Introducción

La consolidación de la República Popular China¹ como nueva potencia mundial parece un hecho indiscutible (^{Shambaugh, 2013}). Al mismo tiempo, la creciente extensión de los intereses de China en América Latina ha generado que este país sea ya un socio comercial e inversionista de primer orden en la región (^{Cepal, 2015}). Evidentemente, estos intereses están vinculados estrechamente a la urgencia por asegurar los recursos naturales y energéticos que garanticen el desarrollo industrial y urbano chino (^{Wigell, 2016}). Así, el interés de ese país por los recursos minerales se ha vuelto patente, sobre todo en lo que respecta al hierro, cobre, aluminio, bauxita, plata, zinc, litio, níquel, plomo y estaño (^{Roldán, et al., 2016}).²

En la actualidad, los intereses de China en América Latina son considerables, con empresas y marcas que alcanzan cada vez más mayor notoriedad. Este fenómeno tiene distintos motivos, entre ellos, alcanzar el reconocimiento de ser una potencia mundial; el deseo de fortalecer su moneda; la búsqueda por obtener ventajas derivadas del libre comercio; y el impulso por el desarrollo económico en diferentes áreas. Es una vinculación en la que tres tipos de actores -el Estado, las empresas y las organizaciones cuasigubernamentales- están involucrados, por medio de una estrategia clara e integral, en el desarrollo de sólidos vínculos económicos con la región (^{Yang, 2015}). En este sentido, aprovechar los recursos minerales de la región, al igual que sucede en otras partes del mundo, es parte fundamental de la estrategia china que combina la aspiración por presentarse como una potencia global, a la vez que garantiza para sí misma el acceso a las materias primas básicas indispensables para mantener su constante crecimiento económico (^{Lemus, 2015}).

Sin embargo, el otro lado de la moneda muestra que las actividades de empresas extractivas han provocado la degradación del medio ambiente y han generado duras condiciones laborales. El mapa de la minería en América Latina es desolador, si se observa el impacto que tiene en el medio ambiente y en el tejido social, principalmente en las comunidades indígenas y en los sectores sociales más desprotegidos. Aunque con la inversión en este sector se llevan a cabo algunas acciones en beneficio social, en el fondo se trata de un espejismo del modelo neoextractivo que se inscribe en la lógica del sistema mundo moderno. Este modelo permite presumir a los gobiernos impresionantes cifras de inversión extranjera directa, pero tras los números se esconde el deterioro de selvas, montañas, cerros y ríos, así como el desplazamiento de comunidades indígenas, la pérdida de identidad tribal o la marginación de aquellos que de la minería solo saben las miserias, las enfermedades del cianuro o la pérdida de sus tierras ancestrales. No obstante, a la par de la expansión de la industria minera surgen diversos movimientos sociales como una forma de resistencia. Son la expresión de demandas locales reivindicativas que aspiran a limitar los efectos negativos derivados del modelo extractivo mencionado.

El objetivo de este artículo es analizar la relación entre la expansión de China en América Latina y el surgimiento de los movimientos sociales considerando específicamente el caso de las compañías mineras. La pregunta de investigación en que se sustenta este artículo es si la expansión de las compañías mineras chinas en los países latinoamericanos está generando las condiciones para el surgimiento de movimientos sociales antisistémicos. El supuesto que está detrás de esta pregunta es que en la medida en que las compañías chinas son motivadas por la lógica del capital y el beneficio económico, bajo la visión de un Estado que tiene aspiraciones por convertirse en una potencia global, producen externalidades que impactan en la vida de las comunidades en las que se localizan estas compañías que pueden generar el surgimiento y consolidación de movimientos antisistémicos.

Para analizar la relación entre compañías mineras chinas y movimientos sociales, este artículo se enmarca en la propuesta teórica del sistema mundo de Immanuel Wallerstein. Esta teoría sostiene que la lógica del capital es la que enmarca las relaciones entre los Estados en el sistema internacional y, al mismo tiempo, determina las relaciones en el interior de los Estados entre los diversos actores. Por lo tanto, el gobierno chino en el plano internacional y las compañías mineras chinas que operan en los países latinoamericanos actúan teniendo en común la misma finalidad: el aprovechamiento de las condiciones derivadas de un sistema capitalista que privilegia la racionalidad del beneficio económico sobre otro tipo de racionalidades.

El presente artículo se divide en cinco secciones, además de esta introducción. En la primera se analizan teóricamente las características fundamentales del sistema mundo moderno, la polaridad entre núcleo y periferia, y el ascenso de China en este contexto, así como el surgimiento de movimientos sociales antisistémicos en Latinoamérica. El segundo apartado aborda la expansión de China en el sector minero en América Latina, con énfasis en su avance en la región, y la reformulación paulatina de sus intereses. En el tercero, se expone la situación de los conflictos mineros en América Latina, enfatizando en aquellos que atañen directamente a empresas chinas. El cuarto apartado trata sobre el impacto social y ambiental de las empresas mineras chinas, con una sucinta comparación con las prácticas en la minería de otros actores relevantes, principalmente empresas transnacionales de diferentes países. En el quinto, se presentan las conclusiones, donde se establece que, en el actual momento de bifurcación³ del sistema mundo moderno, la presencia de los movimientos sociales en el ámbito de la minería constituye un medio que posibilita la construcción de un escenario alterno al sistema capitalista actual.

