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I. Introducción
El debate sobre el concepto de clientelismo en Colombia no es reciente, varios han sido los estudios que en torno a este fenómeno han sido publicados y discutidos por los especialistas en el tema. Autores como Ocampo (2014), De León (2011), Moreno (2002), Miranda (1977), Losada (1984), Gutiérrez (1998), Rubio (2003), Leal y Dávila (2010) y Pino y Cárdenas (2016), entre otros, lo han abordado desde distintas miradas, las cuales van desde analizarlo como un esquema político de dominio, como forma de privatización de la vida pública, como mecanismo de dominio de una clase económica sobre otra, hasta concebirlo como forma de intercambio de bienes en época electoral que se encuentra, además, en continua evolución y adaptación.
No obstante, dentro esta pluralidad de definiciones y acercamientos es posible identificar el concepto de “clientelismo armado”, el cual, si bien no ha sido explorado en la misma magnitud, constituye una herramienta teórica interesante para el acercamiento a las dinámicas políticas y sociales de nuestro país. Así, Peñate (1999), por ejemplo, desarrolla un análisis sobre el clientelismo armado utilizado por las organizaciones guerrilleras, tomando como caso de estudio el Frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera en el departamento de Arauca, y logra evidenciar cómo esta organización armada, a fin de construir una base social sólida no solo utilizó el discurso ideológico, sino que consideró necesaria también la presión armada sobre las administraciones locales como forma efectiva de interceder frente a las necesidades de las poblaciones que habitaban los territorios bajo su control.
En este sentido, este trabajo busca establecer cómo operó, en el caso del paramilitarismo presente en la región Caribe colombiana, la Reconfiguración Cooptada del Estado como una consecuencia del clientelismo armado. Para ello, se abordarán, en primer lugar, las concepciones teóricas que guían el análisis; luego se elaborará una reconstrucción del control paramilitar en el Caribe colombiano durante el periodo 2002-2006 y se describirá, en el tercer apartado, cómo ha sido la captura criminal de la administración pública en la región Caribe colombiana. En un cuarto apartado se muestran la influencia y magnitud de los pactos entre políticos y paramilitares en el Caribe colombiano y se esbozan, finalmente, algunas conclusiones derivadas del análisis y otras en clave de posibles futuras investigaciones sobre el tema.
La técnica de análisis que se utilizó para el desarrollo de este trabajo es la derivada del análisis hermenéutico de documentos y textos. La investigación de los documentos se forja sobre testimonios humanos, fundamentalmente los escritos. En este caso, la fiabilidad se da con la verificación de la autenticidad del documento, la competencia de quien lo produce, sus conocimientos sobre el tema, su ideología, pertenencia a una organización, movimiento o partido político y el fin que busca el documento (Ragin, 2007)1.
II. Reconfiguración Cooptada del Estado y clientelismo armado: precisiones conceptuales
La literatura sobre clientelismo (y, de forma específica, el clientelismo armado) ha sido desarrollada en Colombia principalmente a partir de dos bases. Por un lado, se destacan los trabajos que se han nutrido de aproximaciones realizadas para contextos distintos para, posteriormente, aplicarlas al caso colombiano y, por otro lado, aquellos autores que han intentado abordar el fenómeno a partir de una interpretación del caso colombiano considerando que este tiene características que lo hacen peculiar y que necesita de aproximaciones novedosas.
Garay, Salcedo, De León y Guerrero (2008a), dentro del segundo grupo, proponen el término “captura del Estado” (CdE) como una forma de denominar el acto de influir en la formulación, aplicación e interpretación de las normas a fin de obtener ganancias económicas. Para estos autores, la CdE consta de distintas fases que van desde el uso de prácticas corruptas hasta la captura de actores del escenario político como los partidos o las instituciones, pero siempre con el mismo fin. Posteriormente Garay y Salcedo (2012a) propondrían el concepto “reconfiguración cooptada del Estado” (RcdE) para explicar una fase mucho más avanzada de la CdE consistente en trascender los objetivos económicos para buscar poder político, impunidad y legitimidad social2. La RcdE, al menos en Colombia, ha sido impulsada principalmente por grupos armados ilegales, por lo que se trata de un fenómeno más complejo que el entendido en la CdE. Las características que identifican a la RcdE son la participación de individuos y grupos sociales tanto legales como ilegales, la búsqueda de beneficios que no se limitan a una ganancia económica, la creación de alianzas políticas a través de la fuerza o la amenaza de su uso y la afectación que produce en todos los niveles de la administración pública.
Para este trabajo, además de considerar que las AUC ejercieron una RcdE en la región Caribe colombiana, se considera que esto hizo parte de lo que De León (2011) ha definido como clientelismo armado, lo cual es la privatización de la administración pública y la apropiación de los bienes comunes a través de la fuerza o su amenaza. La razón por la cual se habla de clientelismo armado es porque existe una relación de carácter político entre dos actores, unos que actúan como patrones y otros como clientes. Además, esta relación está mediada por un actor armado y, en lugar de ofrecer beneficios materiales para los votantes, moviliza los votos a través de la violencia armada3.
A diferencia del clientelismo tradicional, en el que son los líderes barriales, ediles y otros actores locales los que se comunican directamente con los votantes, en el clientelismo armado el intermediario es un grupo armado que, a través de una relación de poder, beneficia a un actor político que se encuentra dentro de la legalidad.
Para autores como Medellín (2005), los grupos armados encontraron una oportunidad de actuación en la crisis de representación de los partidos políticos tradicionales4. De esta forma, la violencia apareció como una manera de apropiarse de las instituciones del Estado5. Álvaro (2008), por su parte, afirma que además de obtener beneficios como la contratación en cargos públicos de personal recomendado por ellos, la retención de un porcentaje de los sueldos y la concesión de obras públicas, el clientelismo armado contribuye a desplazar a otros grupos ilegales y, consecuentemente, al establecimiento de un actor hegemónico que no solo domina el mercado ilegal, sino varios aspectos de la administración pública.
A pesar de que, como menciona Della Porta (1996), los partidos políticos deberían representar las opiniones e intereses de los ciudadanos, la corrupción política puede modificar la estructura de esas preferencias electorales y llevar a que predomine una lógica clientelar de votos a cambio de favores. En ese sentido, cuando el clientelismo armado aparece, puede llegar a perjudicar aún más al Estado puesto que “clienteliza” sus rentas para favorecer a grupos particulares sin que eso se traduzca en alguna mejora para los ciudadanos. Es la violencia, finalmente, la que configura el orden institucional6.
