Introducción

En pocos años se conmemorará el bicentenario de las universidades republicanas en Colombia. Recordemos que el 3 de octubre de 1826 -cinco años después de promulgada la primera Constitución Política de la República (el 30 de agosto de 1821)- se sancionó un plan de estudios, en el cual se mandó establecer universidades centrales y departamentales en Quito, Bogotá y Caracas. Posteriormente, los colegios de Popayán (el 24 de abril de 1827) y Cartagena (el 6 de octubre de 1827) fueron elevados al rango de universidades (^{Lane Young 1994, 45}). De cierto modo, la reforma de la educación superior hacía parte del proceso de construcción de la política republicana y se abría la posibilidad de que algunas provincias, por primera vez en su historia, asumieran el desafío de fundar y poner en funcionamiento un dominio académico habilitado para dar títulos de bachiller y doctor en teología, jurisprudencia y medicina¹. Este desafío resultaba novedoso en el periodo republicano si tenemos en cuenta que la única institución con licencia para otorgar grados universitarios había sido hasta entonces la Universidad Tomística, con residencia en Santafé, en el desaparecido Virreinato del Nuevo Reino de Granada (^{Silva 2008, 37}).

Desde luego, no solo resultaba novedoso fundar universidades en las provincias y así descentralizar el monopolio de los títulos universitarios en Colombia. También las élites letradas (conformadas por eclesiásticos, abogados, médicos y gentes dedicadas al estudio y la enseñanza de la ciencia, los idiomas, los conocimientos náuticos, entre otras) hicieron de las nuevas universidades departamentales un terreno de disputas políticas y debates electorales que terminaron transformando sus cuadros de mando y ampliando la cultura académica².

En ese sentido, hay que recordar que, tras la publicación del decreto orgánico del 3 de octubre sobre el Plan de Estudios de 1826, los rectores y vicerrectores de las nuevas universidades republicanas debían ser elegidos “a pluralidad de votos” por las juntas generales de sus instituciones (conformadas por los catedráticos) y, del mismo modo, dichas elecciones debían ser ratificadas por el gobernador y el poder ejecutivo³. Este derecho a elegir a los principales representantes del “cuidado de la observancia de las leyes académicas” fue un elemento novedoso y definitivo en el proceso de afirmación de una educación y un poder secular⁴ que terminaron, por un lado, desdibujando la condición clerical de los estudios superiores y, por otro, limitando a los eclesiásticos en las esferas de autoridad en el ámbito universitario. Es válido entonces preguntarse: ¿qué autoridades se eligieron en las universidades republicanas?, ¿cómo intentó legitimarse el principio de la representatividad?, ¿en qué medida tales elecciones incidieron, o no, en la ampliación de la cultura intelectual? Estas peguntas nos colocan frente al problema de la relación entre la Universidad y los avances de la democracia representativa en la República, en especial en lo concerniente a las experiencias electorales iniciales y su incidencia en la paulatina transformación de las estructuras de poder y de la representatividad política en la Universidad del Magdalena e Istmo, entre 1827 y 1840, que se estudia en este artículo⁵.

Como lo han recordado la historia conceptual y la reciente historia política latinoamericana, antes de la fundación de los partidos políticos en Colombia a mediados del siglo XIX el término “democracia”, no tuvo una presencia hegemónica, ni mucho menos hacía referencia a la instauración de un “gobierno puramente popular” o a una democracia pura. Sin embargo, tras el estallido de la crisis monárquica española en 1808, la palabra se utilizó cada vez más por los líderes revolucionarios para construir formas representativas de gobiernos⁶, soportadas en principios liberales como el del sufragio (^{Palacios Trujillo 2022}). A través de este se intentaba legitimar y limitar la soberanía popular, los derechos naturales y, sobre todo, imponer la división de poderes para evitar el despotismo o su derivación en anarquía⁷. Este tipo de avances de la democracia representativa, o de una “moderada democracia” (como la ha llamado Isidro Vanegas 2014, 123), con sus matices y resignificaciones en el lenguaje, eran los que se avizoraban en el horizonte de la nueva República y aquella que terminó siendo objeto de una apropiación -en algunas de sus dimensiones- por parte de las élites letradas vinculadas a las nacientes universidades republicanas. De allí que por experiencias democráticas, quizás con cierto riesgo de anacronismo, se haga alusión en este artículo a las formas de participación política construidas y empleadas por los catedráticos (pertenecientes a la Junta General) por medio del voto para elegir a los principales representantes de la autoridad educativa en la Universidad del Magdalena e Istmo, como lo eran el rector y el vicerrector, figuras políticas que, antes de ser ratificadas en sus cargos por el poder ejecutivo, debieron enfrentarse a unas elecciones inéditas y caracterizadas hasta cierto punto por un estado de incertidumbre, de aprendizaje y de disputas políticas en la institución universitaria.

Este artículo, precisamente, analiza las disputas electorales por la rectoría y la trasformación de las estructuras de poder en la Universidad del Magdalena e Istmo entre 1827 y 1840. Se elige este caso de estudio porque, durante el periodo señalado, en esa institución republicana al tiempo que se establecía dicho dominio académico con fondos provenientes de las órdenes religiosas (^{Gaitán 2010, 247}), la participación política de los catedráticos en las votaciones a rectoría y vicerrectoría resultó definitiva para limitar a los eclesiásticos en las esferas de mando y lograr así el posicionamiento de los letrados civiles (abogados), que tenían una visión más amplia sobre el sentido y los contenidos de la educación superior. Tras el triunfo de los juristas en las distintas elecciones ordinarias -convocadas desde 1832 cuando finalizó el mandato del presbítero José Joaquín Gómez, primer rector delegado por el presidente Simón Bolívar el 11 de noviembre de 1828 (^{Urueta 1912, 235})- prosiguió una etapa de gobierno universitario caracterizada por el nombramiento de catedráticos para desempeñar funciones de enseñanza relacionadas con los idiomas extranjeros (francés e inglés), la medicina, la cirugía y la anatomía, el derecho internacional y la economía política, la instrucción militar de la marina y el pilotaje. Estas y otras cátedras se establecieron y ampliaron el diverso paisaje intelectual de una universidad abierta a posibilidades de estudios distintos a los fundamentos, los lugares y la apología de la religión. En fin, las primeras experiencias democráticas para elegir a los representantes de las leyes académicas en la universidad y la designación de nuevos catedráticos delimitaron lo avanzado en el proceso de secularización en el campo intelectual, que se observa, como sugiere Elisa Cárdenas (2021, 145), no en la evicción de la esfera religiosa, sino en la “recomposición” de las formas de organización y las prácticas de enseñanza en los estudios superiores.