China, sistema mundo moderno y movimientos antisistémicos

La propuesta teórica del sistema mundo moderno ofrece una visión holística que permite analizar el ascenso de China en el escenario internacional y su búsqueda insaciable por garantizar los recursos naturales, así como entender los movimientos sociales que han surgido como consecuencia de la presencia de compañías mineras chinas en Latinoamérica. Es decir, se trata de una aproximación teórica que permite comprender las dinámicas de acumulación y resistencia desde una mirada sistémica que supere los estrechos márgenes del análisis de un sistema internacional que prioriza al Estado-nación como la unidad de análisis fundamental. Seguidamente, se presenta un análisis del sistema mundo moderno, que se complementa posteriormente con un aspecto tan importante como es la polarización que genera y el surgimiento de movimientos sociales antisistémicos en Latinoamérica.

Polaridad de núcleo y periferia

Desde la perspectiva de Wallerstein, la división internacional del trabajo conduce a la existencia de dos regiones interdependientes: núcleo y periferia. Estas son geográfica y culturalmente diferentes, una centrada en la mano de obra intensiva y la otra, en la producción de capital intensivo (^{Goldfrank, 2000}). La relación núcleo-periferia es estructural. Los Estados semiperiféricos actúan como una zona de amortiguación entre el núcleo y la periferia, y tienen una mezcla de los tipos de actividades e instituciones que existen en ellos (^{Skocpol, 1977}).

Entre las estructuras más importantes del actual sistema mundial está una jerarquía de poder entre el núcleo y la periferia, en la que las sociedades poderosas y ricas 'dominantes' someten y explotan a las sociedades periféricas débiles y pobres. Los países avanzados o desarrollados son el núcleo, y los menos desarrollados están en la periferia. Los países periféricos están estructuralmente obligados a experimentar una especie de desarrollo que reproduce su estatus subordinado (^{Chase-Dunn & Grimes, 1995}). La fuerza diferencial de los múltiples Estados dentro del sistema es crucial para mantener el sistema en su conjunto, ya que los Estados fuertes refuerzan y aumentan el flujo diferencial de excedente a la zona central (^{Skocpol, 1977}). Es lo que Wallerstein llama intercambio desigual y la transferencia sistemática del excedente de los sectores semiproletarios en la periferia al núcleo industrializado de alta tecnología (^{Goldfrank, 2000}). Esto conduce a un proceso de acumulación de capital a escala global e implica necesariamente la apropiación y transformación del excedente periférico.

Es interesante notar que frente al extractivismo tradicional -un modo de desarrollo basado en la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales que experimentan una mínima transformación en el país de origen y que generan escaso valor agregado para la exportación-, el neoextractivismo mantiene la lógica exportadora de productos primarios en la que los Estados nacionales adoptan un papel más protagónico. Estas exportaciones son las principales generadoras de divisas que buscan equilibrar la balanza de pagos, contribuir a la cancelación de obligaciones financieras y a la legitimización política a través de políticas asistencialistas (^{Murguía, 2015}). El rol del Estado latinoamericano, en el fondo, consolidó esta estructura internacional como región subordinada al capitalismo central, aunque generó beneficios sociales a corto plazo. En contraste con un solo sistema económico capitalista a nivel mundial, en el actual sistema mundo moderno existen numerosas entidades políticas. Esto es una parte fundamental del sistema, ya que si un solo Estado fuera capaz de asumir todo el control de los procesos económicos, entonces la economía mundial podría ser controlada políticamente. Por lo tanto, un sistema interestatal es un elemento necesario del sistema mundo (^{Flint & Taylor, 2007}). Por esta razón, este sistema requiere necesariamente del auge y caída de las naciones, por lo que el dominio hegemónico de un Estado es intrínsecamente temporal y finito.

Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos salió enormemente fortalecido en su capacidad productiva, siendo capaz de transformar rápidamente su ventaja económica en superioridad política, militar y cultural. Además, su fuerza se sostuvo e incluso aumentó durante los siguientes 25 años (^{Wallerstein & Núñez, 1999}). En la actualidad, sin embargo, presenciamos el declive de su hegemonía, mismo que se originara a partir de la crisis de 1972 (Wallerstein, 1996). China, fiel a su aspiración de consolidarse como poder hegemónico a nivel mundial, ha sabido aprovechar esta coyuntura para incrementar su presencia en América Latina. Por una parte, su presencia se despliega bajo múltiples formas con mayor intensidad a partir de la última década, teniendo su origen en la aspiración del Estado chino por garantizar el acceso a los recursos que su crecimiento económico demanda y a los nuevos mercados para sus empresas. Al mismo tiempo, sus actividades de financiamiento al desarrollo y su participación como observador en organismos de la región le han permitido obtener reconocimiento y prestigio internacional. Además, la presencia china ha sido favorecida por la redefinición de la estrategia de seguridad de Estados Unidos al inicio del siglo XXI, a partir de la lucha contra el terrorismo que llevó a dicho país a involucrarse en la guerra de Irak y la invasión de Afganistán.

Movimientos antisistémicos

En este contexto surgen los movimientos antisistémicos. Wallerstein describe cómo estos han variado tanto geográfica como temporalmente, desde sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX, y cómo las tensiones entre los diferentes tipos de movimientos plantean dilemas en la construcción de uno amplio y antisistémico, capaz de superar las contradicciones actuales del sistema mundo. En un principio existieron principalmente dos tipos de movimientos, los sociales y los nacionalistas. Estos fueron acompañados por una variedad de movimientos de menor impacto, como los feministas, los étnicos o los religiosos. Todos ellos eran antisistémicos y tenían en común que estaban luchando contra las estructuras de poder establecidas, en un esfuerzo por aspirar a consolidar un sistema más democrático e igualitario que el que existía (^{Wallerstein, 2014}).

