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Introducción
La intervención psicosocial1 es comúnmente entendida como una estrategia institucional implementada para abordar problemas sociales en diversas áreas, como la infancia, el género, la migración, la pobreza o las adicciones (Hodgetts y O’Doherty 2019; Blanco y Valera 2007). Esta definición soslaya importantes implicaciones teórico-prácticas y políticas en los procesos de intervención. En cuanto a las primeras implicaciones, hay definiciones múltiples y controvertidas sobre qué es un problema social (Savransky 2021; Spector y Kitsuse 2001); hay diferentes enfoques -a veces opuestos- para entender la intervención psicosocial, como el funcionalismo o la acción colectiva (Montenegro 2011); y hay distintos marcos disciplinares puestos en juego por quienes conforman los equipos de intervención (Muñoz-Arce 2011). En cuanto a las implicaciones políticas, las intervenciones psicosociales dirigidas por el Estado, como instrumentos de gobernanza, no solo implican cuestiones prácticas, sino que articulan una concepción ideológica del mundo (Bacchi 2021; Montero 2012). El carácter neoliberal de las políticas sociales que prioriza la reducción de indicadores estadísticos de los problemas sociales promueve una concepción ideológica del Estado que impide cuestionar y subvertir sus políticas cotidianas (Howarth y Andreouli 2017) y las condiciones estructurales subyacentes a dichos problemas (Farías y Trebilcock 2021). Esto revela las complejas, estratégicas y a menudo ocultas relaciones que hay entre la teoría y la puesta en marcha de las políticas sociales.
En Chile se ha promovido una intervención psicosocial compensatoria y estabilizadora del orden social dominante desde la imposición del modelo neoliberal en la dictadura que, paradojalmente, profundiza los problemas sociales que se han de resolver (Berroeta et al. 2019). Sin embargo, los/as interventores/as disponen de grados de discrecionalidad y autonomía al momento de implementar las políticas sociales (Evans y Hupe 2020; Lipsky 2010). Esto destaca la importancia que tienen sus perspectivas respecto de lo que deben (o no) hacer y, en un sentido amplio, el rol crítico de sus subjetividades en la configuración de la naturaleza ideológica de los problemas sociales (Bacchi 2012 y 2021). Es por ello que resulta relevante identificar los enfoques involucrados transversalmente en cómo los/as profesionales significan su labor como parte de las políticas sociales chilenas. Específicamente, este estudio examina la caracterización de las políticas sociales por parte de los/as profesionales, qué aspectos de la intervención son importantes y cómo representan a los/as usuarios/as de los programas psicosociales. Además, es necesario reconocer cómo dichas perspectivas se articulan con el carácter neoliberal de las políticas sociales en Chile. El estudio se centra en el modo en que caracterizan las políticas sociales, qué aspectos de la intervención son significativos y cómo representan a los/as usuarios/as de los programas psicosociales.
El “moderno” Estado chileno. Neoliberalismo y nueva gestión pública
Las características actuales del Estado chileno surgieron principalmente en el periodo de dictadura (1973-1990) cuando, por medio de la violencia y la tortura, se convirtió a Chile en el primer experimento de un Estado neoliberal (Araujo 2022). Bajo la retórica de una modernización de lo público se redujeron los impuestos y el gasto social, se privatizaron servicios y derechos, y se desreguló el mercado (Klein 2007). En la década de los noventa, tras la restitución de la democracia, esta pretendida modernización alcanzó cuestiones sociales como la mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía (Morales 2014). Así se instauró, naturalizó y legitimó un modelo de Estado subsidiario que licita subvenciones a organizaciones privadas a las que les traspasa la responsabilidad de implementar sus políticas sociales.
El enfoque de la nueva gestión pública (NGP) es la expresión práctica de esta retórica modernizadora que impone la lógica del modelo neoliberal a lo público, y promueve el uso eficiente de incentivos, indicadores cuantitativos de desempeño y procedimientos uniformes, todo sujeto a un control administrativo (Dunleavy y Hood 1994). A pesar de su pretendida eficiencia, el modelo de Estado subsidiario chileno que terceriza sus responsabilidades en manos de privados ha mostrado problemas de corrupción, reducción de la calidad de los servicios, aumento de costos y problemas de gestión (Pliscoff-Varas 2017).
En cuanto a la implementación de intervenciones psicosociales, el funcionamiento promovido por la NGP genera dificultades ya que los/as profesionales ven un aumento significativo de su dedicación a tareas administrativas y del ritmo de trabajo. Esto da lugar a un tipo de contacto mecánico, limitado en el tiempo y normativo con los/as usuarios/as, y a mayor estrés, desmoralización de los/as interventores/as y ausentismo laboral (Kirkpatrick, Ackroyd y Walker 2005).
El neoliberalismo como racionalidad. La articulación de lo social y la subjetividad
El neoliberalismo, además de una doctrina económica, opera como una racionalidad, dado que deviene en una lógica organizadora que impregna lo social y produce subjetividades en torno a valores como el individualismo, la competitividad y la mercantilización (Harvey 2007; Laval y Dardot 2013). En este sentido, no es extraño que se señale que las políticas neoliberales tienden a fomentar la injusticia social (Mailloux y Lacharité 2020). En un nivel técnico, esto es coherente con las dificultades que introduce la NGP y que vuelve ineficaz el accionar profesional ante los problemas sociales.
Sin embargo, intervenir no es solo una acción técnica; es una acción política con un componente ideológico, dada la concepción del mundo implícita en las políticas sociales. Al intervenir, los/as profesionales se exponen a que la ideología neoliberal sea reproducida en el despliegue práctico de los marcos subjetivos con los que comprenden la intervención, por ejemplo, orientándose de manera individualista o competitiva.
A partir de un enfoque crítico, en la intervención se articulan lo social y las subjetividades profesionales, dado que el mundo social constituye y es constituido en, y por, las subjetividades (Parker 1992; Rose 1996). Desde este punto de vista, analizar los aspectos subjetivos involucrados en los procesos de intervención psicosocial podría dar cuenta de los efectos subjetivadores de la racionalidad neoliberal y de la importancia de las subjetividades profesionales para contestar estos efectos.