En ese orden de ideas, este artículo sostiene que el establecimiento y funcionamiento de una universidad de perspectiva liberal, abierta a diversos conocimientos, no puede circunscribirse solo al análisis de la libertad de enseñanza. Es necesario examinar los contextos políticos y la participación de las juntas conformadas por catedráticos en la elección de los representantes del gobierno universitario y en la recomposición tanto de los cuadros de mando como en la ampliación de la cultura intelectual en las universidades (^{Guerra 2012, 147-151}). El principio de la representatividad sometido a la deliberación política -por vía del voto- es una clave para entender las estructuras de poder (^{Rosanvallon 2006}), la selección y el ingreso de los letrados -que tuvieron distintas funciones de enseñanza- en la Universidad del Magdalena e Istmo durante su primera década de existencia. Asentada en Cartagena y nacida en el marco de la discusión sobre “el gobierno representativo” y la invención política de la República de Colombia (^{Lomné 2009, 1312-1314}), fue en esta universidad donde, tras el triunfo de los abogados en las disputas electorales por la rectoría y vicerrectoría, se vincularon y diversificaron los perfiles de los catedráticos, hasta tal punto que, además de los civiles y los eclesiásticos, en ese escenario educativo aparecieron varias tipologías de letrados relacionadas con la figura de los humanistas dedicados a la enseñanza de los idiomas y las gramáticas, los médicos y los poseedores de conocimientos náuticos. Si bien estos catedráticos debían participar en concursos de oposición y ser ratificados por el poder ejecutivo, en un momento en el que lo más común era la ausencia de profesores (^{Safford 2014, 201}), no es menos cierto que su ingreso a la Universidad se produjo en gran medida cuando las élites letradas no eclesiásticas asumieron la administración de la institución después de 1832.

Del mismo modo, en este artículo se sostiene que algunos catedráticos veían a la universidad como un escenario importante para transitar o seguir ocupando cargos políticos y diplomáticos en el Estado libre, independiente y soberano, limitado y soportado en el principio de la representatividad, que se estaba creando en el país (^{“Constitución del Estado de la Nueva Granada” 1832, 792}). La institución universitaria era un espacio de privilegios y preminencias que, lejos de una autonomía absoluta, siguiendo las perspectivas de análisis sobre la relación entre universidad, sociedad y construcción estatal propuestas por Lawrence Stone (1964, 41-80) y Richard Kagan (1981), sirvió a muchos rectores y catedráticos para afirmar su estatus político y lograr vincularse como representantes de sus provincias al Congreso y a otras funciones estatales. En este sentido, en la Universidad emergió la presencia de esa figura política a la que Renán Silva (2009, 243) ha denominado como el “político catedrático”, esto es, un tipo de intelectual que encarnaba no solo la vocación docente y científica, sino que también veía en el establecimiento universitario la posibilidad de aumentar o garantizar su prestigio para lograr desempeñar otras funciones privadas o públicas. Si bien los republicanos innovaron la tradición anterior al formar doctores ya no solo en teología sino también en jurisprudencia y medicina (^{Lane Young 1994, 39}), hay que destacar que en la Universidad se fue forjando una institución de perspectiva liberal que sirvió como instrumento de formación e intervención en la vida política de la sociedad (^{Silva 2017, 129 y 133}).

Desde el punto de vista metodológico, el análisis propuesto implica reconsiderar el estudio de la vida política en las universidades, e ir más allá del lugar común de comentar las novedades introducidas en la legislación y los planes de estudios republicanos, o de la elaboración de una historia de las ideas concentrada en la descripción de actos celebrativos, de las acciones o los discursos de los “padres fundadores” y del recuento de los orígenes de la institución universitaria⁸. Por el contrario, en este artículo se enfrenta el problema desde el enfoque de la historia intelectual, en especial mostrando las trayectorias, los contextos y el “obrar político” de los letrados. Este último permitió la emergencia y la adopción del principio de la representatividad en el funcionamiento y la definición de la forma de gobierno en la universidad del Departamento del Magdalena e Istmo, sobre la que existen pocos trabajos historiográficos⁹. Para ello, es necesario despojarse de la idea simple de la universidad como centro de adoctrinamiento ideológico y, más bien, analizar las prácticas políticas y las categorías de letrados que surgieron en respuesta a las demandas de una sociedad que tenía el desafío de establecer sus propias leyes, de acceder a nuevos conocimientos e idiomas, de legitimar su administración y de hacer de la ciencia un asunto de Estado. Se trata, como lo recuerda Roger Chartier (2005, 13-44), de una historia intelectual que intenta comprender las figuras culturales (en este caso a los letrados) desde las prácticas, las producciones y las representaciones de la propia época.

El artículo está dividido en cuatro secciones. En la primera parte se estudia el surgimiento de la Universidad del Magdalena e Istmo en la República de Colombia. En seguida, se analizan las primeras elecciones que pusieron en duda la reelección de eclesiásticos para asumir la rectoría. Luego se examinan las pugnas electorales entre los letrados civiles y los religiosos que terminaron modificando los cuadros de mando en la Universidad. Posteriormente, se presentan las trayectorias y la incidencia de las decisiones políticas en la transformación de la cultura intelectual. Y finalmente, se plantean unas conclusiones sobre el valor y el cuestionamiento a la participación política de los catedráticos para elegir a sus representantes en la institución universitaria.

La fundación de una universidad en el norte de la República

El 11 de noviembre de 1828 se instaló la Universidad del Magdalena e Istmo en la ciudad de Cartagena, capital del Departamento del Magdalena en la República de Colombia (^{Corrales 1889, t. 2, 396-399}). Por primera vez, en la costa norte colombiana existía un dominio universitario que permanecería con sus puertas abiertas a pesar de las transformaciones de la política colombiana en el siglo XIX. En 1834, después de la desintegración de la llamada Gran Colombia hacia 1830 y de la promulgación de dos constituciones políticas que acabaron con el modelo de organización territorial por intendencias y departamentos, se sancionó un proyecto de ley sobre conformación de distritos universitarios, en el cual se establecía que la Universidad de Cundinamarca -con residencia en Bogotá- comprendía las provincias de Antioquia, Bogotá, Casanare, Mariquita, Neiva, Pamplona, Socorro y Vélez; mientras que las provincias de Buenaventura, Chocó, Popayán y Pasto estaban sujetas a la Universidad del Cauca. Finalmente, la Universidad del Magdalena e Istmo -con asiento en Cartagena- seguiría dirigiendo los estudios superiores en las provincias de Cartagena, Mompox, Panamá, Riohacha, Santa Marta y Veraguas (^{“Proyecto de ley sobre distritos universitarios” 1834}).

En el horizonte de la política educativa republicana se mantuvo el proyecto de descentralizar la educación superior y tanto las provincias de Cartagena como Popayán aparecían como escenarios donde debían funcionar las nuevas universidades. Sin embargo, la tarea no fue fácil. Ni Popayán, ni mucho menos Cartagena tenían una tradición educativa acorde a las exigencias del nuevo Plan de Estudios de 1826 que contemplaba la creación de facultades mayores, no solo para los estudios en teología (que habilitaban para obtener grados de bachilleres, licenciados y doctores), sino también en medicina y jurisprudencia, además de la enseñanza de literatura y filosofía en las facultades menores que otorgaban el grado de bachiller (^{López 1990, t. 3, 417-418, 431-433}). De hecho, en la sociedad colonial los habitantes de las provincias (que ahora hacían parte de las universidades republicanas del Cauca y del Magdalena e Istmo) debían desplazarse a Santafé de Bogotá, capital del Virreinato del Nuevo Reino Granada en el siglo XVIII, para avanzar sus estudios en los colegios mayores del San Bartolomé o del Rosario y así lograr graduarse en la Universidad de Santo Tomás (^{Silva 2009, 25}).

