Discriminación racial, intervención social y subjetividad. Reflexiones a partir de un estudio de caso en Bogotá

Racial Discrimination, Social Intervention and Subjectivity: Reflections on a Case Study from Bogotá

Discriminação racial, intervenção social e subjetividade. Reflexões a partir de um estudo de caso em Bogotá

Mara Viveros Vigoya*

* Economista, Universidad Nacional, Bogotá, Colombia; D.E.A. en Sociología, Universidad de París III, París, Francia; Doctora en Antropología, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Paris, Francia; actual Profesora Asociada, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: maraviveros@cable.net.co

Resumen

A partir de un estudio de caso en una de las localidades más pobres de Bogotá, este trabajo pretende contribuir al análisis de los discursos existentes en relación con la discriminación racial en Colombia con base en las experiencias, no de quienes se supone que son sus víctimas, sino de algunos de los agentes sociales implicados en su regulación. En esta oportunidad se hace referencia a las y los funcionarios que desarrollan y ponen en marcha las políticas y programas sociales gubernamentales en esta localidad. El artículo describe en primer lugar quiénes son las y los funcionarios entrevistados y los programas en que están comprometidos. En segundo lugar, examina la forma como estos agentes sociales perciben, nombran y experimentan sus relaciones con las poblaciones "afrocolombianas" que habitan en la localidad. En tercer lugar, analiza sus apreciaciones acerca de la existencia o no de discriminación racial de la que puedan ser objeto estas poblaciones y sobre la forma en que ellas y ellos como funcionarios responden a sus demandas. El propósito es poner en relación estas distintas percepciones con sus experiencias laborales cotidianas y con las orientaciones generales de los programas, en los cuales trabajan.

Palabras clave: Discriminación racial, intervención social, "negritud", afrocolombianos, Colombia, Bogotá.

Abstract

Based on a case study in one of Bogotá's poorest neighborhoods, this article contributes to the ongoing analysis of discourses of racial discrimination in Colombia. It does not examine the experiences of people who are supposed to be the victims of discrimination, but focuses rather on some of the social agents implicated in its regulation: the officials who develop and implement the government's social policies and programs in the aforementioned neighborhood. The article first describes the officials interviewed for the study, as well as the programs in which they are engaged. Second, it examines how these social agents perceive, name, and experience their relationship with the "Afro-Colombian" residents of the neighborhood. And third, it analyzes their views on whether or not these people suffer from racial discrimination, and how the interviewees, as government officials, respond to their demands. The purpose of this article is to relate these different perceptions with their daily work experience and the philosophy behind the programs in which they work.

Key words: Racial Discrimination, Social Intervention, blackness, Afro-Colombianness, Colombia, Bogotá.

Resumo

A partir de um estudo de caso em uma das localidades mais pobres de Bogotá, este trabalho pretende contribuir à análise dos discursos existentes em relação com a discriminação racial na Colômbia com base nas experiências, não de quem se supõe que são suas vitimas, senão de alguns dos agentes sociais implicados em sua regulação. Nesta oportunidade se faz referência às e aos funcionários que desenvolvem e põem em funcionamento as políticas e programas sociais governamentais nesta localidade. O artigo descreve em primeiro lugar quem são as e os funcionários entrevistados e os programas em que estão comprometidos. Em segundo lugar, examina-se a forma como esses agentes sociais percebem, chamam e experimentam suas relações com as populações "afrocolombianas" que habitam na localidade. Em terceiro lugar, analisam-se suas apreciações sobre a existência ou não da discriminação racial da que possam ser objeto estas populações e sobre a forma em que elas e eles como funcionários respondem a suas demandas. O propósito é pôr em relação estas diferentes percepções com suas experiências laborais cotidianas e com as orientações gerais dos programas em que trabalham.

Palabras chave: Discriminação racial, intervenção social, "negritude", Afrocolombianos, Colômbia, Bogotá

La palabra discriminación, en su acepción más amplia, significa dar a una persona un trato desigual, basado en motivaciones raciales, políticas o religiosas, entre otras¹. Este término aparece en el léxico de los organismos internacionales a finales de los años ochenta y se define con base en diversos instrumentos², que proscriben esta forma de desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. En Colombia, las reflexiones sobre la discriminación han estado estrechamente asociadas al tema del derecho a la igualdad, la que a su turno, es reconocida en la Constitución de 1991 no sólo como un derecho sino también como un valor y un principio; con base en este reconocimiento, el Artículo 13 consagra: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica". Posteriormente, una de las sentencias de la Corte Constitucional³ precisó la definición de discriminación⁴ añadiendo que el carácter de una conducta, actitud o trato discriminatorio podía ser consciente o inconsciente (Defensoría del Pueblo, 2005).

Pese a los avances normativos que se han dado en Colombia, el tema de la discriminación sólo ha comenzado a ser objeto de debates políticos y académicos desde una fecha muy reciente⁵. El reconocimiento político al problema de la discriminación así como la importancia que se le empieza a conceder en el espacio público, es bastante nuevo. Igualmente actual es la referencia a la falta de conciencia pública y al desconocimiento generalizado de las carencias, pero también de los derechos de las poblaciones y grupos discriminados. Y es aún bastante inédito el reproche que se hace a estos grupos por no defender activamente sus derechos en el espacio público o de carecer de capacidad organizativa, con el fin de exigir el cumplimiento de la legislación vigente a este respecto.

Así mismo, es posible observar en los últimos años el surgimiento de una preocupación, prácticamente inexistente hasta ahora, y es la de aunar tanto los esfuerzos como las diversas formas organizativas de los distintos grupos, poblaciones y sectores discriminados, que hasta el presente han actuado en forma bastante aislada.

No obstante, podría aseverarse desde una perspectiva histórica que la discriminación no es un tema nuevo ni en el debate ni en las acciones políticas. La discriminación encuentra su origen en la prolongación y permanencia de ciertas representaciones sociales y culturales negativas sobre aquellos que como colectivo, se han percibido como "diferentes" y han estado excluidos del cabal ejercicio de su ciudadanía por razones históricas, sociales o culturales. Numerosos estudios han mostrado que el proyecto de construcción de la nación colombiana, que sucedió al proceso de Independencia, asignó un papel subordinado a los pueblos no europeos, a las mujeres y a los grupos vulnerables, y excluyó a los que no se adecuaban a las características del varón "blanco", propietario, heterosexual y sin discapacidades. Igualmente, numerosos trabajos de investigación han señalado que a lo largo de más de un siglo estos distintos colectivos y particularmente las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes han librado batallas muy importantes con sus especificidades en contra de las restricciones de sus derechos y de las exclusiones de las que han sido objeto.

Volviendo al presente, se puede afirmar que no basta el reconocimiento de la igualdad como un derecho, un valor y un principio en la Constitución nacional. Se requiere generar las condiciones y los dispositivos legales para que la igualdad entre las y los colombianos sea real y efectiva. Uno de los problemas que incide en la falta de garantías para lograr esta igualdad es el débil cumplimiento de la legislación existente por desconocimiento o inoperancia de la función pública correspondiente. En efecto, todavía no se han formulado instrumentos de política pública que permitan prevenir, eliminar y sancionar toda forma de discriminación que vulnere el derecho a la igualdad. Pese a la existencia de un marco legislativo suficiente, no existe una política pública local, reflejada en planes de desarrollo o en planes de ordenamiento territorial, para hacer operativa la norma. Y tampoco se cumplen las disposiciones de los planes locales, que favorecen a las poblaciones objeto de discriminación.

El Plan de Desarrollo Municipal "Bogotá sin indiferencia", en uno de los programas de su Eje Social menciona claramente el problema de la discriminación como una amenaza a la igualdad de oportunidades y a la realización plena de los derechos. En la exposición de los fundamentos de este Plan se señala que "para avanzar en la garantía de los derechos humanos y disminuir las desigualdades injustas y evitables, el gobierno [... ] reconocerá las diferencias generacionales, étnicas, culturales, de género, de oportunidades y de capacidades." Dicho de otra manera, éste es un Plan de Desarrollo cuyos principios, objetivos y políticas generales abren la posibilidad de plantear y pensar una política explícita contra la discriminación. Con todo, la discriminación de la que se habla está referida únicamente a un grupo poblacional: las mujeres, población objetivo del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género.

