I. La cooperación del acreedor contractual en el ordenamiento colombiano

La doctrina ha defendido la funcionalidad del principio general de buena fe como norma modeladora del contenido contractual y fundamento de un conjunto de deberes impuestos por los cánones de lealtad y ética³. Normativamente, esta función integradora atribuida a la buena fe se sustenta en los artículos 1603 C. C. CO. y 871 C. CO. CO., cuya redacción es similar a la empleada en normas de otros ordenamientos jurídicos (§§ 157 y 242 BGB; art. 1546 c. c. ch.; arts. 9, 729 y 961 del Código Civil y Comercial de la Nación argentina; art. 1104 c. c. fr.).

La relectura de las obligaciones y del contrato a partir del principio de buena fe da como resultado el surgimiento y reconocimiento de "deberes de comportamiento a las partes", a partir de los cuales se da mayor relevancia a la lealtad, la solidaridad y la justicia contractual⁴. En general, se acepta que todo contrato entraña un deber implícito de colaboración, a partir del cual se exige que las partes se abstengan de lesionar el derecho de la otra parte a recibir los beneficios del contrato y, en cambio, se promueve que las partes adopten una actitud favorable a los intereses colectivos del contrato, independientemente de lo distantes que puedan estar sus intereses particulares⁵.

Se trata de exigencias implícitas que acompañan al ejercicio de los derechos, facultades y prerrogativas que el acreedor contractual ostenta en la relación obligatoria. En esta línea, es válido afirmar que el ordenamiento ha admitido la especial importancia que tiene que las partes obren conjunta y colaborativamente para el buen curso del contrato. No obstante, se han identificado tres significados de la noción de cooperación, a saber: (a) la cooperación como fundamento de la obligación; (b) la cooperación como deber general del contrato; (c) la cooperación del acreedor contractual en el cumplimiento, en sentido estricto.

A. La cooperación como fundamento de la obligación

Un primer significado considera la cooperación como el fundamento y finalidad de la relación obligatoria. Los autores que emplean este significado, usualmente, siguen las ideas planteadas en un comienzo por Demogue⁶ y Betti⁷. En este caso, la colaboración es vista en sentido axiológico, esto es, bajo la idea de que para la satisfacción de los intereses jurídicamente relevantes de los individuos se requiere la cooperación de otro sujeto. El contrato sería una pequeña asociación en la que cada uno debe trabajar hacia un propósito común que es la suma (o más) de los propósitos individuales perseguidos por cada uno. En Colombia, se justifica esta visión de la cooperación "en la imposibilidad de concebir, cada día menos, una economía natural, dada la especialización y el refinamiento en la oferta de bienes y servicios, que paulatinamente se ha ido extremando"⁸.

Adicionalmente, es preciso mencionar que bajo esta óptica la solidaridad se ha erigido como un pilar fundamental del ordenamiento jurídico (arts. 1 y 95, núm. 2, de la Constitución Política). Al respecto, la interpretación de la solidaridad, como valor constitucional, es también aplicable en el escenario contractual, de forma que existe la necesidad de considerar al contrato como una relación de cooperación, solidaria y respetuosa. Así, las obligaciones contractuales son vínculos de colaboración en los que los sujetos deben obrar conjuntamente para la satisfacción de los intereses⁹.

Esta posición supone un cambio respecto de la visión de la obligación como contraposición de intereses, para entender que la relación obligatoria exige de las partes una actitud de cooperación para la satisfacción de las expectativas de la contaparte¹⁰. La cooperación es un elemento esencial del contrato, según el cual se prefiere el interés contractual, dejando a los intereses particulares de las partes "en un segundo plano"¹¹.

La jurisprudencia y los laudos arbitrales han empleado en varios pronunciamientos el concepto de cooperación para evocar que las obligaciones y el contrato son expresiones de una vocación de ayuda entre los sujetos, esto es, que la colaboración se constituye como un fundamento teleológico de la relación jurídica. Así, el Tribunal cae-ce Barranquilla sostiene que el contrato, ya sea de naturaleza civil o comercial, es un medio para "procurar y regular la colaboración intersubjetiva", pues la finalidad o interés de una parte en el contrato está enlazada al "deber de colaborar" de su cocontratante, esto es, que la colaboración se verifica con el cumplimiento de sus propias obligaciones¹².

