Derecha radical de base

La definición clásica de ^{Bobbio (1996)} diferencia la izquierda de la derecha en función de sus posiciones sobre la igualdad: en contraste con la izquierda, la derecha entiende las desigualdades como naturales o difíciles (o hasta inconvenientes) de erradicar. En la misma línea, ^{Mudde (2007)} y ^{Rovira y Luna (2014)} enfatizan que la derecha es una posición política que cree que las principales desigualdades entre la gente son naturales y deben estar fuera del ámbito de acción del Estado. ^{Mayka y Smith (2021)} disputan la introducción del Estado en la definición, tomando en cuenta que hay derechas que exigen intervención estatal para mantener la desigualdad en casos como los derechos de las diversidades sexuales. Siguiendo a estas autoras, se define a la derecha como la posición política que busca mantener las jerarquías sociales, que las percibe como tradicionales o naturales.

Como también señalaba Bobbio, las posiciones de izquierda o derecha pueden ser extremistas o moderadas. Los extremistas de ambos polos desprecian la democracia y tienen valores guerreristas opuestos a la prudencia (^{Bobbio, 1996, p. 26}). ^{Mudde (2019)} ha identificado dos tendencias dentro de la ultraderecha: la extrema derecha, que se opone a la democracia liberal, no cree en las elecciones y usa la violencia para defender las jerarquías (e.g., el nazismo y fascismo); y la derecha radical, que se opone parcialmente a la democracia liberal, pues cree en las elecciones, pero se opone a derechos de minorías o de quienes etiquete como una amenaza, y es discrecional en su respeto al Estado de derecho o separación de poderes (e.g., las derechas populistas de Donald Trump o Jahir Bolsonaro).

Entonces, cuando en este artículo se habla de la derecha radical de base se hace referencia a las diversas asociaciones, colectivos y grupos de ciudadanos que buscan mantener las jerarquías sociales percibidas como tradicionales o naturales y, para ello, se oponen o limitan derechos de quienes consideran amenazas, y validan estrategias que puedan quebrar el Estado de derecho o la separación de poderes.²

En Perú, los colectivos que convocaron a las protestas contra Castillo de forma más constante tienen posiciones de derecha radical. Son de derecha porque se oponen a las políticas que buscan reducir la desigualdad económica y ampliar derechos para las minorías. Defienden el modelo económico enfatizando que el Estado no intervenga en el mercado y se oponen al llamado marxismo cultural (^{Stefanoni, 2021a}), vinculado con temas como el reconocimiento de la plurinacionalidad. Además, discursivamente, enmarcaron su lucha como anticomunista. Y son de derecha radical porque, si bien están de acuerdo con las elecciones, tienen una mirada discrecional sobre el Estado de derecho y una actitud antipluralista, que ve en sus opositores a enemigos de la democracia, merecedores de cualquier medida para limitar su poder político. Los colectivos convocaron a movilizaciones para evitar que Castillo fuera proclamado presidente, algunos pidieron un golpe de Estado, atacaron instituciones electorales y acosaron a funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas que identificaban como cómplices del Gobierno de Castillo.

Contexto político peruano

El Perú ha sido caracterizado como uno de los países con el sistema de partidos más desinstitucionalizado de la región (^{Levitsky, 2018}) y con una democracia vaciada (^{Barrenechea & Vergara, 2023}), en la que no solo están mayormente ausentes los partidos sino en general los políticos profesionales. En un sistema político con predominio de outsiders, en el que la política es un juego de corto plazo con comportamientos radicales y predatorios, y escasean los mecanismos de representación efectivos. Este es un contexto propicio para radicalismos de todo signo. Sin embargo, los radicalismos también necesitan organización, y en el Perú los actores que buscaban impugnar el sistema han tenido problemas para agregar intereses (^{Meléndez, 2012}); por ejemplo, no se ha formado nada similar al movimiento indígena boliviano o ecuatoriano (^{Yashar, 2005}). Es decir, además de la dificultad para construir partidos existe también dificultad para construir movimientos sociales que se sostengan en el tiempo. Los legados de la violencia política (^{Soifer & Vergara, 2019}) y el autoritarismo de los noventa (^{Ilizarbe, 2022}) son relevantes para entender esas debilidades.

