BIOÉTICA E INFANCIA:
COMPROMISO ÉTICO CON EL FUTURO

Bioethics and Infancy:
An Ethical Commitment to the Future

Bioética e infância:
compromisso ético para o futuro

Pedro Sarmiento¹

¹ Magíster en Bioética, Doctor en Filosofía. Coordinador de la Especialización en Bioética, Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana, Chía, Colombia.
pedro.sarmiento@unisabana.edu.co

Fecha de Recepción: 01-12-2009 - Fecha de Aceptación: 19-04-2010

La responsabilidad bioética con la infancia, más allá de las tradicionales consideraciones clínicas, es un imperativo moral cuyo impacto sobre el futuro es definitivo. Las circunstancias actuales que afrontan millones de niños en el globo son verdaderamente graves: hambre, desnutrición, enfermedad, analfabetismo, violencia, exposición a riesgos, explotación y abuso contrastan con la debilidad jurídica y la desatención de los gobiernos. En el presente trabajo se exploran las necesidades y los problemas bioéticos que suscitan las reflexiones sobre la infancia desde un marco global y local.

Palabras clave: bioética, maltrato a los niños, hambre, trabajo de menores.

Bioethical responsibility to children, beyond the traditional clinical considerations, is a moral imperative and has a definitive impact on the future. Millions of children the world over find themselves in truly grave circumstances. Hunger, malnutrition, disease, illiteracy, violence, exposure to risk, exploitation and abuse are met with judicial weakness and lack of government attention. This study explores the bioethical needs and problems raised by reflection on children from a global and local perspective.

Key words: Bioethics, child abuse, hunger, child labor.

A responsabilidade bioética para as crianças, além das considerações clínicas tradicionais, é um imperativo moral de impacto decisivo sobre o futuro. No mundo, milhões de crianças padecem uma situação muito grave: fome, desnutrição, doenças, analfabetismo, violência, exposição a riscos, exploração e abuso, em contraste com a fraqueza jurídica e a negligência do governo. Este trabalho explora as necessidades e os problemas bioéticos que levam a reflexionar sobre as crianças em contextos locais e globais.

Palavras-chave: bioética, abuso às crianças, fome, trabalho de menores.

La consideración de los temas relativos a la infancia se ha convertido en un verdadero imperativo ético para nuestra época. En efecto, pasados cerca de 40 años de reflexiones bioéticas, la infancia se presenta como un asunto bioético complejo que refleja, en primera instancia, la necesidad de un trabajo interdisciplinar que conjugue elementos de tipo cultural, social y ético. Así pues, la problemática infantil integra temas que comprometen a la familia, la sociedad, la salud, la educación, la justicia, el riesgo, la prevención y la legislación, entre otros, de cuya compleja articulación social, cultural y global pueden derivarse acciones que conduzcan a un mejor bienestar. De esto también se deriva que los temas bioéticos clásicos relativos a la atención en salud básica, es decir, al consentimiento informado, la capacidad de decisión, los ensayos clínicos en los menores, el respeto a su dignidad, entre otros, se conjugan hoy con problemas de carácter global y social cuyo entramado ético, social y cultural se constituye en un campo verdaderamente complejo. No se trata simplemente, como dirían algunos, de la aplicación de la bioética a la pediatría sino, desde un marco general, de la aplicación de la reflexión bioética, auténticamente interdisciplinar, a la infancia en todo su significado. Se trata de un esfuerzo que constituye un asunto bioético de altísima y resonante importancia. Propongo en este trabajo hacer un recuento y análisis de esta circunstancia, a fin de que de este esfuerzo puedan derivar más completos y comprometidos análisis de los que se concreten acciones bioéticas eficaces.

En uno de los últimos informes de Unicef se reveló que más de 150 millones de niños de los países en desarrollo padecen desnutrición (1); esta cifra enciende las alarmas en relación con la infancia, pues el grave fenómeno determina, en primera instancia, una violación al principio fundamental de justicia y derechos humanos. A este hecho se suman otros de no menor importancia que también es necesario considerar: cerca de 120 millones de sujetos en edad escolar primaria no van a la escuela, situación que igualmente ofende el principio de justicia y de derechos humanos. De esta dramática situación derivan consecuencias que asedian en espiral a las personas víctimas: es casi seguro que su futuro estará marcado por la pobreza lo mismo que, probablemente, el de sus hijos. La carencia de educación genera una espiral de pobreza que compromete, al menos, a dos o tres generaciones siguientes.

A las condiciones de pobreza mencionadas se suma el incremento en la morbilidad, la mortalidad y el riesgo social que ordinariamente no viene solo sino en compañía de más serios problemas. Este es el caso del aumento en los índices de violencia entre los menores y contra ellos, el aumento en el índice embarazos precoces y de enfermedades de transmisión sexual. En el mismo informe se señala que aproximadamente 6.000 jóvenes menores de edad se infectan con el VIH al día, dato con el que puede estimarse una cifra exponencialmente en ascenso que compromete la salud, la calidad de vida y, probablemente, la vida de numerosos sujetos vivos y por nacer de países pobres muchos de los cuales no recibirán tratamiento.

Si consideramos el último elemento referido en este informe, podríamos suponer que las condiciones de vida de la infancia son verdaderamente graves. Sin embargo, la situación empeora por otros factores de no poca monta que no podemos evitar referir: cada año, 1,2 millones de niños son objeto de explotación en el trabajo o en la prostitución. Según estimaciones de Naciones Unidas, el año pasado se abusó sexualmente de un total de 150 millones de niñas y 73 millones de niños en todo el mundo (2). La responsabilidad social que hay de cara a la explotación laboral y sexual de los menores es, además de una conducta global vergonzosa, una realidad éticamente ineludible.