El rol crítico de las subjetividades profesionales
La intervención psicosocial no es la simple aplicación de procedimientos estandarizados, como presupone la NGP. Los/as profesionales disponen de grados de autonomía que les permiten implementar sus intervenciones de manera discrecional (Evans y Hupe 2020; Lipsky 2010). Por medio de estas prácticas, lidian con los dilemas inherentes a la intervención psicosocial, y hacen ajustes de acuerdo con sus preferencias personales y mediante prácticas locales (Kirkpatrick, Ackroyd y Walker 2005).
Así, las subjetividades profesionales tienen un rol crítico. Son el espacio de la reflexión-en-acción (Schön 1984), es decir, de la valoración crítica de sus intervenciones, de los efectos que generan y de la eventual reconducción de sus acciones. Esto puede dirigir al ejercicio de resistencias profesionales (Strier y Bershtling 2016), es decir, acciones orientadas a contrarrestar los efectos negativos de la racionalidad neoliberal. Por ejemplo, se ha constatado que interventores/as chilenos/as despliegan estrategias para enfrentar las dificultades que imponen las políticas neoliberales a través de la generación de redes informales de colaboración (Muñoz-Arce et al. 2022; Pavez 2021). El análisis de las perspectivas de los/asprofesionales permite identificar los elementos significativos y las implicancias políticas de sus experiencias al implementar intervenciones psicosociales. Chile, como primer experimento en la formación de un Estado neoliberal (Araujo 2022), constituye un locus privilegiado para ello.
Objetivo del estudio
Este estudio tiene dos objetivos: (i) identificar aspectos subjetivos de los/as profesionales que están implicados transversalmente en distintas experiencias de intervención psicosocial; y (ii) dar cuenta de la articulación de dichos aspectos subjetivos con la racionalidad neoliberal. Para ello, se presenta una revisión sistemática de estudios cualitativos que facilita una comprensión general y articulada de los resultados de estudios previos focalizados en ámbitos de intervención específicos o en experiencias particulares.
A continuación se expone el diseño metodológico del estudio. Luego se detallan los resultados de la síntesis temática. Las discusiones permiten ver las implicaciones prácticas y políticas de una racionalidad interventora emergente en los resultados, así como las respuestas de los/as profesionales a esta lógica dominante.
Método
Esta revisión sistemática, reportada según la declaración Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Page et al. 2021), analiza las perspectivas de los/as profesionales que implementan las políticas sociales neoliberales chilenas. El estudio se enfoca en cómo caracterizan las políticas sociales, qué aspectos de la intervención son significativos y cómo representan a los/as usuarios/as2 de los programas psicosociales. Este tipo de trabajo es relevante porque, al sintetizar resultados de investigaciones cualitativas, proporciona una lectura compleja y profunda que va más allá de los estudios individuales (Thomas, Harden y Newman 2012); permite analizar la implementación de las políticas públicas desde la perspectiva de sus actores sociales relevantes (Harden et al. 2004); y puede informar sobre la toma de decisiones de las políticas públicas (Majid y Vanstone 2018). Además, en tanto estudio de caso instrumental (Creswell 2013), ofrece una base empírica para la transferibilidad de sus resultados a otros contextos donde las políticas públicas se rijan por parámetros neoliberales.
Estrategia de búsqueda
La búsqueda se limitó a estudios en español e inglés, publicados entre enero de 1990 y octubre de 2021, considerando que las características de las políticas sociales chilenas actuales fueron establecidas tras la dictadura. Se utilizaron las bases de datos Psycinfo, Scopus, Sociological Abstracts y Web of Science. Debido a la amplitud del término intervención psicosocial, así como a la diversidad de definiciones metodológicas asociadas a estudio cualitativo (Sandelowski y Barroso 2007), se usó una amplia gama de términos de búsqueda, organizados según la herramienta Spider (Cooke, Smith y Booth 2012). Siguiendo a Brunton, Stansfield y Thomas (2012), se realizaron búsquedas preliminares cuyos resultados condujeron a integrar el término cualitativo en la sección D (diseño) (ver la tabla 1).
Tabla 1. Términos de búsqueda
| Componentes de Spider | Términos de búsqueda (tras las búsquedas de prueba) | Campo de búsqueda |
|---|---|---|
| S - Muestra | (“Chile OR chilean*”) AND (“social work*” OR “psychology*” OR “social program*” OR “social service*” OR “psychosocial program*” OR “intervention program*” OR “profession*” OR “social operator*” OR “social actor*” OR “educator*” OR “care*” OR “team*” OR “psychosocial pair*” OR “psychosocial group*” OR “social agent*” OR “social intervent*” OR “psychosocial intervent*” OR “support OR participant*” OR “polic*” OR “document*”) | Título, resumen |
| PI - Fenómeno de interés | “Experience*” OR “view*” OR “perspective*” OR “discourse*” OR “concept*” OR “perce*” OR “understand*” OR “notion*” OR “conceptuali*” OR “represent*” OR “definition*” | Título, resumen |
| D - Diseño | “Interview*” OR “focus group*” OR “discussion group*” OR “observ*” OR “case stud*” OR “stor*” OR “narrative*” OR “survey*” OR “inductiv*” OR “text*” OR “comprehen*” OR “idiographic*” OR “participat*” OR “qualitative*” | Texto completo |
| E - Evaluación | “Practic*” OR “praxis*” OR “acti*” OR “strategie*” OR “meaning*” OR “construction*” OR “product*” OR “sense*” OR “effect*” OR “affect*” OR “consequen*” OR “change*” OR “techn*” OR “position*” OR “ethic*” OR “conflict*” OR “tension*” OR “difficult*” OR “stress*” OR “subject*” OR “respon*” OR “contest*” OR “configur*” OR “dynami*” OR “work*” OR “task*” OR “objective*” OR “intention*” OR “identit*” OR “challenge*” | Título, resumen |
| R - Tipo de estudio | El término “cualitativo” se integró en el diseño | No aplica |
Fuente: elaboración propia, basada en Cooke, Smith y Booth (2012).