Tomando en cuenta esta debilidad de partidos y movimientos sociales, la duración y extensión del ciclo de protestas de la derecha radical peruana es sorprendente (^{Almeida, 2019}; ^{Belyaeva & Albert, 2019}). La literatura comparada muestra que la duración de las campañas de protesta responde a la presencia de movimientos sociales y aliados, como partidos políticos robustos (^{Almeida & Walker, 2007}). En un contexto como el peruano, donde es difícil organizar campañas de protesta, inclusive a actores experimentados,³ es llamativo que nuevos actores de la derecha radical hayan podido sostener una campaña de movilizaciones por más de un año y medio. Los colectivos fueron los principales promotores de las protestas, pero hubo también partidos de derecha que se sumaron al apoyo logístico y convocatoria de algunas marchas. Si bien la mayoría de partidos son débiles y con escasa coherencia ideológica, hay algunos que han mantenido una línea intentando representar las posiciones de la derecha (^{Meléndez, 2022}). Entre ellos hay que destacar el caso de Fuerza Popular (FP), el partido fujimorista.

El fujimorismo es un buen hilo conductor para contextualizar la crisis política peruana. En la segunda vuelta de las elecciones generales de 2016, Keiko Fujimori se negó a aceptar su derrota frente a Pedro Pablo Kuczynski, y eso marcó la división de dos tipos de derecha que habían colaborado desde el Gobierno autoritario de Alberto Fujimori (^{Meléndez, 2019}). De un lado, la derecha económicamente neoliberal y tecnocrática, pero culturalmente liberal y políticamente institucionalista, estuvo representada por el empresario y tecnócrata Kuczynski. Del otro, una derecha más cercana a la derecha radical, que defendía el libre mercado y prácticas de populismo económico, culturalmente conservadora y políticamente autoritaria, fue representada por Keiko Fujimori y su partido fp. A pesar de que Alberto Fujimori nunca quiso construir un partido durante su mandato en los noventa, sí logró generar una base social fujimorista gracias al clientelismo, a la memoria de la derrota del terrorismo, a la estabilidad económica y a la experiencia de exclusión durante la transición a la democracia (^{Levitsky & Zavaleta, 2016}; ^{Meléndez, 2014}). Si bien no llegó a formar un movimiento social, ese electorado fujimorista se ha mantenido luego de la transición y ha sido clave para el éxito de la construcción partidaria de Keiko Fujimori.

Sin embargo, fp no ha llegado a ser un partido programático ni enraizado socialmente; ha sido una coalición frágil de diversos actores y un instrumento desestabilizador de la democracia. ^{Vergara y Augusto (2021)} encuentran que, si bien fp ha tenido más éxito que otros partidos para coordinar a su coalición y mantenerla dentro del partido, no ha construido un vínculo programático y organizativo con su electorado. Más bien, ha terminado representando intereses de economías informales e ilegales, por su dependencia de esos recursos (^{Vergara & Augusto, 2021, p. 258}). De otro lado, el liderazgo de Keiko Fujimori ha demostrado un bajo compromiso con la democracia al no aceptar su derrota en 2016, lo que inició un ciclo de intensa confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo, que se prolongó hasta el Gobierno de Castillo. La mayoría congresal fujimorista de 2016, que contaba con 56% de los escaños, volvió rutinario el uso de censuras a ministros, obstrucción al ejecutivo y amenazas de vacancia presidencial, quebrando las mínimas reglas informales que habían sostenido la convivencia democrática desde la transición. En el camino, Kuczynski renunció ante una inminente vacancia, se mantuvo la confrontación con el nuevo presidente, Martín Vizcarra, Vizcarra cerró del Congreso, el nuevo Congreso vacó a Vizcarra y se volvió a confrontación con el nuevo presidente, Francisco Sagasti (^{Bocanegra & Rousseau, 2021}; ^{Paredes & Encinas, 2020}).

