Arquitectura, ciudades y cambio climático

En 1992 las Naciones Unidas divulgó un documento denominado Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En él define el cambio climático como

un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. [...] Por "efectos adversos del cambio climático" se entienden los cambios en el medio ambiente físico o en la biota que tienen efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos (Naciones Unidas, 1998).

La construcción y ejecución de obras civiles o urbanísticas son uno de los factores que generan mayor impacto sobre el medio ambiente y, particularmente, sobre el cambio climático: agotan casi el 50% de los recursos naturales (^{Alavedra, et al., 1998}), el 40% del consumo energético anual, el 38% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y el 12% agua potable global (USAID, 2013). Por su parte, la expansión de las zonas urbanas genera mayor gasto de energía y reduce el área de suelo no urbanizado, importante para el equilibrio ecológico de las ciudades. Pese a estas cifras negativas, el sector de la construcción también es el sector con mayor potencial de contribución a la sostenibilidad de las ciudades a través de un uso eficiente de los recursos y de la reducción de sus impactos.

Con la preocupación por cambiar el paradigma de la ciudad actual y dirigirlo hacia uno que busque el desarrollo en el presente y el futuro, desde hace un poco más de dos décadas se viene hablando de desarrollo sostenible. El término empieza a usarse a partir de la divulgación en 1987 del informe Our common future (Nuestro futuro común) que plantea el desarrollo sostenible como: "la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (Naciones Unidas, 1987). Años después, la Cumbre de la Tierra, efectuada en 1992 en Río de Janeiro, estableció en su contenido aspectos que conciernen la disminución de emisiones contaminantes a través de 27 principios (Naciones Unidas, 1992).

Estos principios fundamentales son adoptados por la arquitectura, por lo cual se empieza a hablar sobre cómo debe ser una arquitectura sostenible. Según ^{Krieble (1999)}, para serlo debe cumplir los siguientes aspectos:

El urbanismo sustentable se enfoca en los tres pilares del desarrollo sostenible: ambiental, social y económico, lo que quiere decir que es un ejercicio holístico (^{Leal, 2004}). Los principios básicos del urbanismo sustentable están condensados en La Carta del Nuevo Urbanismo (CNU, 2001), los cuales se pueden aplicar en las diversas escalas de ordenación: edificio, barrio, bloque urbano, ciudad, región y país (^{Hernández, 2008}). Estos son:

La siembra de árboles es una estrategia eficaz de adaptación al cambio climático para reducir las temperaturas del aire (Rodríguez Potes, et al., 2012; 2013). Igualmente, se deben considerar los aspectos microclimatológicos que impactan el confort térmico (Villadiego Bernal y Velay-Dabat, 2014), la calidad del entorno urbano, la cual determinan el desarrollo de un territorio (Meza Estrada, 2008) y la participación que se le da al ciudadano en la toma de decisiones sobre la concepción del territorio (Padilla-Llano, 2015).

Antecedentes de la búsqueda de la sostenibilidad en Colombia

El panorama nacional

En 2017 Colombia tenía 49.29 millones de habitantes (DANE, s.f), una tasa de crecimiento de la población del 1.2% anual y un producto interno bruto (PIB) per cápita de USD 6.056,15 en 2015 (The World Bank, 2017). La industria de la construcción en el país consume el 40% de la energía y el 60% de los materiales extraídos de la tierra, genera el 30% del CO2 y el 40% de los residuos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f.). Según la Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL, el sector de la construcción creció un 1% entre 2015 el segundo trimestre de 2016 (CAMACOL, 2016).

La necesidad de un ambiente sano y de espacios urbanos sostenibles ha sido reconocida en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Presidente de la República de Colombia, 1974) y en la Constitución Política de 1991 (República de Colombia, 1991). En materia ambiental, la norma matriz es la Ley 99 de 1993 (Congreso de Colombia, 1993), cuyo objetivo es garantizar el derecho fundamental al ambiente sano y en donde el concepto de sostenibilidad se percibe como un instrumento que permite la realización de dicho fin. Tiene como precedente la Ley 23 de 1973 (Congreso de Colombia, 1973), el Código de Recursos Naturales (Presidente de la República de Colombia, 1974) y la Constitución Ecológica (^{Amaya, 2010}).

