"...Así, bajo un esquema de colaboración similar al quePino y Ojeda (2013)llaman "cojuntos residenciales familiares", entre amigos, familia y compatriotas formaron un campamento en el sector y se apoyaron mutuamente para el traslado."
Introducción
Desde el ano 2020, el mundo entero se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19. En Chile, los primeros casos se presentaron a mediados de marzo de ese ano y el confinamiento fue una de las principales herramientas para paliar la crisis sanitaria. Desde entonces, dicha medida se ha instaurado periódicamente por varios meses, implicando el cierre de actividades comerciales no esenciales y restricción de movilidad.
Los efectos de las cuarentenas han tenido especial impacto en los más vulnerables, como mujeres, migrantes y trabajadores informales. Mientras una parte de los trabajadores pudieron desarrollar actividades telemáticas, para los sectores más precarios el trabajo a distancia ha sido impracticable, y se han visto obligados a elegir entre comer o quedarse en casa y pasar hambre (de Sousa Santos, 2021). Algunos estudios afirman que el costo de las cuarentenas y las políticas de distanciamiento social es mayor para los más vulnerables (Rubio et al., 2021), quienes, en su mayoría, tienen empleos informales y dependen de ingresos diarios (Tavares & Betti, 2021). Así, el nivel de carencias se ha profundizado: en 2020 la pobreza en Chile aumentó de 8.6% a 10.6% y la extrema pobreza prácticamente se duplicó, pasando de 2.3% a 4.3% (Ministerio de Desarrollo Social, 2021).
En un contexto de restricciones a la movilidad y profunda crisis económica, los asentamientos informales han resurgido en diversas ciudades de Chile. El catastro de CES-TECHO (2021) indica que el número de famílias que viven en campamentos[2] se habría incrementado en un 73.52% solo entre 2019 y 2021, siendo la región de Valparaíso la que cuenta con el mayor número de asentamientos (225 equivalentes al 23% a nivel nacional) y de familias viviendo en ellos (23,843 equivalentes al 29.2% a nivel nacional). Esta situación tensiona el supuesto fin de los campamentos (Salcedo, 2010), y cuestiona el éxito de la política de vivienda. Desde hace ya algunos años, el modelo de finandarización y producción de vivienda nueva ha mostrado falencias en la calidad de vida y en la convivencia que dichas viviendas ofrecen a los residentes, como también ha mostrado una incapacidad para responder efectivamente a la demanda (Rodríguez & Sungranyes, 2005).
Existe evidencia de que los asentamientos informales contemporáneos en algunas ciudades no capitalinas se habrían formado en los años 90 (Zenteno et al., 2020). Este silencioso crecimiento ha quedado fuera de la mirada pública, facilitando la idea de que, si los asentamientos informales existían, eran casos aislados. Sin embargo, durante la pandemia, la reemergencia de los campamentos se volvió más evidente y la opinión pública ha tratado de entender este resurgimiento. En este escenario, la migración constituye un factor de relevancia: mientras en 2015 solo un 6% de las familias de campamentos, a nivel nacional, eran de origen extranjero, en 2021 esa cifra aumentó al 30.58% (CES-TECHO, 2021).
Frente a esta situación, el artículo se propone reflexionar sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la formación de nuevos asentamientos informales. Se cree que, si bien estos no habrían (re) emergido solo durante la pandemia, su crecimiento se ha visto potenciado por las carencias expuestas. Por lo demás, se cree que estos nuevos asentamientos reflejan una nueva estructura social urbana, en la que la migración juega un rol preponderante (Roy, 2011).
Para comprender los impactos de la pandemia en materia de vivienda, este artículo toma como caso de estudio el surgimiento del campamento Altos de Placilla Nuevo, en la comuna de Valparaíso. La investigación se articuló en torno a tres momentos de la trayectoria habitacional de sus pobladores: primero, buscó conocer la situación residencial y laboral de los pobladores antes de su traslado al asentamiento, enfatizando en los gatillantes de la decisión de cambio residencial; en segundo lugar, se registraron los procesos de instalación, construcción de viviendas y la urbanización del sector, y, finalmente, se exploró en las experiencias del habitar en la informalidad y en la valoración que los propios pobladores hacen de dicho proceso. El artículo concluye con un apartado sobre la manera en que los lazos comunitarios han permitido dar respuesta a las carencias, permitiendo la construcción de territorios subalternos que resisten a las debacles de una crisis socio-sanitaria mundial.