Tanto el obstruccionismo en el Congreso como el escándalo de corrupción de Lava Jato⁴ golpearon la imagen de Keiko Fujimori y FP. De acuerdo con ^{Meléndez (2022)}, de 2016 a 2019 el antifujimorismo subió del 34,9% al 60,7%. Por ello, para el 2021, emergieron nuevas alternativas derechistas al fujimorismo: Renovación Popular (RP) y Avanza País (AVP). El primero -liderado por Rafael López Aliaga, un próspero empresario y miembro del Opus Dei- buscó representar al bloque más radical de la derecha conservadora (^{Román, 2022}). El segundo -liderado por Hernando Soto, el reconocido economista cercano al fujimorismo desde sus inicios- intentó representar al bloque más tecnócrata y liberal, que también resaltaba la "guerra ideológica contra el comunismo" (^{Requena, 2021}, p. 170). Sin embargo, ambos partidos no eran más que vehículos electorales sin identidad ni organización territorial real. De todas formas, los candidatos presidenciales obtuvieron una votación importante para el contexto de fragmentación electoral. A pesar de que, a última hora, el electorado derechista optó por Fujimori como la mejor contendiente de Castillo, tanto López de Aliaga como De Soto no quedaron muy detrás (ver tabla 1).

En suma, el contexto que antecede al ciclo de protestas de la derecha radical muestra que todos los partidos políticos, incluidos los de derecha, tenían graves problemas para representar o conectarse con su base social. Sin embargo, las elecciones de 2021 demostraron que las distintas versiones de partidos de derecha sumaban juntos un importante caudal electoral. A pesar de que los tres son organizaciones pragmáticas, en la campaña mandaron señales de su posición cercana a la derecha radical. Es destacable que, a pesar de su elevado antivoto, Keiko Fujimori pasara a la segunda vuelta. El fujimorismo como identidad y organización política siguió siendo el actor en el que más se confiaba para enfrentar al comunismo.

La movilización de recursos

La derecha radical en Perú pudo armar una campaña de protestas de 19 meses entre 2021 y 2022 porque previamente se desarrollaron dos bloques de organizaciones que generaron medios de acceso a recursos materiales, humanos, socio-organizacionales y culturales. El primer bloque fue del contramovimiento religioso conservador, que entre 2016 y 2019 se movilizó en las calles con el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM) (^{Coronel, 2020}; ^{Gil, 2022}; ^{Rousseau, 2022}; ^{Tello, 2019a}). El segundo bloque fue de los colectivos anticomunistas, que aparecieron entre 2013 y 2020, tema sobre el que hay más literatura periodística que académica (^{Cabral & Castilla, 2021}). Ambos bloques establecieron algunos vínculos con partidos de derecha, como FP, RP y el APRA. Pero al ser estos partidos débiles o poco formalizados, no llegaron a institucionalizar esa conexión como en los casos de Brasil o incluso Argentina (^{Gold & Peña, 2021}).

El contramovimiento religioso conservador desarrolló valiosos recursos humanos, socio-organizacionales y culturales, que posteriormente fueron útiles durante el ciclo de protestas de la derecha radical contra Castillo. Se define como contramovimiento, en tanto, está formado por un grupo de actores que busca preservar el statu quo o hacer retroceder cambios recientes al estado anterior (Meyer & Staggenborg, 1996; ^{Payne, 2023}). En este caso, el contramovimiento tiene como objetivo evitar la flexibilización de legislación sobre el aborto y el derecho a la unión civil de parejas del mismo sexo. Asimismo, busca hacer retroceder políticas vinculadas con la equidad de género, que etiquetan como ideología de género ⁸ (^{Coronel, 2020}; ^{Tello, 2019a}).

El contramovimiento -liderado primero por una facción de la Iglesia católica y luego por varias Iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales- desarrolló prácticas formativas, de lobby y de movilización social (^{Coronel, 2020}; ^{Plasencia, 2021}). Inicialmente se destacó por el desarrollo de capital humano, a través de la formación de liderazgos, reclutamiento de activistas, formación de redes para la lucha contra el aborto y movilización en las Marchas por la Vida. Desarrolló también capital socio-organizacional al apoyar la formación de ONG, asociaciones, grupos universitarios y programas radiales, tv y redes sociales dedicadas a la labor educativa y lobby institucional (^{Mujica, 2007}; ^{Plasencia, 2021}). En cuanto al capital cultural, la construcción del marco de la ideología de género y su difusión a través de medios y eventos, brindó una definición elástica de los adversarios: no solo los actores que promueven políticas de equidad de género, sino los difusores del marxismo cultural que estaría detrás del movimiento feminista y LGTBI; "se asocia cualquier demanda o política de género con una encubierta agenda comunista" (^{Morán, 2023,} p. 190).