Adicionalmente a esta grave situación, se calcula que 300.000 niños y niñas son obligados bajo coacción a servir en el ejército (3); Unicef ha solicitado a los gobiernos, a los organismos de las Naciones Unidas y a la sociedad civil que redoblen urgentemente sus actividades para proteger a todos los niños afectados por los conflictos armados, y junto con esto, que se asuma responsabilidad social y política frente a los constantes problemas que se relacionan con la problemática de la guerra que compromete a menores (4); no puede olvidarse la situación de los niños de la calle que proliferan en nuestras megápolis, ni de las niñas que son objeto de discriminación e incluso víctimas de la mutilación genital.

Esta compleja situación global sobre la infancia conlleva la necesidad de una mayor atención en las consideraciones tradicionales que hemos hecho de los asuntos bioéticos relativos a la dignidad humana y a la vida. La infancia es una dimensión fundamental de la vida humana y es, por definición, la esperanza exclusiva que podemos tener en el futuro. No puede haber bioética, en sentido estricto, sin consideración sobre uno de los grupos humanos más vulnerables, en los que está cifrada la vida de seres humanos con derechos cuya protección debe ocupar el primero de los lugares en la práctica legislativa y social. En efecto, la necesidad de integración de la infancia a los análisis bioéticos verdaderamente multidisciplinares no solo es un deber moral sino, además, un imperativo moral colectivo, que conjuga múltiples elementos bioéticos, en especial aquellos relacionados con el futuro de las nuevas generaciones.

A pesar de la reciente panorámica referida a la infancia, debe decirse que la situación es menos grave que lo que fue en décadas anteriores. En efecto, en la Sesión Especial en favor de la infancia, celebrada en Nueva York en el año 2002, se afirmó que en las últimas cinco décadas se han ganado más batallas contra la pobreza y se han logrado más progresos para la niñez en que en los últimos quinientos años. En efecto, es necesario reconocer que, especialmente en las últimas dos décadas, se han logrado alianzas internacionales en favor de la infancia, al mismo tiempo que un mayor reconocimiento de los derechos de los niños y una mayor atención a las sanciones por la conculcación de estos derechos. No obstante, de manera simultánea a estos progresos, sobreviven elementos que afectan de forma negativa a estos avances, entre los que se destaca la persistencia de la pobreza y la ampliación de las disparidades entre países ricos y pobres, lo mismo que la continuación de la violencia y la explotación de sus cuerpos y su trabajo, a su vez que la proliferación de conflictos armados en los cuales muchos menores se ven involucrados.

A este fenómeno se suma una deficiente o casi ausente información adecuada, detallada y disponible con la que puedan tomarse medidas eficaces. A pesar de los esfuerzos internacionales por dar cuenta de un estado mundial infantil, la perspectiva que se pretende es probablemente incompleta de cara a nuestras realidades. En efecto, el enfoque de trabajo hecho por Unicef revela un loable interés y preocupación de perspectiva sanitaria acerca de la situación de la familia, los avances en la atención perinatal, la educación, etc., pero los aspectos sociales y culturales que integran y que se encuentran de forma compleja y global directamente relacionados con las condiciones de salud no han sido suficientemente examinados ni analizados en todos sus informes. Es un hecho evidente que de ellos depende la causa del problema y es a la raíz de estas causas a la que deben llegar las acciones necesarias para una adecuada atención; dado que la infancia es una dimensión de la persona humana de cuyo cuidado depende el desarrollo pleno personal y social del individuo, la necesidad de tomar acciones de prevención frente a estas lesiones a la persona humana del menor se convierten en un imperativo ético de primer orden, sobre todo, en el marco de una bioética global, social e individual.

En el presente trabajo se hará cuenta de la situación de la infancia y de las relaciones del cuidado de ella con la bioética en función de dos temas específicos. Son muchas formas de maltrato que puede sufrir la infancia, entre ellas las de tipo físico, psicológico y social que se oponen a los derechos humanos fundamentales, y que impiden las bases y garantías para la subsistencia y el desarrollo personal y colectivo.

Aunque puede afirmarse que la salud y la educación son temas sustanciales en el análisis de la infancia, nos detendremos sin embargo en tres apartados fundamentales implicados en el mismo: la pobreza, el hambre y el trabajo considerados como temas bioéticos trascendentales. Del estudio de estos elementos se deriva la obligación de considerar a la infancia como un asunto y deber bioético fundamental, visible en las legislaciones y acciones concretas.

Si bien la atención de la infancia es por sí misma una necesidad y un deber personal, social y cultural, es necesario decir que también es una responsabilidad bioética que ha estado en peligroso descuido durante décadas. En los últimos años hemos intentado atender las urgencias más visibles y sonoras de nuestra época en relación con el impacto de la tecnología en la clínica y en la interacción con la sociedad y sus valores más sobresalientes. Para nadie es extraño que la bioética se haya ocupado de problemáticas relativas al aborto, la reproducción asistida, la autonomía, la investigación, el cuidado de los moribundos, la tecnología, y también del medioambiente. Pero la necesidad de que abordemos macroproblemas de naturaleza social como la atención de la infancia se constituye en una de las concreciones iniciales más importantes de la bioética, en especial cuando esta declarara en sus fundamentos más célebres la responsabilidad por las generaciones futuras, y la atención y el cuidado de grupos vulnerables. En efecto, la infancia es nuestro más próximo futuro. Omitir consideraciones responsables acerca de la ética de nuestras acciones y omisiones respecto a la infancia es desconocer la responsabilidad ética que tenemos con el hombre en estado de particular indefensión. Desde estos dos puntos de vista la infancia se convierte en un campo de mucha sensibilidad y de extenso de trabajo para la investigación, la prevención, la educación y la posibilidad de transformación de nuestro futuro.

