Introducción

Brasil atraviesa una época de creciente polarización social y política, cuya faceta más llamativa se hizo visible durante la campaña electoral de octubre de 2018, ocasión en la que los defensores de un discurso autoritario, encarnado por el candidato del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, se enfrentaron a un grupo social muy heterogéneo unificado en torno a la defensa del sistema democrático. Las raíces de este enfrentamiento están ancladas en el pasado reciente de un país que ha experimentado, en un periodo de tiempo relativamente breve, una serie de eventos de gran impacto desde los puntos de vista económico, político y social. Además, Brasil es uno de los países con más altos índices de violencia letal en todo el mundo (The World Bank Group 2017), lo que en sí mismo representa un factor de riesgo para la ciudadanía y las instituciones (^{Zaluar 2007}).

A continuación, se presenta un trabajo cuyo objetivo es explorar las causas de la actual polarización sociopolítica en Brasil. Para ello, se puso a prueba la consistencia de un modelo conceptual que abarca un amplio abanico de fenómenos relacionados con la inseguridad en la esfera privada (victimización y percepción subjetiva), las actividades delictivas en el ámbito público (corrupción), la desconfianza en las instituciones y sus efectos spillover sobre los comportamientos y/o las opiniones políticas de los/as brasileños/as. El análisis empírico se estructura en torno a una premisa teórica: en la actual coyuntura sociohistórica brasileña, los niveles de confianza en las instituciones políticas y la capacidad de movilización cognitiva (^{Dalton 1984}) -entendida como la combinación de nivel educativo e interés en los asuntos políticos- actúan como factores moderadores en la relación entre victimización, miedo y corrupción, por un lado, y en los hábitos políticos de los ciudadanos, por el otro. El desenlace de esta relación es incierto: puede determinar una contracción de la participación y alimentar una actitud pasivo-agresiva a favor de posiciones militaristas y autoritarias, o bien, fomentar formas de participación más proactivas entre aquellos sectores de la sociedad que disponen de un mayor nivel de competencias cívicas.

La creciente polarización sociopolítica en Brasil

Desde 2003, época del primer mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil se convirtió en una referencia para las socialdemocracias de América Latina, pues alcanzó significativos logros económicos. La tasa de pobreza, por ejemplo, pasó del 37,2% al 21,4% en seis años (2003-2009) (^{Montero 2014}); el número de personas que vivían en situación de pobreza disminuyó drásticamente (^{Barros et al. 2010}) y el índice de Gini, que mide el nivel de desigualdad, alcanzó el nivel más bajo desde el adviento de la democracia en 1985 (The World Bank Group 2016). Sin embargo, el boom económico de principios del siglo XXI se ha ido estancando progresivamente, y en 2015, el país entró en su “peor recesión en cien años” (^{Germany y Pereira 2019}, 77).

A la crisis económica se sumó una profunda crisis política, provocada por una serie de escándalos relacionados con la corrupción política, como por ejemplo, el caso Lava Jato, cuyas investigaciones empezaron en 2014. La Operação Lava Jato es una investigación liderada por la Policía Federal de Brasil con el objetivo de indagar sobre un esquema de lavado de dinero con ramificaciones políticas. Durante las investigaciones, algunos de los acusados sostuvieron que la campaña presidencial de Rousseff en 2010 se financió de forma poco transparente con dinero de Petrobras, la mayor empresa petrolera de Brasil. Esta acusación resultó determinante en el impeachment de Rousseff en 2016. Asimismo, salieron a la luz otras malversaciones que involucraron a Aécio Neves (Partido de la Social Democracia Brasileña), Michel Temer (presidente interino después de la destitución de Rousseff) y el expresidente Lula. Según los datos proporcionados por ^{Germany y Pereira (2019)}, a tres años del inicio de las investigaciones, se habían producido 746 órdenes de búsqueda y captura, acusaciones contra 260 altos cargos del sistema judicial y condenas a prisión por un total de 1.300 años. De igual manera, 49 políticos de seis partidos se enfrentaron a investigaciones por su presunta participación en la trama de corrupción (^{Russo 2016}).

La combinación de recesión económica, corrupción y descontento popular ha infligido un duro golpe a la legitimidad institucional en el país (^{Avritzer 2017}; ^{Anderson 2016}). Todo esto sin considerar que, como afirma ^{Baquero (2013 y 2008)}, la historia sociopolítica de los países de América Latina, en general, y de Brasil, en particular, se enmarca en un contexto de profunda desconfianza en las instituciones democráticas. Una de las consecuencias más espinosas del desapego a las instituciones ha sido la proliferación de movimientos antidemocráticos personificados por la figura de Jair Bolsonaro -pero no limitados a este-, que basó su exitosa campaña electoral de octubre de 2018 en un discurso ultraconservador, misógino y veladamente racista (^{Chagas-Bastos 2019}).

Desde luego, la resurrección de este tipo de autoritarismo nostálgico de la dictadura militar no es casual. Por el contrario, un estudio del Fórum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) advertía ya en 2017 de la preocupante propagación de posiciones autoritarias entre la población brasileña. Con base en una encuesta a 2.087 personas, este estudio reveló que, en una escala del uno al diez de intensidad creciente, los/as encuestados/as registraron una media de 8,1 en el índice de propensión al apoyo a posiciones autoritarias (^{Sério de Lima et al. 2017}). Los resultados revelaron también que niveles deficitarios de escolaridad y una mayor edad están asociados a valores más altos del índice. Asimismo, que el apoyo al autoritarismo es preponderante entre los miembros de las clases socioeconómicas más dependientes de programas sociales, con mayor riesgo a perder beneficios sociales y más expuestos al riesgo de ser víctimas de un delito.

