3.1 La intervención social y su legitimidad.

No podemos soslayar la relevancia de la intervención en la historia del trabajo social. El develamiento de la legitimidad en el trabajo social implica prospecciones genealógicas en el origen histórico de la profesión-disciplina. Al respecto, ^{Montaño (1998)} ilustra que en la génesis del trabajo social se expresan esas cuestiones sobre su legitimidad, que quedan delineadas con diferentes énfasis en las opciones endogenista y crítica-histórica que propone el autor. ^{Cruz (2020)}, por su parte, hace uso de categorías teóricas bourdianas para interpretar como el trabajo social desarrolla un proceso de agregación/apropiación simbólica del proyecto modernizante en la Argentina del siglo XX. Para ^{Del Valle-Cazzaniga 2015}), la urgencia de la cuestión social influye en que, para la demanda de legitimación de la profesión, solo se considerarían “los insumos prácticos necesarios para la acción” (p. 5).

La historia permite examinar las implicancias de la intervención en la configuración profesional y disciplinaria del trabajo social. Chile es representativo de esta vinculación, particularmente cuando observamos que el último siglo, profesionales del trabajo social han participado activamente en planes y programas modernizadores. En estas instancias, es posible indagar sobre las formas de la intervención. En estas se establecieron tanto mecanismos de regulación de la población como también, distintos instrumentos para la inhibición de aquello que los sistemas de poder han asociado al desorden, tanto moral como político (^{Illanes-Oliva, 2006}). A propósito de la instauración del Desarrollismo Asistencial chileno (1925-1973), la entrada en la vida cotidianas de estas familias en situación de pobreza ofreció múltiples posibilidades para llevar al Estado a estos entornos y simultáneamente reportar las demandas populares a las agencias gubernamentales (^{Palma y Torres, 2013}), cumpliendo la función de “agente de mediación de primera importancia de la política social” (^{Illanes-Oliva, 1993}, p. 197). Cabe recordar que en 1925, la denominación de visitadoras sociales aludía a que actividad principal era el ingreso presencial de estas iniciadoras profesionales en la profundidad de la pobreza urbana del Chile de aquel entonces. Es interesante que la aplicación de estas técnicas de visitas domiciliarias mantiene su centralidad en la práctica del trabajo social que se ejerce en la actualidad. Esto se visibiliza en la aceptación de la técnica tanto por parte del colectivo profesional como en la población usuario de los servicios sociales. De todos modos, se asume la mayor complejidad de escenarios para la legitimación de estos procedimientos (^{López-López, 2015}; ^{Razeto-Pavez, 2018}). Las visitas domiciliarias son parte de los repertorios de diversos campos profesionales ligados a la idea de intervenir en el ámbito social (^{Glasinovic et al., 2021}; ^{Pedreros-Carrasco y Aracena-Álvarez, 2021}). Con todo, la legitimidad de la aplicación de estas técnicas parece no estar en cuestionamiento. Además, estas actuaciones enmarcadas en políticas de intervención estatal son valoradas por las familias, tal como lo demuestra ^{Razeto-Pavez (2020)}.

En estos procesos históricos modernizadores -y también moralizadores- la intervención social produce formas legitimadas de transformación de lo social. La búsqueda de sus fundamentos obliga a establecer deslindes conceptuales. Es necesario diferenciar la intervención social de conceptos aparentemente similares como, por ejemplo, la actuación profesional. ^{Vélez-Restrepo (2011)} la entiende como “el conjunto de episodios, prácticas y procesos condicionados por interacciones y mediaciones sociales (internas y externas) que estructuran la especificidad del Trabajo Social, situándola en el contexto de la acción social” (p. 39). Resulta interesante que, en algunos casos, la actuación profesional es erigida como una terminología que supera hipotéticas limitaciones teórico-metodológicas de la intervención social (^{Vélez-Restrepo, 2003}). Sin embargo, esta opción no sólo está insuficientemente extendida en la bibliografía de esta disciplina, sino que también es objeto de críticas sobre su alcance conceptual (^{Estrada-Ospina, 2012}). No obstante, la actuación profesional está imbricada con la intervención social. En algunos casos, autores postulan la integración o la coordinación de ambos conceptos (^{Díaz-Herráiz, 2003}). Sin embargo, esta mirada debería enfatizar la relevancia de la intervención social como un núcleo conceptual robusto. Esto permite una mirada crítica a la utilización del concepto intervención en marcos institucionales preferentemente estatales. A este respecto, ^{Thompson (2020)} señala que es necesario observar la concomitancia entre los polos cuidado y control en el marco del ejercicio profesional.

