Calidad de vida urbana: una propuesta para su evaluación ^*

Wilson Giovanni Jiménez Barbosa - Jorge Iván González Borrero

Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales - CINDE, Colombia. Docente en el área de posgrados en Salud en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Correo electrónico: giovijimenez@yahoo.com

Doctor en Economía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Profesor de la Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: jorgeivangonzalez@telmex.net.co

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res49.2014.12

RESUMEN

Este artículo presenta las bases metodológicas de la tesis doctoral denominada "La calidad de vida en la ciudad de Bogotá: una evaluación mediante el empleo del índice de pobreza multidimensional - IPM", investigación que se encuentra en curso. La calidad de vida, entendida como la capacidad que tienen las personas de desarrollar su proyecto de vida, depende, en buena medida, de la garantía que una nación les brinde a sus ciudadanos para acceder a una serie de bienes primarios, entendidos éstos como dotaciones y derechos que una sociedad ha acordado brindar a sus habitantes. Bogotá ha generado en los últimos años políticas públicas que buscan garantizar este tipo de bienes a sus pobladores. El objetivo general de la investigación es evaluar cómo estas acciones han mejorado la calidad de vida de los bogotanos; para lo cual se seleccionó el IPM, diseñado por Alkire y Foster y adaptado para Colombia por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), método que ha sido aplicado para cada una de las localidades que conforman la división político-administrativa de la ciudad, el cual tiene como ventaja la posibilidad de desagregarse en cada una de sus dimensiones e indicadores, facilitando la formulación y evaluación de políticas.

PALABRAS CLAVE

Calidad de vida, bienes primarios, libertades, capacidades, Bogotá, índice de pobreza multidimensional.

Quality of Life and Multi-Dimensional Poverty Index as a Method of Evaluation

ABSTRACT

This article presents the methodological basis of the doctoral thesis entitled "Quality of Life in the City of Bogota: An Assessment through the use of the Multidimensional Poverty Index - MPI," an ongoing investigation. Quality of life, understood as people's capability to develop their life projects, depends to a large extent on the guarantee that a nation provides its citizens to accede to a range of primary goods, understood as endowments and rights that a state has agreed to provide for its inhabitants. In recent years, Bogota has developed public policies to ensure this type of primary goods to its residents. The overall objective of the study is to evaluate how these actions have improved the quality of life of citizens; for which MPI was selected. The method was designed by Alkire and Foster and adapted to Colombia by the National Planning Department - DNP. It has been applied to each of the localities that make up the political and administrative divisions of the city. The advantage is it can be broken down into each of its dimensions and indicators, facilitating the formulation and evaluation of policies.

KEY WORDS

Quality of life, primary goods, freedom, capabilities, Bogota, Multidimensional Poverty Index.

Qualidade de vida urbana: urna proposta para sua avaliação

RESUMO

Este artigo apresenta as bases metodológicas da tese doutoral denominada "A qualidade de vida na cidade de Bogotá: uma avaliação mediante o emprego do índice de pobreza multidimensional -IPM", cuja pesquisa se encontra em curso. A qualidade de vida, entendida como a capacidade que as pessoas têm de desenvolver seu projeto de vida, depende, em boa medida, da garantia que uma nação oferece a seus cidadãos para aceder a uma série de bens primários, estes entendidos como dotações e direitos que uma sociedade decide oferecer a seus habitantes. Bogotá tem gerado nos últimos anos políticas públicas que procuram garantir esse tipo de bens a sua população. O objetivo geral da pesquisa é avaliar como essas ações vêm melhorando a qualidade de vida dos bogotanos; para isso, selecionou-se o IPM, desenhado por Alkire e Foster e adaptado para a Colômbia pelo Departamento Nacional de Planejamento (DNP), método que vem sendo aplicado para cada uma das zonas que conformam a divisão político-administrativa da cidade, o que tem como vantagem a possibilidade de desagregar-se em cada uma de suas dimensões e indicadores, o que facilita a formulação e avaliação de políticas.

PALAVRAS CHAVE

Qualidade de vida, bens primários, liberdades, capacidades, Bogotá, índice de pobreza multidimensional.

Introducción

Las aglomeraciones poblacionales pueden ser espacios de dignificación de la existencia humana; ¿pero cómo este tipo de ordenamiento del territorio puede mejorar o desmejorar la calidad de vida de sus habitantes? Una respuesta, en la cual se basa este artículo, puede darse de la siguiente forma: la calidad de vida en las ciudades depende de la distribución equitativa de la riqueza generada en ellas; para lograr esto, a sus habitantes se les deben garantizar "los mismos derechos y libertades básicos, las mismas oportunidades y los mismos medios generales, como los ingresos monetarios y la riqueza, todo ello sostenido por las mismas bases sociales del respeto a sí mismo" (Rawls 2006, 177); gracias a lo cual, se esperaría reducir la desigualdad existente entre los seres humanos que la habitan, sea esta producida o derivada del azar o de la herencia.

Al garantizarse este acceso a los bienes primarios, se ampliará el espectro de capacidades que le permitirán al individuo ser y hacer lo que desea, elevándose el ejercicio de su libertad. De esta forma, la ciudad será habitada por seres libres e iguales, que se reconocen y son reconocidos por sus otros conciudadanos en el espacio público; lo que repercutirá en la consolidación de una sociedad con un mayor grado de desarrollo, equidad y justicia para todos sus integrantes; evitándose todo tipo de segregación social, económica y/o espacial. Es así que se genera una espiral virtuosa que aumenta la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad.

Con base en el anterior planteamiento, para evaluar si la riqueza de la aglomeración está siendo distribuida en forma justa, gracias al acceso que tienen sus pobladores a bienes primarios, y si este factor está impactando positivamente en la calidad de vida de los habitantes de una ciudad -en este caso Bogotá-, se propone como metodología el análisis desagregado por dimensiones e indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional diseñado por Alkire y Foster. Dado que permite identificar las principales variables que están determinando la incidencia de la pobreza sobre personas y hogares, y con base en ello, si se asimilan las dimensiones y los indicadores del IPM como un bien primario al cual acceden o no los hogares, se podría inferir la calidad de vida en la ciudad.

Esta metodología fue adaptada a Colombia por el Departamento Nacional de Planeación, el cual definió cinco dimensiones y quince indicadores que evalúan el acceso que tienen los hogares a variables como educación, salud, cuidado de la infancia y la juventud, trabajo, acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda. Para el caso particular de Bogotá, el IPM ha sido calculado para 2003, 2007 y 2011, tomando como fuente de datos las encuestas de calidad de vida de 2003 y 2007, y la encuesta multipropósito para Bogotá de 2005.

El artículo desarrolla lo anteriormente expuesto brindando, primero, la definición de varios conceptos que resultan fundamentales, tales como derecho a la ciudad y ciudad de derechos, calidad de vida, bienes primarios, libertad, capacidades humanas y segregación. Posteriormente, se describe el IPM en cuanto a sus atributos, dimensiones e indicadores y su potencial uso como herramienta para la evaluación de la calidad de vida y la forma en que fue adaptado a Colombia. A continuación, se plantea la relación existente entre IPM, bienes primarios y calidad de vida. Finalmente, se termina planteando cómo puede ser usado el IPM para evaluar la calidad de vida en Bogotá al comparar su evolución durante 2003, 2007 y 2011.

