El espacio público como plataforma política

Como categoría conceptual, el espacio público es definido, principalmente, a partir de dos enfoques: para el primero, es un producto, una superficie física que soporta los usos y las actividades desarrolladas por los individuos cotidianamente. Hace alusión a su configuración y delimitación material, proponiéndolo como un orden espacio temporal visible, manifiesto y abierto, debido a que las acciones que se desarrollan en él pueden percibirse por la totalidad y, sobre todo, por un orden de utilidad común, atributos que lo diferencian de los espacios privados (^{Robotnikof, 2005}).

Para el segundo enfoque, el espacio público es un proceso que se nutre del ejercicio político inherente a la interacción constante entre individuos plurales, y es a partir de este que se lleva a cabo la configuración y la conformación de lo social.

Para fines del presente artículo, las reflexiones se generarán sobre los lineamientos conceptuales que estructuran al segundo enfoque: el espacio público como plataforma política. Con ello se reconoce el antecedente conceptual inmediato, la esfera pública, tomando como referente teórico principal para reflexiones subsecuentes a Hannah Arendt.

Desde la perspectiva de ^{Arendt (1997)}, todo individuo inmerso en la dinámica urbana se reconoce a sí mismo a partir de las relaciones que establece de manera cotidiana con el otro, es decir, se reconoce dentro de una estructura organizacional basada en relaciones recursivas entre la parte y el todo, por eso, se autodetermina como un individuo plural. Esta pluralidad demanda la existencia de medios para el ejercicio político, unas plataformas adecuadas, no solo para soportar, sino para propiciar el diálogo constante y permanente que, a partir del intercambio de opiniones y prácticas, habilite y enriquezca procesos de negociación de temporalidad indefinida, de los cuales, pueda existir la posibilidad de hacer emerger puntos de confluencia entre las partes.

Lo público, bajo esta perspectiva, se expresa como una disposición para la argumentación y la discusión basada en el derecho igualitario de los individuos a participar de los procesos de toma de decisiones ante problemáticas compartidas. Esta es una mirada fundada en la reconstrucción de la doctrina aristotélica de la política, inscrita en la estética de la figuración, es decir, de la autorepresentación, desde la cual, cada individuo debe luchar para que su opinión forme parte importante de los posibles acuerdos alcanzados tras el diálogo (^{Ferry y Wolton, 1989}).

Esta diversidad de formas de hacer, pensar, decir, sentir y construir encuentra su mayor expresión en y desde el espacio, el cual, permite al ser humano ser consciente de su existencia en el mundo y de pertenecer a un contexto social e histórico específico, y, en consecuencia, formularse como sujeto social a partir de su presencia como unidad activa.

Con base en lo anterior, se entiende al espacio como disponibilidad, algo que no está conformado. Aquella cosa que se plantea como posibilidad y cuya existencia requiere de algún tipo de relación humana, a lo que Arendt vislumbra como espacio de aparición, "donde yo aparezco ante otros como otros aparecen ante mí, donde los hombres no existen meramente como otras cosas vivas e inanimadas, sino que hacen su aparición de manera explícita" (Arendt, 1998: 220-221). Es un espacio de acción y de discurso a la espera de que algo suceda, eso a partir de donde algo comienza a ser lo que es y, por lo tanto, se encuentra inmerso en un proceso constante de estructuración.

En los esquemas actuales de división espacial de las ciudades existen dos esferas delimitadas claramente de acuerdo con los usos, formas y prácticas humanas ejecutadas en ellas: el espacio privado y el espacio público. El primero se caracteriza por ser un espacio delimitado y acotado a cierto número de prácticas, exclusivo para ser observado y vivido por una parcialidad y, por lo tanto, estructurado y administrado por la misma, en búsqueda de alcanzar intereses propios. Mientras que el segundo es abierto y accesible, visible, manifiesto y de uso común, y se presenta en estado de estructuración constante por parte de individuos que negocian sus intereses y sus diferencias en él. Es un espacio evocador del diálogo entre una sociedad constituida sobre lo heterogéneo. A partir de ello, se define al espacio público como soporte para la relación entre individuos, que, inmersos en una dinámica de disertación y acción, negocian sus intereses por medio de un reconocimiento mutuo, el cual, emerge de la aparición accesible de individuos libres.

^{Delgado (1999)} describe lo urbano como un trabajo constante de lo social sobre sí mismo, es decir, la sociedad produciéndose, haciéndose, y deshaciéndose una y otra vez a partir de negociaciones ininterrumpidas entre componentes humanos y contextuales que rara vez se repiten. Se trata de un proceso fluctuante, dinámico e indeterminado que nunca concluirá y cuya esencia es, ante todo, temporal.

