Hallazgos y discusión

El análisis de los 59 documentos seleccionados de la revista Debates y el suplemento Almater sobre percepción de los actores académicos entorno a la participación permitió sistematizar los hallazgos en cuatro categorías, de mayor importancia y frecuencia:

La participación en torno a la investigación

Las autoridades universitarias conciben la participación democrática como la convocatoria abierta a presentar proyectos de investigación y el indicador del aumento de la participación de la universidad como líder en la creación e impulso de grupos de investigación estudiantil y profesoral, en el ámbito local, regional, nacional e internacional de todas las áreas académicas, incluyendo las ciencias sociales y humanas.

En opinión de ^{Mahecha (2009}; ²⁰¹¹), la investigación como parte de los ejes misionales de la universidad, junto con la docencia, la extensión y la administración, debe articularse al plan de trabajo docente en cada unidad académica. No obstante, en la práctica de algunos ámbitos universitarios, no es evidente la equidad de condiciones para acceder a grupos de investigación y recursos para realizar investigaciones, pues se privilegia el apoyo a investigaciones de corte empírico-analítico, sobre las investigaciones cualitativas de enfoque hermenéutico.

El interés manifiesto de la investigación positivista de desarrollar conocimientos estrictamente objetivos ha negado la importancia del estudio de fenómenos sociales inconmensurables. En este sentido, la participación debe comprometer a los actores académicos universitarios como abiertos al diálogo interdisciplinario. Desde una perspectiva holística, la investigación en el ámbito de la educación superior debe ser concebida para garantizar que el interés por investigar sobre un tema particular, concretado en el marco de procesos democráticos, incluyentes y participativos. Asimismo, la identificación de un problema social que amerita ser investigado desde enfoques hermenéuticos debe ser valorada y evaluada desde marcos argumentativos y no de ponderaciones, sino sobre el impacto humano y social, apoyado en parámetros cuantitativos, cualitativos o mixtos.

Participación desde el medio radial de comunicación universitaria

El principal medio radial de la Universidad de Antioquia es la Emisora Cultural. Esta cuenta con programas de extensión enlazados a otras cinco emisoras en puntos estratégicos de la geografía antioqueña. Se concibe como un medio de participación amplio que enaltece la conexión radial con la población local y regional. Se trata de una estrategia educativa y cultural innovadora de extensión e impacto social en las comunidades regionales. Es posible afirmar que el medio radial logra cierta participación ciudadana si cumple con el reto de crear medios de comunicación educativa que mejoren los aprendizajes integrales y aporten a la formación ciudadana y la justicia social (^{Marulanda, 2012}; ^{Rincón Castellanos, 2006}; ^{Franco 2005}).

Para ^{Freire (2010)} la educación es comunicación -diálogo- en la medida en que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, un diálogo de saberes que tiene la intencionalidad de posicionar el discurso académico de la participación en los órganos de decisión política de la universidad, desde los ámbitos regional y nacional. Se plantea, entonces, el reto de contribuir a formar ciudadanos para la participación activa en órganos de decisión política. Para tal efecto, se necesita diferenciar entre difusión, información y educación.

Desde la mirada de ^{Nieto (2013)}, el medio radial de comunicación facilita cierta participación, pero exige formas democráticas organizadas desde la interdisciplinariedad, la multiculturalidad y la intersectorialidad. De ello se puede colegir la importancia de ampliar los contenidos del espacio radial al debate académico con las autoridades responsables de las decisiones. La oportunidad y el reto de la comunicación radial educativa, en cercanía al pensamiento de Castro (2007) y ^{Cortés (2011)}, implica acciones y procedimientos integrados y regulados al contexto de las realidades sociales. En dicho contexto, la comunidad universitaria tiene un papel político en la divulgación de la información académica y en el fomento de la educación holística (^{Yus Ramos, 2001}), conexa a la salud y la vida, con el propósito de ayudar a la satisfacción de las necesidades básicas humanas.

