Parapolíticos, narcos, guerrilleros y votos: revisitando el problema de la teoría democrática a partir del caso colombiano^*

Para-politics, Drug Traffickers, Guerrillas and votes: Revisiting the Failures of Democratic Theory from Colombian case

Ariel Fernando Ávila^**
Juan David Velasco^***

^*Artículo producto de la investigación "Mitigación de riesgos por intromisión de actores armados y mafias en las elecciones locales de 2011 en Colombia (2010-2011)", financiado por el Ministerio del Interior y ejecutado por la Corporación Nuevo Arco Iris.
^**Magíster en Sociología de la Universidad Nacional y Coordinador del Observatorio de Conflicto Armado en la Corporación Nuevo Arco Iris. Correo electrónico: favila@nuevoarcoiris.org.co
^***Politólogo con cursos de Maestría en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia. El autor agradece la contribución que han tenido Francisco Gutiérrez, Mauricio Romero, Angélica Durán, Gustavo Duncan, Juan Gabriel Gómez y Claudia López en la maduración de la idea aquí presentada. Correo electrónico: juangym1@hotmail.com

Recibido: 29-07-2012, Aprobado evaluador interno: 26-08-2012, Aprobado evaluador externo: 15-09-2012

Resumen

En contravía de la teoría política convencional, este artículo argumenta en base al caso colombiano, que la competencia electoral multipartidista en vez de mejorar la calidad de la democracia, terminó deteriorándola, pues incidió en que aumentara el riesgo de aparición de candidatos alineados con agentes criminales de diverso tipo (narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y parapolíticos). En esa lógica, el artículo muestra cómo la desinstitucionalización del sistema de partidos a nivel regional hizo más fácil y menos costoso en términos políticos y judiciales, las relaciones entre políticos y bandidos. Por último, sometió a prueba empírica muchas teorías que indican que el éxito electoral de los candidatos criminalizados es producto del clientelismo, el nivel de ingresos de la población, la pobreza y la filiación partidista. Los resultados de un modelo estadístico no paramétrico indicaron los límites predictivos de dichas teorías. No obstante, los autores encuentran que la pereza fiscal fue la única variable significativa.

Palabras clave: Guerrilla, narcotráfico, multibandidismo electoral, parapolítica.

Palabras clave descriptor:v Guerrilla, trafico de drogas, delitos electorales, política, paramilitarismo.

Abstract

Criticizing the conventional political theory, this article demonstrates that the rise of multiparty electoral competition, rather than improving the quality of democracy, ended up worse because increase the risk of emergence of candidates linked with criminal agents of different type (drug traffickers, guerrillas, paramilitaries and parapoliticians). This shows how the low institutionalization of the party system at the regional level makes easier and less costly in political and judicial terms, the relationship between politicians and bandits. Finally, it revised a couple of theories suggesting the electoral success of criminalized candidates as a product of patronage, income, poverty and party affiliation. The results of a non-parametric statistical model indicated the predictive limits of such theories. However, the authors find out that "fiscal laziness" is significantly associated with the likelihood of electoral success of candidates who allied themselves with illegal agents.

Keywords: Guerrilla, Illict Drug Market, Electoral Banditry, Parapolitica.

Keywords plus: Guerrilla, drug traffic, elections, corrupt practices, politics, paramilitarism.

Introducción

Los estudios recientes sobre la criminalización de las instituciones del Estado y el sistema político colombiano han abordado cuatro dimensiones centrales del fenómeno: las motivaciones que tienen los actores armados no estatales y asociaciones mafiosas para incidir significativamente en la competencia política electoral (Gutiérrez, 2001; López, 2007 y 2010; Valencia, 2007; Romero, 2002; Velasco, 2011; Foro Nacional por Colombia, 2009; Acemoglu, Robinson y Santos, 2009); las formas de relación estratégica entre funcionarios públicos -sobre todo, políticos- y agentes proclives al delito (Gutiérrez, 2008 y 2010; Velasco, 2011; Foro Nacional por Colombia, 2009; Reno, 2009); los mecanismos de influencia e inserción de los agentes criminales en las dinámicas de la política electoral (López y otros, 2010; Velasco, 2011; Foro Nacional por Colombia, 2009) y su impacto en la gobernabilidad legislativa, judicial y en el cumplimiento efectivo del imperio de la ley en todo el territorio (López y otros, 2010; Ungar, 2010; Garay, Salcedo y Beltrán, 2010).

La documentación empírica y el acervo de evidencias encontradas por este conjunto de organizaciones no gubernamentales y académicos nacionales e internacionales ha sido necesaria para dar a conocer a la opinión pública situaciones escandalosas, como la parapolítica. No obstante, la mayoría de estos valiosos estudios han dejado de lado cuatro elementos relevantes de análisis, como, por ejemplo, los dilemas de acción colectiva que se presentan entre funcionarios públicos y actores criminales, lo que genera situaciones indeseables -para ellos- de defección, judicialización temprana y rompimiento prematuro de las redes extorsivas con apoyo estatal (Gutiérrez, 2008; Velasco, 2011; Snyder y Durán, 2009).

También, dichos estudios no han analizado por qué unos candidatos que se alían con agentes criminales tienen éxito electoral y otros no. De hecho, todas las investigaciones se han hecho a posteriori, esto es, una vez los resultados electorales se han consolidado, lo que hace únicamente visibles a los ganadores y no a los perdedores. En ese sentido, se hace importante comprender qué factores están íntimamente ligados con la probabilidad de triunfo de políticos cercanos a la órbita de preferencias del mundo criminal, pues, solo así, se podría entorpecer su intención deliberada de captura estatal en futuras elecciones.

Asimismo, al estar concentrados en la dimensión cuantitativa del fenómeno -el número y la proporción de casos- (Gutiérrez, 2010a; López y otros, 2010), han echado de menos, la identificación del perfil del político que se alía con bandidos (Ávila, 2011) y la caracterización del actor proclive al delito que incide en las elecciones.

Y, en adición, la ausencia de información en la mayoría de trabajos académicos y periodísticos les ha impedido someter a prueba empírica sus hipótesis en una secuencia histórica más amplia, es decir, analizar variaciones temporales del fenómeno en términos de cambios en las motivaciones, las formas de relación estratégica, los mecanismos de influencia/saboteo electoral y las transformaciones en la estructura de incentivos que hacía funcional y rentable este tipo de alianzas extralegales.

En esa dirección, este artículo busca llenar ese "vacío de conocimiento", aprovechando los valiosos insumos recogidos de una investigación realizada en campo en 29 departamentos y 82 municipios colombianos durante los primeros 10 meses de 2011. El propósito central de la investigación consistió en identificar los candidatos que se presentaron en las elecciones locales del 30 de octubre amparados en cualquiera de las siguientes formas ilícitas/clandestinas de apoyo: i) alineamientos estratégicos coyunturales o históricos con actores violentos no estatales; ii) fuentes de financiación derivadas de economías criminales; iii) aliados electorales con prontuario delictivo y iv) familiares judicializados por diversos delitos no excarcelables.

Además de identificarlos, el estudio hizo un seguimiento juicioso del desempeño electoral de este tipo de candidatos, analizando los factores que incidieron en su posibilidad de triunfo o derrota. De igual modo, se tomaron como base variables político-institucionales que miden la dimensión del voto (participación, votos en blanco, volatilidad electoral) y variables socioeconómicas como pobreza, tamaño y nivel de ingresos de los municipios, afiliación partidista, pereza fiscal y clientelismo; con el objetivo de contextualizar la realidad cercana en la que operaron varios políticos en un entorno de actuación regido por las armas, la coca y las rejas porosas de las cárceles colombianas.

Por tanto, este artículo se enmarca en una agenda de investigación reciente que problematiza las teorías políticas convencionales que le atribuyen propiedades mágicas a la democracia, pues dejan de lado algunos problemas empíricos como: por qué en algunos países los procesos de democratización, en vez de impulsar la paz y la rendición de cuentas, terminan, por el contrario, reforzando los conflictos violentos e incidiendo en la criminalización de la política? (Snyder, 2001; Levitsky y Way, 2010).

El texto se dividirá en ocho secciones: en la primera, se realizan apuntes metodológicos para informar al lector sobre la forma como se elaboró la investigación. En la segunda sección, se esboza una tipología sobre los diversos actores que -fácticamente- incidieron en el curso de acción de las elecciones. En la tercera, se clasifican los casos detectados de alianzas extralegales entre candidatos y bandidos, según la naturaleza del bandido que apoyó y sus mecanismos principales de interferencia. En la cuarta, se analiza la estructura de incentivos que tienen los políticos para tomar la decisión de aliarse con bandidos.

En la quinta sección, se presenta el neologismo "multibandidismo electoral" con el propósito de llamar la atención sobre un acontecimiento atípico presentado en las elecciones de 2011, donde se observó una fuerte competencia política entre redes criminales de diverso origen y naturaleza. En la sexta, se realiza un análisis sobre los resultados electorales en los municipios donde compitieron dichos candidatos cuestionados. En la séptima, se presenta un modelo sencillo de estadísticas no paramétricas, para identificar los factores que estuvieron más asociados con la probabilidad de éxito electoral de los candidatos criminalizados. Y, en la última sección, se presentan las conclusiones y una agenda futura de investigación que debería atraer el interés de políticos, académicos, periodistas y agencias de cooperación internacional.

Proceso metodológico

Durante once meses -enero a noviembre de 2011-, la Corporación Nuevo Arco Iris desarrolló una investigación sobre la forma como se expresarían los riesgos electorales asociados a la violencia, el narcotráfico, la criminalidad organizada y el fraude en el conteo de votos en las elecciones regionales del 30 de octubre en Colombia. Para ello, se planificó un proceso investigativo de tres etapas: una exploratoria, una aplicativa y otra analítica.

La etapa exploratoria consistió en la construcción de una base de datos que identifica los municipios que: i) reflejan situaciones indicativas de fraude electoral (exceso/disminución en los niveles de participación electoral y depósito de votos nulos o tarjetones no marcados) y ii) experimentan eventos de violencia asociada al conflicto armado y al mercado ilícito de producción (cultivos y laboratorios de procesamiento), distribución (rutas estratégicas y zonas de frontera) y comercialización de drogas psicoactivas (venta al por mayor y menudeo). Esta base de datos permitió seleccionar una muestra de 82 municipios).