Reexaminaremos estos elementos a la luz de un enfoque bioético con el fin de aportar elementos para esta integración. No haría falta la referencia a estas responsabilidades de la bioética si tuviéramos en cuenta la declaración de los derechos del niño cuando afirma:

"La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle [...] El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación" (5).

Con la transformación lograda a lo largo del siglo XX, y el interés de las últimas décadas por la infancia, es un hecho que hemos realizado un gran avance en relación con la obtención de instrumentos que aseguren los derechos de los niños. La Convención de Derechos de los niños de 1989², ha sido un hito en la historia de la infancia y, gracias a ella, el globo ha tomado conciencia de la responsabilidad que tenemos con la infancia como futuro. Sin embargo, estos esfuerzos no son, todavía, suficientes. Aunque pueden enumerarse acciones de gran valor en su beneficio, la ausencia de un marco de significado pleno sobre la infancia es todavía evidente. En efecto, la carta de navegación para las acciones que tenemos que emprender está fundada en la lógica de los derechos humanos y del niño, perspectiva desde la cual puede darse curso a las políticas de prevención, de atención en salud y de legislación correspondiente.

Es un hecho que la infancia, en el contexto biológico del desarrollo y de la salud, requiere especial atención por ser un período dinámico en el que se consolidan muchos aspectos de la vida más estable del adulto. En efecto, el niño experimenta cambios biológicos de crecimiento, transformaciones psicológicas de maduración intelectual y afectiva, lo mismo que cambios sociales en los que debe desarrollar su autonomía, responsabilidad, la conciencia de su pertenencia social y las relaciones interpersonales que van a condicionar su vida, su psicología, su mentalidad y su salud. Tan particulares circunstancias determinan que la infancia posea necesidades específicas que deben ser atendidas de forma independiente, entre las cuales está la obligación y urgencia de protección global contra acciones que puedan ponerla en peligro.

Este tipo de consideraciones hacen necesaria una barrera de protección para un correcto desarrollo individual. A pesar de este hecho visible y considerado en el desarrollo de la educación y de la psicología en general, la aplicación de estos contenidos al terreno legal de protección ha sido deficiente. Más aún, las iniciativas legales internacionales no han sido objeto de consideración seria en muchos países. En efecto, la iniciativa global de la Convención de los derechos del Niño tiene más de veinte años de haber sido promulgada y, sin embargo, todavía no ha sido suficientemente incorporada a los sistemas legislativos globales. Los contenidos de esta directriz establecen el derecho a la protección del niño contra la violencia, el abuso físico, mental o sexual, el descuido y los malos tratos (art. 19), la explotación económica (arts. 32 y 34), la venta y el tráfico de niños (art. 35), así como el derecho a la recuperación y reintegración social (art. 39), entre otros elementos que protegen al menor. Se trata de un esfuerzo conceptual y global a favor del menor que se convierte en una guía cultural y legislativa con el único propósito de defenderlo y promover su desarrollo integral. No obstante, queda todavía un largo camino por recorrer, pues la presencia de maltrato, en todas sus formas, sigue siendo una constante global, a menudo invisible en el marco de los problemas sociales considerados y corrientemente parte de una agenda política descuidada.

Con la noción de maltrato se ha hecho referencia, de forma general, a la desatención que ha tenido la infancia, entendida como toda acción u omisión que entorpece el desarrollo integral del niño o adolescente y que lesiona sus derechos donde y como quiera que ocurra. Se trata de varias acciones y omisiones que van desde las faltas de cuidado, atención y amor que afectan física o emocionalmente a los niños, hasta el abuso y la explotación laboral o sexual y todas las injusticias que pueden ejercerse de parte de padres, cuidadores, educadores, de la sociedad y, en general, de los responsables de su cuidado.

Sin pretender agotar la temática relativa a la infancia y sus problemas, en la tabla 1 presentamos una síntesis, probablemente incompleta, sobre las áreas y los problemas que requieren de atención para lograr el análisis y las acciones interdisciplinares a fin de llegar a soluciones más completas.

La panorámica de problemas bioéticos relativos a la infancia es muy amplia. Examinaremos tres elementos fundamentales cuya presencia global es inaceptable éticamente y sobre los cuales necesitamos prestar atención a fin de asumir las responsabilidades y acciones bioéticas específicas.

Ante la gravedad de la situación de pobreza y hambre en el planeta, la meta de los Objetivos del Milenio para 2015 fue reducir la pobreza extrema a la mitad (6). Este objetivo mundial consiste, según dicho convenio, en reducir a la mitad entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas con ingreso inferior a un dólar diario. Se sabe que aunque la privación de bienes materiales y servicios sociales afecta a todas las personas, sin duda alguna a quienes más perturba es a los niños. En efecto, los derechos de los niños se ven quebrantados por las diversas situaciones de pobreza pues su presencia propicia alteraciones biológicas, mentales, psicológicas, emocionales, familiares, espirituales y, evidentemente, sociales que se repiten y perpetúan. La pobreza es una verdadera amenaza contra los derechos humanos pues priva, en especial a los menores, de las capacidades que son necesarias para desarrollarse, prosperar y ejercer los derechos humanos individuales y colectivos. Tal disminución en el desarrollo de capacidades del menor es, casi siempre, irreversible. En efecto, quien vive y crece sumergido en la pobreza poco puede hacer por sí mismo y por los demás, y las secuelas de esta circunstancia no solo permanecen sino que aumentan y se repiten. La condición de pobreza se convierte, además, en un círculo vicioso del que no pueden salir fácilmente las comunidades y los países que la padecen: hambre, enfermedad, pobreza y violencia son ingredientes comunes de una misma situación que se convierten en obstáculos para que quienes la padecen puedan ayudar a otros a no padecerla.