Paralelamente, el país ha acogido algunos instrumentos internacionales orientados al derecho a un ambiente sano. Por ejemplo, mediante la adopción de la Ley 164 de 1994 (Congreso de Colombia, 1994) se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y con la Ley 629 de 2000 (Congreso de Colombia, 2000) y el Decreto 1546 de 2005 (Presidente de la República de Colombia, 2005) se ratificó, aprobó y promulgó el Protocolo de Kioto. Igualmente, se adoptó la Agenda 21, un programa con objetivos globales pero que se lleva a la práctica de manera local. Estos objetivos están relacionados con la construcción, la aplicación de estrategias sostenibles y la mejora del medio ambiente para garantizar una mejor calidad de vida de los habitantes (Naciones Unidas, 2002)

Existe un gran número de instrumentos y políticas de escala nacional, regional y local. Partiendo de la escala nacional, el Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidadpara todos"2010-2014 (Departamento Nacional de Planeación, 2011) incorporó estrategias de sostenibilidad en el urbanismo y en la construcción. En la escala regional, por ejemplo, el Plan de Gestión Ambiental Regional 2015-2031 (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, 2014) permite a la región que lo desarrolla orientar de manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para contribuir a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible. De gran importancia es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), incorporado en la Ley 388 de 1997 (Congreso de Colombia, 1997) como el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. También existen los Planes Parciales que son herramientas de planificación y gestión, sin embargo, estos son poco formulados e implementados en los municipios, áreas metropolitanas y distritos del país (Andrade Medina y Bermúdez Cárdenas, 2010).

Por otro lado, la inclusión de la dimensión ambiental como un elemento fundamental del territorio urbano en las políticas nacionales tiene como antecedente el CONPES 2808 de 1995, Ciudades y ciudadanía. La Política Urbana de El Salto Social (República de Colombia, 1995). Por su parte, el CONPES 3305 de 2004, Lineamientos para optimizar la Política de desarrollo Urbano (República de Colombia, 2004), propone una visión de ciudad compacta,¹ sostenible y equitativa capaz de gestionar y financiar su propio desarrollo. Estos documentos introducen principios fundamentales de la sostenibilidad urbana como la reducción de los desplazamientos, la reutilización de las infraestructuras existentes, la promoción de la utilización del transporte público y la reducción de la presión sobre el suelo, propiciando la conservación de áreas naturales en el territorio.

También cabe destacar la propuesta de Visión Colombia II Centenario, Construir Ciudades Amables (Departamento Nacional de Planeación, 2006), la cual presenta una visión para las ciudades colombianas en 2019, representada en cuatro metas sectoriales sobre desarrollo urbano, vivienda, transporte, y agua potable y saneamiento básico. Este documento es un paso fundamental en la construcción de políticas integrales puesto que vincula los sectores con mayor relevancia en la construcción de ciudades amables.

Actualmente, existen diversas políticas orientadas a promover acciones para la protección del medio ambiente, la calidad del aire y del agua, la eficiencia energética, el manejo de residuos líquidos y sólidos, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo (véase Tabla 1).

Tabla 1 Políticas sectoriales sobre desarrollo urbano 

Fuente: elaboración propia con base en USAID (2013).

Se suman a lo anterior algunas políticas rectoras por su amplio marco de aplicación y visión integral:

Avances y actualidad

Colombia se encuentra en una fase de desarrollo de documentos normativos relacionados con el ecourbanismo y la construcción sostenible. Estas iniciativas están lideradas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de instituciones privadas como la Cámara de Comercio de Barranquilla, El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible e instituciones internacionales como el Internacional Finance Corporation (IFC) (véase Tabla 2).

Tabla 2 Iniciativas en materia de sostenibilidad y ecourbanismo 

Fuente: elaboración propia con base en Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (2014).

Es importante resaltar el avance de la Política Nacional de Construcción y Urbanismo Sostenible (USAID, 2013), la cual se vislumbra como una política nacional marco que se cimienta sobre las políticas ya desarrolladas de ambiente construido y de metabolismo urbano.