Derecho a la ciudad y ciudad de derechos

La concentración de población favorece el mejoramiento de las condiciones de vida. En la ciudad las personas residen, producen, consumen, se recrean, y la forma como se desarrollan estas actividades se refleja, a su vez, en la calidad de vida. Los individuos deciden permanecer en la ciudad cuando, a su juicio, perciben que las externalidades positivas son más importantes que las negativas (PNUD 2008, 31), y realizan este balance entre lo bueno y lo malo de la ciudad de maneras muy diversas. Los nuevos migrantes llegan porque confían en que la ciudad les brinda nuevas oportunidades.

La dinámica de la ciudad puede ser exitosa, desde el punto de vista del desarrollo humano, si se cumplen dos condiciones: aumento de la riqueza y distribución equitativa de los excedentes. Los rendimientos crecientes que generan las vecindades se expresan en una mejor calidad de vida, si la nueva riqueza va a la par con una política distributiva. El desarrollo, entendido como la ampliación de las capacidades de las personas, tiene connotaciones espaciales. El derecho a la ciudad es condición para alcanzar la ciudad de derechos. El ejercicio de los derechos en la ciudad es posible si el ordenamiento espacial se ha realizado pensando que el territorio es de todos. El derecho a la ciudad supone un ordenamiento territorial incluyente que, a su vez, facilita el ejercicio de los derechos en la ciudad. La ciudad puede ser el lugar privilegiado para el ejercicio de los derechos si el ordenamiento del espacio urbano ha sido concebido como un territorio para todos. La ciudad de derechos no es posible sin el derecho a la ciudad.

El derecho a la ciudad crea las condiciones técnicas indispensables para que puedan cumplirse plenamente los propósitos formulados en la ciudad de derechos. No es posible pensar la demanda de bienes, el acceso a los servicios sociales, la eficiencia en la producción, sin considerar el espacio. La ciudad de derechos se concreta en un sitio específico. La posibilidad fáctica de la ciudad de derechos tiene que pasar por el ordenamiento urbano y territorial. Podría decirse, entonces, que no hay derechos sin espacio. La concreción de esta relación se expresa de formas muy diversas. Por ejemplo, el derecho a la salud no se cumple si la distancia a los hospitales y centros de salud no los hace accesible. En otras palabras, la distancia termina afectando las condiciones de la oferta.

La relación entre el derecho a la ciudad y la ciudad de derechos puede mirarse desde un ángulo macro en el que la interacción del suelo y las personas lleva a reflexionar sobre temas estratégicos. Cuando se toma seriamente el suelo como un factor de producción primario, los recursos naturales adquieren relevancia. El ordenamiento urbano de una aglomeración de gran tamaño como Bogotá tiene implicaciones sobre las dinámicas rurales de una región extensa. Bajo estas consideraciones, el consumo de agua de Bogotá afecta fuentes hídricas del país; también, su dinámica tiene implicaciones en el transporte, y ello incide en el consumo de petróleo y en la evolución de cultivos sustitutos del petróleo. Por consiguiente, temas como el petróleo, el agua, el río Bogotá, los humedales, la protección de los cerros, etcétera, son aspectos que están directamente relacionados con el ordenamiento urbano.

Los criterios que permiten relacionar el derecho a la ciudad con la ciudad de derechos, entre otros, deben tener como punto de referencia la dimensión espacial. Lo físico condiciona la forma como se concreta la ciudad de derechos, y el ejercicio de los derechos se expresa en el territorio. El significado práctico del cumplimiento del derecho a la educación, por ejemplo, es completamente distinto en París que en Kabul, no sólo porque las legislaciones de los países son distintas, sino porque las características de las aglomeraciones y de los territorios también cambian. Bajo el mismo esquema normativo, la posibilidad de superar la línea de pobreza en Bogotá es superior a la que existe en cualquier otra ciudad del país.

Una administración que ofrezca cobertura educativa universal podría decir que está garantizando el derecho a la educación. Y ello es cierto cuando el criterio de juicio contiene las exigencias mínimas. Pero si el derecho a la educación se relaciona con el derecho a la ciudad, se constata que para muchos hogares en la ciudad, el acceso al colegio es difícil (en algunos casos, el tiempo de desplazamiento de la casa al colegio es superior a una hora), la movilidad es costosa y la segregación es profunda (los niños ricos no estudian con los niños pobres).

Estas tres variables (acceso, movilidad y segregación) tienen una relación estrecha con el derecho a la ciudad. La mala distribución de los equipamientos y los problemas de movilidad (tiempo, costo, congestión, etcétera) muestran que la apropiación de la ciudad es muy desigual. Frente a otros derechos (salud, vivienda, acceso a los discapacitados, etcétera), podríamos hacer consideraciones similares, que llevan a la misma conclusión: el ordenamiento urbano crea las condiciones físicas y espaciales que permiten el ejercicio pleno de los derechos.

El ejercicio real de la libertad implica disponer de bienes, y para conseguir este propósito, la ciudad tiene ventajas especiales. En tal sentido, Marshall (1920) se admiraba por la forma como la aglomeración de personas mejora las capacidades humanas porque las vecindades tienen un misterioso poder que favorece el desarrollo de las potencialidades de las personas (González 2010, 2). En tal sentido, Weber (2001, 268-269) indica que las realizaciones de la ciudad en el ámbito cultural son extraordinarias, así como en el origen de la ciencia y de algunas religiones. Y en el sentido económico, afirma que la ciudad es la sede del comercio y de la industria, y necesita ser aprovisionada, sin interrupción, desde fuera con artículos de primera necesidad.

Hay una interacción circular entre la ciudad de derechos y el derecho a la ciudad, de forma que lo uno no se entiende sin lo otro. Esta relación comienza a ser más explícita en los últimos años, cuando el tema territorial gana importancia. Desde la expedición de la Ley 388 de 1997, el desarrollo urbano adquiere relevancia en la definición de la política pública. En cierta forma, la ley es un paso sustantivo en la creación de las condiciones que permitan el liderazgo de la administración frente a la dinámica urbanística.

La aglomeración que propicia el ejercicio de los derechos también crea condiciones que favorecen la productividad y la competitividad. Los rendimientos crecientes que resultan de la aglomeración deben ser compatibles con el mejoramiento de las condiciones sociales de la mayoría de la población. De forma que la construcción de una ciudad incluyente no sólo es benéfica desde el punto de vista social, sino que también favorece el desarrollo económico. Así, los rendimientos crecientes se reflejan en salarios más elevados y en un mejoramiento del bienestar general. El mercado se amplía en aquellos lugares donde la producción está concentrada (Krugman 1991, 484-486).