Selección de artículos
Los estudios eran elegibles al cumplir con los siguientes criterios de inclusión: (i) fueron publicados entre enero de 1990 y octubre de 2021; (ii) incluían como participantes a interventores/as psicosociales de la política social chilena; (iii) utilizaban datos cualitativos; (iv) utilizaban datos primarios; y (v) estaban escritos en español o inglés.
Se excluyeron de esta revisión artículos teóricos, libros o capítulos de libros, editoriales, actas y tesis doctorales. Tampoco se consideraron estudios que no incluyeran la perspectiva del profesional, o no la distinguieran de la de otros participantes, que no se centraran en la intervención psicosocial, que se focalizaran en los/as usuarios/as, que no estuvieran localizados en Chile y que no utilizaran datos cualitativos.
De acuerdo con la figura 1, la estrategia de selección de estudios tuvo cuatro fases. En la de identificación, la búsqueda en las bases de datos arrojó 4.799 registros, de los cuales se eliminaron 956 duplicados. En la fase de cribado, se revisaron el título y el resumen de los estudios y se excluyeron 3.724 registros. En la fase de elegibilidad, se leyeron los manuscritos completos y se excluyeron 140 estudios de acuerdo con los criterios ya señalados. Finalmente, en la fase de inclusión, se identificó un total de 22 estudios. Para aumentar la rigurosidad de esta revisión, se utilizó la estrategia de búsqueda inversa en las referencias de los artículos incluidos (Brunton, Stansfield y Thomas 2012), tras lo cual se añadieron cuatro estudios. En total, la revisión incluyó 26 artículos.
Fuente: elaboración propia, basada en Page et al. (2021).
Figura 1. Flujograma de selección de estudios
Dos investigadores llevaron a cabo la selección de artículos de manera independiente. A fin de garantizar la validez descriptiva de este proceso (Sandelowski y Barroso 2007), se hizo uso de la plataforma Rayyan (Ouzzani et al. 2016) con el propósito de facilitar la detección de discrepancias que fueron resueltas por medio de reuniones semanales del equipo investigador.
Estrategia de análisis
Se utilizó la síntesis temática por su idoneidad para esta investigación (Barnett-Page y Thomas 2009). Esta estrategia, de carácter inductivo, tiene tres fases: codificación abierta de los resultados de los estudios, ordenación de dichos códigos según temas descriptivos e interpretación a través de temas analíticos (Thomas, Harden y Newman 2012). Este proceso se llevó a cabo por medio de Atlas.ti v.8.4. Para identificar, seleccionar y codificar extractos de los resultados de cada estudio se recurrió a tres preguntas: ¿cómo se caracteriza la política social?, ¿qué aspectos de la praxis de intervención psicosocial son significativos? y ¿cómo son representados/as los/as usuarios/as? Algunos extractos se citan en la sección de resultados para ilustrar y fundamentar la interpretación (Sandelowski y Barroso 2007).
La síntesis temática fue llevada a cabo por dos de los investigadores. El carácter abierto del proceso de codificación generó discrepancias en cuanto a los nombres de los códigos que fueron emergiendo durante la codificación abierta, lo que hizo necesario que el equipo investigador las resolviera recurriendo al consenso negociado (Timulak 2014). Este tipo de validez es apropiado considerando la naturaleza interpretativa e inductiva de la síntesis temática que hace inadecuado el uso de criterios objetivistas (Saldaña 2013).
Resultados
Caracterización de los estudios incluidos en la revisión
Los estudios incluidos en la revisión fueron publicados a partir de 2007, la mayor parte de ellos entre 2018 y 2020. La mayoría de los/as autores/as se identifican como profesionales de la psicología o el trabajo social. En términos metodológicos, predominó la participación de personas de diferentes profesiones, el uso de entrevistas individuales o grupales como principal estrategia de producción de información, y análisis temáticos o categoriales. En cuanto al contexto de intervención analizado en cada estudio, el abordaje de problemáticas en infancia es claramente mayoritario. Finalmente, nueve de ellos se localizaron en la Región Metropolitana o la V Región, ocho no explicitaron la procedencia de sus participantes y cuatro contaron con participantes de diferentes zonas del país. Las características de los estudios incluidos se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Características de los estudios incluidos
| Identificación del artículo | Objetivo del estudio | Disciplina de referencia | Enfoque metodológico | Participantes | Estrategia de producción de información | Estrategia de análisis | Contexto de intervención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Santana y Farkas (2007) | Identificar las estrategias de autocuidado y su efectividad percibida | Trabajo social, psicología | Cualitativo | 21 asistentes sociales, 19 psicólogos y 2 educadores comunitarios | Entrevistas en profundidad (individuales y en grupo) | Análisis categorial basado en la teoría fundamentada | Infancia |
| 2. Gómez y Haz (2008) | Caracterizar a los usuarios y los tipos de intervención | Psicología | Cualitativo | 6 psicólogos y 6 trabajadores sociales | Entrevistas episódicas y semiestructuradas | Análisis categorial basado en la teoría fundamentada | Infancia |
| 3. Berroeta, Hatibovic y Asún (2012) | Caracterizar las intervenciones comunitarias y describir la perspectiva académica | Psicología comunitaria | Mixto | 51 psicólogos y 5 psicólogos comunitarios (en fase cualitativa) | Entrevistas semiestructuradas | Análisis categorial inductivo | Infancia, abuso de drogas y alcohol, educación, salud mental, seguridad comunitaria |
| 4. Carrasco y Yuing (2014) | Conocer las perspectivas de los profesionales sobre el modelo comunitario en la práctica | Psicología comunitaria | Cualitativo y etnográfico | 2 psicólogos, 2 terapeutas ocupacionales, 1 asistente social y 1 psiquiatra | Observación participante y entrevistas semiestructuradas | Producciones narrativas y análisis crítico | Salud mental comunitaria |
| 5. Reyes et al. (2015) | Identificar la inclusión de la perspectiva comunitaria en los programas de políticas públicas | Psicología comunitaria | Cualitativo | 5 diseñadores de políticas, 7 profesionales y 15 usuarios | Análisis documental y entrevistas semiestructuradas | Análisis categorial basado en la teoría fundamentada | Infancia y vivienda |
| 6. Fardella et al. (2016) | Analizar el significado y la valoración de los instrumentos de rendición de cuentas en la implementación de las políticas públicas | Psicología | Cualitativo y etnográfico | 26 entrevistas a enfermeros, médicos, psicólogos, obstetras, kinesiólogos y dentistas; 32 a profesores; 24 a psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros comerciales y antropólogos | Entrevistas semiestructuradas | Análisis de contenido temático y análisis de discurso | Salud, educación y políticas sociales |