Entre las explicaciones más recurrentes respecto al avance de estas posiciones ultraconservadoras en las democracias contemporáneas (tanto en Brasil como en otros lugares), se encuentra la capacidad de los partidos políticos y sus representantes de explotar “el miedo” de los ciudadanos y fomentar una “política del odio” que, en última instancia, sirve para legitimar su lugar en el poder. Al respecto, ^{Gavião y Valadares (2018)} consideran que la campaña electoral de octubre de 2018 ha acentuado el papel de la inseguridad en la arena política, lo que no sorprende en un contexto extremadamente violento como el brasilero, donde, solo en 2017, se registraron 63.880 muertes violentas intencionales, lo que se traduce en una tasa de más de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes.¹ Parte de este fenómeno se explica por la ingente disponibilidad de armas de fuego, que en el mercado ilegal aumentó considerablemente en los últimos años, de acuerdo con las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC 2015). Por otro lado, la escalada de violencia en el país también es consecuencia de la desmesurada violación de derechos humanos y de los abusos de poder por parte de las fuerzas policiales y militares, responsables de 5.144 homicidios en 2017. En ese mismo año, Brasil registró más de 60 mil casos de violencia sexual contra las mujeres y un aumento de los delitos de odio contra la comunidad LGBTIQ y los activistas políticos (Amnesty International 2015) -véase el caso del asesinato, en marzo de 2018, de Marielle Franco, concejala de la Cámara Municipal de Río de Janeiro-.

A pesar de que el compromiso social y político pueda llegar a tener un costo muy elevado en Brasil, un segmento creciente de la ciudadanía se ha movilizado -y sigue movilizándose- en torno a asuntos sociales relacionados con la protección de los derechos humanos, la lucha contra la desigualdad, el acceso al sistema educativo y sanitario, y, más en general, el deseo de una democracia funcional e inclusiva. Desde esta perspectiva, las protestas de junio de 2013 marcaron una línea divisoria en la historia reciente del país, pues se trató de las movilizaciones de mayor envergadura en décadas, concretamente desde 1992, cuando el levantamiento popular contribuyó a la destitución del entonces presidente Fernando Collor de Melo (^{Alonso y Mische 2016}). Sin embargo, estos acontecimientos también representaron un punto de inflexión por otra razón: Brasil pasó de registrar una de las más bajas tasas de movilización en América Latina (^{Moseley y Layton 2013}), a convocar a casi un millón y medio de manifestantes en todo el país (Layton 2014).

A raíz de estos acontecimientos, se inició un intenso debate en la comunidad académica y en la sociedad civil acerca de la naturaleza partidista, o bien, antisistema, de las protestas. ^{Alonso y Mische (2016)}, por ejemplo, se mostraron más inclinados hacia la segunda opción y sostuvieron que las movilizaciones, que empezaron con reivindicaciones puntuales (como precios accesibles del transporte público), acabaron englobando instancias más amplias que cuestionaban el statu quo político e institucional. Por su parte, ^{Winters y Weitz-Shapiro (2014)}, a partir de una encuesta a manifestantes y a un grupo de control que declaró no haber tomado parte en las movilizaciones, consideraron que, si bien era indudable que las protestas de 2013 se caracterizaron por la pérdida de appeal del Partido dos Trabalhadores (PT), los manifestantes encuestados declararon ser afines a movimientos alternativos con base en partidos políticos menores, como el Partido Verde (PV) o el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Las conclusiones de este estudio resultaron entonces muy sugestivas, puesto que proporcionaron evidencias que “complican la narrativa existente acerca de la esencia antipartidista de las protestas” (Winters y Weitz-Shapiro 2014, 139). Además, a pesar de las expectativas que se podrían derivar de esta narrativa, los que no tomaron parte en las movilizaciones fueron los que asumieron posiciones antipartidistas. Según los autores, esto se debió en buena parte al vacío político creado por el desapego a los partidos políticos mainstream, lo que en definitiva generó un proceso de reubicación de la ciudadanía en el espectro político.

El debate acerca del distanciamiento entre instituciones políticas y ciudadanía, la emergencia del autoritarismo y la naturaleza de la participación política en Brasil se ha prolongado hasta la actualidad, puesto que, de hecho, desde 2013 el país ha experimentado un estado de movilización permanente. Entre otras, se pueden mencionar las movilizaciones de protesta contra los megaeventos (Mundial de Fútbol en 2014 y Juegos Olímpicos en 2016), en pro y en contra del impeachment de Dilma Rousseff (a partir de agosto de 2016), en pro y en contra del encarcelamiento de Lula (a principios de 2018), o bien, las demonstraciones que contrapusieron los simpatizantes de Bolsonaro a sus detractores (en concomitancia con la campaña electoral de finales de 2018). Paralelamente, ha aumentado el interés entre los investigadores en determinar las causas y la naturaleza de estos movimientos protestatarios (^{Conde y Jazeel 2019}; ^{Mendonça y Ercan 2015}; ^{Saad-Filho 2013}).

La presente investigación pretende ofrecer una contribución a este debate. Se interroga, en particular, acerca de los factores que han determinado la actual polarización sociopolítica en Brasil. En concreto, recuperando la diferenciación conceptual entre participación política y su esencia (substance) (^{Morrison y Rockmore 2016}), se examina el posible efecto de la inseguridad (objetiva y subjetiva) y la percepción de la corrupción sobre los niveles de confianza en las instituciones, y, al mismo tiempo, la relación directa e indirecta entre estos predictores y las dinámicas de participación y formación de opiniones políticas en Brasil. El análisis propuesto también contempla el rol mediador de la movilización cognitiva (nivel educativo e interés en la política) a la hora de determinar una postura (autoritaria) en lugar de otra (participativa). Los antecedentes teóricos y empíricos que permiten anticipar estas relaciones se discuten a continuación.

