TRANSFORMACIONES INTERNAS DE LAS FARC A PARTIR DE LOS CAMBIOS POLÍTICOS POR LOS QUE ATRAVIESA EL ESTADO COLOMBIANO

Aurora Moreno Torres*

* Historiadora Universidad del Valle y Magistra en Estudios Latinoamericanos, Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como investigadora independiente. aurora929@hotmail.com.

Recibido: 16/08/2006 Aprobado evaluador interno: 17/10/06 Aprobado evaluador externo: 05/10/06

Abstract

The purpose of this research work is to analyze to what extent the policies of the State with regard to the internal armed conflict and the growth of the paramilitary groups have modified the internal structure of the FARC, in the 1990s. The FARC have shown signs of transformations such as the decentralization of the top leadership structure, the creation of Blocks made out of various Fronts and collegiate command structure, the increase in the number of members of the secretariat, and new political and military strategies. This research project subscribes to the need to evaluate FARC’s internal development vis-à-vis the changes within the State and its policy of containing the advancement of the guerillas, subjecting the FARC to strong military attacks, without so far evidencing success.

Key words: Colombian armed conflict, FARC guerrillas, paramilitarism, Colombian State.

Resumen

El objeto de este trabajo de investigación es analizar, hasta qué punto, las políticas de Estado respecto del conflicto armado interno y del crecimiento de los grupos paramilitares han modificado la estructura interna de las FARC, en la década de los noventa. Éstas han dando , muestras de transformaciones como la descentralización de la cúpula, la creación de bloques de frente y mandos colegiados, el aumento en el número de integrantes del secretariado y nuevas estrategias políticas y militares. La investigación se inscribe en la necesidad de evaluar el desarrollo interno de las FARC frente a los cambios dentro del Estado y su política de contener la avanzada guerrillera, sometiendo a las FARC a fuertes ataques militares, sin que hasta el momento se vislumbre su derrota.

Palabras clave: Conflicto armado colombiano, guerrilla de las FARC, paramilitarismo, Estado Colombiano.

Introducción

A partir de la década de los noventa el Estado colombiano inició una serie de reformas políticas y económicas que configurarían un nuevo orden. En primer lugar, se estableció el cambio constitucional, a fin de fortalecer el Estado, integrar la sociedad en torno a un proyecto nacional y alcanzar la paz. En segundo lugar, se concretó el cambio del modelo económico propuesto a finales de la década anterior, que sólo fue posible con el cambio constitucional. Estos factores no lograron fortalecer el Estado y, por el contrario, están asociados a la crisis interna que caracteriza la última década del siglo y comienzos del nuevo.

Por otro lado, el conflicto armado interno, que no logró superarse en las décadas pasadas, se hizo más complejo, debido a los cambios experimentados por las organizaciones armadas —especialmente las guerrillas— y al acelerado crecimiento de los grupos paramilitares. Hasta finales de los ochenta parecía que la lucha armada en Colombia se desarrollaba solamente en el campo, y aunque los actores del conflicto arreciaban sus ataques en las áreas rurales, no mostraban mayor poderío militar; es decir, que los ataques de la guerrilla se limitaban, en la mayoría de los casos, a hostigar puestos militares y emboscar patrullas del ejército. Por su parte, para esta misma época, los grupos paramilitares actuaban como una fuerza armada en oposición a la guerrilla, dirigiendo sus ataques hacia la población civil, especialmente la campesina, con el fin de consolidar zonas para empezar a disputarle el territorio a los grupos guerrilleros que se encontraban operando por casi toda la geografía nacional. Estos hechos se intensificaron en la década de los noventa y se reflejaron en las acciones violentas de los actores armados.

Marco Teórico

El marco teórico de este trabajo consta de tres partes: la primera, recoge los principales enfoques surgidos para analizar las guerras civiles, con el fin de la guerra fría, en torno a la corriente de la "economía política". En esencia, esta corriente plantea que la capacidad de acceso a recursos económicos por parte de los grupos rebeldes determina sus posibilidades de organización y subsistencia; la segunda, retoma algunos estudios y perspectivas sobre la historia de las FARC; la tercera, se refiere a algunos de los planteamientos teóricos surgidos en el contexto nacional para explicar el caso de las guerrillas colombianas a partir de los años noventa.

1. Las guerras civiles a partir del fin de la Guerra Fría

La nueva literatura que pretende explicar el carácter de las guerras civiles, a partir del fin de la guerra fría, ha abierto un debate sobre las dimensiones sociales, políticas y económicas de sus dinámicas. Esta crítica se dirige, primordialmente, contra las corrientes que consideran que factores objetivos — como la injusticia y la desigualdad social de los sectores excluidos— constituyen los elementos explicativos centrales, y en las que, por ende, el discurso político es fundamental. El ataque proviene principalmente de la teoría "económica del conflicto", para la cual la capacidad de acceso de los rebeldes a los recursos económicos determina sus posibilidades de organización y permanencia¹.

En esta perspectiva, "la motivación para los conflictos no tiene importancia: lo que importa es que la organización se pueda sostener financieramente";² es decir, que aunque se reconoce que los nuevos conflictos pueden fundamentarse en el descontento producido por tensiones étnicas, desigualdades económicas, ausencia o limitación de derechos políticos o incompetencia gubernamental para generar un desarrollo económico aceptable (descontento), o en la avaricia de los actores,³ la clave de la perdurabilidad del conflicto armado radica en la capacidad de los rebeldes para captar recursos económicos.⁴

Uno de los principales exponentes de esta postura, a nivel internacional, es Paul Collier,⁵ quien analiza las causas de las guerras civiles desde la perspectiva de la teoría "económica del conflicto", con base en tendencias empíricas de los rebeldes desempeña el papel explicativo principal.⁶

Collier, no niega la existencia de causas objetivas para el desarrollo de una rebelión, pero argumenta que estas rebeliones solamente se convierten en guerras civiles donde hay organizaciones financieramente viables; por tal razón, explica que:

las Milicias de Michigan fueron incapaces de crecer más allá de un puñado de voluntarios de medio tiempo, mientras que las FARC en Colombia han crecido hasta emplear unas 12.000 personas. Los factores que dan cuenta de esta diferencia entre el fracaso y el éxito no se deben buscar en las "causas" que estas dos organizaciones rebeldes dicen abrazar sino en las posibilidades, radicalmente diferentes, de percibir ingresos.⁷

Según Valenzuela,⁸ este tipo de análisis ignora la complejidad causal, pues deja de lado factores como las diferencias políticas, institucionales y económicas entre los dos países. En últimas, el planteamiento de la teoría económica del conflicto es que el nutriente para el desarrollo de la guerra civil es la "depredación", entendida como la forma en que se obtienen los bienes para financiar la organización, mediante la utilización de la fuerza como medio para obtener poder económico. Aunque todas las sociedades experimentan algún tipo de descontento, éste no es siempre un determinante de la rebelión. En tal sentido, Collier afirma que:

Una guerra no se puede librar sólo a fuerza de odios o esperanzas. La depredación durante el conflicto puede no ser el objetivo de la organización rebelde, pero sí es el medio para financiarlo. Por depredación me refiero al uso de la fuerza para arrebatar bienes o dinero a sus legítimos dueños (...) los grupos pueden abrigar inconformidades más o menos por fuera de sus circunstancias objetivas, fenómeno social conocido como "privación relativa". Hay quienes alimentan ansias de poder haciendo más o menos caso omiso de los beneficios objetivos que confiere el poder. En este caso, la factibilidad de la depredación es lo que determina los riesgos de que surja el conflicto.⁹

Según Collier, para los grupos armados es más importante acceder a los recursos con su capacidad depredadora, y las motivaciones objetivas tienen apenas un significado mínimo, útil para captar seguidores; sin embargo, esta afirmación es inapropiada al analizar el caso de las guerrillas colombianas, que han permanecido activas por cuatro décadas, ya que un discurso no se puede mantener por tanto tiempo sin que se evidencien los intereses particulares de los insurgentes o las disputas internas por el manejo de los recursos; ello, por supuesto, sin desconocer que el soporte financiero de la rebelión es fundamental; es decir, una rebelión no se puede sostener exclusivamente en un discurso de agravios, sin recibir ingresos que permitan mantener un ejército. Este sería el aporte de Collier.

Para Collier, el discurso que se cita a continuación se construye con fundamento en los agravios, pero a su vez es independiente de las motivaciones reales, por cuanto todos los grupos rebeldes adoptan este tipo de discurso, sin importar si están motivados por el deseo de justicia o por la codicia:

Hace 40 años en Marquetalia, departamento del Tolima, 16 mil soldados iniciaron su ofensiva contra 48 campesinos que obligados por esa circunstancia empuñaron las armas para defenderse de la agresión, dando origen al surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que transformadas hoy en Ejército del Pueblo, se han erigido como verdadera alternativa popular de poder. Desde ese 27 de mayo de 1964, las FARC-EP no hemos dejado de luchar ni un solo instante con la mayor decisión y optimismo revolucionarios en defensa de los intereses más sentidos de nuestro pueblo y en primer lugar, en la búsqueda de salidas políticas a la confrontación militar y a las desigualdades sociales que alientan su desarrollo. Justamente hace 20 años, en la Uribe, departamento del Meta, dábamos inicio a un proceso de Cese de Fuegos y de Tregua que debía culminar en la firma de un Tratado de Paz Estable y Duradero que no pudo ser por causa de esa visión miope e irreal de la Oligarquía que pretende el fin de la confrontación con la insurgencia revolucionaria, sin propiciar cambios de fondo en la estructura económica y social del país, ni modificaciones sustanciales en las reglas del juego político ni de la concepción sobre el papel del Estado con la sociedad (...).¹⁰

De acuerdo con Collier, las manifestaciones de un conflicto político no siempre conducen a una guerra, pero una guerra sí se puede apropiar de la existencia de un conflicto político:

Los analistas con frecuencia razonan retrospectivamente a partir del discurso político que se produce en el curso del conflicto y deducen que la guerra es la consecuencia de un conflicto político particularmente intenso: a su vez basado en motivos de descontento particularmente graves. Empero, la intensidad del descontento objetivo no predice una guerra civil. Muchas sociedades viven intensos conflictos políticos durante muchos años sin que éstos se conviertan en guerras. El conflicto político es universal, en tanto que la guerra es escasa. Yo argumento que allí donde la rebelión resulta ser financieramente viable, habrá guerra. Como parte del proceso de la guerra, la organización rebelde tiene que generar el descontento del grupo, en aras de la efectividad militar. La generación del descontento grupal politiza la guerra. En conclusión, es la guerra la que produce el conflicto político intenso y no a la inversa.¹¹

Collier también argumenta que una de las condiciones propicias para las guerras civiles es la importancia, para algunos países, de la exportación de bienes primarios fácilmente gravables, tanto por los gobiernos como por los insurgentes. El argumento es que estos países tienen mayor riesgo de conflicto que aquellos cuya economía no depende exclusivamente de la exportación de bienes primarios. Para los primeros, tiene importancia la población joven, con pocos niveles de educación y que carece de fuentes de empleo, pues constituye una fuerza de trabajo militar, ya que la pertenencia a una organización armada es una alternativa para jóvenes sin opciones de movilidad social; además, tienen importancia la geografía, el poco control por parte del Estado en determinadas zonas, y el haber experimentado conflictos armados previamente.¹²

Este autor analiza los beneficios económicos de las rebeliones, argumentando que las rebeliones predatorias son rentables en situaciones de dependencia de exportaciones primarias, bajos ingresos promedios y bajo crecimiento en el país. El primer elemento estaría asociado con el saqueo de los bienes primarios y las diversas modalidades de tributación por parte del Estado y de los rebeldes; los otros elementos actúan de alguna forma como dinamizadores del conflicto, y por tanto las organizaciones rebeldes se verían beneficiadas de las situaciones que pueden generar una guerra.

Al analizar el caso particular de las FARC, con frecuencia encontramos acciones predatorias, intolerancia y abusos contra la población civil, secuestro de medianos empresarios, robo de vehículos, boleteo, desplazamiento, prohibición de ejercer el derecho al voto, amenazas, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento forzoso y otras formas de abuso. No obstante, se debe hacer una distinción entre los abusos militares y estratégicos, y los abusos económicos con fines predatorios. Hay una marcada diferencia cuando estos se cometen como parte de una guerra que no ha perdido su proyección política y cuando son utilizados con ánimo de enriquecimiento individual o colectivo. En otras palabras, la depredación hace parte de la guerra. Según Álvaro Camacho, se debe diferenciar entre los abusos con fines económicos y los que obedecen al orden militar. Estos últimos afectan a la población civil por la dimensión que ha adquirido el conflicto armado. Tal es el caso de la voladura de puentes y torres de energía eléctrica, el uso de armas prohibidas, y la toma y destrucción de pueblos, acciones que desde luego afectan y suscitan el rechazo de la población, pero que hacen parte de una guerra que no ha perdido su dimensión política. Por el contrario, cuando los actos predatorios se llevan a cabo con fines de beneficio privado para sus autores, se ha perdido esa dimensión política¹³ y se constituyen en formas delincuenciales que nada tienen que ver con un proyecto político.