Aunque el reconocimiento político y social de las discriminaciones ha aumentado como fruto de la importancia creciente que se ha dado al derecho de la igualdad en la jurisprudencia practicada después de la Constitución de 1991 y de las luchas libradas por los grupos susceptibles de ser discriminados, su discusión en el ámbito académico es todavía muy débil. Existen pocos estudios en Colombia que examinen teóricamente y documenten empíricamente el fenómeno de la discriminación⁶. Lo novedoso de este tema desde un punto de vista teórico es que la discriminación enuncia una forma particular de disparidad social, cuya singularidad reside en su capacidad de establecer vínculos entre el racismo y la desigualdad (Fassin, 2002). El racismo ha sido estudiado en muchos países como ideología⁷, como prejuicio que se manifiesta en conductas y actitudes, y en su relación con el nacionalismo⁸, buscando entender y aprehender más sus causas que sus efectos. En este sentido, se podría decir que esta noción no ha sido estudiada en todas partes ni en todos los tiempos en términos de desigualdad en la distribución de recursos y oportunidades⁹. Por su parte, quienes se han interesado por el tema de la desigualdad han abordado fundamentalmente desde el ángulo de la equidad, en el sentido en que el concepto ha sido definido por la filosofía política, y la medida en que lo han analizado a partir de categorías socioeconómicas. Al hacerlo han dejado de lado otras formas de diferenciación social no fundadas en criterios económicos (como "raza"), y de esa manera han desconocido su incidencia en la producción de disparidades entre individuos.

El texto que presento a continuación pretende favorecer al desarrollo de esta reflexión académica. De manera más específica propongo, a partir de un estudio de caso sobre las poblaciones negras de una de las localidades más pobres de Bogotá, contribuir al análisis de las distintas formas de experiencia de la discriminación racial¹⁰ y de los discursos existentes en relación con ella. En esta oportunidad no me referiré a quienes se supone que son sus víctimas, sino a algunos de los agentes sociales implicados en su regulación; a las y los funcionarios públicos que por su trabajo en los distintos programas sociales se han sensibilizado en relación con los temas de promoción de la igualdad de derechos y oportunidades, con el de reconocimiento de las diferencias (étnicas, de género, generación, etc.) y con el problema de la equidad en el acceso a los servicios sociales que prestan.

Es importante señalar que estas y estos funcionarios se ven implicados en los problemas de las y los usuarios de los programas que dirigen e intentan responder a sus demandas, motivados por un sentido de justicia. En cierto sentido, se identifican emocionalmente con dichos usuarios. Sin embargo, como lo veremos más adelante, cuando se enfrentan en su quehacer profesional a personas diferentes por su pertenencia étnico-racial, reproducen, sin reflexionar mayormente al respecto, las actitudes y comportamientos en los que han sido socializados y en los que se encubre un racismo sutil. Este artículo ofrece una discusión sobre este tipo de racismo que, "de buena fe" si se puede decir, ejerce una persona que se concibe a sí misma, en razón de su práctica profesional, libre de prejuicios racistas. Desde este punto de vista el presente trabajo constituye un aporte a los estudios del racismo, más enfocados a las cuestiones de ideología y de discriminación política y socioeconómica que al estudio de sus manifestaciones cotidianas¹¹.

En desarrollo de nuestra investigación, realizamos 14 entre-vistas a funcionarios que trabajan en el Centro Operativo Local (COL) del Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS, de una de las localidades más pobres de Bogotá, en distintos programas y con diferentes grupos poblaciones (mujeres gestantes, adultos mayores, niños, jóvenes, población desplazada). En este apartado voy a hacer en primer lugar una presentación de las y los funcionarios entrevistados, haciendo referencia de manera más detallada a cuatro de ellos, dos mujeres y dos hombres que trabajan en distintos programas, atendiendo diferentes grupos poblacionales. Pese a que los funcionarios entrevistados son en su gran mayoría mujeres, decidí profundizar en la historia de dos de ellas y de dos hombres buscando rastrear diferencias de género en sus actitudes y comportamientos. En segundo lugar, analizaré la forma como estos agentes sociales perciben, nombran y experimentan sus relaciones con las poblaciones "afrocolombianas" que habitan en la localidad.

En tercer lugar, mostraré sus apreciaciones acerca de la existencia o no de discriminaciones raciales de las que puedan ser objeto estas poblaciones y de la forma en que ellas y ellos como funcionarios responden a sus demandas. Mi propósito es poner en relación estas distintas percepciones con sus experiencias laborales cotidianas y con las orientaciones generales de los programas en los cuales trabajan.

Las y los funcionarios

En términos generales se puede afirmar que la gran mayoría de los funcionarios que trabajan en este tipo de programas son mujeres. Dicha característica no es un detalle casual ni anodino si tenemos en cuenta que las actividades profesionales de intervención social han sido ejercidas tradicionalmente por mujeres, teniéndola como interlocutoras privilegiadas con las familias (Bes-sin, 2005; Viveros y Gil, 2006). Igualmente es interesante señalar la relación que se puede establecer entre la presencia de las mujeres en estas actividades, "la lógica compasional" (Fassin, 2002) que prevalece actualmente en la intervención social, y ciertas representaciones de la feminidad asociadas al trabajo de care y a la superioridad moral (Gilligan, 1982). Como lo señala Patricia Paperman (2006), la palabra inglesa care, sustantivo y verbo a la vez, no sólo significa una disposición a preocuparse por el bienestar ajeno, la sensibilidad con respecto a la vulnerabilidad de los demás y a los vínculos afectivos con quienes nos son próximos, sino también una forma de trabajo que se realiza a fin de responder a las situaciones de dependencia.

Los cambios vividos en la sociedad colombiana en los últimos 30 años y los nuevos problemas que emergen en relación con el desplazamiento forzado de poblaciones de origen rural; la crisis y el desempleo asociado a la implementación de las llamadas políticas de ajuste estructural, que reducen la protección social a cargo de los Estados e inciden en una creciente desigualdad socioeconómica, han modificado tanto al público como a las modalidades de la intervención social. Sin embargo, continúa siendo un sector muy marcado por la presencia de las mujeres con todo lo que ello significa, en particular una concepción del trabajo como prolongación de las habilidades desarrolladas en el ámbito del hogar, pero realizado fuera de sus límites. Por eso algunas de las entrevistadas señalan que la empatía emocional con los problemas de las mujeres usuarias de sus programas puede ayudarles a desempeñar mejor su trabajo: "... creo que a veces puedo entender mucho a las mujeres que llegan acá porque he vivido experiencias difíciles en otros escenarios, con otras condiciones diferentes, pero de alguna manera uno se ha puesto en sus zapatos, y uno entra a entender mejor su trabajo".

Pocos trabajos analizan la forma en que los hombres asumen las tareas en relación con profesiones y actividades marcadamente femeninas tales como el trabajo social y la intervención social. Quienes lo hacen, señalan que los varones rechazan radicalmente los atributos femeninos de la profesión y que su preocupación constante sería diferenciarse de ellos (Bessin, 2005). En concordancia con este rechazo adoptarían distintas estrategias como, por ejemplo, privilegiar las tareas administrativas o la implicación en actividades sindicales sobre el trabajo directo con las personas. Pretenderían distinguirse de sus colegas mujeres señalando el carácter "profesional" de su desempeño laboral, en oposición a la idea de "quehacer", asociado al trabajo social como ocupación que prolonga el papel femenino de atención y servicio a los demás (Hernández, 2000). Igualmente, señalarían a las mujeres como incompetentes por considerarlas demasiado emocionales, y "maternalistas" (Bessin, 2005). En relación con la movilidad laboral, los distintos estudios apuntarían a mostrar que los varones tienen un avance más rápido en la jerarquía laboral que sus colegas mujeres; además, que buscan un rápido acceso a puestos acordes con su categoría de "hombres", actitud que atribuyen a su masculinidad, ya que para ellos el hecho de ser hombres implica el deseo de logro y superación.

Emiliano y Guillermo, Soledad y Rosario, los funcionarios a los que haremos particular referencia en este apartado, trabajan en programas que se ocupan de distintos grupos poblacionales (adultos mayores, niños, jóvenes y población desplazada, mujeres gestantes y mujeres cabezas de hogar). Tres de ellos trabajan en el Centro Operativo Local (COL) del Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS, de una de las localidades más pobres de Bogotá y uno de ellos, en la Unidad Móvil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Guillermo, maestro de artes, trabaja desde hace dos años con la Unidad Móvil, un programa del Instituto de Bienestar Familiar, que funciona en varias localidades de Bogotá y fue creado con el objetivo de brindar atención integral a la población desplazada, cobijando todos los grupos poblacionales (adultos y adultos mayores, jóvenes y niños). El eje principal del programa es "la reconstitución de derechos" y su objetivo, el de lograr la estabilización y reconstrucción del proyecto de vida de la población desplazada, a partir de una capacitación "que permita a las familias identificar los procesos que deben realizar para acceder a los diferentes servicios y ofertas del Instituto de Bienestar Familiar."