^{Moreno-Camacho y Molina-Valencia (2018)} señalan que la intervención social trata de un contenido de interés para las ciencias sociales, las humanidades y la salud. Particularmente, para trabajo social la intervención configura uno de sus asuntos principales, pues configura preguntas e intereses éticos, cognitivos y prácticos que son compartidos por esta comunidad profesional-disciplinaria. La impronta de conocimiento-transformación-intervención (^{González-Saibene, 2011}) es constitutiva del ethos de sustentación profesional y disciplinaria del trabajo social. Con todo, como señala ^{Arellano-Escudero (2018)}, es necesario pensar que, respecto de la pregunta por la intervención social, confluyen no sólo tematizaciones de las ciencias sociales, sino también de las artes y las humanidades.

La intervención es reconocida en la amplitud de la trayectoria histórica del trabajo social, no obstante, no está clausurada a este campo disciplinario (^{Estrada-Ospina, 2012}; ^{Saavedra, 2017}). ^{González-Álvarez (2007)} emerge con la “gradual desaparición de los mecanismos de integración de las sociedades pre-capitalistas” (p. 120). ^{Fantova-Azcoaga (2018)} refiriéndose a psicología, pedagogía social y Trabajo Social, señala que “tienen claramente más presencia en los servicios sociales y las que en mayor medida ponen a lo que hacen el nombre de intervención social” (p.84). Es necesario además indicar que la legitimidad de la intervención social está contenida en sus discursos, prácticas y materialidades (^{Saavedra, 2018}). De todas formas, autores como ^{González-Álvarez (2007)} y ^{Soydan (2015)}, entre otros, opinan que la intervención está en el centro del trabajo social, porque el término se refiere a inducir cambios o eliminar factores de riesgo sobre problemas sociales. Esto implica que el abordaje teórico, además de tematizar sobre la eficiencia de la acción, debe procurar comprensión reflexiva sobre los alcances a los que refiere la intervención social. Es en el marco disciplinario de trabajo social donde las preguntas sobre la intervención generan repercusiones conceptuales y prácticas, que se desplazan hacia otros saberes de las ciencias sociales y humanas. Al respecto, la relación entre estos elementos alberga una cuestión paradojal (^{Saavedra, 2017}). Esta consiste en asumir que la intervención es el asunto disciplinario del trabajo social, pero que al mismo tiempo requiere que éste niegue su clausura y exclusividad.

Los significados de la intervención difieren entre quienes la sitúan como una expresión técnica sostenida en el conocimiento científico social (^{Menéndez-Vega, 2019}), respecto de que algunas lecturas que la localizan en los tradicionales planos de la familia y las comunidades (^{Fraser & Galisky, 2010}; ^{Quijano-Mejía y Linares-García, 2022}). Otras propuestas contemporáneas profundizan en sus sentidos, desarrollando un marco complejo y teóricamente denso (^{Montenegro, 2001}; ^{Muñoz-Arce, 2014}). Una posición interesante es atendida por quienes han relacionado la intervención en el trabajo social con una condición de legitimidad socio-ocupacional. Siguiendo esas perspectivas, la intervención expresa varias consideraciones a propósito de sus representaciones ética-políticas, que transcienden los límites del trabajo social. Por ello, ^{Ortega-Senet (2015)} señala que la intervención configura un concepto transdisciplinario.