Siguiendo esta misma línea de análisis, Mary Kaldor plantea que las guerras civiles que se desarrollan en el contexto de la globalización han caído en el anacronismo, debido a las diversas modalidades que han adquirido. En el contexto actual, esas confrontaciones son mezcla de guerra, delito organizado y violación masiva de los derechos humanos, y se ven influenciadas por la economía informal que desvía los objetivos del conflicto. En este sentido, los Estados pierden legitimidad frente a las relaciones que establece la globalización. Para explicar las guerras contemporáneas, Kaldor afirma que "Surgen en situaciones en las que los ingresos del Estado disminuyen por el declive de la economía y la expansión del delito, la corrupción y la ineficacia; la violencia está cada vez más privatizada, como consecuencia del crimen organizado y la aparición de grupos paramilitares, mientras la legitimidad política va desapareciendo".¹⁴

Una perspectiva completamente diferente en relación con este debate es la presentada por Barrington Moore.¹⁵ Este autor considera que al interior de las culturas existen ciertas formas de sufrimiento y que la ausencia del dolor es consecuencia de alguna forma de anestesia moral o psicológica; es decir, para Moore las condiciones particulares de los regímenes pueden proporcionar una especie de anestesia efectiva que impide que las sociedades se rebelen; sin embargo, la superación de esta anestesia tiene también bases sociales.

Según Moore, la pobreza que no logra superarse empieza a producir condiciones de indignación que sustituyen a las de resignación. Esa indignación será mayor cuanto más aumente el sufrimiento de los estratos bajos. En segundo lugar, es preciso que las condiciones de insatisfacción lleguen a las clases dominantes, de manera que se dividan para formar una alianza entre dominantes y dominados. En tercer lugar, es preciso que se identifiquen cuáles son los culpables de la miseria y el sufrimiento: altos funcionarios estatales y grandes propietarios, entre otros. En cuarto lugar, es necesaria la presencia y las acciones de agitadores. Finalmente, es fundamental el desarrollo de espacios sociales y culturales que permitan que los dominados puedan al menos experimentar condiciones de mejoramiento. Ello quiere decir que, en los regímenes represivos, los espacios dificultan la acción reivindicativa o la protesta.¹⁶

De lo anterior se desprende que cuando las sociedades no encuentran un vehículo adecuado para resolver sus problemas de injusticia, el descontento social se puede convertir en la chispa que encienda la rebelión; de allí que sea importante el grado de concientización popular encaminada hacia un fin; sin embargo, estos elementos no son suficientes para el desarrollo de una rebelión; por consiguiente, es aquí donde toma fuerza la organización con capacidad de encauzar la rebeldía. Para Moore, los recursos económicos son importantes, pero no suficientes para desencadenar el desarrollo de la rebelión.¹⁷ Al analizar el caso de las FARC, en la explicación de su surgimiento, encontramos la existencia de condiciones sociales objetivas, capacidad organizativa y liderazgo político, e inexistencia de recursos susceptibles de ser depredados.

2. Estudios y perspectivas

Dentro de esta categoría de análisis han surgido estudios que intentan mostrar elementos que permiten establecer los orígenes de las guerrillas, su tradición histórica, sus motivaciones ideológicas, su permanencia en el tiempo, las limitaciones en cuanto a las formas de generar una insurrección armada, las diversas modalidades por las que ha atravesado el conflicto, el uso de prácticas no convencionales y las fuentes de financiamiento, para entrar a establecer el momento actual.

Desde diversas disciplinas se ha buscado una explicación a los hechos violentos surgidos en Colombia a lo largo del siglo XX. Los estudios son diversos y los enfoques son múltiples. La literatura se inicia con la producción publicada sobre la violencia desde 1962, año de aparición del libro pionero en este género de estudios, la Violencia en Colombia, de Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna,¹⁸ hasta los estudios actuales que explican las nuevas estrategias guerrilleras.

En Colombia, los estudios que explican el conflicto desde la perspectiva económica se han inscrito en la teoría de la codicia-depredación para caracterizar la acción de las organizaciones guerrilleras. Entre ellos están los estudios de Mauricio Rubio, María del Pilar Castillo y Boris Salazar. Rubio, afirma que no hay ninguna diferencia entre la delincuencia común y la delincuencia política, debido a que producen los mismos efectos al interior de la sociedad y a que en su actividad militar los guerrilleros no solamente cometen innumerables delitos contra la vida humana y la propiedad, sino que sus ánimos rentísticos determinan en gran medida el tipo de prácticas a las que se dedican.¹⁹

María del Pilar Castillo y Boris Salazar²⁰ parten del enfoque de la teoría de los juegos y de la teoría económica del conflicto para establecer que el conflicto colombiano es el resultado banal de una acción racional de agentes armados y no armados, que han aprendido a sobrevivir en condiciones de extrema incertidumbre, escasa solidaridad y falta de reglas para conducir las relaciones entre los individuos y entre éstos con los distintos grupos sociales.²¹ Para los autores, las organizaciones guerrilleras parten de una situación de agravios e injusticias, pero esconden fines eminentemente económicos; por consiguiente, a las FARC les beneficiarían más las situaciones que puedan desencadenar un conflicto que alcanzar la paz. Según estos autores:

No puede desconocerse, por supuesto, que el fenómeno de la exclusión política, generado por el Frente Nacional, explica el surgimiento y proliferación de las organizaciones armadas revolucionarias activas en la década del setenta y ochenta.

Pero la dimensión política y revolucionaria de esas organizaciones actúa en el contexto más amplio de una organización social en la que la depredación sistemática, el ejercicio de la violencia y la búsqueda de ventajas económicas prevalecen. Para decirlo de otra forma, no sólo la exclusión política explica el surgimiento y consolidación de organizaciones armadas revolucionarias en la década del setenta y del ochenta. Hay una explicación más amplia y con mayor poder de cobertura: en general el contexto social favorecía la proliferación de los que estaban organizados para la depredación y para la imposición violenta, a costa del debilitamiento, y hasta la desaparición de quienes no lo estaban.²²

Estos estudios recogen una serie de acontecimientos históricos que permiten evaluar los diferentes momentos por los que ha atravesado el conflicto interno colombiano. Las modalidades de investigación son variadas, e incluyen las que se proponen hacer una revisión histórica con base en metodologías cualitativas, apoyadas en entrevistas e historias de vida, para establecer cuál ha sido la evolución de las guerrillas, especialmente de las FARC. En esta discusión se centra el estudio de Ferro y Uribe,²³ quienes retoman la historia de las FARC. Volviendo a los orígenes y las condiciones que los llevaron a empuñar las armas, los autores intentar retomar la discusión acerca de cuál ha sido su evolución política y el papel que ha desempeñado el Partido Comunista al interior de la organización.

Los autores toman el enfoque de Ángelo Panebianco para definir el desarrollo organizacional de las FARC; a partir de allí, Ferro y Uribe reconstruyen los hitos fundacionales de la organización y se preguntan por sus estructuras internas, las dinámicas de expansión territorial y las formas de articular su proyecto a la población. Su aporte lo sustentan en testimonios y hechos que permiten establecer el estado actual de las FARC como organización política y militar.

Sobre el crecimiento de las FARC, los autores señalan que los cambios se reflejan en la Octava Conferencia, con la creación de bloques y comandos conjuntos, dada la necesidad de regionalizar la organización, en aras del crecimiento y del avance en el control territorial, y, adicionalmente, en una nueva plataforma política con un criterio "pluralista, patriótico y democrático", como parte del plan estratégico.²⁴ Ferro y Uribe intentan evaluar las teorías de la "economía política" y de la "elección racional"; plantean que el crecimiento actual de las FARC y su mayor capacidad militar son el resultado de las diversas modalidades financieras. Los autores encuentran que el crecimiento de las FARC no sólo se debe a su relación con los cultivos ilícitos, sino que hay otros factores de igual o mayor importancia, como la sólida estructura organizativa y la adecuación de la misma a la expansión territorial, y los mecanismos de control político, militar y de financiero.

Si bien es cierto que los medios de lucha aparecen cada vez con mayor peso e importancia en las prácticas no convencionales de la guerra, los medios de financiación asociados al secuestro y la extorsión, y las formas clientelistas de hacer política, el carácter de su lucha guerrillera parece permanecer intacto, lo que se explica por la solidez organizacional que las FARC han demostrado a lo largo de su existencia.

Sin duda, estas caracterizaciones resultan útiles, aunque no suficientes, pues obligan a no perder de vista la complejidad de las organizaciones guerrilleras, y dan elementos para plantear nuevas categorías de análisis y obtener una mayor comprensión de la realidad colombiana.

Otro componente al cual los analistas le han dado poca relevancia es la incidencia de las políticas de Estado sobre las guerrillas, políticas que han combinado de manera permanente y cíclica acciones represivas y acciones de negociación, y han oscilado entre el tratamiento político y el delincuencial. Si bien sabemos que las guerrillas surgieron como consecuencia del régimen cerrado del Frente Nacional, el Estado no ha modificado las debilidades por las que ha atravesado a lo largo del siglo XX, aunque trató de dar nuevas alternativas con la nueva Constitución de 1991.

3. Estudios nacionales a partir de los años noventa

Una de las discusiones actuales sobre el conflicto armado colombiano gira alrededor de la importancia del manejo de los recursos obtenidos a través del secuestro, la extorsión y la economía asociada con los cultivos ilícitos. Para algunos, se ha extinguido toda motivación de orden político, lo que ha llevado a la degradación delincuencial de los grupos armados (guerrilla y paramilitares); otros, en cambio, sostienen el carácter instrumental de estas formas de financiamiento, al menos en el caso de las guerrillas.

Estas perspectivas explican el fortalecimiento de las guerrillas en conexión con el creciente auge en el manejo de recursos económicos, lo que les ha permitido un mayor crecimiento en el pie de fuerza y les ha proporcionado un mayor poderío militar, con amplias redes de apoyo, armamento y equipos de comunicación, factores que las han ubicado, según Pizarro, en un "empate negativo" de fuerzas con el Estado; no obstante, en su análisis del momento actual de la confrontación armada, el mismo autor asegura que a partir de 1998 la guerrilla sufrió una derrota estratégica que la obligó a abandonar la idea de adelantar una guerra de posiciones y a regresar a la guerra de guerrillas, lo que finalmente puede desencadenar su derrota. Aunque estos elementos no explican la totalidad del conflicto, sí dejan prever que las dimensiones del conflicto se han transformado.

Pizarro²⁵ argumenta que es equivocado ver a las guerrillas como simples carteles de la droga, aunque reconoce que las drogas ilícitas explican, no sólo las dimensiones del conflicto, sino también, en buena medida, su permanencia en el tiempo, dadas las relaciones que los grupos armados han logrado tejer con los narcotraficantes en las zonas donde se establecen. Afirma el autor que en las zonas donde las guerrillas son el actor hegemónico se produce una "convivencia pragmática" con los traficantes de drogas, gracias a la cual estos últimos pueden operar sin obstáculos, a cambio del pago de distintos impuestos y contribuciones. En las regiones de hegemonía paramilitar, se realiza una "alianza estratégica" entre grupos narcotraficantes y paramilitares, en la cual los primeros cuales alimentan las finanzas de los segundos. En conclusión, el tráfico de drogas y el conflicto armado estarían estrechamente relacionados. Pizarro anota que para las guerrillas los recursos del narcotráfico continúan siendo un medio y no una motivación. La importancia radica en la forma como estos recursos son manejados al interior de los frentes guerrilleros. En contraposición, los paramilitares se han convertido en "verdaderos señores de la guerra", para quienes la lucha contrainsurgente se ha convertido en la excusa para desarrollar su negocio del narcotráfico.²⁶

En esta misma línea de discusión se encuentran los planteamientos de Alfredo Rangel, quien afirma que:

estas cantidades ingentes de recursos que hoy maneja la guerrilla han ocasionado la distorsión de su imagen y naturaleza en muchos sectores que ven equivocadamente en los grupos insurgentes sólo un negocio para el enriquecimiento personal de cada uno de sus integrantes. Nada más errado y peligroso que esta interpretación (....) la guerrilla ha hecho del dinero no un fin en sí mismo sino un medio, uno de sus principales recursos políticos y, obviamente, el sostén impulsor de su capacidad bélica.²⁷

Rangel analiza las relaciones que se entretejen entre la comunidad y las guerrillas y define tres categorías que explican diferentes formas de financiación de los grupos subversivos y que constituyen también maneras de relacionarse con la población y las economías locales. La primera de ellas se define como predatoria; tiene lugar donde la guerrilla no ejerce ninguna influencia en la población y donde su presencia es esporádica, de tal manera que existen formas de sustracción de recursos económicos asociadas con el secuestro, el abigeato, los asaltos y la extorsión. La segunda la define como parasitaria; esta se genera cuando la guerrilla entabla vínculos con la población de una zona específica y gana apoyo a través del proselitismo y el terror. En estas zonas el boleteo y la vacuna son las modalidades que permiten definir la relación parasitaria de la guerrilla. La tercera, la define como simbiótica; esta se da donde la presencia institucional es escasa o nula, y por consiguiente la guerrilla ejerce control y se inserta en la economía regional. Las principales actividades que sostienen este esquema de financiación son la producción y el financiamiento de narcóticos, la extracción de oro, la ganadería y la agricultura, además del cobro de impuesto revolucionario de manera regular.²⁸

El autor reconoce la existencia del componente político en las guerrillas, pero argumenta que es débil y poco creíble para las grandes masas urbanas, por lo cual se han centrado en conseguir poder local, que no difiere en nada de las formas tradicionales de hacer política, basadas en apoyos precarios ligados a contraprestaciones económicas, cambiantes de acuerdo con las circunstancias. Según esto, las guerrillas abandonaron la idea de una revolución nacional y se dedicaron a conseguir poder local para acceder a los recursos económicos con el fin de fortalecer su ejército, y de esta forma abandonar la guerra de guerrillas y pasar a una etapa más avanzada: la guerra de movimientos, lo que finalmente dará lugar a la guerra de posiciones. Sólo de esta forma la guerrilla adquiere poder de negociación cuando llegue el momento oportuno. En este sentido, se entendería que, especialmente las FARC, no tienen ningún afán de hacer la revolución a nivel nacional, sino en preparar mejor su ejército para ampliar su poder local. Aquí surgen unos interrogantes, ¿cuáles son las formas adecuadas de hacer política de un grupo insurgente que no cuenta con los medios legales para hacerlo?, o acaso ¿éstas no son formas de hacer política aunque los medios no sean los adecuados? Sin duda, los analistas le han dado poca importancia a las formas como la guerrilla ha llevado a cabo su estrategia política: el poder local, aunque representa limitaciones en cuanto a las formas de acceder a él, puede significar la transformación de la lucha armada y el cambio de la institucionalidad vigente.

