, estas tres dimensiones están intrínsecamente relacionadas y esto lo reafirman los casos de las tres interrelaciones acá desarrolladas. Así, la pobreza de las mujeres no es solo pobreza económica sino falta de tiempo y de autonomía, pero también lo es la excesiva carga de trabajo no remunerado. Las desigualdades en el mercado laboral se explican en parte en los estereotipos que orientan sus decisiones laborales o en los que guían las decisiones de remuneración y reconocimiento de quienes las contratan, revelando las barreras intrínsecas, muchas veces invisibles, que condicionan a las mujeres. En el mismo sentido, sus bajos niveles de representación y presencia en las instancias de toma de decisión de prácticamente todos los poderes, y las asociaciones reveladoras que existen en algunos departamentos, entre la violencia basada en género contra las mujeres y su escasa participación política, siguen hilando la historia de la desigualdad contra ellas. Por último, el costo que estas pagan muchas veces con sus vidas por muertes maternas que son evitables, o por embarazos en la adolescencia que incluso muchas desean como proyecto de vida, ponen el foco en la reproducción y la forma tan inequitativa en que las mujeres siguen asumiendo solas los costos personales, familiares, sociales e incluso económicos, de una dimensión tan sustantiva para la autonomía de las mujeres y tan definitiva para el mantenimiento de la sociedad (^{González-Vélez, 2017}, pp. 281-282).

3.4 La creación de un sistema nacional y local del cuidado.

Los cambios demográficos que afronta la región y el país¹⁵ con la disminución de la tasa de fecundidad y el aumento del envejecimiento de la población, en especial de las mujeres ¹⁶, hace necesario que el trabajo del cuidado se convierta en una corresponsabilidad entre Estado, mercado y familias (y dentro de ellas a mujeres y hombres por igual). El trabajo doméstico no remunerado y el trabajo del cuidado, asignado a las mujeres en nuestras sociedades, profundizan la desigualdad e impiden su autonomía económica, física y política. Con la Ley 1413 del ^{Congreso de Colombia, (2010)}Ley de economía del cuidado, “Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas” ya se ha iniciado este camino. El DANE, mediante las Encuestas Nacionales de Uso del Tiempo (ENUT) está midiendo el tiempo que mujeres y hombres dedican al trabajo no remunerado y el valor que este trabajo aporta al PIB del país. Adicional a ello se requiere que los gobiernos municipales, las empresas, los centros educativos, adopten medidas también que permitan la conciliación del trabajo y familia para mujeres y para hombres por igual.

3.5. Finalmente, y retomando lo planteado por el PNUD para la implementación de los ODS, es preciso reafirmar que frente a los desafíos multidimensionales deben retomarse estrategias multidimensionales.

Ello implica la construcción de una nueva arquitectura institucional que permita construir progreso multidimensional con base en una mayor articulación horizontal (intersectorial) y vertical (interterritorial) de la política pública, y a lo largo del ciclo de vida de las personas. Implica construir políticas intersectoriales, holísticas, y universales que garanticen el bienestar humano más allá del ingreso y a largo plazo, como promover sistemas de protección social para todos, crear sistemas de cuidado “que extiendan la frontera de la igualdad de género”, mejorar la calidad de los empleos y garantizar un mayor acceso a bienes y activos. Implica también diseñar políticas para incluir y para atacar las discriminaciones y exclusiones contra las poblaciones afrodescendientes e indígenas; la violencia perpetrada contra las mujeres; la discriminación por orientación sexual, por discapacidad, por lugar de residencia. Los retos de las políticas públicas serían plantearse agendas “basadas en intervenciones multisectoriales, y cuyo centro de gravedad es la construcción de una universalidad efectiva de los derechos” sin que nadie se quede atrás (^{PNUD, 2016}, p. 3).