El acercamiento a la opinión de ^{Franco (2005)}, ^{Mascarozf (2008)}, ^{Moreno y Vergara (2006)} y ^{Restrepo (2006}; ²⁰¹¹) permite inferir que la responsabilidad social de la información y la comunicación como un bien público, en derecho, se determina por la contribución que se haga a la cimentación del conocimiento humano y a la transformación de la sociedad. Mediante un lenguaje que eduque en forma clara, precisa y completa. La participación directa en las decisiones de impacto social, requiere la creación de espacios de raciocinio académico-político, redes de análisis y discusión permanente de las realidades sociales desde lo académico, lo político-económico, lo sociocultural, lo tecnológico y lo ambiental.

La convivencia ciudadana en la universidad

Algunos artículos señalan proyectos desarrollados por la universidad en equipo con la alcaldía de Medellín, Colombia, integrados a una comunidad objetivo. El más evidente es el proyecto Mujeres Talento, que engrandece un modelo de mujer, alternativo al estándar del mercado. El propósito es educar a la mujer en la necesidad de superar dos puntos negativos para su desarrollo integral sostenible: uno, no debe ser centro de consumo y dos, debe convertirse en el tipo de mujer inteligente y emprendedora que supera la sombra de la misoginia.

Acorde al pensamiento de ^{Pérez (2012)}, este proyecto es una forma de imprimirle valor a la mujer; además, es un avance hacia la construcción de la convivencia. No obstante, desde la opinión de ^{Veiga (2007)}, se interpreta inexistencia de otros planes, programas y proyectos integrales continuos en contexto sobre cómo alcanzar una convivencia óptima para todos. En los enfoques de ^{Ossa Escobar (2009)} y ^{Galeano Londoño (2010)}, se observa que estos proyectos exigen consenso desde una biopolítica de inclusión: validar el impacto social en el tiempo y el permanente carácter institucional. Esto permite pensar que las instituciones educativas están en deuda con la sociedad, en cuanto a la formación integral en la participación en las decisiones que afectan a las comunidades y en la ciudadanía sostenible.

De ahí lo ineludible de la responsabilidad social de todos los actores académicos de construir juntos subjetividades optimistas desde el aula de clase, con y para las comunidades más necesitadas que requieren acompañamiento psicosocial. Un compromiso democrático de educar para la participación directa y la convivencia. En este sentido, resulta importante forjar el desarrollo del pensamiento político transdisciplinar y multicultural que permita a los estudiantes, académicos y ciudadanos ser partícipes en las decisiones políticas que los afectan, con sentido de pertenencia por el territorio en cada contexto.

Participación desde el encuentro con el cine

Esta categoría hace referencia a un programa que funciona desde hace 20 años. Este busca establecer un vínculo entre los estudiantes y la dimensión cultural en el entorno universitario. Se trata de una concepción integral que aporte a los procesos de convivencia y mejoramiento de las relaciones entre los integrantes de la comunidad universitaria a través del arte, sobre la base de la introducción de la cultura en el plan de desarrollo universitario, en perspectiva de derechos.

El encuentro con el cine pretende, a través de cine foros, ampliar la visión de la cultura universitaria de una manera holística, unida a la vida cotidiana del universitario. Sin embargo, solo logra la atención de una minoría de la población estudiantil. En este sentido, amerita comentar dos asuntos que manifiesta ^{Galeano Londoño (2007a}; ^2007b). El primero, relacionado con pensar estrategias educativas psicopedagógicas y sociales encaminadas a que los estudiantes vean la importancia de la educación de calidad, ligada al arte con proyección social. El segundo punto, relacionado con el desafío de educar en aprender, desaprender y reaprender para el cambio de paradigma, exige de las autoridades consciencia en la selección de docentes capacitados y habilidosos, con un perfil académico-humano integral, acompañado de formación permanente.

