INTRODUCCIÓN

Como ha sido señalado por la historiografía, en el tránsito entre el Antiguo Régimen y los procesos revolucionarios, el estatus jurídico-político y social de los extranjeros en el mundo hispanoamericano generó numerosos de- 87 bates parlamentarios y disposiciones normativas que discutían categorías medulares para la construcción de la res publica, como la ciudadanía y la vecindad. Ello no era extraño, si se tiene en cuenta que, en unos contextos de guerras casi permanentes, la capacidad jurídica para establecer una diferenciación formal entre habitantes de "otras naciones" y ciudadanos naturales fue instrumentalizada por las autoridades, mandos militares y grupos o facciones políticas como un medio para articular lealtades, regular el acceso a cargos públicos, direccionar empréstitos forzosos o segregar a potenciales disidentes del espacio público¹. El servicio de los extranjeros en fuerzas de guerra y milicias fue uno de los epicentros por donde transcurrieron algunas de las principales polémicas. ¿Debían los inmigrantes, residentes o transeúntes, participar de la defensa del territorio en pie de igualdad con el resto de los ciudadanos considerados como "hijos del país"? Y, en caso afirmativo, ¿qué consecuencias aparejaba esto para la soberanía de los nacientes estados? y ¿hasta dónde podían las centros de poder locales surgidos de la crisis imperial legislar sobre la materia sin incurrir en conflictos con las autoridades consulares europeas que comenzaban a consolidarse en las principales capitales y puertos? Este último aspecto es el que deseamos traer a colación en el presente artículo, partiendo de la base de que la conformación de milicias de residentes extranjeros en América Latina se dio en un espacio de jurisdicciones encontradas, en el que los gobiernos locales y los agentes europeos apelaban a diferentes normas y usos legales. Ese maridaje, desarrollado en medio de acuerdos y diferendos, dio como resultado un marco de "pluralismo legal" ad hoc que emergía sobre todo en coyunturas de crisis o guerras². De manera específica, aquí argumentamos que el enrolamiento de milicias de residentes extranjeros en puertos como Buenos Aires y Montevideo, entre 1829 y 1851, generó un espacio político transnacional que posibilitó a los inmigrantes armarse y defender sus vidas y propiedades, pero también participar de manera activa en la política regional y global, algo que no estaba contemplado ni en los códigos europeos ni en la legislación local. Por el contrario, dentro del derecho natural y de gentes se había ido configurando un modelo del extranjero residente entendido como un súbdito/ciudadano que debía matricularse en su país de destino, cumplir las disposiciones estatales que le incumbían y recurrir, en caso de conflicto, al Consulado y/o a la estación naval de su país, manteniéndose neutral -palabra clave- en los diferendos "facciosos", "revoluciones" o conflagraciones internacionales. Sin embargo, la persistencia de guerras a lo largo del período provocó un rápido desborde de ese entramado jurídico ideal. Las milicias cívicas o legiones sirvieron a los residentes para construir en situaciones conflictivas una "ciudadanía de ultramar", que implicaba una interpretación sui generis de la legislación estatal (tanto la local como la metropolitana). En ese sentido, estas milicias no deben leerse solo en clave militar, sino como parte de un entramado más amplio, del que formaban parte también la prensa étnica así como diversas practicas asamblearias que, en su conjunto, constituyeron una suerte de laboratorio donde los inmigrantes/residentes fraguaron o reconfiguraron sus lealtades, identidades y derechos políticos en el mundo global. Creemos que la participación francesa en estos dispositivos milicianos, que sintetizaremos en adelante, ilustra el problema de manera precisa y permite plantear un problema poco abordado para el ámbito latinoamericano.

1. LOS AMIGOS DEL ORDEN Y EL INICIO DE UNA TRADICIÓN RIOPLATENSE (1829)

Si bien nos centraremos en Montevideo, donde ocurrieron las experiencias de enrolamiento extranjero más masivas, cabe señalar que, de algún modo, el inicio de la tradición miliciana extranjera y la polémica sobre su responsabilidad en la politización de los súbditos, tuvo lugar en Buenos Aires a fines de la década de 1820³. El golpe de estado -y posterior fusilamiento del gobernador federal Manuel Dorrego- perpetrado en diciembre de 1828 por las fuerzas del general Juan Lavalle y los círculos "unitarios" que lo apoyaban, inauguraron un nuevo ciclo de violencia. Los opositores al nuevo gobierno provisorio se unieron, apoyados en un alzamiento rural suscitado en la provincia de Buenos Aires por varios actores, bajo el liderazgo emergente de Juan Manuel de Rosas⁴. En ese contexto, en marzo de 1829, el gobierno provisorio, encabezado por Guillermo Brown, decidió reforzar la defensa de la ciudad, sitiada por "partidas federales", mediante la creación de un cuerpo integrado por inmigrantes radicados en la ciudad, que tomó el nombre de "Batallón del Comercio Extranjero", bajo al mando de Ramón Larrea, un comerciante nacido en Barcelona, que se había desempeñado en diversos puestos como miliciano y militar de línea desde las invasiones inglesas de 1806-1807⁵. La milicia, que a los pocos días pasó a denominarse "Batallón de los Amigos del Orden", reunió alrededor de 800 efectivos, en buena medida franceses, pero también contingentes españoles e italianos, además de otros colectivos menores en términos demográficos. Aunque el cometido inicial de la fuerza era el de prestar un servicio pasivo de vigilancia dentro de la ciudad, a poco de andar el cónsul francés Washington de Mendeville se opuso al enrolamiento de los súbditos de su país. Entre otros argumentos el diplomático sostuvo que el cuerpo prestaba un servicio activo de rondas y patrullajes con armas cargadas y recordó que el Código Civil francés prohibía a los súbditos enrolarse en corporaciones o fuerzas de guerra extranjeras sin permiso del rey, so pena de perder la calidad de francés. Por otra parte, el hecho de que los residentes ingleses y estadounidenses no eran obligados a enrolarse en el batallón indicaba, desde la perspectiva del cónsul, una excepción injusta⁶. A ello se sumaban las implicancias políticas que otorgaban al batallón "una apariencia de partido", teniendo en cuenta que, siempre en la opinión de Mendeville, "es notorio que se han oído salir de entre sus filas los gritos de ¡vivan los unitarios!, ¡mueran los federales!", episodio que el comandante del batallón imputó a las compañías italianas. Este tipo de expresiones, concluía el diplomático, comprometía a los franceses en una lucha facciosa, cuando "el solo papel conveniente a un extranjero es la más perfecta neutralidad"⁷. De hecho, los pasquines recogidos en la plaza de Montserrat, de supuesta autoría federal y que reprodujo el periódico El Pampero en abril de 1829, dan cuenta de una temprana atribución de sentido político a la movilización de los Amigos del Orden y corroboran, al menos en parte, las sospechas de Mendeville. En ellos se vertían consignas amenazantes, como "La federación reinará/Y todo extranjero que se oponga/ Por la ley morirá", "Pena la vida del extranjero que asista á la plaza el dia de los federales. El que lo haga comerá plomo ardiente" o el expresivo "Indios, sí, extrangeros nó", frases que remiten a una identificación entre sectores urbanos, extranjeros y unitarios que ya se venía estructurando desde los primeros años de la década de 1820 y que más adelante se situará como un lugar clásico en el campo político regional⁸. Quizá como una respuesta ante este tipo de afinidades políticas, las autoridades porteñas se apresuraron a declarar que el conflicto no consistía en "una guerra de partido", en cuyo caso "el gobierno, por el honor del país, no consentiría en que los extrangeros tomasen las armas para mezclarse en querellas políticas", sino que la contienda expresaba "una defensa común contra asesinos y salvajes", aspecto que justificaba la creación de la milicia⁹.

