Introducción

La migración de los colombianos constituye uno de los flujos más importantes de personas en el mundo. El caso de la migración entre Colombia y España es uno de los más significativos, habiendo adquirido en las dos últimas décadas una notable envergadura numérica y contribuyendo a incrementar los lazos y conexiones entre ambos países. Según las estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en 2015 habría 4.7 millones de migrantes colombianos en el mundo, el 34,6% de los cuales estarían ubicados en Estados Unidos, el 23,1% en España, el 20% en Venezuela, el 3,1% en Ecuador y el 2% en Canadá. En el caso de España, la cifra de inmigrantes colombianos habría sufrido importantes variaciones en los últimos años como consecuencia de la crisis económica española y el retorno provocado tanto por esta como por la mejora de algunos de los indicadores económicos en Colombia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), de acuerdo con los datos proporcionados por el Padrón Municipal de Habitantes, los colombianos en España (o bien manteniendo su nacionalidad de origen o con nacionalidad adquirida española) alcanzaban en 2015 un total de 347.506, habiéndose reducido su población en 28.655 personas desde que en 2010 se alcanzó la cifra máxima de 376.161 colombianos (ver el gráfico 1).

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE.

Gráfico 1 Población colombiana en España (2002-2015) 

Las asociaciones creadas por los propios migrantes -como luego veremos- también han alcanzado una cifra considerable y, un buen número de ellas, han puesto en marcha actividades tanto en el país de acogida como en el de origen. Al mismo tiempo, tanto el Estado colombiano como el español han desplegado nuevas políticas que han contribuido a articular y amplificar esta nueva realidad, como es el caso de las políticas diaspóricas diseñadas por Colombia o las políticas de codesarrollo diseñadas por parte de España, abriendo así una nueva ventana de oportunidad para los migrantes y su acción transnacional.

Este tipo de procesos y convergencias entre la acción de los migrantes y los Estados no resultan exclusivos del caso colombiano y pueden extenderse a muchos otros países con importantes flujos migratorios, como muestra, por ejemplo, el estudio de Iskander (2010) sobre Marruecos y México, a los que se refiere como "Estados creativos" que habrían tenido que acomodarse progresivamente al creciente influjo de los migrantes en los planos económico, social y político. A este respecto, Guarnizo (2006) habla precisamente de Colombia como una nueva formación social transnacional, que sería la "expresión de una forma no conocida de Estado-nación, de nuevas formas de identidad nacional, de maneras recientes de ser ciudadano", destacando a su vez que "las implicaciones teóricas y prácticas de las formaciones transnacionales son múltiples, pero aún no comprendidas claramente y, hasta hace poco, ignoradas por analistas de la mundialización contemporánea" (Guarnizo 2006, 101).

Estas nuevas realidades transnacionales, cuyo alcance se discute en ocasiones, han sido objeto de una creciente atención en los medios académicos, dando lugar a un cuerpo considerable de investigaciones que han tratado de dar cuenta de las conexiones y los impactos múltiples que serían capaces de producir las migraciones (Levitt y Sørensen 2004).

En este artículo, nuestro principal interés reside en profundizar en el análisis de la dimensión y el potencial transnacional de las prácticas de desarrollo de las asociaciones de inmigrantes colombianos residentes en España. La hipótesis de fondo del artículo es que, en el marco de las transformaciones generadas por la intensa migración de las últimas décadas entre Colombia y España, la acción de los migrantes y sus organizaciones, junto con el papel de los Estados colombiano y español, habrían permitido crear nuevos vínculos y contribuido a dibujar un campo social transnacional, hasta ahora inexistente, conectándose y conectando a instituciones de desarrollo del país de destino y el de origen, así como a organizaciones sociales de uno y otro lado, sin olvidar a los mismos migrantes y a las comunidades locales.

Los datos que tomamos como base para la elaboración del artículo proceden fundamentalmente de una investigación realizada en España entre 2011 y 2014, con el objetivo de conocer la participación de las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de sus países de origen a través de diferentes proyectos. Este estudio se llevó a cabo en tres fases. Una primera etapa exploratoria, en la que se procedió a construir un mapa de las asociaciones de inmigrantes en España, a partir de la búsqueda en los registros nacionales y autonómicos existentes, y que nos permitió identificar un total de 124 agrupaciones de inmigrantes colombianos. A esta le siguió una fase de corte cuantitativo, en la que se trató de encuestar a los representantes de las asociaciones identificadas previamente, obteniendo respuesta de 26 de ellas.¹ Finalmente, en la tercera fase, de carácter cualitativo, sobre un total de 15 asociaciones que en la fase de encuesta habían manifestado contar con proyectos de desarrollo en Colombia, se procedió a entrevistar 8 de ellas.²

Para poder desarrollar nuestra argumentación y mostrar los resultados obtenidos en nuestro estudio, en el primer apartado del artículo nos centramos en los principales aportes de la perspectiva transnacional en los estudios migratorios y las asociaciones de inmigrantes, así como en la discusión de la noción campo social transnacional. En el segundo apartado, mostramos el perfil y el papel de la diáspora asociativa y la creciente implicación de los Estados de origen y de destino en el diseño e implementación de políticas que afectan a la acción transnacional de los migrantes y sus asociaciones. En la tercera parte del artículo, mostramos los principales resultados de nuestra propia investigación, analizando la incidencia en la acción que presentan las asociaciones en torno a su vinculación con redes verticales (organismos oficiales) y redes horizontales (organizaciones de la sociedad civil). En último lugar, discutimos los principales hallazgos de acuerdo con la hipótesis inicial del artículo y procedemos a extraer una serie de conclusiones en torno a la cuestión que nos ocupa.

Transnacionalismo y campos sociales en la migración

Desde hace ya más de dos décadas, el transnacionalismo se ha convertido en un fenómeno reconocido en los medios científico-académicos y, a su vez, en un enfoque de investigación ampliamente aceptado y empleado en los estudios migratorios. Basch, Glick Schiller y Szanton Blanc (1994) definieron originalmente el transnacionalismo como "el conjunto de procesos por los cuales los inmigrantes crean y mantienen relaciones sociales multidimensionales que vinculan las sociedades de origen con las de destino". Las tres autoras destacaron: "llamamos a estos procesos transnacionales para enfatizar que hoy en día muchos migrantes construyen campos sociales que cruzan fronteras geográficas, culturales y políticas", al tiempo que definieron los campos sociales transnacionales como "un conjunto de múltiples redes enlazadas de relaciones sociales, a través de las cuales se intercambian, organizan y transforman de manera desigual las ideas, las prácticas y los recursos" (Basch, Glick Schiller y Szanton Blanc 1994, 7).