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia considera que el contrato es, por excelencia, un mecanismo de cooperación entre las partes, permeado por la buena fe¹³. De esta forma, la cooperación exige que las partes eviten, razonablemente, las posibles injusticias e inequidades, como las derivadas de la alteración sobrevenida del equilibrio económico contractual¹⁴.

Así, las partes de una relación obligatoria contractual no pueden seguir siendo consideradas de forma aislada, sino que, por el contrario, deben juzgarse como un conjunto, esto es, como el resultado de una multiplicidad de deberes, derechos y, en general, de relaciones activas y pasivas de diversa entidad y contenido¹⁵. Como se puede observar, tanto la doctrina como providencias judiciales han admitido que la cooperación sea tratada como un fundamento axiológico de la relación obligatoria y del contrato.

B. La cooperación de las partes como deber general

Un segundo significado hace referencia a la cooperación como deber general exigible a las partes en el contrato. En esta perspectiva, la cooperación hace referencia al conjunto de comportamientos que se imponen tanto al deudor como al acreedor contractual, con la finalidad de que el resultado final de la obligación resulte lo más ventajoso posible para ambos¹⁶.

Así, los sujetos de la obligación están llamados a comportarse de una manera que permita solucionar los conflictos (antes, durante o con posterioridad), siempre que ello no signifique un sacrificio excesivo para sus intereses¹⁷. Para Jaluzot¹⁸, este deber no ha podido "brillar en todo su esplendor", por falta de una base jurídica precisa, estable y sólida, pues da lugar a un amplio margen de decisión al juez para determinar si ha habido, o no, cumplimiento del contrato, así como para examinar la corrección de un comportamiento fáctico.

La cooperación suele ser definida como el deber "de tomar las medidas que estén a[l] [...] alcance para facilitar el cumplimiento de los compromisos contractuales de[l] [...] co-contratante" ¹⁹ y permitir a la otra parte disfrutar los beneficios económicos del acuerdo. Así, la cooperación tiene como finalidad la protección de los intereses contractuales, tanto de los propios como de "los de aquellos que se benefician o perjudican con [el] actuar"²⁰.

Por ello, se concreta a través de otras exigencias, tales como: i) información -por lo que una parte conocedora está llamada a suministrar a su cocontratante, que carece de conocimientos, la información objetiva, clara, oportuna, veraz y suficiente para poder adoptar decisiones-; ii) consejo -que implica, además, realizar una valoración de la información objetiva a su alcance-; iii) fidelidad -relativa a la ejecución leal, privilegiando siempre los intereses del cocontratante-; iv) mitigación del daño (duty to mitigate)²¹; v) renegociación de un contrato que se ha visto afectado por circunstancias imprevisibles que lo hacen excesivamente oneroso²², o vi) sanción a la parte que en una disputa rechace una oferta de negociación que el juez considere adecuada de acuerdo con el caso particular²³.

La jurisprudencia y los laudos arbitrales advierten la existencia de un "deber general de cooperación", aplicable a todas las partes y momentos de la relación contractual. Un laudo arbitral de 31 de agosto de 2000 reconoce este deber como una exigencia amplia, aplicable a ambas partes contratantes y a todo tipo de contratos, a partir de la cual se desprenden otras exigencias más concretas, como la necesidad de impartir directrices o de que la parte más cualificada dé instrucciones a la otra, sin que ello signifique la existencia de subordinación o se afecte la naturaleza del contrato en sí mismo²⁴.

A su turno, la Corte Suprema de Justicia declaró que el "deber de cooperación" es una "exigencia ético-social" por la cual una persona debe comportarse activa y lealmente para con los intereses de los demás²⁵. Igualmente, un laudo de 26 de abril de 2013 indicó que el "derecho de obligaciones [...] resalta el deber de lealtad y corrección, que en ocasiones es también de colaboración, que pesa parejamente sobre ambos sujetos de la relación crediticia", como derivados propios del principio de buena fe²⁶. En otras palabras, entre las partes debe primar una mutua colaboración de forma que ninguna de ellas resulte sorprendida o perjudicada por acciones u omisiones causadas a sus espaldas, que pueden hacer más onerosa la respectiva obligación²⁷.