Para Wallerstein, los movimientos antisistémicos han variado regionalmente en lo que se denominó Primer, Segundo y Tercer Mundo (^{So & Shiping, 1992}). Aunque cada tipo de movimiento pretendió lograr algunos de los ideales de la Revolución francesa, existieron tensiones sustanciales entre ellos, centrándose en cuestiones tales como parlamentarismo evolutivo versus revolución (Wallerstein, 1990). Durante la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, estos movimientos antisistémicos lograron obtener el poder del Estado y llevar a cabo diversas transformaciones, como, por ejemplo, el estado del bienestar en Occidente, la socialización de la producción en Oriente y los procesos de nacionalización en el sur (^{So & Shiping, 1992}). Sin embargo, debido a las restricciones de 'afuera' -en el sistema interestatal- y de 'dentro' -la burocracia estatal- estos movimientos no pudieron cumplir sus promesas iniciales. Como resultado, con los levantamientos mundiales de 1968 se inició una segunda ola de movimientos antisistémicos dirigidos no solo contra el sistema existente, sino también contra los 'antiguos' movimientos antisistémicos (^{Arrighi, Hopkins & Wallerstein, 1999}).

El análisis de Wallerstein de los movimientos antisistémicos proporciona una amplia visión histórica de las características y los cambios operados en ellos, que van más allá del Estado-nación para incorporar tanto las tendencias nacionales como las mundiales. De esta manera, su estudio de la diversidad de los movimientos antisistémicos señala la importancia tanto de la posición que un país tiene dentro del sistema mundial, como del carácter de su economía política en la conformación de la dinámica de los movimientos antisistémicos dentro de un país (^{So & Shiping, 1992}). En esta línea argumentativa, de acuerdo con ^{Veltmeyer y Petras (2014)}, es posible afirmar que la dinámica de desarrollo capitalista expresada en el modelo neoextractivista se sustenta sobre una frontera, que es al mismo tiempo extractiva y expansiva, y que genera conflictos sociales cada vez más intensos. Estos conflictos tienen como finalidad defender derechos territoriales y recursos naturales, y son reflejo de la lucha de clases, de intereses políticos y de las guerras de recursos que han acompañado el proceso de extracción.

Ante el panorama previamente presentado, surge la duda de si es posible hablar de una 'tercera ola' de movimientos antisistémicos, como consecuencia de los conflictos que surgen a partir del modelo neoextractivista. Conforme expresa ^{Batta (2008)}, es posible aseverar que los movimientos altermundistas son también movimientos antisistémicos. En efecto, estos movimientos puede ser considerados de esta manera tanto por el amplio prisma que abarca -asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales y redes ciudadanas que cobijan a campesinos, estudiantes, sindicalistas, ecologistas, defensores de los derechos humanos, pacifistas y militantes políticos de diversas tendencias ideológicas-, como por los medios que emplean -las redes sociales-, que se enmarcan en un contexto diferente -la globalización-, y que buscan formas alternas al sistema capitalista actual.

Esta ola de movimientos antisistémicos, como apunta ^{Lao-Montes (2011)}, ha confrontado desde la última década del siglo pasado al neo-liberalismo, la actual forma de sistema capitalista. Se trata de protestas como las "rebeliones populares espontáneas, como el Caracazo en 1989, y nuevas luchas armadas, como el levantamiento zapatista de 1994, hasta movimientos sociales de desocupados (como los Piqueteros en Argentina), campesinos (como los Sin Tierra en Brasil) y de la nueva clase obrera (como Conserjes por la Justicia de trabajadores inmigrantes latinos en Los Ángeles, California)" (^{Lao-Montes, 2011}). Entre estos movimientos es necesario destacar dos ejemplos de coaliciones internacionales que se muestran como demostraciones masivas y militantes contra organizaciones del capital transnacional: las movilizaciones contra la Organización Mundial del Comercio en Seattle en 1999 y los procesos de Foro Social a partir del Foro Social Mundial en Porto Alegre, en 2001.

En el contexto actual del sistema mundo caracterizado por el ascenso de China en el escenario internacional y la adopción del modelo neoextractivista por parte de algunos Estados latinoamericanos, es probable que algunos de los movimientos sociales que surgen como consecuencia directa de la presencia de las compañías mineras chinas en la región pueden ser parte de un grupo de movimientos sociales que representan una resistencia al actual modelo capitalista.

La expansión china en el sector minero de América Latina

La presencia de China en Latinoamérica es cada vez más visible en diferentes sectores económicos, reflejándose paulatinamente más sólida. En esta sección se aborda la expansión de las compañías mineras chinas en América Latina con la intención de contextualizar dicha expansión en el contexto del sistema mundo capitalista en que se enmarcan los movimientos de resistencia mencionados. Se presentan algunos datos que demuestran el avance del país asiático en América Latina y, a continuación, se describe como dicha nación está reformulando sus intereses en la región.

Auge comercial de China y su avance en América Latina

Entre 2005 y 2014, China invirtió 119 000 millones de dólares⁴ en América Latina, comprometiendo otros 50 000 millones para una serie de grandes proyectos, 250 000 millones adicionales para ser empleados durante los siguientes diez años, y también estableció un fondo de 10 000 millones de dólares para la cooperación en diversas áreas (^{Ilyásova & Sérbinov, 2015}). Durante 2015, China invirtió alrededor de 4600 millones de dólares en nuevos proyectos, mientras que 49 900 millones fueron destinados a fusiones y adquisiciones. Es interesante notar que la presencia directa continúa ciñéndose al ámbito de los recursos naturales, donde se concentra aproximadamente el 90% del total. El énfasis en la minería es especialmente relevante, con cerca de tres cuartas partes de la inversión agregada (^{Ray, Gallagher & Sarmiento, 2016}).