Antecedentes teóricos y empíricos

De acuerdo con las conclusiones que emanan de la literatura previa, la victimización directa y la corrupción política figuran entre los predictores más consistentes del desapego a las instituciones. Asimismo, existen evidencias empíricas que avalan el impacto directo o indirecto de estos predictores, tanto sobre el comportamiento político como sobre la formación de opiniones políticas.

Con respecto a la victimización, la experiencia directa con delitos violentos puede determinar una retracción de los individuos de la vida política (^{Blanco y Ruiz 2013}; ^{Ceobanu, Wood y Ribeiro 2011}; ^{Dammert y Malone 2006}; ^{Perlman 2006}). Por ejemplo, el análisis de ^{Carreras (2013)} revela que la victimización y la percepción de vivir en un contexto violento afectan negativamente la legitimidad de las instituciones. ^{Brooks (2014)} ha señalado que la percepción de riesgo de victimización (esto es, la valoración subjetiva acerca de la probabilidad de ser víctima de un delito en un futuro próximo) reduce los niveles de participación. Por su parte, ^{Bateson (2012)} ha demostrado, contra todas las expectativas, que ser víctima de un delito puede generar una mayor participación política. En efecto, la autora argumenta que la relación entre la victimización y una mayor participación es consistente “para hombres y mujeres, en los cinco continentes, independientemente del tipo de delito o participación política” (Bateson 2012, 584), lo que respalda la literatura previa desarrollada sobre contextos postbélicos (^{Voors et al. 2012}; ^{Blattman 2009}; ^{Bellows y Edward 2006}). De acuerdo con las afirmaciones de la investigadora, se podría interpretar este resultado en clave instrumental, esto es, suponiendo que la mayor participación de las víctimas esté relacionada con la demanda de nuevas políticas para la reducción de los niveles delictivos, o bien, para mitigar los efectos emocionales que resultan de la experiencia delictiva.

Por tanto, el impacto de la victimización en los niveles de confianza en las instituciones y en la participación es controvertido. Además, la revisión de la literatura invita a ampliar el espectro del análisis para considerar el posible rol mediador de la percepción del riesgo de ser víctima de un delito y del sentimiento subjetivo de inseguridad (^{Armborst 2017}; ^{Hough et al. 2013}). Se trata de una línea de investigación sugerente, pero aún poco desarrollada, aunque existan excepciones notables como el trabajo de ^{Morrison y Rockmore (2016)}. Estos autores, en su estudio basado en los datos de Afrobarometer, constatan la relación positiva que existe en el caso africano entre el miedo al delito y la participación política, o, dicho de otra forma, que “no hay ninguna razón para pensar que las personas que se sienten inseguras son también menos democráticas” (Morrison y Rockmore 2016, 14).

Por lo que respecta al impacto negativo de la corrupción en los niveles de confianza en las instituciones, este se ha observado de manera transversal en contextos muy heterogéneos como el europeo (^{Villoria, Van Ryzin y Lavena 2012}), el asiático (^{Chang y Chu 2006}), el africano (^{Bratton 2007}), o bien, en los países postcomunistas (^{Mishler y Rose 2001}). En cuanto al caso en estudio, ^{Winters y Weitz-Shapiro (2014)} señalaron que la corrupción figuraba entre las motivaciones más recurrentes de los manifestantes involucrados en las protestas de 2013, mientras que otros análisis han relacionado la corrupción con el declive de la confianza en las instituciones (Corporación Latinobarómetro 2018).

Igualmente, existe una amplia gama de estudios que evidencian la relación directa y positiva entre la confianza en las instituciones y la participación política (^{Corbacho, Philipp y Ruiz-Vega 2012}; ^{Howard y Gilbert 2008}; ^{Klesner 2007}); y también hay voces críticas al respecto (Van Deth 2001). En un estudio publicado en 2004, con datos sobre seis países (Bélgica, Bulgaria, Chile, Colombia, Inglaterra y EE. UU.), se concluía que los niveles de confianza en las instituciones son un factor crucial para que los jóvenes participen en la vida pública (^{Torney-Purta, Barber y Richardson 2004}). Sobre la base de un análisis de la edición de 2006 de la European Social Survey, ^{Nyćkowiak (2009)} afirmó que en todos los países considerados la confianza en las instituciones pronostica una mayor implicación en el ámbito político. En el contexto del Sureste Asiático y de los países de Asia Central, ^{Kim (2014)} encontró una relación significativa y positiva entre legitimidad institucional y participación formal (voto en las elecciones) e informal (boicots, protestas, etcétera). Sin embargo, existen investigaciones que matizan el alcance de esta relación. Por ejemplo, según un estudio desarrollado en Australia, esta relación es consistente cuando se intenta predecir la implicación en los procesos electorales, pero no cuando se considera la participación más allá del voto (^{Evans y Stoker 2016}).

Otro aspecto relevante en el debate acerca del efecto de la confianza en las instituciones sobre la participación política, se refiere al tipo de participación que esta impulsaría. Como se ha visto, este debate se inició también en Brasil después de las protestas de 2013. En el campo internacional, ^{Braun y Hutter (2016)} desarrollaron un análisis multinivel con datos sobre veintidós países europeos, y concluyeron que los ciudadanos que han perdido confianza en las instituciones se sienten más inclinados a participar en actividades de protesta extrarrepresentacionales. Sin embargo, otros autores advirtieron acerca del carácter espurio de esta relación (^{Norris 2011}; ^{Dubrow, Slomczynski y Tomescu-Dubrow 2008}). Más allá de las diferentes posiciones, a lo largo de los últimos años se ha ido consolidando una corriente en la literatura que ha explorado los determinantes del apartidismo, entendido como el progresivo distanciamiento entre ciudadanía y representación partidista. En esta línea, cabe destacar las contribuciones de Russell ^{Dalton (2012 y 1984)} y de Ronald ^{Inglehart (1990)}, cuyas investigaciones sirvieron como base teórico-empírica para numerosos estudios en América Latina y Brasil (^{Alaminos y Penalva 2012}; ^{Borba, Gimenes y Ribeiro 2015}). Desde esta perspectiva, la noción de movilización cognitiva resulta particularmente relevante, pues hace hincapié en la capacidad de los ciudadanos de procesar mensajes políticos de forma autónoma e independiente de los inputs generados por el sistema institucional. Según Dalton (1984), por ejemplo, el nivel educativo y el interés respecto a cuestiones de naturaleza política son dos elementos clave en este proceso y tienen un papel determinante en la formación de ideas políticas.

