1. GOBERNANZA AMBIENTAL GLOBAL

Desde los años noventa, el concepto de gobernanza fue utilizado para hacer referencia a la toma de decisiones de carácter público con la participación de diferentes actores, los cuales pueden incluir desde actores estatales hasta actores empresariales, ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, comunidades locales, pueblos étnicos, etc.³. Diferenciada de los conceptos de gobernabilidad y buen gobierno, asociados a la transparencia y rendición de cuentas, y en el contexto de democratización y reforma estatal en América Latina, la gobernanza fue unida a la promoción de la participación ciudadana y a las formas deliberativas de organización social y comunitaria con el propósito de transparentar la acción pública y contribuir en el diseño y la implementación de políticas para hacerlas más democráticas y efectivas⁴.

Treinta años después, en el contexto de globalización y con el auge de la ratificación de acuerdos y tratados internacionales en materia ambiental, las investigaciones sobre gobernanza medioambiental global o transnacional hacen referencia al amplio conjunto de actores, medidas y procesos que buscan intervenir y codificar los diferentes regímenes ambientales. La convergencia y vinculación de diversos actores en varios países, que se adhieren a reglas y prácticas comunes buscando orientar el comportamiento hacia objetivos públicos relativos al cambio climático, es lo que conforma la "gobernanza climática transnacional"⁵.

Al iniciar el siglo XXI encontramos una gran proliferación de medidas de muy diferente alcance, dando como resultado múltiples regímenes ambientales. En un balance global, la Base de Datos de Acuerdos Ambientales Internacionales ha documentado y clasificado más de 3.000 acuerdos ambientales multilaterales y bilaterales vigentes⁶. A este conjunto avasallador de acuerdos, que establecen regímenes ambientales, habría que sumar aquellos que se firman entre gobiernos y organizaciones internacionales o actores no estatales para fines similares.

Lo anterior permite comprender la multiplicidad de ordenamientos y la proliferación de actores, redes e instituciones interesados e intervinientes en esta temática tanto a nivel estatal como transnacional. Esta complejidad de las interdependencias ambientales y de la acción política en todas las escalas ha hecho que los actores, medidas y procesos, estatales y transnacionales, que intervienen en la gobernanza ambiental global sean un foco de estudio relevante y en constante crecimiento en las ciencias sociales, especialmente, desde la sociología, la ciencia política y las relaciones internacionales⁷.

Los desafíos que el cambio climático impone al constituirse en el mayor conflicto socioambiental de nuestro tiempo, hacen de la arquitectura para su intervención uno de los mayores retos de la gobernanza a nivel global. En ese sentido, son muy diversos los enfoques y las epistemologías del campo de estudio, desde aquellos críticos hasta aquellos otros funcionalistas. Principalmente, las investigaciones se preguntan por: las formas en que los actores de todas las escalas, públicos y privados, convergen o pueden hacerlo para el logro de objetivos de sustentabilidad⁸; los modos en que dichos compromisos y regulaciones son desafiados⁹; los tipos de acuerdos¹⁰; la cooperación internacional y los conflictos distributivos implícitos¹¹; la justicia ambiental¹², y los mecanismos de transparencia¹³.

Solo en el tema de las regulaciones y los acuerdos ambientales internacionales hay tal diversidad que los regímenes ambientales que se establecen en muchos casos se entrecruzan creando problemas de gobernanza debido a la pluralidad de actores involucrados. Para hacer comprensible la pluralidad de acuerdos firmados desde el punto de vista cuantitativo y de amplia escala, Ronald Mitchell estableció "linajes", como categoría de organización que permite hacerles seguimiento, partiendo del acuerdo original sobre la identificación de un problema ambiental concreto, así como de los conjuntos de acuerdos, protocolos y enmiendas que lo modifican, amplían, reemplazan o se derivan explícitamente¹⁴.