La base de datos sobre violencia asociada al conflicto armado interno y sobre eventos de violencia relacionados con el narcotráfico fue construida a partir de información proveniente de seguimiento de prensa nacional y regional, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y las gacetas publicadas por el Ministerio de Defensa Nacional sobre estadísticas de disputa armada. La información sobre eventos de violencia fue codificada a partir de un año preelectoral (marzo de 2010 y marzo de 2011).

Asimismo, la base de datos sobre situaciones indicativas de fraude electoral se hizo por medio del método de desviaciones estándar, en donde los municipios con dos o más desviaciones estándar sobre el promedio nacional -ya sea hacia abajo como disminución excesiva o hacia arriba como aumento excesivo-, en el depósito de tarjetones blancos, nulos y no marcados fueron considerados como indicativos de fraude electoral¹.

La segunda etapa consistió en elaborar una metodología para la realización del trabajo de campo que permitiera identificar puntualmente los candidatos generadores de riesgo electoral que se presentan en la contienda, así como las estructuras político-partidistas que apoyan su candidatura en dos procesos: de preselección como candidato -ya sea por otorgamiento de aval o inscripción de firmas- y de apoyos financieros o logísticos durante el desarrollo de la campaña electoral.

En esta segunda etapa, también se conceptualizó un repertorio de probables mecanismos de intromisión de criminales en política electoral, es decir, se encontró un conjunto de dispositivos y técnicas por parte de actores armados para incidir significativamente en la competencia electoral mediante la financiación ilícita de campañas, las restricciones selectivas e indiscriminadas para la movilidad física en el territorio de los candidatos, el control sobre la movilización de votantes hacia las urnas y la regulación del mercado de compraventa de votos.

Entretanto, es pertinente resaltar que la metodología de trabajo de campo se fundamentó en la recolección de información cualitativa proveniente de seis diversas fuentes: candidatos con aspiración a un cargo de elección popular, párrocos, militares o policías de bajo o alto rango, contralores departamentales, periodistas y formadores de opinión pública y desmovilizados que han participado en audiencias de versión libre ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Así, el uso mixto de técnicas cuantitativas y cualitativas permitió triangular la información de manera que los hallazgos encontrados fueron robustos y válidos epistemológica y empíricamente.

En ese sentido, la pretensión de triangular la información para darle un tratamiento riguroso a los resultados aflorados en el proceso investigativo sirvió para reunir un conjunto de 67 investigadores (que apoyaron el proceso de recolección de información en los 29 departamentos y 82 municipios) los días 2 y 3 de julio de 2011 en Bogotá con el propósito de compartir hallazgos preliminares, encontrar patrones de coincidencia en diferentes regiones y someterlos a la críticas. Esta experiencia fue llamada "talleres de validación grupal"².

La tercera etapa, denominada "analítica", consistió en analizar cuantitativamente varias dimensiones de los resultados electorales, como el número de votos en blanco, de votos emitidos por el candidato, porcentaje de participación electoral y nivel de competencia política. Los análisis de dichas dimensiones se hicieron longitudinalmente: antes de las elecciones de 2011 (es decir, un análisis de un evento electoral anterior de la misma significancia institucional³) y después de ellas (los resultados del evento electoral mismo).

Así, en la etapa analítica, se formularon unas hipótesis de trabajo que se relacionaron con los factores que posibilitan que en un municipio participen en las elecciones candidatos criminalizados. Asimismo, ex post a los resultados, se formularon unas hipótesis de trabajo sobre los factores que condicionaron el éxito electoral de dichos candidatos criminalizados, pues, como se demostrará a continuación, no todos ganaron y un número significativo de "aspirantes" perdieron -o, al menos, lo hicieron en las urnas-.

Tipología de actores criminales que incidieron en la competencia político-electoral

Una mirada homogénea a los procesos de transformación estatal es inocua en tanto los actores que procuran "transformar el Estado" -sean legales, ilegales o mixtos- difieren en sus recursos de poder, sus modos de organización y el perímetro de actuación que delimita y pone fronteras al despliegue de su conducta (Tarrow, 1999). En esa lógica, no todos los actores se comportan igual porque, simplemente, su naturaleza y las estructuras de oportunidades y restricciones que acotan su comportamiento "racional" varían de acuerdo a las coyunturas históricas y los dominios geográficos permitidos.

De ese modo, en este estudio, se escogieron tres variables que condicionan la naturaleza del actor proclive al delito y las estructuras de facilidades y restricciones que enmarcan la acción estratégica de dichos actores (Tarrow, 1999; Ostrom, 2000; López, 2010; Duncan y López, 2007): i) el tipo de organización; ii) el tipo de relación y actitud empíricamente manifestada hacia el Estado central y iii) la participación en las fases productivas del mercado ilícito de drogas psicoactivas.

El tipo de organización hace alusión a la estructura de mando y a la distribución de cargas, responsabilidades y beneficios (Ostrom, 2000) de la organización. Así, existen tres tipos de organizaciones que se dan en función de variaciones en la estructura de mando y en la distribución de costos y utilidades. El cuadro 1 los enuncia a continuación (cada casilla, corresponde a un tipo de organización):

Las estructuras de mando jerárquicas son aquellas donde las figuras de autoridad se concentran en un grupo selecto de personas que son reconocidas e identificadas por membresía o por rasgos carismáticos (Weber, 2007). Por su parte, en las estructuras de mando reticulares las figuras de autoridad están desconcentradas en varios grupos de personas y el reconocimiento del estatus de poder es momentáneo, pues las cadenas de mando están sujetas a relevos y reacomodamientos constantes. Las estructuras de mando inexistentes son aquellas donde no hay un colectivo ni una asociación temporal de intereses entre más de una persona, lo que significa que solo hay una persona que se "manda a sí misma".

La distribución de cargas y beneficios de manera centralizada es aquella donde existe un comando central que define la misión y visión de la organización, planifica los objetivos a perseguir en un periodo de tiempo determinado, tienen la capacidad de recaudar y contabilizar ingresos y designan el presupuesto para el funcionamiento operacional de la organización. En la distribución de manera descentralizada la organización tiene sucursales o franquicias regionales, que son coordinadas por un nivel central de mando, pero que tienen la autonomía relativa para recaudar sus propios ingresos y decidir sobre los rubros apropiados de inversión. Y, por último, en la distribución de manera personalizada una sola persona recoge fondos y los invierte a su antojo, sin tener que rendirle cuentas a alguien.

Por su parte, la variable "tipo de relación y actitud empíricamente manifestada hacia el Estado central" hace alusión a las formas cómo han interactuado histórica y coyunturalmente los actores criminales para reducir los costos estatales de persecución, judicialización y exclusión por la participación y el desempeño en un negocio o actividad criminal. El siguiente cuadro (cuadro 2) manifiesta los tipos de relación que puede tener un agente criminal con respecto al Estado en su intento por hacer cumplir el imperio de la ley en "todo el territorio".

El tipo de relación conflictiva y de actitud hostil significa que el agente criminal tiene iniciativa de combatir y disuadir militarmente al Estado central, para disputarle su hegemonía simbólica y armada. El tipo de relación ambigua y de actitud complaciente, significa que el agente criminal, a pesar de haber establecido vínculos históricos de colaboración con ciertas instancias del aparato estatal (cualquiera de las instituciones distribuidas en las tres ramas del poder público y las dos independientes), han sido objeto de cumplimientos parciales o selectivos del imperio de la ley, por tanto, han sido judicializados. Asimismo, este tipo de actor busca confrontar moderadamente al Estado, únicamente para demostrar que son una amenaza creíble, pero, en ninguna circunstancia, buscan desafiar el status quo nacional, por tanto, manifiestan una actitud complaciente.

Por último, el tipo de relación simbiótica y amigable hace alusión a los actores que, a pesar de haber participado en la comisión de delitos, no son judicializados y, por el contrario, se presentan abiertamente en certámenes electorales con el propósito de ser funcionarios públicos que puedan administrar nóminas y ejecutar presupuesto público.

La variable "participación en las fases productivas del mercado ilícito de drogas psicoactivas" significa que la forma en que interviene un empresario criminal en el poder político depende de la fase productiva en la que participa y está especializado en la industria ilegal de drogas psicoactivas (Duncan y López, 2007). En ese sentido, según Duncan y López, existen cuatro fases productivas del negocio de la droga:

i) Cultivos (desde la siembra hasta la producción de pasta y base de coca), ii) Procesamiento y transporte (desde la compra de la base hasta su colocación del producto final en mercados internacionales), iii) Testaferrato y lavado de activos (desde la repatriación de capitales hasta su incorporación en la economía legal) y iv) Residencia y disfrute, que incluye los lugares donde residen los narcotraficantes y disfrutan de su riqueza. (Duncan y López, 2007, p. 1)

Bajo esa lógica, se combinaron las tres variables construidas y se construyeron tipos ideales que caracterizan la naturaleza y las estructuras de oportunidades y restricciones que tiene un actor criminal para incidir significativamente en la competencia político-electoral. La tabla 1 presenta la tipología.