También se destaca el Código de Construcción Sostenible de Barranquilla (IFC, 2015) el cual desarrolla el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde 2012 con el apoyo técnico de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Este código busca fomentar las construcciones verdes y sus primeros esfuerzos están enfocados en la Vivienda de Interés Social (VIS).

Adicionalmente, a partir del Decreto 1285 de 2015 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015a) se empiezan a establecer los lineamientos de construcción sostenible relacionados con el ahorro de agua y de energía en las edificaciones. Este decreto haya su ampliación en la Resolución 0549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2015c), con la cual se adopta la Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y de energía en edificaciones (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015b). Esta resolución se aplica a las viviendas de interés social y prioritario, VIS y VIP, a centros comerciales, oficinas, hoteles, centros educativos y hospitales. Las medidas de implementación de las propuestas de ahorro son denominadas como pasivas y activas, y los porcentajes de ahorro definidos se clasifican según el tipo de clima y tipo de edificación, ubicándose entre un 15% y un 45% para energía, y entre un 10% y un 45% para agua.

La unificación de instrumentos como oportunidad de mejora

La revisión de los instrumentos anteriormente citados revela la preocupación por el medio ambiente y la búsqueda de prácticas sostenibles en el sector de la construcción, sin embargo, muchos de ellos sólo desarrollan enfoques parciales sobre la sostenibilidad (Andrade Medina y Bermúdez Cárdenas, 2010). Estos documentos son piezas de lo que debería ser un instrumento unificado que abarque todos los aspectos conceptuales, técnicos y de control que reglamentan la construcción sostenible en Colombia con una visión integral y sistémica.

A continuación, destacamos dos instrumentos de iniciativa pública a escala nacional que compilan en un solo cuerpo lineamientos concretos, fundamentados en un marco conceptual y científico, robusto y profundo.

La Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y de energía en edificaciones

La Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y de energía en edificaciones (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015b) fue elaborada por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial y la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL). Tal como lo estableció la Resolución 0549 de 2015 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015c), su objetivo es determinar los estándares de ahorro de agua y energía de mínimo un 15% para edificaciones nuevas. El documento parte de la descripción de los diversos climas de Colombia, una determinante en los consumos de agua y de energía para climatización. Construyó una línea base fundamentado un estudio de los consumos y de simulaciones del comportamiento energético de los edificios en las principales ciudades del país teniendo en cuenta los sistemas constructivos más utilizados y los perfiles de uso (horario, ocupación, sistema de iluminación, sistema de aire acondicionado, entre otros).

Ahora bien, la Guía propone que los lineamientos sean calificados según su impacto, es decir, que sean tangibles, alcanzables y medibles. Además, propone que sean clasificados según el tipo de edificación y las zonas climáticas del país. La metodología se basó en un análisis de costo-beneficio de medidas pasivas y activas. Las medidas pasivas señaladas están relacionadas con las estrategias de diseño bioclimático (localización, orientación, forma, inercia térmica, ventilación e iluminación natural) de las edificaciones y las medidas activas se relacionan con los dispositivos mecánicos o eléctricos (aire acondicionado, calefacción, calderas, iluminación eléctrica y ventilación mecánica) que complementan el diseño (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015b). Las medidas se clasificaron de acuerdo con su potencial de ahorro, costo de implementación, periodo de retorno de la inversión, disponibilidad en el mercado y facilidad de inclusión.

La Guía se fundamenta en conceptos teóricos y científicos, lo cual se constituye en una gran fortaleza, sirviendo como una herramienta de consulta simple y concreta para académicos y profesionales, sin embargo, se observaron algunas contradicciones en su contenido. Por ejemplo, según el estudio presentado, la vivienda VIP presenta un consumo más alto que la vivienda VIS y No VIS en climas fríos, templados y cálidos seco, pero se le exige un menor porcentaje de ahorro que las otras clasificaciones de vivienda. Igualmente, llama la atención que a la vivienda no VIS, VIS y VIP no se les exige el uso de protección solar en clima cálido. Tampoco se le exige o sugiere ventilación natural a las viviendas VIS y VIP en este mismo tipo de clima. Esto contrasta con el objetivo principal del diseño bioclimático, el cual enfatiza la necesidad de maximizar la sombra y aumentar el flujo de ventilación en un clima cálido húmedo. En lo concerniente a las buenas prácticas como la iluminación natural, se estipula que no son obligatorias y que son estrictamente voluntarias, siendo que estas medidas son fundamentales para la eficiencia energética. Otro aspecto observado es que la recolección de agua lluvia, como medida de eficiencia y de ahorro de agua potable, no aplica para las categorías de vivienda VIP y VIS.