Con posterioridad, esta primera formulación ha sido retomada por numerosos autores para ser aplicada en la investigación de diferentes aspectos asociados al fenómeno migratorio, tanto en el ámbito económico como en el social, político o cultural, al tiempo que ha sido ampliada o matizada. A este respecto, se ha discutido sobre la misma novedad del transnacionalismo, cuando Portes, Guarnizo y Landolt (1999) sostienen que la aplicación del lente transnacional ha permitido hacer visible algo que ya estaba ahí, pero que ahora se ve con mayor nitidez y en toda la extensión, que habría facilitado el uso de las nuevas tecnologías.

Al mismo tiempo, las múltiples conexiones creadas por los migrantes en diversos ámbitos han generado también la discusión en torno a su capacidad de superar y alterar, hasta cierto punto, los límites impuestos por las fronteras nacionales o de actuar como contrapeso a los propios Estados (Waldinger y Fitzgerald 2004). De modo que, frente a un cierto optimismo por parte de los pioneros del transnacionalismo, en su énfasis por cuestionar al nacionalismo metodológico, también han surgido voces que cuestionan el sobredimensionamiento de la capacidad de los migrantes para alterar las realidades nacionales.

Sin embargo, existe un amplio consenso en torno al creciente papel de los migrantes en un contexto de conexiones cada vez más intensas entre lugares de origen y destino, pero sin olvidar el rol de los Estados, el mercado y otras instituciones intermedias (Faist 2006). Así, el mismo Faist (2008) ha destacado el protagonismo otorgado a las asociaciones de inmigrantes como agentes de desarrollo, en el marco de los renovados debates sobre el vínculo entre migraciones y desarrollo, impulsados por los grandes organismos internacionales y algunos Estados de origen y destino de la migración. Este impulso a las asociaciones no estaría exento de tensiones, especialmente cuando -como se verá- los Estados tratan de estructurar los nuevos campos sociales transnacionales, o bien como forma de control de la migración, o bien para aprovechar en mayor medida los flujos de remesas.

Por encima de esos debates, las asociaciones de inmigrantes se han convertido desde hace tiempo en objeto de estudio frecuente del transnacionalismo, con base en su potencial para generar vínculos entre los lugares y las comunidades de origen y destino. Uno de los primeros estudios sobre las organizaciones de migrantes con un enfoque transnacional, que además incorporaría el concepto remesa social, fue el llevado a cabo a finales de los noventa por Levitt en torno a la migración dominicana hacia Estados Unidos y su acción política y social en uno y otro lado, lo que la llevaría a hablar de organizaciones propiamente transnacionales. En su libro The Transnational Villagers (2001), Levitt logró mostrar cómo estas organizaciones activas, tanto en el país de origen como en el de destino, protagonizaban un desarrollo comunitario transnacional, incidiendo en los asuntos políticos y en el bienestar material de sus comunidades. Esta realidad ha sido desvelada por diversos autores también en otros países, como en los casos de las asociaciones de inmigrantes en México (Escala 2005; Goldring 2002; Moctezuma 2005), Marruecos (Lacroix 2005) y Filipinas (Asís, Baggio y Myra 2010). Otros estudios clave, como los de Portes, Escobar y Walton (2006), o los más recientes de Pries y Sezgin (2012) y Portes y Fernández-Kelly (2015), también han destacado la importancia creciente de las organizaciones de migrantes. En el caso, por ejemplo, de Portes, Escobar y Walton, estos hablan de las organizaciones transnacionales de migrantes como organizaciones colectivas que impulsan proyectos en sus países o comunidades de origen, y consideran que "el peso de la evidencia empírica aporta una prueba vigorosa acerca del carácter novedoso de estas prácticas y su importancia estructural para las regiones de origen y para las propias comunidades de inmigrantes" (2006, 5).

Como venimos diciendo, y en paralelo con su creciente protagonismo, el asociacionismo migrante y las organizaciones de la diáspora han sido objeto de un número significativo de estudios en los últimos años, tanto a nivel internacional (Sørensen 2007) como en España (Giménez 2006; Lacomba 2015). En el caso español, las investigaciones han coincidido en destacar el dinamismo de las asociaciones de inmigrantes, pero también la debilidad estructural de estas organizaciones (Albert y Gadea 2009; Aparicio y Tornos 2010; Cloquell 2014; Garreta 2007; Gómez Gil 2006). Sin embargo, y pese a dicha debilidad estructural, existe una importante implicación por parte de las asociaciones en acciones de desarrollo en origen (Lacomba y Cloquell 2014; Sanmartín 2011), un comportamiento en el que las asociaciones de migrantes colombianos han adquirido un lugar destacado.

Desde nuestro punto de vista, y esta es nuestra principal hipótesis, la extensión de las prácticas de las asociaciones de inmigrantes descritas en los estudios citados habría dado lugar, en determinados casos -como ocurre con la migración colombiana-, a la emergencia de un nuevo campo social transnacional, al hacer converger la acción de las primeras en las políticas desplegadas por los Estados de origen y destino. A su vez, entendemos el campo social transnacional, siguiendo la formulación de Itzigsohn (1999, 317), como un campo relevante de acción y referencia para un importante grupo de personas en el país de origen y para la diáspora en el exterior. De este modo, el campo social transnacional que abordamos estaría constituido por el entrelazamiento de distintas redes verticales y horizontales vinculadas tanto a los mismos migrantes y sus comunidades de origen como a las instituciones políticas de Colombia y España.