Al margen de las inversiones directas, la relación comercial ha alcanzado niveles significativos. Por ejemplo, en el año 2015 América Latina exportó 109 000 millones de dólares en mercancías a China. Es importante señalar que las primeras cinco posiciones referentes a los bienes más exportados hacia el país asiático están ocupadas por recursos naturales y energéticos, lo cual evidencia la relación de desventaja sistémica en la que los países latinoamericanos proveen principalmente recursos naturales. En primer lugar, se encuentran los minerales de hierro, que representan el 19%; en el segundo lugar, la soya con el 18%; mientras que el tercer lugar es ocupado por el cobre, que absorbe el 12% de las exportaciones. Completan el cuadro el petróleo (11%) y los materiales para la producción de cobre (9,6%), sumando en su agregado casi un 70% de las exportaciones (^{Ray, Gallagher & Sarmiento, 2015}).

Reformulación de los intereses chinos en América Latina

Actualmente, China no se conforma con adquirir los recursos minerales latinoamericanos, sino que ha incursionado en su economía mediante la adquisición de algunas compañías y otras formas de inversión directa. Es importante señalar que el sector minero chino está dominado por empresas de propiedad estatal, entre las que destacan China Minmetals, Yankuang Group, Sinosteel Corporation, Shou-gang, Aluminum Corporation of China Ltd. (Chinalco), China Metallurgical Corporation (CMC), Tongling y Jiangxi Copper (^{Roldán, et al., 2016}). Se trata de empresas de tamaño colosal, con enorme poder en su país y que ciertamente cuentan con el apoyo de su gobierno para prosperar en los mercados internacionales a los que acceden.

Desde 2010, el país asiático es el mayor consumidor de recursos energéticos en el mundo, lo que ha obligado a que las inversiones en este sector mantengan un alto ritmo, para así garantizar su desarrollo económico a largo plazo. Aunadas a las políticas económicas expansivas, están también las decisiones geopolíticas, como, por ejemplo, el interés de esa nación en ampliar su esfera de influencia. Por sus recursos mineros y como mercado de exportación, América Latina es considerada una región estratégica (^{Ferchen, 2012}). La principal intención de las empresas mineras chinas en América Latina es la de adquirir recursos naturales a precios razonables, pero las estrategias de inversión varían considerablemente, y van desde la compra de los recursos o de la infraestructura utilizada para la extracción hasta la inversión en los derechos de extracción (^{Ellis, 2014}). Además, una práctica ampliamente utilizada en los últimos años es la de negociar con los gobiernos la planificación, el desarrollo y la gestión de nuevos proyectos, que van desde la realización de grandes obras de infraestructura para la producción o el transporte hasta el uso de mecanismos de intercambio de los recursos deseados por la financiación de proyectos que involucran otros sectores (^{Ilyásova & Sérbinov, 2015}).

Además de la búsqueda de materias primas, China comienza a ver en la región un interés en sus mercados, debido a la expansión de estos y del fortalecimiento, aunque intermitente, de sus clases medias. El acercamiento de las inversiones chinas en Latinoamérica es evidente, pero no por ello fácil de cuantificar o precisar. La dificultad es aún mayor en el sector minero (^{González-Vicente, 2012}), en el que las crecientes adquisiciones de empresas de diferentes países no permiten establecer con precisión la extensión de la inversión china. Sin embargo, existen algunos proyectos que han adquirido notoriedad, tal como se refleja en la tabla 1.

Tabla 1 Inversiones chinas relevantes en el sector minero 

* Cifras en millones de dólares.

Fuente: The American Enterprise Institute y The Heritage Foundation (2016).

La presencia de China en la minería de América Latina no es del todo nueva, puesto que se desarrollaron proyectos de cierta relevancia en décadas anteriores, como la inversión de la empresa Hierro Perú, adquirida por Shougang, en 1992 (^{Valderrey, 2016}). Sin embargo, la consolidación de China en la región no llegó sino hasta la implementación de la estrategia 'Go Global' (^{Ellis, 2014}). Dicha estrategia hace referencia a las medidas adoptadas por el gobierno chino desde 1999 para fomentar la inversión china en el extranjero. En el origen de la nueva estrategia de política económica se encuentran la necesidad de acumular reservas en moneda extranjera, de alcanzar estándares de calidad similares a los de otros competidores internacionales y de desempañar un rol importante a nivel geopolítico (People's Daily, 2014). Dichas estrategias valoran el potencial de mercados más desarrollados, debido a la capacidad de adquirir productos industriales o de consumo, mientras que se deja a otras regiones el rol de ser proveedoras de recursos naturales. En realidad, esto genera una relación de interdependencia, pues del éxito comercial en países avanzados se deriva la necesidad de obtener cantidades ingentes de materias primas y de insumos para la producción industrial.

Las empresas chinas y los conflictos mineros

La minería, por antonomasia, es el origen de múltiples conflictos. Son sobradamente conocidos los problemas derivados de la extracción de las riquezas mineras a lo largo de la historia, algo que no ha cambiado en su esencia. Prueba de ello es el alto número de conflictos que siguen sucediendo y que quedan debidamente documentados. Como veremos a continuación, los problemas parecen agudizarse en la región latinoamericana. A tal punto ha llegado la proliferación de desencuentros de toda índole que la organización independiente Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL)⁵ cifra en 227 los proyectos y en 331 las comunidades involucradas en las hostilidades entre las empresas mineras y las poblaciones locales, conforme a los datos de 2016.