El lugar de la autoridad estatal en la amplia variedad de investigaciones es, por decir lo menos, polémico. En los inicios del siglo XXI, las investigaciones sobre globalización hicieron énfasis en la relocalización de los centros de poder y control "glocales", con lo cual querían señalar la capacidad de organización a través de redes para conectar procesos locales con dinámicas globales, desdibujando los roles asociados al Estado-nación¹⁵. Así, en lo relativo a la gobernanza ambiental global, la pluralidad de actores interesados e intervinientes, en no pocos casos, ha apostado por formas de regulación transnacional entre actores no estatales para el logro de fines públicos.

Debido a la pluralidad de actores, medidas y procesos, muchos autores han concluido que el rasgo característico de la gobernanza medioambiental en el contexto de la globalización es la fragmentación y el policentrismo. Lo anterior convierte a los ordenamientos estatales en "uno más" de los múltiples ordenamientos traslapados y en gobernanzas regulatorias que administran los territorios y sus ecosistemas¹⁶.

A pesar de lo anterior, un conjunto amplio de investigaciones ha avanzado en la comprensión de la gobernanza ambiental transnacional, tanto teórica como empíricamente. Esto ha permitido esclarecer el papel fundamental de "orquestación" que los Estados tienen para condicionar y dar forma a este tipo de acuerdos, que permiten, promueven o dan espacio a "intermediarios de gobernanza" como empresas, ONG y actores transnacionales de otro tipo¹⁷. El margen de acción que tienen estos "empresarios de gobernanza" descansa, en buena medida, en aquellos problemas o procesos de intervención respecto de los cuales los actores o gobiernos estatales no están dispuestos o interesados en participar directamente.

El punto central es que Estados y organizaciones intergubernamentales condicionan la gobernanza ambiental transnacional, incluso al conceder un amplio margen de intervención a "intermediarios de gobernanza" o al dejar "zonas grises" de gobernanza regulatoria para que estas sean administradas por privados, en asignaciones de autoridad que varían entre formas delegadas y empresariales o privadas¹⁸.

Ahora bien, existe una amplia variedad de "empresarios o intermediarios de gobernanza" ambiental transnacional que a través de su actuación contribuyen al logro de fines públicos. Por ejemplo, en cuanto a objetivos y metas relacionados con la conservación, el apoyo y la agencia, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en las últimas décadas, hace seguimiento, recomendaciones y proyectos de intervención en todo el mundo. Sin embargo, dada la complejidad y extensión de los procesos, actores, acuerdos y medidas involucradas, algunos investigadores han identificado la "hipocresía organizada" como la característica central de la gobernanza ambiental global.

Esta situación se hace evidente en aspectos fundamentales como las relaciones laterales en "entornos liminales", donde los ordenamientos globales y arreglos formales tienden a ser opacos y difusos, o los contextos de fuertes "asimetrías fácticas", donde las disposiciones tienden a ser ajustadas a realidades en las que pierden todo sentido los arreglos del diseño original. Lo que cabe destacar es que la "hipocresía organizada" se sustenta en la visión pragmática de acoplar procesos que se llevan a cabo en órdenes normativos y sociales diferentes, donde los parámetros formales no se cumplen, pero se adaptan para minimizar conflictos potenciales. El objetivo es garantizar la "cooperación pragmática" y la "estabilización institucional" dentro de órdenes diversos que "operan como mundos paralelos", especialmente entre países ubicados en el Norte y el Sur Global¹⁹.

2. CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA: TRAYECTORIAS DE LINAJES

Este apartado se centra en trazar la trayectoria de dos linajes de multilateralismo y gobernanza ambiental global, trayectorias determinantes en los procesos de cambio climático y transición energética. Se enfoca en aquellas relativas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC o Convención Marco) y al Tratado de la Carta de la Energía.

Se puede decir que la CMNUCC de 1992 abrió un linaje de tratados multilaterales dedicados a intervenir y promover medidas de mitigación de un proceso que fue definido en ese momento como "cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables"²⁰.

Este linaje de la gobernanza ambiental global sobre cambio climático fue seguido, entre otros, por el Protocolo de Kioto en 1997, el Acuerdo de Copenhague en 2009 y el Acuerdo de París en 2015, los cuales hicieron innovaciones institucionales, cada uno de manera diferente, buscando mayor cooperación por parte de los Estados en la "acción climática".