En este sentido, la cooperación es un concepto abstracto que sirve como fundamento para un conjunto heterogéneo de comportamientos esperados de las partes durante la vida del contrato. No obstante, como se ha analizado, esta concepción encierra un conjunto amplio de exigencias que abarcan desde el deber de información precontractual, el de apoyar el cumplimiento, deberes de información, la fundamentación de la teoría de los actos propios e, incluso, el deber de mitigar los posibles daños ante el incumplimiento. Igualmente, este "deber general de cooperación" exige a las partes del contrato -de forma independiente a la posición que ocupan en las obligaciones que de este surjan- algún grado de cooperación para que los intereses comunes y particulares se vean satisfechos.

C. La cooperación necesaria del acreedor contractual para el cumplimiento

Una tercera acepción del término cooperación, también denominada "cooperación del acreedor contractual en el cumplimiento en sentido estricto"²⁸- se refiere a aquellas situaciones en las cuales la ejecución de las obligaciones contractuales requiere de la participación o actuación del acreedor, pues el deudor no puede -o le es considerablemente más difícil- cumplir sin dicha participación²⁹.

En Colombia, un sector de la doctrina ha reconocido que la cooperación del acreedor contractual en el cumplimiento del contrato es una exigencia de un comportamiento para que contribuya, apoye, ayude o facilite el cumplimiento del deudor³⁰. Esta perspectiva implica que el acreedor deba ejecutar actuaciones no previstas expresamente en el contrato, modificar su propio comportamiento, tolerar que la otra parte modifique su cumplimiento, dar aviso de ciertos acontecimientos y, especialmente, abstenerse de todo acto u omisión que pueda tener por consecuencia privar a la otra parte de beneficios o ventajas propias del contrato o que agrave injustificadamente el resultado³¹.

Así, no se considera justo que el acreedor contractual "haga más difícil o costoso el cumplimiento" del deudor, por lo que está llamado a facilitar y ayudar para que el deudor ejecute la prestación y se libere de la deuda, así como a no agravar el empeño del deudor en la realización de la obligación. No obstante lo anterior, causa especial inquietud que algunos autores opten por restringir el alcance del concepto al limitarlo únicamente a la necesidad del acreedor de facilitar el pago, ya sea mediante la recepción de la prestación o acudiendo a un lugar cuando la prestación no pueda realizarse sin su presencia³².

También es posible identificar algunas sentencias que han concebido la cooperación del acreedor como un elemento necesario y relevante para el pleno cumplimiento del contrato. Así, en laudo de 2 de septiembre de 2009 se aborda el conflicto por el incumplimiento en la fecha de entrega de una estación compresora de gas, en el marco de un contrato de enajenación de activos y cesión de derechos y contratos. En su análisis, el tribunal destacó que las partes deben ser conscientes y conocedoras de que el logro de los diversos objetivos contractuales entraña esfuerzos conjuntos e identificó que una causa para el retraso en el cumplimiento fue que el comprador demoró varios días la entrega de un filtro que el vendedor solicitó en préstamo para el cumplimiento del contrato³³.

Así, consideró el tribunal que "no son de recibo conductas omisivas o que demuestren indiferencia o desidia ante los pedidos o necesidades de colaboración de su contraparte, máxime cuando la colaboración de una parte resulte importante o determinante para que esta pueda lograr el cumplimiento de sus obligaciones". Adicionalmente, destaca que el "deber de cooperar [...] exigible a las partes contractuales [implica] la realización de sus mejores esfuerzos, en cuanto dependa de ellas o se halle dentro de la esfera de sus capacidades, [...] en función de lograr los objetivos contractuales, obviamente sin que altere la distribución de obligaciones contractuales de las partes". Por ello, no encontró exagerada la solicitud de préstamo de un filtro planteada por el deudor, pues, dadas las circunstancias, era la única vía posible para que este pudiera cumplir con el cronograma establecido.

En su laudo de 26 de julio de 2013, el Tribunal CAC-CC Cali considera que la colaboración es una exigencia del contrato, se halle o no expresamente incorporada al clausulado³⁴. El laudo evidencia que la no finalización de las obras se debió a que el contratante solicitó tardíamente el permiso de intervención y la entidad estatal competente no lo otorgó. Al respecto, el laudo destaca que el acreedor contractual está obligado a realizar "todo cuanto sea necesario, se haya dicho o no", para asegurar que la otra parte pueda cumplir con su obligación. El laudo advierte que la parte que pretenda exigir la responsabilidad del otro por una conducta alejada del contenido obligacional de un contrato debe demostrar, además del incumplimiento de su cocontratante, que ha cumplido con sus propias obligaciones y ha observado una conducta de cabal colaboración y disposición para con el otro.

