Introducción

El presente artículo es el resultado de la indagación de un colectivo ciudadano, conformado por un grupo interdisciplinar de profesionales, sobre las particularidades del proceso de metropolización en la Sabana Centro y las posibilidades de la Región Metropolitana en el eje específico conformado por los municipios de Chía, Cota y Cajicá. No se trata de un artículo académico tradicional, que resulta de un proceso riguroso de años de investigación. No nos remitimos a fuentes únicamente académicas sino también a nuestras vivencias, observaciones, saberes y experiencias como colectivo ciudadano en red con colectivos de toda la Sabana Centro y como habitantes de los municipios en mención.

El objetivo del artículo es presentar una perspectiva de análisis y una propuesta de acción sobre un territorio específico de la recién constituida Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca, como aporte en el marco del proceso de formulación de la Ley Orgánica que regirá la mencionada Región Metropolitana.

El principal referente conceptual de este documento es el concepto de metropolización, entendida como un proceso de transformación de escala de lo urbano, tendiente a la conformación de una región de amplia extensión donde los municipios alrededor de una gran ciudad presentan tasas de crecimiento demográfico mayores que esta, mientras aumentan su superficie construida y reciben la implantación de centros comerciales, parques industriales, parques temáticos y barrios cerrados (^{Santana, 2013}).

En el caso de la Sabana de Bogotá, aunque apenas se ha propuesto la creación de una figura de gobernanza y de planeación metropolitana para Bogotá y los municipios de Cundinamarca (Acto legislativo N.° 2, 2020), lo cierto es que la metropolización existe de hecho, la influencia de Bogotá sobre sus municipios cercanos, y la dependencia de estos de los empleos y servicios de la capital, se sigue expandiendo sin ninguna coordinación, sin planeación y con múltiples problemas, impactando las funciones y relaciones de los municipios involucrados.

En efecto, cada municipio metropolitano va adquiriendo nuevas funciones en repuesta a las necesidades de la ciudad, las cuales pueden ser de diverso carácter. Así, por ejemplo, en el caso de Chía, Cajicá y en menor medida de Cota, desde la década de 1980 estos se han convertido en municipios dormitorio. De la misma manera, y como consecuencia de lo anterior, se van generando drásticas variaciones en la forma física de los municipios involucrados por el proceso de metropolización (^{Muñoz, 2017}).

Metropolización de la Sabana Centro eje Cota-Chía-Cajicá

Para analizar cómo se expresa y cuáles son las implicaciones de la metropolización sobre los territorios, estudiamos el caso de los municipios de Cota, Chía y Cajicá.

Abordaremos los tres municipios como una pieza espacial específica y de importancia estratégica para la naciente región metropolitana. Entre las particularidades que hacen interesante este trinomio está: 1) su ubicación en el primer anillo de influencia de Bogotá actúa como el límite entre Bogotá y la Sabana Centro; 2) además de hacer parte de la cuenca alta del río Bogotá, comparten el mismo sistema orográfico conformado por los cerros de Torca y la Valvanera (Chía), Cerro Majuy y Manjui (Cota), Cerro Montepincio (Cajicá); 3) se relacionan de manera directa con el Sistema Vial Regional, así:

Carretera central del Norte (Bogotá-Tunja), autopista Medellín, y regionales: vía Chía-Girardot (eje Zipaquirá-Sabana de occidente), las cuales sumadas a las vías intermunicipales: vía Siberia-Tenjo, variantes Suba-Cota, Chía-Cajicá, se convierten en uno de los principales factores explicativos de las fuertes interacciones socioespaciales entre estas entidades territoriales. (Cristancho, 2010, p. 44)

4) El uso residencial del suelo predomina en estos municipios, especialmente en Chía y Cajicá, con un crecimiento importante en Cota, como lo demuestra el estudio del IDOM (2019). Estos usos residenciales enfocados en poblaciones de ingresos medios y altos implican la demanda y consecuente aumento de universidades; colegios campestres; y servicios recreativos privados, como clubes, restaurantes y bares localizados sobre los principales corredores viales, los cuales adquieren gran dinamismo por la actividad de fin de semana de ciertos sectores de la población (Cristancho, 2010, p. 52) (figura 1).