Aproximaciones Teóricas a los Asentamientos Informales en Sudamérica
La consolidación de asentamientos informales es un fenómeno de relevancia dentro del proceso de urbanización, siendo la forma más común a nivel mundial (Samper et al., 2020). Su masificación puede identificarse desde mediados el siglo XX, especialmente en las metrópolis 'en vías de desarrollo', hoy también llamadas 'del Sur Global'. Con esto emergería el interés por estudiar sus causas, características y vías de solución. Así, serían comprendidas, primeramente, como un problema de subdesarrollo que debía ser erradicado bajo diferentes estrategias (Sabatini, 1981); para, luego, ser analizadas desde la relevancia que dichas formas tienen en la producción del espacio urbano (Fernandes, 2008). En ese sentido, se establecen, primero, lineamientos para comprender las derivaciones teóricas que han acompanado el análisis del hábitat informal; para, posteriormente, revisar los aportes de la teoría de la urbanización subalterna en los estudios socioterritoriales, enfoque de especial interés en contextos de crisis como la actual pandemia por COVID-19.
De la Teoría de la Marginalidad al Urbanismo Subalterno
Los asentamientos informales en Chile tienen larga data: los primeros de ellos aparecen en la década de 1940. Sin embargo, un hito que marcaría su aumento y consolidación se inauguraría con la emblemática toma de La Victoria en 1957 (Garcés, 2011). Desde entonces, diversas ocupaciones de tierras surgieron en todo el país, como respuesta habitual a la necesidad de tener un lugar donde residir (Rodríguez et al., 1972). Ante la incapacidad pública para satisfacer la demanda por vivienda, el Estado recurrió a 'soluciones habitacionales' que intentaron paliar parcialmente tal necesidad.
El análisis de los asentamientos informales se apoyó inicialmente en los conceptos de pobreza y marginalidad, entendidos como resultado de dinámicas de exclusión y segregación socioterritorial. Dichas dinámicas fueron reproducidas por un desarrollo industrial tardío, incapaz de absorber la explosiva demanda por trabajo y vivienda en las ciudades, y a ello se sumaron los limitados recursos financieros del Estado (Ballalta, 1975). Desde la teoría de la marginalidad se establecieron relaciones que traducirían los procesos ya mencionados en la formación de la 'masa marginal' (Nun, 1971) y la configuración del hábitat informal, siendo tales actores y espacios interpretados como anomalías que debían corregirse por medio de políticas para enfrentar el subdesarrollo (Sabatini, 1981). Así, a partir de dicho planteamiento y de la crítica que vino asociada (Oliven, 1980), se discutió acerca de la posición que 'los marginales' tendrían o no dentro de la sociedad y en la construcción de la ciudad, cuestionando posteriormente la pertinencia del uso del término, en tanto no estarían económica ni políticamente marginados, sino que explotados y reprimidos (Perlman, 1975). En esta discusión, Cortés (2014) ejemplifica las distinciones interpretativas entre los casos de Chile y Brasil, donde los pobladores habrían operado de formas diferentes para la obtención de vivienda: mientras en Chile se daría un movimiento social capaz de construir un proyecto contrahegemónico, en Brasil los favelados serían sujetos pasivos, receptores de políticas paternalistas del Estado.
Más allá de la anterior comprensión dicotómica a superar, este paso ha significado que parte de los esfuerzos explicativos estén puestos en los sujetos y sus estrategias para el agenciamiento de dichos espacios. Se comprende el hábitat informal como territorio y categoría maleable que forma parte activa de la ciudad (Can, 2019), pero también como una oportunidad de transformación que trasciende las clásicas narraciones distópicas sobre la informalidad (Roy, 2011). Así, el urbanismo subalterno figura como una de las respuestas para la comprensión de fenómenos urbanos a partir de las propias experiencias de sus habitantes, y releva estrategias políticas, de desarrollo cultural, organización social y formas diferentes de economía: "un levantamiento popular contra la burocracia estatal, una revolución desde abajo" (Roy, 2011, p. 227). Así, sin desconocer que con frecuencia la informalidad está impulsada por la necesidad inmediata de sobrevivir, también se revelan "oportunidades y formas de resistir a esta violenta desposesión hasta el punto de que hay esperanza para un urbanismo alternativo" (Can, 2019, p.7).