El principal ciclo de protesta del contramovimiento se da entre 2016 y 2019, en rechazo a que se incluya la perspectiva de equidad de género en el Currículo de Educación Básica. La Coordinadora Nacional Pro Familia (CONAPFAM), que articula a una amplia red de Iglesias, asociaciones y colectivos de la sociedad civil evangélica y católica, es uno de los principales capitales socio-organizacionales del contramovimiento (^{Fonseca, 2018}). Esa estructura permitió formar el colectivo CMHNTM, que organizó 120 acciones colectivas de protesta entre diciembre de 2016 y diciembre de 2019 (^{Coronel, 2020}). Llegaron a tener presencia en todas las regiones del país, salvo en Moquegua. Fuera de Lima, movilizan en La Libertad, Lambayeque, Junín, Piura e Ica.

El contramovimiento tiene un impacto indirecto en el ciclo de protestas de la derecha radical a través de sus distintos recursos. Si bien no participa directamente en las protestas contra Castillo, parte de las personas formadas en sus organizaciones pasaron a ser parte de los colectivos de derecha radical que se movilizaron en el ciclo 2021 y 2022. Por ejemplo, Flor de los Milagros Contreras, reconocida líder de los colectivos de La Resistencia y Los Combatientes, comenzó a ser activista en las movilizaciones de CMHNTM (^{Villar, 2021}). Socio-organizacionalmente, el contramovimiento demostró que los sectores de derecha pueden tener marchas exitosas a nivel nacional y disputar narrativas eficazmente en redes sociales, ya que existía una base social conservadora dispuesta a ser activista. Sus estrategias para comunicar y organizar movilizaciones fueron replicadas en las protestas del 2021 y 2022. Pero el impacto más relevante es quizás el de sus recursos culturales: el marco de la ideología de género fue importante para conectar el rechazo al feminismo y a las diversidades sexuales, con el temor a una subrepticia amenaza comunista enquistada en el orden global (^{Morán, 2023}; ^{Motta & Amat, 2018}). Eso facilitó que parte del activismo religioso conservador pasara al activismo de la derecha radical.

El segundo bloque es de las organizaciones anticomunistas que aparecen desde 2013. En la tabla 2 se muestra una diversidad de organizaciones con actividades que dan cuenta de los recursos que comenzaron a movilizar. Lo predominante son los recursos socio-organizacionales y culturales. La mayoría de los colectivos tienen la organización para coordinar protestas y usan las redes sociales para difundir información sobre los enemigos de izquierda y centro. Además, algunos también producen sus propios reportajes, notas o memes que se convierten en insumos para difundir su causa. Entre el activismo en redes y en las calles, estas organizaciones formaron el capital humano que luego sería el iniciador de las movilizaciones del ciclo de protestas del 2021 y 2022.

La Resistencia, formada en 2018, es el colectivo emblemático del bloque anticomunista. A diferencia de colectivos similares en Brasil o Argentina, en Perú los colectivos anticomunistas no surgieron ante una izquierda en el poder, que comenzaba a ser cuestionada. Por el contrario, surgieron en defensa de una oposición de derecha. Keiko Fujimori fue detenida preventivamente por lavado de dinero, en octubre de 2018,⁹ en un contexto en el que fiscales y jueces, cercanos a FP, también comenzaban a ser cuestionados por un escándalo de corrupción local (^{Ponce de León & García, 2019}). La Resistencia comienza haciendo plantones en defensa de estos actores y atacando a instituciones públicas, ong y medios de comunicación que vinculan con el antifujimorismo (^{Yovera, 2021}); logra agrupar a activistas fujimoristas radicales, que antes estaban dispersos.¹⁰ La Resistencia defiende el legado autoritario de Alberto Fujimori (^{Villar, 2021}).