La diáspora asociativa colombiana y el papel de los Estados de origen y destino

La diáspora asociativa colombiana ha adquirido un volumen notable en las últimas décadas. De acuerdo con el Directorio de Asociaciones de Colombianos en el Mundo, creado por el Ministerio de Relaciones Exteriores,³ dentro de las acciones del plan Colombia Nos Une, en la actualidad se tiene constancia de la existencia de un total de 670 entidades, repartidas por todo el mundo, aunque el número real sea, posiblemente, muy superior. En España, y de acuerdo con nuestra propia investigación, el número de asociaciones supera ampliamente el centenar (124 asociaciones identificadas a partir de los registros nacionales y autonómicos), y sólo en la Comunidad de Madrid, la investigación de García Burgos (2015) identificó un total de 41.

A partir de las 28 organizaciones de inmigrantes colombianos analizadas en el trabajo de García Burgos -de un total de 41 identificadas-, el autor construye una tipología que incluye tres grupos de organizaciones: el primer grupo, constituido por cuatro asociaciones, se caracterizaría por su elevada formalización, continuidad en el tiempo, alta implantación social, institucionalización política, diversificación de prácticas y presencia en redes nacionales e internacionales (a este primer grupo pertenecerían las asociaciones Aesco, Aculco, Amigos MIRA y Nativos de Macondo); el segundo grupo estaría constituido por una docena de asociaciones de carácter formal, implantación social focalizada, institucionalización política media y presencia en redes nacionales y locales; y por último, el tercer grupo estaría formado por otras 12 asociaciones de carácter semiformal, baja implantación social, débiles institucionalmente y sin apoyos institucionales, así como basadas en la autogestión y la movilización de capital social (García Burgos 2015, 110).

La investigación de García Burgos destaca el elevado número de asociaciones colombianas que desempeñan prácticas transnacionales de carácter social o político (en su estudio, 19 de las 28 que componen la muestra), incluso entre las asociaciones pequeñas, aunque sólo siete de ellas lo hacen como actividad principal (2015, 288). Este estudio también establece una clara distinción entre las asociaciones grandes y las pequeñas: las primeras, con una mayor profesionalización y acceso a la financiación pública, tendrían la capacidad de "orientar las políticas públicas, inducir programas de intervención e incluso promover convocatorias, participar en ellas y condicionar sus resultados" (2015, 360), y desarrollarían prácticas transnacionales tanto a nivel institucional como informal; las segundas basarían su fuerza en la movilización del capital social a través de las redes y desarrollarían también prácticas transnacionales, aunque estas últimas se limitarían al ámbito de lo que se ha denominado "codesarrollo espontáneo" o prácticas autogestionadas (2015, 361).

Si atendemos al perfil de las 26 asociaciones de migrantes de origen colombiano en España encuestadas en nuestro estudio (ubicadas principalmente en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Región de Murcia y País Vasco), podemos observar que la mayoría fueron creadas a partir del año 2000. Sin embargo, existen varias organizaciones con una larga trayectoria a nivel nacional que fueron creadas a principios de los noventa, como es el caso, por ejemplo, de las organizaciones Aesco, Aculco y Asociación Colombiana en Valencia (Acolval). En relación con el ámbito de implantación, un gran número de ellas están establecidas a nivel autonómico (comunidad autónoma) y a nivel nacional (en varias comunidades autónomas a la vez). No obstante, existe un porcentaje significativo de organizaciones implantadas a nivel internacional (46,2%), ya sea con presencia o sin ella en el país de origen. Ello, como veremos más adelante, permite poder incidir en dos espacios diferentes (aquí y allí) y movilizar recursos en acciones que se enmarcan dentro de las iniciativas propias de la cooperación al desarrollo.

Del mismo modo, los resultados de nuestro estudio señalan cierta heterogeneidad en torno al tamaño de las organizaciones. Por un lado, observamos aquellas entidades con una membresía no superior al centenar de socios (38,5%), y por otro, las que superan el millar de miembros (26,9%), especialmente en aquellas entidades que presentan una larga trayectoria en su ciclo de vida, y, por tanto, se encuentran muy consolidadas en España. Asimismo, el 84% de las entidades forman parte de alguna federación, ya sea colombiana o relacionada con el ámbito de la migración en España. En relación con los recursos, cabe señalar que el 69,2% de las entidades dispone de un espacio físico propio (local) en el que pueden realizar las actividades de la asociación, y que el 46,3% dispone de personal contratado, en muchos casos especializado en el diseño y la gestión de proyectos concurridos a través convocatorias públicas. Al mismo tiempo que, aunque todas recurren a la financiación propia de manera diferente (cuotas mensuales, actividades para recaudar fondos, entre otras), en el 46,2% de las organizaciones, el principal monto de recursos económicos es facilitado por la administración española, ya sea a nivel municipal, autonómico o estatal. Por último, cabe señalar que más de la mitad de las asociaciones colombianas encuestadas (57,7%) llevan a cabo actividades relacionadas con la promoción del desarrollo en el país de origen.⁴

Por otra parte, si comparamos los elementos estructurales que distinguen las organizaciones que intervienen en el desarrollo de sus comunidades de origen de aquellas que no lo hacen (ver la tabla 1), podemos constatar que las organizaciones que participan en mayor grado en acciones de desarrollo en los lugares de origen son aquellas que se encuentran implantadas a nivel internacional, pertenecen a una federación,⁵ disponen de personal propio contratado y cuentan con financiación pública española.

Atendiendo al ámbito de intervención y a los beneficiarios de dichas iniciativas, cabe señalar que nos encontramos con experiencias de diversa índole. En esta línea, observamos un porcentaje elevado de proyectos implantados en el ámbito de la economía social y del emprendimiento, como es el caso del proyecto de la asociación Acolvalle, denominado "Vivero de iniciativas emprendedoras. Contribución al desarrollo humano sostenible en el Valle del Cauca", o el proyecto "Mujeres tejiendo para la vida. Recuperación de tejidos tradicionales y su comercialización como práctica económica de las mujeres indígenas afrodescendientes y campesinas de Colombia", impulsado por la asociación Entre Iguales. Además, teniendo en consideración el conflicto armado en Colombia, también están presentes como áreas prioritarias de intervención la defensa de los derechos humanos y la atención social de los colectivos más vulnerables, especialmente en mujeres ("Programa para las mujeres desplazadas que sufren el flagelo de la violencia social y transfamiliar doméstica en la zona rural de Magangué-Bolívar", de la asociación Emcat) e infancia y juventud ("Centros juveniles promotores de paz y desarrollo en Ibagué", de la Asociación Colombia Euskadi).