En este marco se produjo un intercambio de notas cada vez más intenso entre el cónsul francés y el gobierno porteño, que culminó el 30 de abril, cuando Mendeville, totalmente enfrentado con las autoridades locales, solicitó sus pasaportes y se retiró a Montevideo¹⁰. Como consecuencia, la resolución del diferendo quedó a cargo del jefe de la estación naval, Vizconde de Venencourt, quien, entre el 21 y 22 de mayo, llevó a cabo acciones directas, tomando algunas embarcaciones porteñas surtas en el puerto, como protesta por el tratamiento dado a los súbditos y supuestos ultrajes al pabellón francés¹¹. Por último, luego de una serie de negociaciones y contraofertas, el 28 de mayo el gobierno permitió a los franceses enrolados dejar el servicio en el batallón, cerrando de este modo la conflictiva experiencia¹².

De manera simultánea, en Montevideo se desarrolló un proceso similar, de menor escala pero que también crispó los ánimos de los funcionarios franceses. En el momento en que las autoridades brasileñas -que habían sucedido a las de Portugal en la ocupación de la Provincia Oriental-, entregaron la capital a los delegados orientales, en abril de 1829, los alcaldes de barrio fueron comisionados por el gobierno provisorio para alistar "doscientas personas para que en clase de cívicos hagan servicio en los primeros días, desde el en que se desaloje la plaza por las tropas imperiales"¹³. Por el cruce de notas se desprende que varios súbditos franceses participaron en esas milicias ad hoc, aunque ignoramos su número. A la luz de la experiencia de Buenos Aires, donde la situación superó el control de los agentes metropolitanos con rapidez, el Vicecónsul de Montevideo, André Cavaillon, se apresuró a comunicar al Ministro de Relaciones Exteriores del flamante "Estado de Montevideo" que la participación francesa en el cuerpo cívico solo se restringiría a ese episodio concreto, sin que ella pudiera ser tomada en adelante como un antecedente legal para "llamar a los franceses a las armas y someterlos al servicio militar cualquiera". El agente consular reclamaba una respuesta clara del gobierno sobre la materia, dado que "esta cuestión, mal entendida en Buenos Aires, ha comprometido de una manera molesta a los franceses que allí se encuentran, y es mi deber aclarar a mis compatriotas que están en Montevideo, sobre la conducta que deben tener en el futuro"¹⁴. En su respuesta el Ministro se limitó a señalar que el gobierno no cometería abusos respecto a la convocatoria, pero que los franceses se ubicaban en el mismo pie de igualdad que el resto de los extranjeros¹⁵. No fue un hecho fortuito que, poco después, el Contra Almirante Roussin recordara a Cavaillon el peligro de permitir que los franceses tomaran las armas y perdieran por ello el derecho a la protección oficial de los agentes navales y consulares, intentando una vez más no reproducir la experiencia porteña¹⁶.

Si bien estas primeras manifestaciones, desarrolladas en una coyuntura de implantación de la diplomacia francesa en la región, tuvieron un impacto acotado y pudieron ser neutralizadas por los cónsules y comandantes navales, no dejan de ser relevantes, sobre todo si se colocan en secuencia con lo que ocurrirá a partir de la década de 1840 en Montevideo. En primer término quedaba claro el modo en que las colonias de inmigrantes europeos, situadas a ambos márgenes del Plata, se habían transformado en un potencial "botín" político, cuya neutralidad, lejos de estar asegurada de antemano, era centro de disputas entre los gobiernos locales y europeos.

Por otra parte, aunque en el inicio fueran incentivadas o permitidas por los agentes europeos, las milicias demostraron ser un arma de doble filo, que podía volverse contra sus creadores y dotar de una inquietante autonomía a las comunidades de residentes, que las emplearon como un instrumento para participar de modo activo en la vida política local. La invocación de autodefensa, que descansaba en una tradición varias veces secular de las milicias urbanas occidentales, se conjugaba aquí con el estatus jurídico ambiguo que mantenían muchos inmigrantes europeos que, por un lado reivindicaban su carácter de vecinos -y, por ende, el derecho a armarse en protección de vidas y propiedades- y, por el otro, jugaban con su carta de extranjería, demandando protección naval de sus autoridades nacionales o bien formando milicias "étnicas".

El arribo de una masa considerable de inmigrantes europeos al Río de la Plata, a partir de la década de 1830, actualizó de manera permanente este debate, que ocupó un espacio cada vez más amplio en la opinión pública local y en la arena diplomática. En el caso del Estado Oriental del Uruguay, y dentro de él la ciudad-puerto de Montevideo, es un ejemplo palmario de ese fenómeno: entre 1835 y 1843, por más que las cifras son complejas de establecer, habrían arribado entre 33.000 y 44.000 inmigrantes, un volumen más que considerable, sobre todo si tenemos en cuenta que los cálculos impresionistas daban a la república apenas 70.000 habitantes en 1829. Este proceso se solapó con el comienzo de un período de guerras regionales, que a partir de 1835-36 afectaron a la entera cuenca rioplatense, incluyendo los territorios brasileños de Río Grande do Sul.