Las disparidades en materia económica y social que comprometen la situación de pobreza son notables en las diversas partes del mundo y, sobre todo, están señaladas por la marcada diferencia de situaciones geográficas que distingue las zonas urbanas de las rurales. En efecto, la pobreza en todos los campos es mayor, aunque la resiliencia frente a la misma es paradójicamente superior en ambientes rurales que en los urbanos.

En términos geográficos, la situación del globo no ha variado en los últimos veinte años, excepto por su aumento. Por ejemplo, de todos es sabida la situación de África subsahariana, de Asia y Latinoamérica como regiones que padecen seriamente el problema. Pero en términos numéricos globales la pobreza es un problema todavía más alarmante: más de una tercera parte de los niños no asisten a escuelas primarias, más de una tercera parte de los menores de cinco años sufren bajo peso, y más de una tercera parte de los niños no reciben prevención inmunológica (7). De esto se deriva que el problema social de la pobreza no es estático sino que, además de perpetuarse, adquiere características exponenciales.

En efecto, en el globo, alrededor de 270 millones de niños y niñas (un poco más de 6 veces la población colombiana y algo más del 14% de toda la población infantil en los países en desarrollo), carecen de acceso a los servicios de atención de salud. A esto se suma que, en una época de gran desarrollo tecnológico como la nuestra, uno de cada tres niños y niñas del mundo en desarrollo —es decir, más de 500 millones— carece de acceso a cualquier tipo de instalación de saneamiento. Y, de forma casi increíble, alrededor de 400 millones de niños y niñas —uno de cada cinco— no tiene acceso a agua potable. De estas cifras puede decirse que el estado de la infancia en los países en desarrollo es lamentable y que, sin duda alguna, un descuido de estas proporciones —cuya responsabilidad ética es evidente—, afecta de forma directa las condiciones básicas para el desarrollo humano vital natural.

Ante esta grave situación, los organismos internacionales han tomado serias cartas en el asunto. En efecto, la promoción de los Objetivos del Milenio ha sido una bandera que ha pretendido hacer conciencia global sobre la protección de los más vulnerables, pero es verdad que esta iniciativa internacional debe estar unida a la necesidad de fortalecer la promulgación de leyes fuertes y acciones concretas que prevengan la pobreza, el maltrato, la explotación y los problemas de la infancia que hemos intentado señalar.

Con respecto a la pobreza, es lastimoso afirmar que los resultados de estos esfuerzos políticos y sociales son por ahora modestos. En efecto, la situación dramática frente al hambre es, de forma inaceptable, un problema en aumento que agobia a más de mil millones de personas en el mundo, siendo muchas de estas personas sujetos en edad infantil (8). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) informó que durante 2009 el hambre en el mundo alcanzó un récord histórico. Una de cada seis personas en el mundo padece hambre todos los días, y también señaló que hay —en todo el mundo— veinte millones de personas afectadas en su nutrición a consecuencia de la crisis económica global que provocó una disminución de los ingresos y un incremento del desempleo.

La mayor parte de la población desnutrida del mundo, como es natural, vive en países en desarrollo. Lo que importa de este hecho son las cifras: en Asia, por ejemplo, se calcula que 642 millones de personas sufren hambre crónica; 265 millones en África y 53 millones en Latinoamérica y el Caribe, así como 42 millones en medio oriente y, paradójicamente, 15 millones de personas pasan hambre en los países desarrollados. Se afirma que una buena parte de la causa del problema tiene elementos políticos. En efecto, la FAO considera que la condición de hambre en el mundo es el resultado de la crisis económica mundial, a lo que se vincula el alto precio de los alimentos. De acuerdo con el informe de la FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los próximos diez años los alimentos subirán en cerca de un 20% su precio, de lo que se deriva que debe aumentarse su producción. No cabe duda de que los esfuerzos por mitigar el hambre mundial deben ser una prioridad humanitaria y bioética fundamental. La macroética de este fenómeno incluye contenidos políticos que están a la base de la situación nutricional de esta quinta parte de los habitantes del planeta.

La situación nacional respecto al hambre es igualmente preocupante. La Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia, Ensin 2005³, reveló la necesidad de distribución y acceso a los alimentos señalando que cerca del 40% de los hogares estudiados presentan niveles severos de inseguridad alimentaria, lo que significa que estas familias no tienen posibilidades económicas para alimentar a todos los miembros del hogar. El mismo informe reveló que el 33% de los niños menores de 4 años padece anemia relacionada con la subnutrición. De forma concomitante con esta investigación nacional, el informe más reciente de UNICEF en Colombia refiere que cerca de 5.000 niños mueren al año en Colombia por causas relacionadas con la mala nutrición y doce de cada cien sufren de hambre (9).

En el panorama colombiano, otras causas se añaden y comprometen el problema de la desnutrición; se incluye el conflicto armado que provoca la existencia de comunidades confinadas por grupos armados que impiden las siembras de subsistencia, y provocan los desplazamientos forzados derivados del mismo.