En el caso de Cartagena, el funcionamiento desde el año de 1776 del Colegio Real y Seminario Conciliar San Carlos Borromeo -que suplió al Colegio de la Compañía de Jesús, cerrado en 1767- fue de las pocas experiencias educativas que habían avanzado en cuanto a los estudios superiores. En ese colegio se enseñaban las primeras letras, al igual que los estudios mayores, a través de cátedras de gramática latina y griega, filosofía y teología, medicina y jurisprudencia (que fue suprimida en ese mismo año de 1776 por disposición real), pero la institución no tenía autorización para conferir grados y se limitó solamente a la formación de los aspirantes al sacerdocio o a las órdenes religiosas (^{Solano D., Vanegas Beltrán y Flórez Bolívar 2020, 635-640}). Este colegio, de hecho, se trasformó, y anexó al Colegio de Cartagena de Colombia, a finales de 1824 (^{López 1990, t. 1, 216}) y, tras su apertura en 1825, dio continuidad a las antiguas enseñanzas, incluyendo las cátedras de jurisprudencia (derecho público, civil y patrio) que volvieron a ofrecerse (^{“Educación Pública” 1825}).

La otra experiencia educativa existente era la ofrecida por la Escuela Náutica -creada en 1822 y puesta en funcionamiento en 1825, bajo la inspección del capitán de navío Rafael Tono y con la dirección del alférez Pedro María Iglesia- donde se enseñaba el “arte de la navegación” a partir de lecciones de aritmética y algebra, geometría especulativa y práctica, geografía, trigonometría rectilínea y métrica, cosmografía, navegación, dibujo, idioma francés e inglés, entre otros conocimientos relacionados con las maniobras y faenas navales (^{López 1990, t. 1, 65-67}; ^{Corrales 1889, t. 2, 325-326}).

A pesar de la presencia del Colegio y de la Escuela Náutica, al igual que de otros colegios en las provincias de la Intendencia del Magdalena, como las de Santa Marta, Mompox y el Istmo (^{Acevedo 2017, 72-73}), fue imposible la organización de facultades con la autorización de expedir títulos de bachiller, doctor y licenciado en la costa norte colombiana hasta después de 1828, cuando abrió sus puertas la Universidad del Magdalena e Istmo. Una vez creada, se anexó a ella el antiguo Colegio Seminario, y el presidente de la República, Simón Bolívar, designó como rector al presbítero José Joaquín Gómez que hasta ese momento se venía desempeñando como director del Colegio de Cartagena (^{“Educación pública. Arenga inaugural” 1825}). En efecto, la Universidad recibía la herencia del Colegio al vincular a su rector y a los catedráticos, conservando incluso a un eclesiástico en el máximo puesto de la administración universitaria. Sin embargo, esta no fue la única herencia eclesiástica que recibió el nuevo dominio académico del Magdalena e Istmo.

Al seguir las directrices de Francisco de Paula Santander, según lo redactado en el Plan de Estudios de 1826, la principal herencia eclesiástica de esta nueva universidad republicana provino de los recursos obtenidos de las rentas y edificios de los conventos, de los patronatos de legos, de las capellanías y de las dotaciones para cátedras que poseía el Colegio Seminario de Cartagena. Veinte años después de creada la Universidad del Magdalena e Istmo, su rector, Manuel del Río, reconocía en 1848 que su principal fuente de recursos procedía del valor y las rentas de los edificios adjudicados a la Universidad por la supresión del convento de San Agustín, avalado en $ 24.000 pesos, el Colegio de San Carlos, valorado también en $ 24.000, dos casas del antiguo Convento de La Popa, estimadas en $ 6.720, una casa entregada por los réditos adeudados que valía $ 400, otra en la calle de San Juan, de $ 600, una en la calle del Espíritu Santo, de $ 4.200, una en la calle de Santa Clara, avaluada en $ 10.835 ½ pesos, y, finalmente, otra en la calle Gastelbondo, de $ 6.000. Es decir, los edificios de la Universidad en su conjunto representaban un capital de $ 64.063, 5½¹⁰.

Además, la Universidad percibía rentas de más de 350 propiedades pequeñas que hacían parte de un capital de $ 30.000 pesos recibidos para becas entregadas por una donación, al igual que del antiguo Colegio de San Carlos, de las rentas percibidas de los conventos de la Popa, de San Agustín, de la Merced, de San Diego y Santo Domingo que, en conjunto, ascendían a $ 186.53 pesos. A ellos se sumaban, por concepto de capellanías devueltas, $ 62.344, 6¼ pesos y, de nueva imposición, otros $ 4.486,7¼. En total, como se aprecia en el cuadro, si incluimos las asignaciones del tesoro público (que eran las más bajas) y las que la Universidad asumía por concepto de deuda pública, las rentas de la universidad alcanzaban los $ 410.112,4 pesos¹¹. Esta cifra era el resultado, también, de los réditos obtenidos de las casas, solares, fincas, huertas, haciendas y tierras que poseía ese centro educativo, ubicadas no solo en la ciudad de Cartagena, sino asimismo en las zonas rurales, las islas, la bahía, la playa de Chambacú e incluso en villas como la de Tolú o en la jurisdicción de Chiriguaná, entre otras¹² (ver tabla 1).

Inclusive, desde 1842 el secretario de Estado de la Nueva Granada, Mariano Ospina Rodríguez, expuso reiteradamente que la Universidad del Magdalena e Istmo (denominada en ese momento Universidad del Segundo Distrito) era la más rica de las tres que existían, al poseer $ 1.669,4 pesos en caja y otros $ 195.446,3 en razón de las deudas a favor, por concepto de alquileres no pagados y de otras propiedades en litigio. Se trataba de una cifra muy superior en comparación con la Universidad Central (o del Primer Distrito) que tenía $166,4 pesos en caja y $ 1.131,1 por deudas a favor. Asimismo, con relación a la Universidad del Cauca (del Tercer Distrito), el patrimonio de la Universidad del Magdalena e Istmo era muy superior, pues aquella poseía $ 1.960 pesos en caja y $ 2.970 por deudas (^{Ospina 1842, 47}; ^{Ospina 1843, 51}; ^{Ospina 1845, 136}). Aun cuando hay que decir que la universidad de la costa tenía una riqueza a futuro que dependía de los litigios con los deudores o de las sumas que se pudieran recuperar de lo adeudado, lo real fue el cada vez más exiguo dinero en caja con que se contaba.