La ley sobre la organización de la milicia aprobada en febrero de 1826, cuando la Provincia Oriental formaba parte de las Provincias Unidas, había dispensado del enrolamiento a los "extranjeros transeúntes"¹⁷, mientras que la normativa sancionada en abril de 1830, ya en el marco del nuevo Estado independiente, exceptuaba en su conjunto a "los extranjeros", sin mayor especificación, del servicio activo, quedando disponibles junto al resto de los exonerados para revistar en los cuerpos pasivos¹⁸. La implementación de la Guardia Nacional, discutida y aprobada en 1835, suscitó un debate más amplio sobre el punto, justo cuando se iniciaba el ciclo de inmigración de ultramar¹⁹. El artículo 5 del Título 4° de esta norma, tal como fue presentado a la Cámara de diputados, preveía que los extranjeros no serían enrolados "excepto los artesanos y los que dependan de ciudadanos de este Estado"²⁰. Debido a la oposición que encontró el inciso entre varios legisladores y luego de una consulta con los Ministros de Relaciones Exteriores y Guerra y Marina, se decidió reformar el artículo, estableciendo que solo los extranjeros transeúntes serían eximidos del servicio. Además, se agregó un nuevo artículo donde se estipulaba que "Los extranjeros establecidos, y que les convenga no enrolarse en la Guardia Nacional, pagarán por esta excepción una papeleta anual de 24 pesos"²¹. No obstante, la nueva propuesta también fue impugnada por algunos diputados alegando, entre otros argumentos, la falta de precisión en la normativa para establecer el tiempo a partir del cual un inmigrante era considerado como residente y, sobre todo, que "no podía obligarse á ningún extranjero á tomar las armas para defender el país y sus instituciones, puesto esto era peculiar á los ciudadanos, y desde que se les forzase se expondría á las autoridades á continuos choques y reclamaciones"²². En su defensa del artículo los integrantes de la Comisión manifestaron que con esta medida pretendían mantener una cierta equidad entre las obligaciones de los artesanos y empleados de tiendas nacionales, que serían los más afectados por la milicia, y los extranjeros, que de ser exceptuados pasarían a gozar de una sensible ventaja que los llevaría a ocupar la mayor parte de las casas de comercio minorista. Asimismo, según los comisionados, una exoneración global de los extranjeros incluiría a los "ciudadanos de la República Argentina", que conformaban buena parte de la población del Estado Oriental, por lo que su exención reduciría al extremo cualquier intento de reclutamiento efectivo. Tras volver a estudiar la cuestión, el nuevo informe de la Comisión Militar sobre el punto remarcó que no había motivos para que los extranjeros fuesen exceptuados si estaban domiciliados, teniendo en cuenta que el objeto de la Guardia Nacional

"[...] no es otro que el de mantener el orden puramente doméstico; proteger y cuidar las propiedades e intereses, no solo de los ciudadanos, sino de todos los individuos domiciliados, que tienen algo que perder, y algo, por lo tanto, que cuidar: ¿por qué principio, pues, ha de confiarse esta custodia solamente a los ciudadanos, si no es en su solo beneficio?"²³

Sin embargo, pese a algunos planteos intermedios, la oposición manifestada por varios diputados, basados en las disposiciones del Derecho Internacional, llevaron a que en última instancia los extranjeros, sin distinciones, fueran exceptuados del servicio, como consta en el artículo 5° de la norma aprobada²⁴. Pese al carácter explícito de esta exclusión, en julio de 1836 el Ministro de Gobierno decretó un servicio especial de patrullas barriales para celar la ciudad, que afectaba a "Todos los habitantes de la capital que se hallen exceptuados por la ley de enrolamiento en las Guardias Nacionales". La medida apuntaba a fortalecer la vigilancia de las propiedades urbanas, disminuida por la salida de la mayor parte del Ejército a la campaña para enfrentar el levantamiento acaudillado por Fructuoso Rivera, exPresidente de la República y líder del que sería conocido como "partido colorado". Las quejas de algunos comerciantes franceses motivaron la intervención del cónsul Raymonde Baradère, quien elevó una protesta alegando que, además de estar exonerados de la Guardia Nacional, los extranjeros que no estaban gravados con ninguna clase de servicio público pagaban una patente de giro más elevada que el resto de los ciudadanos, según una ley de mayo de 1834²⁵. En su respuesta el Ministro Llambí aclaró que "El Gobierno no contempla que la calidad de estrangero exima a ningun habitante de la Republica del deber de prestar en cualquier caso, y mucho menos en los de una conmocion interior, un servicio eventual que se halla en consonancia con sus propios intereses, y que influyendo en beneficio común, no envuelve los compromisos que son inherentes a un enrolamiento en las Guardias Nacionales"²⁶. Una vez más, las fronteras entre servicios activos y pasivos, permanentes y transitorios, eran laxas y polémicas, y surgían de un constante equilibrio de fuerzas tejido entre cónsules, comunidades extranjeras radicadas y gobiernos locales.

Una segunda discusión parlamentaria tuvo lugar en abril de 1837, cuando se planteó una reforma de la ley mencionada Guardia Nacional tal como había sido aprobada dos años antes. El objetivo central de la reforma apuntaba a reducir las exenciones de la ley vigente, lo que implicaba volver a traer a colación el problema del servicio de los extranjeros en la milicia. De acuerdo a este criterio el primer artículo del nuevo proyecto establecía que "Todos los habitantes, menos los extranjeros inscriptos en los registros de sus respectivos cónsules, y los que con calidad de extranjeros se hallen solo de tránsito en ella, son guardias nacionales". Una vez más varios diputados se opusieron a esta inclusión, argumentando

"[...] que no era justo ni razonable obligar á los extranjeros residentes en la República á enrolarse en la Guardia Nacional, cuando no gozaban de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos. Que este cuerpo por naturaleza debía componerse de individuos que perteneciesen al pais, porque él era el escudo de las libertades públicas, y no debían ponerse las armas en manos de hombres que ningun interés tienen en la conservación de nuestras instituciones y muchos de los cuales no tendrán propiedades que defender; y que esto no solo era indecoroso al carácter nacional, sino también peligroso confiarles la defensa y seguridad del país"²⁷.