Ante ello, coincidiendo con ^{Catumba (2016)}, el espacio público exige ser entendido, más que como un objeto estructurado y estático, como una plataforma en constante estructuración, disponible para todos, pero sin pertenecerle a nadie. Un espacio en donde el único interés común debe ser el de garantizar la apertura, el diálogo y la negociación constante entre lo que distingue, atraviesa y trasciende las diferentes racionalidades, reconociendo así la existencia de distintos niveles de realidad que son gobernados por diferentes tipos de lógicas.

La crisis de lo político en el espacio público

Crisis, perdida, desarticulación, abandono, muerte son los adjetivos con los que, de forma notoria a partir de la década de 1970, se ha caracterizado al estado del espacio público con relación a las dinámicas que rigen y estructuran a la ciudad. El medio urbano como núcleo de desarrollo humano se expande, rompe sus fronteras, se fragmenta, y se adecua a los requerimientos y exigencias del capital global. Su sociedad es poseída por nuevos valores de consumo, insumos tangibles e intangibles se ofertan, y se difunden como símbolo de progreso. La alta dependencia hacia la adquisición de bienes genera una suplantación del tiempo libre por jornadas laborales cada vez más largas. La nueva lógica hace desvanecer el ejercicio público de la razón. Una sociedad involucrada en reconocer y atender intereses comunes ahora se describe individualista e identificada por símbolos efímeros. Estas reflexiones y argumentos que fundamentan el origen de la crisis del espacio público tienen origen y son difundidas por teóricos como ^{Jacobs (1961)}, ^{Castells (1974)}, ^{Sennet (1977)}, ^{Sorkin (1992)}, entre otros.

Desde esta perspectiva, el argumento principal a partir del cual se define la crisis del espacio público es el dominio del pensamiento y la acción individualista sobre la construcción colectiva de la realidad. Como consecuencia, de acuerdo con ^{Sennet (1977)}, se instituye una sociedad íntima, la cual, se estructura con base en el principio narcisista, fundado en la búsqueda constante de la gratificación del yo, y del principio destructivo, donde las directrices para la selección individual de su círculo social son altamente selectivas, generando con ello un concepto de colectividad difuso, en el que el otro carece de un perfil cimentado en experiencias reales. Desde esta perspectiva, el autoconocimiento es un fin y no un medio para conocer el mundo, aspectos que detonarán un desinterés claro sobre los ámbitos de dominio público y, por lo tanto, en un desapego por la participación y el compromiso social.

La vida urbana en sociedad ha cedido terreno a miedos y temores directos hacia el otro. El sentimiento de peligro e inseguridad configura el espacio y lo dota de nuevas formas, paisajes y realidades.

Este contexto tiene repercusiones directas sobre las formas en que se estructura la ciudad y su espacio público. Planteamientos actuales describen como fenómenos emergentes tras esta crisis a la fragmentación, la difusión, la privatización y la inseguridad imperantes en las formas de vivir cotidianamente la ciudad y su espacio público (Carrión M., 2007). Estas problemáticas ponen en crisis el sentido político bajo el cual se estructuran las relaciones llevadas a cabo en lo público.

A partir de esta problemática, la atención sobre el espacio público y sus procesos de construcción política y social se han vuelto piezas clave de las agendas urbanas internacionales, las cuales, entre sus compromisos plantean promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles que incentiven la convivencia, la conectividad y la inclusión social (ONU Hábitat, 2017). A partir de ello, un gran número de países han puesto en marcha diversidad de planes, proyectos y programas con el fin de reconstruir, rehabilitar, y rescatar aquello que requiere atención inmediata.

La participación ciudadana como medio de rescate del sentido político del espacio público

Con el objetivo de atender las problemáticas sobre las que se sustenta el estado de crisis del espacio público y generar estrategias para su renovación y rescate, quienes se encargan de planear y administrar la ciudad han generado diferentes tipos de documentos rectores³ (informes, diagnósticos, guías, manuales, normativas), sobre los que se sustentan planes, programas y proyectos de intervención del espacio público. Estas estrategias de intervención se plantean desde tres ejes principales: el diseño espacial, las normativas de uso y los procesos de gestión social del espacio público.