A su vez, la competitividad de la ciudad está ligada a la de su región (Chaparro et al. 2006, 12). La localización y las ventajas comparativas creadas tienen una clara incidencia en la competitividad. En este punto conviene destacar la interacción entre tres categorías básicas: productividad, competitividad y convergencia. En condiciones ideales, el ordenamiento del territorio debe contribuir a mejorar la productividad, a estimular la competitividad y a garantizar la convergencia.

La realidad muestra que la población y la producción tienden a ubicarse en unos pocos lugares, que potencian aún más las externalidades propias de la aglomeración, debido a que se considera una mejor opción vivir y producir cerca de los lugares donde se concentre la producción, por cuanto la cercanía reduce los costos de acceso y movilidad (de bienes y personas) (Krugman 1991, 486).

Factores como la calidad de vida tienen que ver con la vivienda digna y el consumo de bienes básicos, tales como alimentación, transporte, salud y educación. Además, para vivir bien en la ciudad, se necesita que haya una oferta adecuada de servicios domiciliarios como agua, luz, teléfono, gas, recolección de basuras; y de espacios públicos como vías, parques, plazas, cementerios, plazas de mercado, estadios deportivos, bibliotecas... (PNUD 2008, 31-32). Garantizar a todos los habitantes de la aglomeración el acceso a estos servicios es el gran reto que enfrenta la planeación urbana. Pero para que la sociedad experimente una mejora sostenida en su calidad de vida se requiere, a su vez, una distribución justa de la riqueza (González 2002, 20). De forma que la búsqueda de la equidad es una condición necesaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

La igualdad se consigue, sobre todo, a través de la tributación y la participación en las rentas derivadas de los procesos urbanos (Vickrey 1994). Desde esta perspectiva, cumple un papel importante el liderazgo que tengan los gobiernos locales para concertar políticas como la participación en las plusvalías o el cobro de tasas progresivas de impuesto predial. En la lógica del teorema George, Hotelling, Vickrey, la aglomeración genera las rentas necesarias para pagar los servicios. De esta manera, se crea un círculo virtuoso que eleva las posibilidades de la metrópoli de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Sin embargo, desde las perspectivas de autores como Oates, la redistribución del ingreso debe ser una función cumplida por el Estado central, ya que, de lo contrario, surgen problemas en el ámbito local que pueden favorecer o desfavorecer a las ciudades, tales como reubicación de algunas empresas que buscan localizarse en otras ciudades o pueblos donde las tributaciones sean más bajas, lo que puede verse acompañado también con movimientos de poblaciones (Molero 2001, 503-504).

Para evitar que estos fenómenos afecten la calidad de vida de la ciudad, se debe planear desde una perspectiva regional, en la cual las ciudades cercanas se vean beneficiadas del crecimiento de la ciudad principal, logrando la convergencia entre ellas y evitando que se compita por la atracción de la industria con base en la reducción de tasas de tributación de las empresas y los ciudadanos. Por el contrario, la planeación desde la perspectiva regional debe potenciar las estructuras comunes y las ventajas específicas de cada uno de los municipios que la integran, con el propósito de lograr una articulación en red que genere una mayor atracción a las industrias y repercuta en mejores condiciones de vida para todos los que la habitan.

Calidad de vida

El Informe de la Comisión sobre la Medición del Rendimiento Económico y el Progreso Social, (Stiglitz, Sen y Fitoussi 2009, 41) afirma que la calidad de vida es un concepto más amplio que el de producción económica o el de nivel de vida. En este sentido, Sen expresa que "el concepto de calidad de vida se centra en la forma en que transcurre la vida humana y no solo en los recursos o en la renta que posee un individuo" (Sen 2004, 42). Es decir, que la calidad de vida es un proceso dinámico ligado al ciclo vital de cada persona, en un contexto social específico. Por lo tanto, se puede definir la calidad de vida como la posibilidad que tiene un ser humano de llevar una vida digna, gracias a la capacidad de desarrollar sus potencialidades en forma autónoma y cooperante con los objetivos de la sociedad de la que hace parte.

De acuerdo con la visión de Sen, sería importante acercarse lo más posible a la comprensión del espacio de las capacidades de las personas, pero la riqueza conceptual de este enfoque se pierde cuando se tratan de medir las capacidades a través de indicadores. El punto de llegada es claro: la ampliación de las capacidades (Sen 1985) con el fin de extender las combinaciones de realizaciones que la persona puede alcanzar.

Sen describe así el propósito final:

La atención debe centrarse en las capacidades para realizar; es decir, en lo que una persona hace o puede ser. Rechazo la visión estándar que fija la atención en la opulencia (como las estimaciones del "ingreso real"), o en la utilidad (como las formulaciones usuales de la "economía del bienestar"). (Sen 1985 citado por González 2011, 89)

La evaluación de la calidad de vida sólo podría ser realizada por cada individuo con base en lo que valora y tiene razones para valorar (Stiglitz, Sen y Fitoussi 2009, 43).

Además de la percepción, la calidad de vida involucra elementos objetivos como las condiciones básicas que debe garantizar el Estado (nacional y/o local) a cada persona para que pueda ampliar el campo de ejercicio de sus libertades (Stiglitz, Sen y Fitoussi 2009, 44).

A partir de estas lecturas, se ha tratado de construir modelos que evalúen el nivel de calidad de vida de un individuo y de una sociedad. El punto de partida han sido enfoques estáticos, que identifican la cantidad de bienes a los que tiene acceso un individuo. Otros enfoques insisten en las potencialidades, como es el caso de Nussbaum y Sen (2004), que con una mirada ampliada trascienden la concepción de bienes primarios como conjunto de mercancías, para entenderlos como una estrategia de medios que facilitan la ampliación de las capacidades. De todas maneras, el concepto de bienes primarios de Rawls es la base a partir de la cual Sen elabora su discurso sobre las capacidades y realizaciones. Éstos son elementos esenciales de una teoría de la justicia (Vélez 2011, 149).

Bienes primarios

El concepto de bienes primarios fue formulado por John Rawls en 1971 en su libro Teoría de la justicia, siendo retomado y ampliado por el mismo autor en su obra Liberalismo político (Rawls 2006). Rawls considera que es necesario garantizar a los ciudadanos un listado de recursos expresados como derechos y libertades que les permiten a los seres humanos desarrollar el proyecto racional de vida que ellos hayan elegido (Rawls 2006, 175-177). Al respecto, Rawls expresa: "Hemos de suponer entonces que cada individuo tiene un plan racional de vida, hecho según las condiciones a que se enfrenta y también para permitir la satisfacción armónica de sus intereses" (Rawls 2006, 177).