En términos bioéticos puede afirmarse que la abolición de la pobreza es, en realidad, una exigencia moral fundamental global en la que gobiernos, comunidades e individuos deben estar auténticamente comprometidos pues, en una época como la nuestra, y en las condiciones sociales y económicas locales y globales presentes, es posible proporcionar los mecanismos para evitarla con éxito. La pobreza es fruto de la voluntad humana y, por tanto, del compromiso de toda la sociedad y de sus autoridades globales y locales por superarla. La alimentación es un derecho humano inherente a la persona, en especial al niño, independientemente de dónde viva en el planeta. Garantizar que la infancia disfrute de una alimentación adecuada de forma permanente no sólo es un imperativo moral sino la realización de un derecho humano fundamental en el que todo gobierno, comunidad e individuo deben estar comprometidos. Cualquier iniciativa que quiera considerar a la salud como objetivo debe, necesariamente, considerar la pobreza como el principal obstáculo que condiciona toda meta de salud, justicia y desarrollo. El incremento del desarrollo tecnológico y social de los últimos siglos no se ha traducido en un mejor bienestar para la población. El olvido de la infancia como parte sustancial del problema del hambre y la pobreza es un delito de omisión todavía más grave. No puede hablarse de una bioética global responsable cuando personas en edad infantil en el mundo mueren por causas de salud que pueden ser evitadas y que se vinculan trágicamente con la pobreza⁴.

El fenómeno de la explotación infantil es otra lamentable forma de maltrato con el que se ofende la dignidad de la persona en edades de especial vulnerabilidad. Se trata de una forma de esclavismo persistente que, infortunadamente, ha tenido una tolerancia notable relacionada sobre todo con las sociedades más pobres. Se calcula que en todo el mundo hay 158 millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años que trabajan, lo que equivale a que 1 de cada 6 niños y niñas en todo el globo son víctimas de la explotación laboral, a lo que se suma que muchos de ellos trabajan en condiciones de peligro (10). La explotación laboral infantil es un fenómeno antiguo, cuyas consecuencias más graves son padecidas en ambientes rurales. En efecto, desde hace mucho tiempo se ha determinado que los niños y las niñas que viven en los hogares más pobres y en zonas rurales tienen más probabilidades de ser víctimas del trabajo infantil (11). Es frecuente que muchas de las labores agrarias se realicen todavía con el apoyo de menores varones y mujeres en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Las mujeres en la infancia son también víctimas de explotación. Por lo general, el trabajo doméstico recae en su mayor parte sobre ellas, y son millones las que trabajan como empleadas domésticas cuya condición las expone a la explotación y el maltrato. Este tipo de trabajo se considera perjudicial e inadmisible para la infancia y, por tanto, debería eliminarse.

A este fenómeno se vinculan causas socioeconómicas determinadas. En efecto, una sociedad pobre a menudo hace uso de sus menores para el trabajo. Lo que no se tiene en cuenta es que la presencia del trabajo infantil impide el acceso a la escolarización, lo cual es una condición que perturba la dignidad y autoestima del niño y, por lo mismo, le impide conseguir su pleno desarrollo social y psicológico⁵. Uno de los rasgos que distingue a América Latina del resto del mundo son las graves desigualdades que caracterizan a nuestras economías y sociedades. Esto ha llevado a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), desde hace más de una década, a sostener que se requiere una reorientación de los patrones de desarrollo de la región en torno al eje principal de la equidad, es decir, la reducción de la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones (12). En efecto, de la aplicación de este principio ético social fundamental se tiene que la infancia sería la más beneficiada a la hora de reestructurar una economía que favorezca el desarrollo y la condición de las sociedades más pobres.

La Convención sobre los Derechos de la Infancia, firmada en 1989, acordó obligar a los gobiernos a proteger a los niños de "la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación del niño, o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual del niño o para su desarrollo social"⁶. Cerca de 50 países han ratificado el Convenio 138 de la OIT sobre edades mínimas para trabajar, según el cual la edad de 15 años es la mínima aceptable en países industrializados, y 14 años en los demás. Este fenómeno presente en muchos países ha sido tolerado social y políticamente afectando de manera grave el derecho a un desarrollo psicosocial justo y acorde con las necesidades de la persona.

En este contexto, lo primero que hay que decir es que se trata de una ofensa directa que perjudica muchos de los derechos personales de un individuo. El trabajo infantil es otra versión del esclavismo que se promueve y perpetúa como una causa y una consecuencia de la pobreza. En efecto, si un grupo humano o Estado tolera la explotación del menor empleando a sus ciudadanos a edades tempranas, no solo está violando los derechos individuales y coartando el desarrollo personal sino que está minando la posibilidad de desarrollo social futuro. Una sociedad que no se permite el desarrollo adecuado de sus miembros atenta contra sí misma. El trabajo infantil es una actividad éticamente inaceptable que promueve el aumento del analfabetismo y la insensibilidad humana y social. A esto se suma la presencia de más problemas y enfermedades concomitantes tales como el tabaquismo, la malnutrición y el envejecimiento físico y psicológico precoz de los menores.

Un estudio realizado por la OIT en Ghana (13) indica que los niños de la calle —tal y como sucede en la mayoría de países pobres de nuestro continente desde hace varias décadas— se encuentran principalmente en los núcleos urbanos y no tienen lugar fijo de residencia, trabajan por su cuenta o para operadores de distintas actividades del sector informal. En Accra, la capital, el 88% de los niños de la calle no asiste a la escuela. El 96% son migrantes. Los estudios demuestran que estos son niños que vagan de un sitio a otro, duermen en el exterior de edificios o tiendas en colchones de cartón o de paja, y comen alimentos de pésima calidad nutritiva. Su jornada de trabajo empieza a las 4:30 de la mañana, lustran zapatos, portan bultos, venden todo tipo de artículos y, sobre todo, mendigan y delinquen. En efecto, en países africanos se tiene que cerca de 17% por ciento de la población activa son niños de entre 4 y 15 años. Los pequeños suelen desempeñar funciones de pastoreo o de vigilancia del ganado, incluso en época escolar, con la consiguiente repercusión negativa en su educación que a menudo termina en deserción (14).