El carácter de dichos proyectos viene a reforzar la constatación de que la extensión y las características de la diáspora y su tejido asociativo -tanto en España como en otros países- no pueden entenderse al margen de las consecuencias del largo conflicto que ha afectado al país y su incidencia en la desestabilización de todos los órdenes y la merma de las posibilidades de desarrollo, lo que ha provocado la mezcla de una migración política y una migración económica difíciles de deslindar, tal como han mostrado algunos de los estudios sobre el colectivo colombiano en España (Actis 2009; Aparicio y Giménez 2003).

En realidad, la diáspora colombiana ha tenido un componente político que no puede desligarse de su compromiso con los cambios en el país y su acción en el ámbito del desarrollo. Bermúdez (2010, 81) destaca que en algunos casos, la actividad política transnacional en el país de origen coexiste con la participación política en la sociedad de acogida. En numerosas ocasiones, los líderes asociativos de la principales organizaciones de la diáspora han tenido una trayectoria política previa a la emigración, lo que se ha sumado a su nuevo papel en el contexto de la inmigración, y que, incluso, se ha proyectado al retornar al país de origen.⁶

Bermúdez también describe cómo las asociaciones originalmente dedicadas a actividades políticas y culturales han evolucionado hacia actividades orientadas al desarrollo y los proyectos de codesarrollo en Colombia (Bermúdez 2010, 84). Por su parte, Escobar (2005) destaca cómo la doble ciudadanía de los colombianos en Estados Unidos no ha impedido su participación política en Colombia, como muestra de su comportamiento transnacional. Al mismo tiempo, señala que:

[...] aparte de proveer a los inmigrantes con información y redes de comunicación, de apoyar los proyectos de desarrollo y de organizar colectas para ayudar a las víctimas de desastres en Colombia, o de contribuir a las organización de eventos cívicos o culturales, estos líderes promueven la participación en las elecciones colombianas, en algunos casos haciendo campaña por candidatos específicos. (Escobar 2005, 16)

Dada la dimensión del fenómeno, Guarnizo (2006) llega a hablar de la conformación de Colombia como una formación social transnacional, lo que implicaría, en sus propias palabras, que:

[...] las múltiples matrices de poder (político, económico, social) que estructuran a la sociedad, así como a la producción, reproducción y transformación de la cultura que modela la identidad nacional, trascienden la jurisdicción territorial nacional y tienen lugar en un espacio transnacional en el cual los que viven "acá" (los residentes dentro del territorio nacional) interactúan con, influencian a, y son influenciados por los que viven "allá" (los colombianos residentes en múltiples destinos extranjeros). Mientras tanto, los que viven allá van construyendo relaciones fluidas que conectan diversas localidades de asentamiento colombiano en el exterior. (Guarnizo 2006, 81)

Precisamente, el protagonismo y ampliación crecientes del papel de las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo local han sido algunos de los factores que ha condicionado la implicación de muchos Estados -incluido el colombiano- en el diseño de una política diaspórica. Como señala González Gutiérrez (2006, 13):

[...] ante el surgimiento de las diásporas como actores internacionales, las autoridades de países de alta emigración se han visto obligadas a rediseñar su discurso y a transformar sus estructuras gubernamentales, con la finalidad de responder a la movilización de comunidades transnacionales con capacidad de acción en ambos lados de las fronteras.

No obstante, y de acuerdo con Portes y Fernández-Kelly (2015, 14), la entrada de los Estados en el campo transnacional lo habría cambiado profundamente, de modo que los proyectos espontáneos de los migrantes se desarrollarían ahora en un nuevo campo de negociación, en el que los migrantes y las agencias estatales colaboran y compiten alternativamente. Muchos Estados han ido aumentando de manera paulatina su interés y han adoptado políticas con la finalidad de vincular sus comunidades de expatriados (Portes y Fernández-Kelly 2015). Levitt y De la Dehesa (2003), con base en ejemplos de políticas empleadas en países latinoamericanos, identifican varios tipos de medidas adoptadas por los Estados emisores: 1) reformas ministeriales o consulares; 2) políticas de inversión que buscan atraer o canalizar las remesas de los migrantes; 3) la extensión de los derechos políticos en forma de doble ciudadanía o nacionalidad y el derecho al voto desde el extranjero; 4) la extensión de las protecciones estatales o los servicios a los nacionales residentes en el exterior; y 5) la implementación de políticas simbólicas diseñadas para reforzar el sentido de pertenencia y la identidad nacional (Levitt y De la Dehesa 2003, 589-590). Mediante estas iniciativas, los gobiernos buscan preservar la lealtad de sus comunidades en el exterior, de tal manera que, como señalan Portes, Escobar y Walton (2006), también se vean incrementadas sus remesas, inversiones y contribuciones filantrópicas en el país de origen. Sin embargo, como apunta Goldring (2002), en algunas ocasiones, detrás de estos programas se esconden, como luego veremos con más detalle, prácticas clientelistas y subordinadas a los intereses de los gobiernos.⁷

El mismo Estado de Colombia ha venido diseñando una nueva política diaspórica dirigida a reforzar los lazos con la comunidad colombiana en el exterior. El principal instrumento de dicha política es el programa "Colombia Nos Une", iniciado en 2003 y dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Dirección de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior (Clavijo 2013). Este programa se inscribe en un nuevo marco institucional, al tratar de aprovechar la coyuntura económica positiva para la región y una mayor proyección hacia el resto del mundo, usufructuando el potencial relacional de la diáspora colombiana. El Programa se encuentra vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para todos", que, con un enfoque integral, determinó la creación de áreas de trabajo que abarcaron temas tan distintos, pero inevitables, como terrorismo y seguridad ciudadana (ya desde un buen tiempo trabajados), relaciones bilaterales en temas de inmigración, cooperación internacional, y el desarrollo del país, haciendo partícipes a los colombianos residentes en el exterior.