Conflictos mineros en América Latina

Durante los últimos quince años, la industria minera en América Latina ha experimentado una aceleración constante, con las empresas nacionales cediendo el paso a empresas transnacionales o a las estatales o mixtas de los países más ricos. Sin embargo, la transición no ha ocurrido siempre de manera armoniosa, identificándose diversas problemáticas. Cabe resaltar entre estas: la pérdida de ingresos fiscales, la pérdida de demanda de mano de obra, la falta de protección de los derechos de los trabajadores, la inseguridad en el lugar de trabajo, la contaminación ambiental, la violación de los derechos y de la libertad económica de las comunidades locales, la evidencia de gobiernos nacionales débiles defendiendo los proyectos de explotación minera y la privatización de los bienes esenciales (^{OCMAL, 2009}).

Los conflictos son comunes en casi todos los países de América Latina y por lo general involucran a comunidades locales en oposición a grandes empresas transnacionales. Conforme a los datos del OCMAL, el país del que se tiene registrado un mayor número de conflictos hasta la fecha es Perú, con 39; seguido por México, con 37; y Chile, con 36. Importante es también el número de conflictos en Argentina (26), Brasil (20) y Colombia (14). Aunque los países mencionados concentran el mayor número de confrontaciones, no son los únicos. El OCMAL ha registrado un amplio rango de violaciones relacionadas con las actividades mineras en América Latina. Se trata de una clasificación que reúne desde aquellas de índole general, como el de la "no realización del derecho a un ambiente sano", hasta el ejercicio de violencia mediante tortura o muerte intencionada. Las acciones violatorias de derechos personales y sociales abarcan aproximadamente 50 situaciones diferentes, que pudieran ser agrupadas en cuatro grandes categorías. Estas categorías son: acciones que representan un daño a la integridad física y la salud de las personas, acciones que contaminan el medio ambiente, acciones que violan el derecho a la propiedad y acciones que atentan contra las libertades fundamentales y personales.

En las acciones que representan un daño a la integridad física y la salud de las personas, se incluyen las prácticas que causan enfermedades en la población residente. En cuanto a las acciones que contaminan el medio ambiente, se incluyen las prácticas que alteran el estado natural del ecosistema de una determinada zona geográfica. Las acciones que violan el derecho a la propiedad abarcan las operaciones de coacción con las que se limita el derecho a la propiedad y al desarrollo personal en un determinado territorio. Entre los actos que violan el derecho a la propiedad, se han incluido la limitación de la libertad económica, el uso del suelo y la expropiación. Finalmente, las acciones que violan el derecho a la propiedad y que atentan contra las libertades fundamentales y personales abarcan cualquier medida restrictiva de los derechos previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este sentido, predominan claramente las violaciones relacionadas con el medio ambiente, ya que son 425 y representan el 51% del total. También son importantes las vinculadas con la salud (21%), debiendo señalarse que en muchos casos son consecuencia directa de las primeras. El tercer rubro es el referente a las violaciones contra la libertad personal (17%), mientras que el último apartado es el relativo a los atentados al derecho a la propiedad (11%).

Conflictos mineros de las empresas chinas en América Latina

La ventaja de China en términos de costos de producción está disminuyendo rápidamente (^{Swanson, 2015}), por lo que ha tenido que llevar a cabo una política económica expansiva con el fin de subsidiar su economía. Para los países latinoamericanos, China representa una oportunidad en términos de ampliación de mercado, pero, por otra parte, significa la repetición de los antiguos patrones de dependencia económica que pueden redundar en el agotamiento de los recursos del continente. En la práctica, las relaciones entre los países de la región y sus socios orientales se ven sometidas a altibajos y no son infrecuentes los proyectos que han sido obstaculizados, suspendidos temporalmente, sujetos de sanciones importantes o, incluso, cancelados. Como ejemplo se presentan diversos casos emblemáticos, que abarcan a cinco países donde la minería es relevante: Ecuador, México, Chile, Argentina y Perú.

En agosto de 2016, la empresa minera EcuaCorriente (ECSA), propiedad de ExplorCobres (EXSA), inició sus operaciones en el área del pueblo nankints, en la zona amazónica de Ecuador. Inmediatamente, la comunidad indígena nankints fue desalojada (^{Cedhu, 2016}). Un contingente militar quedó permanentemente destacado en el lugar desde ese entonces para proteger las actividades mineras. En noviembre del mismo año, miembros del grupo étnico shuar de la misma comunidad volvieron a tomar el control del territorio donde se encontraba instalado el campamento de la empresa minera. La toma duró escasamente 24 horas, pero conllevó la muerte de un policía y la detención de un grupo de dirigentes comunitarios y del presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Fisch), Agustín Wachapá. Para el 12 de enero siguiente, la tensión había escalado considerablemente y se suspendieron varios derechos constitucionales de los pobladores de la zona. El conflicto está todavía en fase de desarrollo, pero ya ha alcanzado una proyección internacional, especialmente tras el intento del gobierno de abolir la ONG Acción Ecológica (^{ANRED, 2016}).