Esta es una reflexión bioética inicial que lleva a la necesidad de señalar que es el momento de romper esta espiral, que muchos se obstinan en considerar como una inevitable "fase de crecimiento de las sociedades en vías de desarrollo". En efecto, desde una perspectiva bioética social, es evidente que existe una relación entre el trabajo infantil y la pobreza, puesto que los niños que trabajan son exclusivamente pobres. No obstante, es preciso aclarar que la pobreza, por sí misma, no es la causa del trabajo infantil; casos como el de China demuestran que una decisión política puede favorecer una conducta social éticamente incorrecta. En China, por ejemplo, ha habido menos trabajo infantil que en las últimas décadas, según fuentes diplomáticas de EUA, porque el gobierno tomó la decisión política de mandar los niños a la escuela⁷. Otro tanto puede decirse de India, aunque los informes tienen excepciones (15).

En cualquier caso es preciso señalar, desde el punto de vista bioético, que la presencia del trabajo infantil es una decisión práctica que asumen las comunidades o los individuos. En efecto, la presencia del trabajo infantil es en definitiva la consecuencia de una tradición cultural que ha tolerado la explotación infantil, frecuentemente relacionada con poblaciones de grupos étnicos pobres. De forma similar, conductas sociales discriminatorias pueden tolerar y reforzar la voluntad de sus padres de prostituirse o de servir en casas. Es aquí donde la educación se convierte en un factor ético obligatorio y preventivo frente al fenómeno de explotación laboral infantil. En efecto, una sociedad que se preocupa por la educación de sus miembros, en lo posible de forma gratuita y obligatoria, no solo está dando cumplimiento a un derecho humano fundamental, sino que está poniendo freno a la posibilidad de explotación injusta de sus miembros más vulnerables.

De todos los factores implicados en el problema, lo que puede tenerse claro es que en los países en los que la educación es obligatoria, disponible y entendida como un factor importante, la proporción de trabajo infantil es más baja. Esto refuerza la necesidad de fortalecer la educación como estrategia preventiva y de solución al problema.

En Colombia, también por la naturaleza clandestina del fenómeno, las cifras relativas al trabajo infantil difieren: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indicó que, en 2008, cerca de 787.000 niños laboraban, pero la Organización Mundial del Trabajo (OIT) advierte que a esa cifra es necesario agregar 841.733 menores que cumplieron esas funciones en los hogares. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal organización sindical del país, retoma las cifras y asegura que en Colombia laboran 1.628.300 niños, entre los 5 y 17 años (16).

Con independencia de la exactitud de estas cifras, lo que debe decirse es que tal situación debe ser totalmente evitada. La ONU, en la Convención sobre los Derechos del Niño, se pronunció sobre la situación colombiana (17), y señaló su preocupación porque además del trabajo la situación infantil se ve agravada por otro determinante fundamental: el conflicto armado está violando sistemáticamente y de muchas maneras los derechos del niño. En efecto, las consecuencias negativas que traen la gran pérdida de vidas humanas, el desplazamiento interno en gran escala de niños y de sus familias, y la destrucción de infraestructuras educativas y sanitarias; de los sistemas de captación, purificación y distribución de agua; de la economía nacional, de la producción agrícola y de la infraestructura de comunicaciones, afectan de manera inevitable el desarrollo humano de los niños, todo lo cual perturba muchos de sus derechos. A pesar de que en este momento se considera que el pasado trágico de nuestra nación ha quedado un poco atrás, según organismos internacionales el país aún vive tragedias visibles en el número de desplazados. Se calcula que cerca de 380.000 personas se vieron desplazadas en 2008, lo cual representa un aumento en las cifras en relación con los años anteriores (18).

Las reflexiones internacionales sobre la condición colombiana en general toman en cuenta la gran disparidad económica, social y de discriminación por razones de raza y de género, la marginación de los niños pertenecientes a las poblaciones afrocolombianas e indígenas, y la situación precaria de los niños que pertenecen a grupos de población pobre y desplazada.

Es inevitable que la inquietud ante la pobreza generalizada y las disparidades económicas y sociales que existen desde hace largo tiempo —y que siguen repercutiendo negativamente en los grupos más vulnerables en los que se incluyen varios miles de niños—, deba trascender a los análisis estadísticos y políticos. Esta tradicional circunscripción del problema y de los análisis dificulta el goce de los derechos fundamentales de los menores.

Pero no solo estos factores socio-culturales de larga data afectan a la situación infantil colombiana; también las herramientas jurídicas de protección, a pesar de ser abundantes, son todavía insuficientes especialmente en lo relativo a su eficacia. En efecto, una de las críticas internacionales más sólidas a la legislación colombiana ha enfatizado que el tema de derechos del niño en Colombia no es todavía enteramente compatible con los principios y las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular porque la revisión del Código del Menor promulgada en 1989, comenzó solo hasta 1995 y porque, además, tiene retrasos en enmiendas importantes, en particular la asignación independiente del ICBF de jueces de menores⁸. De esto se deriva la necesidad de una legislación que sea armónica con la Convención de los derechos del menor. Su crítica al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es permanente por no haber asumido en todos sus programas y políticas el enfoque de los derechos consagrados en la Convención.

Colombia ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y los principales convenios internacionales relativos a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la trata de personas, las peores formas de trabajo infantil y los derechos humanos de las mujeres. Ha logrado armonizar su marco legal a esta normativa internacional y ha desarrollado una serie de políticas públicas. Nuestro país puede afirmar que en materia jurídica protege a los niños, las niñas y los adolescentes por medio de la Constitución, el Código de la Infancia y la Adolescencia y el Código de Procedimiento Penal entre otros instrumentos⁹.