El programa "Colombia Nos Une" tiene como finalidad declarada vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos participativos en las políticas públicas desarrolladas por el Estado. Asimismo, el Programa cuenta con un eje de trabajo denominado Plan Comunidad, dentro del cual existe un apartado dedicado a las asociaciones de colombianos en el exterior. Entre las acciones dirigidas a las asociaciones se contempla la creación de un directorio que permita la identificación de estas, y una serie de actividades como la celebración de ferias asociativas o la realización de cursos para el fortalecimiento de las organizaciones en el exterior.

Además del Programa Colombia Nos Une, el Estado puso en marcha el proceso de creación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, abriendo la recepción de propuestas, tanto de asociaciones como de migrantes individuales. El primer encuentro para la conformación de la Mesa Nacional se celebró en abril de 2016, y entre sus resultados figura la necesidad de promover la creación de asociaciones de colombianos para captar capitales de cooperación internacional destinados a programas de codesarrollo.

Sin embargo, este giro ha recibido también críticas que cuestionan su eficacia. Por ejemplo, Escobar (2015, 70) sostiene que el Estado colombiano ha establecido mecanismos para captar remesas e inversiones, ofrecer servicios o capitalizar los conocimientos de los migrantes, pero no ha puesto en marcha programas sólidos para promover las contribuciones de las organizaciones de migrantes. En cuanto a los Estados de recepción, un buen número de ellos también se han reorientado hacia la necesidad de implicar a las asociaciones de inmigrantes en las acciones de desarrollo llevadas a cabo en sus países de origen, una estrategia que en algunos lugares (sobre todo en los países europeos de recepción) ha recibido el nombre de codesarrollo. En esta línea, los mismos investigadores colombianos han reclamado que:

[...] cabe estimular la vinculación y contribución de las diásporas y asociaciones de inmigrantes en los países de acogida al desarrollo de sus países de origen, a través de medidas de codesarrollo. En este proceso, se puede acompañar y capacitar a las asociaciones de inmigrantes en acciones de desarrollo concretas en sus comunidades de origen (educación, sanidad, infraestructuras, etc.). (Rosa Elcarte, en Khoudour 2009, 68)

El caso del Estado español resulta ilustrativo en este sentido, y este se ha mostrado especialmente activo en la formulación de nuevas políticas de codesarrollo, orientadas a ampliar el efecto de la presencia migratoria colombiana en España en el desarrollo del país de origen, de modo que Colombia se convirtió en uno de los países prioritarios para la puesta en marcha de experiencias piloto en este ámbito. Como consecuencia, las políticas de codesarrollo impulsadas desde España, basadas en la idea de "la integración aquí y el desarrollo allí" (Østergaard-Nielsen 2011), reforzando la participación política local en la sociedad de destino con el fin de promover las actuaciones transnacionales, han tenido una particular incidencia dentro del colectivo colombiano. Las asociaciones de inmigrantes colombianos no sólo se habrían fortalecido en España en mayor medida que las asociaciones de otros colectivos, aprovechando esa nueva ventana de oportunidad política que representa el codesarrollo, sino que habrían empleado su ampliada capacidad para tejer lazos institucionales con otras organizaciones, con vistas a promover cambios en el desarrollo local en Colombia. Las relaciones establecidas aquí y allí en este nuevo marco, tanto a través de sus proyectos con instituciones políticas (redes verticales) como con organizaciones sociales (redes horizontales), son objeto de análisis en el siguiente apartado.⁸

La acción transnacional y sus redes de soporte

Las redes verticales

Como ya hemos avanzado, tanto para los Estados de origen como para los Estados de recepción, la posibilidad de estructurar la participación de los migrantes a través de sus organizaciones se ha revelado como un catalizador de nuevos dispositivos oficiales, que a su vez han generado nuevas formas de relación con las asociaciones de inmigrantes como actores transnacionales del desarrollo (Lacomba et al. 2015). Precisamente, la compleja relación de los Estados de origen con la diáspora organizada ha evolucionado hacia la normalización de los vínculos y hacia programas que promueven su participación e implicación en el desarrollo (como por ejemplo el plan "Colombia Nos Une"). Al mismo tiempo, algunos Estados receptores han redirigido sus agendas políticas a atender y considerar a las organizaciones de migrantes como nuevos agentes de la cooperación internacional (véanse los programas de codesarrollo en Francia y España).

A este respecto, es entonces esencial evaluar lo que Eisinger (1973) y Tarrow (1996) denominan "estructura de oportunidad política", o Landolt (2008), "estructuras de oportunidad institucionales locales", o los elementos del contexto político que pueden delimitar la actividad política de las organizaciones, para conocer las posibilidades de participación y la capacidad de movilizar recursos por parte de las asociaciones de inmigrantes a la hora de promover iniciativas de desarrollo en origen.

En las últimas décadas, el contexto sociopolítico en España ha facilitado la puesta en escena de una serie de programas gubernamentales (Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 y 2009-2012), así como de planes autonómicos y municipales en el área de la cooperación, que vinculan a los migrantes y sus organizaciones en los procesos de desarrollo de sus comunidades de origen, y que permiten financiar dichas actividades.

En el caso que aquí nos ocupa, hemos constatado que todos los proyectos analizados obtienen recursos económicos a través de convocatorias públicas de diversa índole: gubernamentales, como es el caso de los proyectos llevados a cabo por las asociaciones RedePaisas y Aesco, ambos financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid); autonómicas, en el área de la cooperación, como ocurre con los proyectos de Acolvalle, Aculco, Emcat y Entre Iguales; y municipales, financiadas, por ejemplo, por los Ayuntamientos de Valencia, Bilbao, Torrente y Vitoria, en los proyectos promovidos por Acolvalle, Asocolvas, Emcat y Asociación Colombia Euskadi, respectivamente. Por tanto, en este marco, el tipo de relación que se establece entre las asociaciones de inmigrantes y las autoridades públicas en España -ya sea a nivel estatal, autonómico o local- viene marcado en especial por la obtención de recursos económicos, una tendencia que habría hecho aumentar su dependencia económica de los fondos públicos.