| 7. Avello, Román y Zambrano (2017) | Analizar las prácticas de rehabilitación psicosocial y establecer el papel de la dimensión sociocomunitaria | Psicología comunitaria | Cualitativo | 13 profesionales de 2 equipos (5 en infracción de ley y 8 en rehabilitación de adicciones) | Entrevistas grupales | Análisis de contenido categorial deductivo e inductivo | Infancia, consumo de alcohol y drogas |
| 8. Galaz et al. (2017) | Comprender las dinámicas de inclusión social y los efectos de subjetivación de la intervención social | Trabajo social | Cualitativo, perspectiva situada, hermenéutica- interpretativa | 4 interventoras y 4 usuarias | Entrevistas | Producción narrativa | Migraciones |
| 9. Sánchez y Villarroel (2017) | Analizar tensiones presentes en la intervención social | Trabajo social | Cualitativo, perspectiva dialéctica- interpretativa | 6 interventores y 8 usuarios y sus familias | Revisión documental, observación participante y entrevistas semiestructuradas | Análisis de contenido categorial deductivo | Infancia |
| 10. Avello, Zambrano y Román (2018) | Analizar el diseño y la gestión de los programas psicosociales | Psicología comunitaria | Cualitativo | 32 profesionales de las secciones juveniles | Revisión documental y entrevistas grupales | Análisis de contenido categorial deductivo e inductivo | Reinserción juvenil |
| 11. Muñoz-Arce (2018) | Examinar la comprensión y las intervenciones de trabajadores sociales respecto de la promoción de la ciudadanía | Trabajo social | Cualitativo | 26 entrevistas con trabajadores sociales | Análisis de documentos y entrevistas semiestructuradas | Análisis temático | Pobreza y exclusión social |
| 12. Sandoval et al. (2018) | Conocer las configuraciones subjetivas sobre la vulnerabilidad escolar y la autopercepción del rol profesional | Psicología | Cualitativo, fenomenológico | 11 psicólogos, 4 coordinadores y 1 director regional | Entrevistas en profundidad y grupos de discusión | Análisis categorial basado en la teoría fundamentada | Educación |
| 13. Sanfuentes, Espinoza y Navarro (2018) | Analizar la experiencia laboral de los profesionales estudiando los dilemas a los que se enfrentan | Consultoría organizacional | Cualitativo | 24 directores de centros de reclusión juveniles, 28 interventores y 18 coordinadores | Análisis grupal de dibujo proyectivo | Análisis categorial basado en la teoría fundamentada | Infancia |
| 14. Studsrød (2018) | Explorar cómo los trabajadores sociales conceptualizan familia y cómo se relacionan con ella en la práctica | Trabajo social | Cualitativo | 28 trabajadores sociales de Chile, México y Noruega | Grupos de discusión con viñeta de caso | Análisis temático | Infancia |
| 15. Ellingsen, Studsrød y Muñoz- Guzmán (2019) | Comparar las concepciones de los trabajadores sociales sobre la posición de los niños en la familia y analizarlas en la práctica | Trabajo social | Cualitativo | 19 trabajadores sociales chilenos y noruegos | Grupos focales con viñeta de caso | Análisis temático | Infancia |
| 16. Galaz y Rubilar (2019) | Analizar cómo los profesionales construyen a los usuarios | Trabajo social | Cualitativo, perspectiva situada, hermenéutica-interpretativa | 12 profesionales psicosociales y 27 investigadores | Entrevistas | Producciones narrativas | No explicitado |
| 17. Muñoz-Arce (2019) | Analizar cómo la ideología neoliberal ha impactado en el trabajo social chileno e identificar las estrategias de los trabajadores sociales para desafiarla | Trabajo social | Cualitativo | 53 trabajadores sociales | Análisis documental y grupos de discusión | Análisis temático | Sistema de protección social |
| 18. Olivares- Aising y Del Valle (2019) | Analizar la perspectiva de los profesionales sobre su papel | Psicología comunitaria | Enfoque cualitativo y de desarrollo a escala humana | Profesionales de 3 equipos psicosociales | Talleres grupales con una matriz de necesidades y satisfactores | Análisis categorial basado en la teoría fundamentada | Alcohol y drogas |
| 19. Oltedal y Nygren (2019) | Comparar las definiciones y prácticas de los trabajadores sociales sobre la familia | Trabajo social | Cualitativo | 61 trabajadores sociales de Chile, Inglaterra, Lituania y Noruega | Grupos de discusión con viñeta de caso | Análisis temático | Infancia |
| 20. Opazo, Berroeta y Guerra (2019) | Analizar las tensiones entre la política social y la psicología comunitaria | Psicología comunitaria | Cualitativo | 10 profesionales de programas sociales | Entrevista semiestructurada | Análisis temático | Infancia, educación, salud, pobreza y exclusión social |
| 21. Palacios et al. (2019) | Comprender las metáforas de los psicólogos escolares | Psicología educacional | Cualitativo, estudio crítico del discurso | 7 psicólogos | Entrevista semiestructurada y entrevista episódica | Análisis lingüístico y análisis social | Educación |
| 22. Oltedal et al. (2020) | Explorar la comprensión de los trabajadores sociales sobre la familia y su trabajo con las familias extensas | Trabajo social | Cualitativo | 27 trabajadores sociales de Noruega, Lituania y Chile | Grupos de discusión con viñeta de caso | Análisis temático | Infancia |
| 23. Ortega- Senet, Gómez y Tierney (2020) | Analizar las controversias de la intervención en la explotación sexual comercial infantil (ESCI) | Trabajo social | Cualitativo, fenomenológico y constructivista | 2 directores, 1 abogado, 1 coordinador, 4 trabajadores sociales, 4 educadores sociales, 4 psicólogos | Entrevista semiestructurada y diagrama de flujo del grupo | Análisis categorial basado en la teoría fundamentada | Infancia |
| 24. Zavala- Villalón et al. (2020) | Caracterizar la aplicación del programa público de salud mental en la escuela | Psicología | Cualitativo | 87 profesionales y 4 coordinadores | Entrevista semiestructurada y grupos de discusión | Análisis de contenido categorial | Educación |
| 25. Lobato et al. (2021) | Explorar las barreras percibidas para la inclusión de los padres o tutores de los jóvenes | Psicología | Cualitativo | 9 trabajadores sociales, 5 psicólogos y otros 4 profesionales | Entrevista semiestructurada en profundidad | Análisis de contenido categorial | Consumo juvenil de alcohol y drogas |
| 26. Reyes- Quilodrán, Muñoz- Guzmán y Guerra-Aburto (2021) | Identificar las concepciones de los trabajadores sociales sobre la familia y las variables que influyen en estas concepciones | Trabajo social | Mixto | 85 trabajadores sociales | Grupos de discusión con una viñeta de un caso | Análisis de contenido categorial | Infancia |
Fuente: elaboración propia.