De esta forma, los analistas explican que la expansión de los grupos armados en Colombia en la última década se debe a su control sobre determinadas zonas de producción de diversos recursos naturales, áreas de producción y de procesamiento de drogas ilícitas, zonas ricas en oro, carbón, petróleo y banano, entre otros.²⁹ Ello les permitió, tanto a las guerrillas como a los paramilitares, pasar de un crecimiento vegetativo en los años ochenta a un crecimiento exponencial, como consecuencia de la doble dinámica de extorsión a los productores de coca, oro o banano, y el vínculo directo con los eslabones de la producción o el tráfico de drogas.³⁰ Estos elementos actúan como dinamizadores del conflicto, pero, en el caso de las guerrillas, continúan siendo un medio y no una motivación.

Para el caso de las guerrillas, los autores argumentan que el propósito de la lucha por la tierra ha sido reemplazado por la influencia y el dominio territorial, factores que obedecen a la capacidad de adquirir recursos económicos con el fin de controlar algunos territorios y mantener presencia superficial en otros, desarrollando un clientelismo armado a nivel local³¹ y actuando como redes de poder que manejan instrumentos de fuerza. Ello quiere decir que, en lo político, la estrategia de la guerrilla se ha centrado en copar el poder local. Sin embargo, los autores no fortalecen sus análisis dentro de un contexto nacional, lo que deja un vacío al tratar de entender por qué la guerrilla ha incursionado en zonas que no poseen recursos económicos que se puedan saquear y logran consolidar algún poder político, no sólo a través de las armas, sino a través de las relaciones que logran establecer con la población en determinadas zonas.

Para Marco Palacios, es importante tener en cuenta la tradición y la historia del accionar de cada una de las organizaciones, lo que se refleja en el carácter todavía rural y campesino de gran parte de la militancia y la dirigencia de estos movimientos y en su capacidad militar.³² Siguiendo esta misma interpretación, Eric Lair plantea las nuevas dimensiones del conflicto. Mediante el uso del terror, los grupos armados han mejorado su capacidad bélica, lo que les ha permitido ampliar sus dominios territoriales y a su vez adquirir poderes locales que sólo son posibles por la precariedad del Estado y que no significan mayor capacidad de convocatoria política. El terror que ejercen los actores armados en contra de la población se utiliza con el fin de quitarle apoyo al enemigo y es considerado como un plan "estratégico indirecto" que evita el desgaste de una confrontación directa. A su vez, menciona la relativización del tiempo como algo favorable a la guerrilla.³³

Si bien estos análisis parten de explicaciones conceptuales que han tenido eco en los círculos intelectuales, presentan limitaciones debido a la forma como se accede a la información, que en la mayoría de las veces se basa en análisis y cifras estadísticas que no reflejan en su totalidad la realidad al interior de las guerrillas. Otros enfoques parten de estudios cuantitativos para explicar el poder adquirido por los grupos armados y su ubicación geográfica, con fundamento en datos oficiales. En este trabajo se plantea que las fuentes primarias son igualmente importantes, y que una evaluación de los datos puede llevar a conclusiones diferentes. Por tanto, este trabajo pretende ante todo analizar documentos de las FARC, algunos de los cuales no han sido evaluados anteriormente, y de igual forma analizar fuentes oficiales, dentro de un contexto nacional.

El Estado colombiano frente al conflicto armado

A diferencia de otros Estados, especialmente de América Latina, el Estado colombiano tiene una larga historia de democracia ininterrumpida. En la mayor parte del siglo pasado sus gobiernos surgieron de elecciones periódicas, en la gran mayoría de las cuales los partidos tradicionales se alternaron en el ejercicio del poder. Pese a ello, su historia también está marcada por el fenómeno de la violencia y todo lo que implica para el ejercicio de la democracia. Sin embargo, este fenómeno no ha sido obstáculo para que los dos partidos tradicionales (liberal, conservador) hayan permanecido en el poder. No obstante, en la última década Colombia presenta una profunda crisis política y económica, como consecuencia de los problemas que no se lograron superar en las décadas pasadas. Es decir, el Estado colombiano ha sido incapaz de integrar a la sociedad en un proyecto, de mediar en los conflictos y de proveer adecuados bienes públicos que impliquen transformaciones en el ejercicio del poder y al interior de la sociedad. A pesar de implementar reformas, cambiar la Constitución y ampliar las formas de participación democrática, el Estado no ha logrado superar las debilidades por las que ha atravesado durante el siglo XX, como el clientelismo, la corrupción administrativa, la exclusión social, la falta de una provisión adecuada de servicios públicos a gran parte de la población, y la incapacidad para ejercer presencia en todo el territorio y fomentar el desarrollo.

Según Pizarro,³⁴ la violencia de las últimas tres décadas fue erosionando lentamente las instituciones gubernamentales, lo que finalmente llevó a que, a principios de los noventa, Colombia terminara abocada a un colapso parcial del Estado, término acuñado por Paul Oquist para referirse al impacto del fenómeno de la violencia bipartidista al interior de las instituciones estatales en la década de los cincuenta. En la década de los noventa esta crisis de Estado se explica por el conflicto armado, los altos índices de pobreza, el desempleo, la falta de políticas públicas, la crisis económica y la violación de los derechos humanos.

Existen algunas diferencias entre La Violencia de los años cincuenta, dominada por la confrontación bipartidista y el período actual, caracterizado por la existencia de diferentes conflictos que confluyen en una violencia generalizada. La caracterización de "derrumbe parcial" del Estado en los noventa se basa en los altos índices de criminalidad, el deterioro de las instituciones del Estado, la pérdida de independencia de las ramas legislativa y judicial respecto del ejecutivo, apoyado ante todo por las fuerzas armadas y de seguridad, la poca presencia del Estado en todo el territorio, las diversas asimetrías sociales y la corrupción estatal. Estos factores no fueron superados durante el siglo XX y, por el contrario, se agudizaron en la última década.

Dentro del debate contemporáneo se encuentran los planteamientos de Daniel Pecaut, quien define el momento actual como de "precariedad del Estado", explicada por la permanencia del régimen heredado del Frente Nacional y la ausencia del Estado en vastas zonas del territorio nacional, lo que ha llevado a dejar espacio abierto para el uso privado de la fuerza por grupos como las organizaciones guerrilleras. Esta precariedad del Estado reside no sólo en este aspecto, sino también en su incapacidad para consolidar influencia en la sociedad. Esto se debe a que el Estado en construcción no jugó un papel interventor frente a lo económico y social, sino que más bien fue un instrumento del bipartidismo. Argumenta el autor que, sobre estas bases, la sociedad colombiana avanzó en el siglo XX "sin que las estructuras y la concepción del Estado hayan sido profundamente alteradas".³⁵

Otros autores sostienen que la fragilidad del Estado colombiano se atribuye a un proceso incompleto y altamente desigual de construcción nacional; sin embargo, afirman que a pesar de los problemas actuales, Colombia no necesariamente se está debilitando, sino que, por el contrario, es posible que el Estado colombiano esté experimentando una tendencia de largo plazo hacia el fortalecimiento y consolidación;³⁶ no obstante, la perspectiva de mayor aceptación es la tendencia hacia el "colapso parcial" del Estado.

Para Ann Mason,³⁷ un Estado fuerte sería uno con unas instituciones gubernamentales funcionales y efectivas para la provisión de seguridad, derecho, justicia y servicios básicos; un control altamente consolidado sobre el territorio y los grupos de población; un poder gubernamental suficiente para repeler los desafíos a su autoridad; y un ejercicio de la fuerza en nombre del Estado considerada legítima.

En el caso de Colombia, la democracia opera de tal forma que el Estado carece de la capacidad fundamental para garantizar los derechos y libertades básicas, lo que es particularmente evidente en las últimas décadas. Esto se explica por la pérdida de las libertades civiles, la falta de espacios de participación en la toma de decisiones y la fragmentación de la sociedad; a estos problemas se agregan la recesión económica y el incremento en el gasto de defensa y seguridad, dejando de lado el gasto social, lo que ha aumentado de forma considerable la pobreza y el desempleo.

A este panorama desolador se suman otras variables que no permiten el ejercicio de la democracia. La violencia repracticada por los grupos armados ha incidido sobre la democracia y los procesos electorales en algunas partes del territorio, particularmente a nivel local y regional. Por otro lado, la sociedad civil ha perdido el interés por participar en elecciones locales debido a la presencia de actores armados que controlan ciertas áreas y fuerza política.³⁸ A nivel nacional, la democracia está obstaculizada por el clientelismo, la corrupción y la falta de compromiso con lo social.

Estos factores han llevado a plantear que en Colombia existe una crisis de legitimidad del régimen y del sistema bipartidista, lo que ha generado poca confianza en las instituciones del Estado, como consecuencia de la exclusión impuesta por el Frente Nacional. Ello condujo a percibir la necesidad de configurar, en la década de los noventa, un nuevo orden institucional. Dicha reestructuración se sustentaba por la profunda crisis de legitimidad y liderazgo al interior de las instituciones y el régimen político en las últimas tres décadas. Esta crisis se reflejó en altos niveles de violencia, falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, y ausencia de una clase dirigente con un proyecto social que incluyera los diferentes intereses nacionales.³⁹

El papel del Estado frente al conflicto

En Colombia, la década de los noventa se inicia con la presidencia de César Gaviria, político liberal que había ocupado cargos como el de alcalde de Pereira, su ciudad natal, y senador, entre otros. En su campaña política para la presidencia pregonaba la "renovación de las costumbres políticas", y con el apoyo de todos los medios de comunicación logró generar grandes esperanzas de cambio entre amplios sectores de la población. Además, contó con el respaldo de un gran número de intelectuales y científicos sociales del país. Este apoyo le sirvió para iniciar nuevas reformas económicas y políticas, dentro de lo que se denominó "la modernización institucional", más conocida como el "revolcón", que se convirtió en prioridad del gobierno.

Con respecto al conflicto, los años noventa en Colombia comienzan con los acuerdos de paz que llevaron a la desmovilización de los pequeños grupos guerrilleros: EPL, PRT y Quintín Lame. Debilitados y con poco apoyo popular, estos grupos argumentaban que la lucha armada en Colombia ya no era viable. En contraprestación, con los acuerdos de paz el gobierno les ofreció una ventaja para la participación en la siguiente campaña electoral. A diferencia del M-19, movimiento que había pactado acuerdos con el gobierno de Barco y se encontraba desmovilizado. La rapidez con que se convocó el referendo se debíó al hecho de que las elecciones parlamentarias tendrían lugar en marzo del mismo año, y al interés del gobierno de Barco por favorecer al M-19, que tendría una participación en el equipo ministerial del gobierno siguiente.⁴⁰

Las otras guerrillas finalmente abandonaron la lucha armada, prácticamente sin llegar a acuerdos políticos. Entre los beneficios se contemplaron el reconocimiento como partido político de los grupos armados y algunas ventajas para la participación de los antiguos guerrilleros en la siguiente campaña electoral, con el fin de permitir su reincorporación a la vida institucional del país.⁴¹ Los grupos guerrilleros convertidos en partidos políticos obtuvieron una escasa participación en las elecciones y en la conformación de la Asamblea, a excepción del M-19, que obtuvo un tercio de la representación, lo que finalmente determinó su desaparición como movimiento político. Las conversaciones con las FARC y el ELN se mantuvieron por algún tiempo sin que se lograran acuerdos.⁴²

En segundo lugar, con el argumento de encontrar una salida a la crisis, César Gaviria, presidente electo y jefe del partido liberal, llegó a un acuerdo sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1991. Dicha convocatoria contó con el apoyo de los líderes de los dos sectores del partido conservador (Partido Social Conservador y Movimiento de Salvación Nacional) y del M- 19. Todos los demás partidos, organizaciones y movimientos políticos fueron marginados de las reuniones que llevaron a suscribir el acuerdo.

Luego de este pacto el gobierno expidió el Decreto 1926 del 24 de agosto, convocando a la elección de una Asamblea Constituyente para el 9 de diciembre de 1990,⁴³ que permitiría, entre otras reformas, las siguientes: ampliar la representatividad del régimen político mediante la inclusión de nuevas fuerzas sociales; fortalecer el Estado mediante el mejoramiento de su eficiencia en la prestación de servicios públicos y de las instituciones de administración de justicia; depurar y fortalecer el Congreso y la actividad política a fin de reducir el clientelismo y la corrupción; y ampliar el gasto público social con el fin de reducir los niveles de pobreza absoluta y expandir la cobertura de los servicios de educación salud y seguridad social. Se argumentaba que el cambio propuesto por la nueva Constitución era una herramienta útil para la paz y la estabilidad social.

La Asamblea fue conformada en diciembre de 1990, mediante unas elecciones que registraron una abstención del 84% de los votantes, la más alta en la historia colombiana. Las explicaciones pueden variar, pero lo que se evidencia es que no fue un consenso de las mayorías, sino de una élite y unas contraélites que buscaban nuevos mecanismos para permanecer en el poder.