En la búsqueda de este tipo de financiación, la propia estructura de oportunidad política española ha hecho que algunas asociaciones de inmigrantes modifiquen su forma jurídica, pasando a constituirse como Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo -requisito indispensable en las convocatorias públicas de cooperación al desarrollo-, y que hayan revisado sus objetivos en función de la orientación de las subvenciones y las líneas programáticas favorecidas por la Administración. De esta forma, "entran en una cadena de institucionalización, profesionalización y empresarización, que culmina generando pautas de conformidad" (Ariño 2004, 94). Asimismo, la profesionalización de las asociaciones no sólo se ha traducido en la especialización en áreas de la cooperación y líneas de trabajo determinadas, sino también en la capacidad para disponer de personal técnico especializado en la obtención de ayudas públicas.

Por otro lado, la dependencia de las subvenciones públicas puede implicar determinados riesgos para las organizaciones, tanto en el terreno económico como político. En el primero de ellos, uno de los riesgos más evidentes se debe al efecto de la crisis económica, que, como viene ocurriendo en los últimos años en España, ha reducido las ayudas públicas, especialmente en el campo de la cooperación al desarrollo, con lo que se han visto limitados el número y la envergadura de las iniciativas impulsadas por las organizaciones de inmigrantes. En el terreno político, este mecanismo de financiación puede generar riesgos de cooptación política en las élites del movimiento asociativo migrante, como ocurrió a lo largo de los primeros años de funcionamiento con la Federación de Entidades para el Codesarrollo y la Cooperación Internacional (Fedacod) en la Comunidad Valenciana, donde el colectivo migrante colombiano tuvo una especial presencia (Lacomba et al. 2015). Esta situación también fue analizada por Toral (2010) en relación con el oficial Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y la participación en este de diferentes asociaciones de inmigrantes, entre ellas la asociación Aesco, en representación de la población colombiana.

En cuanto al país de origen, estas prácticas de carácter transnacional también generan relaciones que llegan a institucionalizarse con organismos públicos, en especial administraciones y entes locales que muestran un nuevo posicionamiento en relación con los migrantes. En el ámbito local, son de destacar, por ejemplo, los proyectos promovidos por las asociaciones Emcat, Asociación Colombia Euskadi y Acolvalle, que disponen del respaldo institucional de los gobiernos municipales donde se han implantado los proyectos (Magangué, Ibagué y Pradera, respectivamente). En este sentido, dada la incapacidad de los entes públicos locales para acceder a los recursos económicos necesarios, en este marco de cooperación, las asociaciones de inmigrantes permiten, a través de sus proyectos, financiar infraestructuras locales y cubrir determinadas necesidades de la comunidad de origen, a la vez que se convierten en interlocutores con poder de negociación exigiendo a sus gobernantes locales mayores niveles de transparencia en la gestión de los fondos públicos.

En cuanto a instancias gubernamentales superiores, las asociaciones de inmigrantes colombianos en España han tratado de lograr el reconocimiento del Estado de Colombia y convertirse, así, en interlocutores en la definición de las nuevas políticas públicas, algo que sólo habrían conseguido parcialmente las grandes asociaciones como Aesco, que fueron incluidas en algunos de los foros de discusión organizados por el Gobierno colombiano, pero con una capacidad de incidencia política muy limitada.

Las redes horizontales

A la hora de impulsar proyectos de desarrollo en origen, las asociaciones de inmigrantes colombianos también activan determinadas estrategias basadas en interrelaciones de cooperación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil del país de acogida y de origen.

En el plano fáctico se da en especial una relación directa entre las asociaciones de inmigrantes y las ONGD españolas. Sanmartín (2011, 88) sostiene que este tipo de relaciones de proximidad, y en ocasiones de competencia, con las ONGD españolas están estrechamente ligadas a la historia de las propias asociaciones de inmigrantes en el contexto español. Sin embargo, como apunta la misma autora, lo que resulta novedoso, junto al impulso dado desde la administración a este tipo de iniciativas transnacionales, es el acompañamiento de las ONGD. De este modo, en la formalización de los proyectos en España, observamos que existen dos modalidades: por un lado, las asociaciones que de manera independiente promueven y lideran estas iniciativas, y por otro, las asociaciones que trabajan al lado de una ONGD con diferentes niveles de protagonismo.

En el primero de los casos, encontramos aquellas iniciativas ejecutadas y lideradas en solitario desde la propia asociación de inmigrantes, como es el caso, por ejemplo, de Acolvalle, Asociación Colombia Euskadi, Asocolvas, Aculco y Aesco. Se trata de proyectos promovidos por entidades con una larga trayectoria en España, algunas de ellas creadas a principios de los noventa, que cuentan con una membresía de más de 500 socios -a excepción de la Asociación Colombia Euskadi- y disponen de personal técnico especializado en la tramitación de proyectos y gestión de fondos públicos. En cierta medida, la estructura de oportunidad política generada en el contexto político español -en parte promovida por todas aquellas convocatorias públicas de cooperación al desarrollo que exigían la necesidad de incluir a las asociaciones de migrantes como socios locales- indujo a que algunas asociaciones adquirieran con el paso del tiempo la capacidad de actuar como agentes consolidados de la cooperación, impulsando proyectos de forma autónoma y ganando así terreno a las ONGD españolas.

La segunda de las modalidades observadas a la hora de promover proyectos responde al esquema de trabajo conjunto entre las ONGD españolas y las asociaciones de inmigrantes -aunque existan importantes desequilibrios en el nivel de responsabilidad y el papel desempeñado por cada una de las organizaciones-. En esta alianza, como señala Sanmartín (2011), la asociación de inmigrantes se suma habitualmente a la iniciativa impulsada por la ONGD, para poder concurrir a una convocatoria pública. En este caso, destacamos los proyectos ejecutados conjuntamente entre Fundación Cideal y la asociación de inmigrantes RedePaisas, o entre la ONGD Periferias del Mundo y la plataforma Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (CVSC) y la asociación de inmigrantes Entre Iguales.

Dichas estructuras de trabajo ponen de relieve la oportunidad de colaborar estrechamente y conseguir objetivos comunes, a pesar de que las relaciones establecidas en este campo pueden incluir estructuras de desigualdad, y el riesgo de la imposición de objetivos formales en los proyectos por parte de las ONGD o la participación instrumental (en momentos puntuales) de las asociaciones de inmigrantes en estas iniciativas. Sin embargo, no deja de tener valor o restar importancia la participación de las asociaciones en dichos procesos. Igualmente, es esencial destacar, por ejemplo, la participación activa de las asociaciones a la hora de identificar las necesidades de sus comunidades de origen y de facilitar los contactos locales en los cuales depositar la confianza en la gestión local del proyecto.