Según esta tabla, existen cuatro tipo diferentes de actores que manifestaron empíricamente su interés por influir/sabotear las elecciones celebradas el 30 de octubre de 2011. Los actores son:

• Las guerrillas insurgentes (FARC y ELN): son organizaciones militares que tienen iniciativa de confrontación con el Estado nacional y buscan retar el monopolio en el uso de medios legales y militares de coerción física. Presentan estructuras de mando jerárquicas y una forma centralizada de distribución de cargas y beneficios y participan en la siembra de los cultivos de coca y en la administración de los movimientos demográficos de los cocaleros. Por tanto, su recurso principal de poder son las armas.
• Las Bacrim o neoparamilitares (Rastrojos, Erpac, Urabeños, Paisas): son organizaciones de ejércitos privados al servicio del narcotráfico, que tienen una iniciativa de confrontación moderada con el Estado, es decir, no combaten sistemáticamente con la fuerza pública y tienden con frecuencia a ser capturados por sus actividades delictivas (Romero y Arias, 2010; Velasco, 2011). No obstante, buscan disuadirlo por medio del dinero -su recurso de poder principal- que produce la industria ilegal de drogas. Esta organización tiene una distribución reticular de cargas y beneficios, es decir, existen muchas unidades de mando que son las responsables de administrar autónomamente las rutas para el transporte del alcaloide y, a su vez, recaudar los ingresos por la ejecución de dicha actividad. Sus mandos centrales tienden, con frecuencia, a ser relevados en cortos periodos de tiempo por dos motivos: i) traiciones y desobediencia para reconocer la jerarquía de mando y ii) los líderes son objeto de una intensa persecución policial y militar⁴.
• Narcos (Los Comba, La Cordillera, La Oficina de Envigado): son organizaciones jerárquicas y centralizadas que se especializan en dos áreas de la industria ilegal de drogas: i) testaferrato, lavado de activos y disfrute de ganancias y ii) microtráfico y extorsión mafiosa a centros comerciales y transporte intermunicipal. Tienen una relación ambigua y una actitud moderada de confrontación con el Estado nacional, pues sus focos de corrupción son bastante localizados para obtener inmunidad y protección, pero su alcance es limitado para evitar la judicialización desde instancias del orden nacional, de ahí que busquen disuadirlo en temas como el manejo del orden público y la extradición.
• Parapolíticos nacionales/regionales judicializados: son organizaciones político-electorales de naturaleza jerárquica y centralizada, pues son un grupo selecto de ex senadores o ex gobernadores⁵, quienes escogen o apoyan candidatos (definen la misión y visión)⁶, financian campañas (distribuyen presupuesto) y exigen cuotas burocráticas y contractuales por el ejercicio privilegiado de la administración pública que pueden realizar sus "apadrinados". Tienen una relación ambigua y una actitud de complacencia con el Estado nacional, pues dependen de su aparato burocrático para generar riqueza, pero han sido judicializados, especialmente por el delito de "concierto para delinquir agravado". Por tanto, su "oficina", call-center y centro de operaciones se ubican prácticamente en la cárcel.
• Parapolíticos locales no judicializados: son proyectos políticos personalistas de ex alcaldes que se beneficiaron del proceso de expansión de las AUC desde 1997 hasta 2003. Han sido mencionados por paramilitares desmovilizados en las versiones libres realizadas en las Unidades de Justicia y Paz de la Fiscalía, como "promotores de grupos de autodefensa" o como "beneficiarios de apoyo militar, logístico y financiero" durante el desarrollo de una de sus campañas electorales.

Motivaciones y mecanismos de influencia/saboteo electoral

En esta investigación, se encontraron (más bien, reafirmaron) básicamente seis motivaciones que tuvieron las empresas criminales a la hora de tomar su decisión de influir en elecciones. Dichas motivaciones fueron: i) neutralizar la acción represiva del Estado central y las fuerzas militares y policiales por medio de autoridades locales que pueden orientar la toma de decisiones sobre la ubicación de un puesto de policía o jurisdicción de un batallón (Gutiérrez, 2010; Velasco, 2011); ii) construir capital político a partir de la inversión focalizada del presupuesto en grupos sociales específicos (Gutiérrez, 2010; Foro Nacional por Colombia, 2009; Cubides, 2009; Felbab-Brown, 2010); iii) evitar los costes marginales decrecientes que implica la marginalización política, la judicialización selectiva por crímenes cometidos en épocas de conflicto y el ensanchamiento de las barreras de acceso al Estado (Reno, 2009; Velasco, 2011); iv) encubrir ganancias ilícitas por medio de empresas que lavan activos a través de la contratación pública local (López y otros, 2010; Romero y otros, 2010); vi) depredar los recursos provenientes de las regalías⁷ y explotar bienes saqueables de baja regulación estatal como el oro y la madera (Romero y otros, 2010; Velasco, 2011) y vii) desviar la persecución estatal hacia el ejército privado con quién disputa violentamente el territorio (Velasco, 2011).

En esa dirección, en la misma tabla 1 se escogió un caso paradigmático por departamento para demostrar cómo se articulan las preferencias de los criminales con la política electoral. Esta tabla permite visualizar los incentivos que tienen los actores violentos que buscan ejercer control territorial para influir en elecciones, así como la intención de la mayoría de parapolíticos de apoyar candidatos que eviten tres cosas: que su red política construida sea desestructurada por efectos de la judicialización, la no pérdida de control sobre el volumen de contratos que administraban y la posibilidad de bloquear procesos judiciales en curso en seccionales regionales de la Fiscalía General de la Nación (López y Sevillano, 2009).

Por otra parte, se identificaron los mecanismos de influencia empleados por los bandidos para alterar los resultados de la competencia electoral. Se encontró una correspondencia entre "el tipo de actor criminal" y la tendencia a emplear mecanismos singulares de intromisión en las dinámicas de la política electoral regional/local. Según la tabla 1, las organizaciones insurgentes tendieron a emplear la coacción física y selectiva a los candidatos -para evitar que estos adopten una estrategia masificada de búsqueda de votos en zonas de movilidad, abastecimiento o patrullaje-, como mecanismo principal de negociación política con redes electorales locales que no pueden desconocer que tienen un aparato armado suficiente -aunque mermado- para permear la gobernabilidad local.

En ese sentido, en dichos municipios se registraron niveles de participación electoral por debajo de la media nacional o con variaciones relativas negativas con respecto a la elección anterior (como se demostrará más adelante), puesto que no todos los candidatos inscritos podrían desplegar una estrategia ambiciosa -en términos geográficos- de búsqueda de votos, lo que desestimuló (por ausencia de maquinarias de movilización) la participación de una masa importante de votantes.

Paradójicamente, esa disposición de limitar disuasivamente la competencia política no reflejó ser una acción deliberada de saboteo y boicot -como lo han evidenciado desde 1997 hasta el 2010 la guerrilla de las FARC- para minar la credibilidad del sistema político y el poder soberano del Estado nacional, sino que reflejó, por el contrario, un cambio cualitativo de su estrategia política.

Dicho cambio de estrategia se caracteriza por sustituir el saboteo por el clientelismo armado. Así, la guerrilla de las FARC, que en los últimos tres comicios locales boicoteaba el proceso electoral en un número significativo de municipios -sobre todo en aquellos pertenecientes a los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá-, evitó sistemáticamente la quema de urnas, los carros bombas en vías terrestres de única circulación hacia los puestos de votación y los paros armados para obstaculizar la logística organizada por la Registraduría.

La sustitución de las balas por mecanismos más flexibles de estilo "dejar-hacer" y permitir a ciertos políticos profesionales la búsqueda geográfica de votos se debe, en gran parte, a la articulación histórica de tres acontecimientos: el repliegue estratégico al que lo obligó la Fuerza Pública por medio de la implementación de la "Política de Seguridad Democrática"; la inexistencia de un "enemigo común", como los paramilitares, de los cuales ellos percibían como un foco de corrupción y fuerte entroncamiento con las élites regionales, y la necesidad observada de mitigar los efectos psicológicos de desprestigio público que les ha acarreado la estrategia comunicativa del gobierno y su alejamiento de las bases sociales campesinas.

Por una parte, la ofensiva militar del Estado colombiano contra las guerrillas ha generado un desplazamiento de estas hacia zonas fronterizas y espacios sumamente alejados de los grandes centros de producción nacional (Restrepo y Granada, 2009), tanto así que las acciones de combate que registró la guerrilla de las FARC con la Fuerza Pública durante el año preelectoral (30 de mayo de 2010 a 30 de mayo de 2011) se concentraron en un 86% en municipios de categoría seis (López, 2011, p. 18; Cerac, 2011, p. 224), es decir, aquellos municipios con menos de 10.000 habitantes y con ingresos agregados menores a 15.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

En ese sentido, el repliegue estratégico de la guerrilla de las FARC hacia zonas montañosas y fronterizas para resistir la embestida de la Fuerza Pública, refleja que la insurgencia no cuenta con un aparato coercitivo sólido que pueda, sistemáticamente, desestabilizar la gobernabilidad local de un municipio.

Adicionalmente, tras el proceso de desmonte y desmovilización de las AUC en 2006 y la bandolerización de los mandos medios disidentes del proceso de desarme, las guerrillas desdibujaron las fronteras que definían la línea amigo-enemigo con los paramilitares, pues en algunos departamentos como Caquetá, Putumayo y Nariño, se conocen casos concretos de cooperación entre los herederos paramilitares y frentes y columnas móviles de las FARC.

Un tercer acontecimiento tuvo que ver con los costos-beneficios recibidos por la implementación de la estrategia de saboteo armado. Así, la guerrilla se dio cuenta que el repertorio de estrategias de interferencia en elecciones no se puede limitar al saboteo armado, la quema de urnas, el secuestro y el asesinato de candidatos, los carros bombas en registradurías departamentales y la obstrucción de la participación electoral, pues este conjunto de mecanismos eran impopulares y maximizaban las antipatías de un grupo insurgente carente de legitimidad social.

Por tanto, era más "rentable" tolerar la competencia política y negociar con los "políticos elegidos", temas relacionados con la provisión de servicios públicos domiciliarios en zonas rurales donde la pobreza martiriza el diario vivir de los habitantes. En esa lógica, en municipios de los departamentos de Arauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Antioquia (como lo muestra la tabla 1), las FARC y el ELN fueron permisivos con candidatos avalados por partidos políticos diferentes al "Partido Social de Unidad Nacional", de ahí que se dijera, en párrafos anteriores, que el mecanismo de "coacción física al candidato" fuera selectivo.

Realmente, los esporádicos ataques e intentos de homicidio a candidatos (violencia política) se registraron en zonas donde históricamente han tenido presencia pero que, paulatinamente, fueron desplazados territorialmente, como en Tolima y Huila. De hecho, en esos departamentos, la expulsión considerable de las FARC fue capitalizada electoralmente por el Partido Social de Unidad Nacional, incluso, capturando los votos que históricamente había cosechado el Partido Liberal (Tolima) y el Partido Conservador (Huila).