La atención del espacio público a partir del diseño espacial cuenta con criterios de intervención arquitectónica y urbana que se sustentan en la hipótesis de que las características espaciales condicionan las acciones, e inciden en el comportamiento social e individual. Por eso, un espacio público de calidad fomenta una ciudadanía de calidad (^{Gehl, 2004}).

Por su parte, las normativas y reglamentos de uso buscan reestablecer el orden social a partir de la impartición de sanciones administrativas y penales. Esto, con el fin de "evitar todas las conductas que perturben la convivencia y minimizar los comportamientos incívicos que se puedan realizar en el espacio público" (Ayuntamiento de Barcelona, 2006: 5).

Por último, la gestión social del espacio público se estructura con base en los instrumentos institucionalizados de participación, inscritos dentro de las tres tradiciones teóricas de la democracia: democracia liberal representativa, democracia deliberativa y democracia participativa. En estos enfoques, la representatividad puede variar de escala, pero nunca desaparecer. Las discusiones en torno a la construcción social del espacio público hacen parte de los procesos de democracia participativa, fundamentalmente, a partir de mecanismos que permiten la inclusión social en el diseño, la evaluación e implementación de las políticas públicas (^{Cantú, 2010}).

Para fines del presente artículo, el enfoque de análisis se particulariza sobre los procesos de gestión del espacio público, procesos con miras a construir ciudadanía a partir de la garantía de participación de los individuos en la toma de decisiones.

La participación ciudadana se define como un modelo por medio del cual el gobierno facilita el proceso para que la comunidad, con sustento en sus necesidades, lleve a cabo la gestión requerida, descubra sus propios recursos y desarrolle las soluciones que satisfagan sus necesidades a través de decisiones compartidas. Con ello, se busca procurar la organización y el fortalecimiento del tejido social (SEDESOL, 2014). En una democracia participativa las principales modalidades o instrumentos de participación ciudadana institucionalizada suelen ser seis: plebiscitos, referéndums, proyectos de iniciativa popular, revocación de mandato, consulta popular y asambleas ciudadanas.

Desde este enfoque institucional, la participación ciudadana es un modelo fundamental para recobrar el sentido político en el espacio público, cuyos beneficios son: el fortalecimiento de la unión entre el gobierno y los ciudadanos, lo que propicia sinergias para enfrentar retos comunes; el fortalecimiento de una sociedad informada y educada; la promoción del bien común como objetivo social y el aumento de la conciencia cívica; la colaboración igualitaria de grupos minoritarios; la mayor satisfacción ciudadana; el desarrollo de habilidades sociales para dialogar, negociar, resolver conflictos y conciliar intereses; la promoción de la tolerancia ante la diferencia; el favorecimiento de la reciprocidad y la pluralidad; y por último, la apropiación ciudadana de los proyectos para defenderlos y disminuir la presión de los opositores (SEDESOL, 2014).

En la búsqueda por ver reflejados estos atributos en los procesos de construcción social del espacio público, se establece como prioridad fortalecer los mecanismos institucionales de participación ciudadana.

Desde esta perspectiva, cada uno de los atributos mencionados resulta fundamental para fomentar el encuentro y la negociación social, sin embargo, existe uno en particular que pone en riesgo el sentido democrático de la propuesta, contradiciendo, en esencia, el fundamento político de la participación ciudadana. Este atributo hace referencia a la utilización de los mecanismos de participación como medio para generar apropiación ciudadana de los proyectos, una apropiación enfocada en defender los acuerdos a partir de disminuir la presión de los posibles opositores, lo que resulta poco coherente con el resto de los atributos y beneficios promovidos, en los cuales el respeto y la tolerancia por las opiniones diferentes es primordial.

El anexo y la exposición de este atributo como uno de los beneficios de los mecanismos de participación obliga a reflexionar sobre los niveles reales de autonomía, individual y colectiva, que fundamentan la vía democrática de negociación entre intereses. Este deseo reflexivo permite indagar por la relación existente entre el consenso y el disenso en los procesos de participación ciudadana.

El consenso como fin en los procesos de participación ciudadana

Al entender a la política como el concepto rector de los procesos de participación y al espacio público como el contexto en donde se llevan a cabo las negociaciones ininterrumpidas entre individuos heterogéneos es cuestionable plantear al consenso como el fin último de cualquier manifestación de participación. Esto disuelve las diferencias de opinión para posar sobre ellas una supuesta voluntad general o de interés común, una constitución simbólica de la unidad que, en teoría, representa a la totalidad.