Sin embargo en Colombia, durante 2008, solo en Bogotá se cometieron 3.500 abusos sexuales en menores, de los cuales 2.800 eran niñas. De esa cifra 782 eran menores entre 5 y 9 años. El informe de la Veeduría Distrital evidenció la situación preocupante a la que se ven enfrentados los niños en Bogotá a causa de la violencia sexual que se genera en el entorno familiar y social. De 590 delitos reportados, 235 niños entre 5 y 9 años fueron víctimas. En segundo lugar estuvieron los menores entre 10 y 14 años, con 177 casos (19).

Las alarmantes cifras reveladas por el organismo de control oficial demuestran la gran distancia entre la teoría y la práctica. No se trata de que se promuevan legislaciones a favor de los menores. Se trata de una verdadera protección. Según el mismo estudio distrital, de la totalidad de los casos, más de 1.200 fueron cometidos al interior del núcleo familiar; en su orden, por padrastros, padres, tíos, primos, abuelos y hermanos. El abuso sexual fue sólo una de las problemáticas que atentaron contra la seguridad en menores de edad. En 2008, 186 menores de edad murieron de manera violenta en Bogotá, de los cuales 92 fueron por homicidio, 34 por muerte accidental, 30 por suicidios y 30 por accidente de tránsito.

De este panorama se puede concluir que la legislación no es un factor suficiente ni, probablemente, tan eficaz como sería necesario.

Podemos afirmar que, como un factor de protección fundamental para los problemas de la infancia, el siglo XX ha logrado promover una doctrina y una cierta cultura jurídica sobre los derechos de los niños. No obstante, este esfuerzo se encuentra todavía muy distante de alcanzar los objetivos propuestos. A pesar de estos avances reglamentarios, y del impacto que este discurso ha venido generando en la conciencia de una sociedad global y local, el camino que queda por recorrer es muy largo.

La presencia de estas leyes resguarda los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales se incluyen el derecho a la supervivencia (20), al desarrollo social, a la protección contra la explotación económica y sexual, incluso a los más altos niveles de salud posibles, lo mismo que resalta el derecho a la educación, a un adecuado nivel de vida, a la seguridad social, al descanso, al juego, entre otros derechos fundamentales del menor; todo esto no es más que uno de los primeros pasos con los que puede empezar a garantizarse, en términos de una bioética práctica, un conjunto de acciones posibles frente a la infancia pues la distancia entre la ley y la práctica es bien visible, no solamente en Colombia sino en el globo.

Otro elemento por considerar es que una buena parte de los problemas relativos al clásico maltrato infantil socio-familiar tiene que ver con que los padres de estos han sido víctimas del mismo, y con que la educación para su prevención ha sido relativamente muy reciente. De este problema puede afirmarse que es precisa una intervención en los estilos de crianza y educación en la familia, la escuela y la sociedad para una transformación verdadera. Una articulación entre los modelos de convivencia y resolución de conflictos son factores que pueden potenciar la solución de estos problemas. Los especialistas hablan de factores de protección y de riesgo, potenciadores y atenuadores del maltrato. No cabe duda de que un complejo grupo de elementos interactúan. En lo que tiene que ver con los factores directos derivados del maltrato, la experiencia infantil e inconsciente de violencia, así como el reforzamiento de esquemas de comportamiento culturales y sociales específicos son los factores que llevan a la permanencia de este problema.

Es preciso supervisar la aplicación de los convenios internacionales de cara a sus principales problemas. En el caso colombiano es preciso que se tomen en cuenta las preocupaciones señaladas por la ONU pues los informes revelan inconvenientes particulares en la manera en que se ejercen los derechos de la infancia. Un terreno bioético específico para Colombia y algunos otros países latinoamericanos comprende el estudio de los derechos de los niños pertenecientes a etnias indígenas y afroamericanas cuyo contenido comprende los derechos particulares en el marco intercultural.

La promoción de encuentros interdisciplinares que busquen aproximarse a soluciones más completas sobre temas aún no considerados tales como el control de la presencia de niños en los conflictos armados, el efecto de los medios de comunicación, la aplicación de recursos en la búsqueda de fortalecimiento de los derechos de la infancia, y la participación de la comunidad en general para la sensibilización y protección de estos derechos, son algunas directrices que pueden ser sugeridas.

Se necesita articulación, consistencia y coordinación en las políticas sociales y económicas junto con mecanismos que garanticen una política presupuestaria y fiscal que asegure los derechos fundamentales de los niños y se esfuerce por mitigar la pobreza.

Permanecen muchos temas sobre la mesa de la infancia: la violencia en el hogar y la familia, la violencia en ambientes escolares, el cuidado y las instituciones de justicia, el trabajo y la comunidad¹⁰. En nuestro campo, grupos de menores que requieren especial cuidado deben ser considerados en análisis bioéticos específicos. Nos referimos a los niños en condición de discapacidad, con VIH, y los que son víctimas directas del conflicto armado, entre otros, deberán ser igualmente considerados.

Pero no cabe duda de que los problemas arriba considerados en relación con la pobreza, el hambre y el trabajo son el marco de mayor amplitud que engloba la violencia y el maltrato psicosocial comentado. Estos son factores permanentes cuya arista tiene un margen político de acción que puede ser eficaz, siempre y cuando haya la voluntad política de ejercer el contenido de las leyes existentes.