El proyecto vital se enmarca en un contexto social que incide en su desarrollo. Es lógico pensar que la sociedad debe proporcionarle al individuo las condiciones propicias para lograr el programa de vida que él juzga valioso (Mesa 2009, 2). Siendo la primera condición para el ejercicio de la libertad el que todos los miembros de la sociedad tengan las dotaciones básicas iniciales que les permitan su autodeterminación. Adicionalmente, con la garantía de acceso a bienes primarios, Rawls (2006) busca que se mantenga, a lo largo del tiempo, la estabilidad política alcanzada por la sociedad, que tiene la función de proteger y promover los intereses de los ciudadanos que han suscrito la concepción política de la justicia (Mesa 2009, 2-3). Plantea una lista básica de bienes primarios, que no es única, porque se le pueden agregar otros elementos, como el tiempo de ocio o la liberación del dolor físico (Rawls 1993, 178), y que depende de los acuerdos a los que llegue cada sociedad. Para Rawls, los bienes primarios son:

Los derechos y libertades básicas.
La libertad de desplazamiento y la libre elección de ocupación en una marco de diversas oportunidades. Los poderes y las prerrogativas de los puestos y cargos de responsabilidad en las instituciones políticas y económicas de la estructura básica. Ingresos y riquezas.
Las bases sociales del respeto a sí mismo. (Rawls 1993, 285)

Sin embargo, Rawls no predetermina los contenidos y las formas de garantizar cada uno de los bienes primarios mencionados, por cuanto considera que deben ser construidos dentro de cada sociedad. Siendo fundamental que los ciudadanos lleguen a un consenso traslapado, en el cual, distantes de cualquier doctrina comprensiva, identifiquen las dotaciones básicas que deben ser brindadas para que todos puedan desarrollar sus proyectos de vida.

Libertad y capacidades humanas

La calidad de vida se puede entender como la satisfacción derivada de las posibilidades de desarrollar autónomamente su proyecto vital. De allí se sigue que el Estado debe crear condiciones propicias para el ejercicio de la libertad. En palabras de Rousseau, "el primero de todos los bienes no es la autoridad, sino la libertad. El hombre verdaderamente libre no quiere sino lo que puede, y hace lo que le place" (Rousseau 1993, 64); por ende, ese puede se encuentra estrechamente ligado a la posibilidad de desarrollar sus potencialidades gracias al empleo que haga de los medios a los que accede un ser humano a lo largo de su existencia; si los medios son limitados, el ejercicio de la libertad es restringido, ya que ésta nace de la interacción entre unas condiciones básicas dadas por la sociedad y la capacidad que el individuo tenga para transformarlas, en aras de su bienestar.

En este sentido, la simple garantía de dotación de bienes primarios a los integrantes de la sociedad no asegura el que se amplíe el ejercicio de sus libertades. Para lograr este objetivo, se debe ir más allá de su simple provisión, pasando a la generación de capacidades acordes a la singularidad de cada uno de los participantes, siendo los bienes primarios el punto de partida que facilita a cada ser humano el logro de sus realizaciones.

Por su parte, Nussbaum plantea que para lograr la ampliación de las libertades hay una lista de capacidades que se deben garantizar a cada ser humano. Los requisitos fundamentales para dignificar la existencia humana son los siguientes:

1. La capacidad de vivir hasta su fin una vida humana normal y plena.

2. La capacidad de mantener una buena salud.

3. La capacidad de moverse libremente de un lugar a otro.

4. La capacidad de usar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento de un modo auténticamente humanos.

5. La capacidad de tener relaciones afectivas con personas y objetos distintos a nosotros mismos.

6. La capacidad de formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente sobre los propios planes de vida.

7. La capacidad de vivir con y para los otros, de acuerdo a las bases del respeto a sí mismo.

8. La capacidad de vivir una relación respetuosa con otras especies diferentes a la humana.

9. La capacidad de jugar y disfrutar actividades recreativas.

10. La capacidad de participar en las elecciones políticas que gobiernan la propia vida, como también de disponer de propiedades y gozar de los derechos que la garantizan. (Mesa 2009, 67)

El desarrollo de estas capacidades depende de la garantía de acceso, para lo cual los gobiernos desempeñan un papel central, porque pueden ofrecer una serie de dotaciones básicas como educación, salud, vivienda, etcétera. En este sentido, Gough expresa que "El objetivo de Nussbaum es ofrecer las bases filosóficas para una explicación de los principios constitucionales básicos que deberían ser respetados e implementados por los gobiernos de todas las naciones, como mínimo indispensable para cumplir la exigencia de respeto hacia la dignidad humana" (Gough 2008, 181). Existe una causalidad circular virtuosa entre la riqueza y la libertad, y el Estado actúa como instrumento. En palabras de Stuart Mill (1970): "El valor de un Estado, a la larga, es el valor de los individuos que le componen".

Segregación espacial

Para realizar un acercamiento al concepto de segregación, se puede partir de la propuesta planteada por Rodríguez (2001, 11-12), que clasifica la segregación en dos tipos: en términos sociológicos, significa la ausencia de interacción entre grupos sociales; en sentido geográfico, es la desigualdad en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico. Si bien la presencia de un tipo de segregación no asegura la existencia del otro, en la práctica, ambos tipos de segregación suelen estar relacionados.

Partiendo de esta confluencia de los aspectos sociales y geográficos, se puede plantear el concepto de segregación espacial como el fenómeno mediante el cual ciertos grupos de población son apartados o se apartan, en forma intencionada o no, por causas culturales, religiosas, étnicas o económicas, concentrando su lugar de residencia en zonas específicas del territorio, en las cuales su población es homogénea. Al respecto, Sabatini expresa que:

En términos simples, segregación espacial o residencial es la aglomeración geográfica de familias de una misma condición o categoría social, como sea que se defina esta última, social o racialmente o de otra forma. En términos más complejos, podemos diferenciar tres dimensiones principales de la segregación: (a) la tendencia de un grupo a concentrarse en algunas áreas; (b) la conformación de áreas socialmente homogéneas; y (c) la percepción subjetiva que tiene la gente de las dimensiones objetivas (las dos anteriores) de la segregación. (Sabatini 1999, 3)

En igual sentido, González et al. (2007), al relacionar la segregación con los factores socioeconómicos, establecen que "existe segregación si en la unidad territorial escogida la varianza entre niveles socioeconómicos es pequeña. En tal caso, las condiciones socioeconómicas tienden a ser iguales y, por tanto, no hay mezcla entre ricos y pobres" (González et al. 2007, 4). De lo anterior, se deduce que este tipo de concentraciones homogéneas generan una alta cohesión interna, acompañada de una alta divergencia externa, lo que dificulta la mezcla social, y puede convertirse en fuente de odio, e incluso, de violencia, ya que la separación de los diferentes genera desconocimiento del otro y agudiza su rechazo.

La segregación espacial y la exclusión social pueden derivar en guetos, que restringen el tránsito de personas diferentes a las del propio grupo. En algunas circunstancias, los grupos definen sus propias normas de convivencia y reaccionan vehementemente a cualquier tipo de intervención externa. En este sentido, la segregación se asocia al concepto de exclusión social, que puede ser entendido, como lo expresaba Smith (1996), como la incapacidad de aparecer en público sin sentir vergüenza, o en términos de Sen (2000, 5), como la dificultad que encuentran las personas con mayores privaciones para participar en la vida de la comunidad.