En resumen, la revisión de la literatura invita a tener cierta cautela, en la medida en que la relación entre inseguridades (reales o percibidas), confianza en las instituciones y participación política implica dinámicas complejas que pueden verse influenciadas por múltiples factores, entre otros, la capacidad de movilización cognitiva. Además, esta relación parece depender, en última instancia, de las especificidades del contexto en estudio.

Objetivo e hipótesis de la investigación

Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos en Brasil, y de acuerdo con las indicaciones que derivaron de la literatura previa, el objetivo de la investigación consistió en explorar las causas que explican la creciente polarización social y política en Brasil. Para ello, se plantearon las siguientes hipótesis (H):

La consistencia de las hipótesis de investigación se contrastó empíricamente aplicando un modelo de ecuaciones estructurales con base en los datos de la edición de 2016/2017 del AmericasBarometer, una encuesta que se lleva a cabo de forma periódica, en el marco del Latin American Public Opinion Project (LAPOP). La muestra en Brasil constó de 1.532 encuestados. Las respuestas se recopilaron en el marco de entrevistas presenciales, entre abril y mayo de 2017. Los microdatos son de acceso libre y se encuentran disponibles en la página web del proyecto LAPOP.

El modelo de medida y las relaciones estructurales

Para contrastar las hipótesis, se definió y puso a prueba un modelo de ecuaciones estructurales. El modelo -que se puede observar en las figuras 1, 2 y 3, discriminado gráficamente en función de las hipótesis de investigación, y en su conjunto en la figura 4- se estructuró en torno a catorce variables (recuadros), un factor latente (elipse) integrado por cuatro variables (cuyas cargas factoriales están representadas por fechas de color gris unidireccionales), veintiuna relaciones de regresión entre las dimensiones teóricas (flechas de color negro unidireccionales), además de cuatro relaciones de covarianza (flechas de color gris bidireccionales).

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Representación gráfica de la hipótesis 1 

Se pueden identificar dos niveles distintos en el modelo. En el primer nivel, se investigó sobre la posible influencia de la victimización directa, la percepción de inseguridad y la percepción de la corrupción, respectivamente, en los niveles de confianza en las instituciones. En esta fase, el modelo también exploró el rol mediador de la percepción subjetiva de inseguridad entre victimización y desconfianza institucional, así como el papel que tiene la percepción de poder contar con la intervención de las fuerzas policiales, en caso de necesidad. (figura 2)

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Representación gráfica de la hipótesis 2 

En el segundo nivel, después de averiguar si en efecto los delitos privados (victimización) y públicos (corrupción), o bien, la percepción subjetiva de inseguridad, afectan los niveles de confianza en las instituciones, se exploró el impacto que este último aspecto ejerce en las dinámicas de participación política. En línea con las hipótesis de investigación, el modelo se bifurcó con el ánimo de verificar el papel de los niveles de confianza en las instituciones políticas en el fomento de dos posiciones aparentemente inconciliables que se ubican en un continuum que va desde una actitud pasivo-agresiva con implicaciones autoritarias hasta un polo opuesto, caracterizado por la implicación proactiva y democrática en la vida pública. En ambos casos, se incorporó una consideración acerca de la influencia de los niveles de movilización cognitiva sobre la participación y las actitudes políticas, respectivamente, con el propósito de introducir un ulterior matiz en la explicación de la polarización política en Brasil.( figura 3)

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Representación gráfica de la hipótesis 3 

Definición y operacionalización de las variables del modelo

Antes de proceder a la estimación del modelo, se definieron los conceptos utilizados.

Por lo que respecta a la victimización, se tomaron en cuenta las experiencias directas con el delito en los doce meses que preceden a la encuesta. Se trata de una variable dicotómica que permite identificar la presencia o ausencia de victimización entre los encuestados, esto es, si fueron víctimas o no de un delito a lo largo del año anterior.

La dimensión subjetiva de la inseguridad se midió a través de los datos derivados de las respuestas a la siguiente pregunta: Hablando del lugar donde vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro/a, algo seguro/a, algo inseguro/a o muy inseguro/a? Las opciones de respuestas se distribuyeron en una escala de Likert de cuatro puntos, y hacen referencia al nivel de seguridad percibido con respecto a delitos que implican un contacto físico con el agresor, por lo que representan un indicador consistente del eventual impacto psicológico de la victimización sobre las víctimas.

Otra variable considerada de cara al análisis de los factores que influencian los niveles de confianza en las instituciones se extrapoló de la siguiente pregunta: Suponga que alguien se mete a robar en su casa y usted llama a la policía. ¿Cuánto tiempo cree que la policía tardaría en llegar a su casa un día cualquiera, a mediodía? Las respuestas variaban entre un lapso mínimo de diez minutos hasta la eventualidad de que la policía no llegara nunca. Esta variable se consideró como una medida indirecta de la percepción de los ciudadanos de la in/eficiencia policial y, por ende, como un indicador que puede tener un impacto en los niveles subjetivos de inseguridad, así como puede guardar una relación de covarianza con la corrupción percibida.