Emiliano, quien ha adquirido sus competencias profesionales a través del desempeño laboral, coordina desde hace 20 años uno de los programas de "Atención para el Bienestar de la persona en pobreza en Bogotá -Adulto Mayor" cuyo objetivo es brindar atención psicosocial y económica a la población de tercera edad, bajo diversas modalidades y según los criterios previamente establecidos para atender cada una de las situaciones. El programa busca responder a las necesidades básicas de esta población que no cuenta con algún tipo de red de apoyo familiar o social, ofrecerle una pequeña ayuda en dinero en función de la evaluación de su situación socioeconómica; así, también procurar un espacio de socialización para los adultos mayores de la localidad, propiciando encuentros que les permitan compartir sus experiencias de vida.

Rosario es psicopedagoga y tiene una especialización en literatura infantil. Después de haber estado a cargo de distintos programas de bienestar social para niños, trabaja desde hace tres años en el programa OIR, cuya sigla significa "Orientar, Informar y Referenciar". OIR, según nos explica Rosario, es "un recurso para que los ciudadanos, como sujetos de derechos, puedan dirigirse a las entidades del Estado y se enteren de los recursos y programas que pueden utilizar para la solución de problemas de diverso tipo". A través de este programa se pretende cualificar la demanda social, es decir, priorizar las situaciones, orientar a las personas para acudir a las oficinas competentes a fin de resolver sus problemas, garantizarles el derecho a la información y crear vínculos entre los barrios y las instituciones públicas.

Soledad es normalista. Se vinculó al DABS hace 23 años gracias a una convocatoria pública. Trabajó durante algunos años en un programa dirigido a población infantil y desde hace 14 trabaja en la localidad en el programa "Familias gestantes, bebés sanos y deseados". Este programa fue creado para promover el desarrollo integral de niños que nacen en condiciones de precariedad económica y social. Su objetivo es hacer un acompañamiento a las madres a partir de los primeros tres meses de gestación y hasta los seis meses de edad del o de la bebé. El pro-grama incluye un apoyo alimentario, una serie de talleres de formación humana, nutrición, puericultura, estimulación temprana y cuidados en salud en general y en salud sexual y reproductiva.

Los planteamientos que hacen los dos funcionarios entrevistados sobre el trabajo contradicen en gran parte las afirmaciones que se hacen en otros estudios sobre la forma en que los hombres asumen las tareas de intervención social. Uno de ellos, responsable del programa de bienestar social para adultos mayores, dista mucho de presentarse como un técnico de lo social. Emiliano comenta que antes de trabajar en el área de bienestar social, estuvo laborando en un juzgado y se retiró porque se sintió insatisfecho con "la insensibilidad humana" que reinaba en él. Así lo relata: "[... ] como que los seres humanos en estos espacios son cosas, son elementos que simplemente los puedo demarcar así y mirar, entonces yo dije, no, esto no es para mí, yo me voy de aquí, yo busco otra cuestión". Yo me considero una persona sensible. Pienso que Dios le tiene a uno destinado algo, me mandó aquí y me he sentido bien". Guillermo tampoco concibe su trabajo como una actividad afincada en la búsqueda de la consolidación de una carrera. Por el contrario, describe su trayectoria laboral como un itinerario bastante atípico para su formación. Después de graduarse en la universidad como maestro de artes y de trabajar como maestro en artes básicas en escuelas públicas, decidió orientar su labor hacia el área social, preparando actividades culturales con poblaciones vulnerables; en este caso, poblaciones desplazadas, habitantes de las localidades más pobres de la ciudad.

Tanto los hombres como las mujeres entrevistados se refieren a sus actividades como tareas que les brindan la oportunidad de desarrollarse no sólo profesionalmente, sino también en el ámbito personal. Todos tienen una importante trayectoria laboral en trabajos comunitarios y hablan de su dedicación como una forma de vida orientada por una vocación¹² de servicio, que les permite darle sentido a su tarea, pese a los conflictos internos que les suscita la dificultad de responder a las grandes carencias socioeconómicas de la población usuaria de sus programas con acciones, cuyo alcance es bastante limitado. Uno de ellos dice: "[... ] en este trabajo para mí lo más difícil es que a veces queda uno como con la sensación de... , se me fue la palabra, cuando uno no puede atender de inmediato algo... impotencia, exacto. Hay muchos casos en los que uno queda impotente, muy impotente, sí". Otro señala que "la cobertura de los programas es muy limitada en relación con la demanda" y otro, que sus límites de tiempo no le permiten coordinar sus actividades con los demás programas de la institución o con programas similares desarrollados por otras instituciones.

Aunque los equipos asociados a los programas analizados están integrados por profesionales con diversas formaciones (educadores, trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos), las y los funcionarios aportan relativamente poco desde sus experiencias disciplinares y asumen, sin mucha distancia, los presupuestos teóricos y las orientaciones de los programas en los cuales trabajan. Sin embargo, también se puede observar cierta insistencia de parte de algunos de ellos, hombres o mujeres indistintamente, en subrayar el carácter profesional de su desempeño, intentando, así, poner a distancia las emociones que pueden estar involucradas en éste. En el caso de los cuatro entrevistados, a los que hacemos referencia en este aparte, todos aceptan y valoran en mayor o menor medida el vínculo afectivo que han creado con algunos de los usuarios de su programa. Algunos manifiestan explícitamente la necesidad de apartarse de las preocupaciones afectivas que les genera el ejercicio de sus funciones. Guillermo, por ejemplo, busca diferenciar la definición de sus actividades de los atributos femeninos de cuidado de los otros que se le imputan. Por esto subraya la importancia de sus competencias profesionales para el buen desarrollo de su labor. Rosario, por su parte, expresa la necesidad de participar en actividades en las cuales se pueda reflexionar sobre los procesos emocionales que se viven en tareas como las suyas:

Los programas de intervención social

A partir de la descripción que hacen las y los funcionarios de sus actividades cotidianas se puede afirmar que todos los programas en los que participan tienen por objetivo, más que las intervenciones sociales de interés colectivo, el acompañamiento individualizado de las personas que por razones diversas se encuentran en dificultades. Si bien los programas tienen una función de regulación social y están orientados a resolver problemas sociales, en la práctica se observa un desplazamiento del foco de atención de la sociedad y las relaciones sociales hacia el individuo y sus interacciones. Como se ha documentado en estudios realizados en otras latitudes, existe actualmente una propensión a reformular las políticas sociales y dificultades ligadas a la pobreza, la precariedad y la vulnerabilidad social en términos psicológicos, de desarrollo humano y autoestima (Demailly, 2005; Loriol, 2005; Fassin, 2004).

La lectura que hacen muchos de los funcionarios de las carencias socioeconómicas de la población usuaria de los programas está muy orientada por las referencias a sus situaciones personales y a sus dificultades o habilidades particulares. Y el ejercicio de los derechos por parte de las y los usuarios es percibido como un asunto condicionado por la capacidad que demuestren individualmente de apropiarse de ellos. La importancia asignada por algunos funcionarios entrevistados a la autoestima y al sentimiento de ser reconocidos (as) por las y los usuarios como algunos de los factores de mayor incidencia en la superación de las situaciones de precariedad, son un buen ejemplo de los deslizamientos anteriormente descritos. Por otra parte, se puede observar el énfasis que hacen algunos funcionarios en "las fortalezas" como una igualdad entre los seres humanos, evitando encarar el problema de las desigualdades sociales que los separan.

Existen algunas contradicciones internas entre la invitación que plantean y anuncian ciertos programas para ejercer los derechos ciudadanos y lo que pueden ofrecer realmente. Por ejemplo, en las charlas que imparte el programa OIR en la localidad, con el objetivo de hacer "formación ciudadana", se les explica a los asistentes, en su mayoría mujeres de muy escasos recursos y bajo nivel de escolaridad, en qué consiste la atención a la emergencia y cuáles son las situaciones en que el Estado reconoce que los derechos han sido vulnerados y deben ser restablecidos. A través de un instrumento llamado "la historia social", la funcionaria valora la situación de quien solicita ayuda. Con base en este documento se evalúa el nivel de riesgo en el que se encuentra la persona, se clasifica la situación y de acuerdo a esta clasificación se le brinda el apoyo correspondiente o se la remite a otro programa. La determinación final se toma después de realizar una visita domiciliaria, que permite comprobar la gravedad de la situación. En última instancia, se puede decir que el programa busca utilizar de la mejor manera los pocos recursos existentes para el bienestar social y evitar hacer demasiados gastos en situaciones que no van a ser solucionadas o que se evalúan como de menor gravedad.