Garay y Salcedo (2008b) proponen que se observe esta dinámica a partir de unos “agentes captores” que capturan instituciones tales como los partidos políticos a fin de ingresar al Estado y manipular lo que ahí encuentren para alcanzar determinados objetivos7. Es decir, los partidos políticos se instrumentalizan para consolidar a determinados grupos de interés.
Antecedentes del paramilitarismo en Barranquilla
El paramilitarismo arribó a Barranquilla hacia finales de los años 90. Debido a que en su territorio no albergó grandes estructuras subversivas, podría afirmarse que la ciudad se mantuvo inmune al surgimiento de autodefensas campesinas que pulularon a su alrededor en la región Caribe8. Aun así, por su significante posición económica y su doble condición de puerto marítimo y fluvial que le permitía interconectar el centro del país con los mercados internacionales más importantes9, la capital atlanticense terminó por convertirse en un territorio con ventajas para el desarrollo de dinámicas de ilegalidad.
Desde la década de los 70, en la ciudad se empiezan a gestar un conjunto de actividades ligadas a la bonanza marimbera que tenía como epicentros principalmente a la Sierra Nevada de Santa Marta y el departamento de La Guajira. Barranquilla fue vista como una ciudad pujante y a la vanguardia del comercio y la industria en el Caribe, además de un subterfugio para marimberos que consideraron que allí se podía tener un perfil discreto y pasar desapercibido entre la población (Ardila, Acevedo y Martínez, 2012). Barranquilla finalmente llegó a ser considerada “el mayor epicentro urbano del boom” (Brito, 2008, p. 17) y el traslado del domicilio de muchas personas enriquecidas a través del contrabando y el comercio de drogas incubó en la ciudad “toda una tradición socio-cultural en torno al narcotráfico” (Trejos, 2013, p. 122) que terminó por afectar los niveles de violencia.
A pesar de que por algún tiempo se expandió la hipótesis de que la influencia de la bonanza marimbera en Barranquilla se había reducido a un fenómeno migratorio, con las complejidades que esto significa, hay evidencia que permite afirmar que la ciudad funcionó como uno de los principales centros de acopio, venta y comercialización de la marihuana, ya que su puerto había sido utilizado para consolidar las estructuras de contrabando y narcotráfico que venían desde Maicao y otras partes de La Guajira (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2005, González-Plazas, 2008).
En la década de los 80 se conforma el llamado Cartel de la Costa, que tuvo como centro de operaciones a Santa Marta y Barranquilla. A pesar de que este no tenía la estructura de poderosos carteles como los de Medellín y Cali, a finales de los 90, se llegó a considerar que su líder, Alberto Orlández Gamboa, alias “El Caracol”, había logrado hacer de este “una de las bandas de narcotraficantes más poderosas del país” (La Nación, 1998) y dentro de su estructura se desarrolló un clan familiar en cabeza de los esposos Nasser Arana -Julio César (alias “El Turco”) y Sheila-, quienes entre 1976 y 1999 introdujeron a los Estados Unidos más de 25.000 kilos de cocaína y 1.400.000 kilos de marihuana, en este último año (1999) todos los miembros de la familia fueron apresados (Rodríguez, 2016).
Orlández Gamboa fue capturado en 1998 y un año después fue totalmente desarticulado el Clan Nasser Arana, lo que llevó al declive del Cartel de la Costa, pero no al fin del narcotráfico en la ciudad. Durante los años previos a la desaparición del cartel, los hermanos Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera, provenientes del norte del Valle y antiguos trabajadores del Cartel de Cali, se habían adentrado en la costa norte colombiana buscando dominar las salidas de cocaína hacia México a través de los puertos de Barranquilla y Cartagena (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos humanos y DIH, 2005).
Si bien “los mellizos”, como también fueron conocidos, actuaron en principio con la aprobación de alias “El Caracol”, estos sobrevivieron a la desaparición del Cartel de la Costa y permanecieron allí hasta que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hicieron su aparición en la escena criminal de la ciudad. Para esta época, ante la arremetida paramilitar, y debido a los beneficios de alternatividad penal obtenidos en el marco del acuerdo logrado entre la administración Uribe y la organización paramilitar, “los mellizos” le ofrecen a Vicente Castaño 2 millones de dólares para que les otorgue el mando operativo y estratégico del Bloque Vencedores de Arauca, en el cual Miguel fingió su desmovilización como comandante general de la estructura contrainsurgente a pesar de que solo estuvo en la región en tres oportunidades y siempre mantuvo su perfil como narcotraficante (El Tiempo, 2017; Verdad Abierta, 2008).
Grupo Atlántico y Frente José Pablo Díaz: consolidación y estructura
El Bloque Norte, perteneciente a las AUC y al mando de Rodrigo Tovar Pupo, se establece en el departamento del Atlántico a partir de dos frentes: el Frente José Pablo Díaz (FJPD) -otrora conocido como Grupo Atlántico- y el frente Tomás Guillén que operó principalmente en los municipios de Pivijay, Salamina, Ciénaga, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñón, Pedraza, y Plato, todos en el departamento del Magdalena, por eso también fue denominado “Frente Pivijay”. La proximidad de estos municipios con la ciudad de Barranquilla y el objetivo de obtener beneficios de la entrada y salida al mar Caribe que representaba esta ciudad condujo al “Frente Pivijay”, de manera esporádica, a realizar acciones en el departamento del Atlántico (El Heraldo, 2015; Montes, Martínez, Martínez, Renán y Silva, 2014; Valencia, 2009). Por esto puede afirmarse que el FJPD fue la única estructura paramilitar que se estableció en el Atlántico y, consecuentemente, el que posee mayor influencia en el incremento de la conflictividad y en la cooptación de la clase política y económica de la ciudad.
Si bien es cierto que Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, construyó un discurso contrainsurgente que llegó a afirmar que el FJPD nace en razón de “neutralizar el accionar de los frentes Diecinueve, Francisco Javier Castaño y José Antequera de las FARC, y el frente Pabón del ELN” (Tribunal Superior del Distrito Judicial De Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2011, p. 8), Arias (2008) y Trejos y Posada (2014) explican que el accionar guerrillero era casi inexistente en el momento de la llegada de la AUC, por lo que las motivaciones pueden asociarse mejor al deseo de controlar el narcotráfico y el crimen organizado en la ciudad.