La gravedad de cada uno de los problemas relativos a la infancia favorece, en buena parte, el descuido de otros asuntos que comprometen temas comunes. Es necesaria una visión panorámica de aquellos campos o áreas que requieren de atención específica para poder resolver los problemas desde un punto de vista práctico a nivel legal, social y educativo. En el cuadro presentado en este trabajo pueden agruparse algunos de los principales problemas troncales.

Una bioética práctica, explícita en función de la infancia, debería incluir obligaciones éticas concretas tales como un sistema fiscal orientado a su protección y desarrollo, así como la atención médica obligatoria y la prevención de factores de riesgo de enfermedad o maltrato mediante la educación en escuelas de padres. Si apuntamos a un nuevo paradigma en el ejercicio práctico de la bioética, podremos superar la visión paternalista que a menudo acompaña los análisis sobre la infancia, y proponer una integración de factores sociales y culturales específicos que colaboren en la identificación de nuevos problemas cuyo análisis más refinado oriente nuestras políticas y nuestra legislación.

La infancia, considerada en general, es víctima no solo de maltrato en sentido burdo, sino también en campos aparentemente invisibles. Si se observa, una amplia gama de situaciones de estrés innecesario, modelos disciplinarios y olvido en general, afectan directamente a los menores, todo lo cual puede irrespetar sus derechos y su dignidad personal. En nuestro país tenemos una historia de protección legal de la infancia¹¹ que favorece estos objetivos pero, como lo hemos señalado, los resultados prácticos están todavía por construirse¹².

A pesar de estos esfuerzos, las consideraciones bioéticas sobre la infancia deben suscitar la necesidad de un trabajo coordinado que integre el sector educativo, de justicia y de comunidad en general, a fin de respetar la persona del niño y poder lograr un pleno despliegue y desarrollo equilibrado de su personalidad. Que se proteja y se le dé buen trato al menor significa no solo el ejercicio de un deber ético sino la posibilidad de que el hombre del mañana pueda ejercer su libertad y autonomía con plena responsabilidad.

² Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.

³ La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia o ENSIN 2005 se implementó con la asesoría de la OPS-OMS; se conformó un Comité Técnico constituido por Profamilia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia.

⁴ En el Informe de Unicef del año 2007 se documenta que cerca de 9,2 millones de niños y niñas, menores de 5 años, murieron en todo el mundo por causas que se pudieron evitar en gran parte. Algunas fueron provocadas por enfermedades tales como la neumonía, la diarrea y el paludismo. Otras se producen por causas indirectas, incluidos los efectos de los conflictos armados y el VIH/SIDA. La desnutrición, una higiene deficiente y la falta de acceso al agua potable y saneamiento adecuado contribuyen a más de la mitad de estos fallecimientos.

⁵ El marco jurídico de estas consideraciones se inscribe en Convención sobre los Derechos del Niño (1989), artículos 32 y 33, el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (1999), y el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo (1973).

⁶ Véase ONU, normas necesarias para la erradicación del trabajo infantil (CRC/C/15/Add.30) y Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999).

⁷ Alto al trabajo forzoso. Informe mundial confeccionado dentro del marco del seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, OIT, 2006.

⁸ La ONU ha expresado la preocupación de que las funciones judiciales y administrativas en asuntos de la infancia, incluido el nombramiento de jueces y defensores del niño y de la familia, dependan del ICBF, y de que esta situación constituya una violación de la norma internacional claramente establecida de la independencia del poder judicial e infrinja los principios y las disposiciones de la convención. La ONU expresó también su preocupación por la escasa intervención que hacen las instituciones colombianas para prevenir las violaciones de los derechos de los niños y por la poca protección directa de los niños contra estas violaciones.

⁹ Por ejemplo, la Constitución Nacional protege a los niños ante toda forma de abandono, de violencia física o moral, de secuestro o venta, de abuso sexual, de explotación económica y laboral, y de los trabajos riesgosos. El documento agrega que los menores gozarán de los derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados (art. 44). El Código de la Infancia y la Adolescencia, sancionado por la Ley 1098 del 2006, señala, en relación con los Derechos de Protección, que los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra la explotación económica, la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución, la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales. También los protege de la venta, la trata de personas, el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre o cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos (art. 20). Introduce procedimientos especiales ante casos de delitos, y asigna obligaciones sobre la prevención y detección de la explotación sexual (arts. 44, 46 y 89). Tenemos otros instrumentos de protección al menor en campos legislativos tales como el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes diseñado para el período 2006-2011. También dispone de un Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual, formulado en el 2007 por medio de la Ley 1146.

¹⁰ Recientes estudios como el World report on violece against children, de las Naciones Unidas, da cuenta del estado mundial de violencia contra la infancia. Véase Unicef, Compilación de observaciones finales del Comité de los Derechos del Niños sobre países de América Latina y el Caribe (1993-2006).
Disponible en http://www.unicef.cl/archivos_documento/196/compilacion_1993_2006.pdf. [Fecha de consulta: octubre de 2009].

¹¹ El control y la protección de la infancia en nuestro país se inició con la promulgación de la Ley de Protección de Menores en 1928, y siguió con la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1990, ratificada en el Congreso Nacional consagrando los derechos del niño y regulando integralmente las relaciones con la familia, la sociedad y el Estado. Otras leyes que complementan la protección de estos derechos de la infancia son la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley de Maltrato Infantil en 1994, la Ley de Filiación en 1998, la Ley de Delitos Sexuales en 1999 y la nueva Ley de Violencia Intrafamiliar a fines del 2005.

¹² Respecto al trabajo infantil, Colombia posee una reciente Estrategia nacional de erradicación del trabajo infantil y protección del joven trabajador (2007-2015), articulada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Juvenil; en este marco, se desarrolló el III Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Juvenil (2003-2006).

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