Se pretende, igualmente, que las y los usuarios del programa tomen conciencia de que son sujetos de derechos y que como tales pueden dirigirse a las entidades del Estado, teniendo la claridad de que no van a solicitar un favor personal, sino a hacer uso de sus derechos. Sin embargo, lo que es muy contrastante con este discurso de derechos y de "empoderamiento" con el que se anuncia el programa es el tipo de soluciones que ofrece: impartir información que no siempre es bien comprendida por los usuarios y dar una serie de apoyos materiales puntuales¹³, que son los que finalmente motivan a los asistentes a las reuniones.

Al igual que el programa OIR, la intervención con adultos mayores está orientada a promover dentro de este grupo de población conciencia de sus derechos. Para tal objeto, se realiza una serie de actividades de desarrollo humano que procura transformar el carácter asistencialista de la relación que han tenido las personas mayores con el Estado, a través de sus programas sociales. También se intenta sensibilizar a los usuarios en relación con el hecho de que el subsidio que se les entrega no depende de la buena o mala voluntad del funcionario de turno, sino del cumplimiento de las leyes; además, se busca fomentar en ellos un papel que vaya más allá del que tienen como simples receptores de la ayuda gubernamental.

Pero si bien en este programa se plantean objetivos novedosos como "dar la palabra a los adultos mayores" y "permitir que sigan ocupando un lugar protagónico en la sociedad", en la práctica las acciones realizadas siguen siendo presas de una lógica asistencial y compasiva, que supera la buena voluntad de los funcionarios que las desarrollan. Cabe mencionar, por ejemplo, que a lo largo de la explicación de todo este proceso el funcionario entrevistado utiliza en varias oportunidades el término "viejitos" (asociado social-mente a minusvalía o indefensión, aunque dice hacerlo por razones afectivas) para designar a los usuarios o beneficiarios del programa, reproduciendo, sin tener conciencia de ello, el paternalismo que pretende combatir.

En el caso del programa "Familias gestantes, bebés sanos y deseados", se produce un desfase similar entre lo que se anuncia y lo que se hace. Por una parte, aunque se habla de familias gestantes, se cuenta con muy poca participación de los futuros padres, y no se desarrollan actividades para estimular efectivamente la presencia masculina en ellos. Las mujeres, y particularmente las adolescentes, reciben una serie de ayudas puntuales para lograr llevar a término su embarazo e iniciar el proceso de crianza, pero no formación ni información relacionada con sus derechos reproductivos. En resumen, se siguen cumpliendo funciones de corte asistencial sin lograr promover de manera eficaz la constitución de las madres y padres gestantes en sujetos de derecho.

Todos los programas buscan suscitar una mayor corresponsabilidad social, es decir, conseguir que las personas beneficiarias de los mismos se apropien de una serie de compromisos y se involucren activamente en la solución de sus problemas. El reto es conseguir renovar los valores tradicionales que han orientado sus relaciones con el sector gubernamental en términos de clientelismo y paternalismo, para transformar sus actividades de participación social. Sin embargo, subsiste una serie de problemas en estos programas sociales, ya que tras el concepto de corresponsabilidad se ocultan ciertas debilidades e irresponsabilidades de un Estado, que no consigue hacerse cargo de numerosas tareas relacionadas con el bienestar de los ciudadanos. Por otra parte, se puede observar que gran parte de las situaciones de precariedad social empiezan a ser interpretadas más como el resultado de una falta de iniciativa, dinamismo y responsabilidad de parte de las personas que las padecen que como situaciones de tipo estructural. En síntesis, las orientaciones de las políticas públicas señalan que los programas sociales se relacionan con los usuarios en términos más de beneficiarios que de actores sociales o de sujetos de derecho.

Aunque al parecer las metas cuantitativas ocupan un lugar privilegiado en las evaluaciones de los programas analizados, las y los funcionarios insisten en plantear la importancia de incorporar en ellas no sólo elementos cualitativos, sino también los procesos que se desarrollan individualmente con las personas atendidas. Lo significativo para muchos funcionarios parece ser la posibilidad de establecer buenas relaciones con los usuarios, empatía con sus dificultades y acciones "justas", desde una concepción de justicia altamente individual. El compromiso puntual en la resolución de los problemas de los usuarios en relación a los programas, más allá de lo que corresponde a sus funciones, devuelve a muchos de estos empleados el sentimiento de estar actuando con equidad. Por esta razón, se sintieron cuestionados por nuestras preguntas en relación con la discriminación racial y se consideraron obligados a justificar sus actividades, a fin de mostrar que no incurrían en actitudes o comportamientos discriminatorios.

La gente "negra" de la localidad: representaciones de las y los funcionarios

Al iniciar las entrevistas con los distintos funcionarios, la primera impresión que tuvimos al escucharlos fue que en la localidad era escasa la población negra. Su ausencia en las descripciones de la localidad y de los programas por parte de los funcionarios fue bastante notoria, ya que el equipo de investigación no tuvo que hacer mucho esfuerzo para ver gente fenotípicamente "negra" en las calles de la localidad. Algunos investigadores como Nina de Friedemann (1984) han planteado que a las poblaciones negras se las ha hecho "invisibles" en la nación colombiana, al ignorarlas, marginarlas y minimizarlas en forma sistemática. En mi opinión, esta falta de reconocimiento de su presencia en la localidad tiene que ver con el hecho señalado por Peter Wade (1997) de que a las personas negras no se las ha institucionalizado como "distintas", porque no representan la otredad cultural que la antropología buscaba en los indígenas. En consecuencia, han sido vistas como ciudadanos comunes, ignorando y ocultando las discriminaciones raciales de las que han sido objeto.

La "invisibilidad" de la gente negra de la localidad fue disminuyendo en la medida en que íbamos adentrándonos en las descripciones de los programas; las y los funcionarios entrevistados caían en la cuenta de que en la localidad había pobladores "negros" y que sus programas los atendían. El avance en la conversación permitió incluso recomponer la representación de la localidad y ubicar los barrios con mayor porcentaje de población "negra". Surgieron numerosos comentarios sobre los cambios vividos en la localidad y sobre la creciente presencia de la gente negra en los programas; por ejemplo, éste de Soledad que transcribo a continuación:

Uno de los procedimientos que utilizamos para evaluar la presencia de la población "negra" en los programas fue revisar las fichas de identificación de los usuarios de los programas; aunque en ellas no se halla una pregunta sobre el color de la piel o sobre la etnicidad, existen diversos mecanismos para identificar a las personas como "negras", a partir de la revisión de la fotocopia de la cédula (y la determinación de sus características fenotípicas "visibles"). Como en el caso de otras investigaciones sobre el tema, esta identificación implicó aplicar un criterio arbitrario, con el fin de lograr un mayor acercamiento a las categorías raciales que se manejan corrientemente (Barbary y Urrea, 2004, pp. 62-63). Antes de continuar, es preciso aclarar que en el equipo de investigación no asumimos la base de la variación fenotípica como algo aparentemente objetivo o "natural", sino, por el contrario, como un dato construido social e históricamente. Somos conscientes de que las diferencias físicas que fueron convertidas en algo clave para las distinciones raciales son muy particulares, y que esta importancia proviene de los enfrentamientos coloniales europeos (Wade, 2000; Quijano, 2001). Dicho de otra manera, las categorizaciones raciales que se utilizan cotidianamente en Colombia son un producto de su propia historia colonial.

En las conversaciones con las y los funcionarios surgieron comentarios que corroboraban la presencia de este tipo de clasificaciones raciales de las y los usuarios de los programas con base en criterios que determinan combinaciones específicas de color de piel, tipo de pelo y rasgos faciales. Así lo describe una de las funcionarias entrevistadas: "O sea, no tenemos [datos oficiales] pero nosotros sí identificamos diferencias, uno cuando escribe, claro, viene una usuaria de color y con ciertos rasgos y uno la ve de color". Por otra parte, los funcionarios aluden a datos relacionados con el lugar de origen y el apellido (sumados o independientemente) de las y los usuarios para hacer estas identificaciones: "[... ] y uno además, más o menos dice, ah... con ese apellido viene por ejemplo, del Valle, de alguna parte del Valle, de alguna parte del Cauca y del Chocó, generalmente todas son more... son negras (iba a decir morenas pero cambia a negras) a diferencia que sí tenemos personas de la Costa atlántica y casi ninguna... , siempre son blancas, o nos han salido blancas, pero sí, nosotros sí las identificamos".