En México, la empresa china Gan-Bo Minera Internacional, que opera en Tequesquitlán, Estado de Jalisco, ha generado todo un historial de violaciones a los derechos de propiedad y de las normas ambientales. En 2007, la minera Gan-Bo invadió un predio agrícola en el ejido Ayotitlán para explotar oro, plata y hierro. Para oponerse a las agresiones de la empresa, los indígenas de la comunidad local detuvieron los trabajos, paralizaron la maquinaria y obligaron a la empresa a desistir de ese intento. Sin embargo, en 2013 se reanudaron las actividades extractivas. Pronto se comprobaron violaciones a la normativa medioambiental; en diferentes ocasiones se denunciaron los hechos y se pidió el cese de las actividades causantes de contaminación. Finalmente, se llevó a cabo un plantón en las puertas de la minera para impedir la entrada de los trabajadores. Posteriormente, los ejidatarios de Tequesquitlán paralizaron las operaciones de la minera, para preparar su expulsión definitiva del territorio (^{OCMAL, 2013}).

En Pejerreyes, en el noroeste de Chile, se encuentra una comunidad que se dedica a la actividad ganadera. En 2013, fue anunciado un proyecto de explotación de cobre por parte de la empresa Minería China Co Limitada. Las comunidades locales denunciaron problemas de contaminación ambiental y extracción ilegal de agua, y demandaron a la empresa china por la construcción de obras no autorizadas. Las comunidades locales reportaron que la empresa había evitado cualquier forma de negociación, por lo que interpusieron un recurso. La decisión judicial llevó al cierre inmediato de un pozo de la minera por no contar con derechos de aprovechamiento de aguas asociados a la captación, e igualmente se abrió una nueva investigación del presunto delito de usurpación de aguas (No a la Mina ONG, 2016).

En Argentina, el cerro Famatina cuenta con una larga tradición relacionada con la extracción de oro, plata y hierro. En 1999, la empresa canadiense Corriente Resources Inc. compró los derechos del proyecto. En 2005, el proyecto pasó a la Barrick Gold y, en 2010, finalmente a Shandong Gold de China. Desde entonces, la comunidad local alertó sobre el riesgo ambiental que el proyecto de explotación minera representaba para el ecosistema, alegando que las explosiones mineras causarían la liberación de materiales pesados que se depositarían de forma permanente en el agua, causando daños ambientales irreparables. Ante la pasividad de las autoridades, la comunidad local boicoteó las operaciones, oponiéndose al proyecto con "acampes, marchas, encadenamientos, cortes de ruta para impedir el paso a la mina a funcionarios del gobierno y representantes de las empresas". Al final, la empresa china abandonó las operaciones, retirándose definitivamente del proyecto (^{Origlia, 2015}).

En la zona de río Blanco del norte de Perú, fue descubierta una importante mina de cobre en el año de 1990 y, trece años más tarde, la empresa británica Monterrico Metals adquirió los derechos para el desarrollo del proyecto. La población local, mediante una consulta, rechazó el plan propuesto casi por unanimidad. Durante este proceso, Monterrico Metals vendió parte de sus acciones y derechos a la empresa minera china Zijin. Los pobladores locales se oponían a los posibles impactos en el ecosistema, en particular en el agua y en las actividades agrícolas, exigiendo el retiro inmediato de la empresa de sus territorios y la cancelación definitiva de las concesiones y proyectos mineros en la frontera norte del país. Los movimientos sociales y las organizaciones locales, organizadas en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), fueron determinantes para llegar a una resolución pacífica del conflicto. Por otra parte, el gobierno peruano impulsó el diálogo, aunque apoyando a la minera china, pese a las evidentes irregularidades (^{OCMAL, 2009}).

Tabla 2 Conflictos generados por empresas chinas en LA (hasta 2016) 

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina.

Los casos mostrados son parcos en número, pero incluyen las categorías de conflicto analizadas: contra la vida y la salud, el medio ambiente, la propiedad y las libertades fundamentales de la persona. Las reacciones a estas violaciones han sido firmes en algunos casos, pero con sustento legal. Las consecuencias cubren también un amplio espectro, como investigaciones por parte de las autoridades sobre la legitimidad de las operaciones, cancelación parcial o total de un proyecto, o el abandono por parte de la empresa por la imposibilidad de continuar las actividades y expulsión. Pese a la percepción tan negativa sobre las mineras chinas, al menos las de esta muestra no incluyen un alto número de repercusiones negativas, especialmente en comparación con las empresas incluidas en la base de datos del OCMAL.

El impacto de las empresas mineras de China

Como se mencionó, las empresas chinas no parecen actuar de forma significativamente diferente frente a las empresas transnacionales de otras naciones. De todas formas, en los siguientes apartados se describe el operar de las empresas del país asiático, para finalmente analizar las prácticas de empresas seleccionadas del sector minero, lo que facilita la comparación entre organizaciones de distintos orígenes.

Prácticas de las empresas mineras chinas en América Latina

El examen de los casos anteriores permite entender que el comportamiento general de las empresas chinas en sus operaciones mineras en Latinoamérica refleja las condiciones derivadas del sistema en que operan; por una parte, la búsqueda por garantizar el abasto de recursos energéticos que demanda la industrialización de ese país para consolidarse como una potencia hegemónica; por la otra, la búsqueda de la maximización económica. En este sentido, el problema radica en la falta de una gobernanza adecuada para limitar las acciones de una clase empresarial, mediante la implementación de opciones económicas de largo plazo y la atención a los problemas que afectan a las comunidades en los lugares de las operaciones (^{Shankleman, 2007}). Lo anterior es consecuencia del rápido crecimiento económico de China y de la escasa atención que las autoridades han venido prestando a las externalidades negativas producidas por la extracción minera, misma que ha estado sujeta a la planificación macroeconómica y a los intereses geoeconómicos. Las razones de todo ello se reducen a que las empresas de esa nación se sujetan a las dinámicas del mercado que buscan maximizar las ganancias, pese al marcado apoyo estatal. Al respecto es importante señalar que las compañías chinas en el extranjero operan bajo la lógica del capitalismo -acumulación de capital-, pero orientadas bajo la lógica política del sistema comunista chino. En efecto, el modelo chino puede ser concebido como una estructura (un sistema), un proceso, una visión (metas) y otros elementos esenciales, tangibles e intangibles (^{Hsiung, 2014}).⁶