Existen diversas formas de entender la legitimidad. En ciencias políticas y en derecho público, la legitimidad alude al origen del poder y a la creencia de que la ciudadanía que debe cumplir con las normas (^{Mazzuca, 2012}). Una definición útil para este efecto es provista por ^{Suddaby et al. (2017)}, para quien la legitimidad alude a una “percepción generalizada o suposición de que las acciones de una entidad son deseables, adecuadas o apropiadas dentro de algún sistema socialmente construido de normas, valores, creencias y definiciones” (p. 451). Esta percepción de confianza también se extiende a la actividad intelectual y práctica desarrollada por las ciencias sociales (^{Calhoun y Wieviorka, 2013}). La legitimidad de la intervención está relacionada con la credibilidad de los criterios aplicables en la evaluación de situaciones, tanto por las instituciones como por la población que recibe las prestaciones sociales estatales. Es interesante, por ejemplo, el estudio de ^{Warner (2021)}, quien describe una mayor disposición a legitimar la intervención social por parte de la población potencialmente susceptible de ser incluida en programas y servicios sociales. Una investigación desarrollada por ^{Loughran et al. (2010)}, describe que la legitimidad del rol profesional del trabajo social se relaciona con factores diferenciadores, tales como la formación especializada en un determinado campo de problemas específicos.

La legitimidad también está relacionada con el carácter político de la intervención social. Respecto de este tema, es importante señalar las posibles explicaciones sobre el reconocimiento histórico y sociopolítico de la intervención. Desde este punto de vista, es posible argumentar sobre la legitimación de un conjunto sistemático de dispositivos que tienen la capacidad de producir transformación, ajuste o normalización (^{Saavedra, 2017}). El desarrollo de programas y acciones en instituciones públicas y organismos de la sociedad civil, deberían apelar a narrativas éticas sobre el reconocimiento, tanto hacia los sistemas de poder como respecto de los propios sujetos de la intervención. Concordando con las ideas de ^{Bilbeny (2011)}, este problema incluye no sólo cómo se ejerce el poder en la intervención, sino también responde a la pregunta sobre la fuente de su validez. Es por ello por lo que se propone explorar algunas potenciales respuestas a la pregunta de la legitimidad de la intervención social. Estas podrían ser objeto de discusión, a partir de opciones centradas en la sujeción a normas, el trasfondo de búsqueda de justicia social o en éticas enunciativas que explican históricamente ideas como la solidaridad.

3.2 Tres posibilidades para legitimar la intervención social

Una primera opción reside en atribuir la legitimidad de la intervención social al mandato contenido en las normas jurídicas, declaraciones de derechos y protocolos técnicos que habilitan actuaciones en el marco de las instituciones que implementan políticas sociales. Esta es la opción más próxima a la corriente sociológica weberiana, entendiendo que la legitimidad reside racionalmente en la validez legal-normativa de la acción. Al respecto, ^{Weber (1981)} señala que la legitimidad se refiere a la “probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos” (p. 170). Para este efecto, es necesario contar con un entramado jurídico que delimite reglas de actuación, pero además posea un soporte institucional validado. ^{Zapata-Ávila (2020)} advierte que la legitimidad social abarca la adhesión de los mandatos de autoridad por parte de la sociedad. Sobre este último punto, surgen posiciones críticas sobre el sustento de la potestad normativa e institucional (^{Osorio, 2015}), en el marco de sociedades que valoran prácticas deliberativas y democráticas.

Esta opción entiende que el Estado y sus instituciones confieren legitimidad a la intervención, toda vez que la respuesta de los instrumentos y programas se aplican sobre la creencia que asume que “la legitimidad es que la obediencia al orden estatal está justificada” (^{Mazzuca, 2012}, p. 546). Esta posición ha sido explorada en el campo disciplinario. ^{Cesarini (2007)} señala que la legitimación del trabajo social proviene de la institucionalización. Al respecto, cabe recordar que parte importante del ejercicio profesional del trabajo social se desarrolla en organismos públicos o coadyuvantes del Estado. Esta sujeción de la intervención a los marcos institucionales ayuda a explicar la legitimidad de sus actuaciones. También aquello se sostiene en la existencia de protocolos y normas técnicas que le atribuyen legitimidad. En este punto, se muestran espacios de poder institucional y normativo en fricción, lo que incluye a la política pública nacional y a las expresiones locales (Ej. Municipios). Además, esto considera que las profesiones psicosociales se disputan el campo laboral relacionado con la intervención. Esto quedó evidenciado en Chile con el caso de las Orientaciones y normas técnicas del Trabajo Social en Salud, que por un breve momento proveyó de certezas normativas a la acción. Con todo, sobre esta argumentación pesa la dependencia de la intervención respecto de la institucionalidad. La burocracia adquiere un rol importante frente a los beneficiarios/usuarios de programas y servicios sociales. Por otro lado, no consideran la idea de constituir institución desde la praxis de lo común (^{Dardot, 2019}), fuera de los márgenes gubernamentales.