Evaluación de la calidad de los estudios
La valoración de la calidad se realizó mediante la herramienta Critical Appraisal Skills Programme (CASP 2018). Se detectaron estudios en los que la estrategia de selección de los participantes no estaba debidamente justificada (Avello, Román y Zambrano 2017; Galaz et al. 2017; Santana y Farkas 2007); la atención a los aspectos éticos no era suficientemente clara (Berroeta, Hatibovic y Asún 2012; Galaz et al. 2017; Galaz y Rubilar 2019; Oltedal et al. 2020; Reyes et al. 2015; Sánchez y Villarroel 2017; Santana y Farkas 2007); o el procedimiento de análisis no fue adecuadamente explicitado (Berroeta, Hatibovic y Asún 2012; Carrasco y Yuing 2014). Sin embargo, la ausencia de detalles metodológicos no indica necesariamente su ausencia en la investigación (Majid y Vanstone 2018), por lo que esta valoración de la calidad no conlleva la exclusión de los estudios.
Destaca que las relaciones entre investigador y objeto de investigación se comentan solo en ocho estudios (Ellingsen, Studsrød y Muñoz-Guzmán 2019; Galaz y Rubilar 2019; Gómez y Haz 2008; Lobato et al. 2021; Oltedal y Nygren 2019; Oltedal et al. 2020; Palacios et al. 2019; Studsrød et al. 2018). La omisión de la reflexividad es algo llamativo, ya que es un atributo transversal en la investigación cualitativa (Flick 2007) y forma parte de la integridad metodológica (Levitt 2020).
Síntesis temática
La tabla 3 muestra que la perspectiva de los/as profesionales psicosociales se plasma en cinco temas de análisis, presentados con la contribución relativa de cada estudio (Thomas, Harden y Newman 2012).
Tabla 3. Temas y subtemas analíticos
Fuente: elaboración propia.
Marco contraproducente
Desde la perspectiva de los/as profesionales, el funcionamiento de la política social aparece como un marco contraproducente que sabotea la implementación de las intervenciones psicosociales. Su primer elemento es la individualización y la focalización, al promover intervenciones centradas en el individuo, sin considerar “los aspectos a los que prestar atención en las dimensiones sociales y comunitarias” (Avello, Román y Zambrano 2017, 26). Esto omite la naturaleza social de los problemas que aborda la intervención, que es focalizada solo para grupos específicos o “perfiles de personas para poder ser atendidas” (Galaz et al. 2017, 8).
Un segundo componente es su reduccionismo y burocracia, expresado en un afán cuantificador que convierte problemas sociales complejos en cuestiones administrativas. Esto hace que los mecanismos de evaluación y registro sean un fin y no un medio, lo que relega la acción profesional y sus efectos: “lo que se cuenta es la cantidad de atenciones, no la calidad de los procesos” (Olivares-Aising y Del Valle 2019, 12).
En tercer lugar, se encuentra la lógica descendente, según la cual los/as profesionales no tienen mecanismos que les permitan influir en las orientaciones que reciben desde las unidades centrales. Esto les otorga un rol relativamente pasivo que, por ejemplo, lleva a psicólogos/as comunitarios/as a naturalizar “mecanismos diseñados para la ejecución de las líneas programáticas [que] se distancian de las perspectivas desprofesionalizantes propias del enfoque social comunitario” (Berroeta, Hatibovic y Asún 2012, 8).
El último componente del marco contraproducente es la precariedad laboral. Los/as profesionales desempeñan su trabajo en condiciones inestables, debido principalmente a que las instituciones ejecutoras deben competir para adjudicarse o mantener los programas psicosociales y los contratos de los/as interventores/as. Esto ha provocado que “los equipos no necesariamente se mantengan en el tiempo, lo que implica que los profesionales roten y, con ello, se afecte la continuidad de la intervención” (Avello, Zambrano y Román 2018, 214).
Obstáculos internos
El funcionamiento de la política social también produce un conjunto de obstáculos internos que dificultan la intervención. El primero son las exigencias contrapuestas, es decir, la presión que reciben los/as profesionales por estar al día con el registro electrónico de sus labores. Esto genera “una dificultad para articular las exigencias administrativas del Programa […] donde las demandas y productos administrativos le restarían tiempo a las intervenciones” (Sánchez y Villarroel 2017, 13). En un sentido diferente, también enfrentan demandas contrapuestas al gestionar el conflicto entre los derechos de distintos miembros de la familia (padres o hijos) o al tener que responder a las demandas de otras instituciones involucradas en la intervención (por ejemplo, tribunales de familia).