De otro lado, este análisis encontró otra categoría emergente de contenido sobre participación y convivencia en torno al proyecto Programa de Guía Cultural. Este se percibe como un plan institucional de participación ciudadana, que asume el desarrollo de la diversidad cultural como una parte de la dimensión política. Al respecto, ^{Mira (2013)} y ^{Rendón (2010)} explican el deber de la universidad de educar-formar en la práctica de la controversia, en diálogo de saberes para superar situaciones de crisis. Según ^{Aparici (2010)}, ser dialógico constante de la realidad es empeñarse en la transformación, no invadir ni manipular ni imponer consignas.

En perspectiva de derechos, la universidad con este proyecto muestra un avance, pero debe crear otras experiencias lúdicas por procesos continuos, mediante el desarrollo integral de estos programas culturales que forjen una práctica para fortalecer la educación con calidad humana, del mismo modo que estimule la convivencia y la participación activa de los integrantes de la comunidad universitaria.

Hallazgos de la segunda etapa

Las entrevistas a las organizaciones reconocidas en la universidad (17 grupos focales) se relacionan en las tablas 1 y 2 (anexo). Los datos reunidos en ellas sugieren que los representantes de la comunidad académica universitaria consultada expresan una concepción sobre la participación activa que refleja una idea de democracia. Esta se aproxima a los hallazgos de la primera etapa y al análisis de la revisión documental de contenidos en torno a la participación activa. Llama la atención la insistencia en los conceptos de estas organizaciones consultadas sobre participación y convivencia en el marco de un ESD, al concebir procedimientos y actividades simples que realizan, como medios de promoción a la participación en órganos de decisión. Esto sugiere que la participación de las organizaciones en los órganos de difusión de la Universidad de Antioquia se acerca más a la concepción de una democracia representativa.

Tabla 1 Concepciones de los representantes de asociaciones de la Universidad de Antioquia en torno a la participación y convivencia 

Tabla 2 Concepciones de los representantes de las oficinas de bienestar estudiantil de facultades acerca de la participación y convivencia 

La noción de algunos representantes universitarios en los órganos de decisión en torno a las dimensiones de la participación en las decisiones institucionales, en perspectiva de derechos, se aleja del significado amplio de la participación activa. En este sentido, se requiere de indicadores de participación en las decisiones que den cuenta de cómo procesar situaciones críticas de forma oportuna y efectiva de modo permanente; por ejemplo, acordar cómo intervenir variables psicosociales críticas como el rendimiento deficiente de muchos estudiantes y empleados; el aumento exponencial del consumo de psicotrópicos ilegales; la deserción estudiantil; las violencias diversas, y la incursión de la fuerza pública en los campus. Situaciones críticas que requieren acciones y procedimientos académicos e investigativos continuos, hacia la innovación de la educación cívica integral en constructos de la responsabilidad social y de una convivencia sana y sostenible para tejer resiliencia juntos.

En afinidad con el pensamiento de ^{Pineda (2014)} y ^{Gómez (2012)}, estos hallazgos se alejan de la concepción teórica, social, filosófica, política y de la praxis democrática real. Un asunto que debe ser materia de interés para todos los involucrados, ya que la falta de claridad sobre el significado de la participación activa limita la responsabilidad social de los líderes de exigir una democracia real que motive acciones y procedimientos de hechos en defensa de los derechos humanos y la ciudadanía. Esta situación puede interpretarse como una necesidad de formación política que debería dotar de capacidades y habilidades a los ciudadanos para participar en los órganos de decisiones.

Esta realidad, en afinidad con el pensamiento de ^{Rubiano (2012)} y ^{S. A. (2007)}, se explica como una crisis en la representación de los estamentos. Existe un escaso control político de los ciudadanos en las decisiones de impacto social de los gobernantes. Asimismo, para ^{Cortés (2005}; ²⁰¹¹), ^{Franco (2006)} y ^{Nieto (2012)}, esta percepción permite pensar que se demanda evolución de la educación integral sobre la base del sentido de una PPE beneficiosa que conciba la práctica de posibilidades alternativas (PPA) en el marco de los procesos complejos de lo biosociopolítico coherente con el saber hacer en el deber ser de la ciencia, la tecnología y la innovación social.