En oposición a este planteo, los miembros de la Comisión militar manifestaron que uno de los objetivos de la incorporación de los residentes extranjeros a la Guardia Nacional era estimular, de modo indirecto, "el envío de cónsules a la República", como una vía para obtener "una especie de reconocimiento de nuestra independencia y soberanía". En esta dirección, no había motivo para que los extranjeros que no contasen con protección de tales agentes "dejasen de hacer ese pequeño servicio á la nación que los protege". Por otra parte, los comisionados señalaban la supuesta duplicidad de muchos inmigrantes domiciliados, que en ciertas ocasiones se acogían a la legislación para obtener la ciudadanía legal acordada por la Constitución de 1830, mientras que en otras oportunidades reivindicaban su calidad de extranjeros, para eludir cargas u obligaciones²⁸. Por último, los integrantes de la Comisión señalaron que los efectivos extranjeros no conformarían la mayoría dentro de la Guardia Nacional, por lo que no sería peligroso entregarles armas, ni tampoco saldrían a campaña, limitándose a la guarda de sus intereses en la ciudad, es decir, una típica milicia urbana.

Desconocemos si esta reforma fue aprobada debido a que no aparece recogida en la compilación oficial por lo que la ley que se siguió invocando como vigente en los años sucesivos fue la de 1835, pero el análisis de lo ocurrido a partir de 1838 parece confirmar que su criterio respecto a los extranjeros primó, siendo incorporados a la Guardia Nacional los residentes -y en muchos casos los transeúntes- que no contaban con protección consular. El ejemplo más claro fue de muchos españoles, considerados como ciudadanos legales y, por lo tanto, enrolados en las milicias e incluso en los cuerpos de línea, hasta que el arribo del representante peninsular Carlos Creus, a mediados de la década de 1840, puso coto a esa práctica²⁹.

2. DE LA UNANIMIDAD A LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN, 1839-1840

La coyuntura del bloqueo francés al puerto de Buenos Aires (1838-1840)³⁰, simultánea a varios levantamientos armados anti-rosistas -apoyados por las mismas autoridades consulares y navales de Francia- produjo una profunda politización de la opinión pública extranjera radicada en Montevideo, que se expresó en una eclosión de panfletos, folletos de propaganda, proclamas, "protestas", reuniones populares y artículos periodísticos³¹. La invasión al territorio oriental por parte de las fuerzas federales comandadas por Pascual Echagüe (julio de 1839) inauguró una prolongada conflictividad, denominada por la historiografía como "Guerra Grande", que se prolongaría hasta la caída de Juan Manuel de Rosas, en 1852. A partir de 1839 en Montevideo se produjo una intensa movilización militar-miliciana que no cesó de incrementarse en los años inmediatos y estuvo acompañada de una paulatina "extranjerización" de las fuerzas locales, cada vez más abiertas a todo tipo de reclutamientos³². La situación creada por la presencia del Ejército entrerriano motivó una serie de decretos y medidas gubernamentales de las autoridades montevideanas, tendientes a organizar o recrear milicias urbanas y cuerpos de línea destinados a la defensa de la ciudad. A principios de octubre, un grupo de residentes franceses comunicaron al Contralmirante Louis Leblanc, jefe de la estación naval de Río de Janeiro y el Plata, que habían recibido permiso del cónsul en Montevideo, Raymonde Baradere, para armarse y servir bajo el pabellón de su país, con el fin de apoyar la seguridad de la plaza³³. Como parte de estos mismos aprestos, el 12 de octubre una "reunión de franceses organizados en compañías de voluntarios" solicitó el aval de Baradére y de Buchet de Martigny -encargado de negocios en Buenos Aires- para realizar un llamado público al resto de los residentes, instando a "tomar las armas", lo que fue oficializado en una proclama conjunta publicada en la prensa y suscripta por los citados diplomáticos junto a Leblanc³⁴. Las cinco primeras compañías del denominado Bataillon des Volontaires Français, compuestas por alrededor de 500 efectivos armados y comandados por oficiales de la estación naval, revistaron como apoyo a un destacamento de 400 marinos que ya habían desembarcado a pedido del gobierno³⁵. El Ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Vázquez, reveló que Baradere lo había instado a que amenazara con expulsar a los franceses opositores al armamento, entre los que figuraban algunos propietarios de saladeros de carne, y redoblara esfuerzos para enrolar a otros extranjeros en milicias urbanas, actitud que contrastaría con la posición "neutralista" tomada por los representantes franceses cuatro años más tarde, cuando realizaron todo tipo de gestiones para impedir el alistamiento de sus súbditos en los cuerpos locales³⁶. Si bien la derrota de las fuerzas de Echagüe en la batalla de Cagancha (29/12/1839) provocó la desmovilización de la milicia francesa junto a los demás cuerpos urbanos, el ensayo rubricó el elevado nivel de politización que habían alcanzando algunos sectores de la inmigración francesa y el modo en que su control era clave para la defensa de una ciudad cosmopolita como Montevideo. La posterior firma del tratado Arana Mackau, que levantaba el bloqueo al puerto bonaerense, originó un episodio de múltiples consecuencias. En un claro desafío a la diplomacia metropolitana, los principales líderes de la comunidad francesa de Montevideo convocaron a una serie de asambleas, cuyo resultado fue la creación de un cargo diplomático sui generis, el de "delegado de la población francesa", con el cometido de viajar a París y evitar la validación del tratado a través de la prensa y del lobby parlamentario. Si bien la misión no tuvo el éxito esperado, el evento abrió una brecha cada vez más significativa entre el colectivo de residentes más politizado y los representantes formales de Francia, que no cesó de incrementarse hasta llegar al punto cúlmine de 1843-1844³⁷.