Como ha sido estudiado de manera puntual para cada tratado, mientras la Convención Marco fue un listado de buenas intenciones y tuvo la importancia de reconocer y definir el problema, así como los responsables y medidas de urgencia, el Protocolo de Kioto buscó establecer formas de regulación para los países industrializados, que permitiera pasar del reconocimiento formal del problema a la negociación de objetivos de reducción de emisiones. Como rasgos fundamentales del Protocolo de Kioto, las reducciones establecidas eran responsabilidad de los gobiernos estatales; sin embargo, aunque tuvo un carácter jurídicamente vinculante, no contó con la implementación efectiva requerida y recibió fuertes críticas de algunos países; incluso, Canadá lo rechazó abiertamente, sin ningún tipo de sanción.

Por su parte, el Acuerdo de Copenhague de 2009, que fue una declaración de buena voluntad sin ningún tipo de obligación para los Estados, ha sido caracterizado como "una operación para salvar las apariencias"²¹. Lo anterior en la medida en que este Acuerdo manifestó solo expresiones voluntarias de buenos deseos, luego de que en el Protocolo de Kioto los firmantes no cumplieran los compromisos adquiridos que habían sido establecidos como obligatorios y sancionables. En esa oportunidad las justificaciones del incumplimiento fueron muy diversas e incluyeron observaciones sobre quién controla, hace seguimientos y/o establece sanciones en un contexto en el cual es costoso ser pioneros y se buscaba postergar la transformación energética²². Estos factores, entre otros muchos, contribuyeron al estancamiento de las negociaciones y de la implementación efectiva de la Convención Marco durante más de veinte años, siendo el Acuerdo de París el "punto de inflexión" en esta trayectoria caracterizada por la inacción²³.

En términos generales, en el Acuerdo de París de 2015 se precisaron "contribuciones determinadas a nivel nacional" (NDC, por sus siglas en inglés) como metas autoimpuestas que seríann revisadas internacionalmente e incrementadas cada cinco años a partir de su entrada en vigencia en 2020^[24]. El objetivo global es limitar el calentamiento planetario por debajo de 1.5 °C en este siglo, meta ratificada en Glasgow, para lo cual se precisa reducir el uso de energía fósil y promover la transición a energías sostenibles en las próximas décadas. El Acuerdo de París, a diferencia del de Copenhague, es un tratado de carácter obligatorio en los procedimientos, pero no determina sanciones por incumplimiento en el resultado, y en ese sentido combina elementos vinculantes y no vinculantes. Uno de los aspectos más innovadores que este Acuerdo permite en la trayectoria del linaje es la dinámica de actualización de NDC y de compromisos cada cinco años, con informes y seguimientos bienales que le dan un carácter dinámico, invitando a su vez a las "partes interesadas que no son partes" a sumar iniciativas e "incrementar la ambición", para lograr objetivos de implementación eficaz, como gobiernos locales-regionales, empresas y demás actores subestatales y no estatales²⁵.

Sin embargo, en el año 2022 aún no se cuenta con el libro de reglas que administre la aplicación del Acuerdo, y pocos países han actualizado las NDC. Mientras se van afinando los detalles de reglamentación del Acuerdo de París, la evidencia científica es contundente sobre el aumento constante de emisiones a pesar del confinamiento social durante los últimos años, lo que demuestra la urgencia de implementar medidas efectivas que mitiguen los efectos destructivos en todo el ecosistema planetario.

En este mismo contexto global, se prosigue acá con la revisión de la trayectoria del Tratado de la Carta de la Energía. Este tratado internacional, firmado en 1994 y en vigor desde 1998, fue impulsado inicialmente por la Unión Europea para proteger las inversiones de empresas dedicadas a la energía fósil en los países de Europa del Este, especialmente aquellos que hacían parte de la ex Unión Soviética y se convertían, en ese momento, en socios estratégicos de Europa con gran potencial de inversión derivado de sus recursos energéticos. Las grandes compañías dedicadas a la energía fósil, como Exxon, Mobil Shell, ENI, BP y Repsol, siguieron de cerca las negociaciones, se reunieron con los negociadores durante el proceso y fueron invitadas a presentar sugerencias en los borradores y preliminares²⁶.