Finalmente, en laudo de 18 de julio de 2014, el tribunal considera que el "deber de cooperación" exige que una parte, más allá de las diferencias de intereses, facilite el cumplimiento de la legítima expectativa del cocontratante, que abarca tanto el no dificultar la ejecución de la otra parte como el facilitar la satisfacción del interés ajeno³⁵. El laudo destaca que la cooperación no puede estudiarse de forma abstracta, sino que ha de apreciarse de acuerdo con la realidad del contrato y las condiciones en las que se celebró. En el caso, se identificaron dos manifestaciones: por una parte, el deber del comprador de entregar planos completos de ingeniería de diseño antes de la orden de compra para permitir la fabricación de las piezas; y, por la otra parte, el deber del comprador de comunicar los cambios en el diseño durante la ejecución.

De lo anterior es posible afirmar que, a pesar de las diferentes expresiones con que se suele emplear la noción de cooperación en los pronunciamientos judiciales y arbitrales en Colombia, existe una tendencia a reconocer la exigencia de algún grado de cooperación al acreedor contractual de la relación obligatoria. De tal forma que este no puede actuar con absoluta pasividad, esperando los esfuerzos del deudor, sino que está llamado a desarrollar un rol activo en el cumplimiento y la satisfacción de los intereses de las partes.

La noción de cooperación del acreedor para el cumplimiento se manifiesta cuando para la ejecución de la obligación es necesario el concurso de la parte activa (acreedor), pues, en caso de no efectuarse, el deudor no puede lograr -o se le hace más difícil u oneroso- el cumplimiento. En este sentido, la cooperación del acreedor contractual hace referencia a aquellos actos razonables y esenciales que ha de realizar el acreedor para que el deudor pueda llevar a cabo, con plenitud, el cumplimiento de una obligación contractual.

II. La cooperación del acreedor contractual desde la perspectiva de los instrumentos del derecho moderno

Para los instrumentos internacionales de modernización, el contrato es un proyecto común en el que las partes están llamadas a trabajar conjunta y cooperativamente para que se alcance el fin del contrato. De tal forma que el contenido de la relación obligatoria va más allá de los límites de la mera prestación, incorporando todos aquellos elementos que sean necesarios para la satisfacción de los intereses -particulares y comunes- de estas³⁶. Los instrumentos modernos exigen a las partes contratantes que observen un comportamiento que favorezca el interés del contrato, así como una recíproca colaboración para la ejecución completa, fiel y oportuna de los actos inherentes al contrato.

En este sentido, los instrumentos del derecho moderno constituyen un modelo en el reconocimiento del deber de cooperación, pues incluyen disposiciones concretas que lo consagran o lo desarrollan. Así mismo, la llamada a estas disposiciones y los progresos en su concreción dan cuenta de la importancia de la sistematización de la cooperación necesaria de las partes, en general, y del acreedor contractual, en particular. A partir de lo anterior se han identificado diferentes situaciones que deben abordarse en relación con las disposiciones relativas a la colaboración del acreedor: primero, el caso de los instrumentos que tienen la cooperación como un principio subyacente a sus disposiciones (A); segundo, los instrumentos que incorporan una exigencia general de colaboración (B); tercero, la regulación en algunos instrumentos de manifestaciones o situaciones específicas que establecen un abanico de comportamientos esperados por parte del acreedor (C).

A. La colaboración como principio subyacente

Los primeros instrumentos no incluían disposiciones explícitas sobre la colaboración de las partes. No obstante, no se puede afirmar únicamente por esta razón que la cooperación no haya sido contemplada de ninguna manera, ya que los cuerpos normativos pueden basarse en instituciones jurídicas que, en ocasiones, no se incluyen en el texto³⁷. Este es el caso de la CISG. Entonces, resulta ilustrativo referirse al artículo 7(2), que al abordar la cuestión de la integración normativa de la Convención hace un llamamiento expreso a "los principios generales en los que se basa la presente Convención"³⁸. Así, estos deben ser interpretados y, en caso de ser necesario, complementados sobre la base de los pilares o fundamentos que subyacen a sus disposiciones específicas. El problema radica en que la Convención no determinó o definió cuáles eran estos "principios generales"³⁹. Por tanto, es necesario preguntarse si la colaboración de las partes, y, en concreto, la que se espera del acreedor contractual, puede considerarse como un principio subyacente en la CISG.