Cuando una ciudad impulsa procesos de segregación espacial y exclusión social, inicia el recorrido hacia la degradación de la calidad de vida de sus pobladores, ya que se dificulta la construcción de tejido social, elemento fundante de la cooperación, la solidaridad y la equidad de una sociedad. Por ello, se debe esperar que "una sociedad está mejor si la segregación se reduce hasta niveles razonables. Y ello se consigue actuando sobre la distribución del ingreso y sobre el acceso a los equipamientos y al espacio urbano" (González et al. 2007, 4).

Para evitar la segregación, las políticas públicas deben buscar la convergencia social, atenuando las diferencias en cuanto a ingreso, acceso a servicios, vías, parques, etcétera. La inclusión social y la menor segregación se facilitan con la participación política, la garantía de los derechos sociales y las libertades civiles, así como con el acceso de todos a los servicios sociales y los mercados de trabajo. Recaen en el Estado la capacidad y la responsabilidad de afectar directa o indirectamente estos factores (Americas Quarterly Special 2012, 114-115).

La evaluación de la calidad de vida

Evaluar la calidad de vida de una población requiere la incorporación de múltiples variables que le den una perspectiva multidimensional. Este punto de vista busca trascender los primeros enfoques basados exclusivamente en la contabilización de los ingresos monetarios del individuo o de las familias, como la distribución del PIB per cápita, el nivel de ingreso o los gastos de los hogares. Al respecto, Foster, Greer y Thorbecke (1984) muestran que el enfoque convencional de análisis de la pobreza clasifica la población en forma dicotómica entre el grupo de pobres y no pobres, a partir de alguna línea de pobreza basada en el gasto de los hogares.

Cuando se habla únicamente desde la perspectiva del ingreso, el promedio en un país es la relación entre el PIB y el total de sus habitantes. La media resta importancia a los valores extremos y describe muy poco cómo se distribuye la riqueza entre la población. Para superar el promedio, en la lógica de la Comisión Sarkozy, es necesario identificar los recursos netos (de impuestos y de subsidios) que recibe cada hogar. En resumen, en palabras de Nussbaum y Sen (2004, 16), no sólo se requiere conocer el monto de los ingresos de una sociedad, sino que se necesita una descripción detallada de lo que las personas pueden ser y hacer con sus vidas.

Por esta causa, se han planteado nuevos modelos de evaluación de la calidad de vida basados en la medición de la pobreza, en el desarrollo humano o en la inclusión social. Las diferencias entre estas aproximaciones son de diversa índole (epistemológicas, metodológicas, matemáticas, etcétera), pero todas buscan evaluar las condiciones de vida de los seres humanos desde una perspectiva multidimensional, ya que el ingreso solo es un indicador imperfecto de la calidad de vida (Sen 2000, 3).

El índice de pobreza multidimensional (IPM) y su empleo en la evaluación de la calidad de vida

La aplicación del IPM fue propuesta en el informe de Desarrollo Humano de 2010; su construcción está fundamentada en el enfoque de las capacidades, postulado por Sen. En él, se incluyen varias dimensiones que surgieron de ejercicios participativos llevados a cabo entre comunidades pobres, y de un incipiente consenso internacional (PNUD 2010, 106).

El indicador de pobreza multidimensional va en la misma dirección que el informe de la llamada comisión Sarkozy. Los autores del estudio, Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009), proponen medir el avance de la economía en términos de bienestar (well-being), que involucra las siguientes dimensiones: el estándar de vida material (ingreso, consumo y riqueza); la salud; la educación; las actividades personales, incluido el trabajo; la participación política; las conexiones y las relaciones sociales; el medioambiente (las condiciones presentes y futuras); y la seguridad frente a los fenómenos económicos y las crisis naturales.

La metodología sobre la cual se funda el IPM tiene como origen el planteamiento de Sen (1976, 41), según la cual, para determinar la situación de pobreza de una población, primero se debe identificar quién es pobre, para luego obtener mediciones que evidencien las múltiples privaciones sufridas por quienes se encuentran en esta condición; con ello, lo que se busca lograr, es acercarse a un conocimiento de la situación de pobreza de cada individuo, para evaluar su posición relativa en la sociedad (Sen 1976, 54). Los principios metodológicos planteados por Sen se han convertido en la base conceptual de la mayoría de investigaciones sobre el tema para la medición de la pobreza.

Con base en estos planteamientos teóricos, Collicelli y Valerii (2000) calcularon en el año 2000 un indicador de pobreza multidimensional para algunos países pobres en Oriente Medio y África del Norte. Algunos de los indicadores que incluyeron fueron: la esperanza de vida al nacer, la alfabetización de adultos, el producto interno bruto per cápita, el gasto público en educación y salud, y el índice de nacimientos de neonatos con bajo peso (Oyekale etal. 2009, 11).

En el mismo sentido, Bourguignon y Chakravarty (2002) propusieron un IPM que incluye, además de la insuficiencia de ingresos, otras variables como la alfabetización y el acceso a la atención en salud. Sus planteamientos se fundan en el principio de que una medida real de la pobreza debe basarse tanto en atributos monetarios como no monetarios.

Posteriormente, en 2010, el Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) desarrolló un IPM con base en el método propuesto por Sabina Alkire y James Foster, el cual mide resultados en el nivel individual (persona u hogar), para luego confrontarlos con varios criterios (dimensiones e indicadores). Dicho método se caracteriza por su flexibilidad, pudiéndose crear con él medidas específicas para distintas sociedades o situaciones; por ejemplo, para la medición de la pobreza o el bienestar, así como para monitorear o evaluar programas de transferencias de recursos condicionados a las familias, entre otros. Además, tiene la capacidad de mostrar la incidencia, la intensidad y la profundidad de la pobreza, así como la desigualdad entre los pobres (Alkire y Santos 2010, 7). Además, el IPM de Alkire y Foster puede ser descompuesto, desagregando dimensiones y variables, asociando de manera directa cada variable y cada dimensión al valor del índice. Esta propiedad matemática facilita el diseño y la evaluación de la política pública dirigida a luchar contra la pobreza (Oyekale et al. 2009, 9).

La metodología sobre la cual se funda el IPM tiene como origen el planteamiento de Sen (1976, 41). Por lo que el primer paso consiste en identificar quién es pobre, para luego evaluar: "[...] cualquier sistema de medición que solo tenga en cuenta la información de bienestar ordinal será deficiente para un observador convencido de que tiene acceso a funciones de bienestar cardinales que admiten comparaciones interpersonales" (Sen 1976, 54). El índice de Sen destaca la forma en que se distribuye el ingreso entre los pobres, criterio que no es relevante en el IPM.