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Caso de estudio Cota-Chía-Cajicá 

Antecedentes del proceso de metropolización

La urbanización de la ciudad de Bogotá ha sido un proceso histórico de largo alcance que ha presentado una aceleración desde mediados del siglo XX (^{Bellén, 2015}; ^{Molina, 2017}; ^{Santana, 2013}). Durante la década de 1970, con la adopción del plan de desarrollo de las cuatro estrategias, se fomentó la migración del campo a las ciudades y se impulsó el sector de la construcción de viviendas subsidiadas o con financiación privada para la clase media como estrategia dinamizadora de la economía. En el marco de este programa se legalizaron como intermediarios financieros, bancos y nuevas entidades de ahorro, mientras los constructores aumentaron su importancia en la toma de decisiones de la ciudad (^{Alfonso, 2012}).

Las implicaciones de estas decisiones fueron notorias en el crecimiento urbano de Bogotá y en su expansión por fuera de sus límites administrativos, en los albores de lo que sería el proceso de metropolización que inició hacia el Sur, en el municipio de Soacha, ubicado sobre el eje de la autopista sur. Allí desde mitad del siglo XX se presentaba un crecimiento importante y hacia la década de 1970 se fortalecieron las relaciones comerciales con Bogotá y se recibió formalmente el servicio de acueducto por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad, "conformando así un área metropolitana funcional, por lo menos en lo que a perímetro sanitario se refiere" (^{Pinzón Rueda, 2012}, p. 120).

La dinámica fue completamente diferente en el borde norte de Bogotá, y sus municipios colindantes (^{Osorio Ardila, 2019}), que históricamente habían sido de vocación productiva y abastecedora de la ciudad, por contar con suelos de capacidad agrológica II, es decir los más fértiles de la región (^{Van der Hammen, 1998}; IEU & CAR, 2011).

Estudios de la Corporación Autónoma Regional (CAR) (1986), demuestran que a pesar del rol de primacía urbana nacional y regional de Bogotá, para finales de la década de 1980 en la Sabana coexistía un conjunto de subsistemas urbanos diversificados con importantes funciones y autonomía en torno de núcleos bien definidos con capacidad para generar empleo y prestar servicios a su zona de influencia. En el mencionado estudio se identifican ocho subsistemas, entre estos el denominado Zipaquirá (Subregión Zipaquirá Centro) del cual hacía parte el eje Cota-Chía-Cajicá, y al cual la CAR definía como "el subsistema más complejo y completo, el de mayor autosuficiencia, con la base económica más diversificada y el mayor crecimiento poblacional" (CAR, 1986, p. 78).

Este subsistema se articulaba alrededor de Zipaquirá y Chía como eje principal y secundario respectivamente, que prestaban servicios especializados, tanto urbanos como rurales. En Zipaquirá destacaban las actividades mineras y las industrias pasteurizadoras, en Chía se menciona el acopio de cereales, pasteurización de leche y floricultura. Por su parte, Cajicá era el principal centro acopiador de leche y Cota se especializaba en la industria de bienes intermedios. A propósito de este subsistema en el estudio se afirmaba:

La proliferación de industrias de transformación, logra que la mayoría de los productos agropecuarios y mineros, con ese destino, sean procesados al interior del subsistema, con la consiguiente aparición de relaciones urbano-rurales de calidad y cantidad suficientes para generar alto grado de autonomía y el desarrollo urbano más importante de la región. De otra parte, es la zona más diversificada en cuanto al aprovechamiento de recursos mineros como sal, carbón, arenas especiales, hierro y materiales de construcción. (CAR, 1986, p. 78)

De modo que, para el área de estudio, las dinámicas productivas agropecuarias y la industria de alimentos tuvieron un papel fundamental hasta bien entrada la década de 1990. Estas dinámicas implicaban la existencia de empleos para la mano de obra local, de modo que la dependencia de puestos de trabajo de Bogotá en este subsistema no era la más importante de la región, como se aprecia en la siguiente tabla.

La tabla 1 ilustra el porcentaje de trabajadores conmutando en cada uno de los subsistemas de la región (columna 1) y hacia dónde se movilizaban (demás columnas). Para el caso del subsistema que nos compete, denominado Zipaquirá, resalta que la mayoría de los trabajadores se movilizaban dentro del mismo municipio o del mismo subsistema, mientras solamente el 19,93% trabajaba en Bogotá y solo el 1,32 en otros subsistemas.