El Tratado de la Carta de la Energía es un tratado multilateral que concentra los regímenes comerciales, de inversión, institucional y de cooperación del sector energético. El énfasis del Tratado está en proteger la inversión privada en términos tan amplios que cualquier accionista puede demandar a un Estado ante la sospecha de que su actuación perjudica sus intereses. Este gran poder lo ha convertido en el instrumento más eficaz para que las empresas demanden a gobiernos estatales cuando intenten hacer cambios para transitar a energías renovables y reducir su huella ambiental²⁷.

A lo largo de su trayectoria, el Tratado de la Carta de la Energía se ha ido extendiendo y rige actualmente en más de 50 países que cubren Europa, Asia y África; a excepción de Italia, todos los demás países que conforman la Unión Europea lo firmaron (26 en total), lo que representa casi la mitad del total de los miembros del Tratado. En América Latina, Colombia, Guatemala, Chile y Panamá son países observadores, que es la primera puerta de entrada para constituirse en miembros del Tratado con plenas obligaciones, poniendo en riesgo la seguridad energética de sus países, así como los procesos de transición hacia modelos sustentables.

Desde su entrada en vigor, el Tratado de la Carta es el más usado en conflictos sobre inversiones (135 casos conocidos), dando prerrogativas especiales, así como protección, a las empresas fósiles, esto en contravía de la CMNUCC, del Acuerdo de París, e incluso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)²⁸. A pesar de lo anterior, en las renegociaciones, que han tenido lugar desde 2020 y se prolongaron durante 2021, la Unión Europea no ha extendido ni "incrementado su ambición", haciendo valer su posición mayoritaria para eliminar definitivamente este Tratado. Por el contrario, ante la falta de consenso el texto original de hace casi treinta años permanece inalterado. Frente a la presión de diversos colectivos en Europa y para no poner en entredicho el compromiso europeo con la transformación energética, es posible que los miembros de la Unión Europea lleven a cabo un acuerdo interno que les permita legislar para reducir gradualmente las protecciones a las inversiones de energía fósil y adoptar "disposiciones de inversión perfeccionadas" del TCE²⁹, mientras políticamente presionan por nuevos miembros que firmen el Tratado en el Sur Global, especialmente en África y América Latina, dando con ello continuidad a la "orquestación" de la "hipocresía organizada" en la gobernanza de la acción climática³⁰.

Al examinar el multilateralismo alrededor del Tratado sobre la Carta de la Energía puede apreciarse el enorme poder que Estados nacionales han otorgado a empresas privadas dedicadas al sector de hidrocarburos para controlar el mercado global, con capacidad de frenar o imponer una transición energética bajo sus condiciones. A pesar de todo el trabajo que ha implicado construir la gobernanza climática transnacional derivada del linaje de la CMNUCC, un solo tratado como es el Tratado de la Carta de la Energía puede poner en jaque los intentos estatales de transición energética, privilegiando los intereses de las grandes empresas de hidrocarburos del mundo, como ya se ha visto en las demandas que han sido interpuestas³¹. Es por ello que la presión de colectivos sociales, especialmente en Europa, ha tratado de incidir para que países miembros se retiren de un tratado que va en contravía de todos los objetivos globales y representa un verdadero peligro para la sostenibilidad y la transformación energética justa³².

Todo lo anterior es fundamental en la medida que la respuesta ante el escenario de calentamiento global, así como los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, han dado pie a diversos "pactos verdes", que sitúan el cambio tecnológico en el centro de las prioridades de los países de Norte Global como estrategia para la disminución de emisiones globales³³. Sin embargo, la reconversión tecnológica de la transición energética implica la profundización sin precedentes en los niveles de extracción de minerales y excede las reservas actuales de materiales como el litio, la plata, el cobre, el cobalto y el níquel³⁴. Por otro lado, las alternativas de agrocombustibles, como la palma africana, incentivan modelos agroindustriales que generan una huella ecológica igual o mayor a la de los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón³⁵.