Con la desarticulación del Cartel de la Costa y el sometimiento de los mellizos Mejía Múnera al poder de las AUC, el control del narcotráfico pasó a manos del FJPD. Prueba de ello es la exacerbación de los niveles de violencia en entornos cercanos a los terminales marítimos como los barrios Rebolo, La Chinita, El Ferry y La Luz (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2012). Entre el 2000 y el 2003 la tasa de homicidios en Barranquilla aumentó en un 52% y desde el 2004, coincidiendo con la consolidación del FJPD, esta disminuye sostenidamente, aunque aún por encima del promedio nacional.
El número de personas que sufrió desplazamiento forzado aumentó aproximadamente en un 1.115% en apenas dos años: en 1999 fueron desplazadas 966 personas, en el 2000 la cifra llegó a 6.297 y en el 2001 fueron 10.778 (Trejos y Posada, 2014). Asimismo, los profesores, los sindicalistas y la comunidad estudiantil de la Universidad del Atlántico fueron objeto de una arremetida de violencia que produjo la muerte de 35 sindicalistas y 12 maestros entre el 2000 y el 2004 y el desplazamiento forzado de 20 profesores y alumnos según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2005). Los comerciantes también se vieron afectados debido a que el Grupo Atlántico les cobraba cuotas a fin de protegerlos de robos y homicidios cuyos autores eran ellos mismos (El Tiempo, 2007). En ese mismo momento histórico se difundieron las mal llamadas “limpiezas sociales”, consistentes en amenazar y posteriormente asesinar a miembros de la comunidad que se consideraran “indeseables”, y el paramilitarismo se apropió de los recursos del “chance” y los llamados “paga diarios” (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2012).
Pocos años después de haber llegado al departamento, el comandante del Grupo Atlántico, José Pablo Díaz -alias “Pablo”-, fue víctima de una emboscada realizada por el Frente XIX de las FARC en la carretera troncal del Caribe y murió a manos del grupo insurgente. Desde ese momento, el frente fue rebautizado con su nombre y Édgar Ignacio Fierro, alias “Don Antonio”, tomó la dirección del mismo (Trejos, Martínez y Badillo, 2019).
Paramilitarismo en la política barranquillera
Alias “Don Antonio” o “Antonio” dirigió el FJPD desde el 2003 hasta el 2006. Este frente tenía como responsable directo a “Jorge 40”, quien comandaba el Bloque Norte de las AUC. La organización del FJPD, según la Sentencia de Primera Instancia contra Édgar Ignacio Fierro Flores y Andrés Mauricio Torres León, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, se daba a través de comisiones que se repartían las funciones y el territorio del departamento del Atlántico de la forma en que puede observarse en la Tabla No. 1.
Tabla 1 Organización del Frente José Pablo Díaz.
| Comisión | Encargado | Espacio geográfico de actuación |
|---|---|---|
| Metropolitana | José de Jesús Angulo Banderas, alias “Blas”. | Municipio de Soledad, mercado público de Barranquilla y el resto del área urbana. |
| Centro | Jonsi Jacinto Ramos Torres, alias “Cristian”. | Baranoa, Galapa, Polonuevo y Usiacurí (junto a los corregimientos y veredas de cada uno de los municipios). |
| Oriental Norte | Luis Modesto Montero Jiménez, alias “Diego” o “Sebastián”. | Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Candelaria, Santa Lucía y Suan. |
| Cordialidad | En el 2006, Jovany José Campo Carvajal, alias “Bolívar”. Antes de esa fecha, Pedro Ramón Soler Abellojin, alias “Aguas”. | Sabanalarga, Luruaco, Repelón y Manatí (junto a los corregimientos y veredas de los cuatro municipios). |
| Magdalena | Jairo Rodelo Neira, alias “Jhon 70”. | Sitio Nuevo (Magdalena) con sus corregimientos y veredas. |
| Vía al Mar | Miguel Ángel Villareal Archila, alias “Salomón”. | Puerto Colombia, Juan de Acosta, Tubará y Piojó. Esta comisión era particularmente importante para el FJPD debido a que se encargaba de exportar cocaína y controlar los impuestos a las operaciones del narcotráfico que dirigía el Bloque Norte en la costa Atlántica. |
| Financiera | Johnny Acosta Garizábalo, alias “Richard”, “Iván” o “28”. | Esta comisión no tenía delimitación geográfica. |
| Gasolina | Carlos Mario García Ávila, alias “Gon” o “Gonzalo” o “el Médico”. | Esta comisión no tenía delimitación geográfica. |
| Inteligencia | Gabriel Antonio Suárez, alias “Cucho”. | Esta comisión no tenía delimitación geográfica. |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados por elTribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (2011).
Si bien las comisiones eran parte del FJPD, los comandantes respondían a variados intereses. Por ejemplo, de todas las comisiones existentes, solo las comisiones Metropolitana, Centro, Oriental Norte, Cordialidad, Magdalena, Financiera, Gasolina e Inteligencia dependían directamente de ’Antonio’. La Comisión Vía Al Mar y la Política (que también dependía parcialmente de ‘Antonio’), así como el mismo ’Antonio’, dependían directamente de ’Jorge 40’ (Verdad Abierta, 2009a). Esto significa que ‘Jorge 40’ estaba a cargo de forma directa de la exportación y rutas de narcotráfico en el departamento del Atlántico y, además, contribuye a pensar que, como Salinas y Zamara (2012) mencionaban, las AUC solían parecerse a una federación de organizaciones criminales.
El poder y relevancia de los comandantes que respondían a ‘Jorge 40’ era mayor que el de aquellos que dependían de ‘Antonio’. ‘Gonzalo’, quien estaba bajo el mando directo de ‘Jorge 40’, era un alfil importante en la influencia política de la organización a nivel nacional. Tan así que estuvo encargado de la estrategia y organización del proyecto político paramilitar en el Caribe colombiano. Esto último sería clave para mostrar cómo los intereses de los bloques paramilitares en la Costa Atlántica estaban no solo en el manejo de rutas del narcotráfico, sino en la financiación y apoyo a políticos de la región -claro está, con la condición de apoyar iniciativas legislativas que favorecieran a los grupos paramilitares-. En este sentido, asegura ‘Gonzalo’ (El Espectador, 2013; Semana, 2006) que en la creación y promulgación de la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, los intereses paramilitares tuvieron un gran peso.