En lo que respecta al nivel de corrupción política en su país, en concreto, se preguntó a los encuestados si en su opinión los políticos en Brasil estaban involucrados en algún caso de malversación. Las opciones de respuesta eran cinco, y los dos extremos indicaban, respectivamente, que la percepción del encuestado era que “ninguno”, o bien, “todos” los políticos, son corruptos.

De acuerdo con el planteamiento de la H1, la victimización, la percepción de inseguridad y la percepción de la corrupción, se consideraron como tres predictores del factor latente asociado con la confianza en las instituciones. Desde luego, no se trata aquí de contemplar un grupo exhaustivo de factores explicativos de la (des)confianza en el sistema institucional, sino más bien de poner a prueba una hipótesis que se ajusta a la realidad social de Brasil, donde, de acuerdo con la literatura previa, la exposición (real o percibida) al delito, así como los niveles percibidos de mala praxis policial y política, son clave para entender el progresivo desapego de los ciudadanos a la vida pública.

Asimismo, se exploró el nivel de confianza de los ciudadanos respecto a cuatro instituciones políticas: el Congreso, el Ejecutivo, los partidos políticos y las autoridades municipales. En este bloque del cuestionario, los encuestados tenían que valorar su nivel de confianza en las instituciones en una escala Likert de siete puntos, donde el valor uno indicaba “mucha confianza”, y el siete, “nada de confianza”.

A partir del factor latente que identifica los niveles de confianza en las instituciones, el modelo se bifurca. En el lado derecho (figura 2), se puso a prueba la hipótesis de que al disminuir la confianza en las instituciones podría disminuir también el apego de los ciudadanos a la democracia como forma de gobierno. La pregunta del cuestionario enunciaba: Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? La escala de Likert de siete puntos contemplaba dos extremos para clasificar las respuestas, en función del grado de acuerdo de los encuestados respecto al enunciado, lo que permitió identificar su grado de des/apego al sistema democrático.

Sucesivamente, se consideró que, frente a niveles altos de desapego, aumenta la tentación de optar por posiciones autoritarias y antidemocráticas. El apoyo al autoritarismo se definió en función del grado de acuerdo con las dos afirmaciones, según las cuales, bajo algunas circunstancias -en concreto, con el aumento de la criminalidad o de los niveles de corrupción-, se justificaría que los militares tomen el poder por un golpe de Estado. Se generó una nueva variable para identificar el apoyo al golpe militar bajo ambas circunstancias. La respuesta (dicotómica) a esta pregunta permitió entonces separar la muestra entre quienes son potencialmente favorables a la intervención de los militares en la esfera política y quienes no.

Por otro lado, en la parte izquierda del modelo (figura 3), se supuso que la participación política podría constituir un factor disuasorio frente a la emergencia del autoritarismo. Se consideraron tres tipos de participación política, que se operacionalizaron respectivamente a través de una variable dicotómica que identifica la intención de votar en las futuras elecciones (que, en el caso de la encuesta en cuestión, hacía referencia a las elecciones de octubre de 2018), una variable ordinal relacionada con la frecuencia con la que los encuestados participan en reuniones de un partido o movimiento político (en una escala que va desde una frecuencia semanal hasta la ausencia de participación), y otra variable dicotómica que identifica la probabilidad de que el encuestado haya participado en una protesta pública en los últimos doce meses.

Por último, se diseñó una variable destinada a medir la capacidad de movilización cognitiva de los encuestados. El trabajo de definición empírica de esta variable se fundamentó en las indicaciones de ^{Dalton (2012)}. En particular, el concepto de movilización cognitiva resulta de la combinación del nivel educativo (que suele considerarse una medida proxy de las competencias cívicas de los/as ciudadanos/as) y el interés en los asuntos políticos. En la base de datos del LAPOP se incluyen dos indicadores que se utilizaron para generar una nueva variable ad hoc: el número de años en instituciones de educación formal y una escala Likert de cuatro puntos que mide el grado de interés en la política. En primer lugar, se recodificó la variable continua del nivel educativo en cuatro franjas, en línea con la estructura del sistema escolar brasileño: de 0 a 8 años en educación formal (ensino fundamental), de 9 a 11 años (ensino médio), de 12 a 14 años (ensino pós-médio) y de 15 años en adelante (ensino superior). En segundo lugar, se sumaron los valores de las dos variables (educación e interés en la política) para obtener una escala de siete puntos de movilización cognitiva. Finalmente, se creó una variable dicotómica para subdividir la muestra entre un colectivo con bajos niveles de movilización cognitiva y otro que se posiciona en el extremo opuesto de la escala.

La tabla 1 presenta una descripción de las variables que integran el modelo.

Tabla 1 Descripción de los datos 

Fuente: elaboración propia.

Resultados

La definición conceptual y la operacionalización de los constructos descritos en el apartado anterior permitieron definir un modelo de ecuaciones estructurales con catorce variables. En la figura 4 se pueden visualizar gráficamente los resultados del modelo, los índices de bondad de ajuste y los coeficientes estandarizados que permiten estimar el impacto y el signo de la relación entre variables.

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Coeficientes estandarizados del modelo de ecuaciones estructurales 

Como se puede apreciar por los estadísticos de bondad de ajuste sintetizados en el recuadro en el ángulo inferior izquierdo de la figura 4, el modelo es consistente. En concreto, la relación entre el x ² y los grados de libertad es de 2,7 (por debajo del valor de corte más conservador de 3), los índices de bondad de ajuste comparativo (Comparative Fit Index, CFI) y de Tucker-Lewis (Tucker-Lewis Index, TLI) registran valores en línea con las recomendaciones comúnmente aceptadas (≥ .95), y el valor de la raíz del residuo cuadrático promedio de aproximación (RMSEA) es .034, lo que apunta a un ajuste del modelo a los datos altamente satisfactorio.