Retomando el argumento, se puede observar cómo, por ejemplo en Florida (Valle del Cauca), las FARC, a pesar de tener una iniciativa significativa de combate con la Fuerza Pública y de hostigarlos constantemente⁸, no obstruyen el ejercicio de búsqueda de votos de las redes electorales del Partido de Integración Nacional (PIN). Fuentes testimoniales y ejercicios estadísticos permitieron comprobar que un nicho electoral donde tradicionalmente concentraban votos las redes políticas de Dilian Francisca Toro (Partido de la U) y las redes de Heriberto Sanabria (Partido Conservador), "extrañamente" dejaron de serlo en 2010, para convertirse en el nuevo fortín político de la fracción del PIN, liderada por el ex gobernador Juan Carlos Abadía.

Por su parte, el tipo de organizaciones al servicio del narcotráfico (herederas de las AUC) utilizaron la financiación ilícita de campañas electorales como principal mecanismo de influencia política y, subsidiariamente, emplearon como estrategia la coacción física al votante, la venta de protección privada a candidatos en zonas de confrontación violenta y el proselitismo político.

Esto demuestra una inversión de las estrategias dominantes de influencia política empleadas por las antiguas AUC, donde el constreñimiento al elector y los límites violentos a la competencia electoral hacían parte del repertorio preferido de actividades de intromisión en las dinámicas políticas locales y regionales. No obstante, a pesar de ser estructuras recicladas del paramilitarismo de segunda generación, las llamadas Bacrim o neoparamilitares prefirieron utilizar la chequera y las cuantiosas sumas de dinero recaudadas en la industria ilegal de drogas para incidir en los procesos políticos donde tienen intereses geoestratégicos (cultivos-rutas-enclaves de lavado y residencia de "capos"), en vez de utilizar las armas y sus guardias pretorianas para amenazar, secuestrar, cooptar o disuadir a la clase política, tal cual hicieron sus antiguos jefes.

El hecho de que las Bacrim / neoparamilitares hayan preferido la financiación de campañas en vez de la coacción masiva de votantes no se debe a un simple capricho de los ex mandos medios de las AUC (hoy cobijados bajo diferentes paraguas), sino que obedece a la conjunción de dos eventos históricos: la desarticulación de grandes ejércitos privados fruto de la desmovilización en 2006 (Duncan y López, 2007) y el alejamiento de la clase política tradicional y emergente de los mandos medios y ex mandos centrales de las AUC, hoy extraditados en Estados Unidos. En primera instancia, como lo afirman Duncan y López (2007:6-8) con respecto a los recursos de poder que ostentan los herederos paramilitares:

Luego de la desmovilización paramilitar, los grupos criminales apenas están en condiciones de amenazar a candidatos, periodistas y líderes sociales opositores, o de sobornar a los electos y miembros de la fuerza pública indispensables, pero encuentran dificultades para amedrentar a la población en su conjunto. Amenazar o sobornar a un puñado de individuos es factible pero a un barrio entero para cambiar su decisión de voto es casi imposible. En esas zonas, la multitud se convierte en una forma de protección de los derechos políticos de la ciudadanía. (Duncan y López, 2007, p. 6)

Y con respecto al tipo de organización militar, afirman:

Al día de hoy en los municipios pertenecientes a regiones pobladas y desarrolladas, se trata principalmente de ejércitos privados, relativamente desarticulados, que prestan sus servicios a las organizaciones narcotraficantes en un territorio limitado donde mantienen una hegemonía por la fuerza sobre la población. Son ejércitos "relativamente desarticulados" y "territorios limitados" porque el actual esquema paramilitar dista mucho de poseer el dominio territorial y la unidad de mando sobre los estamentos políticos, económicos y sociales que conforman el eje del poder local. Ninguno de los ejércitos emergentes alcanza a tener un número de soldados bajo un mismo mando comparable a la unidad de tropas que en su momento tuviera, por ejemplo, el Bloque Central Bolívar o el Bloque Norte. Constituyen en su mayoría grupos armados de varias decenas de hombres bajo el control de algún antiguo mando medio de la estructura militar que busca capturar algunas rentas por protección en una región delimitada y, en los casos más ambiciosos, el control sobre los cultivos ilícitos, los laboratorios y las rutas de narcóticos. (Duncan y López, 2007, p. 8)

Esto significa, que ni su capacidad organizacional ni su poder armado les permite constreñir masivamente a electores y amenazar a las élites políticas para inducirlos a aceptar un candidato único⁹. De ahí que, en las últimas elecciones locales (2007 y 2011) y nacionales (2010), se rompa el vínculo entre violencia organizada y concentración geográfica del voto a favor de un solo candidato (Velasco, 2011), pues los ejércitos privados reciclados del proceso de desmovilización de las AUC son incapaces de regular a las masas que habitan en caseríos o zonas urbanas densamente pobladas.

De igual manera, el alejamiento de las clase política tradicional y emergente -un porcentaje alto de ellos en la cárcel- del paramilitarismo de segunda generación, como producto de la extradición de los jefes paramilitares y los cambios en la política nacional -donde la coalición de poder uribista (que los albergó en dos periodos) cede terreno ante una coalición política más capitalina y con un proyecto de modernización del Estado- hizo que se cortara el vínculo entre los parapolíticos y los jefes paramilitares hoy extraditados en Estados Unidos.

Por ejemplo, en el sur de Córdoba (municipios contiguos al Nudo del Paramillo, como Pelaya, Planeta Rica, Canalete y Vistahermosa), los Urabeños y los Paisas, que se disputan violentamente las rutas del narcotráfico, financiaron campañas electorales con el propósito exclusivo de fidelizar a los futuros gobernantes y, así, desviar la persecución policial hacia la banda rival (Los Urabeños se alían con políticos -dada su relación de cercanía con los miembros de la Policía- para marginalizar territorialmente a Los Paisas y viceversa). En adición, el clima de confrontación armada y de escalonamientos constantes en la tasa de homicidios¹⁰ permitió que los ejércitos privados confederados en Los Paisas y Los Urabeños sirvieran para ofrecer servicios de protección privada a los políticos, de modo que evitaran una muerte innecesaria.

El tercer tipo de actor y sus estrategias de influencia electoral son los parapolíticos nacionales/regionales judicializados. Este grupo de bandidos empleó el proselitismo político y el uso de recursos burocráticos como sus principales cartas de navegación. En ese sentido, este grupo fue el más voluminoso de todos y el que empleó los recursos del Estado mismo para evitar su marginalización política y el enjuiciamiento de socios legales que amasaron fortunas inconmensurables gracias a la instancia de sus contrapartes en el poder político local.

Como muestra la tabla 2 (ver en anexos), este tipo de actor tuvo una distribución uniforme en todo el territorio colombiano -a diferencia de otros actores que tuvieron patrones geográficamente concentrados de influencia-, pues, en los 29 departamentos estudiados, se observaron candidatos cuyos aliados eran ex senadores y ex gobernadores condenados por el delito de concierto para delinquir agravado. De hecho, vale la pena resaltar, que son los parapolíticos los que tienden a preferir las elecciones regionales (Asamblea y Gobernación) por encima de elecciones locales, lo que revela una diferencia significativa con sus otros colegas "criminales", más localistas y más parroquiales.

El último actor identificado con sus estrategias de interferencia electoral son los parapolíticos locales no judicializados. Estos son un puñado de ex alcaldes que, amparados en sus bases sociales seudofidelizadas y en los recursos públicos del Estado¹¹, tratan de moldear las preferencias electorales de grupos de poder importantes y votantes que dependen del clientelismo como fuente básica de subsistencia. A diferencia de los parapolíticos regionales/nacionales que fueron judicializados por la Corte Suprema de Justicia, La Procuraduría o la Fiscalía, estos, a pesar de haber sido apoyados o auspiciados por las AUC en su carrera de expansión, no han sido objeto de investigación penal.

Un caso concreto se dio en Riosucio, Chocó. Un ex alcalde (1997-2000) que fue apoyado logística y financieramente por el naciente Bloque Elmer Cárdenas de las AUC fue candidato en 2007 y perdió. En 2011, reactualizó sus aspiraciones y, efectivamente, ganó. Pero no solo en Riosucio ex alcaldes parapolíticos se inscribieron a elecciones: también en Suan, Pueblo Viejo, Granada y Palmito.

¿Por qué en algunos municipios aparecen candidatos aliados con agentes criminales y en otros no?

En la sección donde se resumió el proceso metodológico, se afirmó que los municipios donde existen zonas densas de cultivos ilícitos de coca, corredores estratégicos para la exportación del alcaloide y eventos de violencia perpetrados guerrillas y Fuerza Pública eran municipios probabilísticamente más proclives a presentar candidatos que se alían pragmáticamente con bandidos.

No obstante, el narcotráfico y la subsistencia armada de un grupo insurgente son factores necesarios para la ocurrencia de dicho fenómeno pero no son suficientes para la explicación del mismo¹², esto es, son variables comunes para el universo de casos estudiado, pero su poder explicativo es reducido para comprender por qué un político toma la decisión de criminalizarse.

Por ejemplo, las variables de violencia y narcotráfico explican por qué una red criminal tiene motivaciones estratégicas para apoyar candidaturas o para inscribir candidatos propios, pero no explica por qué los candidatos aceptan participar en elecciones o aceptan recibir el respaldo electoral de estos, aun cuando corren el riesgo de ser deslegitimados por la opinión pública o serjudicializados por la Fiscalía, la Procuraduría o la Corte Suprema de Justicia¹³ (o, en otros términos, porque su alineación acarrea dilemas de acción colectiva).

La hipótesis que se desprende de este trabajo es que el crecimiento y la agudización de la competencia electoral acercaron a los políticos a las órbitas de preferencia del mundo criminal. Y los acercó básicamente por dos razones: la primera radica en el hecho de que la competencia electoral intensa impide que haya una certeza per se del resultado electoral, es decir, aumenta la incertidumbre de un político para anticipar un triunfo electoral (Mainwaring y Scully, 1995; Velasco, 2011). En ese contexto de incertidumbre, los políticos, más que jugadores racionales que realizaron operaciones mentales de cálculo estratégico de costos-beneficios, terminan convirtiéndose en jugadores inescrupulosos que relajan sus barreras morales con el propósito exclusivo de ganar unas elecciones inciertas¹⁴.