De hecho, “Gonzalo” era considerado el jefe político de Tovar Pupo y estuvo muy cerca de la clase política barranquillera al punto de que él mismo asegura haber apoyado la candidatura de Guillermo Hoenigsberg a la Alcaldía de Barranquilla a través de un candidato al Concejo de Barranquilla, Jorge Gerlein Otálora. Sin embargo, el apoyo a Hoenigsberg, según declaraciones de “Gonzalo”, provino directamente del Frente Resistencia Tayrona, que le entregó cerca de 500 millones de pesos a cambio de que entregara el 40% de la administración a Eduardo Losada, fundador y dueño de la empresa Métodos y Sistemas, financiadora del FJPD, y a la que se señala como puente entre las AUC y la clase política barranquillera (Verdad Abierta, 2010). Este apoyo económico se considera el punto de inflexión para las AUC que, si bien ya estaban en el departamento controlando acciones criminales, no habían logrado influenciar a la clase política del todo. De hecho, a fin de evitar que Hoenigsberg perdiera la elección, se consideró forzar a Édgar Perea, su opositor más fuerte, a renunciar a la candidatura, pero se optó por seguir financiando al candidato que las AUC soportaban, pero ahora con dinero del FJPD. Tras la victoria de Hoenigsberg, este llegó a estar en Ralito visitando a Jorge 40.
Además del discurso contrainsurgente que llegaron a posicionar las AUC, las mal llamadas limpiezas sociales en aras de generar una falsa sensación de seguridad y protección a la ciudadanía y los homicidios retributivos (quienes no pagaban tributos o “vacunas” a las AUC eran asesinados), el accionar de los paramilitares en el Atlántico debe ser soportado con otras fuentes de información que corroboren o complementen las descripciones sobre la cooptación e influencia de estructuras paramilitares en instituciones oficiales, fuerzas militares, sector privado, así como en corporaciones locales (alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales). Incluso, de forma general, en la forma en que la política se ejercía en los diferentes contextos en que tenían influencia. Las siguientes secciones describirán la forma y consecuencias de la infiltración del Frente José Pablo Díaz en las instituciones barranquilleras.
Infiltración criminal de los organismos de seguridad
De acuerdo con Verdad Abierta (2009b), ‘Antonio’ mantenía en su computador información detallada sobre pagos a miembros del GAULA, del Ejército, la Policía Nacional y de otros pertenecientes al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el cual dependía directamente de la Presidencia de la República.
Como también reporta Verdad Abierta (2011), Javier Insignares, bajo el mando de ’Don Antonio’, era quien enlazaba al FJPD con la SIJIN, el DAS y el GAULA. Del mismo modo, iba como representante del Frente a diferentes reuniones. Su vínculo fue tan importante que incluso participó en la conocida devolución de un cargamento de droga a “La Banda de los 40” que, por cierto, estaba conformada por agentes de Policía activos y retirados (Verdad Abierta, 2008). Su cercanía era, además, física: como explica Verdad Abierta (2010), una de las oficinas del FJPD en el Atlántico se encontraba a escasos metros de la oficina del DAS.
Tal infiltración le aseguró al Frente una posición estratégica al poder así tener información privilegiada sobre operaciones y seguimiento que la Fuerza Pública y otros actores pudieran estar haciendo a sus acciones. Del mismo modo, podían tener acceso extensivo a las zonas en las cuales las Fuerzas Militares y la Policía actuaban. Existían, así, rubros específicos para pagos a miembros del B-2 y de las Fuerzas Urbanas del Ejército, agentes de Policía, entre otros, cuyo objetivo era evitar que persiguieran a miembros del FJPD. La cercanía entre las fuerzas de seguridad del Estado y esta estructura paramilitar fue tal que hicieron también operaciones conjuntas y compartieron información exclusiva de inteligencia militar (El Tiempo, 2006a). En pagos de nómina a militares, policías y funcionarios, se habrían gastado unos 718 millones de pesos.
El DAS fue el organismo de seguridad en que las estructuras paramilitares tuvieron más influencia. Según Noticias Uno (2009), en entrevista con Rafael García - ex-jefe de informática del DAS -, ‘Jorge 40’ y Carlos Castaño querían que alguien de su confianza fuera director del organismo en Barranquilla. Tal persona sería Emilio Vence. Esta solicitud es tomada por Jorge Noguera, quien era ya en ese entonces director del DAS. Su objetivo era controlar la inteligencia de quienes estaban siendo investigados, saber quiénes eran considerados narcotraficantes y recopilar información de direcciones, contacto y forma de seguimiento de personas consideradas líderes sociales, defensores de derechos humanos y sindicalistas. García describe cómo su oficina del DAS manejaba las solicitudes de extradición reportadas por la Cancillería, las enviaba a las estructuras paramilitares y luego eliminaba cualquier registro de estas en las bases de datos del departamento (Noticias Uno, 2009).
Sería a través de esta información que se da la orden de asesinar a Alfredo Correa de Andréis, profesor y sociólogo; a Adán Pacheco, sindicalista de Electricaribe; Pedro Pérez, de la Defensoría del Pueblo; Orlando Londoño Palacio, veedor de transporte; Eislen Escalante Pérez, quien instauró denuncias contra regional de la Red de Solidaridad por donaciones a ONG ficticias y Miguel Espinosa, miembro del sindicato del DANE (El Tiempo, 2006a; Semana, 2006; Verdad Abierta, 2009b).
Cooptación política
El Bloque Norte de las AUC se estableció primero territorial y militarmente en la región Caribe colombiana y, luego de ese proceso, es que se preocupa por la cooptación política. El comandante de este bloque, alias “Jorge 40”, tejió alianzas con concejales, alcaldes, diputados, gobernadores y congresistas del Caribe a los que, derivado de la llamada “parapolítica”, les fueron abiertas diversas investigaciones por supuestos nexos con el FJPD. De estas investigaciones, varias siguen aún en proceso; sin embargo, presentan tiempos extensos y procesos dilatados. Esta situación no es necesariamente sorpresiva si se tiene en cuenta que el Congreso de la República llegó a tener, según Salvatore Mancuso, un 35% de miembros que, en el 2003, fueron elegidos en zonas de directa influencia de las AUC en todo el país (Caracol Radio, 2005).