Las y los funcionarios utilizan el lugar de origen imputado a los usuarios para hacer planteamientos en torno a las similitudes y diferencias entre ellos. En Colombia, por razones históricas se establece una relación directa entre el color de la piel y el lugar de origen, que es también una cierta región cultural. Por esta razón lo "negro" se asocia más fácilmente con la región del Pacífico que con la del Caribe. Al respecto, cabe señalar que algunas de las funcionarias y algunas de las mismas usuarias entrevistadas, originarias de la Costa caribe, crean distinciones entre las personas originarias del Pacífico y las del Caribe al afirmar que estas últimas no son negras, sino costeñas. Al disociarse de las personas de la Costa pacífica, percibidas como más "negras", las originarias de la Costa caribe evitan el peso del racismo que podría ejercerse sobre ellas. La eventualidad de encontrar un grupo social más "negro" que el de la Costa caribe les permite escapar al estigma del que podrían ser víctimas (Cunin, 2003). Esta posibilidad de jugar con las identificaciones raciales pone de presente, una vez más, que en Colombia no existen categorías rígidamente delimitadas de lo "blanco" y de lo "negro".

Las formas en que los funcionarios nombran a la gente negra de la localidad por parte de las y los funcionarios y las consideraciones para hacerlo son múltiples. Algunos acuden a criterios institucionales y políticos, como en el caso de quienes utilizan los términos: afrocolombianos, afrodescendientes; otros optan por los usos abreviados y un poco más cotidianos: afro o por los diminutivos, los eufemismos como "personas de color" o los términos que aluden a matices cromáticos como moreno, canela o el enigmático color trigueño; finalmente, algunas y algunos persisten en la apelación negro (a), autorizados por el uso que el propio equipo de investigación hizo del término. En resumen, las y los funcionarios juegan con todo el abanico de posibilidades nominales en los registros del color de piel, de las características socio-culturales y de origen regional para nombrar a la población negra de la localidad.

Si bien las apelaciones dan cuenta de una relativa maleabilidad de las identificaciones de lo negro, los comentarios de las y los funcionarios sobre esta población como usuaria de sus programas muestran que esta maleabilidad no es total. Sus comentarios están fundados generalmente en caracterizaciones que hacen con base en un presupuesto: la distancia cultural y social que los separa de esta población. El uso de sus percepciones y de los modelos interpretativos que se derivan de ellas, conduce a encerrar a las personas negras en una representación que las "petrifica" en el interior de una "cultura" y las define en su totalidad con base en una supuesta particularidad cultural.

Las y los funcionarios suponen, por ejemplo, que las y los usuarios negros de sus programas son inmigrantes recientes, procedentes de otras regiones del país y que en virtud de sus diferencias culturales experimentan muchas dificultades para integrarse a la vida en la Capital¹⁴. Esta suposición no es necesariamente cierta; por una parte, muchas de las personas negras que viven en la localidad llevan mucho tiempo residiendo en la ciudad y otras, incluso, nacieron en Bogotá. Sólo un pequeño pero creciente porcentaje está compuesto de inmigrantes recientes provenientes de regiones en las que la intensificación del conflicto armado ha dado lugar a desplazamientos forzados (Meertens, 2002). Por otra parte, resulta cómodo para los funcionarios atribuir las diferencias en el acceso a los bienes y servicios más a razones de orden cultural o personal que a injusticias sociales, como lo mostraré a continuación.

Uno de los ámbitos al que se hace a menudo referencia cuando se habla de diferencias culturales es el de la esfera familiar, entre otras razones porque la familia es uno de los objetos privilegiados de la intervención social. Una de las funcionarias que trabaja con Guillermo en la Unidad Móvil del programa del ICBF para población desplazada, describe a las familias afrocolombianas como familias numerosas en las cuales los hombres tienen una alta injerencia en las prácticas anticonceptivas de sus parejas, restringiendo, así, su posibilidad de usar métodos quirúrgicos para limitar los nacimientos. También las caracteriza como familias inestables debido a la poca permanencia del hombre en el hogar y a su comportamiento irresponsable. En el caso de los programas de "Madres gestantes" y de "OIR Ciudadanía", podemos observar que muchos de los comentarios de Soledad y Rosario, las funcionarias responsables, sobre los problemas vividos por las madres negras están impregnados de una determinada visión de la familia, que las lleva, por ejemplo, a ayudarlas al considerarlas como víctimas de unas tradiciones culturales y en oposición a un hombre, descalificado como padre y marido, que se supone irresponsable, machista y probablemente violento. Estas representaciones, ampliamente compartidas por otras y otros funcionarios entrevistados, reafirman la necesidad de que el comportamiento de las mujeres, los hombres y las familias se ajuste a un determinado modelo social más apropiado.

Guillermo, el funcionario responsable del trabajo con población desplazada en el ICBF, tampoco es ajeno a los estereotipos sociales que califican a las personas afrocolombianas como "escandalosas" y "problemáticas". Según su percepción, fundada en la experiencia que tiene con los niños "afro" que asisten al programa, éstos desordenan el grupo, "forman la recocha y hacen relajo", porque "provienen de regiones donde pueden hacer mucho alboroto". Su comportamiento, nos dice, le ha causado algunos problemas con sus compañeros de trabajo, con los otros niños del grupo y con la propia comunidad, "pues los niños afro lideran el desorden" y son "los más rebeldes". Al no poder expresarse de la misma manera en Bogotá, estos niños manifiestan el rechazo a la falta de libertad que tienen en el programa debido a su forma de comportarse. Por tal motivo, su estrategia para trabajar con ellos ha sido "tenerles paciencia y dejarlos hacer el desorden, pero controlando que no se sobrepasen".

Sin embargo, el aspecto negativo bajo el cual se evalúa la cultura de las poblaciones negras de la localidad no excluye que pueda ser valorada, y casi magnificada en relación con ciertas normas idealizadas, como, por ejemplo, la solidaridad "espontánea" que sería propia de la cultura negra. Para Emiliano, existe una empatía casi inmediata entre las personas negras, independientemente de que existan entre ellas lazos de parentesco o amistad. Para sustentar su apreciación, nos relata las reacciones de solidaridad inmediata que suscitó la llegada de dos mujeres negras mayores y desplazadas en otra de las habitantes negras de la localidad:

Según otra de las funcionarias entrevistadas, "la gente negra, y en especial las mujeres, son muy solidarias". Dice que tienen un fuerte sentido de comunidad y que generalmente viven en grupos, que no son necesariamente familiares (imagen contrastante con la soledad y la carencia de redes sociales descritas numerosas veces por las mujeres negras que entrevistamos). La funcionaria basa su comentario en el hecho de que estas usuarias llevan generalmente a otras mujeres negras al programa y asisten a las reuniones acompañadas por otras mujeres "de las mismas". Soledad coincide con su colega al identificar comportamientos similares en las usuarias "negras" de los programas que ella coordina:

Pero a menudo lo que es definido como "cultural" se refiere a comportamientos como el de ser "fiesteros" y, por ende, "irresponsables". En el comentario de esta funcionaria las conductas festivas se asocian a los embarazos adolescentes y se evalúan en relación con un sistema de normas de género implícitamente reconocidas como mejores. La misma funcionaria puntea que no existe una mirada negativa sobre la gente "negra" y que, por el contrario, muchas veces son objeto de admiración. Para ilustrar su afirmación describe la manera en que son percibidos los niños negros:

La percepción de la funcionaria es que este tipo de experiencias y comportamientos hacia los niños negros está expresando la admiración y cercanía que se siente en relación con la gente negra, sin darse cuenta de que estas alusiones, aunque adopten la apariencia de una exaltación de ciertas cualidades, pueden generan incomodidad en la gente negra que se siente "exotizada"¹⁵.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que los prejuicios y estereotipos racistas no son estáticos y que, por lo tanto, se adaptan a un contexto, en el cual existe una sanción social de las expresiones peyorativas sobre la gente negra. Por esta razón su manifestación es diferente, y se traduce en comentarios o acciones que traducen en forma velada la persistencia de ciertos prejuicios como el de la "pasividad" o "pereza" que supuestamente caracterizarían a las personas negras. Comentando con Rosario sobre la inasistencia de estas personas a los programas que ofrece la localidad, ésta alude a un caso que presenta como emblemático de una usuaria poco emprendedora, con la que tuvieron muchas dificultades por su pasividad y para hacerle comprender lo importante que era que su hija estudiara. Rosario nos señala que difícilmente se "pudo hacer un trabajo de empoderamiento en derechos con ella porque era muy pasiva, muy lenta, muy ensimismada... y con una gran dificultad para poderse proyectar en la vida, como para poder salir adelante...". Además, nos dice que la usuaria "incumplió el pacto al que habían llegado después de que se le concedió una ayuda de emergencia en el programa". El pacto en cuestión era no tener más hijos y la usuaria lo incumplió cuando su compañero regresó y quedó de nuevo embarazada. Como podemos observar a partir de la descripción de la funcionaria, la usuaria no sólo es "infantilizada" como una persona dependiente e inherentemente desprovista de autonomía, sino también como incumplida e irresponsable. Esta argumentación que consiste en reprobar a las víctimas y en invertir el error permite responsabilizarlos de las dificultades y/o exclusiones sociales que padecen.