Ese deseo de triunfo electoral anticipado los incentiva a aliarse con actores violentos no estatales y así usufructuar el poder armado de estos para constreñir votantes o asegurar tránsitos seguros hacia las urnas de población electoral migrante (trashumancia electoral) o a recibir cuantiosas sumas de dinero para dinamizar el mercado de compra y venta de votos.

La segunda razón hace referencia a una competencia electoral intensa que incentiva a que las élites políticas que aspiran a la reelección¹⁵ sean proclives a la comisión de delitos electorales (Collier y Vicente, 2008; Levitsky y Way, 2010), como el obsequio de mercados¹⁶, dinero y tejas para la construcción de viviendas. Del mismo modo, alterando los resultados electorales a través de la remarcación fraudulenta de los tarjetones, una vez estos han sido depositados en las urnas¹⁷.

En ese orden de ideas, la tabla 3 demuestra cómo -agregadamente-, en el 80,49% de los municipios se inscribieron más candidatos que a nivel de la media nacional y hubo resultados electorales sumamente reñidos, donde el primero obtiene apenas una diferencia porcentual de votos de menos del 4% con respecto al segundo en contienda¹⁸. Esto ratifica la hipótesis de que la "agudización de la competencia electoral" estimuló a los políticos a aceptar y buscar la ayuda de bandidos con el fin último de reducir la incertidumbre de un resultado electoral contingente.

Elecciones competitivas, narcotráfico, conflicto armado y parapolítica: el origen del "multibandidismo electoral"

Uno de los efectos que produjo el encadenamiento circunstancial -no sabemos si causal- entre competencia electoral abierta y contextos diversos de narcotráfico, conflicto armado interno y parapolítica, fue el del multibandidismo electoral. Este es un neologismo que presentamos ante la opinión pública y la academia para referirnos a la situación en la cual se presentan dos o más candidatos que son aliados estratégicos de agentes criminales de diversa naturaleza. El multibandidismo surge por la articulación histórica de dos factores: el deshielo del sistema bipartidista y la fragmentación del crimen organizado como producto de la desmovilización paramilitar, el repliegue estratégico de las guerrillas a municipios de sexta categoría y la extradición de los jefes paras (al respecto, ver Velasco, 2011).

Bajo esa lógica, en 9 de los 32 departamentos en Colombia, se presentaron dos candidatos para elección a gobernación que: i) eran aliados electorales de los parapolíticos judicializados ii) eran financiados por operadores de la industria ilegal de drogas o iii) estaban alineados estratégicamente con un actor violento no estatal. De esos 9 departamentos, en 7 ganaron algunos de los dos candidatos bandolerizados que se presentaron en elecciones¹⁹. En la tabla 4 se describen los casos de "multibandidismo electoral" observados en los comicios regionales del 30 de octubre.

Dinámicas electorales de los municipios donde se presentaron candidatos bandolerizados

En total, se identificaron 106 candidatos bandolerizados que se presentaron a elecciones a alcaldía en los 83 municipios seleccionados en la muestra y a las 29 gobernaciones respectivas. A diferencia de otras coyunturas electorales y otro tipo de elecciones que obedecen a lógicas territoriales distintas -en términos de distrito y circunscripción electoral-²⁰, en los comicios locales de 2011, ningún Partido Político o coalición multipartidista aglomeró o concentró porcentualmente los avales otorgados a candidatos bandolerizados, ni siquiera en aquellas etiquetas partidarias donde es de conocimiento público que el proveedor de avales es un político que reside tranquilamente en la cárcel²¹.

Esto significa dos cosas: la primera, que el aval recibido por candidatos con apoyos ilícitos se distribuye aleatoriamente por todas las alternativas partidistas presentes en la coyuntura electoral y, la segunda, que los actores armados y los parapolíticos no tienen una preferencia homogénea por apoyar candidatos de un partido en específico, sino que apoyan al que consideran el mejor competidor en su zona de dominio. La tabla 5 así lo corrobora, (anexo).

Este hallazgo permite formular una pregunta: ¿por qué en las elecciones locales de 2011 no hubo partidos políticos que estuvieran más asociados con redes criminales que otros, como sí lo estuvieron en el Congreso ciertos partidos durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez? La respuesta tiene que ver principalmente con la desinstitucionalización del sistema de partidos colombiano a nivel regional y las extrañas lógicas de coordinación de los parapolíticos judicializados.

La hipótesis que se defenderá, entonces, es que la desinstitucionalización del sistema de partidos a nivel regional ha hecho que los directorios nacionales de los partidos pierdan su capacidad de controlar la nominación de sus candidatos avalados. Al perder su condición de "veto" (Tsebelis, 2006), es más probable que sea el candidato quién decida la conveniencia de su filiación partidista y no al revés, como debería suceder.

Asimismo, el directorio nacional termina desempeñando el rol de "franquicia", al avalar candidatos según análisis de costo-beneficio: posibilidades de triunfo del político o necesidad de presentar territorialmente candidatos donde no han sido hegemónicos (una estrategia demostrada por los jefes únicos de partido o por direcciones colegiadas fue la de nacionalizar la presencia de la etiqueta).

En esa lógica, Siavelis y Morgenstern (2008) afirman que un partido político que controla el proceso de otorgamiento de avales y, en adición, logra disciplinar sus candidatos avalados y los hace rendir cuentas, debe seguir los siguientes parámetros: i) la entrega de avales se da en función de la carrera de ascenso político del candidato dentro del partido; ii) los partidos presentan periódicamente candidatos bajo la misma etiqueta²² y iii) las élites partidistas regulan las barreras de entrada para outsiders o nuevos competidores con el propósito de evitar la dispersión geográfica y la fragmentación del voto.

Para comprobar si los partidos políticos en Colombia controlan efectivamente su capacidad de veto a la hora de otorgar avales, se calculará la tasa de supervivencia de las etiquetas en dos comicios sucesivos y se calculará la volatilidad electoral por "entrada y salida" de rótulos partidarios (Powell y Tucker, 2009)²³. Para hacer más interesante el ejercicio, se escogerán únicamente los municipios de la muestra, en donde coinciden factores de riesgo por presencia violenta de actores armados no estatales, presencia de economías criminales y situaciones potenciales de fraude electoral. Por otra parte, cabe recordar que la volatilidad electoral es una dimensión central de los sistemas de partidos, pues mide la estabilidad en la distribución del voto por partidos con vocación de permanencia en el sistema (Oñate y Ocaña, 1999).

En ese sentido, de 82 municipios, se identificaron 18 donde coinciden plenamente variables de narcotráfico, conflicto armado y fraude electoral. Así, en la tabla 6, se enuncian los 18 municipios y se les aplican, respectivamente, los indicadores de volatilidad electoral y de permanencia en el sistema. Por tanto, en este cuadro, se demuestra que en zonas donde florecen economías criminales (contrabando y narcotráfico), se registra presencia violenta de actores armados no estatales y, en donde existe un riesgo por fraude electoral, los partidos políticos han perdido sistemáticamente el control sobre la nominación de candidatos. Por ejemplo, en los municipios de Cimitarra, Saravena y Tumaco, ninguna de las etiquetas partidarias que se presentaron en 2007 lo hicieron en 2011 y, sorprendentemente, en ninguno de estos municipios, más de la tercera parte de la oferta política presentada en 2007 logró consolidarse en 2011. De igual modo, resultan llamativos los altos niveles de volatilidad electoral expresados en la entrada y salida permanente de partidos, lo que refuerza la idea según la cual los candidatos deciden la conveniencia de su afiliación partidista y no al contrario.

De hecho, cuando se examinan las razones de éxito electoral de candidatos alineados con agentes criminales (en la próxima sección, se desarrolla con detenimiento), se percibe cómo la afiliación partidista no es determinante de la posibilidad de triunfo y, por el contrario, el razonamiento termina invirtiéndose: la organización partidista no pesa, pero su descomposición sí. Dicho de otro modo, no es la fortaleza de los partidos y su liderazgo en la opinión pública la que explica las condiciones de éxito en las urnas, sino su debilidad a la hora de estabilizar su oferta política y de vetar candidatos que migraron hacia otras toldas o que, por el contrario, se han presentado anteriormente a elecciones por partidos que nada tienen que ver con sus estatutos y la definición de su "línea programática".

Por ejemplo, varios de los candidatos a alcaldías -alineados con bandidos-, que triunfaron el 30 de octubre y que tienen antecedentes históricos de participación en elecciones, tienen como común denominador que cambiaron de aval partidista en dos comicios sucesivos. La tabla 7 así lo demuestra:

Esta situación es crítica si se considera la corresponsabilidad que tienen los directorios nacionales de los partidos a la hora de entregar avales, sobre todo, en contextos perversos de conflicto armado, narcotráfico y probable fraude electoral. Asimismo, si se toma en serio la premisa de Siavelis y Morgenstern (2008), es imposible exigirles a los partidos que logren disciplinar y hacer rendir cuentas a sus avalados, si ni ellos mismos tienen poder de veto para escoger sus representantes.

En ese orden de ideas, si los directorios nacionales no desarrollan una estrategia de saneamiento y depuración interna, no buscan estabilizar su oferta política en las regiones, no generan ventanillas internas para investigar los antecedentes judiciales y la carrera política de futuros aspirantes en zonas de conflicto y narcotráfico y evitan utilizar su poder de veto para seleccionar "exclusivamente" candidatos con trayectoria electoral en sus filas, resultará casi imposible que los intereses mafiosos no se filtren en los canales institucionales propios de la democracia representativa, esto es, en los partidos.

Análisis de los resultados electorales en los 83 municipios donde se presentaron candidatos criminalizados

En la tabla 8, mostramos el número de candidatos criminalizados según el partido que avaló y según la proporción de casos donde dichos candidatos ganaron los comicios. Como se demuestra en la tabla, de 106 candidatos inscritos, solo ganaron 36, es decir, el 33,96%, lo que significa que 1 de cada 3 candidatos bandolerizados tuvo éxito electoral.