A su vez, el gobierno de Gaviria inició una guerra contra las organizaciones guerrilleras activas, pero que estaban desarrollando conversaciones de paz; el día de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno lanzó un ataque a Casa Verde, en la Uribe (Meta), sede del secretariado de las FARC⁴⁴ y símbolo de los antiguos diálogos de paz, durante más de diez años; es decir, el gobierno de Gaviria inició una propuesta mixta de guerra contra las guerrillas que estaban fortalecidas y de diálogos con las otras pequeñas organizaciones guerrilleras. Por sus dimensiones políticas y militares, este hecho simbólicamente signó el nacimiento de la Constitución, más como un pacto de guerra que de paz.⁴⁵ La intervención gubernamental se tradujo en un grado mayor de desconfianza y en cambios en la estrategia del grupo guerrillero y llevó a la agudización de la confrontación bélica.

Con este ataque, el gobierno de Gaviria cerró la ventana que habían dejado abierta las FARC para continuar negociando acuerdos que condujeran a la paz, no solamente con esta organización, sino con todos los grupos alzados en armas que no se integraron al proceso.⁴⁶ Según Oscar Mejía, la Constitución del 91 se convirtió en un recurso ideológico de las élites para justificar un nuevo esquema de dominación que ofrecía, en lugar de paz, una democracia participativa sin la participación de los actores disidentes y un Estado social sin los sectores sociales que reclaman la inclusión.⁴⁷ Al hacerlo, para algunos sectores dejó en evidencia que la única alternativa es la guerra.

El ataque a Casa Verde marcó el comienzo de lo que se denominó "guerra integral", cuyo fin era desarticular las guerrillas en un periodo de 18 meses. Para ello contaba con modernos aparatos de fabricación estadounidense e israelí, seguidos de una gran ofensiva por tierra; el mensaje del gobierno a las FARC fue que se proponía darle una salida bélica a un problema eminentemente político. Las FARC se vieron obligadas a dejar sus cuarteles e iniciar una nueva estrategia político militar, consagrada en la Octava Conferencia realizada en 1993.

A su vez, en respuesta al ataque contra Casa Verde, la Coordinadora Guerrillera, organización que incluía a las FARC, el ELN y un sector del EPL, lanzó una contraofensiva entre febrero y marzo del 91, conocida como "Campaña Comandante Jacobo Arenas", desplegando acciones a lo largo y ancho del país, para presionar de diversas formas por una nueva etapa de negociación política.⁴⁸ En abril de 1991, el gobierno y la CGSB iniciaron una ronda de negociaciones en Caracas (Venezuela). Estas negociaciones se interrumpieron temporalmente y se reiniciaron con otra ronda en junio de 1992 en Tlaxcala (México).⁴⁹

Un día después de instalar la Asamblea Constituyente, el gobierno de Gaviria lanzó la primera iniciativa en torno al tema del conflicto armado; con la creación de un impuesto de guerra, se proponía combatir abiertamente a la guerrilla.⁵⁰ El gobierno, apoyado en las facultades conferidas por el artículo 121 de la Constitución política, desarrolló el decreto No 1038 de 1984 sobre orden público y Estado de Sitio para tal fin, condicionando la participación de la guerrilla en la Asamblea, no a acuerdos políticos sino a su desmovilización. La guerrilla, a su vez, había ratificado que se mantendría en armas mientras no se pactaran acuerdos políticos que modificaran el orden existente.

La declaratoria de guerra por parte del gobierno profundizó el grado de desconfianza y marcó el comienzo de la confrontación armada. Los guerrilleros se vieron obligados a dejar sus cuarteles y desplazarse a otras zonas, ampliando así sus territorios y su organización; asimismo, iniciaron una nueva estrategia política y militar que tenía como fin hacerle frente al gobierno y a las políticas de seguridad que estaban ocasionando los desplazamientos masivos de población, las ejecuciones de líderes sindicales y el asesinato generalizado contra los líderes de la Unión Patriota (Movimiento surgido a partir de los acuerdos de la Uribe, entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC) y el partido Comunista.

La guerra integral

Tras el ataque a Casa Verde, el gobierno de Gaviria anunció el comienzo de su política de seguridad, denominada "guerra integral", con la que se proponía exterminar a la guerrilla en un periodo de 18 meses, según explicaba el entonces Ministro de Defensa, Rafael Pardo. Con lo anterior se daba cierre a un proceso de paz iniciado diez años antes y que se caracterizó por la existencia de comisiones de paz, conversaciones informales, diálogos nacionales, tregua y ruptura del cese al fuego, diálogos con la Coordinadora Guerrillera y escalada de la confrontación por parte de las guerrillas y de las fuerzas armadas.⁵¹ La culminación de este ciclo está marcada por el fracaso de las rondas de negociación celebradas en Caracas y Tlaxcala.⁵² En respuesta a la declaratoria de guerra y al rompimiento de las negociaciones de paz, la guerrilla inició una abierta confrontación con el Estado. La muerte de 26 policías a manos de las FARC en Orito (Putumayo), el 8 de noviembre de 1992, sirvió de fundamento para la aplicación de la política de seguridad impuesta por Gaviria.⁵³

Entre las medidas de excepción tomadas se encuentra el Decreto 1793, de declaración del Estado de Conmoción Interior durante noventa días, prorrogable hasta por dos periodos iguales, mediante el cual el Congreso le otorga facultades especiales al ejecutivo. Este no difiere del estado de sitio de la Constitución anterior, con cuyos poderes han gobernado los últimos diez presidentes de Colombia. Los decretos del ejecutivo se orientaron, entre otros aspectos, al fortalecimiento de la justicia, al control a la difusión de informaciones de la guerrilla y el narcotráfico y al fortalecimiento de los presupuestos de seguridad.⁵⁴

Fortalecimiento de la justicia: Esta medida facultó al Fiscal General de la Nación para supervisar la creación de unidades especiales en las fuerzas militares que ejercieran funciones de policía judicial, con lo cual se restableció nuevamente la justicia militar para los civiles y se trató a las organizaciones guerrilleras como organizaciones delincuenciales, sujetas a sanciones judiciales diferentes a las de los delitos políticos (rebelión). En febrero de 1993, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa anunciaron la creación de 26 equipos de fiscales y auxiliares en cada una de las brigadas de las fuerzas armadas y de 12 unidades antiextorsión y secuestro en la propia Fiscalía.⁵⁵

Dentro de estas medidas de conmoción interior se creó el programa de protección a testigos y las rebajas de penas por confesión. Además, el Fiscal se comprometía a garantizar a los testigos que hubieran participado en algún delito que su confesión no daría lugar a investigación penal en su contra.⁵⁶ En otras palabras, se le dio vía libre a la impunidad y al delito. La colaboración con la justicia, mediante la delación, otorga beneficios que comprenden hasta el perdón judicial y la supresión de antecedentes penales. Estos hechos dieron lugar a que un gran número de colombianos fueran juzgados con base en las pruebas aportadas por testigos que, en la mayoría de los casos, actuaban de acuerdo con su conveniencia, para obtener los beneficios otorgados por la Fiscalía.

El perdón judicial y las recompensas económicas para los delatores⁵⁷ tienen un efecto perverso sobre la administración de justicia, debido a que les otorgan a los criminales un poder negociador frente a la justicia, con lo que de alguna manera se estimulan el crimen y la impunidad. A la vez, se genera una situación mayor de injusticia con los detenidos sin pruebas, dándoles mayor credibilidad a los testigos sin rostro, violando el derecho a la defensa y al debido proceso y dejando en entredicho la función de la justicia.

Otro decreto, dentro de la conmoción interior, estableció un completo programa para facilitar la deserción y reinserción de guerrilleros. Éstos podían acogerse a los planes para la protección de testigos, obtener el perdón judicial de la Fiscalía, e incluso vivir en instalaciones judiciales para garantizar su seguridad personal.⁵⁸ Vale la pena resaltar que esta medida no ha sido modificada.

La segunda declaratoria de conmoción interior por parte del gobierno se sustentó en "la agravación del orden público en razón de las acciones terroristas de las organizaciones guerrilleras y de la delincuencia organizada"; la Corte Constitucional dio vía libre al gobierno para la aplicación de las medidas contempladas en el estado de conmoción interior, entre ellas, el Decreto 1810 de 1992, por medio del cual se otorgó facultades de policía judicial a las fuerzas militares, con la función expresa de reemplazar la justicia civil:

De forma sintética puede decirse que este decreto conforma en las Fuerzas Militares "unidades que ejercerán funciones de policía judicial, según lo previsto por el numeral 4º del artículo 251 de la Constitución Política en relación con hechos punibles de competencia de los jueces regionales (antes jurisdicción del orden público), en los eventos en que no sea posible disponer de autoridades de policía judicial en el lugar de los hechos y bajo la dirección, coordinación y dependencia del Fiscal General de la Nación" (Artículo 1º ).⁵⁹

Como respuesta a la declaratoria de guerra del gobierno, y luego de celebrar la VIII Conferencia en 1993, las FARC iniciaron una profunda transformación. En primer lugar, los ataques de confrontación armada propios de las zonas rurales se trasladaron a las cercanías de las ciudades, especialmente de Bogotá, Medellín y Cali. En segundo lugar, se fortalecieron los frentes urbanos⁶⁰ que ya habían empezado a organizarse, y paralelamente se consolidaron grupos de milicias urbanas que constituyen una red de apoyo para los frentes rurales en las ciudades. En lo militar, la guerrilla tomó la decisión de construir un ejército con capacidad de ocasionarle a las fuerzas militares, derrotas con claro y contundente valor estratégico, a lo cual se hará referencia más adelante.

Los paramilitares y la justicia privada

En Colombia, la política de combatir a la guerrilla tiene dos dimensiones: por un lado, las acciones de control y combate de las fuerzas armadas, y por otro las acciones de los escuadrones de paramilitares.⁶¹ El surgimiento de estos grupos estaría ligado, de alguna forma, con la aparición de las primeras guerrillas comunistas; sin embargo, algunos autores señalan que el surgimiento de los grupos paramilitares estaría asociado al proceso de paz entre las guerrillas y el gobierno de Betancur, durante el cual aquéllas lograron fortalecer su movimiento, ampliar sus dominios territoriales y prepararse en lo militar, ante la eventualidad de que el proceso no condujera a cambios reales al interior del Estado.⁶² En tal caso, darían paso a su estrategia militar para la toma del poder.

Hacia finales de los años setenta y comienzos de los ochenta surgen organizaciones armadas de distinto tipo, con el fin expreso de combatir a las guerrillas.⁶³ A su vez, el ejército desplegó la estrategia de organizar autodefensas campesinas contra las guerrillas. Desde finales de 1981, algunos narcotraficantes, como Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Castaño, se unieron a los ganaderos y latifundistas con el mismo fin.⁶⁴ Esta es una de las fases de la inserción de los narcotraficantes en la guerra contrainsurgente, con el apoyo de las élites regionales y de las fuerzas armadas; esta estrategia logró desplazar a la guerrilla y consolidar ejércitos privados en algunas zonas, como en Puerto Boyacá.⁶⁵

Según Javier Guerrero, el narcotráfico hizo su aparición en medio de una situación de debilidad institucional en la que el establecimiento siempre vio como única amenaza a la oposición armada (y desarmada), mientras minimizaba y veía como secundarios los peligros de la corrupción y el narcotráfico. Esta debilidad del Estado fue aprovechada por los poderes locales, quienes se organizaron en torno a la lucha contra un enemigo común.⁶⁶ De esta forma, Colombia se convirtió en el escenario de la lucha contrainsurgente, con la llegada de mercenarios internacional con el fin de preparar escuadrones capaces de aniquilar los focos comunistas. Para las élites nacionales, el expansionismo comunista, ya fuera en organizaciones sindicales, partidos políticos, o guerrillas, representaba el mayor peligro a sus intereses particulares o políticos. De esta paramilitares o de autodefensas, con el apoyo de mercenarios internacionales, depositarios de altas tecnologías y financiados con dineros ilegales, dentro de lo que se ha llamado la "guerra de baja intensidad", aplicada con éxito en algunos países latinoamericanos en el periodo de la "guerra fría".⁶⁷

Según Carlos Medina, los grupos paramilitares aparecieron por primera vez en la zona de Puerto Boyacá, donde las FARC y el Partido Comunista habían logrado consolidar gran apoyo entre los habitantes. Las FARC empezaron a realizar secuestros y extorsiones a los ganaderos, quienes decidieron la creación de escuadrones financiados por los hacendados locales, con un fondo inicial de $200 millones.⁶⁸ En la zona de Puerto Boyacá confluyen diversos intereses. Por un lado, los terratenientes que no estaban dispuestos a pagarle a los grupos guerrilleros que operaban en la zona, y por otro el ejército nacional, quien empieza a aplicar la "doctrina de seguridad nacional".

De esta forma, la zona de Puerto Boyacá se convierte en el epicentro de la guerra contrainsurgente, desde donde se extienden las acciones a Puerto Berrío, sede de La Brigada XIV, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yacopí Cimitarra, Puerto Salgar y La Dorada. Entre 1982 y 1984 los paramilitares asesinaron a más de 800 personas de estas regiones, expulsaron a las familias campesinas que habían colaborado con las FARC, y reemplazaron parte de la mano de obra con inmigrantes de los Llanos Orientales, del Huila y de otras regiones.