De la tabla 1 también es interesante que los subsistemas con mayor conmutación hacia Bogotá en 1984 eran Soacha-Sibaté y Facatativá, reafirmando lo mencionado anteriormente sobre una metropolización más temprana hacia el sur de la Capital. Por último, se resalta que además de la relación del subsistema Zipaquirá con Bogotá, aunque en una proporción mucho menor, el subsistema Facatativá era el que más relación tenía con el de Zipaquirá (1,52%) y viceversa (0,44%), en términos de porcentaje de trabajadores conmutando entre estos.

Además del dinamismo de los subsistemas urbanos mencionados, para los municipios de interés de este artículo es importante resaltar que, para la década de 1980, así como la población no dependía principalmente de los empleos producidos en Bogotá, sus procesos de urbanización y suburbanización aún eran incipientes. Esta última afirmación se puede constatar en el estudio de Évelyne ^{Mesclier (2005}).

La autora se preguntó cómo era posible que casi medio siglo después del inicio de la expansión de Bogotá, las tierras del norte aún no estuvieran urbanizadas. A partir de un análisis de fotografías aéreas, Mesclier identificó que gran parte de las áreas sin urbanizar correspondían a las tradicionales haciendas de la Sabana y a partir de un análisis histórico y sociológico, concluyó que la disminución de las actividades agrícolas en la Sabana de Bogotá y su transformación en praderas no obedecería simplemente a dinámicas de la especulación inmobiliaria, de engorde de los terrenos. Sino más bien, a una "resistencia de la gran propiedad agropecuaria al avance de la ciudad" (Mesclier, 2005, p. 301).

Es decir, que la urbanización tanto del borde norte de Bogotá como de los municipios de la Sabana se presentó con posterioridad a otras zonas y municipios como, por ejemplo, los ubicados al sur de la capital, porque hubo unos actores sociales que generaron resistencia al proceso de urbanización que se venía presentando en otros municipios. Según Mesclier, la gran propiedad, que caracterizaba a la sabana centro, se resistió a dejar de producir y se transformó, modificando los sistemas de producción de las haciendas que se habrían "adecuado a las ventajas de la cercanía de la ciudad" mediante la rotación de usos que incluían ganadería, cultivo de legumbres, verduras y, sobre todo, invernaderos para el cultivo de flores que podían ser de propiedad de los dueños de las haciendas o, más frecuentemente, de empresas arrendatarias (Mesclier, 2005, p. 311).

De modo que la disminución de los terrenos dedicados a la agricultura y la "praderización" de la Sabana de Bogotá que se presenta, por ejemplo, en el estudio de ^{Montañez Gómez et al. (1994}) donde se explica como un fenómeno causado únicamente por la urbanización y por la especulación inmobiliaria, sería también el reflejo de los prados dejados sin uso temporalmente en algunas haciendas en la que había rotación de actividades.

Entonces, el proceso de urbanización en la Sabana Centro fue tardío con respecto a otras provincias y, teniendo en cuenta los análisis de Mesclier, no respondió únicamente a las dinámicas del mercado inmobiliario, sino que expresó el resultado complejo de lo que se puede interpretar como una serie de procesos socionaturales (^{Swyngedouw, 1996}) y, por tanto, políticos, en los que pequeños y grandes propietarios tomaron decisiones basadas en sus posibilidades, según sus relaciones con la tierra, con la familia, con el gobierno y en el contexto económico nacional e internacional del momento (Mesclier, 2005).

Metropolización en Cota-Chía-Cajicá

Sin duda, la transición entre el siglo XX y el XXI fue un punto de giro en la región. Por una parte, se consolidaron los procesos de reformas institucionales relacionadas con la descentralización y la denominada apertura económica, como respuesta a las crisis de la llamada "década perdida", de 1990.

De acuerdo con la revista Dinero (2016), en 1989, el fin del pacto cafetero internacional sumió al principal producto de exportación nacional en una profunda incertidumbre y más adelante en 1999, con la caída en el PIB cercana a 4,5% se originó la reestructuración del sector financiero y la crisis del UPAC, que le costó al país dos puntos del PIB, con un agudo impacto social por la cantidad de personas afectadas por la pérdida de su vivienda. Además, los efectos de la apertura económica, que facilitó la llegada de productos agrícolas importados con un alto componente de subsidio en sus países de origen y la ausencia de una política exitosa de tierras y desarrollo agrícola, explican la enorme postración que desde esa época ha sufrido el campo colombiano.