3. LA LEGIÓN DE VOLUNTARIOS FRANCESES DE MONTEVIDEO Y LAS MODALIDADES DE LA REPRESENTACIÓN ARMADA (1843-1851)

Una nueva invasión al Estado Oriental, esta vez protagonizada por el Ejército Unido de Vanguardia de la Confederación Argentina, al mando del Gral. Manuel Oribe, en diciembre de 1842, reactivó de manera dramática los preparativos militares en Montevideo y marcó un nuevo punto de inflexión en un proceso de movilización militar. Mientras el ejército de operaciones al mando de Rivera se reagrupaba en el Hinterland rural, y arrastraba tras de sí a miles de familias campesinas para crear un desierto, las autoridades montevideanas se prepararon para una defensa desesperada de la capital, activando trabajos de amurallado, fosos y trincheras, adiestrando nuevos cuerpos y reorganizando los cuadros milicianos. Para ese momento Montevideo albergaba unos 31.000 habitantes, más del 50% de los cuales eran extranjeros, destacando alrededor de 5.300 franceses, una de las principales colonias junto a italianos y españoles³⁸. A mediados de diciembre se creó un Ejército de Reserva de la Capital, puesto bajo el mando del general cordobés José María Paz, al tiempo que se determinaba la abolición de la esclavitud, con el cometido de crear batallones de línea³⁹. Asimismo se reactivó el enrolamiento de colonos canarios y se formaron o reestructuraron milicias voluntarias, varias de ellas extranjeras. Para febrero de 1843 estas medidas ya habían puesto en pie una fuerza heterogénea de unos 6.500 hombres, 70% de los cuales eran milicianos con escasa preparación, excepto los batallones de línea libertos, únicos cuerpos considerados como auténticos combatientes⁴⁰.

Las posibles represalias que tomarían los mandos del Ejército invasor, cuyo despliegue de violencia y retórica anti-francesa ya se había labrado una fama considerable, comenzó a suscitar alarmas entre los sectores del alto comercio extranjero, que solicitaron en reiteradas oportunidades el apoyo de sus respectivas estaciones navales ante un posible asalto a la ciudad. Entre el 9 y el 11 de febrero de 1843 el cónsul Théodore Pichon convocó a una serie de reuniones con los residentes de las que emergió una comisión, presidida por él mismo, encargada de establecer un sistema defensivo similar a la milicia cívica creada en octubre de 1839. En acuerdo con los oficiales de la estación naval se decidió instalar diez postas ubicadas en fondas, panaderías y juegos de pelota, dentro y fuera del recinto amurallado, que servirían como puntos de concentración barrial ante un eventual intento de ocupación de la capital por Oribe⁴¹. Sin embargo, la movilización de la población extranjera se incrementó ante la llegada de las tropas federales a las cercanías de Montevideo, a mediados de febrero de 1843, por lo que este modelo de milicia controlado fue superado por los acontecimientos. Numerosas reuniones populares, sobre todo francesas e italianas, comenzaron a transitar las calles de la capital entonando canciones patrióticas al tiempo que enarbolaban banderas y cucardas nacionales, manifestaciones que no dejaron de incomodar al consulado. De hecho, fue el uso de estos símbolos nacionales por parte de los milicianos voluntarios el que aparejó los primeros diferendos, ya que su empleo público en manifestaciones amenazaba con quitar el carácter de neutrales que el cónsul quería mantener a toda costa para sus súbditos. En una comunicación del 25 de febrero, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, Pichon sostenía que un grupo de "franceses sin ninguna misión del Consulado ni de la Estación" se estaba acuartelando en una barraca comercial, habiendo enarbolado una bandera de Francia con el lema "Batallón del Orden"⁴². Los últimos días de marzo marcaron el punto álgido de la movilización, cuando Oribe amenazó con someter a bloqueo naval a la ciudad para privarla de provisiones. Grupos de extranjeros comenzaron a transitar por las calles portando banderas y escarapelas y entonando la Marsellesa. Pichon volvió a denunciar estas expresiones políticas ante el Ministro de Relaciones Exteriores, señalando que durante las manifestaciones se había exhibido el pabellón francés, contraviniendo la normativa de su país. Si bien Santiago Vázquez en su respuesta corroboró la realización de una reunión callejera integrada por extranjeros "tuvo la satisfacción de reconocer que su único motivo era una demostración de regocijo, y deseo de concurrir a la defensa de la ciudad espontánea y noblemente", asegurando al cónsul que las autoridades no permitirían "que se abuse del pabellón francés" ni se turbe el orden público, aunque era claro, por el tono empleado en la respuesta, que las autoridades locales poco o nada harían para controlar ese tipo de manifestaciones de adhesión que le eran tan necesarias⁴³.

Por su parte, el 1° de abril desde el campamento sitiador Manuel Oribe dirigió una circular a los representantes consulares europeos radicados en Montevideo, que terminó de polarizar la situación. En este documento -que la historiografía clásica ha situado como el parte-aguas que condujo a la militarización de los extranjeros- el comandante del Ejército Unido de Vanguardia de la Confederación Argentina, invocando su condición de Presidente legal de la República, afirmó que "no respetará la calidad de estrangero, ni en los bienes ni en las personas, de los súbditos de otras Naciones que tomaren partido con los infames rebeldes Salvages unitarios, contra la Causa de las Leyes que el infrascripto y las fuerzas que le obedecen sostienen, sino que serán considerados también en tal caso como rebeldes salvages unitarios y tratados sin ninguna consideración"⁴⁴.

No obstante, si bien el documento fue respondido de inmediato en duros términos por el comandante de la estación inglesa Purvis y circuló entre grupos reducidos, recién fue dado a conocer en la prensa montevideana a partir del 6 de abril, sirviendo a la postre para legitimar -e incentivar- la movilización de la población extranjera que en realidad, como vimos, ya había comenzado días antes impelida por otros factores. De hecho, el punto culminante tuvo lugar la noche del 4 de abril, cuando "una gran reunión de franceses" se presentó ante el Gral. José M. Paz, comandante de armas y principal organizador militar de la ciudad, manifestándole que:

"[...] estando amagadas sus vidas y propiedades pr el barbaro individuo que en nombre de y pr orden de Rosas venia a destruir las garantias y libertades de que gozaban en este país hospitalario, y a continuar en la obra de persecución á todos los extrangeros y muy especialm.te a los franceses, querian tener parte en la defenza de esta plaza bien convencidos de que en ello se defendían así propios, rogando los armara y les indicara la organización que debían darse pa que sus servicios fueran mas eficaces".