Según fue indicado por el portal Verdad Abierta (2012), algunos congresistas del partido Cambio Radical, otros pertenecientes al partido Conservador y algunos senadores del partido de la U están entre los investigados. Se señala, además, que, de acuerdo con algunos testimonios recogidos en el marco de estas investigaciones, el Pacto de Carmelo fue un espacio de convergencia de varios dirigentes políticos del departamento del Atlántico, quienes suscribieron acuerdos con los grupos paramilitares pero que, sin embargo, se abstuvieron de firmar documentos que lo comprueben (Arco Iris, 2012; Semana, 2009a).
En este mismo contexto, una buena parte de los concejales, diputados y alcaldes del departamento del Atlántico electos durante el periodo en que el FJPD tuvo presencia en este departamento fueron investigados por la Corte Suprema, resaltando, de manera especial, el caso del exalcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg y el de su exsecretario de despacho, José Pérez10 quienes, como ya se narró antes, fueron considerados piezas clave del FJPD para cooptar la política del departamento del Atlántico. La campaña de Hoenigsberg fue financiada por las AUC y estos exigieron, a cambio, el 40% de la contratación durante los años de administración. Concejales como Juan Carlos Ospino y Alejandro Munárriz también fueron investigados por haber aparecido en el computador de “Don Antonio” como socios del FJPD, en el que asimismo se aseguraba que existían vínculos cercanos entre personajes importantes en la ciudad como el exdirector de la Corporación Autónoma Regional (CRA), Tony Palencia, el propietario de la empresa Interaseo, William Vélez, y el contratista de la Alcaldía de Barranquilla, David Name Terán con el FJPD (El Tiempo, 2012).
Si bien todos estos casos son relevantes para la región Caribe, el del exsenador Dieb Maloof11 resalta entre todos ellos toda vez que provee elementos analíticos interesantes al revisar las relaciones entre la clase política barranquillera, el narcotráfico y las estructuras paramilitares, complejizando las hipótesis explicativas de la llegada de los paramilitares al departamento del Atlántico y, de manera específica, a la ciudad de Barranquilla.
Así, se observa, en primer lugar, la relación entre el narcotráfico y la política como una bastante cercana en el departamento. De hecho, en una entrevista dada por quien fuera en algún momento miembro del FJPD, Jaime Pérez Charris, se describe la relación entre el mencionado exsenador y ’Boliche’, quien fungía como mano derecha de Salvatore Mancuso y quien, además, habría sido uno de los encargados por este para dinamizar la actividad exportadora de cocaína desde el Caribe (Semana, 2007).
Según sus declaraciones, Maloof, a través de ’Boliche’, estaba al tanto y participaba de las actividades ilícitas desarrolladas por el grupo ilegal, recibiendo apoyo financiero y electoral por parte del mismo comandante de las AUC, Carlos Castaño y de ’Don Antonio’. Señaló, además, que existían acuerdos previos con Maloof, así como reuniones en las que se decidían aspectos propios del mapa electoral del Caribe (Verdad Abierta, 2013a)12.
Se evidencia entonces que la cercanía entre el narcotráfico y la política permitía que los primeros se encontraran inmersos en el ámbito político, ya fuera directamente -como Maloof-, o indirectamente a través de políticos que sabían de las actividades delictivas de quienes los apoyaban y que, no obstante, recibían el dinero de estos y los favorecían financieramente de múltiples formas (contratos, concesiones o permitirles actuar sin mayores problemas en el departamento).
Esta dinámica se encuentra explícita también en testimonios como el de Pérez Charris, quien evidencia cómo los narcotraficantes estuvieron directamente involucrados en la operación de las estructuras paramilitares en el departamento del Atlántico. De esto se puede inferir que las acciones de estas últimas estuvieron altamente influenciadas por los intereses que tuvieran en varios temas como las rutas de transporte y la exportación de cocaína, así como la protección de cargamentos en el departamento (Semana, 2007).
De este intercambio fluido y constante entre las estructuras paramilitares y los líderes políticos en diferentes partes del Caribe colombiano existen diversos testimonios. Como lo muestra Verdad Abierta (2013b), por ejemplo, “Jorge 40” tenía como objetivo en la región apoyar a políticos que se mostraran afines a la “causa paramilitar” y asegurarse de que estos obtuvieran cargos de elección popular. Su modo de acción, sin embargo, estuvo marcado por la negociación y acercamiento con políticos de la región, tanto en el Bloque Norte como en el frente JPD, por la intermediación de ’Gonzalo’ y ’El Canoso’13.
Las declaraciones de “El Canoso” (Arrázola, 2012) señalan que existían reuniones constantes con caciques electorales del departamento en las que se trataban temas relacionados con los cargos públicos en diferentes instituciones estatales y el decidido apoyo a campañas electorales de exalcaldes de la ciudad, revelando, según lo dicho por ’Gonzalo’ (El Espectador, 2013), que la clase política atlanticense negociaba de manera directa con las estructuras paramilitares la repartición del poder político en el Atlántico. Lo anterior resulta importante considerando el alto número de congresistas investigados, las dilataciones que han tenido los procesos de investigación -entre otras cosas, por el manejo indebido de procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía (Gómez, 2017).
Estas conexiones políticas del FJPD no son poco importantes si se tiene en cuenta que el Estado en sí mismo constituyó una de las fuentes de financiamiento de las AUC en el departamento del Atlántico. En este sentido, puede afirmarse que en la ciudad de Barranquilla se dio un proceso de reconfiguración cooptada del Estado, a través del cual los paramilitares sistemáticamente predaron las rentas públicas (Trejos y Posada, 2014).
En el caso de la ciudad de Barranquilla, según informaciones obtenidas por la de la Fiscalía General de la Nación, por medio de grabaciones se comprobó que el FJPD capturó rentas legales que desvió de la licitación del manejo de aguas, alcantarillado y aseo de la ciudad, adjudicada a la empresa Triple A, en un aproximado del 10% de los recursos destinados al mantenimiento de los caños del municipio.