Por otro lado, son cada vez más frecuentes las alianzas entre asociaciones de inmigrantes para impulsar proyectos, o la posibilidad de que asociaciones de inmigrantes convertidas en ONGD puedan apoyar los proyectos de otras asociaciones de inmigrantes, como en el caso de la colaboración entre la colombiana Emcat, la Asociación de Floridanos en España y el Mundo para la Cooperación y el Desarrollo (Asoflores), o el caso más inusual de colaboración entre la misma Emcat y la asociación de inmigrantes búlgaros AIBE Balcan.

Asimismo, la implementación de los proyectos en los lugares de origen implica la existencia de una red interorganizativa entre diferentes entidades ubicadas en Colombia y España, que incluye la participación de fundaciones y asociaciones locales en la zona en que se actúa. Buena parte de las asociaciones cuentan con socios locales en sus comunidades de origen que figuran como "contraparte" en la formulación de los proyectos, como son los casos de Acolvalle y la Asociación Integridad Social, Asocolvas y la ONG Amazonas, la Asociación Colombia Euskadi y la Corporación de Familias Desplazadas y Vulnerables, y la Fundación Yapawayra, o la asociación Entre Iguales y la Fundación Trenza, entre otras.

En términos generales, estas organizaciones en Colombia operan como intermediarias e interlocutoras políticas entre las asociaciones de migrantes, la comunidad de origen y las distintas instancias públicas. En ellas recae buena parte de la responsabilidad del proyecto, y su labor en los procesos de implementación y gestión en el contexto local, así como su capacidad de interlocución con la comunidad y las autoridades locales, resultan determinantes en la consecución de los objetivos marcados. Sin olvidar los casos, menos frecuentes, en los que es la propia comunidad local la que actúa como contraparte del proyecto, como ocurre con el proyecto Fortalecimiento de la cultura Huitoto, liderado desde España por la asociación de inmigrantes Asocolvas y gestionado por las propias comunidades indígenas.

Todo este conjunto de prácticas e iniciativas de carácter filantrópico y cívico en el campo transnacional exige analizar los vínculos o conexiones horizontales que "tienden puentes" con el país de origen, aunque no todas las asociaciones tengan la misma capacidad, de acuerdo con sus recursos y ámbito de implantación. Así, el carácter internacional que presentan organizaciones como Aculco y Aesco, que disponen de representación y delegaciones tanto en España como en Colombia, les permite crear un circuito en el que movilizar recursos y, por tanto, aprovechar en mayor grado las estructuras de oportunidad de ambos países. Pero no todas las asociaciones presentan este perfil ni pueden, por ende, disponer de tales ventajas. En cambio, en todos los casos, las asociaciones de inmigrantes se conectan con organizaciones locales que exigen el cumplimiento de obligaciones y expectativas, basado en normas y en la confianza que facilita la cooperación en beneficio mutuo, aunque no siempre se logra en aquellos proyectos que despiertan intereses diversos entre unas y otras partes.

Discusión y conclusiones

Como hemos podido ver, la migración de las últimas décadas entre Colombia y España ha dado lugar a nuevos vínculos entre ambos países. Esto ha estado relacionado, en buena medida, con la acción de las asociaciones de inmigrantes en el ámbito del desarrollo. Al mismo tiempo, los Estados colombiano y español han tenido un papel clave en este proceso, con el diseño de políticas orientadas a promover el desarrollo e implicar a los migrantes en este, aunque con limitaciones y riesgos evidentes.

A través de las redes verticales, las asociaciones de inmigrantes se han beneficiado de la nueva estructura de oportunidad política abierta, conectándose con administraciones y organismos oficiales del país de origen y el de destino, con el riesgo de adoptar comportamientos clientelares. Este riesgo de cooptación ha sido destacado por Portes (2015, 20), quien señala que, si bien los programas estatales multiplican el impacto de los proyectos transnacionales, también afectan la capacidad de las organizaciones a la hora de promover la democracia y su autonomía. Es más, la cooptación puede verse incrementada con la dependencia económica respecto a las instituciones, por cuanto la mayor parte de recursos movilizados por las asociaciones colombianas desde España no son remesas colectivas, como en el caso de las hometown associations (HTA) mexicanas (Moctezuma 2011), sino recursos financieros captados por las asociaciones a través de convocatorias públicas impulsadas por las diferentes administraciones (dinero público) o fundaciones bancarias (dinero privado).

Por su parte, a través de las redes horizontales, las asociaciones se han conectado con otras organizaciones de la sociedad civil del país de acogida y el de origen, como diferentes tipos de fundaciones y, muy especialmente, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo españolas. La interacción con estas otras organizaciones no ha estado exenta de dificultades e inconvenientes, y ha podido generar también relaciones de dependencia (Sanmartín 2011), pero ha supuesto la adquisición de nuevas competencias y, sobre todo, una mayor capacidad de incidencia en el desarrollo local del país de origen, así como un mayor reconocimiento político de las asociaciones como actores transnacionales ante los poderes públicos. A su vez, las asociaciones de inmigrantes compiten entre ellas por el reconocimiento de su legitimidad y su valor social en este campo (Toral 2010), al igual que por obtener y acumular un mayor capital simbólico (Bourdieu 1977), lo que se convierte en una potencial fuente de conflictos entre ellas mismas y con otras organizaciones sociales.

Ambas dimensiones (redes verticales y redes horizontales) también se entrecruzan, pues la participación en proyectos de desarrollo conlleva al mismo tiempo la negociación con los poderes públicos, por ejemplo, a la hora de obtener financiación, y el trabajo conjunto y las alianzas con entidades de la sociedad civil, como puede ser el caso de las ONGD en España o de las organizaciones locales de desarrollo en Colombia. Así pues, la posibilidad de poner en marcha los proyectos y el alcance de las asociaciones de inmigrantes dependen en gran medida de su capacidad para crear redes en ambas direcciones y consensuar objetivos comunes con instituciones y organizaciones.