La segunda opción para la legitimación de la intervención reside en la idea de la justicia social que inspira el ideario de varias profesiones como el trabajo social. En este sentido, ^{Ruz-Escobar (2020)} señala que “la justicia es el paraguas que resguarda el respeto por la dignidad, la solidaridad, los derechos humanos, la democracia, el reconocimiento de las singularidades y la lucha contra las injusticias” (p. 108). La resolución de brechas e iniquidades reafirma la vinculación de la intervención con los fundamentos más profundos e históricos que movilizan la transformación política de la sociedad. Resulta interesante considerar la opinión de ^{Fraser (2008)} sobre la justicia social anclada en mecanismos de reconocimiento. Esta posibilidad amplifica el modo ético-transformativo en que se piensa nuevamente la opción por la justicia social en la intervención social. Siguiendo a ^{Hölscher et al. (2020)}, este foco del Trabajo Social en la filosofía de ^{Fraser (2008)} resignifica las prácticas transformadoras “para cambiar la gramática profunda que subyace a la amplitud y profundidad de las formas contemporáneas de injusticia” (p. 251).

En la modernidad, la intervención social se valora frente a la disputa entre distintas posiciones sobre la búsqueda de la justicia social (^{Murillo-Torrecilla y Hernández-Castilla, 2011}). Por ejemplo, en las posiciones utilitaristas, el foco es puesto en el resultado de las acciones. En este sentido, la eticidad de la intervención radicaría en procurar el mayor bienestar para el máximo de individuos posibles. No obstante que este enunciado es benévolo en apariencia, existen aspectos críticos que deben ser advertidos. Por ejemplo, en las éticas utilitaristas se tiende a la despreocupación de los vínculos sociales entre las personas y la sociedad (familias, comunidades), pues sobrevalora la utilidad individual. Es interesante revisar opiniones liberales frente a este tema, como las planteadas por ^{Rawls (2012)} respecto de la noción de justicia distributiva, que ayuda a comprender las lógicas de la filosofía en las políticas sociales implementadas bajo el régimen neoliberal.

Respecto a esta misma fundamentación ético-política, los enfoques marxistas contribuyen a estos debates críticos, considerando sus variados aportes sobre la lucha por la justicia y la emancipación. ^{Laclau (2006)} alude a la demanda de derechos y bienestar por parte de la población, instancia que legitimaría la intervención. La razonabilidad de la demanda reside en disipar la tensión entre los sujetos y el orden institucional. En este sentido, nos señala ^{Laclau (2006)}, en las nociones de demanda y de antagonismo anidan los requerimientos para la construcción de nuevas políticas de identidad. En esta misma perspectiva, surgen voces que aportan desde el trabajo social. ^{Monteiro-Mustafá et al. (2018)} sitúan a la justicia central como contrapunto del debate profesional respecto del neoliberalismo. Por contrario, ^{Siqueira-Da Silva (2021)} critica a la intervención profesional que gestiona las carencias generadas desde la “desigualdad social burguesa” (p. 46).

La tercera posición en este análisis reside en la ética de la enunciación, según la cual, la intervención social se legitima en los discursos que son creaciones deliberadas. La fundamentación ético-política de la intervención social incorpora aspectos enunciativos y perlocutivos. Esta última posición, se sostiene en el carácter discursivo de la intervención social (^{Saavedra, 2015}), por el cual, la intervención no puede ser confundida con una práctica o una actividad de ejecución de proyectos.

Esta cualidad legitimadora estaría contenida en las miradas que comprenden la intervención desde la enunciación. Según ^{Torres-Oviedo et al. (2016)}, la enunciación ofrece una alternativa ética a la racionalidad moderna, en tanto quienes “interactúan comunicativamente aceptan implícitamente la posibilidad de establecer acuerdos sobre cuestiones de rectitud normativa” (p. 21). En esta proposición de la ética de la comunicación se relaciona con las posibilidades del reconocimiento de otredades que son configurativas de lo social (^{Levinas, 2000}). Este reconocimiento del otro es también parte de la propuesta ética de la liberación (^{Dussel, 1998}). En esta, la resignificación de categorías como la pobreza y la opresión, requieren de una forma distinta de nombrar en lo social. A ese respecto, ^{Dussel (1998)} propone una lectura crítica del europeo-centrismo epistemológico, que no implica su negación, sino su debate y redefinición a partir desde enfoques de periferia. Otro aporte sobre esta consideración ética enunciativa relacionada a la tradición oral es propuesta por ^{Rivera-Cusicanqui (1987)}. Estas consideraciones son relevantes a propósito de la discusión de la legitimidad de la intervención social en los contextos locales de identidades culturales latinoamericanas e indígenas.