Según el diario El Tiempo (2006a), es posible que también recibieran “una comisión” a modo de adelanto por la construcción de Transmetro. En simultáneo, según el testimonio de varios exparamilitares (Arrázola, 2012; Verdad Abierta, 2010b) e informaciones encontradas en el incautado computador de ’Don Antonio’ (El Tiempo, 2006a), el FJPD mantenía vínculos cercanos con la firma Métodos y Sistemas, encargada del recaudo de impuestos en la ciudad y a través de la cual se entregaron dineros a la campaña del entonces candidato a la alcaldía y posterior ganador de las elecciones Guillermo Hoenigsberg, con el fin de que el FJPD participara en la administración financiera del Distrito (Verdad Abierta, 2012).
Otra renta legal de la ciudad de la cual también se apropiaron fueron los recursos de la salud por medio de las EPS Salud Total y Solsalud. En este punto, debe tenerse en cuenta que el FJPD tuvo radio de acción en todo el departamento del Atlántico, por lo cual es importante revisar su repertorio de acciones tendientes a la captura de las finanzas de distintos municipios del departamento. Este esquema de cooptación de finanzas estuvo encabezado por el condenado Dieb Maloof (El Tiempo, 2006b).
Según el diario El Tiempo (2006a): a) Crearon una empresa falsa con el fin de apropiarse de 1.500 millones de pesos de la Alcaldía de Sabanagrande; b) Capturaron las finanzas del Hospital Materno Infantil de Soledad, a través de malos manejos administrativos realizados por personas cercanas a ’Don Antonio’ (Romero y Ávila, 2011); c) En el marco del proceso de negociación adelantado por el Gobierno Nacional y las AUC se desviaron desde una IPS del municipio de Soledad hacia esta organización armada 30 millones de pesos; d) Fueron contratistas de las administraciones de Galapa, Palmar de Varela y Malambo.
En el balance financiero encontrado en el computador de ’Don Antonio’, en solo 7 meses del 2004, por concepto de captura de rentas públicas, el FJPD obtuvo aproximadamente 3.200 millones de pesos.
Estos recursos fueron invertidos en la dinamización y ampliación de su actividad criminal ya que, como lo reveló el diario El Tiempo (2006a),
Se habrían gastado unos 718 millones de pesos en sobornos; otros 32 millones de pesos en un rubro denominado “Ley”, que podría haber sido para miembros de la Fuerza Pública de Barranquilla de modo tal que no hicieran operaciones en contra del Frente; otro presupuesto llamado “Arreglo situación jurídica”, destinado al parecer a pagar sobornos a empleados de la rama judicial; unos 2 millones de pesos denominados “Pago de información de Fiscalía”; además de la destinación de 3 millones de pesos a 2 capitanes de las Fuerzas Urbanas del Ejército, así como posibles cuentas y rubros destinados a agentes del entonces B-2 quienes le informaban a cualquier hora del día para prevenir capturas de integrantes de las AUC (El Tiempo, 2006a).
De manera más reciente, y con la coyuntura favorable que ha representado la firma del Acuerdo Final con las FARC, varios han sido los casos de congresistas que han buscado acogerse a las instancias creadas en el marco de la justicia transicional con el fin de lograr disminuir los efectos penales que pudieran representar los delitos de los cuales son señalados en la justicia ordinaria; lo anterior siempre y cuando cumplan con el llamado régimen de condicionalidad14. Dentro de estos casos, para el departamento del Atlántico, resaltan los excongresistas Álvaro Ashton15, exsenador por el Partido Liberal, y David Char Naval16, quien ostentaba su curul en representación del partido Cambio Radical; Los dos son señalados de estar implicados con la parapolítica17 y actualmente procesados por la Corte Suprema de Justicia.
Ambos fueron aceptados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) bajo el supuesto de que “el procesamiento de agentes del Estado y terceros civiles que contribuyeron a la prolongación e intensificación del conflicto armado es necesario para esclarecer la verdad, superar el conflicto mismo y dignificar a las víctimas” 18 (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018a, p.2). Se les acusa, a los dos, de haberse servido del dinero y la estructura del FJPD y el Bloque Norte de las AUC para asegurar su elección como congresistas de la República a cambio de servir a los intereses del grupo armado en el cuerpo legislativo19.
Según lo indicado por la JEP, el accionar de los grupos paramilitares en Colombia no solamente se ha circunscrito al enfrentamiento militar con las guerrillas, sino que su expansión en el territorio nacional como un actor del conflicto armado incluyó relaciones de mutuo provecho con sectores sociales, políticos y económicos. Dicho dominio alcanzó un alto grado de consolidación que se expresó de diversas formas, una de ellas, fue el proselitismo político armado. Esto es, el apoyo electoral conseguido por medio de la subyugación de la libre elección de los votantes por parte de políticos que promovían y defendían los intereses ligados al paramilitarismo (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018a, p.62).
Si bien existen otros beneficios dentro de la relación establecida por los congresistas con los grupos paramilitares de las AUC, el intercambio en términos electorales, sin duda, constituye un rasgo fundamental de este fenómeno. En la Tabla No. 2 se presentan los resultados electorales obtenidos por Ashton Giraldo y Navas Char en los diferentes periodos en los que alcanzaron una curul en el cuerpo legislativo nacional.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha decidido señalarlos por el delito de concierto para delinquir agravado por haber establecido, presuntamente, una relación con el Frente José Pablo Díaz de las AUC. Asimismo, según indica el comunicado número 68 de la JEP (2018a), la Corte acusó, adicionalmente, al exsenador Char Navas de haber incurrido en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y al señor Ashton Giraldo de haber perpetrado un cohecho por dar u ofrecer.