Lo cierto es que los capitales heredados de los fondos eclesiásticos sirvieron en gran medida para fundar y solventar los gastos de la Universidad del Magdalena e Istmo. Al tiempo que se utilizaba esa riqueza, se fueron abriendo espacios de participación política, a través del uso del voto -práctica conocida por muchos letrados que habían participado en distintas elecciones de la sociedad colonial (^{Garrido 1993, 116-147}) y los inicios de la vida republicana-, para elegir a los principales representantes del cuidado de las leyes académicas. De forma paradójica, esta representatividad recayó fundamentalmente en las autoridades civiles y no tanto en las órdenes religiosas para la cuarta década del siglo XIX. En efecto, la realización de elecciones con que se definió la representatividad, a pesar de las incertidumbres, las constantes consultas y de la ausencia de un sistema electoral con reglas y una normatividad bien definida¹³, resultó ser un primer escenario de aprendizaje de los mecanismos del gobierno representativo en la Universidad (^{Posada 2011, 31}), como se verá a continuación.

Las primeras elecciones y las dudas suscitadas sobre la reelección

Entre 1828-1842, los abogados empezaron a desplazar a los eclesiásticos en la rectoría de la Universidad del Magdalena e Istmo. Por designación del presidente Simón Bolívar, el presbítero José Joaquín Gómez ocupó el cargo desde noviembre de 1828 hasta diciembre de 1832, momento en el cual fue remplazado por el abogado Eusebio María Canabal que gobernó hasta el 26 de abril de 1837, cuando renunció. Tras su renuncia asumió el cargo el abogado Lázaro María Ramos por un corto periodo en los meses de abril y mayo de 1837. En seguida, el teólogo Bernardo José Garay retomó la rectoría para las órdenes religiosas entre mayo de 1837 y diciembre de 1838, sin durar los tres años que establecía la ley. Después del mandato de Garay, los teólogos no volvieron a conquistar la rectoría y, por el contrario, los abogados Ildefonso Méndez (del 1º de enero de 1839 al 1º de noviembre de 1842), Manuel del Río (del 2 de noviembre de 1842 al 31 de diciembre de 1846), entre otros, dominaron en las esferas de mando de la universidad (^{Urueta 1912, 242}). Este dominio de los juristas ocurrió tras ponerse en práctica la disposición de elegir rector y vicerrector por vía del voto, y en un periodo en que la educación legal y las leyes eran importantes en el proceso de construcción de la política del Estado colombiano (^{Uribe-Urán 2008, 241-268}).

Tal como se disponía en el Plan de Estudios de 1826, después de terminar su rectoría, José Joaquín Gómez convocó a las primeras elecciones el 20 de diciembre de 1831 para decidir “a pluralidad de votos” entre los catedráticos, al nuevo rector de la Universidad del Magdalena e Istmo. En aquella ocasión, sin embargo, no hubo un nuevo rector, sino que se reeligió al presbítero Gómez, quien venció con ocho votos al eclesiástico Manuel Benito Revollo que logró cuatro votos, y al Obispo de Leuca, que obtuvo un voto. Entonces, los aspirantes a rectoría eran todos religiosos en un ambiente político inicial en el que no se sabía con certeza quiénes podían aspirar a la rectoría. Las elecciones transcurrieron en completa normalidad, asistieron y votaron los catedráticos Antonio del Real, el presbítero Juan Francisco Manfredo, Henrique Rodríguez, Pedro Castellón, Manuel Vega, Pedro Cano, Agustín Granados, Ignacio Cavero, Ildefonso Méndez, Ramón Ripoll y fray Tomas Sánchez Mora, al igual que se excusaron algunos por estar enfermos¹⁴. El suceso inédito de las elecciones para rectoría no generó mayor controversia y estaba prácticamente garantizado para que los eclesiásticos siguieran administrando los destinos de la universidad, aunque quedaron algunas inquietudes planteadas por parte de los letrados civiles sobre las formas de elección en las universidades.

Antes de sufragar, por ejemplo, la Junta General de la Universidad (compuesta por el rector y los catedráticos) decidió unánimemente que las votaciones debían ser secretas para garantizar que cada elector votara con más libertad. Del mismo modo, el jurista Ramón Ripoll, Catedrático de Derecho Público, tenía ciertas dudas sobre la posibilidad de reelegir al rector, en vista de que la normativa no era clara en ese punto, a lo cual se respondió y decidió que dado “[…] que mediante a que no se prohíbe expresamente, puede tener lugar la reelección […]”¹⁵. Así pues, quedaban planteadas las dudas y la solución sobre el carácter legítimo de las elecciones realizadas y del tipo de representante elegido en el marco de unos sufragios inéditos, que terminaron con el triunfo del sacerdote José Joaquín Gómez y la aprobación de tal deliberación por parte del gobernador Vicente García del Real¹⁶. Las elecciones habían sido un mecanismo de aprendizaje marcado por la participación de los catedráticos, de varios aspirantes a los puestos de rectorías, de un inspector de papeletas y de unas decisiones de la Junta General que favorecieron la reelección del presbítero Gómez.

Lo cierto es que, independiente del ambiente de armonía o de las incertidumbres manifiestas por primera vez en la Universidad, se usó el mecanismo del voto para elegir al máximo representante de las leyes académicas. El principio de la representatividad era sometido a la deliberación por vía del voto (Rosanvallon 2002, 152-174; ^{Baker 1990, 31-58}), aun cuando el representante elegido debiera contar también con la aprobación del gobierno local y del poder ejecutivo. Desde luego, estas prácticas políticas que hicieron su presencia en la institución universitaria -y que se quedaron para siempre- fueron gestando un clima de opinión, de desencuentros, de denuncias y de decisiones que terminó modificando los cuadros de mando y los procesos de selección de los dirigentes universitarios.

Los presagios del Obispo y el triunfo de los letrados civiles

Por razones desconocidas, cinco meses después de posesionarse como rector de la Universidad del Magdalena e Istmo, el presbítero José Joaquín Gómez renunció a su cargo en mayo de 1832¹⁷. Inmediatamente se produjeron varias reacciones, pues había que volver a elegir rector en un panorama político marcado por la incertidumbre de saber a quién se podía elegir, es decir, si se restringirían nuevamente las votaciones a un eclesiástico o si se abriría la posibilidad a un secular.

Ante este panorama, el Obispo Juan Fernández de Sotomayor envió una comunicación al Despacho del Interior y Justicia de la República -con fecha de julio 9 de 1832-, en el cual recordaba que la rectoría del Seminario Conciliar de Cartagena, anexada en 1828 a la Universidad, debía estar “bajo la dependencia, y dirección de los Prelados Eclesiásticos […], puesto que los Rectores y directores de ellos han de ser de su inmediata confianza y elección, […] según la cédula que aprobó los estatutos de este Seminario en 24 de Mayo de 1790”. El Obispo argumentaba que el Seminario había aceptado el rectorado de la Universidad tras las elecciones del 20 de diciembre de 1831 porque “la elección recayó en el [religioso] que ocupaba este último destino en el Seminario”, es decir, en el eclesiástico José Joaquín Gómez. Pero ahora se tenía cierta preocupación con las nuevas elecciones que iban a realizarse debido a que, según prevenían, “el claustro obrará sin restricción alguna, y se puede presagiar que no votará por algún Eclesiástico”, al no restringirse y, por tanto, permitirse la participación de las autoridades civiles como aspirantes a la rectoría¹⁸.