Dadas las propiedades del IPM, que permiten la elaboración de perfiles consistentes de pobreza multidimensional, el DNP decidió adaptar dicha metodología, a fin de construir el índice para Colombia, como un instrumento que sirviera para la formulación y evaluación de políticas públicas; así, en el artículo "Índice de pobreza multidimensional para Colombia (IPM-Colombia) 1997-2010", el DNP expresa:

La metodología Alkire y Foster - AF constituye una herramienta de gran utilidad para el seguimiento y diseño de políticas públicas en la medida en que las variables que lo componen permiten hacer seguimiento a los sectores específicos. De otro lado, las medidas AF contribuyen a la orientación de política al permitir concentrarse en grupos de población que experimentan simultáneamente varias carencias. (Angulo, Díaz y Pardo 2011, 5)

Para comprender en mayor detalle las lógicas que subya-cen en el IPM diseñado por Alkire y Foster, a continuación se describe la metodología bajo la cual se construye.

IPM propuesto por Alkire y Foster

El IPM propuesto por Alkire y Foster está compuesto por tres dimensiones: salud, educación y nivel de vida; y diez indicadores: mortalidad infantil, nutrición, matrícula escolar, años de instrucción, bienes, piso del hogar, electricidad, agua, saneamiento y combustible para cocinar. La manera en que cada dimensión es el resultado de la agregación de un cierto número de indicadores, se puede observar en el gráfico 1.

Como se observa en la propuesta de AF, la dimensión salud se evalúa de acuerdo con el resultado de dos indicadores (nutrición y mortalidad infantil); igual sucede con la dimensión educación (matrícula escolar y años de instrucción); mientras que la dimensión niveles de vida depende del resultado de seis indicadores (bienes, piso, electricidad, agua, saneamiento y combustible para cocinar). Una vez se han definido las dimensiones y los indicadores que permiten la evaluación de la situación de pobreza, se continúa con su aplicación, la cual se realiza en dos pasos: identificación y agregación, que son descritos a continuación.

Identificación

El primer paso que se realiza en la aplicación del IPM, es el de identificar las personas que se encuentran en pobreza multidimensional. Para ello, Alkire y Foster proponen un método denominado de corte dual. El corte dual es el resultado de la reflexión y el análisis de las ventajas y desventajas encontradas en tres métodos de identificación empleados para la medición de la pobreza, a saber: unidimensional, unión e intersección (Angulo, Díaz y Pardo 2011, 6). Para lograr una mejor comprensión del método de corte dual, es necesario describir las principales características de los tres métodos sobre los cuales basa su origen.

Unidimensional: este método realiza la identificación de la pobreza mediante la determinación de una línea o un umbral, en el cual las personas que caen por debajo de él se consideran pobres (Alkire y Foster 2011, 7). El método agrega en una sola variable cardinal, de bienestar o ingresos, todos los logros de una persona u hogar, y utiliza un punto de corte global para determinar quiénes de ellos son pobres (Alkire y Foster 2009, 8). Una desventaja de este método es la pérdida de información sobre las privaciones específicas, ya que el peso que éstas puedan tener sobre la condición de pobreza de una persona se diluye al agregarse con los demás logros.

Unión: con este método, una persona se considera multidimensionalmente pobre si sufre privación en al menos una de las dimensiones. Este enfoque resultaría muy intuitivo y sencillo de aplicar si la suficiencia en todas las dimensiones fuera esencial para evitar la pobreza. Sin embargo, cuando el número de dimensiones es grande, el enfoque de unión a menudo identifica como pobres a muchas personas que no lo son. Además, otra limitación es que puede identificar como pobre a una persona a causa de una privación en una dimensión, que puede deberse a razones distintas a las de la pobreza (Angulo, Díaz y Pardo 2011, 6).

Intersección: en este método, una persona es identificada como pobre si sufre privación en todas las dimensiones del indicador. El enfoque, al ser tan exigente, identifica sólo una parte muy pequeña de la población como pobre (Angulo, Díaz y Pardo 2011, 7), y se emplea, principalmente, cuando se requiere identificar grupos de población especialmente desfavorecidos.

El método de corte dual propuesto por Alkire y Foster busca identificar los pobres estableciendo un punto de corte intermedio entre la privación de al menos una dimensión y todas las dimensiones. Su nombre se basa en que en su desarrollo se incluye la aplicación de dos cortes: el primero, denominado z, se realiza dentro de cada dimensión, considerándose en privación cuando se tiene resultado negativo en un número z del total de indicadores que conforman la dimensión; y el segundo es denominado k, bajo el cual una persona es identificada como pobre cuando sufre privaciones en al menos un número k de dimensiones (Alkire y Foster 2009, 26-28).

La determinación de los valores z y k es una labor que le corresponde a cada grupo investigador (Angulo, Díaz y Pardo 2011, 8); para ello, se deben tener en cuenta las necesidades y los intereses particulares de cada sociedad y de cada análisis; sin embargo, por regla general, se puede establecer que cuando se selecciona un menor k, mayor será la exigencia de la evaluación de la pobreza, por cuanto con un menor número de dimensiones en privación, las personas serán consideradas pobres (Alkire y Foster 2009, 28).

Agregación

El segundo paso del IPM corresponde al método de agregación, que se fundamenta en los indicadores propuestos por Foster, Greer y Thorbecke (1984), adaptados para el ámbito multidimensional. Siendo los siguientes los indicadores de agregación empleados por el IPM:

Tasa de recuento (H). La tasa de recuento, o tasa de incidencia de la pobreza multidimensional, está definida por la relación H=q/n, donde q es el número de personas que sufre privaciones en por lo menos k dimensiones, y n es la población total (Angulo, Díaz y Pardo 2011, 8). Este indicador expresa el porcentaje total de población que es considerada pobre multidimensional, pero no su grado de intensidad.

Tasa de recuento ajustada (M0). Para solucionar las deficiencias de la tasa H, el método de Alkire y Foster propone el empleo de la tasa de recuento ajustada, que es M0=H*A, donde H es la tasa de incidencia de las personas multidimensionalmente pobres y A es el promedio de la proporción de las privaciones entre los pobres. Para calcular A se emplea la siguiente fórmula: A=|c(k)|/(qd), donde c es el número de privaciones experimentadas por una persona; k es el número de dimensiones en privación que debe sufrir una persona para ser considerada pobre; q es el número de personas que sufren privaciones; y el número de dimensiones bajo consideración. De esta forma, M0 evalúa la intensidad de la pobreza, ya que satisface el principio de monotonicidad dimensional, por cuanto si un hogar pobre sufre una privación adicional, A aumenta y, por consiguiente, se incrementa M0. Sin embargo, M0 no es sensible a las desmejoras que una familia pobre pueda tener en una dimensión en la que sufre privación; para subsanar este inconveniente, el método AF propone incorporar el indicador G, el cual evalúa la profundidad de la pobreza (Alkire y Foster 2009, 13).

Brecha ajustada (M1). Partiendo de que G=|g1(k)|/|g0(k)|; siendo los valores g matrices de normalización de las brechas existentes entre el grado de pobreza de un hogar y el umbral para dejar de serlo (Alkire y Foster 2009, 13), la brecha de pobreza ajustada se calcula con base en la siguiente fórmula: M1=H*A*G, donde H refleja la incidencia de la pobreza (conteo de población pobre), A, la intensidad (promedio de privaciones de la población pobre), y G, la profundidad (como una medida de qué tan lejos están los hogares multidimensionalmente pobres de dejar de serlo). De esta forma, M1 logra satisfacer la propiedad de monotonicidad al ser sensible a los cambios que pueda sufrir un hogar pobre multidimensional cuando aumenta o disminuye el grado de privación de una dimensión (Angulo, Díaz y Pardo 2011, 8).