Los discursos tienen la capacidad de crear y perturbar lo social, más allá del límite de su textualidad. Siguiendo a ^{Fairclough & Fairclough (2012)}, los discursos tienen la potencialidad de influir o disuadir, lo que sitúa el asunto de la legitimidad de la intervención en los alcances argumentativos que fundan dichas declaraciones políticas. Por ello, concordando con ^{Matus-Sepúlveda (2003)}, la intervención social está inscrita en su propia capacidad enunciativa. ^{Muñoz-Arce (2018)}, por su lado, relaciona la noción de perspectiva con el lugar de la enunciación, en tanto “este lugar de enunciación da forma y justifica las decisiones que guían la intervención social” (p. 32). Respecto de estos discursos constitutivos, existen posibilidades abiertas en la exégesis de las políticas de intervención. A partir de estas, se habilita ética y técnicamente la indagación de las situaciones y la evaluación de los sujetos sobre quienes se ejercen distintas formas de poder. Sin embargo, este razonamiento no es suficiente para explicar el fundamento de legitimidad de la intervención social ejercida sobre la población. Para esto, se requiere acudir a estrategias deconstructivas para elucidar los efectos políticos del reconocimiento y la diferencia, como por ejemplo proponen ^{Ploesser & Micheril (2011)}. La utilización de enfoques de deconstrucción en este debate es evidenciada por ^{Cortés-Mancilla (2018)}, quien invita a repensar la intervención social como categoría enunciativa heredada.

En esta discusión, es importante considerar los aportes teóricos de ^{Donzelot (2000}, ²⁰⁰⁷). El supuesto legitimador de la intervención radicaría en que lo social fue creado o inventado -como dice el título de una de las obras más reconocida del autor-, con el fin de contener las incongruencias que irrumpieron en la configuración histórica de las sociedades modernas. Siguiendo con este argumento, lo social es susceptible de fragmentación y disolución. Por ello, es importante considerar las condiciones de cambio de época, tanto de las epistemes como del modo ético en que produce sociedad. Es en este sentido que la mayor amenaza ética para la legitimidad de la intervención social es la implantación del régimen neoliberal a partir del último tercio del siglo XX. En el trabajo social se refleja en una creciente tendencia a la individualización en las actuaciones profesionales (^{Martínez-Herrero & Charnley, 2021}). Al respecto, las posibilidades de situar lo social en el reconocimiento enunciativo de otros, se reduce en “una sociedad individualista y no emancipada” (^{Brown y Almeyda-Sarmiento, 2021}, p. 32).

^{Carballeda (2002)} también aporta en este debate respecto del sentido de la intervención social, que puede resultar interesante para delimitar esta revisión de la legitimidad. Para el autor, la intervención en lo social implica el ensamble de un novedoso discurso sobre la verdad. Este será construido a partir de minuciosas descripciones e informes sobre quienes son sujetos de la intervención. En esto, confluye además la concepción de nuevos tipos virtuosos de sujetos, que modelarán la acción micro-social de las instituciones y las agencias de intervención. La etimología del término intervención resulta interesante para este fin, pues al mismo tiempo puede implicar interposición e intermediación. La resolución del uso de la intervención supone “un espacio, momento o lugar artificialmente construido en tanto acción” (^{Carballeda, 2002}, p. 93). Esta posibilidad de concebir la intervención como una artificialidad se vincula con las propuestas de ^{Donzelot (2007)} respecto de la invención de lo social. En efecto, para este último resulta significativo abordar la reflexión sobre la invención de la solidaridad y el modo en que el Estado moderno toma para si la respuesta a la cuestión social. ^{Donzelot (2000)} además vincula la capacidad y el poder estatal en la intervención de las familias, en la constitución de sujetos tipo, como, por ejemplo, delimitando la categoría inadaptación.