Pese a los recursos aportados, tras su anexión, por el Colegio Seminario a la Universidad, los resultados de las nuevas elecciones podían desnaturalizar y transformar las posiciones de mando en ese dominio universitario. En las segundas elecciones para la rectoría, convocadas el 22 de julio de 1832, los “presagios” del Obispo se harían realidad. Antes de sufragar, el catedrático de Derecho Público Ramón Ripoll -nacido en Cartagena, abogado de la Real Audiencia de Santafé en el virreinato neogranadino a finales del siglo XVIII, firmante del Acta de la Independencia y vocal de la Junta Suprema de Cartagena en 1811 (^{Restrepo 1993, 466})- pidió a la junta de la Universidad que declarase si la elección a la rectoría

debía contraerse previamente en persona Eclesiástica, o indiferentemente en Eclesiástico o seglar, y habiéndose traído a la vista el Decreto de Erección de esta Universidad y el art. 40 del Plan orgánico de estudios [de 1826], y discutiese [sic] largamente sobre el particular, se resolvió que cada elector podía sufragar libremente, por la persona que fuese de su agrado, ya Eclesiástica, ya Secular.¹⁹

Lo llamativo del caso es que después de esa “larga discusión”, el rector saliente, José Joaquín Gómez, apareció como candidato a la rectoría, junto con el catedrático de Teología Dogmática y Moral, Mateo González Rubio, que había estudiado en el Colegio Seminario de San Carlos. Sin embargo, Gómez y González Rubio no estaban solos en el escenario electoral. Esta vez debían enfrentarse con el catedrático de Derecho Civil Eusebio María Canabal y con los señores José María Berástegui y Esteban Díaz Granados. Tal como había advertido el Obispo Juan Fernández de Sotomayor, el claustro de catedráticos obró libremente para elegir a su representante y aceptó la postulación de aspirantes que no eran personas eclesiásticas, abriéndose y ampliándose así las posibilidades de elegir representantes distintos a los sacerdotes en el gobierno de la universidad. En total, fueron dieciséis catedráticos los que sufragaron y decidieron el direccionamiento administrativo de la Universidad del Magdalena e Istmo²⁰.

La disputa electoral no resultó fácil y solo se conoció el nombre del rector después de seis votaciones que se realizaron el mismo día. Estas ocurrieron debido a que ninguno de los aspirantes había podido lograr la pluralidad absoluta de votos entre los catedráticos. En la primera ronda, por ejemplo, José Joaquín Gómez obtuvo cinco votos, número similar a los registrados por Mateo González Rubio, mientras que los restantes se dividieron en cuatro por Eusebio María Canabal, uno por José María Berástegui y otro por Esteban Díaz Granados²¹. En todo caso, si sumamos los votos de los presbíteros Gómez y González había diez electores que consideraban que la administración de la Universidad debía seguir recayendo en personas eclesiásticas, pero el panorama cambiaría en las siguientes.

En la segunda votación, Eusebio María Canabal lideró los comicios con seis votos, seguido por José Joaquín Gómez con cinco, Mateo González Rubio con cuatro y José María Berástegui con uno. Era fácil inferir que Canabal había ganado uno de los votos de González y el del retirado candidato Esteban Díaz Granados. No obstante, como no se tenía una pluralidad de votos, se pasó a la tercera votación en la que Canabal obtuvo ocho frente a los cuatro de Gómez, tres de González y el único de Berástegui. Sin embargo, en esas elecciones atípicas nada estaba garantizado. En la cuarta ronda (que incrementó el número de votantes a 17 luego de que el catedrático Agustín Núñez hiciera uso de su derecho electoral), Gómez y Canabal obtuvieron ocho votos cada uno, González ostentaba uno y Berástegui se retiró de las elecciones. Hubo, por tanto, necesidad de una quinta votación que lideró Canabal con nueve votos, seguido de Gómez, con siete, y de González, con uno²².

En medio de ese panorama, en el que no se había podido obtener la pluralidad absoluta de votos, la Junta General determinó enfrentar en una sexta y última votación a los dos candidatos que venían liderando la mayoría de los votos, es decir, al abogado Eusebio María Canabal y el presbítero José Joaquín Gómez. Los resultados definitivos fueron diez votos por Canabal y siete por Gómez. En el acta de la Junta, firmada por el rector saliente José Joaquín Gómez y su secretario Santiago Blanco, aparecía consignado el nombre de Eusebio María Canabal como el primer rector no eclesiástico, elegido en el marco de los avances de una muy inicial democracia representativa, que dirigiría los destinos de la Universidad del Magdalena e Istmo en Colombia²³.

Los resultados electorales terminaron desplazando de la rectoría al eclesiástico José Joaquín Gómez -que seguiría desempeñando sus clases de teología y retomaría las labores ministeriales en la Diócesis de Cartagena hasta su muerte en 1835 (Corrales 1889, t. 3, 244-245)- para poner en su lugar al abogado masón Eusebio María Canabal, cuyo nombre fue aprobado para ser rector por el gobernador José María Vezga y por el presidente de la República Francisco de Paula Santander al finalizar el año de 1832²⁴, quienes habían sido adeptos y, tal vez, dos de los principales políticos de las facciones del liberalismo y la masonería en la Costa Atlántica colombiana (^{Loaiza Cano 2007, 65-89}). Canabal, nacido en Cartagena en 1784, graduado de Bachiller en Derecho Canónico en Santafé de Bogotá y de Abogado en 1804, firmante del Acta de Independencia de Cartagena en 1811 y de la Constitución Política de ese Estado en 1812, se había desempeñado como catedrático y subdirector departamental de Instrucción Pública, al igual que en cargos diplomáticos como miembro del Congreso de la República y del Ministro de Justicia, y llegó a ser candidato a la Presidencia de la República de Colombia en 1830 (^{Ospina, t. 1, 1927, 444}; ^{Porto 1943, 52}; ^{Restrepo 1993, 105}).

Ante la aceptación del nombre de Canabal, el coronel Vezga, cercano a la facción liberal de la masonería y con total respaldo del presidente Francisco de Paula Santander, consultó “al Supremo Gobierno la duda que le ocurrió sobre si debía o no impartir [la rectoría a Eusebio María Canabal]”, pues no era “Eclesiástico el nombrado”, y la aprobó²⁵. Así abrió las puertas de la rectoría a la figura del político catedrático (^{Silva 2009, 242 y 243}), pues la trayectoria de Canabal demostraba hasta ese momento -y siguió demostrando- que era parte de una élite ilustrada de vocación jurídica, más no estrictamente de inclinación docente y científica, que combinaba sus labores educativas con el ejercicio de la abogacía en cargos públicos y diplomáticos de la República. Canabal fue, ciertamente, una figura política que permaneció por más de tres años en la rectoría de la Universidad del Magdalena e Istmo al ser reelegido en 1835.