Durante la década de 1990, Bogotá acrecentó su primacía económica nacional y se convirtió en el centro de articulación del mercado internacional, concentrando "los mayores niveles de crecimiento económico y concentración de capitales" (Gobernación de Cundinamarca, 2008, p. 9). Además del crecimiento económico de Bogotá, fue notable la tendencia hacia un acelerado crecimiento urbano como respuesta a las sucesivas crisis económicas y sociales, así como el deterioro de la paz y convivencia, más sentido en las regiones periféricas.¹ Esta situación generó migración y desplazamiento hacia las ciudades, en búsqueda de mejores condiciones de empleo, servicios y seguridad. Bogotá y la Sabana fueron los principales atractores de esta población que se ubicó de acuerdo con sus posibilidades socioeconómicas, profundizando los patrones históricos de segregación de la ciudad, ahora a escala metropolitana (figura 2 y 3).²

Nota: ^*La cifra de Sabana Centro corresponde al promedio de las tasas de los once municipios: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. Fuente: elaboración propia con base en cifras de censos DANE 1985, 1993.

Figura 2 Tasas de crecimiento intercensal 1985-1993 

Nota: ^*La cifra de Sabana Centro corresponde al promedio de las tasas de los once municipios: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. Fuente: elaboración propia con base en cifras de censos DANE 1993, 2005.

Figura 3 Comparación de las tasas de crecimiento poblacional intercensal 1993-2005 

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, la planeación territorial y ambiental tomó un gran impulso. En cuanto a la planeación territorial: se sentaron las bases para la elaboración, aprobación y ejecución de los Planes de Desarrollo (art. 342); se precisaron las competencias y funciones para las entidades territoriales; se estableció la función social y ecológica de la propiedad (art. 58); se definió la prevalencia del interés general sobre el particular y la participación de los municipios en las plusvalías generadas en el desarrollo urbano con miras a una distribución equitativa de cargas y beneficios (art. 82); y se delinearon algunos instrumentos para la promoción de procesos asociativos entre los entes territoriales para la prestación de servicios al plantear la constitución de Provincias y Regiones Administrativas de Planificación (art. 334), y la conformación de áreas metropolitanas (arts. 319 y 325), que deberían ser reglamentados en detalle en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial LOOT (Ley 1454 de 2011) y la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997).

En cuanto a la planeación ambiental, en cumplimiento de la Constitución, se promulgó la Ley 99 de 1993 que, además de crear el Sistema Nacional Ambiental SINA y reglamentar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), en el artículo 61 declaró la Sabana de Bogotá "sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal" (Ley 99 de 1993).

Los avances en la legislación sobre ordenamiento territorial y ambiental tendrían su punto de encuentro en la Ley 388 de 1997, en la que se ordena la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial y la concertación de los asuntos ambientales con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Además, esta Ley estableció la clasificación de los suelos municipales en categorías que determinarían los usos y aprovechamientos: urbanos, rurales, de expansión y de protección. Entre los suelos rurales se definieron como suelos suburbanos, aquellos en que

se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. (Ley 388 de 1997, art. 34)

La mención a los suelos suburbanos es de gran importancia cuando se trata de entender los procesos de urbanización de los municipios de la Sabana Centro, específicamente de Cota, Chía y Cajicá, pues es allí, en estos suelos, donde se han generado diversos tipos de parcelaciones, conjuntos y condominios cerrados, en medio de una gran ambigüedad normativa sobre los usos. Porque a pesar de hacer parte del suelo rural, sus actividades no se relacionan con lo agropecuario sino más con residencias de tipo urbano de baja densidad, que se desarrollan en áreas con carencias en infraestructura básica de abastecimiento y servicios públicos, que con el tiempo llevan a procesos de conurbación como el que existe entre Cajicá y Chía (^{Vargas & Cifuentes, 2006}).