A esta forma contemporánea de reinterpretación política, ^{Rancière (1996)} prefiere llamarla policía, ley que define quiénes forman parte y quiénes son los ausentes en las discusiones, mientras ordena los cuerpos por sus modos de hacer, ser y decir, posicionándolos en determinado lugar para desempeñar acciones específicas, y divide las palabras entre discurso y ruido.

El consenso es el proceso a partir del cual se alcanza la conjunción de todas las partes por medio de la creación de reglas internas que todo individuo debe seguir para ser considerado parte del ejercicio, entre ellas está la reducción de la subjetividad y la represión de los pensamientos alternos por el bien común. Es decir, doblegar las diferencias con el fin de hacer prevalecer el interés general, imponiéndose el consenso como principio moral.

¿Qué es el consenso si no la presuposición de inclusión de todas las partes y sus problemas, que prohíbe la subjetivación política de una parte de los sin parte, de una cuenta de los incontados? [...] La guerra de todos contra todos y la constitución de cada individuo como amenaza para la comunidad, son el estricto correlato de la búsqueda consensual de la comunidad enteramente realizada como identidad refleja en cada miembro del pueblo y la población. La supresión de la distorsión reivindicada por la sociedad consensual es idéntica a su absolutización (^{Rancière, 1996}: 146-147).

Para llegar a un consenso, el ejercicio de la participación ciudadana requiere una delimitación de las audiencias, es decir, preseleccionar sectores involucrados y a sus representantes, sobre los cuales se posa la confianza de una representatividad real, sin embargo, no existen medios para certificar que al interior de las agrupaciones exista una unificación de perspectivas. Por otro lado, estos mecanismos institucionales de participación ciudadana requieren de una convocatoria. Ante el llamado, el individuo que acude tiene pleno conocimiento de la institución convocante, del tema central a tratar, y de la locación y el horario específico en el que se llevará a cabo el proceso, condicionantes que marcan pautas claras sobre los límites y los alcances posibles del ejercicio participativo, además de confeccionar una directriz hacia los acuerdos. A partir de la suma de estas limitantes sostenemos que es posible permear una perspectiva dominante, incluso antes de iniciado el ejercicio, que regirá la práctica y sus fines.

Estos aspectos se vuelven poco perceptibles para el ciudadano común, que se siente representado por los mecanismos de participación. Por medio de ellos, se tiene incidencia directa en las representaciones sociales de los grupos y se fomentan creencias compartidas, las cuales son de orden fundamental y, por lo tanto, resultan indiscutibles. Dichos mecanismos se presentan de forma gentil y amable, y son interpretados por el ciudadano común como un acercamiento genuino y directo con los representantes del Estado.

El todo se reduce a la suma de las partes, las cuales pueden estar conformadas por individuos que explotan su deseo de emprender y gozar, por grupos que armonizan intereses y comunidades con conocimiento de su libertad, y con elementos identitarios y culturales únicos. Lo anterior es tolerable por el consenso, a diferencia del posicionamiento de unas propiedades particulares por encima de las colectivas (^{Rancière, 1996}).

Cuando el acto político, entendido como la puesta en contraste de subjetividades individuales y singulares, somete a la heterogeneidad social a un proceso simple de suma entre partes este se homogeniza, se normaliza, en palabras de ^{Foucault (1976)}. El proceso impone valores universales basados en atributos cívicos y ciudadanos que posibilitan la ejecución de aquello considerado como buenas prácticas, valores atendidos socialmente y adoptados sin filtro para que sea el individuo, consciente de su etiqueta de ciudadano, el encargado de hacer prevalecer la unidad sobre el conflicto que generan las parcialidades sin control. Este tipo de normas pretenden erradicar, por medio de procesos de consenso coercitivo, las conductas etiquetadas como subversivas o incívicas que desmienten, y ponen en crisis la idea de una vida pública no problematizada y en sana convivencia (^{Delgado, 2011}).

Un antecedente directo del interés por hacer prevalecer los principios de convivencia ciudadana consensuada es la Declaración de Barcelona de 1994, emitida tras el Primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras de 1990, la cual fija en sus lineamientos la necesidad de "actuar, desde su dimensión local, como plataformas de experimentación y consolidación de una ciudadanía democrática plena, promotoras de una convivencia pacífica mediante la formación en valores éticos y cívicos" (Carta de Ciudades Educadoras, 1994: 2). Las interpretaciones de la Carta han hecho emerger documentos de corte regulatorio y normativo como la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona, presentada en 2006 por el gobierno de la ciudad (Ayuntamiento de Barcelona, 2006), al igual que documentos en los cuales se instrumentalizan los mecanismos de participación y responsabilidad ciudadana como la Ley de Cultura Cívica (Gobierno del Distrito Federal, 2004) emitida por el gobierno del Distrito Federal⁴ de México en 2004, el Manual de Convivencia Ciudadana emitido por la Alcaldía de Medellín en 2006 (Alcaldía de Medellín, 2013) y la Ordenanza de convivencia ciudadana, elaborado en 2006 por el gobierno municipal de Caracas (Cabildo Metropolitano de Caracas, 2006), entre otros.