El segundo obstáculo es la falta de recursos resultante de la inadecuación del diseño respecto de la realidad de la intervención, la descoordinación entre la red interprofesional que genera tensiones entre los/as interventores/as de distintos equipos que enfrentan un mismo caso con criterios dispares, y las limitaciones materiales que tienen los equipos. La falta de recursos económicos y materiales es percibida por los/as profesionales como falta de apoyo institucional (Sanfuentes, Espinoza y Navarro 2018). Por otro lado, la disparidad de criterios se explica por limitaciones de los/as interventores/as, dado que su labor “demanda múltiples roles profesionales que no se condicen con la formación académica recibida” (Opazo et al. 2019, 246). Esto refiere específicamente a la carencia de perspectivas teóricas, instrumentos de evaluación y herramientas de intervención.
El tercer obstáculo son las dinámicas locales conflictivas de instituciones escolares o penales en las que los/as profesionales trabajan. Un ejemplo de estas dinámicas es conceptualizada como higiene social, que se manifiesta en “las estrategias que, con relativo éxito, sostenedores y directivos logran que algunos psicólogos desplieguen para descontaminar la escuela” (Palacios et al. 2019, 689). Esto contradice los objetivos de los/as interventores/as de los programas de integración escolar, quienes enfrentan este tipo de presiones respecto a los alumnos que no encajan con lo que la escuela espera.
El último obstáculo interno es la colectivización imposible. Como se ha mencionado anteriormente, la política tiende a promover intervenciones individuales, a pesar de la relevancia que tiene el trabajo con colectivos para los/as profesionales. El trabajo grupal o comunitario parece poco operacionalizable, sin los recursos necesarios, con poco sentido para los/as usuarios/as y para la institucionalidad. De acuerdo con Muñoz-Arce (2018), esto es percibido por los/as interventores/as como resultado del clientelismo que ejercen las autoridades y del enfoque paternalista de las políticas sociales.
Usuarios/as en falta
Los/as usuarios/as de los programas psicosociales son vistos/as principalmente desde una perspectiva negativa y predominan explicaciones individuales o intrapsíquicas de sus dificultades. Un primer elemento de esta visión en falta es la focalización en los déficits, es decir, que los/as profesionales parecen orientados/as a distinguir prioritariamente problemas, dificultades o carencias a nivel individual, familiar o social. Por ejemplo, Oltedal et al. (2020) muestran que, aunque los/as interventores/as entienden a las familias como una posible fuente de afecto o de apoyo, al hablar de ellas predominan relatos negativos. La consecuencia más importante de esto es que los/as profesionales difícilmente logran distinguir recursos, potencialidades o grados de agencia de las personas.
En concordancia, a los/as usuarios/as les atribuyen una disposición inadecuada cuando no se muestran favorables hacia el proceso de intervención. Por ejemplo, se representa a las familias como “pasivas en la búsqueda de soluciones y con alta resistencia al cambio” (Gómez y Haz 2008, 59). En consecuencia, aparecen explicaciones como el individualismo, cuando la participación en procesos colectivos o socialmente organizados no tiene sentido para ellos; la instrumentalización de la intervención, cuando parecen motivados solo por la obtención de algún tipo de beneficio; o la oposición, la pasividad o el desinterés por el trabajo realizado por los/as profesionales. Aquí nuevamente la individualización o la psicologización son cruciales para explicar la disposición inadecuada hacia la intervención.
Sin embargo, los/as profesionales también destacan los contextos condicionantes de los/as usuarios/as. La familia, los barrios o la cultura de origen (en el caso de personas migrantes) aparecen como la fuente de problemáticas que afectan a los/as usuarios/as, quienes “presentan condiciones de riesgo para mantener o agravar sus problemas” (Avello, Román y Zambrano 2017, 26). Los/as interventores/as también reconocen limitaciones estructurales como estigmatización, exclusión social, falta de recursos materiales, empleos precarios, entre otros. El carácter estructural de estas limitaciones introduce dilemas para los/as profesionales, que las ven “reforzadas por las políticas públicas, en tanto reproducen dinámicas de desigualdad y exclusión” (Opazo, Berroeta y Guerra 2019, 244).
La posibilidad de que la política reproduzca las desigualdades sociales se asocia con la victimización de los/as usuarios/as al reconocer prejuicios en los/as profesionales y en las instituciones de apoyo social. Por ejemplo, Oltedal y Nygren (2019) muestran que para los/as interventores/as la decisión de separar a un niño de su familia tiene más que ver con la categorización de esta como familia institucionalizada que con la evaluación de las necesidades particulares del niño, lo que refuerza dinámicas de exclusión. Así, aparece una lógica asistencialista hacia personas o colectivos “considerados como ‘necesitados’, ‘incapacitados’, ‘víctimas’” (Galaz et al. 2017, 6).
El último elemento es el sesgo maternalista, especialmente al intervenir en infancia. La fuerte presencia de estructuras familiares monoparentales y el énfasis en el papel materno en el sistema de protección social limitan la posibilidad de que las figuras masculinas sean consideradas significativas por los/as interventores/as. En este sentido, Reyes-Quilodrán, Muñoz-Guzmán y Guerra-Aburto (2021) destacan la tendencia a identificar a abuelas o tías como personas significativas para la intervención, mientras que abuelos o tíos aparecen supeditados a las figuras femeninas.
Tensiones amenazantes
Por otro lado, aparece un conjunto de tensiones que amenazan la salud de los/as profesionales, sus relaciones laborales y cómo perciben lo que hacen. La primera es la atomización y la jerarquización, consecuencia de sus condiciones de trabajo. Los/as interventores/as se ven individualmente responsables de lo que ocurre con los casos, y sienten desconexión, competencia y desconfianza hacia sus colegas. Esto ha sido denominado como una cultura de vigilancia (Sanfuentes, Espinoza y Navarro 2018), en la que los desacuerdos entre profesionales se convierten en disputas de poder y la posibilidad de equivocarse es una grave amenaza.
Además, la disparidad de criterios utilizados para definir los objetivos de la intervención hace que perciban la red interprofesional como una red fallida de la que desconfían. Esto promueve una lógica competitiva entre profesionales que forman parte de diferentes unidades dentro de la misma institución o entre profesionales que pertenecen a otras instituciones. Ellingsen, Studsrød y Muñoz-Guzmán (2019) ejemplifican esto señalando que, cuando los/as profesionales ven que un/a usuario/a necesita apoyo, son ellos/as (y no otros/as) quienes deben hacerlo.