En 1998, Carolina Barco et al. (citados en ^{Molina, 2017}) explicaron el proceso de expansión urbana en la Sabana como obedeciendo a cuatro patrones claramente diferenciables: 1) crecimiento hacia el sur en forma de mancha de aceite; 2) núcleos pendiculares lejanos, Zipaquirá y Facatativá; 3) la conurbación de occidente y 4) el desarrollo de vivienda suburbana en el norte. Sobre el último explicaban:

Se presenta un proceso de suburbanización, que presenta los siguientes patrones; desarrollos de baja densidad para altos ingresos, con conceptos de vivienda de tipo élite, en municipios como Sopó, Chía, Cota y Cajicá; conjuntos de baja densidad para ingresos medios y altos en la Calera; Conjuntos de densidad media en Chía y Cota, en zonas de franjas entre el Río Bogotá y el Río Frío, así como en zonas agrícolas, de reserva indígena y en la zona montañosa de uso forestal; conjuntos cerrados para ingresos medios en zonas dispersas, alejados de centros urbanos en Cota, Zipaquirá y Puente de piedra en Subachoque y subdivisión de fincas agrícolas para residencias secundarias en municipios apartados de Bogotá: Subachoque, Tabio, Tenjo, El Rosal y La Pradera. (^{Molina, 2017}, p. 24)

Sobre las bases normativas anteriormente expuestas, se formularon los Planes de Ordenamiento Territorial de primera generación. En el caso de los municipios de la Sabana, los POT no tuvieron en cuenta las orientaciones del artículo 61 de la Ley 99 de 1993 y se limitaron a establecer los usos del suelo, sin operativizar los instrumentos de gestión y financiación, legitimando las tendencias de ocupación (^{Osorio Ardila, 2011}), incluso cuando estas se habían realizado en contravía de las normas anteriores, permitiendo con gran laxitud los usos suburbanos en los suelos rurales, sin que existiera control político ni ciudadano sobre la implementación de los Planes, facilitando así la dinámica denominada "volteo de tierras".

En este contexto, entre 2000 y 2012, se aceleró la fragmentación de los predios en la Sabana, de manera similar a lo ocurrido en el borde norte de Bogotá (IEU & CAR, 2011). En su análisis de la metropolización de Bogotá, a partir de una mirada desde los municipios de la Sabana, Darío ^{García (2019}) estudia los cambios de valor y de uso del suelo y presenta un gráfico sobre la evolución de la cantidad de propiedades rurales inferiores a una hectárea en los municipios de la Sabana entre 2001 cuando se aproximaban a 54.000 y 2012, año en que se aproximaron a 65.000 propiedades.

Por su parte, las bases de datos Terridata (DNP, s. f.) permiten observar la variación en la cantidad de predios urbanos en los municipios de la Sabana, como se refleja en la figura 4, donde Cajicá es uno de los municipios en donde más aumentó el número de predios urbanos entre 2012 y 2017, pasando del 41,27 al 61,49 %; Chía mantiene sus predios urbanos por alrededor del 60%, con un leve aumento, pasando del 58,9% en 2021 al 62,33% en 2017. En el caso de Cota, la proporción se mantiene con una leve disminución de 31,09% en 2012 a 30,75% en 2017.

Fuente: construido a partir de datos tomados de Terridata DNP, catastro, indicadores predios urbanos y predios rurales entre 2012 y 2017.

Figura 4 Variación de porcentajes de predios urbanos entre 2012 y 2017 en algunos municipios metropolitanos 

De manera general, en los municipios de la Sabana Centro se aceleró la fragmentación de las antiguas haciendas. En los casos de Chía y Cajicá proliferaron conjuntos cerrados y condominios de baja densidad (^{Osorio Ardila, 2011}; ^{Molina, 2017}; ^{Alfonso, 2005}), construidos en serie en los suelos suburbanos de las áreas rurales según un modelo de negocios con lotes de centenas de hectáreas comprados por empresas o promotores que se encargan de todo el proceso y acumulan los lucros desde la compra de predios, pasando por el licenciamiento, el diseño, urbanización, construcción y venta al usuario final (Osorio Ardila, 2011).