Como parte de su expansionismo, los grupos paramilitares de Puerto Boyacá se trasladaron a prestarle apoyo logístico y de entrenamiento a otros grupos semejantes en Córdoba, Urabá y la región del Ariari, en el Meta, y participaron en las masacres en esas zonas y en Antioquia. Luego de expulsar a la guerrilla del Magdalena Medio, los jefes paramilitares organizaron grupos locales de autodefensas en las regiones "liberadas", integrados por pobladores locales y no por mercenarios a sueldo como en la primera etapa.⁶⁹

La doctrina de Seguridad Nacional, se considera como una guerra no convencional, no declarada, en la que se supera la concepción tradicional del pensamiento militar, por una que requiere de menos recursos, menos hombres y causa menos casualidades que la guerra tradicional. Este tipo de conflicto involucra la guerra política, económica y sicológica. "es una guerra total a nivel de raíces"; su doctrina evoluciona como una respuesta al crecimiento de los movimientos populares.⁷⁰

Esta doctrina tenía como fin desarticular los apoyos de las FARC al interior de las comunidades; el ejército y las organizaciones armadas empezaron a crear una guerra en la zona, arremetiendo de forma violenta contra la población civil, el Partido Comunista y las organizaciones legalmente establecidas.

El surgimiento de los grupos paramilitares de Puerto Boyacá comenzó a producirse a mediados de 1982, en medio de circunstancias muy específicas: por una parte, las acciones de tipo militar adelantadas por el batallón de infantería No. 3 "Barbúla", fortalecidas a partir de mediados de 1983 por la XIV brigada, y por otro lado, la ofensiva de las FARC contra la población local, a través de mayores exigencias económicas y secuestros. La población, en particular los propietarios de tierras y de ganado, se inclinaron hacia el ejército, al que ahora veían como una institución.⁷¹

De acuerdo con esto, las formas de organización del ejército nacional van a determinar las acciones de los grupos armados. Medina define otro elemento de la doctrina de la seguridad nacional, y es que la capacidad de adaptación de los militares a la nueva forma de guerra pasa por la creación de un "Ejército propio y una fuerza no convencional de soldados y especialistas de guerra", que es lo que comúnmente se conoce como organismos paramilitares.⁷²

De esta forma, se puede definir una primera etapa de conformación de los grupos de autodefensa, asociada a la creación de ejércitos privados en la zona esmeraldífera, por parte de quienes entraron a controlar la explotación de las minas luego de que el Presidente Misael Pastrana cediera el control de la zona a manos privadas; otros, fueron creados por los narcotraficantes Fidel Castaño y Gonzalo Rodríguez Gacha, para no continuar pagando el impuesto de guerra, el llamado "gramaje", y a su vez ampliar territorios aptos para los cultivos ilícitos, expulsando a la guerrilla y organizando militarmente bases sociales de apoyo;⁷³ también hubo grupos directamente creados por oficiales del ejército, en el marco de la guerra contrainsurgente.⁷⁴

Como respuesta a la guerra declarada por el presidente Barco, los paramilitares y narcotraficantes iniciaron una guerra contra las instituciones del Estado (la matanza de jueces en la Rochela, en enero de 1989, luego del asesinato del candidato liberal, Luis Carlos Galán). Estos hechos sirvieron para que el gobierno, dentro de su política de guerra contra las mafias, derogara la Ley 48 de 1968, que autorizaba al ejército a crear grupos de autodefensa. En junio de 1989 el gobierno dictó el Decreto No 1194, que establece penas para quienes financien o promuevan grupos paramilitares. El crecimiento acelerado de los paramilitares se da justamente una vez el gobierno decreta la ilegalidad de los grupos de autodefensa y de todos los grupos de justicia privada. Al perder el respaldo del Estado, los paramilitares, quienes ya habían ganado espacio en la esfera política, lanzaron un "movimiento político militar" con el fin de conseguir el mismo trato de delincuentes políticos que el gobierno le había dado a las guerrillas.⁷⁵ El movimiento político Morena (Movimiento de Restauración Nacional) fue presentado de forma oficial en agosto de 1989.⁷⁶

En el gobierno de Gaviria se le dio un nuevo giro a la política de guerra contra las mafias con la creación de la justicia negociable, que garantizaba la no extradición a los Estados Unidos, siempre y cuando los implicados se entregaran y colaboraran con la justicia. El gobierno mostró con gran éxito su política, luego de que algunos narcotraficantes se entregaron a la justicia. En este momento el gobierno centró su política en la guerra contra la guerrilla, ocultando el problema del paramilitarismo, el cual ya había logrado un acelerado crecimiento.

Con el paso del tiempo estos grupos fueron ganando capacidad de movilización y poder ofensivo, ante todo, gracias al apoyo de las mafias del narcotráfico o de las esmeraldas y al respaldo de las fuerzas armadas, constituyéndose en la nueva élite rural del país. Según Pizarro, esto les permitió adquirir cierta complejidad organizativa,⁷⁷ lo que llevó a la decisión de unificarse en ciertas zonas, bajo el liderazgo inicial de los hermanos Castaño y sus Autodefensas de Córdoba y Urabá. La primera conferencia nacional de autodefensas se llevó a cabo en Cimitarra, en 1994, y tres años más tarde se conformaron las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales, imitando a las FARC en cuanto a su organización interna, nombraron una dirección única y un estado mayor conjunto. El núcleo inicial estuvo formado por las autodefensas de Córdoba y Urabá, las de los Llanos Orientales, las de Ramón Isaza y las de Puerto Boyacá.⁷⁸

Pese a estos acuerdos, y aunque las AUC pretendan mostrar gran cohesión, aún no han logrado la unidad y se presentan como federaciones de grupos regionales bajo la hegemonía del grupo mayoritario, las ACCU, lideradas por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Ello, sin embargo, no ha impedido su crecimiento en las regiones. Se calcula que para el año 2003 había 22 grupos paramilitares, distribuidos en 28 departamentos, algunos de los cuales no hacían parte de las AUC.⁷⁹

Vale la pena resaltar que el rasgo fundamental de las AUC está determinado por las modalidades de acción, fundadas en el terror generalizado, el asesinato selectivo y las masacres, el desplazamiento masivo y la expropiación de tierras a los campesinos. Los grupos paramilitares han sido responsables de la inmensa mayoría de las masacres que se han producido en el país. Éstas, definidas como el asesinato colectivo en el mismo tiempo y lugar de al menos cuatro personas, han sido una de las modalidades principales de acción de los grupos paramilitares, con el objetivo de destruir las reales o presuntas bases sociales de apoyo a la guerrilla.⁸⁰

Según Cubides, a pesar de su acelerado crecimiento y consolidación en algunas zonas, ligados con el crecimiento y la expansión de los cultivos ilícitos, y de haber desalojado a las FARC de algunos de sus territorios, la guerra de los paramilitares contra la guerrilla ha dado lugar a un número muy bajo de enfrentamientos directos. La mayor parte de las acciones de los paramilitares se ha dirigido contra la población que apoya a la guerrilla; tampoco esta última ha propiciado combates directos contra los paramilitares, salvo en tres ocasiones de las que se tiene noticia cierta (Putumayo, Urabá, y Carmen de Chucurí).⁸¹ Guerrero, explica que la guerra se transformó primordialmente en masacres y ataques a la población civil, por parte de los paramilitares, y en tomas de poblaciones vigiladas por escasa fuerza de policía, por parte de las guerrillas, mientras que las principales fuerzas beligerantes (ejército, paramilitares y guerrillas) evadían el enfrentamiento directo.

Para la década de los noventa, la guerra entre paramilitares y guerrilla seguía caracterizándose por las masacres de población desarmada y algunos enfrentamientos directos por el control territorial. Se estima que entre 1998 y 2002, se registraron un total de 483 enfrentamientos entre grupos paramilitares y organizaciones guerrilleras; sin embargo, la información es escasa y fragmentada.

En la actualidad, los grupos de paramilitares se encuentran negociando su desmovilización con el gobierno. Ello por supuesto, no ha sido impedimento para que estos grupos continúen realizando masacres, desplazamientos y reclutamiento, con distinto fin; algunos de estos bloques para desmovilizar, y otros como parte de su crecimiento; es decir, conservan sus estructuras delincuenciales y paramilitares con mayor presencia en las ciudades⁸² sin que el estado tome medidas para controlar su avance.

Transformaciones internas de las FARC

Para entender los cambios por los que han atravesado las FARC, en la última década, es necesario tener en cuenta las transformaciones del Estado colombiano, partiendo del cambio de la Constitución Nacional y de las reformas al Estado referidas al conflicto armado, dentro del marco de un nuevo orden internacional. Para ello, debe hacerse un recorrido histórico que sirva de base para estudiar las transformaciones político-militares de esta organización.

Las FARC se consideran a sí mismas como un "ejército del pueblo"; como la expresión más elevada de la lucha revolucionaria por la liberación nacional; como un movimiento político-militar basado en la combinación de todas las formas de lucha.

Los orígenes de las FARC están marcados por las primeras luchas agrarias en el sur del Tolima, donde surgieron como autodefensas campesinas a finales de 1948, con el objetivo de enfrentar la violencia oficial y de las bandas de conservadores. Posteriormente, y debido a la arremetida oficial, hacia 1953-1955, se transformaron en guerrillas móviles⁸³ e iniciaron un desplazamiento hacia otras zonas, donde se fueron consolidando como movimiento armado por la necesidad de defensa y supervivencia en el campo. Estos primeros comandos armados eran de origen liberal y comunista. Pese a la unificación de los dos grupos, las diferencias de concepciones políticas y organizativas condujeron a la ruptura del comando unificado y al comienzo de los enfrentamientos entre liberales y comunistas. Finalmente, las guerrillas comunistas se trasladaron a la zona de Marquetalia, hacia 1960, donde adoptaron los principios marxistas-leninistas como parte de su proyecto político.

Tras el ataque a Marquetalia en 1964, por parte del gobierno de Guillermo León Valencia, las FARC iniciaron unos cambios que fueron ratificados en las diferentes conferencias. En la primera de ellas se conformó el Bloque Sur, y como parte de su plan estratégico se buscó avanzar hacia las tres cordilleras. El ataque a Marquetalia fue seguido por la operación contra Riochiquito, lo que obligó al desplazamiento de la población hacia la selva.

Las FARC nacieron oficialmente en la Segunda Conferencia, realizada en 1966. Dentro de su estrategia militar avanzaron hacía el Pato, la Cordillera Oriental, Tolima, Caldas y Quindío, y pasaron de la defensa armada de una región a la resistencia armada, en la que grupos de guerrillas móviles empleaban la táctica de golpear, retirarse, volver a aparecer y desaparecer.⁸⁴ Se buscaba consolidar un pequeño ejército con la conformación de grupos móviles, a fin de desplazarse hacia las tres cordilleras. Los objetivos políticos se definían en términos de la toma del poder, y como proyecto político se continuó con el Programa Agrario, proclamado el 20 de julio de 1964.

En esta conferencia se aprobaron el Estatuto del Régimen Disciplinario, el Reglamento y las Normas de Comando; se eliminaron las denominaciones de grado que emulaban las del ejército, y en aras de su profesionalización organizacional se empezó a manejar la idea de conformar "cuerpo de mando". Pese a ello, todavía no se tenía una idea clara de lo que era un frente de guerrillas.⁸⁵ En esta conferencia se unificaron las guerrillas comunistas que operaban en Marquetalia, Riochiquito, el Pato, Guayabero y 26 de septiembre.

Más adelante, en la Tercera Conferencia (1968), se dirigieron hacia el Tolima y el Magdalena Medio. En dicha conferencia se analizaron las experiencias de la Cordillera Oriental y Central y el cumplimiento de los acuerdos de la Conferencia Constitutiva. En ese momento todavía no se había dado el desarrollo del movimiento guerrillero como tal, pues la fase de guerrilla móvil clandestina encontró dificultades en cuanto a sus formas de operar. Se pasó de la organización en destacamentos a la fundación de frentes y se construyó la escuela nacional para el estudio de la "guerra preventiva y guerra del pueblo", con el fin de preparar los futuros cuadros políticos. En esta conferencia se evaluaron las anteriores, los errores que llevaron a la casi desaparición del movimiento y el poco crecimiento de sus filas. A pesar de esto, se contempló la idea de avanzar hacia la toma del poder.

En 1970 se celebró la Cuarta Conferencia. Se constituyeron frentes en el Pato y el Magdalena Medio, aunque no hubo muchos avances en cuanto a su crecimiento. Sin embargo, se mantuvo como organización político-militar, con el apoyo del Partido Comunista, que cumplía un papel importante al interior de la organización y de las bases de apoyo.

Posteriormente, en 1974 (Quinta Conferencia), el grupo contaba con cuatro frentes y las condiciones para crear un quinto en Antioquia y un sexto en el Valle. Nuevamente, se planteó la necesidad de convertirse en un ejército revolucionario, aunque hasta ese momento no había logrado avanzar en su plan político-militar. Este fue un periodo de reconstrucción y de recuperación de fuerzas, sin que se hubiera consolidado una estructura nacional de mando.

En 1978 (Sexta Conferencia) mil hombres conformaban las FARC. Se comenzó a estructurar la concepción de lo que sería un ejército guerrillero revolucionario, con el estudio de un documento preparatorio conocido como "tesis", en el que se analizaban las formas de organización interna y se ampliaban los estatutos, el Régimen Disciplinario y las Normas Internas de Comando. Se consolidaron núcleos políticos, y se inició la actividad política de forma clandestina en las zonas donde se organizaron los núcleos guerrilleros. Como parte de su crecimiento, se pasó al desdoblamiento de frentes en nuevas áreas y zonas de influencia. Dentro de la estrategia militar se adoptó la guerra de guerrillas (no esperar a ser atacados sino atacar).⁸⁶ Cuando un frente golpeaba, los otros debían hacer lo mismo, buscando operar con concentración de fuerza. Se pasó a la estrategia de asedio, asalto y copamiento, y se inició el estudio sobre las nuevas formas de operar, con base en los cambios al interior del ejército nacional. Aparecieron también las unidades tácticas de combate (UTC).