En este contexto de profundas asimetrías globales en el "metabolismo social", el Norte Global determina, sustentado en los procesos de gobernanza ambiental global, los procesos de flujos de energía y materiales, sus formas de extracción, apropiación e impactos ecológico-distributivos, soslayando los pasivos ambientales que se generan en los procesos de extracción de grandes cantidades de materiales y recursos naturales del Sur Global, y de Latinoamérica en particular³⁶. En ese sentido, cuando se habla de pasivo ambiental se hace referencia a "la deuda ecológica no pagada por la empresa durante todo el tiempo de operación [...] sumada al gasto necesario para impedir daños una vez cerrada la operación"³⁷.

Aunque contamos cada vez con innovaciones tecnológicas más eficientes energéticamente, al continuar el consumo derivado de un crecimiento continuo aumenta el porcentaje total de gasto energético. Unido a lo anterior, el cumplimiento de metas globales sobre emisiones y reconversión por medio de la transición energética, la economía verde y sus proyecciones de "desacoplamiento entre el crecimiento y las emisiones", opera bajo ciertas características que extienden el colonialismo a las dinámicas de deslocalización de la producción y externalización del impacto ambiental³⁸. Desacoplar crecimiento y emisiones, a través de la deslocalización de procesos y la marginación de altos porcentajes de la población mundial, no disminuye el patrón destructivo a escala global, ni tampoco sus consecuencias. La acción y el compromiso con los objetivos climáticos precisa entonces de una coordinación que vaya mucho más allá del pragmatismo de la "hipocresía organizada" y permita la "cooperación catalítica" que dé paso a establecer nuevos umbrales y parámetros en todos los niveles.

3. DERECHOS DE LA NATURALEZA: DE LA HIPOCRESÍA ORGANIZADA A LA ACTIVACIÓN SOCIO-LEGAL COORDINADA

Hasta aquí se ha señalado, grosso modo, el amplio campo en el cual se inscriben las dinámicas de la gobernanza ambiental global, su complejidad, diversidad de actores y perspectivas. Se ha trazado, así, la trayectoria del linaje de la CMNUCC, delineando los aspectos más básicos y los compromisos formales que los Estados han asumido; así como contrastando la parálisis que caracterizó durante dos décadas las negociaciones multilaterales sobre gobernanza ambiental global de la Convención Marco, con la efectividad del Tratado de la Carta de la Energía, que lleva más de veinticinco años garantizando la operación e inversión de las empresas de energías fósiles en el mundo.

Los conflictos socioambientales generadores del denominado "cambio climático", como expresión de sus efectos interdependientes a escala global, hacen imposible "separar" las emisiones en territorios nacionales de las consecuencias de "exportar" las industrias contaminantes y la depredación al Sur Global. Los desastres ambientales, como las inundaciones ocurridas en Alemania y China en julio de 2021, son la expresión de la redistribución planetaria de las externalidades que el Norte Global intenta evadir en sus formas de operación, extrayendo con métodos predatorios materias primas del Sur Global y reubicando sus plantas industriales, mientras implementa sus planes, programas y metas de "desarrollo sustentable" con "crecimiento sin emisiones" en el Norte Global.

¿En este contexto de "hipocresía organizada" en los esquemas de gobernanza regulatoria global tiene sentido hablar de derechos de la naturaleza? ¿Cuál puede ser su papel dentro de la "gran orquestación" de la gobernanza ambiental global y de la transición energética?