Se trata de renovar el sentido de la concepción de una biosocio-política centrada en el derecho a la vida con dignidad, que permita el desarrollo holístico sistemático del ser humano inmerso en un mundo globalizado. La construcción de subjetividades sobre la base de participación estructurada y organizada en los órganos de decisión política debe exigir garantía y protección de los derechos humanos, como el derecho a la gratuidad de la educación superior de los jóvenes con calidad e inclusión social, para la construcción de la convivencia y la dignidad humana con calidad de vida.

En concordancia con ^{Rendón (2010)} y ^{Medina (2013)}, se observa que el intento de cierta organización gremial en diálogo de saberes entre los representantes de varios estamentos, multiestamentaria, está en coherencia con ^{S.A. (2012)}: pretende motivar la práctica en la comunidad universitaria de vivir su propia ciudadanía desde el horizonte de la conexión de la triada de compromisos-derechos-libertades, un espacio dinámico de reflexión y discusión en construcción de subjetividades; un proceso complejo de desarrollo de cultura ciudadana, que busca intereses comunes para el control político de las decisiones de las autoridades universitarias. Sin embargo, la multiestamentaria requiere más organización y coordinación para consolidarse. Sus representantes tienen el reto de fortalecerse para lograr una mayor y mejor participación directa en el control político.

Para el logro de este desafío, sumando al pensamiento de ^{Orozco (2011)} y ^{Ortega y Domínguez (2001)}, se requiere el compromiso con la misión de la organización, máxime de las instituciones públicas; por ejemplo, de ser un referente en valores éticos y morales. Estos deben primar sobre la letra muerta en el papel y superar la praxis retórica y demagógica corporativa de autoridades gubernamentales que no favorece la participación activa de todas las voces diversas de los actores representantes en los espacios donde se toman las decisiones de interés colectivo.

Los campus deben innovar la educación integral biopolítica y optimista para el cambio de paradigmas ambiguos e inconsistentes, un reto para lograr la armonía virtuosa de intereses comunes entre la interrelación dinámica de la universidad con el Estado y la sociedad civil, tanto en el ámbito local como mundial. Este ideal se acerca al pensamiento de ^{Ríos (2013)}, ^{S.A. (2012)} y ^{Villamil (2010)} en resistencia al autoritarismo que no aporta de forma real a la solución de las necesidades básicas de los más necesitados.

Acorde al saber de ^{Rincón Castellanos (2006)}, las actitudes y prácticas democráticas de las autoridades son aquellas orientadas a derechos civiles (libertad individual), políticas (participación activa en las decisiones política) y sociales (trabajo, educación, salud, vivienda). Lo anterior se evidencia en hechos cotidianos que afirman la responsabilidad moral, ética, jurídica y social de los responsables directos de las decisiones políticas para el bienestar común. Por el honor que les dieron de ser líderes (no jefes), gestores sociales de acciones de PPE, emisores del gobierno en el marco de un ESD. En este sentido, se deben facilitar condiciones equilibradas de participación directa en las decisiones de tipo administrativo, académico, social, cultural, financiero, político y jurídico.

En acercamiento a la opinión de ^{Franco (2006)}, a las autoridades responsables directas de las universidades, en un ESD, les corresponde propiciar las condiciones de diálogo de saberes necesarias que faciliten una participación activa y diversa para el análisis profundo de las complejas realidades universitarias. Estas deben ser analizadas a profundidad por un equipo intersectorial, capacitado en el diálogo de saberes de forma transdisciplinar-multicultural; esto implica habilidad objetiva institucional para ser un emisor-receptor y escuchar-hablar y proponer la solución de las problemáticas desde aspectos universitarios y comunitarios amplios. La misión y razón de ser de las universidades es formar ciudadanía, mediante la participación pluralista institucional que procure el surgimiento de líderes íntegros y grupos y movimientos diversos para el consenso relacionado con la distribución equitativa de recursos materiales, los servicios simbólicos y de talento humano capacitado y con habilidades en el saber-hacer en el deber ser oportuno y efectivo en lo cotidiano.