Llama la atención que después de hacer este juicio, la funcionaria nos advierte que ella "no tiene nada contra la cultura negra" y que "quiere mucho a los negros". Para respaldar esta afirmación, pone en paralelo un caso totalmente opuesto al anterior, el de otra mujer negra, "exitosa y emprendedora [... ] con una sola hija, muy rebuscadora, muy asertiva, [... ] con la cual se lograron cosas interesantes como brindarle capacitación para que pudiera tener más posibilidades dentro del mercado laboral...", insistiendo en que de todas maneras ella sí cree que la falta de iniciativa es una característica de grupo: "les falta un poquito más de fuerza" y "ser más gestionadores". Lo ambiguo en su relato es la atribución de algunos adjetivos a situaciones individuales y la utilización de ciertas características para calificar al grupo en general. Como en otras ocasiones, la funcionaria resuelve la dificultad que le plantea enfrentarse a sus propios prejuicios, concluyendo que esos problemas tienen mucha relación con "una historia particular y una personalidad": [... ] No sabemos si fue una persona maltratada, si fue una persona rechazada, si fue una persona que no le proyectaron o no le inyectaron como ese dinamismo para poder salir adelante, ¿cierto? O lo otro es que hay distintas maneras de ser, hay personas que son mas introvertidas que otras, ¿cierto?... todos somos seres distintos, únicos e irrepetibles...". Estas explicaciones que se encuentran siempre en el plano de lo individual (personalidad, capacidades individuales, carácter... ) evitan que las y los funcionarios puedan evaluar con distancia crítica la actividad que realizan, el tipo de ayuda que brindan a los usuarios y la orientación de los programas en los que participan.

Además, esta valoración de las dimensiones culturales de las poblaciones negras, que procede de una representación estática de las culturas, lleva a las instituciones y a los agentes de las intervenciones sociales a olvidar los factores sociales, económicos y políticos que explican la presencia de las poblaciones negras en la localidad, sus condiciones sociales de existencia y sus formas de vida. Por ejemplo, se puede subvalorar el aislamiento de una mujer negra porque se supone que las poblaciones negras viven siempre en familia. A la luz de las situaciones reales, esta aprehensión, que conduce muy a menudo a atribuir a las personas la causa de sus dificultades, ofrece al funcionario perspectivas de trabajo muy limitadas. Muchas de estas explicaciones imputan la responsabilidad de la situación observada a las personas objeto de discriminaciones, desplazando una vez más el problema sin tener en cuenta que las lógicas sociales que subtienden estas desigualdades no se reducen a una cuestión de buena o mala voluntad de los sujetos potencialmente víctimas de estos tratos diferenciales y desiguales (Fassin, 2006).

En términos generales, podríamos decir que las y los funcionarios manifestaron cierta resistencia a nuestra pregunta sobre la existencia de discriminaciones raciales o sobre la pertinencia de incluir una dimensión étnico-racial en la formulación de sus programas, por considerar que diferenciar a los usuarios por categorías étnico-raciales era equivalente a introducir un criterio discriminatorio en los programas (Viveros, 2004; Mosquera Rosero-Labbé, 2006). Casi podríamos decir que las y los funcionarios entrevistados se rehusaron a verlas, efectuando un acto de negación, es decir, rechazaron reconocer la autenticidad de la existencia de dicho criterio.

Las y los funcionarios atribuyen las desigualdades en lo referente al capital económico, cultural y social de las poblaciones negras de la localidad a distintas causas, algunas estructurales, como el menor acceso a la educación o las precarias condiciones de vida, pero también muchas veces a carencias subjetivas, como la falta de emprendimiento, de autoestima y laboriosidad, debidas muchas veces a factores "culturales", que les permiten continuar creyendo, y hasta cierto punto pudiéndolo afirmar que no se trata realmente de discriminaciones.

Las y los funcionarios entrevistados en el marco de nuestra investigación reconocen el racismo como un fenómeno existente en la sociedad colombiana. Incluso algunos de ellos elaboran reflexiones al respecto y reconocen los sesgos que pueden tener cuando hablan de la población negra. Éste es el caso de Soledad, quien afirma que el ra cismo es un fenómeno al que no escapan los funcionarios que trabajan en programas de intervención social, pese a que hablen de derechos y a que se suponga que no tienen representaciones racistas de las personas negras. Ella refiere el esfuerzo y las dificultades reales de los funcionarios por tratar como iguales a todas las personas, independientemente de sus pertenencias étnico-raciales, de la siguiente manera: [... ] al menos uno que ya tiene la conciencia y que ha trabajado con la gente y que quiere uno y desea, y esa es su proyección, mirarlos todos con una misma mirada, no es fácil hacerlo, no es fácil, uno mismo cae, puede caer... , uno mismo tiene algo allá que uno dice, no, pero yo no soy, yo no, nunca, y uno no debe hacerlo. [... ] inclusive a veces somos un poquitico hasta especiales con ellos, sabiendo por toda la situación porque llegaron acá y como están viviendo, pero sin embargo... " Es interesante la forma en que Soledad habla del racismo sin nombrarlo, de cómo no se debe ser racista y cómo se puede intentar compensar la posibilidad de serlo, pero también de cómo, a pesar de todo, es un riesgo que ronda constantemente en sus actuaciones.

Una de las dificultades que enfrentan los funcionarios para pensar acerca del tema de las discriminaciones raciales deriva de algunas tensiones presentes en sus prácticas profesionales y en sus relaciones ambiguas con la alteridad. Por un lado, su formación y la orientación de las políticas sociales les demandan que aborden a todos los usuarios de sus programas como iguales, es decir, que pasen por alto sus diferencias. Pero por el otro, los poderes públicos y el mandato de la nueva Constitución enfatizan la importancia de respetar las diferencias culturales entre sus usuarios y de considerarla en la aplicación de sus políticas. Los principios éticos que guían su desempeño profesional les demandan "respetar" la especificidad de quienes son percibidos como diferentes culturalmente. Pero muchas veces este respeto significa remitirlos a su pertenencia cultural, como si ésta los definiera por completo por fuera de toda otra relación social, y los categorizara como miembros de un colectivo cultural sin considerar la diversidad de los miembros que componen un grupo.

Una de las posibles explicaciones a estas negaciones reside en que la sociedad colombiana se construyó durante más de un siglo en torno a un modelo de nación monolingüe, monoétnica y monocultural. Este modelo que redefinía a la nación colombiana como "mestiza y orgullosa de serlo" exigía la desaparición y ocultamiento de la diversidad étnica y cultural del país, al mismo tiempo que legitimaba, sin cuestionarlo, un orden socioracial jerárquico que engendraba desigualdades sociales y económicas. Igualmente, este modelo era "asimilacionista", al buscar incorporar en la cultura general ciertos valores de los grupos indígenas y africanos, que se percibían como de interés general o de importancia artística, pero en una clara perspectiva de "blanqueamiento" biológico y cultural asimilado al progreso, en un momento en que las naciones latinoamericanas luchaban por ser reconocidas como modernas.

Al respecto, es interesante y emblemático el debate sucitado en Brasil en torno a la identidad mestiza brasileña y a la ruptura que representa la incorporación de la discriminación positiva en el ámbito de las políticas públicas de la educación superior. Esta configuración "asimilacionista" ha perdurado en las mentalidades, pese a la redefinición constitucional de 1991. Todavía existe un gran desfase entre los avances normativos que representa esta nueva Constitución, denominada la "Constitución Incluyente" y la incorporación e inscripción de estas transformaciones en las prácticas cotidianas tanto de los funcionarios del Estado como de los ciudadanos que demandan los servicios sociales del mismo. No se puede invocar la magia performativa de las palabras para hacer existir la realidad por el solo hecho de nombrarlas.