La tercera tensión es la representación de la intervención psicosocial como un trabajo riesgoso al exponerse diariamente a diversas formas de violencia, en condiciones materiales y laborales inadecuadas, y con dinámicas negativas con sus colegas. Son definidos como “profesionales de alto riesgo, dada la exposición a una mayor vulnerabilidad, por condiciones propias de la tarea” (Santana y Farkas 2007, 83), lo que los lleva al deterioro físico y a enfermedades que generan ausentismo laboral y altas rotaciones; esto afecta negativamente las intervenciones y el trabajo en equipo (Ortega-Senet, Gómez y Tierney 2020).
La última tensión es la desmotivación y falta de sentido. Incluye un conjunto de percepciones sobre la imposibilidad de hacer un buen trabajo, la pérdida del sentido altruista, la presencia de bajas expectativas de logro y la desesperanza. Todo ello lleva a los/as profesionales a desarrollar prácticas individualizadoras, de control o de coacción, lo que alimenta esta tensión. Este círculo vicioso se expresa en que los/as interventores/as se autoperciben como propagandistas y clasificadores/as de las experiencias de personas en posiciones subalternas (Muñoz-Arce 2019).
Respuestas de afrontamiento
Las dificultades aquí ilustradas son respondidas por los/as profesionales de diferentes maneras. Hacen adaptaciones técnicas, adecuando la intervención a las redes locales o interprofesionales para proporcionar nuevas posibilidades a los/as usuarios/as. Esta respuesta implica situar la intervención y superar el desfase entre la realidad que enfrentan y los recursos que tienen. Aunque esto los/as haga salirse parcialmente del marco definido por las políticas, los/as profesionales pueden, por ejemplo, implementar actividades adicionales que requieren del apoyo de otros/as profesionales. Esto permite a los/as usuarios/as no ser “atendidos por un único profesional sino por un equipo” (Carrasco y Yuing 2014, 105).
La segunda respuesta es la autorresponsabilización, asociada con una percepción positiva de su propia capacidad, habilidades o experiencia, y con asumir “cada nueva intervención […] como una oportunidad de mejorar e innovar” (Zavala-Villalón et al. 2020, 460). Esta respuesta amplifica el sentido de la responsabilidad individual y los/as profesionales tienden a asumir más tareas, lo que los lleva a exceder “lo estrictamente planificado y ocupar horarios laborales más allá de lo convenido” (Avello, Román y Zambrano 2017, 26-27). Usan sus recursos personales para la intervención, se enfrentan con las instituciones o con profesionales con más poder -arriesgando sus empleos-, o toleran condiciones laborales precarias hasta afectar su salud. Utilizando conceptos como compromiso o resiliencia, esta respuesta implica la probabilidad de que las dificultades derivadas del trabajo y sus condiciones sean entendidas por los/as profesionales como cuestiones de carácter personal o psicológico.
Otra forma de responder es por medio del rescate del sentido social de su trabajo. Los/as profesionales se centran en los efectos que las condicionantes estructurales han tenido en la vida de los/as usuarios/as, pero evitando una perspectiva negativa o victimizante. Por el contrario, priorizan “el vínculo con personas (alumnos, pacientes, beneficiarios de las políticas sociales) en su quehacer como trabajadores de lo público [y disputan] la forma como se define el contenido de sus tareas” (Fardella et al. 2016, 8). En esta respuesta son importantes nociones como la coconstrucción para promover que los/as usuarios/as tomen decisiones sobre la intervención, o el foco en fortalezas y posibilidades de las personas, sus familias o sus contextos sociocomunitarios.
La última respuesta es la politización de la intervención, que aparece cuando los/as profesionales se muestran orientados/as a socavar las relaciones de poder asociadas a las dinámicas de abuso o exclusión social. Esta respuesta suele fundamentarse en perspectivas o enfoques específicos, externos a las orientaciones técnicas (psicología comunitaria latinoamericana, trabajo social crítico, psicología de la liberación, entre otros), que, además de aportar elementos técnicos, problematizan el lugar que la intervención tiene en la reproducción de la desigualdad social. Un aspecto significativo de esta respuesta es la necesidad de colectivizar la intervención que, más allá del sentido técnico, permita a los/as profesionales orientar su trabajo hacia la organización colectiva, el aumento del poder comunitario, la transformación de sus condiciones laborales o la contextualización de las orientaciones técnicas, para así contrarrestar la lógica neoliberal (Muñoz-Arce 2019).
Discusión
La síntesis temática muestra las perspectivas profesionales organizadas en cinco temas analíticos que dan cuenta de los aspectos subjetivos de los/as profesionales implicados/as en distintas experiencias de intervención psicosocial. En suma, la intervención psicosocial aparece transversalmente caracterizada por las exigencias desmedidas, los déficits de orientación técnica y una precarización general, en estudios realizados en diferentes áreas de intervención (infancia, consumo problemático de alcohol y drogas, exclusión escolar, salud mental, migraciones y pobreza). Estos hallazgos sugieren que en Chile los/as profesionales comparten una visión marcadamente negativa del funcionamiento general de las políticas sociales y de su repercusión en la efectividad de las intervenciones.
Además de esta visión negativa, estos aspectos subjetivos aparecen articulados con el carácter neoliberal de las políticas sociales chilenas en una racionalidad interventora, según la cual los/as profesionales son trabajadores/as desechables que deben tolerar un trabajo materialmente precario (Harvey 2007). En este contexto, y parafraseando a Laval y Dardot (2013), esta racionalidad interventora produce subjetividades profesionales y relaciones interventor-usuario con características específicas. En este sentido, los/as interventores/as aparecen con una tendencia a individualizar los problemas sociales que enfrentan los/as usuarios/as o los representan negativamente como personas en falta. Esto contradice la noción de sujetos de derecho, que insta a verlos a partir de sus recursos y potencialidades, y como agentes activos en los procesos de intervención. En su lugar, prevalece una praxis que socava el tipo de relación entre usuarios/as e interventores/as, algo ya señalado por Kirkpatrick, Ackroyd y Walker (2005).