Tabla 2 Resultados electorales de los congresistas Álvaro Ashton Giraldo y David Char Navas
| Congresista | Periodo | Partido | Cargo | Votación general | Mayor votación Departamental |
|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Antonio Ashton Giraldo | 1998-2002 | Partido Liberal | Representante a la Cámara | 41.878 | Atlántico |
| 2002-2006 | Partido Liberal | Representante a la Cámara | 73.542 | Atlántico | |
| 2006-2010 | Partido Liberal | Senador | 37.804 | Atlántico | |
| 2010-2014 | Partido Liberal | Senador | 52.793 | Atlántico | |
| David Char Navas | 2002-2006 | Partido Liberal | Representante de la Cámara | 38.768 | Atlántico |
| 2006-2010 | Cambio Radical | Senador | 28.062 | Atlántico20 |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Resulta interesante y pertinente para el presente análisis la definición que la Corte Suprema de Justicia ha decidido atribuirle al delito de “concierto para delinquir agravado” por el cual se les señala a los dos excongresistas, toda vez que describe la dinámica de relación e intercambio ilegal entre los actores políticos y los grupos armados en búsqueda de beneficios comunes. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha llamado la atención sobre su gravedad, en varias ocasiones, de la siguiente manera:
[…]el aporte del político a la causa paramilitar cuando coloca la función pública a su servicio debe mirarse no tanto en la creación de disfunciones institucionales que, claro, le agregan mayor gravedad al injusto, sino en la medida que con esa contribución se incrementa el riesgo contra la seguridad pública al incentivar la acción del grupo ilegal […] (Corte Suprema de Justicia, 2011).
Adicionalmente, la Corte afirmó que este tipo penal
[…] permite sancionar los acuerdos entre políticos y estos [los grupos paramilitares] con pretensiones de ‘cooptar’ las instituciones públicas para emplearlas a su servicio, una característica muy particular de un modelo de macrocriminalidad que la diferencia de otro tipo de asociaciones ilícitas (Corte Suprema de Justicia, 2013).
Ahora bien, tanto para el caso de Char Navas, como para el de Ashton Giraldo, se configura el escenario de cooptación del Estado en su forma de clientelismo armado toda vez que los acuerdos ilegales sostenidos tuvieron como finalidad que la función pública se pusiera al servicio de la causa del grupo armado, promoviendo y legitimando de esta forma su acción ilegal20.
En el caso de Char Navas, esto se materializa, según se le acusa, en “haber entregado dinero, vehículos y municipios al referido grupo armado (AUC)” (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018b, p. 4), financiar al FJPD a través de la empresa ACODENSA (perteneciente a la familia Char), entregar a “Don Antonio” municiones de las fuerzas militares y reunirse con miembros de las AUC para promover la elección de sus simpatizantes en el Congreso.
Según lo explicado por “Don Antonio”, Char Navas acudió a las AUC en busca de financiación para su campaña dado que se encontraba distanciado de su tío, Fuad Char y, posiblemente, la organización le consiguió una cantidad importante de votos a través del Hospital Materno Infantil de Soledad. Manifestó también que, si bien ‘Gonzalo’ inicialmente había pedido que se promoviera la campaña del aforado, finalmente cambió de idea porque notó que aquél ‘era muy irresponsable’. A pesar de ello, Fierro Flórez perseveró en la orden de prestarle ayuda, no sólo porque era amigo suyo, sino también porque ‘más adelante [le] iba a servir siendo Senador’. (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018b, p. 76)21.
Respecto del presunto concierto para delinquir agravado, la Corte indicó que este
[…] se habría producido precisamente en el marco de anuencias recíprocas relacionadas con el apoyo electoral […] [pues su] objeto no era otro que obtener del frente José Pablo Díaz colaboración electoral, a cambio de poner al servicio de estas la función legislativa una vez DAVID CHAR obtuviera la curul22 (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018b, p. 6).
Según el tribunal, el actor pretendió
[…] obtener de las A.U.C. el apoyo que le permitiera alcanzar, sin margen de duda, la curul a la que para los años 2002 y 2006 aspiraba; y de aquéllas se deduce también que ese convenio tenía como orientación volitiva final promover esa estructura delictiva […]” (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018b, p. 5).
Por su parte, Álvaro Ashton Giraldo es acusado por aliarse con el FJPD a fin de obtener beneficios burocráticos en los departamentos de Atlántico y Magdalena y, al igual que Char Navas, de asegurar su llegada al Congreso de la República a cambio de poner su función legislativa al servicio del grupo paramilitar. El excongresista es investigado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia también por el delito de concierto para delinquir agravado en tanto se le señala de haber promovido y colaborado con grupos armados al margen de la ley.
La presunta colaboración consistió en haber puesto al servicio de ese grupo armado ilegal la función legislativa con el objetivo de servir a sus propósitos a través de las competencias parlamentarias que le correspondían (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018c). Ashton obtuvo apoyo del paramilitarismo en el Magdalena durante la elección de aquel momento, y recibió una cuota burocrática en el Hospital Materno Infantil que, para ese momento, era un fortín financiero para las AUC, logrando nombrar gerente a Luis Francisco Romero Racedo, miembro de su grupo político, y como coordinador médico a su sobrino Fabián Arturo Ashton. A cambio, Ashton apoyó, en virtud de su posición como representante a la Cámara, el trámite del proyecto de ley de Justicia y Paz (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018c).
En razón de lo anterior, se ordenó su captura con fines de indagatoria, la cual se efectuó el 10 de diciembre de 2017. La prueba documental, testimonial e indiciaria que obtuvo la Corte, le permitió concluir que:
(…) ÁLVARO ANTONIO ASHTON GIRALDO tenía amplias relaciones con el frente José Pablo Díaz, pero además que el objeto [de] las mismas no era social, personal o de otra índole penalmente irrelevante, sino que tenían por expreso propósito asegurar que aquél obtuviera una curul para que desde el Congreso de la República promoviera los intereses de la organización. (…) ASHTON GIRALDO ostentaba ante la organización una posición que solo puede explicarse o entenderse a partir de la existencia de un concierto orientado a lograr su fortalecimiento político y, en igual modo, a que él promoviera los intereses de la organización desde el Congreso de la República (…). En esas condiciones puede colegirse que la concurrencia de dos individuos allegados al aforado en cargos relevantes al interior de la institución de salud [se refiere al Hospital Materno Infantil del municipio de Soledad] no corresponde a una coyuntura fortuita, causal (sic) o aleatoria, sino a una que sólo puede haberse originado en el ascendiente que ASHTON GIRALDO tenía sobre la estructura armada y sus miembros, precisamente por virtud de haberse concertado con ellos para la obtención de beneficios recíprocos (Justicia Especial para la Paz, 2018c, p.11).