En este sentido, los ideales de ^{Orozco (2011)} y ^{Ortega y Domínguez (2001)} sugieren que las autoridades universitarias responsables directas de las decisiones tienen tácita la democracia real: una responsabilidad social, política, jurídica, ética y moral de ser referente para forjar la participación directa de la ciudadanía. Sin embargo, en ocasiones, la administración de las universidades públicas se encuentra mayormente orientada a seguir las prescripciones corporativas de la democracia representativa y el pragmatismo razonado del neoliberalismo. Una perspectiva opuesta a la participación directa y activa,¹ basada en la CP y en el ESD, cuyos principios universales son la favorabilidad, equidad, oportunidad, transparencia y proporcionalidad, entre otras. Estos principios deben ser objetivos y visibles en beneficio de los seres humanos, la institución y la sociedad.

Asimismo, las autoridades responsables directas de las decisiones de interés público deben tener la disposición de ponerse del lado de los actores académicos para facilitarles espacios incluyentes y las condiciones necesarias para el análisis y la discusión amplia de los problemas humanos, sociales y ambientales, bajo el sentido crítico intersectorial, donde se practique el ejercicio de la ciudadanía en el marco de los criterios de legalidad, legitimidad y reciprocidad en las decisiones de impacto académico, político, económico, sociocultural, tecnológico y ambiental, entre otros.

La participación activa se entiende a partir de las hipótesis de ^{Villamil (2010)} y ^{S. A. (2012)}. La premisa de la gestión democrática real de las mayorías en los órganos de decisión que afectan a la sociedad es la ruta de la construcción de ciudadanía. Esta se concibe como un modo de ser y actuar aprendido o adquirido para el desarrollo del sentido crítico. Una herramienta educativa indispensable para afianzar la democracia a través de la fuerza de los argumentos de los representantes de los estamentos e influir en las decisiones de interés colectivo. Una forma de resistencia civil por el bien común se refiere a la construcción de relaciones intersubjetivas desde miradas pluralistas para la intervención de las necesidades de subsistencia y axiológicas básicas humanas.

En opinión de Veiga (2006), ^{Vasco (2010)}, ^{Uribe (2011)} y ^{Medina (2013)}, se concibe el logro de la convivencia como parte de la democracia real que favorece la comunicación bidireccional, efectiva y oportuna. Esta acoge las autonecesidades, las necesidades del otro y las necesidades del todo como un pacto responsable de todo acuerdo que construya comunidad y tejido social. Asimismo, la convivencia se percibe como un refugio y un deseo asentada en una ética y moralidad consciente de aprendizajes para el desarrollo de la educación, la formación y el desarrollo integral sostenible con calidad e inclusión.

El análisis de este soporte teórico y científico-filosófico de carácter fenomenológico-interpretativo sobre la concepción de los contenidos de la participación activa de los representantes gremiales en las decisiones políticas que afectan a la sociedad y la convivencia sana deben ser una prioridad de los representantes de los gobiernos. Además, ellos deben considerar la educación cívica integral como los pilares esenciales para el desarrollo humano integral sostenible y la construcción de capital social. Hacia el futuro se debe pensar otro modelo educativo y formativo de aprendizajes que permita forjar constructos de la participación en democracia real, donde la esencia sea la sana convivencia para la transformación social y el progreso territorial (^{Ortega & Domínguez, 2001} ; ^{van Gingek, 2005}; ^{Orozco, 2011}; ^{Tobón et al., 2012}). Esta actitud y práctica ayudan a resolver las causas estructurales que inducen a violencias que afectan la convivencia en la vida académica.