De las tres supuestas causas de la (des)confianza en las instituciones -victimización directa, percepción de inseguridad y corrupción percibida-, las dos últimas tienen un impacto estadísticamente significativo, lo que no pasa con la primera. En concreto, la desconfianza en las instituciones aumenta a medida que aumenta la percepción de corrupción política (β=.313; p<.001). Asimismo, la percepción de vivir en un contexto inseguro implica niveles inferiores de confianza en las instituciones (β=.218; p<.001). Por otro lado, una experiencia directa con la victimización no implica en sí misma disminución en la confianza en las instituciones; la relación directa no es estadísticamente significativa (β=.015; p=.629). Sin embargo, los resultados indican que la relación indirecta entre victimización y niveles de confianza en las instituciones, mediada por el sentimiento subjetivo de seguridad, es significativa. En particular, se trata de una relación de signo positivo (β=.102; p<.001), por lo que se podría suponer que si la experiencia con el delito conlleva un aumento de la inseguridad, entonces los niveles de confianza en las instituciones pueden disminuir.

Como era de esperar, la sensación de inseguridad aumenta significativamente entre los encuestados que fueron víctimas de un delito (β=.180; p<.001). Asimismo, la percepción de ineficacia de la policía (β=.164; p<.001) también afecta la sensación subjetiva de seguridad. Al respecto, los resultados indican que los ciudadanos que perciben que la policía no sería reactiva en caso de necesidad, se sienten más inseguros. Por otro lado, esta misma variable correlaciona positivamente el factor latente que identifica la (des)confianza en las instituciones (r _s =.195; p<.001) con la variable relacionada con la corrupción política percibida (r _s =.200; p<.001), lo que acaba delineando un contexto de profunda deslegitimación que aflige tanto al sistema político (instituciones democráticas y representantes políticos) como al sistema de seguridad pública (fuerzas de policía).

De acuerdo con la interpretación de los outputs del modelo, las variaciones en los niveles de (des)confianza en las instituciones producen efectos significativos sobre la participación política, aunque existe una excepción. De entrada, se puede notar que niveles más altos de confianza en las instituciones están asociados con la intención de participar en las futuras elecciones presidenciales (β=−.200; p<.001), y viceversa, en la medida en que al perder confianza, la intención es más bien de no ir a votar o anular el voto. En la misma línea, los niveles de participación en partidos o movimientos políticos son directamente proporcionales a los niveles de confianza en el sistema institucional (β=.101; p<.05). Sin embargo, no se encontró una relación estadísticamente significativa entre la participación en protestas públicas y los niveles de confianza en las instituciones (β=−.013; p=.788).

Se exploraron también las relaciones entre, por un lado, las tres formas de participación política contempladas en el modelo y, por el otro, la victimización directa. Los resultados indican que, a pesar de no tener un efecto significativo sobre la intención de participar en las elecciones (β=.001; p=.992), la victimización está asociada a una participación más asidua en las reuniones de partidos y movimientos políticos (β=−.079; p<.05), y a una mayor propensión a tomar parte en protestas públicas (β=−.149; p<.001). Por su parte, la percepción de la corrupción no afecta significativamente la propensión a la participación en protestas (β=−.022; p=.645). Por último, cabe notar que la participación en partidos y movimientos políticos se correlaciona significativa y positivamente con la participación en protestas (r _s =.245; p<.001). Este resultado permite suponer que las protestas en el período abarcado por la encuesta (2016-2017) podrían haber tenido una base prevalentemente partidista.

En el otro extremo del modelo, los individuos parecen entrar en una dimensión emocional de pesimismo y pasivo-agresividad. Como era previsible, existe una relación significativa entre la desconfianza en las instituciones y el desapego a la democracia (β=.203; p<.001). A su vez, este desapego está asociado significativa y positivamente con una mayor propensión al autoritarismo (β=.124; p<.01), entendida como la justificación por parte de los ciudadanos de una intervención de los militares en la esfera política a consecuencia de un aumento de la criminalidad o la corrupción. Por otra parte, aunque ni la victimización (β=−.020; p=.572) ni la percepción subjetiva de inseguridad (β=.069; p=.084) tengan un efecto directo significativo sobre el autoritarismo, la relación indirecta entre victimización y posturas autoritarias, mediada por la percepción de inseguridad, la deslegitimación y el desapego a la democracia, es significativa al nivel de p<.05. La interpretación de esta relación indirecta sugiere que la inseguridad, en su doble vertiente objetiva (victimización) y subjetiva (percepción), puede funcionar como un amplificador del distanciamiento entre ciudadanos e instituciones democráticas.

En definitiva, el modelo concibe dos posibles salidas. Por un lado, los resultados sugieren que aquellos ciudadanos que mantienen su confianza en las instituciones, la democracia y la efectividad de la participación política participan en la solución de los problemas de forma proactiva. Por otro lado, los que han caído en el pesimismo están madurando tendencias antidemocráticas y avalarían en algunas circunstancias la intervención militar. Las dos salidas parecen inconciliables entre ellas. En efecto, las dos variables no se correlacionan significativamente entre ellas (r _s =−.088; p=.124).

Finalmente, se exploró la influencia de los niveles de movilización cognitiva sobre la participación política y las actitudes hacia la democracia y el autoritarismo, suponiendo que la combinación de educación formal (proxy de competencia cívica) y el interés en la política pudiera ofrecer una explicación de por qué algunos colectivos reaccionan a la coyuntura política actual involucrándose más en la sociedad, mientras que otros se encierran en una postura pesimista e inmovilista. Como se aprecia en la figura 4, la movilización cognitiva influye significativamente en la probabilidad de participar en reuniones de partidos políticos (β=−.112; p<.01), protestas públicas (β=.237; p<.001), o en la intención de voto en las futuras elecciones presidenciales (β=.128; p<.05). Asimismo, se constata que, si bien una menor movilización cognitiva aumenta el desapego a la democracia (β=−.224; p<.001), no se registra significatividad estadística entre la emergencia del autoritarismo y el índice diseñado sobre la base de las indicaciones de ^{Dalton (2012)} (β=−.070; p=.078).