En el contexto latinoamericano, en ausencia de un marco legal rígido, las empresas chinas anteponen sus prioridades a las demandas ambientales y sociales. Esta realidad es condicionada además por la propia dinámica interna en que estas compañías tradicionalmente operan en su país de origen. De esta manera, cuando se instalan en el extranjero, las empresas chinas experimentan problemas de carácter cultural: por una parte, están acostumbradas al apoyo incondicional por parte de su gobierno; y, por otra, desconocen las reglas típicas del Estado de derecho. Además, el entorno regulatorio en el que se desarrollaron es muy diferente al de los mercados exteriores. Por último, durante décadas el apoyo del gobierno aseguró un cómodo crecimiento en su mercado interno, lo que disminuyó el interés, la capacidad de competir en mercados internacionales y el conocimiento de marcos jurídicos diferentes (Denyer, 2015). Los esfuerzos de planificación del gobierno chino se dirigen, en este ámbito, a cuestiones como la estabilidad de los contratos internacionales, la conversión de la moneda, los impuestos y la superación de la oposición a compras, fusiones y adquisiciones por parte de sus empresas en los países de la OCDE (^{Shankleman, 2007}). Poco interés tiene, en cambio, el respeto a normativas medioambientales o los derechos sociales de las naciones en las que tienen presencia esas empresas.

En los países en los que persiste la ausencia de un marco legal claramente estructurado, las empresas chinas continúan violando las normas éticas mientras que la aplicación de la ley lo permita, o hasta que las comunidades locales adquieren suficiente poder de negociación y resistencia, constituyéndose como fuertes movimientos sociales. Esto se debe a la poca experiencia internacional de las empresas de ese país, puesto que están acostumbradas a operar en un entorno en el que las reglas de la economía de mercado no son fuertes limitantes, y en un sistema carente de una estructura normativa que proteja los derechos de los más débiles. Este hecho conduce a las compañías chinas a no establecer como prioridad la planificación de un desarrollo sostenible y respetuoso del ambiente en los mercados en los que se abastece de minerales y materias primas.

En líneas generales, las empresas mineras chinas han reaccionado en manera diferente conforme a las circunstancias, ignorando a veces las solicitudes locales, apoyándose en ocasiones en el uso de la fuerza local o adaptándose a las repercusiones legales. En el largo plazo, a pesar de los costos de esos efectos y el daño causado en términos de imagen, prevalecen la ganancia inmediata y el potencial desarrollo de las actividades mineras, obedeciendo a la lógica del sistema mundo capitalista.

Los otros actores

Los casos presentados permiten analizar a las empresas chinas en el sector minero latinoamericano y las dificultades que encuentran al operar en el extranjero. Habría que mirar ahora a dos actores protagónicos en el mismo contexto económico y geográfico: las empresas locales e internacionales. La información de estas últimas contenida en el OCMAL muestra un comportamiento similar al de las compañías chinas, o incluso peor en muchas instancias. La casuística es completa y no deja lugar a dudas sobre el estado de desprotección en el que viven las comunidades asentadas en zonas de riqueza minera. La paradoja para sus pobladores es la de derivarse mayores miserias desde el momento en que se descubren tales riquezas. Como puede verse, las dinámicas que influyen el comportamiento de las empresas chinas en el sector minero de América Latina resultan coherentes con las de las empresas locales e internacionales del mismo sector, en concordancia con el 'modelo neoextractivo'. Conforme a este modelo se sustituyen las políticas extractivistas clásicas y se genera un impacto positivo sobre la población en general.

La presencia de transnacionales mineras en la región ha sido objeto de varios estudios y del monitoreo constante de diversos organismos locales e internacionales, que reportan las numerosas violaciones cometidas por las empresas en el sector o que coordinan los esfuerzos de la sociedad civil. Es una confrontación difícil, ya que, pese al número relativamente escaso de los corporativos, estos ostentan un gran poder. La regla general es que lo ejerzan, apoyándose en los enormes flujos de inversión que generan, la ayuda generalizada que reciben de los gobiernos locales y la marcada situación de asimetría en que se encuentran los pobladores de las zonas de conflicto.

En la tabla 3 se muestra un análisis comparativo de las violaciones registradas por el OCMAL hasta el año 2016. Se incluyen los países más prolíficos en cuanto al número de conflictos observados, lo que corresponde en gran medida a la presencia de esas naciones en la minería de esta área. Los países elegidos, con sus respectivos números de casos, son: Canadá (90), Estados Unidos (28), Reino Unido (14), China (10) y Australia (10). De cada país se eligió en forma aleatoria un caso ejemplar, lo que permitió establecer una comparación general en su comportamiento.

Tabla 3 Conflictos generados por empresas extranjeras en América Latina (hasta 2016) 

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina.