La forma en que concebimos la energía está mediada por nuestras construcciones socioculturales; la relación energía-mundo de la vida-mundo social presenta muy diversas concepciones emparentadas con las cosmovisiones sobre nuestra pertenencia y el lugar que ocupamos en el mundo que vivimos³⁹. La amplia discusión acerca del "buen vivir" frente a las filosofías utilitaristas y cómo se refleja este en las concepciones del desarrollo están intrínsecamente asociadas a la forma de concebir, apropiarse y administrar las formas de energía conocidas, lo cual tiene que ver con nuestras concepciones implicadas en todas las relaciones e instituciones culturales, económicas, sociales y políticas⁴⁰.

Para América Latina, al igual que para todo el resto del mundo, el tratamiento, el uso y la distribución de la energía han configurado de manera dominante una trayectoria marcada a lo largo del tiempo por las formas de adaptación, vinculación e interdependencia con estructuras patriarcales, capitalistas y coloniales, que se expresan también en las formas de construcción y reproducción de las subjetividades⁴¹.

Como se mencionó anteriormente, la expropiación energética, a través del extractivismo predatorio que amenaza nuestro patrimonio natural regional, está también en la mano de obra barata con la deslocalización de las fábricas, así como en las distintas formas de trabajo esclavo. El excedente de energía del Sur Global es acaparado por el Norte Global de maneras que no son permitidas en sus territorios por la legislación protectora y el cumplimiento del Estado de derecho para quienes gozan de ciudadanía plena (otra cosa sucede en esos mismos territorios con los migrantes). Esa diminuta proporción del total de la población global concentra los recursos y las oportunidades del sistema energético mundial.

A pesar de lo anterior, la gobernanza ambiental global a través de los diferentes lineamientos intenta, desde el nivel supraestatal, promover nuevas formas de interdependencia que rijan las relaciones energía-mundo de la vida-mundo social, así como las valoraciones y formas de concebirlas y administrarlas, como invitación a las trasformaciones necesarias en los diferentes ordenamientos sociales.

En términos teóricos, las discusiones que asocian este debate a los derechos de la naturaleza son poco claros, debido a la polisemia que caracteriza un término que es usado como reivindicación de la acción de amplios colectivos sociales: comunidades étnicas, ambientalistas, ciudadanía organizada frente a bienes comunes, organizaciones de derechos humanos, colectivos ecologistas, etc. En todas las formas de movilización social, la reivindicación de los "derechos de la naturaleza" puede tomar matices distintos, los cuales se relacionan con las características particulares de los actores movilizados y sus lenguajes de valoración, así como con los mecanismos institucionales disponibles para reivindicarlos. Sin caer en esencialismos, la construcción de los repertorios de acción colectiva pasa por aquellos dispositivos institucionales e identitarios y por aquellas solidaridades que son efectivos para los objetivos en disputa en cualquier conflicto social, dentro de los límites que marca la estructura de oportunidades políticas⁴².

En América Latina, durante las últimas dos décadas, podemos diferenciar tres ejes de reivindicación generales respecto a este tema, los cuales presentan una diversidad de posicionamientos que van desde los críticos hasta los conciliadores: a) Los que asocian los derechos de la naturaleza con cosmovisiones de comunidades étnicas, especialmente indígenas, cuya expresión política más difundida han sido las ideas decoloniales sobre el Buen Vivir o Sumak Kawsay⁴³; b) Las acciones de colectivos, que incluyen comunidades étnicas, así como comunidades campesinas, organizaciones sociales, ecologistas y colectivos ambientales locales, articulados y movilizados por conflictos socioambientales, que reclaman la preservación de bienes comunes específicos como derechos de la naturaleza desde posiciones biocéntricas⁴⁴, y c) Los posicionamientos de los activistas de derechos humanos y colectivos de muy diverso tipo, que incluyen todos los anteriores, más los académicos e investigadores que desde reivindicaciones ecológico-políticas, de justicia ambiental y desde una perspectiva regional-global defienden los derechos de la naturaleza como parte de un cambio sociocultural, que es también económico, jurídico y político, necesario para las transformaciones impostergables que permitan la sostenibilidad ambiental del planeta y una transición energética⁴⁵.