A modo de respuesta, Bonell resalta que la exigencia según la cual cada una de las partes está obligada a cooperar con la otra para permitir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en la medida en que dicha cooperación sea necesaria, es un principio subyacente de la CISG⁴⁰. En similar sentido, Kritzer reconoce -en su acercamiento a la estructuración de una lista no exhaustiva de principios en la CISG- la trascendencia de que las partes presten la colaboración que razonablemente se requiera en la realización de los pasos entrelazados de una transacción de compraventa internacional⁴¹. Por su parte, Uncitral reconoce que la cooperación de las partes y la necesidad de intercambiar información relevante para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones es una obligación general de los contratos derivada del principio de buena fe⁴².

En relación con la cooperación, Honnold⁴³ sostiene que la CISG reconoce la importancia de la cooperación necesaria de las partes para la ejecución de un contrato de compraventa internacional con fundamento en diferentes disposiciones, entre las cuales menciona: (i) la obligación del comprador de recibir y tomar el control (taking delivery) de las mercancías (art. 60 CISG); (ii) la obligación del vendedor de suministrar información sobre el seguro, cuando el comprador no esté obligado a contratarlo (art. 32(3) CISG); (iii) la imposibilidad de ejecutar remedios por incumplimiento durante el plazo adicional razonable, solicitado por el vendedor respecto del cual no se pronunció el comprador (art. 48(2) CISG), (iv) la posibilidad del vendedor de fijar las características de las mercancías cuando estas no han sido informadas por el comprador (art. 65 CISG); (v) el deber de las partes de comunicar los impedimentos al cumplimiento de sus obligaciones, so pena de indemnizar los daños que puedan causar (art. 79(4) CISG); (vi) la exoneración de responsabilidad cuando el incumplimiento es causado por la otra parte (art. 80 CISG), y (vii) la obligación de conservación (arts. 85 a 88 CISG)⁴⁴.

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que la Convención reconoce como un principio general la colaboración de las partes para lograr un cumplimiento efectivo en las transacciones de compraventa internacional. Aunque la doctrina ha encontrado difícil especificar o anticipar la totalidad de las situaciones que podrían estar sujetas a la exigencia de cooperación.

B. La cooperación como exigencia general

La mayoría de estos instrumentos han incorporado una exigencia general a las partes contratantes de observar una recíproca colaboración en todas las fases o etapas del contrato. En este apartado se estudian las disposiciones que incorporan expresamente una exigencia general de colaboración del acreedor contractual en instrumentos como los Principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales (PICC), los Principios Europeos de Derecho de Contratos (PECL) y el Draft Common Frame of Reference (Marco Común de Referencia, DCFR).

En primer lugar, los PICC establecen en el artículo 5.1.3, ubicado en la sección dedicada al contenido del contrato, que "cada una de las partes debe cooperar con la otra cuando dicha cooperación pueda ser razonablemente esperada". Para este instrumento, un contrato no es un simple punto de concordancia de los intereses y la voluntad de las partes, sino que también "to a certain extent, be viewed as a common project in which each party must cooperate".

Los PICC declaran que la cooperación entre las partes está sustentada en la buena fe en la ejecución de los contratos (art. 1.7)⁴⁵, aunque han centrado su rol en ser un elemento integrador del contrato⁴⁶. De esta forma, todo contrato incorpora un mandato general a las partes para que cooperen⁴⁷, el cual puede referirse a la obligación de informar a la otra parte de los eventos que puedan comprometer el correcto cumplimiento del contrato o el facilitar la ejecución del contrato por la otra parte⁴⁸.