En definitiva, los resultados revelan que la percepción de inseguridad (H1b) y la percepción de corrupción (H2c) desempeñan un papel clave a la hora de determinar el grado de confianza en las instituciones, aunque también permiten matizar la relación entre la victimización directa y el factor latente (H1a). Como se ha visto, solo en la medida en que la experiencia con el delito genera un impacto emotivo negativo, la relación se convierte en estadísticamente significativa.

En lo que respecta al rol de los niveles de confianza en las instituciones en la determinación de actitudes antidemocráticas, los resultados del modelo sugieren que la reducción de la confianza aumenta la probabilidad de tomar posiciones autoritarias (H2a) y de poner en duda el sistema democrático como forma de gobierno (H2c). Por otra parte, la movilización cognitiva no afecta significativamente la emergencia del autoritarismo (H2b).

Por último, los encuestados que más confían en las instituciones también participan más (H3a), a pesar de que no se encontró una relación estadísticamente significativa entre el factor latente y la participación en actos de protesta (H3c). Por otra parte, como era de esperar, la capacidad de movilización cognitiva beneficia una participación más proactiva en la vida pública (H3b).

Conclusiones

En los últimos años se ha abierto una profunda brecha en el seno de la sociedad brasileña, escenificada de forma teatral durante las últimas elecciones presidenciales. Sin embargo, la polarización y la radicalización que han sumergido el país no son anecdóticas, sino la consecuencia de una época de grandes cambios económicos, políticos y sociales. La resurrección de una retórica autoritaria es preocupante en una democracia joven como la brasilera, en especial en un contexto que, como se ha visto, está caracterizado por niveles de legitimidad institucional muy deficitarios. Algunos analistas consideran que esta desafección hacia la democracia deriva de una concepción “patrimonial” del Estado como vehículo de intereses privados, más que como entidad responsable de garantizar los derechos civiles del conjunto de la población (^{Pereira 2016}; ^{Vélez-Rodríguez 2015}). Desde otra perspectiva, se ha notado que “mientras el crecimiento de una clase media suele generalmente estar asociado con una consolidación de la democracia, en el caso de Brasil, haya podido exacerbar los conflictos y provocado una creciente polarización” (^{Germany y Pereira 2019}, 74; ^{Kingstone y Power 2017}).

Por nuestra parte, hemos desarrollado un análisis para corroborar la consistencia empírica de un modelo explicativo, según el cual las inseguridades (reales y percibidas), así como la corrupción del sistema político, pueden explicar el aumento de la desconfianza hacia las instituciones y, de forma indirecta, la contracción de la participación política. Por otra parte, se supuso que la confianza en el sistema institucional reforzaría actitudes más proactivas. Como se ha detallado en los resultados, las conclusiones que proceden del análisis no admiten explicaciones unívocas. Sin embargo, la interpretación de los outputs del modelo de ecuaciones estructurales permite destacar una serie de conclusiones.

En primer lugar, es posible afirmar que la legitimidad de las instituciones está profundamente afectada por la percepción de la corrupción política por parte de los ciudadanos. Se trata de una conclusión esperada y que avala una amplia gama de investigaciones previas (^{Obydenkova y Arpino 2018}; ^{Catterberg y Moreno 2006}; ^{Canache y Allison 2005}; ^{Anderson y Tverdova 2003}; ^{Seligson 2002}). La opinión de que “todos los políticos son corruptos” no beneficia al sistema institucional, e indirectamente es responsable del aumento del malestar entre los ciudadanos respecto a la democracia como sistema de gobierno, que ya no se interpreta como la mejor forma de gobierno para Brasil. Por otra parte, si en las movilizaciones de 2013 la corrupción figuraba entre las motivaciones principales para involucrarse en las protestas, esta motivación ya no parece suficiente unos años después. En efecto, no se encontró una relación significativa entre la corrupción percibida y la participación en protestas durante los doce meses anteriores a la encuesta, es decir, entre abril de 2016 y abril de 2017.

En este caso, se puede avanzar una explicación sociohistórica, puesto que es probable que las movilizaciones en el período indicado hayan sido el resultado de un posicionamiento a favor o en contra del impeachment de Rousseff (agosto de 2016) y, más en general, en pro o en contra de las políticas del partido de gobierno liderado por el PT. Este resultado se inserta en el más amplio debate acerca de la naturaleza de las movilizaciones populares en Brasil. En efecto, en comparación con las protestas de junio de 2013, las demostraciones más recientes parecen haberse distinguido por su carácter marcadamente partidista. La correlación entre participación en partidos políticos y participación en protestas públicas ratificada por nuestro modelo se podría interpretar en esta dirección. En este sentido, los resultados avalarían las conclusiones de ^{Winters y Weitz-Shapiro (2014)}.

Los resultados también subrayan que las posturas autoritarias son incompatibles con la participación proactiva en la vida política. Es precisamente en este sentido que se puede hablar de la consolidación de una conducta pasivo-agresiva, puesto que el desapego a la democracia no funciona como un elemento motivador, sino que impulsa una actitud que delega la solución de los problemas a los militares, sin contemplar ningún tipo de implicación en primera persona.