En todos los casos hay un reconocimiento de nuestro lugar en esta gran matriz planetaria, en la que nacen nuestros cuerpos finitos y de la cual hacemos parte. El reconocimiento de la interdependencia de la vida en la tierra está a menudo asociado a tradiciones socioculturales de comunidades étnicas, que en las dinámicas de reivindicación y acción colectiva ha tomado un carácter "contrahegemónico" frente a las formas extendidas de sociabilidades del "mundo urbano". Estas apuestas políticas consideradas como "buen vivir", que son en sí mismas concepciones políticas sobre formas de vida y distribución de accesos a los recursos naturales, están en la base de los argumentos esgrimidos por los movimientos indígenas que, para el caso de Ecuador en 2008, fueron apoyados por ecologistas posicionados en la bancada oficial y consiguieron la incorporación de derechos de la naturaleza en la Constitución de 2008^[46]. Las concepciones "biocéntricas", por su parte, se presentan a sí mismas como una alternativa ética, de construcción de nuevas valoraciones sociales que trasciendan la dominancia de parámetros económicos y utilitarios para regir la vida social y política⁴⁷.

En esta perspectiva, los derechos de la naturaleza en América Latina toman un matiz de reconocimiento y de transformación en las concepciones tradicionales asociadas al utilitarismo y el colonialismo desde el siglo xv, así como a las visiones desarrollistas tan profundamente impulsadas durante el siglo xx, a las cuales ya se hizo alusión⁴⁸. Pero más allá de la expoliación mediante la explotación de los recursos naturales y de la devastación de pueblos y culturas, lo cierto es que, en el gran concierto global del siglo XXI, el Estado-nación se instituyó como la forma de organización social y política por excelencia, a través de la cual es posible regular y administrar la distribución de accesos y recursos a los bienes y servicios que la naturaleza provee.

Los derechos de la naturaleza en el nivel estatal tienen entonces un lugar importante para establecer parámetros en los cuales, más allá de los arreglos particulares, puede ser intervenida y protegida la vida en la tierra. En el gran concierto de la gobernanza ambiental global y de la transición energética en el contexto de cambio climático, asegurar que todas las vidas sean dignas de ser vividas equivale a proteger el patrimonio ambiental común. Basta una hojeada a todos los informes y proyecciones con base científica sobre las fuentes de agua en las próximas décadas para reconocer la importancia de un mínimo de responsabilidad pública.

Para lograr los objetivos nacionales con "alta ambición" planteados tanto en el Acuerdo de París como en los sucesivos llamamientos de las Conferencias de las Partes son necesarias la convergencia de muy diversos actores, que contribuyan a presionar por metas estatales, y la implementación de políticas efectivas. Especialmente en América Latina, la movilización socio-legal en favor de la protección de ecosistemas estratégicos ha sido una de las vías a través de las cuales se ha logrado la concurrencia de muy diversos sectores.

Las acciones colectivas han reivindicado en sus movilizaciones derechos de la naturaleza, aunque estos no se encuentren formalmente reconocidos en las constituciones estatales. En ese sentido, operan como repertorio de confrontación y de construcción de identidades que permite la expansión de redes transnacionales; igualmente incentivan transformaciones institucionales, constitucionales, legales o de procedimiento, que permitan su reivindicación a nivel estatal.

Hasta ahora, Ecuador reconoce formalmente en su Constitución este tipo de derechos, al definir la naturaleza como aquella "donde se reproduce y realiza la vida", con derecho intrínseco al respeto integral de su existencia, "mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos"⁴⁹. En Bolivia, donde se reconocen explícitamente derechos de la Madre Tierra, la ausencia de mecanismos de reclamación y justiciabilidad, así como la falta de desarrollo de líneas jurisprudenciales, hacen casi inoperante su reconocimiento a nivel constitucional.