Mientras tanto, la población tradicional de las veredas rurales de los municipios, que solían vivir en familias extensas que compartían agrupaciones de viviendas en terrenos heredados, se vio enfrentada por una parte a la presión para vender a las constructoras de mediano porte interesadas en desarrollar conjuntos cerrados o a migrantes principalmente de Bogotá, que buscaban construir sus viviendas campestres y suburbanas.

Esta concentración de residencias para población de ingresos medios y altos generó la oferta de equipamientos como centros comerciales, clubes y centros universitarios que demandan considerables áreas de terreno y le imprimen una dinámica diferente al mercado del suelo urbano y suburbano en este eje de expansión de la ciudad hacia los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá (^{Alfonso, 2005}; ^{Osorio Ardila, 2011}; ^{Santana, 2013}; Molina, 2017).

Entre 2005 y 2018, Cajicá y Cota crecen de manera más acelerada que Chía y los tres municipios, definitivamente, crecen a mayores tasas que Bogotá. Frente a otros municipios de Sabana Centro que venían aumentando notablemente su población en el período pasado (1993-2005),³ los del eje toman la delantera en cabeza de Cajicá, que muestra un ritmo muy acelerado de crecimiento poblacional, para este período (figura 5).

Nota: ^*La cifra de Sabana Centro corresponde al promedio de las tasas de los once municipios: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. Fuente: elaboración propia con base en cifras de censos DANE 2005, 2018.

Figura 5 Comparación de las tasas de crecimiento poblacional intercensal 2005-2018 

El aumento de la dependencia de los municipios de las fuentes de empleo y servicios de Bogotá se consolidó en Cota, Chía y Cajicá, en la realidad actual, y que contrasta notoriamente con el sistema territorial de finales de la década de 1980 que se apreciaba en la tabla 1 (figura 6).

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Multipropósito, Alcaldía de Bogotá, 2017.

Figura 6 Porcentaje de población ocupada que trabaja en Bogotá 

Durante la segunda década del 2000, en Chía y Cajicá siguió aumentando la población y expandiéndose la mancha urbana, mediante la transformación de las áreas rurales en la ya consolidada tendencia de suburbanización. También es notorio un proceso de densificación dentro de los perímetros urbanos y el aumento de los proyectos de vivienda y comercio sobre los ejes viales. En algunos casos, al margen de los POT, mediante decretos y resoluciones unilaterales de las administraciones municipales, permitieron el aumento de los índices de edificación y de ocupación y empezaron a construirse los cada vez más comunes, edificios de apartamentos, como en el caso de Chía (Decreto 803 de 2019). En el caso de Cota, actualmente se presenta una evidente dinámica de acelerada proliferación de los conjuntos cerrados, que recuerda el proceso de sus vecinos en la década anterior, acompañado de las áreas de bodegas y actividades complementarias.

De acuerdo con el diagnóstico presentado por Julio Gómez para la formulación del MOT de la subregión Sabana, durante el 2007 se encontraban en construcción y en planos cerca de 660.000 m² de bodegas e industrias en los corredores suburbanos de Bogotá, mientras dentro del área urbana de Bogotá la cifra ascendió solo a 255.000m², lo cual significa que por cada metro cuadrado que se construye en la ciudad, en el área suburbana o los municipios vecinos se hacen 2.5 m². Dicha oferta suburbana se identifica principalmente sobre el municipio de Cota con 508.000 m² constituido principalmente por actividades complementarias a la industria (bodegas y logística industrial), seguido por Mosquera con 93.000m² y Funza con 56.000m². (^{Mora, 2012}, p. 45)

La expansión urbana en los municipios de estudio ha seguido un modelo de suburbanización ocupando suelos rurales, en muchos casos de alto valor ambiental y agrológico. La Gobernación de Cundinamarca (2008) explica cómo, por la urbanización dispersa y la acelerada subdivisión predial para la construcción de conjuntos cerrados y condominios de baja densidad para población de altos ingresos, se ocupan zonas de ladera con impactos fuertes para la conservación de las zonas altas de las montañas.

Este modelo ha implicado la reducción significativa de suelos agrícolas y pecuarios, por cambios en los usos en la zona rural con hondas transformaciones en la reconfiguración del territorio, donde los usos agrícolas dieron paso a los residenciales (Alcaldía de Chía, 2017), de servicios educativos y de recreación (parques, clubes, parques de golf y otros).