Severidad (M2). El indicador de severidad indaga sobre la magnitud de la brecha dentro de los pobres. La severidad se estima aplicando la fórmula M2=H*A*S, donde S es el promedio de las brechas normalizadas elevadas al cuadrado, sobre el total de las dimensiones en las cuales los hogares pobres sufren privaciones, lo que se expresa en la siguiente fórmula: S=|g2(k)|/|g0(k)| (Angulo, Díaz y Pardo 2011, 8; Alkire y Foster 2009, 14).

Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia

El DNP, acogiendo la metodología AF, diseñó y ha venido aplicando el IPM para Colombia, el cual difiere del propuesto originalmente, en que está compuesto por cinco dimensiones y quince indicadores, los cuales se relacionan en la tabla 1.

Para la definición de las dimensiones, los indicadores y los puntos de corte del IPM para Colombia, el DNP empleó y analizó las siguientes fuentes:

• Revisión de las variables de uso frecuente en otros indicadores aplicados en Latinoamérica
• Contenidos de la Constitución Política de Colombia.
• Revisión de la literatura sobre dimensiones y variables prioritarias de uso frecuente en los índices multidimensionales aplicados a Colombia (NBI, ICV, SISBEN III).
• La relación directa con la política social del Gobierno Nacional.
• Estudios de voces de los pobres para Colombia.
• Umbrales definidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio y por las políticas sectoriales respectivas.
• Disponibilidad de información proveniente de una sola fuente estadística (Encuestas de Calidad de Vida del DANE 2007).
• Discusiones con expertos y responsables sectoriales. (Angulo, Díaz y Pardo 2011, 14)

La ponderación de cada dimensión e indicador, de acuerdo con el método AF, es potestativa de cada grupo investigador que emplee el IPM. Desde esta perspectiva, el DNP decidió otorgar igual peso a cada una de las dimensiones, es decir, el valor ponderado de cualquiera de ellas es de 0.2. Se tomó una decisión similar para los indicadores, quedando distribuido su peso de la siguiente forma: 0.1 para cada uno de los correspondientes a las dimensiones Condiciones Educativas del Hogar, Trabajo y Salud; 0.05 para los de la dimensión Condiciones de la niñez y juventud, y 0.04 para cada indicador de la dimensión Servicios Públicos Domiciliarios y Condiciones de la Vivienda.

El valor k, de igual forma que los pesos ponderados, debe ser decidido por cada grupo que elabore el IPM; en consecuencia, el DNP acogió como valor k para Colombia el 33% (5/15), lo que corresponde a que un hogar se considera pobre multidimensional si sufre privaciones en al menos 5 indicadores. De igual forma, un hogar se considera en pobreza extrema cuando sus privaciones alcanzan 7 o más indicadores, es decir que supere un valor k del 47% (7/15).

IPM, bienes primarios y calidad de vida

El concepto de calidad de vida se centra en la forma en que transcurre la vida humana, y no sólo en los recursos o en la renta que posee un individuo (Sen 2004, 42). Este transcurrir requiere el desarrollo de una serie de capacidades que le permitan ampliar el espacio de sus libertades. Para que ello suceda, toda sociedad debe garantizar a cada uno de sus integrantes la posibilidad de acceder en forma equitativa a una serie de bienes primarios, entendidos como un grupo derechos y libertades que les permiten a los seres humanos desarrollar el proyecto de vida que ellos hayan elegido seguir (Rawls 2006, 175-177).

En este sentido, el IPM constituye un excelente método de evaluación del cumplimiento de este objetivo social, ya que mediante el análisis de los resultados obtenidos en sus dimensiones e indicadores, es posible conocer las condiciones que cada familia -y dentro de ella, cada individuo- debe afrontar en su vida, estableciéndose el grado de cobertura de los bienes primarios provistos por el Estado. De igual forma, facilita conocer cuál tipo de bien primario es la causa del deterioro de la calidad de vida de la población. En el mismo sentido, el IPM permite identificar las inequidades en el acceso a los bienes primarios, a causa de la ubicación geográfica, la condición social, el género o la etnia, facilitando la evaluación de políticas públicas y la formulación de propuestas de solución que permitan superar sus deficiencias.

De esta manera, cada una de estas dimensiones puede ser entendida como el listado de bienes primarios que la sociedad colombiana ha decidido priorizar como los mínimos a los cuales debe acceder cada uno de sus habitantes, con el fin de garantizarles unas condiciones que les permitan llevar una vida digna. Las dimensiones y los indicadores del IPM para Colombia evidencian el interés que tiene el Gobierno en conocer la incidencia que han tenido las políticas sociales -salud, educación, trabajo, vivienda, servicios públicos y juventud- en la reducción de la pobreza y el mejoramiento en la calidad de vida del país.

Sin embargo, al comparar los bienes primarios propuestos por Rawls con las dimensiones incluidas en el IPM desarrollado por el DNP para Colombia, se observa que muchos de ellos no son evaluados, o su medición sólo da un conocimiento respecto al acceso a ellos, pero no de la forma en que les permiten a las personas el desarrollo de sus capacidades humanas, en el sentido propuesto por Sen y Nussbaum. Por ejemplo, es claro que los bienes primarios -tales como los referentes al acceso a los poderes y las prerrogativas de los puestos y cargos de responsabilidad en las instituciones políticas y económicas de la estructura básica, o el conocimiento de los "ingresos y riquezas" de los hogares, o el determinar "las bases sociales del respeto a sí mismo" (Rawls 1993, 285)- no pueden ser evaluados si se toman como única fuente de información las dimensiones y los indicadores que componen el IPM para Colombia. Tampoco contempla una evaluación de las condiciones de movilidad dentro de la ciudad, la seguridad ciudadana o el acceso a espacios públicos, factores que son determinantes para la calidad de vida de una ciudad como Bogotá.

De igual forma, el conocer cómo los hogares, y dentro de ellos cada uno de sus miembros, han desarrollado sus capacidades humanas y, gracias a ello, logrado el aprovechamiento de las oportunidades de aprender, tener un mejor empleo o tener voz en la sociedad, sólo puede alcanzarse mediante el uso de otras fuentes de información. Por ello, es necesario recurrir a estudios adicionales como el Informe de Desarrollo Humano para Bogotá, las bases técnicas de la propuesta de modificación del POT, los informes de las diferentes secretarías y dependencias de la Alcaldía de Bogotá, así como a otros estudios sobre el tema que han sido desarrollados por el Banco de la República y la Secretaría de Planeación Distrital. Y con base en ellos, y en los resultados del IPM para Colombia, poder tener un acercamiento que permita inferir la calidad de vida de los hogares bogotanos.