Entre la Sexta y Séptima conferencias, las FARC pasaron de 16 frentes a 25, y tenían las condiciones para crear uno más en el Valle, e incursionar en nuevas zonas como Antioquia, Chocó, Cauca, los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila, entre otros, con el fin de consolidar un ejército. En ese momento, las FARC consideraba indispensable desarrollar más ampliamente el trabajo político con las organizaciones legales y la comunidad, lo que les permitiría tener un mayor apoyo que se traduciría en el crecimiento de la tropa.

En la Séptima Conferencia se planteó, fundamentalmente, y como parte de un plan estratégico, el crecimiento y la expansión de la organización, con la Cordillera Oriental como eje de acción. La idea era, mediante el crecimiento y el desplazamiento, desdoblar frentes por las otras dos cordilleras, con el fin de penetrar en las principales ciudades. Para ello se planteó un crecimiento de 15 mil hombres,⁸⁷ lo que sólo sería posible articulando la organización al trabajo con la población. Los frentes tendrían que adquirir la capacidad para fomentar y ampliar el trabajo con las masas, con miras a consolidar una gran red de apoyos y de bases. Las FARC planteaban que solamente de esta forma se podría asegurar el crecimiento de la organización y, por consiguiente, acercarse a una revolución.

Los noventa: hacia un nuevo orden

La adopción de la Constitución del 91 y el ataque a Casa Verde, donde se encontraba el secretariado de las FARC, van a tener amplias repercusiones para el desarrollo del conflicto.⁸⁸ En primer lugar, la ofensiva militar contra Casa Verde, por parte del gobierno de César Gaviria, tenía como objetivo desarticular la organización, que para este momento se encontraba vinculada a unas negociaciones de paz. Para las FARC el ataque significó la declaración de guerra, lo que las llevó a dar paso a su nueva estrategia militar, que aunque tiene sus bases en la Séptima Conferencia, es ampliada y actualizada de acuerdo con el desarrollo del conflicto. La nueva forma de operar de los noventa va a tener características diferentes a la planteada en los ochenta, donde los ataques militares eran más defensivos que ofensivos, con poca concentración de tropa y acciones aisladas. Para poner en marcha la nueva forma de operar, sin olvidar sus objetivos políticos pero ganando espacios militares, era necesario fortalecer unas finanzas que hasta la década de los ochenta se habían conseguido mediante el cobro de impuestos a los cultivadores de coca, la extorsión a ganaderos y el secuestro de grandes empresarios. El fortalecimiento de las finanzas en la década de los noventa estaría asociado, de alguna forma, con el incremento de los cultivos ilícitos y las formas de tributación establecidas por las FARC a los diferentes eslabones de la cadena productiva del narcotráfico, obteniendo mayores utilidades.⁸⁹

La Octava Conferencia y la guerra integral

Para la octava conferencia, las FARC habían registrado un crecimiento importante y se habían establecido en buena parte del territorio nacional: contaban con 48 frentes y habían puesto en marcha su desdoblamiento. Asimismo, planteaban la necesidad de crear bloques móviles, compañías y comandos de asalto a cargo de operaciones militares de gran envergadura. Estas transformaciones se empezaron a consolidar cuando el gobierno declaró la "guerra integral". Desde ese momento, las FARC iniciaron un profundo cambio en la estrategia militar, reflejado en grandes operaciones militares a partir de 1996. Antes de ese año, las FARC habían mostrado un comportamiento tímido en su confrontación con el ejército y los paramilitares, caracterizado por acciones espontáneas, toma de pueblos y emboscadas, todas ellas operaciones un tanto aisladas. Pero a partir de ese momento se reflejó una dinámica diferente⁹⁰ en su concepción militar.

De la misma manera, en esta conferencia se trazaron varias metas fundamentales. En primer lugar, en su declaratoria política se aprobó la construcción de un nuevo gobierno para alcanzar la paz ("Nuevo Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional"), luego del exterminio de la Unión Patriótica (UP), su partido político. Para ello, era necesario ampliar el trabajo político con las masas, vinculando las organizaciones sociales a un nuevo proyecto político de carácter masivo y clandestino: el Movimiento Bolivariano del Pueblo. Paralelo a ello, en las ciudades comenzaron a consolidarse grupos de milicias urbanas de la guerrilla, con el fin de fortalecer los frentes rurales y trasladar los enfrentamientos con mayor intensidad a las cercanías de las grandes ciudades, en respuesta a la guerra declarada por el Estado.

Los cambios de las FARC, después de la Octava Conferencia, obedecieron a la necesidad de fortalecer su organización. En primer lugar, se descentralizó la cúpula y se decidió ubicar a cada miembro al mando de un bloque, pues tras el ataque a Casa Verde se comprendió el riesgo que representaba para su organización la permanencia de todos los integrantes del secretariado en un mismo lugar. Además, se aumentó el número de miembros del secretariado, a fin de tener mayor coordinación de sus frentes. A partir del 2005, luego de la muerte de uno de los miembros del secretariado (Nariño), se establecieron dos suplencias, que tienen como fin remplazar a unos de sus miembros en caso de incapacidad, muerte o detención. En segundo lugar, se dio el paso de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos.⁹¹ Para ello fue necesaria la creación de la escuela militar, situada en los Llanos del Yarí, con el fin de preparar a los futuros mandos operacionales, destinados a unidades militares de mayor tamaño.⁹² En tercer lugar, en lo militar se reafirmó el objetivo anunciado en la anterior conferencia de urbanizar el conflicto, con el fortalecimiento de los frentes urbanos. Estos hechos sólo fueron posibles cuando el Estado optó por combatir la guerrilla en el terreno militar y no en el terreno político.

En síntesis, como lo sostiene Fernando Caicedo —uno de sus comandantes— , esta conferencia le dio un giro a la estrategia de las FARC: "En esta conferencia se da un salto cualitativo desde lo militar, se rompe con el esquema tradicional de guerra de guerrillas, se tiene la capacidad de golpear en masa y retirarse. Se da dentro de lo que se conoce como "nuevo modo de operar" que significa: asediar, golpear, copar y retirarse, sería lo que en estrategia militar se llama guerra de movimientos, pero al estilo guerrillero".⁹³

La Octava Conferencia: hacia la consolidación de un ejército regular

En ese momento las FARC adoptaron el planteamiento foquista de Ernesto Guevara, el cual consistía en adquirir formas ofensivas de ataque: "asedio sostenido, asalto y copamiento del enemigo", tácticas de guerra que se basan en el despliegue de tropas y la capacidad de acción coordinada. Según las FARC, al adoptar estas nuevas formas de operar se obligaba al enemigo a prepararse y modificar sus tácticas. La Octava Conferencia tiene la particularidad de que las FARC declaran que desde ese momento dejarían de ser defensivas para convertirse en "totalmente en ofensivas". Sus planes militares partirían de estudios de inteligencia bien diseñados y estudiados por los frentes, para lo cual se prepararían en una escuela militar diseñada para tal fin.

Con esta nueva dimensión del conflicto se dio un nuevo ordenamiento al interior de las FARC: por una parte, se produjo el distanciamiento con el Partido Comunista y las otras expresiones de lucha legales, pero sin abandonar la combinación de todas las formas de lucha, ante el genocidio perpetrado contra la UP y la casi desaparición del PCC. El distanciamiento con el PCC llevó a un hondo proceso de militarización. Según Pizarro, las FARC dejaron de ser una "guerrilla de partido" para convertirse en una "guerrilla militar", dado que el secretariado de las FARC asumió simultáneamente la dirección política y militar. Es decir, la dependencia del PCC se rompió y comenzó un proceso de sustitución por el denominado Partido Comunista Clandestino de Colombia, bajo la dirección directa del secretariado. A su vez, la muerte de Jacobo Arenas, el indiscutible líder político, también contribuyó a la militarización de las FARC.

Nuevas estrategias político militares

Desde su nacimiento en Marquetalia, las FARC se establecieron como una guerrilla en oposición al régimen colombiano. Sus fundamentos militares se basaron en la táctica de la emboscada, lo que les permitía un margen de acción frente a las fuerzas armadas y compensaba el número de integrantes. Sin embargo, según lo planteaban las FARC, este hecho les representaba ser más defensivas que ofensivas, "siendo que el carácter de toda guerrilla revolucionaria es ser ofensiva".⁹⁴

De acuerdo con estos planteamientos, las FARC iniciaron una transformación militar que se formularía en la Séptima Conferencia, la cual tiene como eje de análisis un documento conocido como "tesis", basado en la experiencia de la operación "Cisnes 3", realizada en el Guayabero en 1980. Como resultado, se crearon las bases para adoptar su nueva forma de operar, consistente en un plan general de guerrillas móviles, concentrando toda la fuerza en un solo frente, para "asediar, copar y retirarse". Para poner en práctica su NFO era necesario aumentar el número de integrantes y promover nuevos mandos, hasta llegar a 200 comandantes, con el fin de consolidar un ejército.

La NFO se ha definido como una nueva táctica militar, partiendo de la base de que la guerra regular pasó a ser irregular, como consecuencia de las nuevas formas de guerra contrainsurgente adoptadas por las fuerzas armadas. Según las FARC, estas tácticas de guerra se explican por la prolongación del conflicto, lo que lleva a cada ejército a actualizar sus formas de combate. Su concepción ideológica parte de la idea de que la guerrilla debe apoyarse en dos fuerzas: la fuerza militar y la fuerza política, abarcando dos formas de lucha: la lucha armada y la lucha política, de acuerdo con las circunstancias y condiciones del momento y lugar.⁹⁵

A partir de las estrategias adoptadas por el ejército, se modificaron los planes y las nuevas formas de operar. Con estos cambios en el orden político y militar se dio inicio a la Séptima Conferencia. No obstante, las FARC plantearon en los sucesivos plenos que esta nueva táctica militar solamente se llevaría a cabo cuando el Estado incumpliera con los acuerdos de paz, acuerdos que terminaron con el último intento de revivir los diálogos en Tlaxcala, México, en 1992, y la declaratoria de guerra.

La puesta en marcha de esta nueva estrategia, diseñada en la conferencia anterior, fue concebida como una primera etapa en el desarrollo de la confrontación abierta. La segunda etapa fue adoptada en 1993, cuando se acordó como meta principal los ataques contundentes al ejército, dando inicio a la preparación de los futuros mandos. Esta NFO se refleja a partir de 1996, y consiste en crear unidades de lucha capaces de cercar y aniquilar bases militares y tropas de élite del ejército oficial, en un tiempo prolongado. Esta táctica le significó a las FARC avances militares, desplegando acciones en diversas ciudades como Popayán, Cali, Medellín y Bogotá, y poblaciones de menor tamaño. Además, utilizando un gran número de hombres y la disciplina propia de un ejército, las FARC realizaron ataques contra convoyes militares como los de Puerres en Nariño, El Billar, Las Delicias, San Juanito y Patascoy, entre otros, donde funcionaban importantes batallones de fuerza élite contraguerrillera. Para algunos analistas, las FARC dieron el salto de guerra de guerrillas a guerra de movimientos.

Los éxitos militares obligaron a que se reconocieran el poderío y la cobertura de las FARC. Además, las guerrillas optaron por tomar prisioneros de guerra, que en un primer momento eran militares detenidos durante los enfrentamientos, para plantear un canje de prisioneros de guerra por guerrilleros detenidos en las cárceles.⁹⁶ Debido al poco interés que suscitó el tema del canje en las distintas instancias del Estado, las FARC ampliaron esta estrategia, que ahora abarca desde la retención de militares hasta políticos. Esta estrategia de las FARC obedece a las múltiples capturas de sus miembros por parte del ejército, especialmente en las ciudades, y al aumento de penas que hace casi imposible el regreso de sus miembros presos a las filas, y las ordenes de extradición sobre un gran número de sus miembros, a partir del 2004.

Para las FARC, la ley de canje nace de la necesidad de darle al conflicto un tratamiento de guerra civil en el que se humanicen las condiciones de los detenidos de ambos lados. Esta decisión se tomó luego de que las FARC sufrieran algunas derrotas militares y la detención de un gran número de sus miembros, especialmente en Cali, Medellín, y Bogotá, donde sus frentes urbanos fueron prácticamente desarticulados. Esto llevó a las FARC a concentrar todos sus efectivos en las áreas rurales y a dirigir desde allí las ciudades, lo que ha impedido la consolidación del "trabajo urbano". De ahí que la conquista de las ciudades siga siendo uno de los grandes problemas para el avance de la revolución propuesta por las FARC.

Esto llevó a la guerrilla a perder el apoyo que había consolidado en las ciudades, indispensable para el desarrollo de la confrontación armada. Por ello se encuentra limitada a la realización de cercos y hostigamientos en el área periférica, acciones que generan gran conmoción al expresarse en combates esporádicos, bloqueos de vías de acceso, secuestros masivos y ataques a instalaciones militares.⁹⁷ En la actualidad, y a pesar de que las FARC empezaron a formar frentes urbanos a finales de los ochenta, no han podido penetrar en las ciudades de forma definitiva.

Hacia 1998, con la llegada de Andrés Pastrana a la presidencia de la república, el conflicto dio un nuevo giro: por un lado, el gobierno acordó con las FARC el despeje de una zona para iniciar una mesa de negociaciones tendientes a lograr acuerdos de paz; por el otro, la administración Pastrana estrechó las relaciones con Estados Unidos, lo que se tradujo en mayor apoyo al tema militar. Con la dotación de las fuerzas armadas con armamento de punta para la guerra contrainsurgente y la provisión de recursos para la creación de nuevas bases militares, se elevó el número de soldados profesionales y brigadas móviles con tropas aerotransportadas, se dio el paso de unidades militares dispersas hacia grandes unidades militares, se fortalecieron la infantería de marina, la aviación y la capacidad para el combate nocturno y se modernizaron las comunicaciones.