Los funcionarios no quieren hablar de discriminaciones raciales porque temen ser acusados de "racistas". Pero vale la pena aclarar que pueden existir discriminaciones raciales sin racismo. Y por eso se habla de discriminación consciente o inconsciente. Igualmente, la discriminación puede ser directa o indirecta, y es más común la segunda que la primera. Aunque no exista intencionalidad de parte del actor que dis-crimina y que pretende estar aplicando reglas en apariencia neutrales, se pueden producir exclusiones o reducciones de las oportunidades a integrantes de ciertos grupos, como, por ejemplo, cuando se exige buena presentación para un trabajo sabiendo todos que detrás de esta fórmula se ocultan prejuicios raciales que asocian la buena presentación a lo blanco. Independiente de una intencionalidad racista se pueden efectuar u omitir acciones que den por resultado estos tratos desiguales con base en el color de piel o en cualquier indicio que suponga la existencia de "razas" diferentes. Didier Fassin (2006) efectúa una importante distinción entre una situación discriminatoria y una intención discriminatoria al plantear que esta diferenciación es esencial desde el pun-to de vista jurídico, permitiendo resolver que una situación es discriminatoria a partir de su objetividad sin tener que certificarla subjetivamente (por los prejuicios raciales de un empleador, de un propietario de una vivienda o de un lugar de diversión, o de un funcionario público).

Comúnmente, la categoría "discriminación" parece hacer referencia a actitudes y comportamientos diferenciales muy explícitos, razón por la cual las actitudes y comportamientos que podríamos englobar dentro de las categorías de racismo cotidiano y racimo positivo quedan subvalorados. Lo distintivo del racismo cotidiano, según Philomena Essed (1991) es que se acude a prácticas tan recurrentes y habituales que ya hacen parte de actitudes y comportamientos socializados. Por eso no son percibidas como actos de racismo, ya que hacen parte del ethos o ambiente sociocultural de la organización de la sociedad colombiana. Tampoco se piensan detenidamente las alusiones a que las personas negras están exclusivamente dotadas físicamente y, por tanto, están destinadas sólo a descollar en ámbitos como los del baile y el deporte. O la fascinación que se percibe en las descripciones que hacen las funcionarias de los niños negros como particularmente bellos y graciosos. La naturalización de la diferencia, así no se atribuyan rasgos específicos negativos al "otro", constituye un acto de negación de la libertad individual de los miembros del grupo racializado, puesto que éstos no son percibidos sino como grupo o fragmento de grupo, sin existencia individual propia. Y corresponden a lo que Colette Guillaumin (2002) denomina el racismo positivo.

En el contexto de los programas de bienestar social las discriminaciones de las que podrían ser objeto las y los usuarios de los programas son aún menos manifiestas que en otros espacios; uno de los principios de dichos programas es garantizar la igualdad en el acceso a dichos servicios, independiente del sexo, raza, religión, o cualquier otro criterio de distinción La perspectiva de derechos a la cual se refieren los funcionarios, apunta a una constante apuesta por tratar a todas las personas de la misma manera. La igualdad es el principio básico que según algunos de los funcionarios guía la forma como se atiende a las personas y se asegura el acceso a los programas. Desde el punto de vista de una funcionaria, la perspectiva de derechos ha transformado la percepción que se tiene de las poblaciones marginalizadas:

Sin embargo, a veces se pueden presentar situaciones en las que los usuarios evocan la existencia de la discriminación racial por parte de los funcionarios, pero en este caso estos últimos son enfáticos en demostrar que el no acceso al servicio se explica por razones administrativas. Como en el caso de una mujer negra que interpuso una acción de petición porque se sintió discriminada al no haber sido admitida en el programa de "Madres gestantes". Las funcionarias que nos reportaron la situación refirieron que la mujer, bastante "adulta", estaba "pasada del tiempo" (tenía seis meses de embarazo cuando el programa sólo admite mujeres en el primer trimestre del embarazo y privilegia beneficiar a madres gestantes adolescentes). Sin embargo, llama la atención saber que esta mujer fue "alojada" en el sistema del programa. ¿Qué significa este reconocimiento de la petición planteada? ¿Que tenía sentido? ¿O que el programa prefirió eludir la asunción de un complicado caso de discriminación racial, que podría afectar su imagen?

Otro de los casos de acusación de discriminación proviene de uno de los usuarios del programa de "Adultos mayores" que ha puesto más de cinco derechos de petición contra el programa. El funcionario responsable del programa caracteriza a este usuario como un hombre "conflictivo que asumió tanto lo de derechos que se le olvidaron sus deberes, e ignora el concepto de la corresponsabilidad". Como en el ejemplo de la madre gestante, la respuesta del pro-grama ha sido ambigua, pues el usuario ha logrado obtener algunas prebendas a partir de su petición, como por ejemplo, beneficiarse de la prolongación de un subsidio de la Alcaldía, pese a que desde noviembre pasado ya había finalizado el convenio en el cual estaba inscrito. Esta prolongación que no se pudo hacer efectiva de inmediato por razones administrativas desencadenó la ira del usuario que una vez más interpuso un derecho de petición ante el Ministerio de Protección y Seguridad Social. No deja de sorprender que gracias a este comportamiento conflictivo el usuario haya logrado singularizar su situación dentro del programa, llamar la atención sobre su difícil situación económica y obtener que los funcionarios se desplacen hasta su casa para evitarse problemas y respuestas a sus demandas. En contraste, el funcionario entrevistado no supo darnos cuenta de su participación en las actividades cotidianas del programa.

No se puede ignorar sin embargo que detrás de los "criterios administrativos" se esconden y mezclan muchas veces prejuicios sociales y étnico-raciales. Por ejemplo, en el caso de la madre gestante que llega "tarde" al programa, se privilegian criterios que ignoran las diferencias que pueden existir en las condiciones de vida de las potenciales usuarias de estos programas y que incidan en que éstas no hagan un uso adecuado de ellos. En términos generales llama la atención la poca afluencia de las personas negras a los pro-gramas de los que podrían beneficiarse. ¿Cómo puede explicarse la subutilización de estas ayudas estatales? ¿Como una expresión de escepticismo frente a la eficacia de los programas del Estado? ¿Como el fruto del desconocimiento de su existencia y del poco acceso a esta información? ¿Como una muestra de negligencia sin considerar que muchas veces son ellas las que viven situaciones sociales más precarias, carecen de redes y tienen mayores dificultades para conseguir y permanecer en un alojamiento?

A modo de conclusión

Aun cuando en Colombia, como en otras sociedades, se han producido avances normativos y promulgado leyes que prohíben cualquier tipo de discriminación, esta forma de relación ni ha desaparecido ni ha sido objeto de debates políticos y académicos sino desde fecha muy reciente. Frente a la amplitud del problema de la discriminación, a su carácter oculto y desconocido, falta mucho camino por recorrer para que la igualdad y la perspectiva de derechos sea una realidad en la sociedad colombiana. Investigar el fenómeno para conocer mejor sus proporciones y manifestaciones en distintos ámbitos y en las experiencias de los diferentes actores sociales que le conciernen es un primer paso necesario en la comprensión de su complejidad. Cabe destacar la importancia de identificar los procesos sociales que sustentan la realidad de la discriminación en nuestro propio contexto desde miradas cruzadas, que permitan abarcar el problema en su globalidad.

En esta oportunidad me propuse abordar el problema de la discriminación, no desde la perspectiva de quienes son potencialmente discriminados, sino desde el punto de vista de las y los funcionarios que desarrollan y ponen en marcha las políticas y programas sociales gubernamentales. La reflexión realizada permite hacer algunas inferencias sobre sus apreciaciones acerca de la existencia o no de discriminaciones raciales en una de las localidades más pobres de Bogotá, y poner en relación estas percepciones con sus trayectorias laborales y con las orientaciones generales de los programas en los cuales trabajan.

En primer lugar, se puede identificar en las y los funcionarios entrevistados la resistencia frente a la pregunta sobre la existencia de discriminaciones raciales en la localidad y sobre las respuestas institucionales a ella. En un contexto social como el colombiano, en el que se niega cotidianamente la existencia del racismo, es difícil pensar sobre la discriminación étnico-racial. En efecto, en nuestro país las manifestaciones de racismo casi nunca son espectaculares y la discriminación racial se practica a nivel individual, bajo una forma más de exclusión que de agresión. Por esta razón son escasas las reflexiones sobre la discriminación, la intolerancia y el racismo, tal como son vistos y experimentados por la sociedad colombiana.

Las y los funcionarios entrevistados no son ajenos a este ambiente irreflexivo y aceptan con dificultad la pertinencia de incluir una dimensión étnico-racial en la formulación de sus programas, por considerar que diferenciar a los usuarios por categorías de este tipo es equivalente, como se señala en este texto, a introducir un criterio discriminatorio en los programas. Cualquier alusión a lo racial fue asumida con gran prevención por su parte, y se protegieron de diversas maneras de cualquier acusación personal o institucional de racismo, como se ha documentado en otros casos (Viveros, 2004). Esta actitud defensiva debe leerse como una denegación¹⁶ del racismo en un contexto institucional, en el cual es prácticamente imposible hacer una reflexión sobre la forma en que las políticas estatales reproducen las prácticas discriminatorias que operan en la sociedad al privilegiar las relaciones de poder y dominación de unos grupos sociales, étnico-raciales y de género sobre otros.