El Gobierno aprobó la solicitud con rapidez, habilitando el armamento "de los Extrangeros que tan noblem.te se ofrecen pa cuayubar ala defensa de la Repc.", actitud similar a la tomada respecto a los súbditos italianos que también formaban su propia Legión de nacionales, al mando de Giuseppe Garibaldi⁴⁵. A continuación Jean Chrysostome Thiébaut, antiguo oficial de Napoleón Bonaparte⁴⁶, convocó a los residentes para una reunión en el Teatro Nacional, con el fin de "proceder a la organización de un batallón sedentario", quedando formalizadas en el mismo acto las dos primeras compañías del denominado "Regimiento de Voluntarios Franceses"⁴⁷. El 7 de abril -fecha que en adelante los legionarios celebrarían como su aniversario- ya se había formado un núcleo que, dos días después, reunía alrededor de 800 efectivos, siendo proclamados los comandantes elegidos por las diferentes compañías⁴⁸. Al día siguiente Pichon reiteraba sus acusaciones ante las autoridades locales, señalando que durante la reunión del día anterior se habían "pronunciado diferentes gritos relativos a la lucha en la cual esta Republica se encuentra empeñada", luego de lo cual el contingente "ha ido en cuerpo militar por las calles de la ciudad" repitiendo esas consignas⁴⁹.

La Legión, siguiendo un modelo de milicia cívica urbana de auto-defensa, se formó a través de un patrón de reclutamiento barrial, de acuerdo a convocatorias que los interesados en encabezar cada compañía publicaban en Le Patriote Français. Fondas, juegos de pelota, barracas comerciales y domicilios particulares se transformaron así en centros de enrolamiento, mientras numerosos "agitadores" públicos recorrían las calles instando a sus paisanos a tomar las armas. El cuerpo, del que en abril de 1844 se escindió un "Regimiento de Cazadores Vasco-franceses" de varios cientos de efectivos, reunió en sus mejores momentos alrededor de 3.000 legionarios, decreciendo al final del sitio a poco más de 1.800, aunque su número fluctuó de manera permanente⁵⁰.

Luego de un intervalo de algunos meses, en octubre de 1843, Pichon exigió en nombre de su gobierno despojar a los legionarios de la escarapela y bandera francesas -u otros distintivos que se le asemejaran⁵¹. La lucha por los símbolos y colores nacionales, que vista a la distancia puede parecer algo banal, en realidad formaba parte de una disputa mayor, en la que los súbditos buscaban hacer valer el honor y la gloria del Imperio en ultramar, valores que se suponía desacreditados por la desidia de los funcionarios metropolitanos, que solo promovían la neutralidad en la contienda, convirtiéndose en cómplices de Rosas y Oribe. El mismo Pichon, apoyado por el Almirante Clerval, leyó al Ministro de Relaciones Exteriores Santiago Vázquez sus instrucciones, que contemplaban el uso de la fuerza en caso de que los legionarios no acataran la orden de desmovilización. En su respuesta Vázquez responsabilizó al propio cónsul francés de ser "el primero que en esta capital dio el ejemplo y modelo de reuniones de sus nacionales", convocando a sus súbditos y autorizando el uso de bandera francesa en febrero de ese mismo año, al tiempo que remarcaba la naturaleza espontánea de la movilización de abril que creó a la Legión como cuerpo autónomo, enrolamiento que el gobierno aceptó debido a la constante presión de los residentes⁵². Pese a que el gobierno prohibió el uso de los símbolos, en diciembre de 1843 la situación llegó a un estado de crisis, cuando el cónsul exigió "el licenciamiento inmediato de todos los residentes franceses que han tomado las armas desde principio del mes de abril de este año, sin que sea permitido conservarlas, ó volverlas á tomar"⁵³. En su respuesta el gobierno montevideano volvió a recordar el carácter independiente de esa movilización, señalando a su vez que el concepto de licenciamiento solo era aplicable a cuerpos de línea, lo que tampoco constituía el caso, dado que se trataba de una milicia de voluntarios⁵⁴. No obstante, Pichon sostuvo que el asunto no era negociable y que sus instrucciones eran terminantes⁵⁵. Para ese momento, tal como había ocurrido en Buenos Aires en 1829, a la gestión diplomática se había sumado la presión del Vice-Almirante y Comandante de la Estación Naval del Brasil y del Plata, en este caso el referido Massieu de Clerval, quien mediante nota del 20 de diciembre sostuvo haber recibido instrucciones del Rey "de apoyar por todos los medios, y aun por la fuerza, las justas demandas que en su nombre y por su orden, han sido hechas al Gobierno de la República Oriental del Uruguay, por el Sr. Cónsul General de Francia, y el mismo, de hacer cesar el escandalo causado por el armamento de los franceses, que desde el mes de Abril ultimo, han hecho causa, y han tomado parte por un Gobierno estrangero"⁵⁶.

Debido al giro crítico tomado por el diferendo, a fines de diciembre de 1843, Pichon anunció el pedido de sus pasaportes para retirarse de Montevideo, lo que le fue concedido de inmediato, encomendando la resolución del asunto en curso "al celo del Señor Vice-Almirante Comandante de las fuerzas navales francesas"⁵⁷. Con independencia de que en enero de 1844 la Asamblea General apoyó en todos sus puntos lo actuado por el Poder Ejecutivo hasta ese momento, la presión de la Estación Naval francesa colocó al gobierno contra las cuerdas. El 10 de abril de 1844 el nuevo almirante, Lainé y el mismo Pichon, aludiendo a recientes instrucciones de París, emitieron un ultimátum donde hacían saber a las autoridades montevideanas "que si en el término de cuarenta y ocho horas, el decreto de licenciamiento no se expide en un espíritu conforme a las intenciones del gobierno del Rey, el contra-almirante considerará esta negativa como ofensiva al respeto debido á las leyes y al Gobierno de la Francia, como hostil á las relaciones que existen entre los dos paises, y obrará en consecuencia"⁵⁸. En el marco de una entrevista privada el cónsul inglés Adolphus Turner intentó convencer al almirante de lo inapropiado de aplicar la violencia, pero el funcionario remarcó el carácter imperativo de las directivas recibidas, debido al "evidente escándalo de la existencia de la Legión Francesa"⁵⁹. Ante esa situación insostenible el Poder Ejecutivo decidió recurrir a un atajo formal, en coordinación con los propios legionarios. En primer término los jefes, oficiales y soldados del cuerpo francés, después de reunirse en asamblea, decidieron "que la Legion conocida bajo la denominación de Voluntarios, quede disuelta" remitiendo a las autoridades las armas y objetos de guerra. Esta resolución fue elevada por una comisión al Ministerio de Guerra y Marina y a partir de ella el Gobierno emitió un decreto en el que "declara y proclama disuelta dicha Legion de Voluntarios". Completando el círculo de la maniobra, el mismo día los miembros de la ahora disuelta Legión, manifestando querer continuar con su servicio, decidieron renunciar "á la proteccion que como franceses les ofrece el pabellón de la Francia. A este efecto pedimos ser colocados bajo la bandera de la Republica como ciudadanos, y en esta calidad ser enrolados en sus filas para el sosten de la causa que ella defiende", petición a la que las autoridades consintieron de inmediato. El 13 de abril mediante un acuerdo el Gobierno declaró como "ciudadanos orientales sin perjuicio de dar cuenta inmediatamente á las HH Camaras, á todos individualmente se presenten para obtener este titulo, y acepta los servicios a los que la Ley los destina", creándose una "Segunda Legión de Guardia Nacional de Infantería", que no era otra cosa que la misma Legión Francesa oculta bajo una nueva designación⁶⁰.