Ha sido en Colombia donde los derechos fundamentales, particularmente el derecho a un medio ambiente sano, han venido dando forma a líneas jurisprudenciales que realmente avanzan en la efectiva reivindicación de derechos de la naturaleza inscritos dentro de la trama más amplia de transformaciones socioculturales. Los mecanismos de exigibilidad y reclamación de derechos, especialmente a través de la acción de tutela, han sido el motor de procesos que otorgan personalidad jurídica a varios ecosistemas. Esto al establecer con claridad los vínculos entre derechos fundamentales de los seres humanos y derechos de los ecosistemas que buscan ser protegidos o restaurados, a fin de garantizar los bienes y servicios que la naturaleza provee, que son, a su vez, los garantes de derechos básicos y esenciales para las presentes y las futuras generaciones⁵⁰.

Los fallos de tribunales y altas cortes abarcan un amplio conjunto de ecosistemas, como el río Atrato⁵¹, el páramo de Santurbán⁵², la Amazonía⁵³, el río Cauca⁵⁴, el río Quindío⁵⁵, el páramo de Pisba⁵⁶, el río Magdalena⁵⁷, el Parque Nacional Natural Los Nevados⁵⁸ y el parque Vía Parque Isla de Salamanca⁵⁹, los cuales han sido reconocidos como sujetos de derecho.

En lo concerniente a la gobernanza medioambiental global, específicamente en el linaje de las disposiciones sobre cambio climático y transición energética que hemos analizado, estos fallos y líneas jurisprudenciales nacionales que reconocen "derechos de la naturaleza" y ecosistemas específicos como "sujetos de derechos" refuerzan dinámicas transnacionales y aportan innovaciones en varios sentidos:

En el contexto regional es importante subrayar que la voluntariedad sobre la cual descansa el Acuerdo de París, sin reglamentación y sanciones efectivas frente a incumplimientos, hace fundamental la actuación de actores colectivos subestatales y no gubernamentales, así como la articulación con organización de redes transnacionales de acción climática que incentiven la presión estatal-local. Lo anterior es perentorio en la medida que los países del Norte Global avanzan en la transición energética, aumentando la presión por minerales, agua y tierra en el Sur Global, donde se asumen los costos sociales, económicos y ambientales de dicha conversión de matriz energética a costa de los derechos humanos intergeneracionales de sus habitantes. Esta presión por los ecosistemas estratégicos necesarios para la transición energética está en la base misma de los procesos de despojo y violencia sistemática contra pueblos, líderes sociales y ambientales, amalgamados a los conflictos locales-estatales irresueltos históricamente en toda la región⁶³.

La desconexión entre el comportamiento estatal de los países en el Norte Global y la responsabilidad extraterritorial de Estados y empresas en el Sur Global tiene efectos importantes en la transición energética de América Latina. Durante 2021 uno de los litigios estratégicos más llamativos a nivel internacional fue el fallo del Tribunal de Distrito de La Haya en el caso Las personas vs. Shell, que ordenó a la multinacional reducir sus emisiones en un 45% para 2030. Este fallo sin precedentes para la justicia climática basó su decisión en la defensa de los derechos humanos apelando, entre otros, a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales⁶⁴. La empresa, que anunció la apelación del fallo, ha publicitado su decisión de invertir 300 millones de dólares en bosques, humedales y otros ecosistemas naturales en los Países Bajos, cinco millones de árboles en España y un proyecto de regeneración de bosques nativos en peligro de extinción de 800 hectáreas en Queensland, Australia. Mientras Shell demuestra su compromiso con la restauración de ecosistemas en Europa, ya había anunciado inversiones millonarias para la explotación de petróleo, gas y biocombustibles en Argentina y Brasil (uno de los mayores incentivos de la quema y deforestación intensiva de la Amazonía entre 2019 y 2021).

Este tipo de comportamientos diferenciados sobre las inversiones y la "acción climática" entre el Norte y el Sur Global es un indicativo de la importancia de promover procesos de litigio estratégico que reivindiquen derechos de la naturaleza asociados a la defensa de los derechos humanos a nivel estatal en América Latina, la creación de mecanismos de justiciabilidad, así como el fortalecimiento de las capacidades e independencia de las cortes, cuyo liderazgo es fundamental en procesos de justicia climática y ambiental.