Una muestra de ello lo expone, en el 2015 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que señala:

de las 99.953 hectáreas con las que cuenta la Sabana de Bogotá, hoy 63.171 hectáreas cuentan con un uso totalmente distinto a los cultivos agrícolas; en este momento son terrenos construidos o lotes de engorde en donde se levantarán futuras edificaciones o condominios. El 63,2% de la Sabana, cuenta con un mal uso de sus suelos [y] esto se debe principalmente a la subutilización de los suelos agrícolas de la Sabana dedicados al "boom constructivo" de la capital del país, el cual se ha intensificado en los últimos años. (IGAC 2015 citado por ^{Molina, 2017}, p. 24)

Esta situación, como se ve en la tabla 2, va en contravía del mandato de la Ley 99 de 1993, en su artículo 61, que declaró la Sabana de Bogotá como de interés ecológico nacional con destinación prioritaria agropecuaria y forestal, teniendo en realidad la mayoría de los suelos usos diferentes a estos, por lo que se denominan usos inadecuados.

Este patrón de ocupación ha implicado la transformación de las actividades primarias de los municipios, la segregación socio espacial y la conurbación muy clara en el continuo urbano que se ha establecido entre Chía y Cajicá, con particular fuerza sobre la figura del corredor suburbano, vía que irónicamente se denomina por el mercado "la milla de oro", por efecto de los precios exorbitantes que ha alcanzado el suelo en ese sector.

Para Chía, en términos más específicos la expansión urbana por efecto de la suburbanización genera un conflicto de usos del suelo frente a su vocación, representada por la disminución de las actividades agropecuarias y una contracción de la floricultura. Se evidencia que la superficie de estos cultivos se redujo entre 2009-2014 en un 10,5% (31,6ha), pues en 2009 ocupaba 300,8 ha y en 2014 solo llegó a tener 269,2ha. (Alcaldía de Chía, 2017).

El detrimento de la agricultura y la ganadería provoca que los habitantes diversifiquen sus fuentes de empleo y de ingresos como estrategia de subsistencia e incursionen en actividades de construcción, comercio, transporte, servicio doméstico, entre otras, retroalimentando el proceso de contracción de las actividades agropecuarias y favoreciendo las del sector terciario y la urbanización. En Chía, los sectores que más empleo generaron fueron el comercial (19,1%), las actividades de prestación de servicios sociales, comunales y personales (18,7%), y las actividades agropecuarias (13,9%). El sector terciario, es el más relevante en el municipio y ocupa al 53,8% de la población que laboró. (Alcaldía de Chía, 2017). La construcción, el mercado inmobiliario, la prestación de servicios personales y otras actividades diferentes a la agricultura actualmente predominan en el municipio. Sumado a ello, y por la alta interdependencia de actividades económicas con Bogotá, se han ampliado los niveles de conmutación laboral (ver figura 6).

Estas implicaciones de la metropolización producen profundos cambios culturales y sociales entre la población al generarse una pérdida de la tradición agrícola que tuvo el municipio de Chía, entre otras, por la interdependencia e intensificación de las relaciones con la ciudad de Bogotá. (Alcaldía de Chía, 2017, p. 82). Sobre las implicaciones de la suburbanización en los modos de vida rurales, para los casos de Cajicá y Chía, ^{Molina (2017}) y ^{Osorio Ardila (2011}), respectivamente, realizan análisis cualitativos y citan testimonios de la población rural. También resulta ilustrativo el trabajo de ^{Santana (2013}) y su abordaje de los fenómenos de privatópolis y precariópolis para contrastar los procesos urbanos al norte y sur de Bogotá (figura 7).

Fuente: archivo propio Rediacción, 2020.

Figura 7 Vista hacia Cajicá desde el Resguardo indígena Muisca de Chía 

Retos y desafíos de la región metropolitana

Como se expuso hasta aquí, el paisaje del eje Cota, Chía y Cajicá es el resultado de la tensión entre el mercado inmobiliario; la debilidad institucional; y las debilidades de los procesos de planeación y ordenamiento territorial de los entes municipales que traslucen, visos de ilegalidad e irrespeto de la norma establecida; así como la completa ausencia de control político y la impavidez de la mayoría de la población.⁴

En junio de 2020 el Congreso de Colombia modificó un artículo de la Constitución Política para permitir la creación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC). Esta región tiene por objetivo la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna de los servicios a su cargo. Sus decisiones son de superior jerarquía a las municipales. No se trata de un área metropolitana porque, entre otras cosas, en Colombia las áreas metropolitanas permiten su conversión en distritos (Ley 1625 de 2013, art. 35) y esta idea no ha sido aceptada por los municipios vecinos a Bogotá.