Por estas razones, se ha planteado que las FARC se vieron obligadas a abandonar su NFO y a regresar a la guerra de guerrillas, evitando la concentración de amplias unidades militares, ante el avance de la fuerza aérea. Por su parte las FARC, concientes de las nuevas dimensiones del conflicto, se preparaban para afrontar la nueva estrategia militar, lo que se ratifica en un comunicado de su máximo dirigente:

(...) La presencia de una flota de helicópteros en brigadas, divisiones y hasta en batallones apoyados por aviones bombarderos, para hacer desembarcos diurnos y nocturnos, son parte del nuevo elemento introducido a la estrategia de combate contra la guerrilla, produciendo resultados negativos en nuestras filas con la baja de 21 combatientes, horas después de la acción en Hato Corozal, por un desembarco nocturno a una unidad nuestra por haber tomado una vía no acordada dentro del plan de retirada. (...) Los hostigamientos y ataques seguirán normalmente lo que no se puede es prolongarlos demasiado tiempo y mucho menos si el terreno no es favorable por la carencia de mimetismo (...) El crecimiento del movimiento guerrillero permite desarrollar acciones audaces mientras se utilice la movilidad permanente para atacar fortalezas militares y también móviles para causarles bajas y serios daños en instalaciones, dejando la aviación, la artillería, la cohetería y la inteligencia satelital sin objetivo (...) aunque mantengan planes preventivos en el teatro de operaciones de cada división según su estrategia. Además podemos decir oficialmente que somos 60 frentes y sí disponemos de planes que nos permitan accionar todos los días, por escuadras, guerrillas y compañías.⁹⁸

Las FARC reconocen su debilidad frente a la fuerza aérea;⁹⁹ sin embargo, aunque se pueda suponer que abandonó su NFO para regresar a una guerra de guerrillas centrada en el sabotaje y los ataques a la policía, dejando de lado al ejército como objetivo principal, todavía no se puede afirmar su regreso a la guerra de guerrillas con la poca información que se tiene.

Para las FARC, la nueva estrategia consiste en generar un vacío bélico; es decir, eludir la confrontación directa cuando no se dan las condiciones necesarias, evitando el desgaste de la tropa y creando incertidumbre en las filas del ejército. En otras palabras, aunque concentra amplias unidades militares, estas sólo presentan combate en terrenos favorables, lo que parece evidente en las zonas donde se desarrolla el Plan Patriota diseñado por la administración Uribe con el apoyo estadounidense. Lo que se deja entrever es que las FARC han mantenido una guerra de desgaste para el ejército nacional, sin que ello represente que se encuentren en una fase final.

Conclusiones

En el desarrollo del presente trabajo se ha podido establecer el planteamiento central del cual partió la investigación, a saber: los cambios al interior de las FARC a partir de la década de los noventa obedecen, principalmente, a los cambios que se operan desde el Estado con respecto al conflicto armado, especialmente al trato que se decide dar a las guerrillas que no entraron en el proceso de desmovilización. La declaratoria de guerra integral, el cambio de la Constitución Colombiana —que excluyó de toda participación a la guerrilla—, las reformas a la justicia —con un nuevo sistema acusatorio—, la ampliación de penas para los delitos políticos, el fortalecimiento del ejército nacional —con mayor gasto militar—, la implementación de nuevos planes militares como el Plan Colombia y una nueva fase, el Plan Patriota, con el apoyo directo de Estados Unidos, y el crecimiento de grupos paramilitares, llevaron a las FARC a una profunda transformación interna, reflejada en acciones militares durante la década.

El Estado centro su política de orden público en combatir a las organizaciones guerrilleras; con ello dejó de lado el gasto social, incrementando la pobreza, lo que agudizó el conflicto y lo hizo más complejo: las fuerzas armadas se prepararon con mayores recursos, lo que implicó mayor desarrollo de su capacidad bélica, con tecnología de punta y la puesta en marcha de una red de apoyos diseñados exclusivamente para combatir las guerrillas, todo ello con la ayuda norteamericana. De otro lado, las FARC intensificaron sus acciones armadas, no sólo en las áreas rurales sino en las ciudades, lo que dio como resultado una nueva fase del conflicto armado, en la que los actores ajustaron sus estrategias armadas. De igual manera, el acelerado crecimiento paramilitar estimuló un escalamiento en la intensidad del conflicto.

Los informes y documentos emitidos por las FARC de alguna manera demuestran que, los cambios en su interior, se han dado como respuesta a la modificación de las políticas del Estado que intensifican la confrontación armada, lo que las ha obligado a buscar nuevos mecanismos militares y políticos, a fin de enfrentarlo en el terreno político y militar. La nueva modalidad de las FARC, para penetrar en las ciudades, parece ser, la utilización de comandos de asaltos, con un número limitado de tropa, con capacidad de combate en la ciudad, con acciones de gran tamaño, reflejado en el asalto al edifico Miraflores en Neiva, el secuestro masivos de los doce diputados en Cali, entre otros. acciones propias de un ejército.

En la actualidad, la superación del conflicto armado es incierta. Debido a las confrontaciones armadas y al poco interés de las partes por buscar salidas y al trato que el Estado decidió darles como organizaciones terroristas, centrando su programa, en la política de seguridad que tiene como fin único aniquilar las organizaciones guerrillas.

¹ Camacho Guizado, Á. (2002), "Credo, necesidad y codicia: los alimentos de la guerra", en Revista Análisis Político, No. 46, p. 137.

² Collier, P. (2001), "Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas", en Revista Malpensante, Lecturas paradójicas, No. 30.

³ Camacho Guizado, Á. Op, cit., p. 138.

⁴ Paul Collier "Doing Well out of War: An Economic Perspective", p. 98-99, citado en Camacho Guizado, Á. op. cit.

⁵ Collier, P. Ibid., p. 30.

⁶ Ibid., p. 32.

⁷ Collier, P. (2001), op. cit., p. 30.

⁸ Valenzuela, P. (2002), "Reflexiones sobre interpretaciones recientes de la violencia en Colombia", en Revista Reflexión Política, Año 4, No. 8, p. 84.

⁹ Collier, P. (2001), op. cit., p 32.

¹⁰ Revista Resistencia FARC 40 años (2004, agosto), [en línea], disponible en: <http://www.farcep.org.co/>

¹¹ Collier P. (2001), op, cit., p. 43.

¹² Ibid., p. 34.

¹³ Camacho Guizado, Á., op. cit., p. 146.

¹⁴ Ibid., p. 138.

¹⁵ Citado por Camacho Guizado, Á., op. cit., p. 140.

¹⁶ Ibid., p. 140.

¹⁷ Ibid., p. 141.

¹⁸ Sobre el surgimiento de las FARC su historia, estructura interna y formas de organización, puede consultarse: Arenas, J. (1973), Diario de la resistencia de Marquetalia; Cese el Fuego: una historia política de las FARC., Bogotá, Oveja Negra; Alape, A. (1998), Los sueños y las montañas, Bogotá, Planeta; Arango Z., C. (1984) FARC: veinte años de Marquetalia a la Uribe, Aurora; Marulanda Vélez, M. Cuadernos de Campaña; Molano, A. y Reyes, A. Los bombardeos del Pato. Bogotá, CINEP, Serie Controversia, No. 89; Molano, A. (1994), Trochas y fusiles, Bogotá, IEPRI, El Áncora; Trujillo, C. (1974), . , Páginas sobre su vida, Bogotá, Abejón Mono; Gonzáles Arias, J. J. (1992), Espacios de exclusión: El estigma de las repúblicas independientes 1955-1965, Bogotá, CINEP; Pizarro, E. (1991) Las FARC (1949-1966); (1989) De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha, Bogotá, Tercer Mundo; "Los orígenes del movimiento armado en Colombia", en Análisis Político, No 7.

¹⁹ Rubio, M. (1999), Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia, Bogotá, Tercer Mundo - CEDE.

²⁰ Salazar, B. y Castillo, M. del P. (2001), La hora de los dinosaurios: Conflicto y depredación en Colombia, Bogotá, CIDSE - CEREC, Colección Sociedad y Economía.

²¹ Ibid., p. 11.

²² Ibid., p. 12.

²³ Ferro, J. G. y Uribe, G. (2002), El orden de la guerra: las FARC-EP Entre la organización y la política, Bogotá, Centro Editorial Javeriano – CEJA, pp. 26-39.

²⁴ Ibid., p. 117.

²⁵ Pizarro Leongómez, E. (2004), Una democracia asediada: balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, Bogotá, Norma, p. 70.

²⁶ Ibid., p. 200.

²⁷ Rangel, A. "Colombia la guerra irregular en el fin de siglo", en Revista Análisis Político, No 28., p. 75.

²⁸ Rangel, A. (1991), "Las FARC-EP una mirada actual", en Deas, M.; Llorente, M. V. Reconocer la guerra para construir la paz, Bogotá, CEREC- Uniandes- Norma, p. 44.

²⁹ Pizarro Leongómez, E., op. cit., p 185.

³⁰ Ibid., p. 175.

³¹ Ibid., p. 35.

³² Palacios, M. (1999), "La solución política al conflicto armado, 1982-1997", en Camacho Guizado, Á. y Leal Buitrago, F. (comps.), Armar la paz es desarmar la guerra, Bogotá, CEREC.

³³ Lair, E. (1999, mayo- agosto), "El terror recurso estratégico de los actores armados: reflexiones en torno al conflicto colombiano", en Análisis Político, No. 37.

³⁴ Pizarro Leongómez, E. Una democracia asediada, p. 205.

³⁵ Pecaut, D. (2001), Guerra contra la sociedad. Bogotá, Espasa, p. 35.

³⁶ González, F. E.; Bolívar, I. J.; Vázquez, T. (2003), Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, Bogotá, CINEP.

³⁷ Mason, A. "Exclusividad, autoridad y Estado", en Revista Análisis Político, No 47, p. 68.

³⁸ Ibid., p. 68.

³⁹ Orjuela Escobar, L. J. (1998, agosto), El Estado colombiano en los noventa: entre la legitimidad y la eficiencia, en Revista de Estudios Sociales, No. 1, p. 56.

⁴⁰ Ahumada, C. (1998), El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana, Bogotá, Áncora, p. 178.

⁴¹ Sobre este tema, consultar García Durán, M. (1992), De La Uribe a Tlaxcala, proceso de paz, Bogotá, CINEP.

⁴²Sobre el tema puede consultarse Ramírez Tobón, W. (1992), "¿Alguien quiere volver a Tlaxcala?", en Análisis Político, No. 16, p. 61-79.

⁴³ Ahumada, C., op. cit., p. 180.

⁴⁴ "Bombardeos sin tregua en la Uribe. (...) se extinguió la posibilidad de una solución negociada dicen las FARC. Las FARC aseguraron ayer que la ofensiva militar contra la Uribe extingue la posibilidad de una solución negociada al problema de la subversión y señalaron que el presidente Gaviria será el único responsable de las consecuencias de la acción bélica (...). Primero informamos a la opinión que hoy 9 de diciembre a partir de las 07 horas el ejército oficial dio inicio a una operación militar a gran escala contra la sede general del Secretariado nacional de las FARC en la Uribe. Segundo entendemos que el gobierno del Doctor Gaviria da por cancelada la posibilidad de solución negociada y que a él solo le corresponde asumir las responsabilidades que de esta decisión se deriven. Tercero, este gobierno dilapidó la gran oportunidad que ofreció el país de hacer la Asamblea Nacional Constituyente escenario de paz. Con los sectarismos excluyentes generó la más alta abstención de los últimos años y con su intolerancia logró la ratificación de una guerra de imprevisibles consecuencias para el país" ( El Tiempo, 11 de diciembre 1990, p 13 A).

⁴⁵ Mejía Quintana, O. "El origen constituyente de la crisis política en Colombia: la filosofía política y las falacias de la Constitución", en Mason, A.; Orejuela, L. J. (2003) (eds.), La crisis política Colombiana más que un conflicto y un proceso de paz. Bogotá, Uniandes, p. 144.

⁴⁶ "Guerrilla activa no cabe en la Asamblea "El presidente César Gaviria Trujillo, al hablar ayer en la sesión inaugural de la Asamblea Constituyente como invitado especial, reiteró su llamado a los delegatarios para que hagan de la nueva constitución un tratado de paz (...) el presidente de la República tiene la competencia para decidir la integración de voceros de las organizaciones armadas en la Constituyente (...) la advertencia que el jefe de Estado hizo ayer, pone en duda la posibilidad de que las FARC y ELN consigan los cupos que quieren en Asamblea". (El Tiempo, primera página, 6 de febrero 1991).

⁴⁷ Mejía Quintana, O., op. cit., p. 146.

⁴⁸ "Feroz ofensiva guerrillera en diferentes regiones de Colombia" (El Tiempo, 28 de mayo 1992, p. 8A).

⁴⁹ Propuesta del gobierno para reiniciar los diálogos "1. secuestro; 2 el cese al fuego, en los aspectos acordados en el temario de la tercera ronda de conversaciones, Derechos Humanos, aspectos de la confrontación que afectan a la población civil, desapariciones forzadas y retenciones arbitrarias; 3 los otros puntos del temario de la tercera ronda, tal y como fueron acordados, paralelamente con el desarrollo de los demás elementos sobre el cese al fuego, teniendo en cuenta la importancia del tema para la paz; 4 a lo largo de las conversaciones, será necesario discutir en la mesa la vigencia y continuidad de las conversaciones en el futuro, y que creen un clima de tranquilidad en la ciudadanía tan afectada por las diferentes modalidades de la violencia actual". Comisión negociadora del gobierno, Tlaxcala, México (El Tiempo, 26 de abril de 1992, pp. 1A-5A).