A su turno, los PECL incorporan los deberes generales a partir de los cuales se estructura el régimen general del contrato. En este sentido, consagran tanto el principio de buena fe y lealtad negocial (art. 1:201 PECL) como el duty to cooperate (art. 1:202 PECL), según el cual cada parte debe a la otra su colaboración para que el contrato surta plenos efectos⁴⁹. Para los PECL, cada parte tiene sus propias obligaciones según el contrato, de tal forma que para evaluar si el deber de cooperar se ha cumplido debidamente, es necesario analizar el equilibrio de las obligaciones de las partes, la situación de hecho y el resultado final, es decir, si este fue alcanzado o no lo fue debido a la falta de cooperación de una de las partes⁵⁰.

Igualmente, el Capítulo I del Libro III del DCFR ("Obligations and corresponding rights") incorpora las disposiciones generales de las obligaciones que se aplican, sea su fuente contractual o no. En este contexto, establece que la buena fe y la lealtad son un estándar de comportamiento para las partes en el cumplimiento y ejecución de las obligaciones, en el ejercicio de los derechos, en la búsqueda o la defensa de un recurso por incumplimiento, y en el ejercicio de un derecho de suspender la obligación o relación contractual (III. 1:103 DCFR).

Asimismo, incorpora el reconocimiento explícito de la cooperación como una obligación inherente al contrato, siempre que razonablemente pueda esperarse para el cumplimiento por parte del deudor (lll.-1:104 DCFR). Como consecuencia de esto, la cooperación no debe limitarse únicamente al concepto negativo, como la obligación de no poner en peligro el cumplimiento adecuado del contrato. Más bien, al igual que ocurre con la buena fe, constituye un requisito activo de comportamiento por parte de las partes, definiendo lo que se espera de ellas en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Por ejemplo, puede incluir la obligación de informar a la otra parte sobre eventos que puedan comprometer el adecuado cumplimiento del contrato, según el artículo 7.1.7(3) PICC.

La comparación de la redacción de los diferentes instrumentos muestra una evolución, ya que los más recientes (PECL y DCFR) incluyen la cooperación como una disposición general del derecho de contratos, mientras que los PICC la consagran en lo que respecta al contenido del contrato⁵¹. Igualmente, la redacción de estos instrumentos establece que la cooperación está orientada a dar plenos efectos al contrato, lo que le otorga un ámbito de aplicación más amplio. Finalmente, es pertinente destacar que el numeral lll.-1:103 DCFR evidencia un paso adelante al consagrar una "obligation to cooperate", a diferencia del "duty to cooperate" establecido en los Principios Unidroit y los PECL.

Así, el deber de cooperación es aplicable a todos los contratos, aunque se considera especialmente relevante en los contratos de tracto sucesivo de larga duración, pues la satisfacción de los intereses de los contratantes exige la mutua colaboración para superar las dificultades que puedan surgir⁵². Sin embargo, no se trata de una exigencia absoluta, sino que se limita su aplicación a aquellas situaciones en las que "dicha cooperación pueda ser razonablemente esperada". Para Pulido Begines⁵³, la razonabilidad se establece como límite de la cooperación, lo cual implica la existencia de un interés particular que no puede verse mermado en aras del interés general del contrato ni llegar a alterar la distribución de deberes de las partes para el cumplimiento del contrato. De esta manera, se garantiza un equilibrio entre el "interés común" y los respectivos "intereses particulares" de los contratantes⁵⁴.

En este contexto, el alcance de la obligación de cooperación depende de la naturaleza del contrato. Por ejemplo, los contratos de servicios o de mandato requieren una cooperación más intensa entre las partes en comparación con contratos en los que las partes poseen intereses más opuestos o antagónicos, como en el caso de la compraventa. Además, el objeto del contrato también resulta relevante, ya que puede influir en la necesidad de una mayor o menor cooperación de las partes. Por ejemplo, se requiere un alto grado de colaboración en contratos de prestación de servicios relacionados con tecnologías de la información debido a su alto contenido técnico o a la elaboración de entregables personalizados⁵⁵.

En este sentido, de la cooperación se pueden derivar exigencias concretas de comportamiento para las partes (implicit obligations)⁵⁶ que -aunque no se encuentren consagradas específicamente en el contrato- han de ser tenidas en cuenta al momento de juzgar la ejecución del contrato⁵⁷. También, ha de tenerse como criterio subjetivo complementario que ha de ser tenido en cuenta a la hora de determinar el alcance y contenido de las disposiciones contractuales⁵⁸.