En efecto, el 20 de diciembre de 1835, tras haberse cumplido el tiempo de su mandato rectoral, Canabal convocó unas nuevas elecciones que ganó al obtener 17 votos, cifra superior a los 11 votos logrados por el Obispo Juan Fernández de Sotomayor, dos a favor de Manuel Benito Revollo, uno por José María Berástegui y otro por Antonio del Real. No hubo necesidad de repetir las votaciones en esa ocasión, pero llama la atención que los eclesiásticos apelaran a su máxima figura política y religiosa -en este caso el obispo Fernández de Sotomayor, vinculado también a la masonería- (^{Carnicelli 1975, 84}) para tratar de recuperar la rectoría de la Universidad del Magdalena e Istmo. De hecho, en las votaciones se suscitó una “larga discusión” en razón de determinar si era posible que un prelado, siendo obispo, pudiera al mismo tiempo ser rector de la Universidad²⁶.

Más allá, sin embargo, de las dudas suscitadas, tras el conteo de los votos que hicieron los escrutadores José Dionisio Araujo (catedrático de filosofía y medicina), Manuel del Río (catedrático de idiomas) y el inspector de papeletas Toribio Domínguez (catedrático de cirugía y anatomía), el político catedrático Eusebio María Canabal terminó superando y derrotando a uno de los máximos representantes de la dignidad eclesiástica y del arzobispado en el país, como lo era entonces el Obispo de Cartagena, Juan Fernández de Sotomayor. Recordemos que este eclesiástico, nacido el 2 de noviembre de 1777, formado inicialmente en el Colegio Seminario de San Carlos y versado en estudios de filosofía, derecho y teología en los colegios mayores de San Bartolomé y del Rosario, gozaba de enorme prestigio. Este se debía a su amplia trayectoria como Párroco de Triana (1802-1804) y de Mompox (1804-1805), a su participación en la Independencia y a la producción de varios sermones y un catecismo popular a favor de la “justa causa de la libertad” (Restrepo 1993, 215). Además, Fernández de Sotomayor había ocupado también cargos políticos relevantes: fue diputado por Cartagena al Congreso General de las Provincias Unidas en 1814, actuó como representante por Mompox en la Asamblea Provincial de 1822 (donde fue nombrado representante al Congreso Granadino en 1823), ocupó el puesto de canónico doctoral de la Catedral Metropolitana y ofició como miembro de la Sociedad Bíblica de Bogotá en 1825 y como provisor y vicario general del Arzobispado en 1829, hasta su nombramiento de Obispo in partibus y Vicario Apostólico de Cartagena en 1832 (^{Uribe 1918, 211}; ^{Rodríguez 1933, 5-15}; ^{Jiménez 1950, 15-27}; ^{Ocampo López 2010, 177-226}; ^{Muñoz 2001, 105-130}). Sin embargo, ninguna de esas credenciales le fueron suficientes para arrebatar el poder político que habían ganado los abogados en la administración de la Universidad.

En esas elecciones de 1835, Fernández de Sotomayor -contradictor de la idea de elegir un rector no eclesiástico en las elecciones de 1832²⁷- no solo salió derrotado, sino que, tras tres votaciones, también fue testigo del triunfo en las elecciones para vicerrectoría del bachiller y catedrático de gramática latina Lázaro María Ramos, que empezaba a ascender y a figurar en los puestos principales de mando en la Universidad. Desde luego, las elecciones de rectoría y vicerrectoría evidenciaron el desespero y la aspiración de los miembros del Seminario de Cartagena -que contaban con menos recursos y cursantes- por volver a administrar la institución universitaria. No obstante, esa aspiración se diluyó nuevamente tras la posesión de Eusebio María Canabal como rector el 1º de enero de 1836. La Universidad se preparaba para otro periodo de gobierno de Canabal, aquel rector que en su administración presenció la ampliación de la cultura intelectual representada ya no solo en abogados y eclesiásticos, sino asimismo en catedráticos con conocimientos en marina, artillería, medicina, cirugía, idiomas, entre otras enseñanzas que señalaban la separación de la educación secular de la teológica.

La ampliación de los cuadros intelectuales

En abril de 1837, Eusebio María Canabal renunció a la rectoría de la Universidad del Magdalena e Istmo (^{Urueta 1912, 242}). Tal renuncia se produjo el mismo mes y año en que Francisco de Paula Santander terminó su periodo como presidente del Estado de la Nueva Granada. No se conocen las razones de la renuncia de Canabal. Sin embargo, más allá de las causas de su dimisión, es necesario hacer un balance aproximativo sobre las trasformaciones (o la ampliación) de los cuadros intelectuales en su periodo rectoral, entre 1833 y 1837²⁸. Es válido saber quiénes eran los catedráticos o, si se quiere decir de otra manera, la población electoral que ingresó y participó en las elecciones rectorales.

De 1827 a 1837, fue notorio el avanzado proceso de secularización de las cátedras ofrecidas por los letrados que ingresaron a la Universidad del Magdalena e Istmo. Existía, por ejemplo, un tipo de letrados civiles -formados en jurisprudencia en las facultades de derecho y cánones, descendientes de los procesos de la Independencia y con experiencia en cargos políticos- que asumieron algunos cursos anunciados en el Plan de Estudios de 1826. Además de la enseñanza del derecho civil romano y patrio por el catedrático Eusebio María Canabal, o de las lecciones de derecho público eclesiástico y jurisprudencia impartidas por Ramón Ripoll (^{“Certámenes” 1834}), el grupo de civiles se amplió en 1832 con la llegada del abogado Antonio del Real -descendiente del signatario de la independencia José María del Real (^{Restrepo 1993, 161})- que impartiría las cátedras de derecho internacional y de economía política²⁹ y, del mismo modo, solicitaba patentes de propiedad literaria para publicar libros relacionados con las leyes y las constituciones granadinas (^{Acevedo 2017, 310}). Del Real, al igual que los abogados Manuel del Río, Ildefonso Méndez, Dionisio Jiménez y Marcelino José González, llegó a ser rector de la Universidad a mediados del siglo XIX (^{Urueta 1912, 243}).

Durante la rectoría de Eusebio María Canabal se creó incluso una Academia de Abogados, instalada el 10 de enero de 1836, presidida por Canabal, por el vicerrector Manuel P. Romero y el secretario, Dr. Ramón Benedeti³⁰. Esta academia sirvió de laboratorio de aprendizaje para muchos abogados que luego terminaron ocupando cargos en el Tribunal de Justicia del Magdalena, como jueces políticos, alcaldes y gobernadores. De cierto modo, tal como lo ha sugerido Jorge Meyer (2008, 35), el grupo social conformado por los especialistas en derecho pasó a convertirse en uno de los principales sostenes de la creciente diversificación y modificación de los cuadros intelectuales de las nuevas republicas hispanoamericanas en las primeras décadas del siglo XIX. Los juristas, desde luego, encontraron en la educación y la difusión de las letras un escenario significativo para desempeñar funciones de enseñanza relacionadas con la jurisprudencia o distintas de esta, para participar en la elaboración de la legislación republicana y para construir o afirmar su poder político (^{Loaiza Cano 2014}). De allí que muchos de ellos buscarán vincularse a las universidades republicanas, lugares desde donde podían darse a conocer no solo por su saber jurídico sino también por su afición a la filosofía, las letras y los idiomas.