Así, con respecto a este tipo de delitos y de manera puntual con lo referente a la parapolítica y su carácter de clientelismo armado, los ejercicios de construcción de verdad adelantados por la Rama Judicial han permitido a la Corte llegar a conclusiones importantes sobre las alianzas que los paramilitares forjaron con congresistas y otros funcionarios de la administración pública. Se sostiene que dichas alianzas cumplieron, al menos, dos objetivos principales. El primero de ellos, convertirse en una fuente fundamental de financiación de la acción paramilitar23. En palabras proferidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, la financiación del Bloque Norte de las AUC se basaba en los aportes a la “causa paramilitar” exigidos a comerciantes, ganaderos, funcionarios públicos y contratistas. Asimismo, la Sala se basa en información encontrada en los computadores incautados a Edgar Ignacio Fierro Flores, en donde se da cuenta de las irregularidades de las contrataciones estatales en los Departamentos del Atlántico, Magdalena y Bolívar en instituciones como alcaldías, gobernaciones, hospitales y otras empresas prestadoras de salud (Tribunal Superior de Bogotá, 2011).
Según lo encontrado por la Rama Judicial, Edgar Ignacio Fierro Flores, comandante del Frente José Pablo Díaz, estuvo siempre interesado en el tema de las finanzas, evidenciándose, por ejemplo, en lo concerniente a los porcentajes que eran exigidos sobre la contratación pública en Atlántico y Magdalena, igualmente se afirma que ejercía control estricto sobre
las inversiones que en el sector salud se hacían en estos municipios, y más aún la directa supervisión que ejercía respecto de las finanzas del Hospital Materno Infantil de Soledad, en el que todo indica que en protección de sus intereses económicos supervisaba nombramientos, suministros (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018c, pp. 42-43).
El segundo objetivo de estas alianzas, según indica el órgano judicial, era la construcción y consolidación del proyecto de dominación política y territorial de las AUC. De hecho, es sabido que, al establecer relaciones cercanas con miembros de la clase política, los grupos paramilitares perseguían mayor visibilidad en la vida nacional y regional con el fin de legitimar y fortalecer su accionar24.
III. Conclusiones
Como se señaló al inicio del presente trabajo, las alianzas que fueron creadas entre el paramilitarismo y una parte de la clase política barranquillera representan un accionar enmarcado en lo que Garay et al. (2008a) han denominado reconfiguración cooptada del Estado (RCdE) dado que, tanto para el caso de Char Navas como para el de Ashton Giraldo, se cumplen todas las características de este fenómeno que se da en situaciones de corrupción avanzada y compleja. A saber: i) participación de individuos y grupos sociales legales e ilegales; ii) beneficios perseguidos no sólo de carácter económico sino penal e incluso de legitimación social; iii) coerción y establecimiento de alianzas políticas que complementan o sustituyen el soborno, y iv) afectación de diferentes ramas del poder público y distintos niveles de la administración.
De la misma forma, los casos descritos bien pueden definirse dentro de esta categoría conceptual toda vez que, como lo señalan los autores, se evidencian acciones de agentes sociales legales e ilegales que, mediante prácticas ilegales o legales, buscan sistemáticamente modificar desde dentro el régimen e influir en la formulación, interpretación y aplicación de las reglas de juego social y de políticas públicas.
Otra característica del fenómeno paramilitar y del control que lograron ejercer en el departamento del Atlántico, a través de sus fuertes vínculos con los actores políticos locales, lo constituye el objetivo fijado, desde el principio, de la obtención de beneficios de largo plazo y la validación de sus intereses en términos políticos y legales. Tal y como lo afirman Garay y Salcedo (2012), con esto se busca legitimar socialmente su causa aun cuando esta no se encuentre regida por el principio fundamental del bien común.
De manera que el establecimiento de alianzas y acuerdos políticos en los procesos de Reconfiguración Cooptada del Estado constituye un mecanismo clásico y fundamental de interacción social entre individuos y grupos legales e ilegales, públicos y privados. Como es evidenciado en los casos Ashton Giraldo y Char Navas, estas relaciones contemplan siempre la participación de funcionarios públicos que están cooptando o que están siendo cooptados; lo que para Garay et al. (2008) evidencia la manipulación, e incluso reconfiguración, de las instituciones formales del Estado desde dentro.
Esta estrategia general de Reconfiguración Cooptada del Estado encuentra en el clientelismo armado una de sus formas predominantes, lo cual también se configura de manera evidente en los dos casos señalados. La alianza que tuvo lugar entre estos dos excongresistas y el grupo paramilitar configura el escenario que describen García y Revelo (2010) como la transición entre la debilidad tradicional las instituciones colombianas, a la captura de estas por parte de organizaciones armadas ilegales que se alían con élites locales y son tolerados por las élites centrales25. Se presenta, además, una fuerte intención de privatización de la vida pública al apropiarse de bienes naturalmente comunes a través de la fuerza o de la amenaza real de su uso, tal y como lo sostiene De León (2011), con respecto al clientelismo armado.
El FJPD de las AUC fungió finalmente como intermediario entre el político y los votantes y participó directamente en la campaña de alcaldes, concejales y congresistas, entre otros actores políticos de la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico, a cambio de obtener beneficios tales como rentas de la administración pública y la libertad de actuación de este grupo armado. Ya sea a través de la financiación a las campañas o del uso de la violencia armada (o la amenaza de su uso), las AUC lograron introducirse en las instituciones políticas locales y nacionales a fin de reconfigurar el orden existente y beneficiarse económicamente de estas. El clientelismo armado fue, entonces, un paso previo para llegar a la RcdE. Además, se trató de una interacción estratégica puesto que quienes participaron en estos procesos desde la legalidad lo hacían de forma voluntaria y a cambio de un objetivo individual que era alcanzar la votación suficiente para un cargo de elección popular.
Como fue ligeramente esbozado anteriormente, hace falta elaborar otras investigaciones similares con respecto al accionar del FJPD en el resto del departamento del Atlántico. Varios municipios estuvieron envueltos en dinámicas de clientelismo armado y RcdE que todavía no han sido develadas. Con el ingreso de Álvaro Ashton y David Char Navas a la JEP se abre un espacio propicio para esclarecer el papel del FJPD en el resto del Atlántico y para profundizar sobre la forma en que las AUC contribuyeron en zonas urbanas a elegir a candidatos afines a su causa a cambio de beneficios penales, políticos y económicos.