Pese al giro en las políticas del Estado colombiano, estas han sido objeto de críticas diversas. Inspirados especialmente en la experiencia estadounidense, autores clave en el estudio del transnacionalismo, como Portes o Guarnizo, han manifestado cuestionamientos en torno al papel del Estado colombiano:

Ni Colombia Nos Une ni Conexión Colombia han aportado, hasta el momento, un canal importante que vincule a las organizaciones de migrantes con su país de origen; en cambio se han centrado, principalmente, en contactar a los expatriados de manera individual, a través de medios como los sitios de Internet. (Portes, Escobar y Walton 2006, 31)

Esta crítica también es compartida por investigadores españoles, quienes han manifestado que, "pese al reciente interés del Estado por activar mecanismos de vinculación con sus migrantes, no se percibe la incorporación real de las necesidades de los mismos, que ya tienen una trayectoria organizativa y un posicionamiento político que sumar a la construcción de la política migratoria colombiana" (Cortés y Sanmartín 2010, 1161). Es por ello que Escobar (2015, 75) afirma que el Estado colombiano -débil, en su opinión- no es un buen socio para las asociaciones de inmigrantes implicadas en programas de desarrollo en sus comunidades de origen, y que estas habrían encontrado su principal apoyo en las organizaciones de una dinámica sociedad civil, es decir, en las redes horizontales, en mayor grado que en las redes verticales. En este sentido, la acción transnacional de los migrantes parece haberse apoyado más en las redes verticales propias del contexto español y sus políticas de codesarrollo, que en el Estado colombiano. Sin embargo, tanto en uno como en otro caso, las asociaciones han sido invitadas a sumarse a las nuevas políticas, más que a participar en su diseño.

Respecto a los propios inmigrantes y su capacidad organizativa, Guarnizo habla de falta de solidaridad grupal y afirma que:

[...] los colombianos en el exterior ven su realidad, sus necesidades y oportunidades en términos individuales, mas no grupales. Esto contrasta con la experiencia de otros grupos de inmigrantes con niveles de escolaridad mucho más bajos, como los dominicanos y mexicanos en Estados Unidos, o aquellos procedentes de áreas rurales andinas, como ecuatorianos y peruanos en Europa, quienes han logrado crear influyentes organizaciones políticas y cívicas, respectivamente, para defender sus intereses y apoyar el avance de su grupo nacional ante la sociedad receptora. (Guarnizo 2006, 91)

En cambio, lo que hemos podido ver en el caso español es la existencia de un denso tejido asociativo que, en muchos casos, precede en su acción a la iniciativa de los Estados de origen y recepción. De este modo, Cortés y Sanmartín destacan que las asociaciones colombianas "llevan trabajando la participación social y política de los migrantes, tanto aquí como allí, antes de que sus estados de origen decidieran impulsar el conjunto de políticas mencionadas respecto a sus ciudadanos en el exterior. Las organizaciones más antiguas, como Aculco o Aesco [...] desde sus inicios aparecen vinculadas al origen" (Cortés y Sanmartín 2010, 1159).

Pese a las referencias de Guarnizo al carácter individualista, alejado del espíritu de organización colectiva de otros grupos de migrantes, nuestro propio estudio de las asociaciones de inmigrantes colombianos en España muestra un panorama bien distinto, con resultados más coincidentes con el trabajo de Escobar (2015). Sin ser una realidad generalizable al conjunto de los colombianos, las asociaciones de inmigrantes han canalizado los deseos de muchos de estos de participar en el desarrollo de su país de origen, aunque estos hayan sido habitualmente los más cualificados entre ellos. Tal como Portes y sus colegas nos recuerdan:

[...] el transnacionalismo colombiano ejemplifica la forma que adopta este fenómeno entre los inmigrantes urbanos con un nivel de escolaridad relativamente alto, cuyas actividades filantrópicas se realizan individualmente o a través de organizaciones seculares y religiosas, las cuales son familiares y compatibles con las que operan en el mundo desarrollado. (Portes, Escobar y Walton 2006, 33)

En esta línea, las asociaciones de inmigrantes colombianos en España implicadas en acciones transnacionales de desarrollo habrían adoptado los modos de hacer de las organizaciones de desarrollo locales españolas (las ONGD), pero que también son cada vez más usuales en Colombia, donde las organizaciones de desarrollo se han extendido y profesionalizado notablemente en los últimos años.

Iniciamos este artículo con la hipótesis de que la acción combinada de asociaciones de inmigrantes y Estados habría contribuido a la creación de un nuevo campo social transnacional. Si entendemos los campos sociales transnacionales como un conjunto de redes entrelazadas a través de las cuales circulan ideas, prácticas y recursos -algo que permiten los propios proyectos de las asociaciones de inmigrantes-, podemos decir que estaríamos realmente ante la emergencia de un nuevo campo, todavía frágil y que no ha acabado de dibujarse en su totalidad, y en el que siguen existiendo desequilibrios en el papel y grado de implicación de los diferentes actores, pero que sirve de marco imperfecto para un desarrollo de carácter transnacional.

Este nuevo escenario habría facilitado, a su vez, que las asociaciones de inmigrantes colombianos hayan puesto en marcha un número significativo de proyectos de desarrollo con impacto en los lugares de origen -algunos de ellos de considerable magnitud-, movilizando para ello redes verticales y horizontales en España y Colombia. Por último, pese a las limitaciones de la acción de los Estados (las críticas a la débil implicación del Estado colombiano, y la retirada de buena parte del apoyo proporcionado por el Estado español en el escenario de la crisis económica), estos habrían incitado a las asociaciones de inmigrantes -de modo voluntario o involuntario- a reclamar un mayor protagonismo y a perseverar en su empeño de conectar las comunidades de la diáspora con las comunidades locales y promover el desarrollo de estas últimas.

No obstante, la consolidación de un sólido campo social transnacional entre España y Colombia requiere todavía un fortalecimiento y reconocimiento mayores de las asociaciones de inmigrantes, una mejor capacidad de interlocución de estas con las instancias gubernamentales (al margen de los intentos de control o cooptación sobre la diáspora asociativa), así como el ímpetu e implicación de las organizaciones de la sociedad civil a uno y otro lado.