La naturaleza de este manejo no escapó a nadie y fue denunciado por algunos súbditos franceses opositores al armamento como una farsa⁶¹, pero los aspectos más acuciantes del conflicto diplomático parecieron quedar zanjados y los legionarios continuaron revistando hasta el final del asedio⁶². De todos modos no queda clara la aplicación concreta de esta naturalización en masa promovida por el gobierno y cuáles fueron sus consecuencias políticas para los súbditos en lo atinente a su relación con el Consulado francés. Que la disposición no quedó en letra muerta lo demuestra la petición que el Contralmirante Lainé cursó ante el gobierno en junio de 1844, solicitando el listado nominal de los legionarios que se habían acogido al nuevo régimen⁶³. En julio de 1847 los oficiales del cuerpo se presentaron ante el nuevo Plenipotenciario francés, el conde Walewski, solicitándole su intercesión ante el Rey para "que nos devuelva nuestra bandera", alegando haber tomado las armas "para defender esta tierra hospitalaria, como para la seguridad de nuestras familias"⁶⁴. Por su parte, en enero de 1852, una vez acabada la guerra, los oficiales Raymond y Brié, en nombre de los legionarios y de los Cazadores vascos, respectivamente, solicitaron al cónsul Antoine Devoize regularizar su situación frente a las autoridades francesas, por lo que cabe suponer que los milicianos aún eran considerados como orientales o, al menos, como franceses no matriculados⁶⁵.

Ahora bien, la historiografía tradicional uruguaya se ha detenido sobre todo en los aspectos castrenses de esta polémica Legión francesa, enfatizando sus batallas y hechos de armas durante el asedio, dejando de lado un aspecto medular, como fue su carácter de órgano de representación política, que, en los hechos, recogía el proceso de movilización popular del que había surgido. No es casual que, en enero de 1844, cuando Pichon solicitó sus pasaportes y salió de la ciudad, la oficialidad de la Legión intentara apropiarse de las potestades que hasta ese momento desempeñaba el Consulado, lo que constituyó un ejemplo de los usos que podía hacerse de la "representación armada" en un contexto en el que los funcionarios metropolitanos atravesaban por un rápido proceso de desgaste y deslegitimación pública. Mediante una orden diaria fechada el 2 de enero de 1844, el Estado mayor legionario declaró a sus conciudadanos estar "abierto a todas las reclamaciones que puede haber, sea con la justicia, la policía, como con el gobierno"⁶⁶, afirmación que implicaba, por la vía de los hechos, asumir las tareas de intermediación entre los ciudadanos franceses y el gobierno local, exclusivas de autoridades diplomáticas formales. Pero esto no era sino el punto de llegada de una práctica que había comenzado con fuerza desde el momento mismo en que se constituyó la milicia, en abril de 1843. A partir de allí los oficiales del cuerpo dirigieron en repetidas oportunidades cartas, peticiones y protestas al gobierno de Francia, a los jefes de la estación naval, a los ministros plenipotenciarios que arribaban a Montevideo y a las cámaras de comercio francesas, exponiendo su situación y realizando severas críticas al accionar de sus agentes nacionales en la región, retomando así el proceso de "autonomización" política iniciado en 1840.

De esta manera, a lo largo de 1843 Des Brosses, uno de los coroneles de la Legión, mantuvo un estrecho contacto con las autoridades orientales en relación a la política francesa y se encargó de redactar algunas peticiones que los comerciantes y consignatarios de su país dirigieron a los Diputados y a las cámaras de comercio de Francia⁶⁷. A su vez, el 1° de junio de 1843 los residentes remitieron una dura "Protesta" al barón Massieu de Clerval, comandante de la estación naval francesa en Río de Janeiro y el Río de la Plata, que en ese momento se encontraba de paso en Montevideo. Tras acusarlo de haber incumplido "sus deberes y sacrificado nuestros intereses", le formularon numerosos cargos, reprochándole "permanecer obstinadamente en Río de Janeiro", alejado de las contiendas rioplatenses, haberse "asociado" a Pichon para prohibir el armamento, sembrar la incertidumbre entre la población francesa, validar las medidas de bloqueo decretadas por Rosas -situándose en las antípodas de su contraparte inglés Purvis-, además de no brindar información adecuada a Luis Felipe sobre la realidad política del área⁶⁸. Otro documento similar fue remitido al Cónsul Pichon el 10 de julio de 1843, en el que mediante 14 puntos se desacreditaba su política de neutralidad, a la que catalogaban como "la causa más activa de todos nuestros desastres", al tiempo que solicitaban su inmediato reemplazo⁶⁹.