El mismo año aparece también la Sociedad de Patriotas del Perú. Este colectivo afirma vincular el legado cultural hispánico y las raíces precolombinas al carácter cristiano y conservador de la identidad peruana. Comienza con un grupo de universitarios,¹¹ difundiendo el discurso de que la conquista española fue positiva para civilizar a los indígenas y negando datos históricos sobre abusos y sometimiento. Es también un colectivo anticomunista, opuesto a toda agenda progresista, y que, además, admira a los fascistas peruanos de los años 1930, vinculados a la Unión Revolucionaria. Como parte del desarrollo de sus recursos humanos, hacen talleres de artes marciales y de uso de armas (^{Vásquez & Chihuantito, 2021}). Promueven el uso de armas contra la delincuencia.

En 2019, año en que el presidente Vizcarra disuelve el Congreso, miembros de diversos partidos e independientes de derecha forman la Coordinadora Republicana. Este recurso socio-organizativo va a servir para conectar a políticos de derecha radical con sectores de la sociedad civil derechista no partidarizados. La plataforma sirve también para posicionar un discurso anticomunista y antiprogresista, que comienza a imponerse sobre posiciones más moderadas de la derecha tradicional. La Coordinadora respaldó la vacancia de Vizcarra en noviembre de 2020 y brindó los cuadros del breve Gobierno de Manuel Merino, forzado a renunciar por protestas masivas. El grupo validó la represión contra las protestas y aún sostiene que el Gobierno no fue responsable de los fallecidos (Gonzales, 2022).

Entre los otros colectivos se encuentran el colectivo #12S,¹² que aparece en 2013, enfocado en conmemorar a las víctimas del terrorismo de Sendero Luminoso -sin visibilizar las víctimas del Estado- y en celebrar su derrota por parte de Alberto Fujimori. Destacan también las escisiones de La Resistencia, Los Insurgentes y Los Combatientes del Pueblo, que durante la pandemia organizaron marchas y difundieron información contra la cuarentena, las mascarillas y la vacuna como parte de la instauración del Nuevo Orden Mundial (NOM). Ambos grupos tienen simpatía por el fascismo, varios de sus miembros tienen cercanías con neonazis (^{Cabral & Castilla, 2021}). Finalmente, está también La Coalición Libertaria, que surge a inicios de 2020 en reacción a las protestas exigiendo una Asamblea Constituyente. Estos jóvenes defienden la Constitución de 1993 y el modelo neoliberal. Utilizan sus redes para difundir los principios de la escuela austriaca de economía y el rechazo a todo tipo de intervención estatal en la economía. Tienen presencia en Junín y cercanía con Avanza País (AVP), de Hernando de Soto.

Los colectivos anticomunistas constituyen el principal tejido organizativo que hizo posible el ciclo de protestas del 2021 y 2022. Los recursos humanos que se formaron en estos colectivos fueron los primeros en convocar a movilizaciones cuando Castillo pasó a segunda vuelta. Los recursos socio-organizativos, como la Coordinadora Republicana, fueron importantes para la coordinación de las marchas más grandes en contra del expresidente. Erasmo Wong, miembro de la Coordinadora, es el dueño del canal de televisión Willax, el más representativo de la derecha radical (^{Goldstein, 2022}). Wong se volvió activista en la Coordinadora y en el ciclo 2021 y 2022, su canal se convierte en un recurso cultural que produce y difunde los enmarcados de la derecha radical. Las redes de libertarios van a ser los precedentes de los bloques juveniles que se movilizaron en defensa del modelo económico y en contra de la Asamblea Constituyente.