La simplificación en la que los procesos actuales de negociación se ven envueltos conlleva su institucionalización, a partir de la cual se fijan momentos acotados, plataformas específicas y roles concretos de acción individual. En este contexto, el desacuerdo sólo puede ser interpretado como una postergación del consenso, perdiendo de vista que en el disenso residen posturas que deberían ser puestas en valor, sin que ellas sean consideradas como entorpecedoras de los procesos.

El disenso como medio para la construcción política del espacio público

En la búsqueda de una definición de participación ciudadana a partir de fuentes no oficiales e institucionalizadas, y más acorde con la conceptualización política sobre el espacio público, ^{Alguacil (2005)} describe la participación como un proceso abierto, en donde el acuerdo como condición última se desvanece y se reivindica el acto de participar como un proceso que no requiere ser institucionalizado, proceso emergente que se da de manera natural en el hacer cotidiano entre los individuos que comparten un mismo orden espacio temporal y que participan en lapsos de negociación constante.

Para ^{Alguacil (2005)}, la participación ciudadana se compone fundamentalmente de cuatro dimensiones. La primera, ser parte de algo. El sujeto juega un papel dentro de una o más redes sociales en las cuales se relaciona, interacciona y se vincula con otros sujetos en un contexto de confianza y reciprocidad. La segunda, estar en un entorno social específico. El sujeto se sitúa en un territorio concreto que funge como soporte para las redes de reconocimiento, percepción y apropiación. La tercera, sentirse parte de una comunidad o grupo, lo que implica una gestión democrática, solidaria y plural que permita alcanzar la adhesión necesaria para abordar las problemáticas, es decir, construir conjuntamente desde su diversidad. Y la Cuarta, tomar parte (en las decisiones) y tener parte (de poder). Esto permite la promoción de iniciativas de dinamización de la vida social, haciendo que la participación adquiera un sentido de redistribución o socialización del poder.

De esta forma, el proceso participativo potencia la comunicación, la confianza y la complicidad entre los agentes, lo que permite abrir puentes claros de producción de conocimiento que se traducen en una relación recursiva de aprendizaje. La existencia de estos puentes de producción de conocimiento permite la integración entre los sujetos y su entorno a partir del reconocimiento de la estructura relacional y de las necesidades que deben ser cubiertas para su buen funcionamiento. Esto es fundamental para hacer parte de la toma de decisiones, pero también de las acciones, proceso que conlleva a compartir, cooperar y corresponsabilizarse de forma continua.

Bajo este enfoque, la participación ciudadana requiere de la concurrencia de cada una de las dimensiones citadas (ser parte, estar en, sentirse parte y tomar parte) para garantizar el ejercicio de los procesos cotidianos de negociación. Ninguna de ellas puede ser entendida ni atendida de forma parcial.

La no dependencia de una estructura institucional fija pone en valor lo espontáneo y genuino del acto de negociar, mismo que emerge por evocación y no por convocatoria: la comunicación, el conocimiento, la conciencia, la acción y la cooperación se entienden como atributos preexistentes en el individuo, los cuales, sólo requieren de sucesos particulares que los hagan surgir.

La participación atiende el carácter contingente de un mundo en donde la diversidad de pensamientos es evidente, por lo que es imperativo que el diálogo y la comunicación tomen fuerza a partir de privilegiar lo político como proceso interminable de negociación entre las partes, el cual, no tiene un camino predefinido y, por lo tanto, no siempre culmina en acuerdos. Su valor reside, precisamente, en constituirse desde un inicio como una estructura dinámica, incierta e indeterminada, acorde, en su totalidad, con la sociedad heterogénea que le da vida. Así, el proceso de construcción política del espacio público emerge de la participación de los individuos en la toma de decisiones, entre arreglos informales y disputas diarias que enriquecen el lugar y habilitan la posibilidad, siempre latente, para iniciar nuevos cursos de acción.