Por su parte, de los 106 candidatos bandolerizados, 82 se presentaron a elecciones de alcaldías municipales y 24 candidatos a gobernaciones. De los 82 que se presentaron a comicios de alcaldía, ganaron tan solo 21 (el 29,6% de los casos) y, en la gobernación de los 24 que se inscribieron, tuvieron éxito 15 (el 62,5%). Esto demuestra que el nicho electoral donde tienen más posibilidades de triunfo electoral este tipo de redes políticas altamente criminalizadas es en los cargos uninominales regionales (gobernaciones).

En la tabla 9 (ver en anexos), se calcula la variación relativa²⁴ en los niveles de participación electoral. Según los cálculos, en 66 de los 82 municipios, aumentó la participación electoral y en 16 disminuyó. No obstante, cabe resaltar que, entre los 21 municipios donde hubo victorias electorales de este tipo de candidatos en las alcaldías municipales, en 18 (el 27% de los casos) hubo un aumento de la participación electoral (ver gráfica 1).

Adicionalmente, vale la pena destacar que ningún municipio experimentó una variación abrupta en sus niveles de participación, es decir, mantuvieron niveles cercanos a la media histórica de participación (ver gráfica 2). Esto contrasta la hipótesis de que los actores violentos no están en condiciones de obstruir masivamente la movilización de los votantes hacia las urnas, así como manifiesta per se un cambio de actitud (del saboteo al clientelismo armado) de las guerrillas insurgentes hacia la celebración de elecciones.

También, en la tabla 10 (ver en anexos) , se calculó la variación en el nivel de competencia electoral en los dos últimos comicios. La competencia disminuyó en la mitad de los municipios (42) y aumentó en la otra mitad (40). Igualmente, de los 22 municipios donde hubo éxito electoral de estos candidatos, en 10 aumentó la competencia y en 11 disminuyó (ver gráfica 3).

Por su parte, en la siguiente gráfica 4, se demuestra cómo, en la mayoría de esos 82 municipios, las barreras de entrada a la competencia electoral reflejan ser sumamente variables, pues hubo secuencialmente picos altos y picos bajos de competitividad electoral en el 50% de los municipios de la muestra.

Cuando se cruzan las variables de aumento o disminución en la participación electoral y la competencia política y se analizan los municipios donde hubo éxito electoral, se evidencia que existieron de facto dos tipos diferentes de escenarios partidistas. Por ejemplo, en 9 de los 21 municipios exitosos, hubo aumento de la participación y disminución de la competencia.

Este escenario operó en municipios donde los nichos electorales de los parapolíticos o criminales de diferente oficio estaban siendo competidos por otras redes criminales o por opciones respaldadas en un amplio sector de la sociedad civil²⁵. En dichos municipios, la participación electoral aumentó y la competencia disminuyó en términos cuantitativos, pues el electorado se polarizó en dos alternativas políticas relativamente ganadoras, lo que impidió el ascenso de "tercerías".

El segundo escenario partidista se caracterizó por variaciones negativas en la participación electoral y niveles normales de competencia electoral. Dichos municipios coinciden con candidatos que contaron con el beneplácito de estructuras armadas guerrilleras (Samaniego, Arauca y Florida) o ejércitos privados al servicio del narcotráfico (Tierralta).

Por último, en la tabla 11 (ver en anexos) , se demuestra cómo en la gran mayoría de municipios donde se presentaron candidatos criminalizados, el porcentaje de votos en blanco es mínimo²⁶ y la tendencia a votar por candidatos es demasiado alta, sobre todo en los municipios de la Costa Atlántica -a excepción de El Carmen de Bolívar-. Esto refleja elementos constantes de personalismo y conformismo en la cultura política del colombiano, pues los votantes tienden a privilegiar la reputación del candidato por encima de la reputación del Partido (Shugart y Carey, 1995) y no emplean el voto en blanco como una expresión institucionalizada de cansancio y antipatía hacia el status quo regional.

Factores de éxito electoral

El hecho de que haya sido una minoría de candidatos bandolerizados los que hubiesen ganado en las alcaldías (25%), y no la gran mayoría (el 75% perdedor), es sintomático de que no solo el uso de la violencia, el dinero y la burocracia son factores que determinan la posibilidad de éxito de un candidato. En esa dirección, este apartado fue construido para tal propósito: identificar las variables que más asociadas estuvieron con el éxito electoral de este tipo de candidatos. Para ello, se tomaron tres variables socioeconómicas y una variable institucional. Las tres variables socioeconómicas fueron:

• Categoría del municipio según la Ley 715 de 2000 en Colombia: esta variable mide el tamaño de la población y nivel agregado de ingresos que produce. Según la ley, mientras más alta es la categoría, más pequeña es la población y el nivel de ingresos agregado del municipio. En total, existen 7 categorías, que se dividen de una a seis según el tamaño y los ingresos y una categoría restante, que es denominada especial, pues son capitales de algunos departamentos con alta densidad demográfica.
• Pobreza: los datos son tomados del Departamento Nacional de Estadística de 2005, donde miden municipalmente el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, que sirve para evaluar condiciones mínimas de bienestar en el hogar como: espacio apropiado para vivir, provisión adecuada de servicios públicos, número de personas por habitación, ingreso del hogar y nivel de educación de los miembros del hogar (controlado por edad) (García, 2010, p. 176).
• Pereza fiscal: uno de los megadiseños institucionales que incorporó la Constitución de 1991 fue la descentralización fiscal. Según esto, los municipios pueden percibir recursos propios a partir del cobro del impuesto predial, de industria y comercio, de avisos y tableros y sobre tasa a la gasolina. En esa lógica, existe un porcentaje de ingresos que son generados por las mismas entidades territoriales. Este indicador se midió así: los municipios que están por debajo de su promedio departamental, en cuanto dependencia a las transferencias de la Nación, se consideraron "perezosos" y los que están por encima como "no perezosos".

La variable institucional fue "el Partido Político que avala". Bajo esa lógica, se construyeron cuatro pruebas de hipótesis que se aceptarán o rechazarán por medio de la construcción de cuatro tablas de contingencia que asocian dichas variables con el éxito electoral por medio de una prueba chi-cuadrado²⁷. Así, las pruebas de hipótesis fueron:

• Existe asociación entre el tamaño y el nivel de ingresos del municipio y el éxito electoral de los candidatos criminalizados. Esta hipótesis se intuye, ya que podría ser más probable que, en territorios pequeños y de bajos ingresos (Collier, 2010), el papel de la coerción física violenta y el soborno (por medio de la combinación de amenazas e incentivos materiales) sea un determinante de la probabilidad de triunfo de un candidato.
• Existe asociación entre pobreza y éxito electoral de los candidatos criminalizados. Esta hipótesis se intuye, ya que podría ser más probable que, en poblaciones con expectativas insatisfechas de consumo, así como vulnerables por la precariedad en el acceso a vivienda, agua potable, alcantarillado, alimentación y vestido, sea más fácil el intercambio clientelista y más fluido el mercado de compra-venta de votos (García, 2007, p. 110; 2010). Dicho de otro modo, en poblaciones más pobres, los políticos son más eficaces en estimular la participación electoral por medio de un fluido dispositivo clientelista (Leal y Dávila, 1990).
• No existe asociación entre "pereza fiscal" y éxito electoral de los candidatos criminalizados. Esta hipótesis se intuye, ya que podría ser más probable que el interés de un candidato criminalizado sea el de saquear los recursos públicos locales para enriquecerse personalmente y, a su vez, beneficiar financieramente su aparato armado ilegal (Sánchez y Chacón, 2005). Para ello, es conveniente que el municipio sea más autónomo financieramente o, en términos de los "bandidos estacionarios" de Olson (2001), generar más riqueza para "ordeñar de mejor forma la vaca".
• Existe asociación entre "partido político que avala" y éxito electoral de los candidatos criminalizados. Esta hipótesis se intuye, ya que podría ser más probable que los candidatos que recibieron el apoyo de Enilse López (alias La Gata) y el ex senador encarcelado, Juan Carlos Martínez, tengan más opciones de ganar (por el uso no austero de dinero en campaña, los nichos electorales conservados y el poder burocrático que manejan).

Categorización de variables y tablas de contingencia

La variable "tamaño y nivel de ingresos del municipio" fue categorizada según la ubicación del municipio en la base de datos a la que dio origen la Ley 715 de 2000 (ver tabla 12).

La variable "pobreza" fue categorizada de dos formas: "más pobreza" y "menos pobreza". La ubicación en cualquiera de las dos categorías se hizo a partir del cálculo de los promedios departamentales en el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Posterior a ello, se compararon los municipios con dicha línea de promedio. Los municipios que tuvieron igual o mayor a 1 desviación estándar por debajo del promedio departamental del NBI fueron considerados como "menos pobres" y los que tuvieron 1 o más desviaciones estándar por encima del promedio departamental se consideraron "más pobres" (ver tabla 13).

La variable "pereza fiscal" fue categorizada de dos formas: "mayor pereza fiscal" y "menor pereza fiscal". La ubicación en cualquiera de las dos categorías se hizo a partir del cálculo de los promedios en el porcentaje de ingresos propios de las entidades territoriales según la categoría del municipio²⁸. Por tanto, las entidades donde están por debajo de la media de su categoría municipal fueron consideradas como "mayor pereza fiscal". Aquellos que superan la línea promedio fueron considerados como "menor pereza fiscal" (ver tabla 14).

La variable "partido político que avala" fue categorizada según el número de partidos que avalaron candidatos y el número de casos exitosos obtenidos (ver tabla 15).

Resultados estadísticos

Con un nivel de confianza del 95%, un punto crítico (o grado de libertad) de 12,49 en la prueba chi-cuadrado y un estadístico de prueba de 4,35, se rechaza la hipótesis según la cual "existe asociación entre el tamaño y el nivel de ingresos del municipio y el éxito electoral de los candidatos criminalizados", puesto que el estadístico de prueba fue menor al punto crítico. Esto significa que ni el tamaño territorial ni el nivel de ingresos de un municipio estuvo asociado con las posibilidades de éxito de una franja de candidatos que emplearon la coerción física violenta para limitar la competencia electoral.