En esta sección, se ha argumentado que dos bloques de organizaciones fueron decisivos para la movilización de los recursos que hicieron posible el ciclo de protestas de la derecha radical entre 2021 y 2022. Como señala la teoría de movilización de recursos, los recursos no se encuentran homogéneamente distribuidos (^{Edwards et al., 2018}). Los actores que protestaron contra Castillo se encontraban mayoritariamente en Lima y eran en su mayoría de clase media.¹³ Comparados con manifestantes de sectores populares, tenían más disponibilidad de recursos. Además de contar con las transmisiones en vivo de Willax, hubo disponibilidad de transporte (buses), de carteles impresos, algunas veces alimentación, avisos pagados en carteles luminosos, periódicos y radio, etc. Sin embargo, esos recursos tenían que pasar de estar disponibles a ser accesibles (^{Edwards et al., 2018}), ese fue el trabajo de las organizaciones y activistas que ya tenían experiencia. Además, el sostenimiento de la campaña de protesta está conectado con los recursos culturales que definieron enemigos y soluciones.

Castillo como una amenaza permanente

Además del acceso a recursos para la movilización, fue también necesaria una percepción de amenaza que elevara permanentemente los costos de la inacción. La teoría clásica de la estructura de oportunidades políticas explica que, el cuándo de la acción colectiva contenciosa responde a las características del contexto político: hay momentos en que se incrementa la posibilidad de ganar nuevos beneficios y ventajas (^{Tarrow, 2011}). Pero Paul ^{Almeida (2018}, ²⁰¹⁹) nos recuerda que funciona también la versión opuesta: el cuándo también responde a momentos en que se incrementa la posibilidad de que empeoren las condiciones de vida. Aquí en lugar de oportunidades hay amenazas o malas noticias. En 2021, el Gobierno de Castillo representó para sus opositores una amenaza estructural en dos campos: los problemas económicos y la erosión de derechos (^{Almeida, 2018, p. 52}). Del total de opositores, quienes percibieron con mayor intensidad estas amenazas fueron los que pertenecían a la derecha radical.

Tanto durante la segunda vuelta electoral de 2021 como durante el Gobierno de Castillo, la derecha radical percibió la amenaza como severa, duradera, creíble, amplia, visible y con un culpable central, Castillo (^{Almeida, 2019}). Como candidato, Castillo dio mensajes claros que amenazaban tanto la estabilidad económica como el régimen democrático (^{Asensio, 2021}). En el gobierno fue incompetente y su corrupción erosionó la capacidad estatal (^{Barrenechea & Encinas, 2022}). Los calificadores internacionales de riesgo rebajaron la calificación crediticia del país (^{"Fitch se suma a Moody's...", 2021}). Además, fue hostil con medios de comunicación, intentó restringir el derecho a protesta y acabó dando un autogolpe frustrado. Es decir, muchas de las amenazas eran reales y duraron todo el gobierno. Sin embargo, no toda la oposición se movilizó, sino solo la derecha radical que percibía en Castillo la posibilidad de consolidar un Gobierno autoritario, a pesar de su extrema debilidad política (^{Ilizarbe, 2023,} p. 360).

Castillo representó sociológicamente al Perú provinciano, rural, andino, sindicalista, izquierdista y sin acceso previo al poder, con una promesa creíble de cambio (^{Asensio, 2021}). Además, Castillo era dirigente de un sindicato de maestros con miembros asociados al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), una organización heredera de Sendero Luminoso, el partido que le declaró la guerra al Estado en 1980 y fue el principal responsable del conflicto armado interno. Era fácil ver en Castillo la conjunción de varios enemigos: estatismo, comunismo internacional y terrorismo local. Como señalan algunos autores, detrás de estos miedos había también un temor de las elites a perder el poder frente a un desconocido que parecía que no se podría cooptar (^{Stefanoni, 2021b}).

Keiko Fujimori lideró una campaña de segunda vuelta que buscó maximizar el temor a Castillo, etiquetándolo como un enemigo comunista que podía hacer retornar el terrorismo (^{Mendoza, 2022}). El trabajo de ^{Mendoza (2022)} -analizando el discurso de los debates de la campaña- muestra la sistematicidad de la estrategia comunicativa para avivar el miedo. Antes de la segunda vuelta, Lima se llenó de letreros pagados por el empresariado, alertando sobre la llegada del comunismo. Empresarios y patrones amenazaron con despedir a sus trabajadores si ganaba Castillo (^{Vergara, 2021}).