⁵⁰ Tres impuestos para financiar FF.AA "el gobierno nacional creó tres impuestos para financiar las acciones de las Fuerzas Armadas contra la subversión y el terrorismo (...) con estos tributos el gobierno aspira recaudar unos 50.000 millones de pesos que estarán destinados a la creación de nuevas brigadas móviles, a una mejor dotación de la tropa, a transporte, inteligencia, comunicaciones y material de intendencia" (...) asimismo, para financiar planes de protección de puentes, carreteras, estaciones, torres de energía, oleoductos, gasoductos, y demás instalaciones mineras y de telecomunicaciones. Estas tres Contribuciones para el Restablecimiento del Orden Público están consignadas en el decreto 416 expedido anoche por el gobierno (El Tiempo, 12 de febrero de 1991).

⁵¹ Reyes Posada, A. (1993). "La coyuntura de las guerras y la nueva estrategia de seguridad", en Revista Análisis Político, No. 18, p. 56.

⁵² "Se agoto la opción de Tlaxcala", El Tiempo, 12 de junio de 1992, p. 7A.

⁵³ <<"Decretan conmoción interna". El presidente César Gaviria declaró a noche al país en Estado de Conmoción Interior durante 90 días, advirtió que no habrá mas claudicaciones ante el narcoterrorismo, ni mas concesiones a los violentos y anunció una drástica ofensiva contraguerrillera (...) El gobierno respondió así a los alzados en armas que ayer, tras el asesinato de 26 policías en el Putumayo, protagonizaron otra dramática jornada de sangre y violencia. más de treinta petardos hicieron explosión en sedes bancarias y comercio de Santa Marta, Pereira, Cúcuta, Manizales, Aguachica, Valledupar y en trece municipios del departamento de Antioquia. Hubo cinco muertos y 43 heridos (...) Entre las medidas más importantes se encuentran la congelación de bienes producto del secuestro y la extorsión, la tipificación como delito de cualquier tipo de auxilio que se le de a la guerrilla y la creación de redes de comunicación especiales entre comerciantes, ganaderos y campesinos con las autoridades>> (El Tiempo, 9 de noviembre 1992).

⁵⁴ Reyes Posada, A. (1993), "La coyuntura de las guerras", en Revista Análisis Político, No 18, p. 59.

⁵⁵ <<"Fortalecen los fondos de seguridad" (...) a partir del próximo mes de enero entraran a operar seis batallones contraguerrilla en las zonas en donde el orden público esta mas afectado y serán creadas nueve unidades de antiextorsión y secuestro UNASE">> (El Tiempo, 4 de noviembre de 1992, p. 6A).

⁵⁶ Decreto 183 de 1992.

⁵⁷ <<"Tareas de inteligencia prioridad de las Fuerzas Armadas". Una enorme inyección de dinero cerca de 20.000 millones de pesos provenientes del impuesto de guerra recibirán a partir de hoy los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas para comprar información que les permita penetrar las redes de operación de la guerrilla y de la delincuencia organizada(...)Las FF.AA. crearán 11 nuevas unidades antisecuestro, dos Brigadas Móviles y 12 compañías fundamentales de contraguerrilla; incorporarán 5.800 agentes para la Policía y repararán la flota de helicópteros y aviones de la FAC (El Tiempo, 9 de abril de 1991, pp. 1A- 6A).

⁵⁸ El Tiempo, 9 de marzo de 1993.

⁵⁹ Palou Trías, J. C. (1993), "El Estado de Conmoción: ¿nuevo ropaje para el viejo príncipe?", en Revista de Derecho Público, Vol. 8, No. 4, p. 67.

⁶⁰ Entre los primeros frentes urbanos están Manuel Cepeda (Cali), Antonio Nariño (Bogotá) y José María Córdoba (Medellín).

⁶¹ Fernando Cubiles define a los grupos de paramilitares "como grupos armados que al margen de las normas y convenciones del derecho de guerra, combaten a la insurgencia persuadidos de que las armas y los recursos del Estado no lo pueden hacer con eficacia", en Deas, M.; Llorente, M. V. (1991), Reconocer la guerra para construir la paz, Bogotá, CEREC-Uniandes-Norma, p 155.

⁶² Sobre el tema se puede consultar, "Conclusiones del Pleno Ampliado del Estado Mayor Central FARC-EP, mayo 1-14 de 1984.

⁶³ Sobre el paramilitarismo origen y momento actual, puede consultarse, Piccoli, G. (2005), El sistema del pájaro Colombia, paramilitarismo y conflicto social, 2ª edición, Bogotá, Textos de Aquí y Ahora.

⁶⁴ Reyes Posada, A., op. cit., p. 63.

⁶⁵ Sobre el caso de Puerto Boyacá, ver Medina Gallego, C. (1990), Autodefensas, paramilitares y narcotráfico. Origen desarrollo y consolidación: el caso de Puerto Boyacá. Bogotá, Documentos periodísticos.

⁶⁶ Guerrero, J. (1999), "La politización del narcotráfico en Colombia en los años ochenta y sus interferencias en los procesos de paz", en Peñaranda, R.; Guerrero, J. (comps.) De las armas a la Política, Bogotá, IEPRI, Tercer Mundo, p. 231.

⁶⁷ op, cit., p. 245.

⁶⁸ Reyes Posada, A. (1991), "Paramilitares en Colombia: contexto aliados y consecuencias", en Revista Análisis Político, No. 12, p. 43.

⁶⁹ Carlos Medina establece una diferencia entre los grupos paramilitares y los grupos de autodefensa, estos constituyen dos formas de organización de los ganaderos, distintas y que se corresponden en el tiempo a dos momentos diferentes. Los grupos paramilitares, los ejércitos privados, grupos de civiles organizados que patrullan la zona (uniformados incluso), acompañando al ejército en los allanamientos y detenciones en el enfrentamiento armado con la guerrilla. Estos grupos están financiados y los que hacen parte de ellos reciben un salario, generalmente establecido en el mínimo, por lo menos para el caso de Puerto Boyacá. En otros términos son "mercenarios de la lucha contra insurgente" al servicio del ejército, financiados por los ganaderos; los grupos paramilitares juegan un papel de defensa permanente de las regiones limítrofes y puntos de posible contacto con la guerrilla, al comienzo del proceso estuvieron a cargo de la limpieza de la región (op. cit., p. 184).

⁷⁰ Ibid., p. 166.

⁷¹ Ibid., p. 170.

⁷² Ibid., p. 167.

⁷³ Reyes Posada, A. "Paramilitares en Colombia…", p. 46.

⁷⁴ En 1987, el entonces ministro de Gobierno César Gaviria denunció la existencia de más de 140 grupos de paramilitares con distinta denominación y con una extensa cobertura en amplias regiones del país (El Espectador, 10 de octubre de 1987).

⁷⁵ Sobre el tema de delincuentes políticos se puede consultar Orozco, I. (1992), Combatientes, rebeldes y terroristas, Guerra y derecho en Colombia, Bogotá, Temis.

⁷⁶ "Morena lanzará candidato propio a la presidencia." Los extraditables se autodefinen como movimiento político-militar. En un comunicado enviado a la prensa afirman: (...) que como grupo rebelde nos declaramos movimiento militar y político que luchará contra la extradición, contra la tortura, el sicariato oficial, contra la manipulación de los jueces por parte del gobierno, contra la desinformación, contra la intromisión de gobiernos extranjeros en el manejo político y económico de la Nación y en defensa de las clases desprotegidas y de las reivindicaciones sociales y políticas del pueblo colombiano (El Tiempo, 6 de abril 1990).

⁷⁷ Pizarro Leongómez, E. Una democracia asediada…, p. 121.

⁷⁸ En el documento de constitución, las AUC plantearon: "(1) Tener definidos sus principios antisubersivos y una clara definición política; (2) No abandonar la lucha mientras la guerrilla permanezca en pie de guerra, ni defeccionar ante los obstáculos que en el decurso del conflicto se presenten; (3) Compromiso ineludible de la dejación de armas únicamente como consecuencia de una negociación trilateral; (4) No involucrar sus frentes en actividades del narcotráfico; (5) Asumir independientemente la responsabilidad de sus respectivas acciones militares; (6) Los miembros del Estado Mayor deben participar activamente en las determinaciones que comprometan el nombre del Movimiento Nacional; (7) Definir las Autodefensas Unidas de Colombia como un Movimiento Político-Militar de carácter antisuversivo en ejercicio del derecho a la legitima defensa, que reclama transformaciones del Estado, pero no atenta contra él; (8) Cualquiera de las Fuerzas Aliadas que resultara involucrada con el narcotráfico asumiría su responsabilidad independientemente del Movimiento Nacional; (9) Se permitirá la adhesión de otros grupos de Autodefensas, siempre y cuando tengan un mando responsable y cumplan los requisitos mencionados; (10) Se mantendrá siempre la unidad al interior de las AUC" ([en línea], disponible en <http://www.colombialibre.org>).

⁷⁹Pizarro Leongómez, E. Una democracia asediada…, p. 123.

⁸⁰ Ibid., p. 124.

⁸¹ Cubides, F. "Los paramilitares y su estrategia", en Deas, M.; Llorente, M. V. Reconocer la paz para construir la guerra., p. 192.

⁸² Sobre el tema se puede consultar Rangel, A. (2005), Edición y prólogo, El poder paramilitar, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia, Planeta.

⁸³Sobre el origen de las FARC, se puede consultar Alape, A. (1999). La paz, la violencia: testigos de excepción, Bogotá, Planeta; Pizarro Leongómez, E. (1991), De las autodefensas a la combinación de todas las formas de lucha. Bogotá, Universidad Nacional, Tercer Mundo.

⁸⁴ Arenas, J. (1985), Cese el fuego una historia política de las FARC, Bogotá, Oveja Negra.

⁸⁵ Alape, A., op cit., p. 277.

⁸⁶ Arenas, J., op cit., p. 90.

⁸⁷ Sobre las conclusiones de la séptima conferencia, se aprueba el informe central que diseña la estrategia militar de las FARC, un cambio en el modo de operar, una nueva concepción operacional y una moderna táctica de guerra irregular, hacia la integración de un ejército revolucionario que a partir de esta conferencia se denomina Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP), informe que queda incorporado como conclusión fundamental de la Conferencia, de la misma manera que el plan militar inmediato, la Ley de Reforma Agraria y las reformas al Programa Agrario de los guerrilleros, el Estatuto, el Reglamento de Régimen Disciplinario y las Normas de Comando, mayo 4-14 de 1982, No 6, conclusiones del Pleno ampliado, 6-20 de octubre.

⁸⁸ Sobre el tema ver Entrevista de Arturo Alape a Raúl Reyes, [en línea], disponible en <http://www.anncol.org>.

⁸⁹ Ferro y Uribe, op cit., p. 97.

⁹⁰ Corporación Observatorio para la Paz (1999), Las verdaderas intenciones de las FARC. Bogotá, Intermedio Editores.

⁹¹ La guerra de movimientos es definida por Ernesto Guevara, como grupos más compactos los que actúan dominando zonas enteras, aunque sus medios son mayores y sus capacidad de golpear al enemigo mucha más fuerte; la movilidad es su característica fundamental. Después de otro periodo cuando se maduran las condiciones, se llega a la etapa final de lucha en el que el ejército se consolida e, incluso a la guerra de posiciones (1962, Guerra de guerrilla y guerra de guerrilla un método, La Habana, Comuna Socialista).

⁹² Pizarro Leongómez, E. op. cit., p. 96.

⁹³ Ferro y Uribe, op cit., p. 117.

⁹⁴ Conclusiones de la séptima conferencia.

Ibíd.

⁹⁶ "(...) Si no logramos la paz en esta nueva oportunidad la confrontación armada proseguirá e inevitablemente habrán más capturados en combate. Su situación entonces no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo, hay que resolverla. Por eso nuestra insistencia en que debe aprobarse una ley permanente que haga posible el canje humanitario de prisioneros ahora y en el futuro. No tiene sentido estar abriendo el mismo debate cada cierto período de tiempo (...) Por obra y gracia de la Corte el delito de rebelión se convirtió en una referencia etérea. Al despojarla de los delitos conexos le quitaron el piso político a la rebelión. (...) Ahora la muerte en combate es homicidio agravado, la ocupación del material bélico del adversario es robo, la utilización de explosivos en la confrontación es terrorismo, y la retención de soldados y policías como prisioneros de guerra es delito de lesa humanidad, tal como lo acaba de definir una sentencia de la Corte Suprema. (...) (Documento "Canje y paz", Iván Márquez, sin más datos).

⁹⁷ Echandía Castilla, C. (2003), "Territorio y conflicto armado", en Mason, A.; Orjuela L. J. (eds). La crisis política colombiana. más que un conflicto armado y un proceso de paz, Bogotá, Uniandes, Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencia Política, Ceso, Fundación Ángel Escobar, p. 339.

⁹⁸ Carta enviada por Manuel Marulanda a sus tropas, donde ratifica la necesidad de seguir ampliando sus operativos, sin abandonar la guerra de posiciones (septiembre 13 de 1999, sin más datos).

⁹⁹ La recuperación de la iniciativa táctica se logró, en particular debido a la fuerza aérea mediante los "aviones fantasmas" AC-47, los helicópteros Black Hawk UH-60 Arpía, el potencial de helitransporte de la flota de UH-60 de versión utilitaria, UH-1NHuey II y Mi -17; igualmente, gracias a un progreso en la inteligencia electrónica y a las lanchas artilladas "Pirañas" las cuales permitieron recuperar el control de los ríos (Pizarro, E. op cit, p. 316).

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