Con respecto al rol de la victimización dentro del modelo propuesto, se puede constatar que el hecho de haber sido víctima de un delito no afecta los niveles de confianza en las instituciones ni tampoco influye en las intenciones de voto. Por otra parte, en línea con los resultados de ^{Bateson (2012)}, se ha encontrado una relación significativa entre victimización directa y, respectivamente, una participación más asidua en reuniones de partidos y movimientos políticos, y una mayor propensión a tomar parte en protestas públicas. A falta de ulteriores detalles (por ejemplo, el tipo de delito sufrido o la red social de la que disponía la víctima), resulta complicado interpretar las implicaciones de esta relación. Sin embargo, no deja de ser un aspecto de particular relevancia en un país que, como se ha visto, se encuentra afligido por altas tasas de violencia interpersonal.

Otro elemento por destacar en este sentido es el papel que puede desempeñar la elaboración psicológica de un suceso delictivo por parte de la víctima. Por ejemplo, se ha constatado que la victimización no afecta los niveles de confianza en las instituciones, pero que la relación se convierte en significativa si se introduce el sentimiento de inseguridad como variable moderadora. En una perspectiva similar, cabe notar que, aunque los resultados respaldan las conclusiones de ^{Morrison y Rockmore (2016)} de que la percepción de inseguridad no aumenta la propensión al autoritarismo, el binomio victimización-inseguridad está asociado (de un modo indirecto) a esta variable dependiente, modulado por el declive de la confianza en las instituciones. Se trata de una indicación empírica que requiere sin duda posteriores análisis, posiblemente con indicadores diseñados ad hoc para explorar el impacto de la percepción subjetiva de inseguridad (más allá del delito) sobre los comportamientos privados y públicos de los ciudadanos. En efecto, este tema destaca como una de las posibles vías futuras de la investigación, pues, aunque no se debe subestimar el impacto de la victimización sobre los niveles de compromiso cívico y político, la porción de ciudadanía víctima de un delito sigue siendo una minoría respecto al conjunto de la población. En cambio, un número considerablemente mayor de personas pueden sentirse inseguros/as en un determinado momento de su vida.

Por último, se ha constatado que la movilización cognitiva, entendida como la combinación del nivel educativo y el interés en la política, es un factor determinante de cara a la movilización proactiva en el ámbito público, y lo es en todos los niveles considerados (participación electoral, partidos políticos e implicación en protestas). Se trata de una relación previsible y anticipada por la literatura, aunque asume una mayor relevancia en nuestro modelo, puesto que ofrece una explicación consistente de por qué algunos participan y otros no. En otras palabras, la disponibilidad de capital (en el sentido bourdieusiano de la palabra) cívico y político limita la exposición a sentimientos antidemocráticos y, en el contexto analizado, funciona como un propulsor de la actividad política.

Por lo que respecta a las limitaciones del estudio, hay que enfatizar el hecho de que haber encontrado un modelo con un ajuste satisfactorio no excluye que existan modelos alternativos también consistentes desde un punto de vista estadístico. Otro aspecto se refiere a haber puesto a prueba un modelo teórico disponiendo de manera exclusiva de datos secundarios, por lo que se utilizaron indicadores que no se diseñaron específicamente para cumplir con el propósito de la investigación. Por ejemplo, a pesar de la rigurosidad del proyecto LAPOP, más información sobre la red social de los encuestados, su percepción del entorno físico en el que residen,² o bien, un mayor nivel de detalle acerca de los episodios de victimización, habrían beneficiado indudablemente el análisis. Por otra parte, el modelo propuesto no contempla diferencias en función de las características demográficas, socioeconómicas o geográficas. Estas limitaciones abren posibilidades para futuros trabajos que subsanen estos aspectos. Desde luego, resultaría también de interés replicar el modelo propuesto utilizando las futuras ediciones del AmericasBarometer, o evaluar su consistencia en otros países de la región.

En definitiva, los resultados respaldan la existencia de un impacto negativo de la percepción de la corrupción política y la percepción de inseguridad en los niveles de confianza en las instituciones políticas. Asimismo, se ha constatado que la confianza en las instituciones (a nivel público) y la movilización cognitiva (a nivel privado) representan dos factores clave para que los ciudadanos participen en la vida política y para frenar el avance del autoritarismo. Por otra parte, se ha corroborado la existencia de una polarización aparentemente inconciliable que contrapone una postura sociopolítica estática (incompatible con la participación y que se ha definido pasivo-agresiva) y antisistema (desapego a la democracia y justificación de una retórica militarista), y otra caracterizada por una proactividad que alimenta los procesos democráticos, a pesar de poder desembocar ocasionalmente en actitudes protestatarias.

En el estado actual, no se dispone de suficientes elementos para anticipar la dirección que podrían tomar estos dos polos. Por un lado, es curioso pensar que en la encuesta LAPOP, realizada entre abril y mayo de 2017, el nombre de Bolsonaro no figuraba entre las opciones que los encuestados podían elegir a la hora de indicar su preferencia de voto por algún candidato a presidente. Es, sin duda, anecdótico, pero no por esto menos ilustrativo de la irregular trayectoria institucional que ha caracterizado a Brasil en los últimos años. Asimismo, los movimientos políticos brasileños se caracterizan por una cierta imprevisibilidad y la rápida evolución de sus tácticas y motivaciones. En todo caso, la pérdida de influencia del PT, “la ruptura del monopolio de izquierda con relación a la participación” (^{Avritzer 2016}, 62) y el auge de la extrema derecha en el país dejan suponer que el discurso sociopolítico se irá radicalizando en los próximos años hacia posturas cada vez más antagonistas. Por otra parte, centrándonos en el presente, los resultados apuntan a que las posiciones antisistema (democrático) son predominantes entre aquellos que se han dejado seducir por la retórica autoritaria, y que la defensa de las instancias libertarias dependerá, en última instancia, de la creciente movilización de la ciudadanía.