El disenso aquí, entendido desde su forma más básica como ausencia de acuerdo y disentimiento entre los agentes activos, se presenta como el insumo que da garantía, por medio de la emergencia de formas de hacer y pensar alternos, sobre la continuidad de la práctica política.

La política, teniendo al disenso como medio, se encarga de: romper con las plazas fijas asignadas a los cuerpos y reubicarlos en contextos variables de acuerdo con sus propias necesidades, las cuales, se reconocen como efímeras y cambiantes; valorar como discurso aquello que era contemplado como ruido, es decir, rompe jerarquías para que la igualdad se instituya como principio fundamental de libertad; construir local y ocasionalmente, por lo que su cauce es impredecible; y dar apertura a formas de subjetivación, singulares y cruzadas entre sí, que renuevan de manera constante los medios de inscripción fundacional del todo en la colectividad (^{Rancière, 1996}).

La emergencia representa el momento de irrupción de un imaginario que nombra un lugar de enfrentamiento que suele ser la marca de un disenso, pero que reclama un lugar poniendo a la vez en entredicho el modo mismo de estructurar lo social [...] estas fuerzas, pues, responden al azar de la lucha; es decir, en la génesis de una práctica social no existen coordenadas por medio de las cuales podamos cifrar el advenimiento de un modo predeterminado de organización social (Cabrera Amador, 2011: 118).

El sujeto se introduce en el espacio público buscando encontrar lo diferente, todo aquello que sume propiedades relevantes para la conformación de su contexto, es decir, la heterogeneidad cultural que lo enriquece como sujeto, habilitando, y nutriéndolo como agente activo y capaz de hacerle frente a la multiplicidad de circunstancias suscitadas en su día a día.

Este espacio, como un elemento de confección social, exige ser visto y analizado, al igual que la sociedad, desde una lógica dinámica, cambiante, incierta, caótica, indeterminada y contingente. El espacio político ejecuta continuamente procesos de autogestión y autoorganización colectiva en todos los niveles de su estructura social, contexto en donde el disenso como figura política tiene un arraigo fuerte y nutre soluciones informales, no por ello desorganizadas, en torno a acontecimientos o circunstancias espontáneas, y de atención inmediata.

Este atributo social requiere ser analizado en detalle y promovido a través de políticas públicas que aportan al proceso de evocación de prácticas políticas continuas y permanentes. No es posible silenciar a una sociedad que cuenta con insumos reales de asociación por medio de la imposición de un modelo consensual que se pretende establecer como la única vía institucional de participación abierta. El conocimiento cotidiano tiene mucho más que enseñar en materia de participación y solución de conflictos colectivos.

Breve conclusión

Entender que la base a partir de la cual el sujeto instaura mecanismos de resistencia en cualquier orden es ante todo temporal y que las prácticas urbanas se presentan siempre inconclusas, indeterminadas y constituidas sobre todo aquello que se opone a una cristalización estructural, pone de presente que el espacio público siempre es fluctuante, aleatorio y alimentado por situaciones fortuitas. Por lo tanto, sus procesos de gestión colectiva, a partir de la participación ciudadana, deben estructurarse para reconocer al disenso como insumo fundamental y garantía de continuidad de los procesos políticos de construcción social y, con base en ello, reconocer la heterogeneidad que impera en la sociedad, así como despojar de la ideología colectiva el temor por lo indeterminado, lo caótico, lo incierto y lo inestable, puesto que estos atributos comparten escenario con el orden, la certeza y la estabilidad en un espacio de negociación constante de las diferencias.

Las políticas públicas enfocadas en rescatar el espacio público a partir de incentivar la participación ciudadana deben tener claro que el llamado al disenso no representa una evocación al conflicto. Por el contrario, el disenso es una incitación para el ejercicio político permanente, en el que existen consensos momentáneos y un insumo efímero para la continuidad de un diálogo abierto que contraste todas las visiones.

Si uno de los factores que diferencia al espacio público del privado es la búsqueda por sobreponer el interés común sobre los intereses particulares, este debe representar a las totalidades, ser abierto y accesible, visibilizar los contrastes y permitir, como menciona ^{Delgado (1999)}, ser indiferente ante las diferencias, mas no ante las desigualdades.

El disenso y el consenso son momentos del diálogo, los cuales se relacionan recíprocamente, por lo tanto, ninguno debe ser concebido como un fin. Han de ser entendidos y puestos en práctica como medios para garantizar la facultad política del espacio público y, así, garantizar la transformación continua y la adaptación social ante órdenes espacio temporales siempre cambiantes.