Como queda dicho, el arribo de misiones diplomáticas francesas al Río de la Plata también ameritó la presentación de comunicaciones corporativas y visitas de camaradería efectuadas por el estado mayor legionario en nombre de todos los franceses residentes en la ciudad. Incluso la presencia en Brasil de Francisco de Orleans, Príncipe de Joinville e hijo del rey Luis Felipe, motivó una extensa carta de Thiébaut "en nombre de 2.500 franceses armados" en la que le invitaban a que concurriera a Montevideo para constatar la situación desesperada de los residentes, abandonados por el cónsul, por el Ministro de Francia residente en Buenos Aires, y por el propio almirante Clerval⁷⁰. Aunque el fervor inicial de los primeros años del sitio se fue diluyendo debido al desgaste producido por las numerosas negociaciones diplomáticas e intentos de mediación, la Legión siguió ejerciendo como portavoz político de la población francesa. En marzo de 1850, casi al final de la contienda, un grupo de 100 oficiales solicitó a Thiébaut que elevara una protesta contra declaraciones injuriosas contra los legionarios vertidas de manera oficial en Francia por el Almirante Le Prédour en el curso del año anterior, en el momento en que se encontraba trabajando en un acuerdo de paz con el gobierno de Buenos Aires. En el extenso documento se pasaba revista al entero proceso de formación de la Legión y se reivindicaban los méritos patrióticos de unos voluntarios que, a lo largo de una lucha de más de siete años, solo deseaban ver una Francia "grande, fuerte y respetada"⁷¹, mientras defendían su calidad de artesanos y propietarios para distanciarse de la acusación de ser mercenarios y aventureros.

No obstante, cabe preguntarse hasta dónde la Legión, considerada como entidad política, era representativa de los intereses y opiniones de la entera comunidad francesa en el Río de la Plata. Parece claro que, desde un comienzo, esta "representación armada" tuvo sus límites y, más allá de la retórica "unanimista" empleada en los documentos y peticiones firmadas por legionarios de Montevideo, no pudo evitar ser confrontada por otras voces que también decían hablar en nombre de intereses franceses. Si bien la disidencia al interior de la comunidad de la capital, manifiesta en algunos momentos, fue radiada del espacio público, en el Hinterland rural y en la Confederación Argentina, en cambio, no todos parecen haber aceptado el carácter de voceros oficiales que se arrogaron los jefes de la Legión. El 10 de mayo de 1844, por ejemplo, un grupo de habitantes franceses de Buenos Aires -que decían haber arribado hacía poco de Montevideo- criticó la escasa energía demostrada por el Almirante Lainé en el intento de disolver a la Legión Francesa. Los 1.500 miembros de este cuerpo, según los firmantes, comprometían de forma irresponsable la entera suerte de otros 13.500 súbditos extendidos por toda la cuenca rioplatense, que habían decidido permanecer neutrales en la contienda⁷². Pocos días después, otra comisión, esta vez de la villa de Paysandú -en el litoral del río Uruguay- firmó una representación similar, declarando que la conducta seguida por Lainé era "atentatoria a la neutralidad, al honor, a la dignidad, a las leyes, a los derechos, al comercio y a la política de Francia"⁷³. Por su parte, en agosto de 1844, un grupo de súbditos franceses del Hinterland rural propuso al Gral. Oribe servir como voluntarios en las filas del Ejército Unido que por entonces sitiaba la capital, entendiendo que "el alistamiento espontáneo de 6 ó 7.000 franceses probará a los gobiernos Europeos que todos los franceses que hay en este hermoso país, no están encerrados en los muros de Montevideo". Según los peticionarios, hacía más de un año que la población francesa había entendido que "el mejor partido que le quedaba era hacer una demostración armada, y desplegar aquí el pabellón tricolor, frente al mismo pabellón manchado de barro en Montevideo", pero que en ese momento el ofrecimiento no había sido considerado necesario por Oribe. La nueva solicitud tampoco fue aceptada en esta ocasión, pero su existencia misma venía a demostrar una fisura política dentro de esa comunidad o, al menos, un uso propagandístico que apelaba a una supuesta opinión popular francesa anti-montevideana⁷⁴.

El levantamiento del sitio de Montevideo, en octubre de 1851, junto a la caída de Rosas a comienzos del año siguiente, terminaron por cerrar este período de movilización político-miliciano francés, al menos a título colectivo. A partir de allí serían los cuerpos italianos -y en menor medida españoles- los que proseguirían con fuerza la tradición de milicias de residentes extranjeros en el Río de la Plata, hasta por lo menos la década de 1880.

CONCLUSIONES

Tal como vimos en las páginas previas, en enclaves como Montevideo y Buenos Aires, las milicias de residentes extranjeros se convirtieron, desde los primeros ensayos de fines de la década de 1820, en un factor que podía inclinar el fiel de la balanza en el mundo de la política y la diplomacia locales. En el caso francés, por la vía de las reuniones, consultas populares o a través de la firma de petitorios y protestas en coyunturas de crisis político-militares el núcleo más "politizado" de residentes reunido en armas se agenció también la entera representación de los intereses de la comunidad en la región, por encima de las instituciones consulares y navales. Ello aparejó la creación de una "ciudadanía de ultramar", un espacio político transnacional donde los residentes empleaban diversas normas y usos para hacer valer sus planteos y reclamos, tanto de cara a las autoridades locales como frente a sus agentes consulares. Estas prácticas fueron estructurando una "tradición" político-militar que tuvo uno de sus primeros nudos en Buenos Aires y Montevideo alrededor de 1829. En el caso de Montevideo, la fisura entre la política metropolitana francesa y los "notables" de esa colectividad, acrecentada a partir de octubre de 1840, llegó a uno de sus máximos puntos en febrero-abril de 1843, cuando la Legión de Voluntarios devino en vocera ideológica de la entera población "gala" en el Río de la Plata. En esa dirección, puede afirmarse que, con independencia de sus funciones castrenses, la Legión nació como un cuerpo de representación política, algo que la historiografía no ha señalado con claridad. En efecto, tal como vimos antes, su oficialidad incentivó a la movilización política convocando asambleas y emitió diversos documentos que recogían posturas atribuidas a la entera comunidad de residentes, por medio de las cuales buscaban entablar un diálogo directo con el gobierno de París, explicitando la "verdadera" situación de los inmigrantes en ambas márgenes del Plata. En ese sentido, la deriva de los batallones y legiones también puede leerse como un intento sostenido de llevar adelante una diplomacia informal por parte de los líderes de una comunidad demográfica y económicamente relevante, que solo cesó luego de 1851-52, cuando el desplazamiento de Oribe y Rosas y el cese de la política de intervención naval franco-inglesa dieron paso a una nueva geopolítica en la región.