Como señala Meléndez, las elecciones de 2021 activaron una de las viejas identidades partidistas negativas del Perú: el anticomunismo, una animadversión siempre latente a proyectos revolucionarios militares, como el del general Juan Velasco Alvarado, o de insurgencias violentas, como la de Sendero Luminoso (^{Meléndez, 2022, p. 22}). La percepción de amenaza funcionó tanto, que uno de los más simbólicos antifujimoristas, el premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa, acabó haciéndole campaña a Fujimori.

Los colectivos de derecha radical fueron los que tomaron las amenazas más en serio y, en consecuencia, los primeros en convocar y participar en movilizaciones en contra de la candidatura de Castillo. La experiencia de los años pasados facilitó la construcción y difusión de la campaña contra Castillo, y la organización de marchas y plantones. Habían estado esperando precisamente este tipo de amenaza.

Cuando se confirmó la victoria de Castillo, se formaron rápidamente varios nuevos colectivos de derecha radical. La ineptitud, corrupción y provocaciones del Gobierno de Castillo mantuvieron la percepción de amenaza durante todo su gobierno. Lo que más temían los empresarios era una Asamblea Constituyente que pusiera en riesgo el modelo económico y una infiltración comunista del Estado (Goldstein, 2022). Goldstein menciona que creyeron que el palacio de Gobierno estaba lleno de agentes cubanos y venezolanos, y la Sociedad Nacional de Industrias llegó a organizar un grupo para coordinar la vacancia. Para comprender la formación de los nuevos colectivos en el segundo semestre de 2021, hay que recordar que, además de la percepción de amenaza en los sectores más derechistas, los recursos organizativos previos fueron una condición necesaria. Entre los nuevos colectivos destacan dos grupos: los formados por jóvenes anticomunistas y los formados por militares en retiro, como se puede ver en la tabla 3.

La Legión Libertad, Patriotas del Bicentenario, Libertarios de Huancayo, Colectivo Ciudadanos por la Democracia y la plataforma No a la Asamblea Constituyente (NALAC) son las principales organizaciones de jóvenes anticomunistas que se formaron entre mayo y octubre de 2021. Destaca el NALAC, que se constituyó como una plataforma de coordinación para recaudar firmas en contra de una posible Asamblea Constituyente. Es la plataforma más institucional, apoyada por partidos tradicionales como el APRA, el PPC y la facción derechista de AP, además de FP, RP y AVP. Viajan por todo el país organizando mítines por la democracia, en los que participan algunos de los jóvenes vinculados a los nuevos colectivos.

El segundo grupo está formado por militares en retiro, caracterizados por ser más radicales y llamados al uso de la fuerza. Están organizados en varios colectivos -Colectivo Civil Democrático Almirante Miguel Grau, Legión Cívico-Militar Pedro Ruiz Gallo, Brigada Angamos y Colectivo Civil Patriótico Hijos de Grau- formados por marinos en retiro y sus familiares; ellos asistieron a manifestaciones por la vacancia y por la anulación de las elecciones de 2021.¹⁴ Del lado del ejército están la Legión Arica No Se Rinde, Legión Patriotas del Perú, la Legión Patriota y el Campamento Juan Valer; estos oficiales en retiro combatieron directamente a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Finalmente, del lado de la aviación está el colectivo Zarumilla Fuerza Azul.

En suma, en esta última sección se argumenta que la percepción de amenaza fue un factor necesario para el ciclo de protestas de la derecha radical contra el Gobierno de Castillo. Todo lo que representaba Castillo generó alarma en la derecha radical y el pánico fue reproducido tanto por la campaña de Fujimori como por sus aliados, incluidos los colectivos. Esto incentivó la mayor participación en protestas y la creación de nuevos colectivos. Las propias acciones del Gobierno de Castillo ayudaron a que la percepción de amenaza se mantuviera. Los recursos culturales previos ayudaron a definir a Castillo como una amenaza que juntaba el miedo a la experiencia del terrorismo y el temor a una conspiración comunista global. De otro lado, hay que destacar que, además de las amenazas, hubo también una estructura de oportunidades que facilitó la acción colectiva: la debilidad del Gobierno, hiperfiscalizado, impidió que pudiera implementar políticas represivas contra la movilización de la derecha radical. Cuando Castillo lo intentó, tuvo que retroceder.