De hecho, la ampliación del campo intelectual se expresó también en la vinculación de los letrados con vocación humanística -es decir, catedráticos formados en jurisprudencia o medicina, y en otros casos en teología, dedicados a la enseñanza de la gramática latina, la retórica y los idiomas (^{Le Goff 2006, 115-148})- que asumieron los cursos que habilitaban para entrar a las facultades mayores de jurisprudencia o medicina. En el caso de la enseñanza de filosofía, hasta antes de 1832 el médico José Dionisio Araujo era la figura más representativa para impartir esa cátedra³¹, situación que cambiaría tras la rectoría de Canabal en la que se nombraron varios letrados (generalmente abogados) en el campo de las humanidades.

Después de las elecciones de 1832, por ejemplo, el rector saliente, José Joaquín Gómez, posesionó al abogado Lázaro Ramos como catedrático de “gramática latina combinada con la castellana” en las clases de mayores³². Además, tras la posesión de Canabal como rector el 9 de diciembre de 1832, el 28 de marzo del año siguiente tomaron “posesión de las cátedras de idiomas extranjeros, los Sres. Antonio Benedeti de la del inglés, y Henrique Manuel de la del francés”³³. La cátedra de francés contó también con el catedrático Leandro Canabal posesionado el 20 de febrero de 1834³⁴, y esa cátedra asimismo fue impartida por Benedeti desde el 4 de mayo de 1835³⁵, quien logró incluso publicar su Gramática francesa gracias al apoyo de la Universidad en 1837 (^{Acevedo 217, 315}). Llama la atención la importancia concedida al estudio del francés y el inglés -como idiomas extranjeros- que se enseñaban ahora al lado de cátedras más tradicionales, como las de gramática latina, a cargo de los bachilleres Lázaro Ramos y Manuel del Río. Se lograba ampliar así el cuadro de intelectuales que estaban al frente de las distintas cátedras ofrecidas, en las que los letrados encontraron un espacio para ejercer la docencia, para difundir el conocimiento, para publicar libros y hasta para lograr ocupar puestos políticos en la sociedad republicana. De cierta forma los letrados, con vocación jurídica y humanística, innovaban la tradición anterior, al crear una institución universitaria de perspectiva liberal en la que había espacio para enseñar economía política, derecho internacional, los derechos del hombre y del ciudadano, e impartir clases de pilotaje, cosmografía y artillería, gramática francesa e inglesa, entre otro tipo de enseñanzas que resultaban novedosas frente a las antiguas cátedras (de lugares teológicos, doctrina cristiana, derecho romano y patrio, o de gramática latina) impartidas en la sociedad colonial.

Al lado de esos letrados con formación jurídica, también encontramos los dedicados a la enseñanza de las ciencias médicas, a pesar de las dificultades para conseguir catedráticos en esa facultad. En 1832, por ejemplo, los cursantes de medicina se quejaban porque no habían recibido las lecciones debido a que, tras “haberse fijado edictos para la provisión de la cátedra, no se habían presentado opositores a ella” (^{“Cátedra de medicina” 1832}). Ante esa circunstancia, el rector, José Joaquín Gómez, consultó si un catedrático podía desempeñar dos cátedras y tomó la determinación de nombrar a José Dionisio Araujo -profesional en el ramo de la medicina y hasta ese momento catedrático de filosofía- como catedrático de medicina³⁶. Lo llamativo, empero, es que, debido a la falta de profesores graduados en medicina, los letrados de las ciencias médicas veían la oportunidad de ascender e ir conquistando privilegios en la Universidad. De hecho, Araujo -durante el rectorado de Eusebio María Canabal, a quien había posesionado el 1º de enero de 1836- logró que lo nombrarán director de la Facultad de Medicina instalada el 22 de diciembre de 1836 (^{“Facultad de medicina” 1837}).

Igualmente, José Dionisio Araujo pudo seguir dando las clases de filosofía y la de medicina. La asignación de estas sirvió para que en 1836 se nombrará a otro docente de medicina, en especial para que asumiera la nueva cátedra de cirugía y anatomía teórica y práctica, que la Subdirección de Instrucción Pública proponía fuera otorgada al

[…] Catedrático Sr. Dr. Toribio Domínguez, manifestando […] que la razón por que solo se propone á un individuo, es por carecerse de graduados en la facultad, pues que el otro que hay Sr. Dr. Dionisio Araujo, parece á esta Subdirección no puede leer tal Cátedra, por desempeñar en el día la de filosofía y medicina.³⁷

Ahora bien, esta presencia de los catedráticos en la Universidad daba cuenta del proceso de separación de la educación teológica de la secular. Si bien Francisco de Paula Santander suprimió en 1826 los títulos de filosofía (López 1990, t. 3, 398), no menos cierto es que el reconocimiento de los títulos de derecho, medicina y teología permitió el funcionamiento de distintas facultades y, por tanto, abrió la posibilidad de vincular a varios letrados civiles y, paulatinamente, a los médicos a la Universidad del Magdalena e Istmo. Estas vinculaciones en gran medida se produjeron en el periodo rectoral de Eusebio María Canabal entre 1833-1837, periodo en el cual también ingresaron a la universidad algunos letrados con conocimientos náuticos.

En efecto, si bien la Escuela Náutica empezó a funcionar desde el 29 de marzo de 1824, quedó definitivamente incorporada a la Universidad del Magdalena e Istmo en 1833 (^{“Decreto del poder ejecutivo sobre la Escuela Náutica” 1833}). A pesar de no conceder títulos, este espacio de aprendizaje surgió como una iniciativa -supervisada por la Secretaría de Guerra y Marina- para entrenar a los pilotos fluviales en el manejo de los barcos de guerra (^{Lane Young 1994, 100}). Por esta razón, desde sus inicios tuvo como catedráticos a los capitanes de navío Rafael Tono y Pedro María Iglesias (^{López 1990, t. 1, 65}). En particular, Tono contaba con una amplia experiencia naval asociada a las campañas libertadoras a favor de la independencia, pues se había desempeñado como jefe de la Armada republicana en 1815 y estuvo enrolado en la escuadra de marineros comandada por José Prudencio Padilla en la campaña de pacificación del Zulia y de Maracaibo. Por su parte, Iglesias fue siempre presentado como capitán de navío graduado (^{Porto 1943, 69-71}; ^{“Certámenes públicos” 1834}). Tras su vinculación a la Universidad, tanto Tono como Iglesias abrieron la posibilidad de ampliar las enseñanzas en el campo de la instrucción militar de la Marina, gracias a las clases de pilotaje (que incluían lecciones de aritmética, geometría elemental y trigonometría logarítmica, y, sobre todo, de cosmografía y artillería). Naturalmente, tales cátedras, referidas a los conocimientos náuticos, completaban el diverso paisaje intelectual de una Universidad abierta a posibilidades de estudios distintas a los de la religión católica.