Lo anterior da cuenta de los efectos subjetivadores de la racionalidad interventora y su alineación con la racionalidad neoliberal. De este modo, se puede comprender la aparente contradicción entre, por una parte, una conciencia clara en los/as profesionales respecto del carácter estructural de los problemas de la intervención (la falta de recursos humanos, instrumentales, de infraestructura o de apoyo técnico) y, por otra, una atribución individualizante de sus efectos en la relación entre usuarios/as e interventores/as.También se puede entender la contradicción con nociones como sujeto de derechos (opuesta a usuarios/as en falta) o equidad de género (opuesta al sesgo maternalista), que quedan reducidas a una retórica impracticable a pesar de que forman parte de enfoques propios de la formación de los/as interventores/as o de las directrices de las instituciones en las que trabajan. En definitiva, esta racionalidad promueve que los problemas de la intervención psicosocial tiendan a explicarse en términos individualizantes y a que recaiga la responsabilidad por ellos en los/as profesionales, los/as usuarios/as o en ambos.
Sin embargo, aunque la racionalidad interventora moldea las perspectivas de los/as interventores/as psicosociales, no las determina. En tanto practicantes reflexivos (Schön 1984), disponen de formas alternativas de pensar que fundamentan las adecuaciones que implementan discrecionalmente (Evans y Hupe 2020; Lipsky 2010). Dependiendo de si dichas adecuaciones están (o no) alineadas con esta racionalidad, tienen implicaciones políticas significativamente diferentes. Por ejemplo, cuando tienden a la responsabilización y al sacrificio, pueden desarrollar prácticas alternativas a las orientaciones técnicas y, a la vez, asumir individualmente el éxito de la intervención. Esto da cuenta de que la introducción de prácticas alternativas no necesariamente se opone, sino que esta oposición técnica puede ser funcional y terminar reforzando la racionalidad predominante.
Pese a lo anterior, hay prácticas alternativas que tienen el poder de socavar la racionalidad interventora. En estos casos, los/as profesionales hacen ajustes para incluir estrategias que evidencian el carácter político y no solo técnico de su labor. Se ven a sí mismos como participantes en procesos de transformación colectiva, y redefinen el significado, el propósito y el valor de la intervención. Desde una ética social o humanista que politiza el sentido de su trabajo, se resisten a los efectos subjetivadores forjados dentro de la lógica dominante.
En suma, este estudio permite articular de manera ambivalente a la racionalidad interventora con los aspectos subjetivos de los/as interventores/as, identificados de manera transversal a diferentes contextos y experiencias de las políticas sociales neoliberales chilenas, relación que adopta un carácter ambivalente. Por un lado, las prácticas de estos profesionales pueden reforzar esta lógica dominante al favorecer la reproducción de lógicas neoliberales en la intervención, particularmente la individualización de problemas de orden estructural. Por otro lado, desde un enfoque transformador, pueden introducir rupturas radicales con esta racionalidad, lo que afecta significativamente la praxis de intervención y, en consecuencia, la vida de los/as usuarios/as que participan de programas psicosociales.
Conclusiones
Este artículo revisa y discute aspectos subjetivos y prácticos significativos que conforman las perspectivas de los/as profesionales que implementan las intervenciones psicosociales de las políticas sociales neoliberales chilenas. Los resultados destacan el papel políticamente ambivalente de los/as interventores/as psicosociales como potenciales agentes de reproducción y/o de transformación de las desigualdades sociales. En este sentido, es vital recordar que las intervenciones psicosociales no solo implican cuestiones técnicas, sino que también se basan fundamentalmente en cuestiones éticas y políticas (Bacchi 2012 y 2021). En consecuencia, la especialización de los/as profesionales psicosociales debe incluir asuntos teóricos, éticos y epistemológicos, además de la formación técnica. Estas discusiones parecen fundamentales para evitar la profundización de los problemas sociales a través de las mismas intervenciones.
La diversidad de disciplinas y contextos de intervención que abarca el conjunto de estudios incluidos en esta revisión permite una visión de conjunto sin precedentes. Asimismo, el enfoque en estudios cualitativos implica una problematización de la lógica cuantitativa, objetivadora y estandarizadora promovida por la NGP de la política social chilena. El enfoque cualitativo de esta revisión es, en sí mismo, un instrumento para la problematización de la racionalidad neoliberal y abre un campo de exploración al respecto.
Como limitación, este estudio no ha abordado directamente cuestiones como la eficacia o la capacidad técnica, que son definitorias para la racionalidad hegemónica puesta aquí en debate. El foco en estos temas habría afinado sin duda los resultados. Sin embargo, el propósito de este artículo ha sido identificar temas subjetivos transversales que articulan la relación de los/as profesionales con la racionalidad neoliberal, en lugar de tratar esa racionalidad como un objeto en sí mismo. También hay una posible limitación derivada de la imposibilidad de evaluar con certeza la calidad de los estudios incluidos. Ante esto, se ha optado por un diseño riguroso basado en las directrices PRISMA, legitimadas para estudios de este tipo. Por último, de los veintiséis artículos incluidos en la revisión, el más antiguo es de 2007, y veintiuno fueron publicados a partir de 2017. Es difícil determinar si esto se debe a un giro en la producción académica hacia analizar la perspectiva de los/as interventores/as psicosociales o si corresponde a una instalación relativamente reciente de una cultura de artículos en la investigación de políticas en Chile.
Finalmente, cabe señalar que, a raíz de este estudio, se pueden explorar al menos dos líneas de investigación. En primer lugar, se necesitan estudios sistemáticos de la perspectiva de los/as usuarios/as. En combinación con los resultados aquí expuestos, sus valoraciones aportarían mayor profundidad al análisis de la experiencia vivida en el marco de las políticas sociales neoliberales del Estado chileno. En segundo lugar, es necesario investigar empíricamente la variabilidad discursiva de los/as interventores/as psicosociales para reconocer sus posicionamientos acerca de la intervención. Esto permitiría situar la experiencia de los/as profesionales y profundizar en los efectos (y posibilidades) de los procesos subjetivadores de la racionalidad neoliberal. Estudios discursivos sobre el tema podrían ser una valiosa contribución.