En el case law, los tribunales -referenciando especialmente la norma pertinente de los Principios Unidroit- han reconocido el "deber de cooperación" como un elemento integrador del contrato a partir del cual se originan exigencias concretas derivadas de la buena fe, como se menciona a continuación.

En un laudo arbitral de la ICC de diciembre de 2000 se aborda el estudio sobre la validez de un contrato para la venta de electricidad entre dos empresas colombianas, que no fue inscrito en el registro público⁵⁹. En concreto, indica que el "deber de cooperar" implica, entre otras cosas, la exigencia de realización de los actos necesarios para el cumplimiento del contrato, cuya inejecución conlleva una responsabilidad. No obstante, el laudo aclara que el deber de cooperar está confinado dentro de ciertos límites, con el fin de no alterar la distribución de tareas en la ejecución del contrato. Para el Tribunal ICC, la inscripción del contrato en el registro público -gestión necesaria para la transmisión de los derechos de propiedad al comprador- es una acción conjunta y necesaria de las partes, derivada del deber de cooperación y del principio de buena fe (art. 871 c. co. co. y art. 5.1.3 Principios Unidroit).

En un laudo italiano de 1 de marzo de 2008 se declara la existencia de una obligación contractual de cooperación entre las partes en el contexto de un acuerdo marco para el suministro de componentes de acero. Esta obligación no solo emana del texto del contrato, sino que también se deriva del principio de buena fe⁶⁰. Específicamente, el tribunal determina que el vendedor incumplió el contrato al negarse a proporcionar cotizaciones relativas a ciertos componentes solicitados por las empresas compradoras. Esta negativa prácticamente obligó al comprador a adquirir los componentes de terceros, lo que impidió el cumplimiento de los mínimos de compra acordados en el acuerdo.

Como se evidencia de todo lo anterior, la colaboración se reconoce como un deber-obligación, a partir del cual los instrumentos del moderno derecho derivan exigencias concretas de comportamiento del deudor y el acreedor, aunque no se encuentren consagradas específicamente en el contrato. La cooperación se erige como un elemento central en la interpretación, ejecución y evaluación del cumplimiento de las partes en el contrato.

C. La cooperación como exigencia en los contratos que involucran obligaciones de hacer

El reconocimiento de la necesaria cooperación del acreedor en la fase ejecutiva del contrato en los instrumentos del derecho moderno no se ha limitado a la consagra ción de una exigencia general. Por el contrario, algunos de los textos del derecho moderno que abordan la regulación específica de los contratos han incorporado normas especiales sobre la cooperación necesaria del acreedor según el tipo contractual⁶¹.

Estas exigencias se justifican en el hecho de que la cooperación se vuelve más fuerte y necesaria en aquellos contratos que involucran obligaciones de hacer, esto es, cuya ejecución implica el desarrollo de una actividad (por ejemplo, los contratos de servicios, los contratos de mandato y los contratos de agencia, franquicia y distribución). Al respecto, los instrumentos explican que las particularidades de determinados contratos requieren la inclusión de disposiciones que precisen algunas situaciones de colaboración de las partes, sin que puedan entenderse como listas cerradas⁶².

Ahora bien, aunque podría debatirse la necesidad de incluir disposiciones es-peciales⁶³, se considera que existen dos aspectos para justificar su inclusión: (i) en estos contratos, la necesidad de cooperación es más intensa que en el resto de los contratos, pues la ejecución de cada parte depende en gran medida del comportamiento de la otra parte para alcanzar los objetivos e intereses contractuales; y, (ii) la mayoría de las disposiciones especiales hacen referencia a las manifestaciones concretas de cooperación a las que las partes están obligadas, según la naturaleza de los contratos. En este sentido, las exigencias especiales buscan dar un paso adelante en la delimitación del contenido de la cooperación.

En cuanto a los contratos de servicios y mandato, por lo general, se regulan de forma independiente, a pesar de que comparten elementos claramente comunes⁶⁴. Más allá del debate sobre la estructura de estos contratos, tanto los Principios de Estándares Europeos de Contratos de Servicios (PEL se) como los Principios de Estándares Europeos de Contratos de Mandato (PEL MC) y el DCFR han incorporado disposiciones en las cuales se expresa la importancia de la colaboración entre las partes. En este sentido, la cooperación resulta esencial en este tipo de contratos, ya que sin ella no se puede lograr el resultado esperado⁶⁵.