Por otro lado, el control en el cumplimiento de estas pautas por parte de los constructores no queda claro, y no se estipulan instrumentos para cuantificar y probar los ahorros que pide la resolución y que explica la guía.

Criterios ambientales para el diseño de construcciones de vivienda urbana

El documento Criterios ambientales para el diseño de construcciones de vivienda urbana fue desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012). En él se presenta un marco conceptual exhaustivo que abarca aspectos sobre la vivienda, fundamentos sobre el clima y una descripción detallada del contexto nacional relacionado con los recursos energéticos, hídricos y materiales. Al igual que la Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y de energía en edificaciones (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015b), la metodología de este documento se basa en la clasificación de zonas climáticas del país según cuatro ejes temáticos: la energía, el agua, los materiales constructivos y el suelo. Las acciones de manejo ambiental se presentan en cuatro fases o etapas: diseño, construcción, uso y mantenimiento, las cuales pueden ser consideradas como obligatorias, prioritarias o deseables.

El documento describe los beneficios de las acciones, la normativa y los incentivos según entidad. Ofrece detalles sobre el análisis de la iluminación natural, la ventilación y el soleamiento, lo cual es apreciable como herramienta de estudio, y presenta una compilación de ejemplos de aplicación o referentes que incluyen análisis antropométricos con figuras explicativas. De otra parte, este documento también propone mecanismos de control de las medidas establecidas a través de la entidad competente y de acciones de seguimiento.

Conclusiones

En Colombia existe un número importante de instrumentos reglamentarios sobre arquitectura y urbanismo sostenible, pero es necesario integrar los enfoques parciales desarrollados por estos instrumentos en uno con una visión integral y sistémica. La Política Pública de Urbanismo y Construcción Sostenible, y el Código de Construcción son dos oportunidades para articular la totalidad del marco legal existente, conciliar los sectores involucrados e incorporar la sostenibilidad en todos los sectores de actuación y escalas de aplicación. Si bien, el Código representa una herramienta útil para incorporar a la práctica de la arquitectura unas pautas que promuevan la reducción de emisiones contaminantes y la eficiencia energética, es necesario complementarlo con criterios de diseño urbano sostenible y articularlo con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

En este sentido, Colombia posee instrumentos importantes como el Sello Ambiental, la Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y de energía en edificaciones y el Código de Construcción Sostenible de Barranquilla. Sin embargo, aún no se tienen mecanismos y organismos de control que permitan corroborar, evaluar y controlar de manera rigurosa el cumplimiento de estas medidas de ahorro, lo cual, deja en manos del constructor la decisión de aplicar buenas prácticas ambientales en sus proyectos constructivos.

Finalmente, el interés evidenciado en este documento por la construcción de instrumentos reglamentarios sobre arquitectura y urbanismo sostenible en Colombia, se convierte en una gran oportunidad para establecer criterios claros de construcción que incorporen la noción de sostenibilidad en todas sus dimensiones y en la totalidad del ciclo de vida de las construcciones (edificaciones y proyectos urbanos). Esto último implica un reto grande en la proyección y en la gestión sostenible de las ciudades y sus edificios, el cual debe estar enfocado en la articulación entre las políticas públicas (en defensa del medio ambiente), el incremento de los metros cuadrados de construcción con criterios de diseño sostenible (tanto en el ámbito privado, público o colectivo), el establecimiento de métodos para medir y evaluar los porcentajes de ahorro, y la consolidación de los organismos de control para el cumplimiento y seguimiento de los procesos de calidad, y la aplicación de las medidas reglamentadas.