Los resultados de la tabla 3 provienen de una muestra limitada, pero, conforme a ellos, existen diferencias notables en relación con los países representados. Son escasas las empresas australianas, pero la analizada no deja duda en cuanto a sus actividades nocivas en todos los ámbitos. Las empresas estudiadas de Canadá, Reino Unido y Suiza muestran un comportamiento similar entre ellas, siendo la de Estados Unidos la única cercana al cumplimiento de las reglas. Una comparación con los resultados de la tabla 2sitúa a las mineras de China en línea con la mayoría de las empresas extranjeras de la muestra.

Conclusiones

Las empresas chinas se enfrentan a la dura oposición de las comunidades locales en las que operan, a tal extremo que algunos trabajadores chinos han sido secuestrados o asesinados (Reuters, 2013). Desde Estados Unidos a Asia, pasando por Europa, la lista de demandas a las compañías chinas incluye, entre otros: daños ambientales e irreversibles a la salud, engaño y competencia desleal, intento de corrupción de las autoridades locales y uso indebido de la fuerza para eliminar derechos sociales. Específicamente en el sector minero, dichas empresas, gracias al apoyo económico de su gobierno, se han apoderado de importantes cuotas de mercado, donde antes lideraban las firmas canadienses, estadounidenses o europeas. Se trata, por lo tanto, de una renovada explotación de los recursos de América Latina.

La gran pregunta es si las empresas mineras chinas actúan en Latinoamérica en modo diferente a las extranjeras. El panorama es igualmente desolador, incluso entre compañías de naciones que presumiblemente serían ejemplo en términos de responsabilidad social. Tal vez el caso más llamativo sea el de Canadá, cuyas empresas en este sector han establecido una imagen de despreocupación hacia las comunidades en las que operan, violaciones constantes a las leyes, daños al entorno y rapacidad en sus acciones (Working Group on Mining and Human Rights in Latin América, 2014). Incluso hay situaciones de violaciones a los derechos locales en las que interviene un amplio número de países al unísono, como ocurrió en Venezuela, con el proyecto del Arco Minero del Orinoco (^{Teran, 2016}). Las compañías China CAMC Engineering Co. Ltd. y Yankuang Group estaban involucradas, junto a aproximadamente otras 150 de muy diversos países, permitiéndose la explotación de un territorio de 111 843,70 km².

En definitiva, América Latina vive bajo las presiones de las transnacionales, especialmente en lo que respecta a la explotación de sus recursos naturales. Este hecho es consecuencia de que las compañías mineras actúan de manera similar en un contexto determinado por el sistema mundo moderno que exige mayor plusvalor de las actividades mineras a costa incluso de los derechos civiles y el respeto al medio ambiente. Por lo tanto, se puede afirmar que no existen buenas prácticas en la minería en la región o, de haberlas, son limitadas y no generan un estándar que pueda tomarse como modelo. Los esfuerzos de algunos gobiernos o de los agentes sociales hacia el control de las mineras rinden escasos frutos. Ciertamente existen ejemplos, pero los logros alcanzados hasta la fecha no han permitido revertir las prácticas nocivas en la industria.⁷

Las mineras provenientes de China no introducen mejores prácticas al modelo neoextractivo, o una orientación más amable hacia el entorno y sus habitantes. Estas han sido continuamente señaladas por la contaminación que generan, por el reemplazo de los trabajadores locales por sus connacionales o por las acciones en contra de la población local. La crítica tiene sustento, pero esas empresas no tienen intenciones muy diferentes a las demás mineras, allá provengan de otros países o sean incluso locales. En definitiva, las empresas chinas no son la nota disonante en la gran sinfonía del aprovechamiento de los recursos mineros en América Latina. Son tan solo una variación del tema principal: la prevalencia de los intereses económicos sobre el bienestar de los pueblos y la preservación de su identidad y de las tierras que habitan.

En este contexto se observa una serie de movimientos sociales que pueden ser catalogados como antisistémicos en la medida en que defienden otros intereses que van más allá de la lógica del capital. Evidentemente, una investigación posterior con mayor profundidad de análisis podría determinar hasta qué punto tales manifestaciones sociales en contra de las compañías mineras chinas pudieran ser categorizadas como movimientos antisistémicos. En otras palabras, se buscaría establecer si las reivindicaciones planteadas por dichos movimientos rebasan los estrechos márgenes de la inmediatez y pudieran enmarcarse en una visión más amplia, contribuyendo, desde la frontera de las dinámicas locales, a establecer una resistencia antisistema.

De cualquier modo, se puede sugerir que en la medida en que estos movimientos se articulan para la defensa de la propiedad comunal, de los derechos comunitarios, de mejores condiciones laborales o del respeto al medio ambiente, proponen un modelo distinto de entender las relaciones entre el ser humano, el trabajo y la naturaleza. En consecuencia, se trata de un desafío paradigmático a la manera que tradicionalmente el sistema mundo ha definido el 'deber ser' universal, en el que los conceptos de progreso, modernidad y desarrollo han sido utilizados como verdades absolutas (^{Wallerstein, 2007}). Se entiende, por lo tanto, el sistema polarizador en el que los miembros de una comunidad, así como los Estados en una estructura internacional, están acotados por el lugar que ocupan estructuralmente, mediante estructuras diseñadas para que unos pocos acumulen los beneficios generados por la inmensa mayoría.

Finalmente, el reto para estos movimientos sociales antisistémicos, al igual que ocurriera con los movimientos clásicos del siglo XIX o los nuevos movimientos sociales a partir de la década de 1960, es pasar de una visión local a una mundial. Bajo esa visión más amplia, los movimientos sociales antisistémicos podrían armonizar distintas tensiones y así aglutinar en un amplio espectro diferentes demandas dirigidas hacia la posible construcción de un sistema alterno al sistema mundo moderno.