Esta máxima ha sido recogida en la regulación del contrato de servicios en diferentes instrumentos, imponiendo una obligación bidireccional que exige la coordinación de esfuerzos entre el cliente y el prestador del servicio para que el contrato alcance el resultado (1:104 (1.e) PEL se y num. IV.C. 2:103 (1.e) DCFR). Esto es, que la ejecución del contrato depende de conductas entrelazadas de ambas partes.

Los contratos de servicios y mandato representan un proceso dinámico que se materializa de manera progresiva, durante el cual pueden surgir diversas circunstancias que requieran la cooperación y colaboración de las partes⁶⁶. Por lo tanto, los instrumentos han incorporado delimitaciones sobre el alcance de la colaboración del acreedor contractual, aportando un nuevo contenido normativo que va más allá del enfoque tradicional de regulación.

En este sentido, se identifican diferentes obligaciones concretas de colaboración aplicables a los contratos de servicios y mandato, que se sintetizan a continuación: (i) La obligación del cliente/mandante de suministrar la información razonable y necesaria que sea requerida por el prestador del servicio/mandatario en el momento de la celebración del contrato para el adecuado cumplimiento del contrato; (ii) La obligación del cliente/mandante de impartir las instrucciones o directrices para la ejecución de las obligaciones del prestador del servicio/mandatario, en el momento que así lo imponga el contrato o cuando el prestador del servicio lo solicite; (iii) La obligación del cliente de solicitar y obtener los permisos o licencias, en un plazo razonable, cuando así se haya determinado contractualmente o si el proveedor de servicios no puede obtener el permiso requerido; y, (iv) La obligación del cliente/ mandante de dar acceso al lugar del servicio y facilitar los medios, gastos, componentes, materiales o herramientas, si así le corresponde.

En este punto es preciso destacar que el esquema obligacional anterior se ha fundamentado en las exigencias incorporadas normativamente. Sin embargo, no puede considerarse un numerus clausus o una lista exhaustiva de las obligaciones que comprenden la cooperación del acreedor en los contratos de servicios y mandato⁶⁷.

Respecto de los "vertical agreements", enmarcando en esta categoría los contratos de agencia, franquicia, distribución y demás contratos similares⁶⁸, los instrumentos establecieron una disposición general de cooperación según la cual las partes deben colaborar activa y lealmente, así como coordinar sus respectivos esfuerzos para alcanzar los objetivos del contrato, sin que puedan derogar o limitar sus efectos por acuerdo de las partes.

Así, estos instrumentos han puesto de manifiesto que la cooperación es un elemento esencial en los contratos comerciales a largo plazo, como los de agencia, franquicia y distribución comercial, ya que el éxito de cada parte depende en gran medida de la colaboración de la otra. Sin embargo, es importante destacar que el deber de cooperación implica la realización de esfuerzos razonables, sin imponer al acreedor contractual la obligación de hacer sacrificios excesivos o injustificados que claramente perjudicarían sus intereses legítimos.

Ahora bien, es evidente que una parte no está obligada a actuar en contra de sus propios intereses, por lo que la exigencia de cooperar activa y lealmente tiene como objetivo alcanzar situaciones beneficiosas para ambas partes. En este sentido, la cooperación implica que los contratantes deben tratar a sus agentes comerciales, franquicias y distribuidores de manera equitativa, sin realizar distinciones injustificadas, tanto en la fase precontractual como durante la ejecución del contrato⁶⁹.

De hecho, las obligaciones específicas que se detallan en la reglamentación de los contratos pueden considerarse como casos específicos de la obligación general de cooperar activa y lealmente, por ejemplo: suministrar la información pertinente y necesaria para la ejecución del contrato (arts. 3:205 PEL CAFDC, IV.E.-2:202, IV.E.-3:203, IV.E.-3:307 DCFR, IV.E.-4:205, IV.E.-4:302 DCFR, IV.E.-5:202 y IV.E.-5:302 DCFR); brindar asistencia y asesoría en la promoción y venta (art. 3:203 PEL CAFDC, lV.E.-4:203 DCFR); impartir directrices e instrucciones (art. 3:203 PEL CAFDC, IV.E.-3:202 DCFR), entre otras.