Este hallazgo problematiza la tesis de Collier (2010), pues demuestra que no necesariamente el nivel de ingresos es un predictor confiable de la calidad de la democracia y los efectos pacíficos que generan sus resultados electorales en contextos de posconflicto, pues, si fuera así en los municipios de categoría seis -que perciben menos de 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes-, tendrían mayor probabilidad de éxito electoral los actores violentos y aquellos dedicados al narcotráfico, pues son quienes más lograrían acumular capital financiero.

Por otro lado, con un nivel de confianza del 95%, un punto crítico (o grado de libertad) de 3,841 en la prueba chi-cuadrado y un estadístico de prueba de 1,02, se rechaza la hipótesis según la cual "existe asociación entre pobreza y éxito electoral de los candidatos criminalizados", puesto que el estadístico de prueba fue menor al punto crítico. Esto quiere decir que el clientelismo -más apto en municipios pobres- (García, 2007) no es una variable determinante del éxito en los comicios. De hecho, el clientelismo armado (Rangel, Borrero y Ramírez 2004, p. 111)²⁹ no fue una condición de posibilidad real de éxito electoral para un puñado de candidatos que fueron apoyados militarmente por ejércitos privados (Bacrim) o grupos insurgentes (las FARC).

Además de esto, con un nivel de confianza del 95%, un punto crítico (o grado de libertad) de 3,841 en la prueba chi-cuadrado y un estadístico de prueba de 38,45, se rechaza la hipótesis según la cual, "no existe asociación entre 'pereza fiscal' y éxito electoral de los candidatos criminalizados", puesto que el estadístico de prueba fue mayor al punto crítico. Esto significa que el éxito electoral está íntimamente asociado a la pereza fiscal de un municipio, lo que quiere decir que no necesariamente un candidato bandolerizado es exitoso en municipios con mayor solvencia fiscal, pues los resultados estadísticos demuestran lo contrario: los bandidos fueron mucho más eficaces en municipios con baja capacidad de recaudación de ingresos.

Este hallazgo es interesante, ya que permite problematizar la famosa tesis de Tilly, donde se afirma que "la guerra y el crimen organizado hacen el Estado". Según su lógica circular, la guerra genera la necesidad de impuestos (para poder alimentar la tropa y suministrar armamento); los impuestos solo pueden ser recaudados por burócratas: los burócratas buscan capturar más ingresos y los ganadores de la guerra, por medio de los burócratas, "ordeñan" a los perdedores y, para ordeñarlos, requieren de más burócratas. En ese sentido, la guerra misma fabrica la necesidad de construir un aparato burocrático sólido y universalista que recaude impuestos y haga valer los derechos de propiedad sobre los botines confiscados o ganados en la guerra.

Pero el caso colombiano (al menos en un contexto de conflicto armado interminable) demostró lo contrario: los alfiles del crimen organizado fueron más exitosos en municipios con una precaria infraestructura burocrática que en municipios con mayor autonomía fiscal. En ese sentido, la guerra interna y el crimen organizado no han generado más Estado, sino, al contrario, menos Estado, es decir, han fabricado instituciones burocráticas débiles que facilitan la entrada de bandidos.

Finalmente, con un nivel de confianza del 95%, un punto crítico (o grado de libertad) de 15,51 en la prueba chi-cuadrado y un estadístico de prueba de 58,45, se rechaza la hipótesis según la cual "existe asociación entre 'partido político que avala' y éxito electoral de los candidatos criminalizados", puesto que el estadístico de prueba fue mayor al punto crítico. Esto significa dos cosas: la primera, que la posibilidad de ganar una elección no depende de la etiqueta partidaria y, la segunda, que "el poder omnipresente" de las redes políticas de Enilse López, Juan Carlos Martínez y Álvaro García no fueron más eficientes en las urnas que las redes de políticos tradicionales y transicionales³⁰.

De igual manera, este hallazgo refleja implícitamente "las bondades" de la investigación realizada, pues la mediatización de estas alianzas extralegales y la voluntad política del gobierno (especialmente del Ministerio del Interior) produjeron efectos positivos en la opinión pública, los electorados locales y las instituciones de orden nacional, para afectar la capacidad de movilización electoral de todas esas redes políticas altamente criminalizadas.

Conclusiones

Este artículo presentó los hallazgos más relevantes de una investigación que relacionó empíricamente política electoral regional, narcotráfico y conflicto armado. En esa lógica, analizó cómo la necesidad de los criminales por neutralizar la acción reguladora del Estado central los indujo a influir en las elecciones. De igual manera, analizó cómo el incremento de la competencia electoral en contextos de conflicto armado y economías criminales incentivó a los candidatos a tomar la decisión de bandolerizarse.

Este hallazgo problematiza las predicciones clásicas de la teoría política democrática, según la cual el incremento de la competencia electoral y la alternación frecuente de élites en el poder fomentan la rendición de cuentas y la transparencia del proceso electoral (Przeworski, Stokes y Manin, 1999; Fearon, 1999). Por el contrario, elecciones competitivas e incertidumbre en el resultado electoral, sumado a contextos de conflicto armado y economías bajo regulación criminal, generan mayores incentivos para la bandolerización de las élites políticas, lo que incluye un repertorio de financiación ilegal de campañas electorales, coerción física armada a los potenciales votantes de las élites rivales, incremento del desplazamiento forzado en etapas preelectorales (López, 2011) y búsqueda de empresarios de la coerción para poder desarrollar campañas electorales sin restricciones geográficas.

Se demostró, por tanto, que existe una correspondencia entre el tipo de actor criminal que influye en elecciones y los mecanismos de intromisión en la competencia política. Así, las guerrillas insurgentes tendieron a constreñir selectivamente a ciertos candidatos y a hostigar a todo aquel que estuviera avalado por el Partido Social de Unidad Nacional. Las Bacrim/neoparamilitares tendieron a financiar campañas electorales y a ofrecer servicios de protección privada a los políticos en zonas de alta confrontación armada. Los parapolíticos encarcelados tendieron a hacer proselitismo electoral y a financiar campañas por medio de recursos públicos locales.

También se identificó el perfil y los intereses estratégicos que tienen los diversos actores sobre la conquista de cargos de elección popular. Así, se pudo establecer que, en departamentos donde el potencial electoral es menor y el volumen de recursos de las regalías es mayor, el perfil de los parapolíticos concuerda exclusivamente con ex gobernadores. Además, donde el potencial electoral es mayor y los recursos de las regalías son menores, los parapolíticos tendieron a ser los (ex) senadores. Este hallazgo serviría a posteriori para analizar modelos diferenciados de intermediación que ha venido construyendo el centro con las periferias subnacionales en un contexto de descentralización (Gutiérrez, 2010).

En cuanto al perfil de los candidatos cuyos aliados electorales eran parapolíticos, se descubrió que estos tienden a "fabricar artificialmente" políticos -si se permite ese oxímoron-, pues seleccionan personas jóvenes entre 22 y 26 años, sin trayectoria electoral pero con rostros pulidos -rasgos denominados baby face- y con ciertas elementos de empatía. Los casos de candidatos con este perfil en las gobernaciones de Magdalena, Córdoba, Santander y Valle del Cauca así lo demuestran.

De hecho, los parapolíticos parecen estar más interesados en el poder subnacional (gobernaciones) que en el local. En ese sentido, se distinguieron de sus "colegas bandidos", ya que narcotraficantes, Bacrim y parapolíticos locales no judicializados tuvieron un sesgo fuertemente localista y parroquial, pues solo les interesó -por motivación o por límites operacionales- las alcaldías. Este hallazgo permite anteponer las siguientes preguntas: ¿por qué motivos los parapolíticos tienden a preferir las gobernaciones por encima de las alcaldías?, ¿qué recurso de poder obtienen conquistando una gobernación frente al Estado central?

Por otra parte, el artículo analizó las variables que más estuvieron asociadas con el éxito electoral de los candidatos bandolerizados, pues "únicamente" uno de cada tres candidatos de este tipo ganó los comicios relacionados con alcaldías. Así, la única variable que estuvo asociada significativamente con el triunfo electoral de los políticos criminalizados fue la de "pereza fiscal", lo que hace atractivo, en un futuro, investigar por qué, en los municipios con menos capacidad de recaudación de impuestos, estos candidatos lograron ganar.

En el plano electoral, se explicó cómo la desinstitucionalización del sistema de partidos a nivel regional y local, en contextos tripartitas de conflicto, narcotráfico y situaciones indicativas de fraude electoral, influyó considerablemente en la posibilidad de que bandidos permearan sin mayores restricciones el sistema político. Fue por esa razón que no hubo una asociación significativa entre filiación partidista y redes criminales, pues, paradójicamente, los bandidos deciden la conveniencia de su "marbete partidario" y no los directorios nacionales (como, se supone, debería ser).

Por último, es preciso resaltar que los efectos positivos que pueda tener esta investigación sobre la gobernabilidad democrática en Colombia serán limitados si el gobierno nacional, la academia, los medios de comunicación y gobiernos extranjeros interesados en la promoción de la paz y el desarrollo no realizan un seguimiento frecuente al ejercicio de poder que manifieste el 33% de los candidatos cuestionados que ganaron, así como el papel de saboteo, oposición o negociación corrupta que pueda desempeñar el 67% de candidatos cuestionados que perdieron. Por último, surge la pregunta incómoda: ¿ el interés estratégico de los parapolíticos en los ejecutivos subnacionales está relacionado con el rediseño institucional en el manejo de las regalías?