En términos generales, la reglamentación de Ley Orgánica de la RMBC debe propender por consolidarse como una figura de coordinación de gobierno y planeación de un territorio equitativo y plural. Esto significa un esfuerzo consciente y consistente por la disminución de la segregación socioespacial y de la desigualdad territorial, basada en la protección y fomento de la diversidad biológica, poblacional y de usos del suelo, con áreas de transición y políticas diferenciadas de articulación entre áreas rurales y urbanas como garantía de sostenibilidad, equidad y prosperidad.

Para el caso de la Sabana Centro, con base en el análisis aquí presentado, se estima que la asociación de los municipios de Cota, Chía y Cajicá a la RMBC es de primera importancia, pues significa la posibilidad de coordinar la prestación de servicios públicos, el manejo de la movilidad y la toma de decisiones sobre el ordenamiento territorial futuro, de modo que se incluya la ubicación de equipamientos y dotacionales en una lógica metropolitana, que pueda atender las necesidades en común de estos tres municipios, además de brindar la posibilidad de coordinar la implementación de instrumentos de gestión para el reparto de cargas y beneficios. La RMBC podría ser la entidad de planeación y gestión que permita, de manera gradual, que estos tres municipios desarrollen relaciones más próximas entre sí y con otros centros, como Zipaquirá, y diversifiquen sus actividades económicas, para disminuir la dependencia de Bogotá, de las rentas de la urbanización y la competencia entre ellos por la atracción del capital inmobiliario.

Por su ubicación y sus particularidades geográficas y de ocupación, el borde entre Chía-Cota y Bogotá es una pieza estratégica a partir de la cual se podría contener el proceso de expansión de la mancha urbana continua hacia la Sabana Centro, en coherencia con la lógica de la planeación de la pieza norte de la ruralidad Bogotana.⁵

Para eso, se propone recuperar las propuestas de ^{Van der Hammen (2003}) a través de la figura del cinturón verde, a ejemplo de las experiencias de diversas ciudades como Burgos en España, Londres, los dedos de Copenhague y el cinturón verde metropolitano de Medellín. El cinturón podría conectar en Cota a la altura del Majuy con la reserva Forestal Thomas Van der Hammen, contribuyendo así a una planeación biorregional del territorio (Burgos, 2018).

El planteamiento de cinturones verdes podría extenderse por la Sabana Centro, para esto se debería iniciar con la identificación de varias franjas, de distintos tamaños; en las que se llevarían a cabo diferentes procesos, ya sean de recuperación, contención o mejoramiento y que se puedan vincular para lograr varios objetivos al mismo tiempo, entre ellos: mejorar la conectividad de la estructura ecológica principal, contener los procesos de urbanización, disminuir los impactos causados por proyectos de infraestructura vial, recuperar actividades rurales, entre otros. Para el caso de territorios que se encuentran dentro de las áreas metropolitanas es recomendable establecer cinturones verdes de no menos de un kilómetro desde el límite administrativo de la entidad territorial (^{Van der Hammen, 1998}).

En el siguiente mapa, presentamos un esquema de la propuesta de cinturón verde para el borde Chía-Bogotá que se podría extender hacia Cota (figura 8).

Fuente: elaboración de Redeiación con información Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community.

Figura 8 Propuesta esquemática para el borde sur de Chía 

La creación de cinturones verdes deberá estar vinculada al ordenamiento territorial de las entidades administrativas en donde se planteen y trabajen, de manera tal que se puedan articular los diferentes instrumentos de planificación tanto locales como regionales. Las franjas definidas como cinturones verdes deberán estar especificadas dentro de la clasificación de usos del suelo en el modelo territorial y ser reconocidas en los diferentes planes estratégicos de carácter regional, esto con el fin de evitar conflictos futuros por interpretaciones, como ha ocurrido en los Planes de Ordenamiento Territorial de primera generación.