En resumen, la Universidad del Magdalena e Istmo acentuó aún más la presencia de un grupo de letrados (con vocación jurídica, humanística, naval y médica) que se diferenciaba de las órdenes religiosas. Muchos de esos letrados veían los estudios superiores como un trampolín para ascender e intervenir en la política de la sociedad republicana. El rector y el vicerrector frecuentemente se ausentaban de sus cargos para asistir como representantes en el Congreso³⁸. Asimismo, algunos catedráticos se valieron del estatus que daba la institución universitaria para publicar sus primeros libros, dirigir las facultades existentes, aspirar a la rectoría y, en definitiva, para construir un capital simbólico que utilizaban al momento de acceder a cargos eclesiásticos, públicos o diplomáticos como ministros, jueces, embajadores, gobernadores, alcaldes, maestrescuelas, obispos, entre otros.

No se puede dejar de señalar asimismo que, pese a los avances de la secularización, persistía un grupo de eclesiásticos (ya no tan dominante como en la sociedad colonial) que se valió de la Universidad para seguir impulsando los estudios superiores en la facultad de teología y, sin duda, para ascender en el ámbito religioso. Quizás, su figura más importante era el exrector José Joaquín Gómez quien, aparte de dar clases de teología dogmática y moral, y de teología moral práctica (^{“Progresos de la educación” 1833}), era uno de los catedráticos más antiguos y tenía el respaldo del Obispo Juan Fernández de Sotomayor. Al lado de Gómez, vale destacar también, la presencia de Juan Francisco Manfredo y Ballestas, nacido en Cartagena a finales del siglo XVIII y nombrado canónigo en la Catedral de esa ciudad (^{Ospina 1927, t. 1, 624}), quien enseñó los cursos de lugares teológicos y apología de la religión cristiana hasta el año de 1839 cuando decidió renunciar a la universidad, para dedicarse a otras ocupaciones ministeriales en el ámbito religioso³⁹.

Recordemos que Manfredo y Ballestas había estudiado en el antiguo Colegio Seminario de San Carlos, donde fue ordenado sacerdote en 1813. Quince años después (en 1825), tras desempeñarse en varios curatos y oficios, fue nombrado canónigo de la Catedral de Cartagena en 1825 (^{Uribe 1918, 388-389}). Asimismo, Manfredo y Ballestas fue de los catedráticos más antiguos de la Universidad del Magdalena e Istmo, pues su nombre se refiere en las actas de la Junta General durante las elecciones a rectoría en 1832 y, del mismo modo, aparece como examinador en los certámenes literarios⁴⁰. En 1835, siendo catedrático, Manfredo y Ballestas remplazó a José Joaquín Gómez como canónigo penitenciario de la Catedral de Cartagena (^{Corrales 1889, t. 3, 252-253}).

Tras su renuncia a la Universidad en 1839, Manfredo y Ballestas aprovechó toda la experiencia adquirida y el paso por la institución para seguir ascendiendo en los cargos eclesiásticos, hasta tal punto que fue preconizado Obispo de Panamá por parte del gobierno neogranadino en 1845 (^{Uribe 1918, 389}). Manfredo y Ballestas representaba así a la figura del letrado eclesiástico que empezó a construir cierta posición social y política tras su estadía en la Universidad y en la Catedral. Tan importantes fueron sus labores que la Junta General no admitió su renuncia sino hasta cuando pudo encontrar y nombrar al catedrático (también con formación jurídica) Marcelino José González⁴¹.

Juan Francisco Manfredo y Ballestas, al igual que José Joaquín Gómez, Mateo González Rubio y Manuel Benito Revollo, hacían parte del grupo eclesiástico que intentaba conservar el poder político de las órdenes religiosas en la Universidad del Magdalena e Istmo. Revollo, restituido junto con Juan Fernández Sotomayor en el curato de Mompox pasado el año 1821 (^{Jiménez 1950, 28}), aspiró incluso a la rectoría de la Universidad en las elecciones de 1831⁴². Por su parte, González Rubio -formado también en el Seminario Conciliar San Carlos Borromeo-, después de perder en 1832 las segundas elecciones a la rectoría ante Eusebio María Canabal, ocupó las sillas de arcediano (en 1832) y de deán (en 1834) de la Catedral de Cartagena y, posteriormente, fue investido en 1840 como obispo auxiliar de Popayán, con residencia en Pasto (^{Uribe 1918, 259-260}; ^{Corrales 1889, t. 3, 252}). Así pues, pese a sus derrotas electorales y a la paulatina pérdida del control político en la educación superior, tras su paso por la Universidad muchos eclesiásticos lograron trascender y afirmar su autoridad en otros escenarios de poder en el ámbito religioso y político a nivel local y nacional.

A modo de cierre

Tras la renuncia de Eusebio María Canabal, Bernardo José de Garay fue el último teólogo que ocupó la silla rectoral en la Universidad del Magdalena e Istmo, del 3 de mayo de 1837 al 31 de diciembre de 1838. No obstante, su experiencia en dicho cargo fue poco agradable. Al final de su gobierno se quejó porque lo obligaron a convocar unas nuevas elecciones a rectoría cuando aún no habían pasado los tres años de su mandato y, adicionalmente, mencionó que en las elecciones se presentó un total desorden, hasta tal punto que “salieron papeletas en blanco y en mayor número que el de los sufragantes”⁴³. El abogado Ildefonso Méndez llegaba entonces a la rectoría en medio de un cuestionamiento público a las formas electorales, es decir, a la apertura de los espacios políticos disponibles para los catedráticos en la elección de los principales representantes de las leyes académicas que se había impuesto en la institución universitaria.

En todo caso, el principio de la representatividad sometido a la deliberación electoral, que anunciaba los avances de la democracia representativa, llegó y empezó a trazar su camino -con sus éxitos y fracasos, con sus libertades y vicios- en las universidades del país. El derecho a votar y ser elegido representó las aspiraciones de cambio o permanencia que tenían los letrados frente a la Universidad que deseaban construir. En el contexto político de esas experiencias, a pesar de la poca autonomía que tenían las instituciones universitarias para nombrar a sus catedráticos sin la aprobación de los gobernadores y el poder ejecutivo, no cabe duda de que fue emergiendo una universidad abierta a una diversidad de conocimientos que iban desdibujando la condición clerical y afirmando los desarrollos de la secularización en el campo intelectual. Esta apertura de conocimientos fortaleció la representación de la Universidad como instrumento de intervención en la vida política de las sociedades, pues detrás del panorama electoral subyacían también las aspiraciones de muchos catedráticos de trascender y conquistar privilegios o cargos políticos en la sociedad republicana gracias al paso por la Universidad.