Pie de página

¹La elección de base fueron las de Senado y Cámara de Representantes en 2010.
²Los talleres de validación grupal son "grupos focales" donde cada uno de los operadores interviene en un periodo de tiempo de 15 minutos para exponer los hallazgos preliminares de su investigación en terreno. Después de la presentación, hay un espacio para controvertir hallazgos, retroalimentar por medio de sugerencias o preguntas y, posteriormente, para aceptar o rechazar hipótesis de trabajo.
³Entendiendo por "significancia institucional" que los cargos de elección popular sean comparables por el tipo de cargo público a proveer -no comparar cuerpos colegiados nacionales con cargos uninominales locales o subnacionales, por ejemplo- y la instancia geográfica -no comparar las dimensiones analizadas en unidades geográficas diferentes a la analizada longitudinalmente-.
⁴Los casos de las capturas o asesinatos selectivos a alias Cuchillo en los Llanos Orientales; alias Sebastián en el Bajo Cauca y alias Valenciano en el Valle de Aburrá y la Costa Atlántica son muestras dicientes de la persecución policial hacia las cabecillas más visibles de las organizaciones.
⁵La tendencia identificada en la investigación es que en regiones donde el potencial electoral es más bajo (de la media nacional) y existe un volumen significativo de recursos por concepto de regalías, los parapolíticos tienden a ser los "ex gobernadores", como en Casanare y Arauca. En donde el potencial electoral es igual o mayor a la media nacional y los recursos de regalías no son tan voluminosos, los parapolíticos tienden a ser "ex senadores", como en Bolívar, Atlántico, Cesar, Sucre, Antioquia y Valle del Cauca.
⁶Según se pudo identificar en este estudio, los parapolíticos nacionales/regionales procuraron escoger candidatos jóvenes (entre 23 y 27 años), carismáticos, de "rostros pulidos" y con poca trayectoria electoral, para aspirar a las gobernaciones. Los casos de Héctor Fabio Useche (Valle del Cauca), Richard Aguilar (Santander), Alejandro Lyons Muskus (Córdoba) y Luis Miguel Cotes (Magdalena) lo reflejan a la perfección.
⁷Las regalías son impuestos especiales que cobran las entidades territoriales cuando una empresa explota en su suelo recursos naturales no renovables (carbón, oro, petróleo, níquel).
⁸Según estadísticas de la Vicepresidencia de la República, en 2011, la columna móvil Gabriel Galvis desplegó tres hostigamientos y un combate con el Ejército.
⁹Como llegó a suceder en 2000 y 2003 en las elecciones a gobernación en Magdalena y Cesar.
¹⁰Según el analista Tadeo Martínez (Semana, 20 de abril de 2011), en los últimos cinco años en Córdoba, 2.238 personas han sido asesinadas y los móviles personales de dichos homicidios han estado asociados a vendettas inherentes al negocio mafioso. Ver nota en: http://www.semana.com/nacion/dura-guerra-contra-bacrim/155461-3.aspx.
¹¹Este tipo de candidatos presionan a los funcionarios públicos para que apoyen su candidatura por medio del proselitismo político en zonas donde la administración ejecuta programas sociales. La presión es llevada a cabo, dada la promesa creíble que transmite el "parapolítico local" de despedir a los funcionarios públicos en caso de que gane y se dé cuenta que no apoyaron la campaña.
¹²Sobre la diferencia entre "variables necesarias" y "variables suficientes", véase el extraordinario trabajo de Aníbal Pérez Liñán (2010).
¹³Cabe resaltar que los riesgos que corren los políticos no están asociados exclusivamente con la cárcel o el desprestigio público, sino también con la probabilidad de defección del parapolítico o el bandido para eliminar arbitrariamente el acuerdo cooperativo. Por ejemplo, para la elección a la gobernación de Sucre, el candidato del Partido Social de Unidad Nacional, Héctor Hernández Manotas, tuvo que retirarse tras la negativa del ex senador judicializado por un crimen de lesa humanidad, Álvaro García Romero, de continuar con su apoyo electoral y financiero. En la misma lógica, otro candidato a la gobernación de Sucre del Partido de Integración Nacional (PIN), Ramón Emiro Muskus, tuvo que retirarse informalmente de la contienda tras la interrupción del respaldo electoral y financiero de Enilse López (alias La Gata), empresaria del chance judicializada por el delito de concierto para delinquir agravado. Pero Sucre no fue el único caso presentado. También el candidato a la alcaldía de Cali, Edison Bioscar por el PIN, se retiró tras la negativa de Juan Carlos Martínez Sinisterra (ex senador encarcelado por el delito de concierto para delinquir agravado) de continuar como su aliado. Esto demuestra que, al "parecer", para el político no es muy racional a posteriori entablar vínculos pragmáticos con los parapolíticos, pues, en muchos casos, estos pueden interrumpir autoritariamente los acuerdos pactados sí perciben estancamientos en la intención popular de voto hacia él.
¹⁴En términos de Jon Elster (2010), se producen disonancias cognitivas o pensamientos desiderativos donde el deseo de ganar del político obnubila la probabilidad cierta de ganar la elección, lo que lo lleva a cometer serios "fallos de racionalidad", donde la posibilidad de ser judicializado, ser excluido políticamente o asesinado por un actor armado violento no es considerado como una prioridad en el corto plazo.
¹⁵Aunque, en Colombia, la Constitución impide legalmente la reelección consecutiva de alcaldes y gobernadores, muchas de las élites políticas ganadoras buscan permanecer en el poder promoviendo candidaturas de familiares, amigos reconocidos socialmente, antiguos alcaldes y gobernadores y políticos que han hecho carrera en la red política construida por un senador o ex gobernador.
¹⁶Por ejemplo, en Quindío, la Policía departamental decomisó 82.000 mercados en una bodega que se disponían a ser entregados a potenciales votantes de la candidata del Partido Social de Unidad Nacional a la gobernación Belén Sánchez.
¹⁷El diseño institucional colombiano permite que los dos partidos ganadores de una elección escojan el Registrador Departamental, que tiene como función velar por la transparencia en el conteo de votos.
¹⁸Por ejemplo, en el municipio de Palmito (Sucre), el primero le sacó una diferencia de 2,20% puntos porcentuales al segundo. De igual manera, en San Onofre solo hubo una diferencia de 1,01% de los votos entre ganador y perdedor. En Sincelejo (Sucre), el primero aventajó al perdedor por 2,85%. En Suan (Atlántico), el primero le ganó al segundo por 2,50% del total de los votos. En Corinto (Cauca), el primero ganó tan solo por 0,87% puntos porcentuales. En Samaniego, la diferencia entre los únicos dos candidatos que se presentaron es de 3,88%. En Puerto López (Meta), la diferencia entre el primero y el segundo fue de 3,31%.
¹⁹Los casos excepcionales fueron las gobernaciones de Guaviare y Caquetá, donde ninguno de los candidatos criminalizados logró ganar.
²⁰Se hace referencia al hallazgo encontrado por Claudia López (2010) y Francisco Gutiérrez (2010), donde afirman que 8 de cada 10 parapolíticos "judicializados" pertenecían a la coalición legislativa del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, lo que conllevó a que "las fuerzas políticas uribistas" a nivel nacional estuvieran más asociadas con el paramilitarismo que otras fuerzas políticas no uribistas.
²¹Se hace alusión al caso de tres marbetes partidistas conocidos como Afrovides, Partido de Integración Nacional y Movimiento de Inclusión y Oportunidades, que funcionan en forma de "franquicias electorales" en el 80% del territorio nacional. Las franquicias electorales operan en función del dominio geográfico de un parapolítico, por lo que dichas etiquetas no son homogéneas y no representan agregadamente el interés de los dueños de dicha franquicia. Por ejemplo, el Partido de Integración Nacional -en adelante, PIN- opera heterogéneamente en Santander, el Urabá antioqueño, la Costa Atlántica y el Valle del Cauca, pues en la primera zona (Santander y Urabá antioqueño) el dueño la franquicia del PIN es el ex senador parapolítico Luis Alberto Gil; en la Costa Atlántica es Enilse López alias La Gata, empresaria del chance judicializada por el delito de concierto para delinquir agravado y, en el Valle del Cauca, el dueño es el ex gobernador Juan Carlos Abadía, cuyo padre fue judicializado por "el proceso 8.000" y cuyo principal socio era el ex senador condenado por parapolítica, Juan Carlos Martínez Sinisterra. Asimismo, la etiqueta partidaria Afrovides, funciona como franquicia de avales de Juan Carlos Martínez Sinisterra y Yahir Acuña (congresista investigado por concierto para delinquir agravado) en Sucre y Bolívar y como franquicia diferenciada en Casanare, cuyo "propietario" es el ex gobernador condenado por parapolítica, William Pérez.
²²Un síntoma claro de desinstitucionalización del sistema de partidos es la inestabilidad de la oferta partidista, es decir, la creación, absorción o desaparición de etiquetas partidarias en dos eventos electorales sucesivos. En términos de Hoyos (2007), Gutiérrez (2006) y Boogards (2009), este fenómeno refleja la baja estabilidad del sistema y el personalismo de la política electoral.
²³La tasa de permanencia fue calculada así: Tp= (Pi1*100)/LsPi; donde Pi1 es el número de etiquetas que se repiten en ambas elecciones y LSPi2 es el límite superior de etiquetas inscritas en las mismas.
²⁴La variación relativa fue medida con esta fórmula: .(V₂ - V₁)/V₁).
²⁵Por ejemplo, el caso de Yumbo (Valle del Cauca), donde el candidato de "Los Comba" (un minicartel del narcotráfico del Norte del Valle) fue derrotado por una diferencia de 10,94% por el candidato de "identidad transicional", Fernando Murgeitio, avalado por el Partido Verde.
²⁶La excepción fue el municipio de Bello, donde el voto en blanco le ganó por un 11,91% al candidato respaldado por la familia Suárez Mira.
²⁷La prueba chi-cuadrado es un instrumento para estadísticas no paramétricas (es decir, que no tienen una distribución normal) que mide el nivel de asociatividad y dependencia entre dos variables. La prueba chi-cuadrado estima una frecuencia esperada de casos y la compara con una frecuencia dada de casos. Dicha comparación permite analizar qué tan asociadas están las variables estudiadas.
²⁸Se hizo así para no comparar los ingresos tributarios propios de municipios pequeños con municipios grandes.
²⁹El clientelismo armado es definido por estos autores como la apropiación privada ilegal de recursos públicos, apelando al uso de las armas y el terror.
³⁰Esto no quiere decir que dichos "parapolíticos" no ejerzan influencia real sobre los sistemas políticos regionales, sino que su poder es acotado, como el de todos los mortales. Para ello, ver Foucault (2006), quien defiende la idea de poder, no como posesión privatizada sino como campos discursivos y físicos de confrontación permanente.

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