Las y los funcionarios entrevistados están atareados en un sinnúmero de actividades que buscan utilizar de manera eficiente los pocos recursos existentes para el bienestar social desde una lógica asistencial y compasiva, que va más allá de su buena voluntad. Su margen de acción es muy reducido y el nivel de frustración generado por las nuevas situaciones sociales de polarización social y de incremento del desplazamiento forzado es muy alto. Como se muestra en este artículo, los programas analizados participan del desplazamiento observado en el foco de atención de las políticas sociales en las sociedades contemporáneas más centradas en el individuo y sus interacciones que en la sociedad y las relaciones sociales. Por tal motivo, muchos de ellos han reformulado sus prácticas profesionales, reorientándolas en términos de promover el desarrollo humano y la autoestima de las y los usuarios de sus programas, con el fin de acrecentar sus capacidades de apropiación de sus derechos. Este repliegue en torno a las relaciones interpersonales con las y los usuarios ha sido también una manera de preservar el sentido vocacional de las actividades profesionales que cotidianamente realizan en los programas.

En relación con el tema de la discriminación racial, se puede concluir que sólo el desarrollo de un sentido crítico y de una cierta vigilancia intelectual de parte de las y los funcionarios que apuntalan el funcionamiento de las políticas sociales, permitirá identificar las diferentes manifestaciones cotidianas de la discriminación de la que pueden ser objeto las y los usuarios de sus programas y desplegar actividades que permitan promover contrapropuestas, generar espacios de reflexión y educación, para luchar de manera eficiente en contra de estas irregularidades. Se trata igualmente de propiciar situaciones y enseñanzas que fomenten tanto en el ámbito intelectual como relacional formas más amplias de ver la realidad y experiencias positivas de encuentro con las personas que provienen de los grupos que pueden ser potencialmente discriminados. En esta forma se podrán reconocer sus dificultades y valorar sus luchas y aportes a la vida de la localidad. Pero al mismo tiempo debe quedar claro que la lucha contra la discriminación necesita herramientas que vayan más allá de la buena voluntad de las y los funcionarios implicados en el desarrollo de las políticas sociales.

Se necesitan medidas concretas para apoyar estos principios de igualdad y justicia social. Se requieren organismos y pro-gramas que promuevan el reconocimiento de las desigualdades sociales, pero también en los que se puedan denunciar los casos de discriminación con la certeza de que van a ser sancionados legalmente¹⁷. En este sentido será muy bienvenida la presencia de organismos independientes, como los que está proponiendo la Defensoría del Pueblo, que vigilen los casos de discriminación, que realicen propuestas para fomentar una mayor justicia social, pero así mismo que tengan el poder jurídico necesario para garantizar a quienes son víctimas de discriminación la posibilidad de demandarla sin temor a las represalias que pueda generar el haberse atrevido a hacerlo.

Comentarios

1 Tomado de "Estándares Internacionales de la no-discriminación", documento de trabajo elaborado por Gregorio Mesa Cuadros, citado en el proyecto de trabajo de la Defensoría del Pueblo y titulado "Bogotá plural. Un lugar para la diversidad", septiembre de 2005. Esta definición también se encuentra avalada por el DRAE.

2 Entre otros están las Convenciones y Declaraciones del Sistema de Naciones Unidas e Interamericano, relativas a la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación por motivos de origen racial o étnico, lengua, religión o convicciones, orientación sexual, edad, discapacidad y género. A nivel de derecho comparado, algunos países han utilizado esta definición dentro de sus leyes y directivas que buscan prevenir y eliminar la discriminación.

3 Corte Constitucional, Sentencia T-098 de 1994 con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

4 La discriminación fue definida por la Corte Constitucional, con base en la Sentencia anteriormente citada, como "la conducta, actitud o trato que pretende anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales", y que da como resultado "la violación de sus derechos fundamentales".

5 Desde hace tres años y medio, en la Defensoría del Pueblo se está desarrollando un proyecto tendiente a cualificar sus intervenciones en la defensa de los derechos humanos. En el desarrollo de este proyecto se conformó un equipo de trabajo denominado "Grupo Antidiscriminación", cuyo objetivo es diseñar un plan de acción para eliminar todas las formas de discriminación existentes en la ciudad de Bogotá D.C. También debe tenerse en cuenta la reciente creación del Observatorio de Discriminación Racial (del Centro de Investigaciones Socio-jurídicas –CIJUS- de la Universidad de los Andes en asocio con el Proceso de Comunidades Negras -PCN ) que se propone, en forma explícita, documentar las prácticas de racismo en Colombia y desarrollar acciones en contra de ellas.

6 Esta poca presencia de la discriminación como tema de refl exión académica no significa la inexistencia de trabajos que hayan hecho referencia a la percepción que tienen las personas negras de haber sido objeto de discriminación (Mosquera, 1998).

7 El término «ideología » es entendido, ya sea en su acepción marxista, como ilusión que oculta una realidad o en su sentido weberiano, como sistema que legitima el orden social.

8 Se pueden enumerar al respecto obras como la de Pierre-André Taguieff (1987 y 1991) y la de Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein (1988).

9 Mientras ésta ha sido la situación en Francia hasta una fecha bastante reciente, Gran Bretaña ha seguido una orientación muy distinta en el debate académico. Allí, desde los años setenta y ochenta, John Rex y Robert Miles plantearon la importancia de analizar conjuntamente las relaciones de raza y clase, y el efecto de las lógicas económicas en estas relaciones. Ver al respecto la revisión que hacen John Solomos y Les Back (1994). También es interesante tomar en cuenta los trabajos realizados en Brasil recientemente, en función de los debates que ha suscitado el tema de la ley de cuotas en la educación superior (Carvalho 2005 y 2006).

10 La definición de la discriminación racial contenida en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial es la base para determinar los actos de discriminación racial. Ese artículo afirma que la expresión discriminación racial denotará "toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública". La discriminación racial incluye, en particular, una distinción que tiene el propósito o el efecto de menoscabar derechos y libertades particulares. Del mismo modo, la discriminación racial abarca las actividades que tiene consecuencias dispares injustificables para un grupo caracterizado por la raza, el color, el linaje o el origen nacional o étnico. Esta definición fue escogida sobre la base de que la comunidad internacional en general ha aceptado la Convención como el principal instrumento de derechos humanos relacionado con la discriminación racial.

11 Este racismo cotidiano es un fenómeno trivial que se expresa a menudo, no en términos de "raza", sino de supuestas insuficiencias ligadas a la cultura y al origen étnico (Essed, 2005).

12 La vocación es entendida como una especie de destino natural, de aptitud particular por un tipo de vida y un ejercicio profesional que privilegia el servicio a la gente sobre la remuneración y el desarrollo profesional.

13 Entre estas ayudas puntuales podemos mencionar un equipo para bebé, el apoyo fúnebre, el apoyo de transporte alimentación y aseo para población migrante, casi siempre en situación de desplazamiento, el apoyo para la compra de medicamentos y un bono nutricional que permite comprar una canasta de alimentos en momentos de emergencia.

14 Otros trabajos (Fassin, 2002 ; Mazouz, 2005), realizados en Francia han descrito situaciones análogas, en las cuales la solicitud expresada por los funcionarios franceses a los extranjeros de "integrarse" se convierte en una prescripción paradójica en cuanto los supone a priori como exteriores y diferentes al resto de la sociedad francesa (Fassin, 2006).

15 Las mujeres negras entrevistadas en el marco de esta misma investigación manifestaron en algunas oportunidades cierto males-tar por el excesivo entusiasmo que generaban sus hijos en edades tempranas, percibidos como niños "exóticos" que todo el mundo quería fotografiar, en contraste con los comentarios desagradables que se hacía sobre ellos cuando eran adolescentes o jóvenes adultos, y eran descritos como potenciales delincuentes (Meertens, Viveros y Arango, 2005).

16 El término denegación es utilizado en el sentido de rechazo de la realidad de una percepción "por su carácter desagradable, incluso insoportable y por tanto potencialmente traumatizante" (Fassin, 2006, p. 135).

17 A conclusiones muy similares llegan las y los investigadores Guitté Hartog, Louise Greathouse Amador y José Gil García Pérez, a propósito de la I Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México, publicada en Abril de 2205 por la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL.

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Fecha de recepción: 8 de mayo de 2007 • Fecha de modificación: 25 de junio de 2007 • Fecha deaceptación: 16 de julio de 2007