Además, en el futuro sería deseable que en la encuesta de Calidad de Vida aplicada a los hogares, se incluyesen nuevas preguntas que permitan la redefinición de las dimensiones y los indicadores actuales, para que con base en ellas, el DNP definiera la inclusión de un grupo de nuevas dimensiones en el IPM Colombia, con el propósito de consolidar en un solo instrumento un método de evaluación de la calidad de vida para el país y, por ende, para la ciudad de Bogotá.

El IPM como método de evaluación de calidad de vida en Bogotá

El IPM Colombia ha venido siendo calculado para el país desde 1997. Sus resultados muestran un importante descenso en la pobreza en todas las regiones; sin embargo, los avances difieren sustancialmente entre cada una de ellas, lo que pone de manifiesto la fuerte inequidad social existente en el país, tal y como se puede ver en la tabla 2.

A partir de 2003, en la ciudad de Bogotá se ha venido aplicando el IPM para cada una de las veinte localidades en las que se encuentra dividida geopolíticamente, lo que permite conocer la situación de las familias, relacionándolas con las condiciones particulares de la ubicación espacial de ellas dentro de la ciudad, pudiéndose, además, identificar fenómenos de segregación espacial asociados a factores de orden socioeconómico (ver la tabla 3).

Cuando se revisan los resultados del IPM de la ciudad, durante el período comprendido entre 2003 a 2011, se observa, al igual que en el país, que en todas las localidades se presentó una reducción de la incidencia de la pobreza. Sin embargo, persisten altos porcentajes en localidades como Usme (23,8%), Ciudad Bolívar (23,4%) y San Cristóbal (21,4). En el extremo opuesto, se destaca el buen resultado obtenido por la localidad de Teusaquillo, la cual pasó de tener un 8,1% en 2003 a 1,7% en 2011 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2012, 13). Sin embargo, al mirar los resultados en cada una de las localidades en que está dividida geopolíticamente la ciudad, se observan grandes diferencias entre unas y otras, encontrándose una menor incidencia de la pobreza en las cuatro localidades ubicadas en las zonas norte y nororiental de la ciudad: Chapinero, Teusaquillo, Usaquén y Suba; y la mayor incidencia, en las ubicadas en el sur de la ciudad: Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, que muestran un patrón de segregación espacial que se ha configurado en la ciudad, el cual se observa claramente en la imagen 1.

En ellos se evidencia que si se agrupan las localidades de acuerdo con su incidencia, en aquellas con valores bajos, medios y altos, se encuentra que las localidades con las incidencias de pobreza multidimensional más altas, tanto en 2003 como en 2011, son las ubicadas en el sur y suroccidente de la ciudad. Por el contrario, las de menor incidencia se localizan en el norte y noroccidente. Mientras que en el centro y occidente de la ciudad se hallan las localidades con valores intermedios de incidencia de la pobreza. Se destaca que sólo la localidad de Suba presentó un cambio en este patrón durante el período, debido a que, aunque en ella descendió la pobreza, su avance no fue suficiente para ubicarse en el grupo de localidades con mejor desempeño al final del período.

Adicionalmente, en lo que tiene que ver con la concentración de la riqueza, Bogotá tiene el coeficiente de Gini -calculado con base en los salarios- más alto de las cuatro principales ciudades del país, al ubicarse en un valor de 0,53, lo que pone de manifiesto la inequidad en la distribución del ingreso entre los habitantes de la urbe (ver la tabla 4). Este resultado se corresponde con lo hallado por Bonilla (2009, 103-105), quien encontró que los departamentos y las ciudades más ricos tienden a presentar peores indicadores de desigualdad, lo cual puede estar determinado por factores como la educación y los retornos de la educación, así como por factores demográficos como el número de niños por hogar (Bonilla 2009, 145).

A su vez, el patrón de inequidad en el ingreso también se refleja dentro de la ciudad (ver la tabla 5), ya que el coeficiente de Gini muestra que existe un grupo de localidades con resultados bajos, tales como Usme (0,33), Bosa (0,36), San Cristóbal (0,37), Kennedy y Ciudad Bolívar (ambas con 0,38), las cuales corresponden a las localidades en las que hay mayor concentración de la pobreza en la ciudad, mientras que, por el contrario, las localidades que presentan los mayores índices de inequidad coinciden con las que son consideradas más prósperas: La Candelaria, Usaquén y Chapinero (Galvis 2013, 13).

Estos resultados ponen de manifiesto cómo las poblaciones pobres se han ido asentando en un espacio geográfico de la ciudad localizado en el sur y suroccidente de la ciudad, lo que empieza a describir una tendencia hacia la segregación espacial de estas comunidades.

Conclusión

En Bogotá han mejorado las condiciones de vida, y continúa ofreciendo más oportunidades que el campo y que el resto de las ciudades; la excepción es Bucaramanga. Medida por línea de pobreza, la incidencia es menor en Bucaramanga que en Bogotá. No obstante los logros alcanzados, Bogotá continúa siendo una ciudad muy desigual, lo que se refleja en tres hechos: el primero, la brecha de la incidencia de la pobreza multidimensional entre localidades; el segundo, la alta concentración del ingreso, expresada en el coeficiente de Gini; y el tercero, la segregación socioeconómica en el espacio. Según las Naciones Unidas, el reto es sostenibilidad y equidad, y lo primero no se alcanza sin lo segundo.

En lo referente al IPM Colombia como método de evaluación de la calidad de vida en la ciudad de Bogotá, éste se constituye en una valiosa herramienta que permite identificar cómo acceden los habitantes de la ciudad a un grupo de bienes primarios, y cómo éstos impactan en su calidad de vida, desagregando los resultados por las dimensiones y los indicadores, y analizándolos para cada una de las localidades que conforman la ciudad. Sin embargo, para lograr un mayor grado de conocimiento sobre la calidad de vida en la urbe, resulta necesario complementar los hallazgos del IPM con los encontrados por otros estudios, así como con los presentados en los informes de las diferentes secretarías que hacen parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Este análisis será desarrollado en la tesis doctoral "La calidad de vida en la ciudad de Bogotá: una evaluación mediante el empleo del índice de pobreza multidimensional - IPM", investigación que se encuentra en curso.

Finalmente, y como recomendación, sería deseable que la próxima encuesta de calidad de vida incluya nuevas preguntas que permitan evaluar en mayor profundidad las dimensiones y los indicadores actuales del IPM, y que el DNP defina un grupo de nuevas dimensiones, tales como movilidad, seguridad y espacio público, ya que estas variables inciden en la calidad de vida de los colombianos y, en particular, de los bogotanos.

Comentarios

^* El artículo es el resultado de la reflexión metodológica de la tesis doctoral denominada "La calidad de vida en la ciudad de Bogotá: una evaluación mediante el empleo del índice de pobreza multidimensional - IPM", adelantada para la obtención del título de doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales - CINDE, Colombia. El proyecto no cuenta con financiación externa.

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Fecha de recepción: 14 de enero de 2013 Fecha de aceptación: 22 de abril de 2013 Fecha de modificación: 15 de agosto de 2013