Para el urbanismo subalterno la discusión respecto de los márgenes urbanos resulta fundamental, pues propone un cuestionamiento a considerar espacios urbanos como periféricos (Robles et al., 2021). Es más, las ciudades latinoamericanas han mostrado una multiplicidad de casos en los que, luego de la apropiación de terrenos baldíos, estos se transformaron en barrios habitables gracias al trabajo, esfuerzo y demanda de derechos, un ejercicio directo de ciudadanía y democracia (Magliano & Perissinotti, 2020). De acuerdo con Roy (2011), esta categoría permite comprender las formas en que gran parte de la población del Sur Global accede a la vivienda, sin tomar en cuenta los prejuicios que ignoran o demonizan tales formas de producir espacio. Esta perspectiva permite "conferir reconocimiento a espacios de pobreza y formas de agencia popular que a menudo permanecen invisibles y descuidadas en los archivos e investigaciones de la teoría urbana" (p. 224).
Asentamientos Informales en América Latina
La discusión sobre marginalidad y el giro hacia actores y procesos de consolidación de la informalidad urbana han nutrido diversas investigaciones a nivel sudamericano desde la década del 2000. Bajo análisis históricos y sociológicos, la construcción social del hábitat en asentamientos informales de la región, las expectativas frente al derecho a la vivienda y los alcances de las acciones de pobladores, en un contexto de creciente abandono del Estado y del mercado formal, han primado como tópicos. Así, comprender las experiencias de los pobladores, considerando las generalidades y particularidades que presenta cada proceso, es un aporte para establecer lecturas cruzadas y forjar lineamientos para el análisis de la situación actual en la región. Solo por nombrar algunos casos, en Argentina se ha discutido la particular importancia del componente migratorio (Magliano & Perissinotti, 2020) en la composición de asentamientos informales y la manera en que las políticas públicas han sido modeladas desde una 'inclusión diferencial' que en la práctica reproduce lógicas de exclusión o segregación hacia migrantes. A este análisis se agregan otros factores que complementan los de clase, tales como el género o la etnia (Grimson & Segura, 2016), y para el caso boliviano se ha agregado el factor etario; al integrar dichas variables se ha posibilitado la comprensión de distintas formas de construcción del hábitat (Díaz, 2016). Así, diversos estudios entregan perspectivas de análisis diferentes a las que usualmente presentan el problema de la pobreza, la exclusión o la segregación en gran parte de los países sudamericanos, y que pueden ser importantes aportes para la comprensión de nuestros casos de estudio en Chile.
Por otro lado, estudios como los de Maricato (2000), para Brasil; Cravino et al. (2009) para Argentina, y Salcedo (2010), para Chile, permiten también establecer diagnósticos compartidos. Si, por un lado, las políticas públicas reforzaron las dinámicas de precarización y exclusión, mediante la provisión de vivienda social en la periferia, por otro lado, diferentes gobiernos aplicaron regímenes que oscilaron entre la represión y la tolerancia hacia los asentamientos informales y sus habitantes, toda vez que fueron incapaces de absorber la demanda por vivienda a través de mecanismos institucionales. Y si bien durante algunos periodos se reportaron bajas considerables en el número de asentamientos informales, en las últimas dos décadas, esos números habrían aumentado. Lo explica Perlman (2004) para el caso de Brasil, donde luego de años de políticas públicas que buscaron erradicar y urbanizar favelas, el número de personas viviendo en ellas continuó incrementándose. Lo propio sucedió en otros países de la región como Chile (López-Morales et al., 2018) o Argentina (Cravino et al., 2009), donde el fenómeno hoy adquiere especial atención, como consecuencia de las dificultades exacerbadas por la pandemia de COVID-19. A pesar de ser un proceso de larga data, que ha sido abordado principalmente desde las políticas públicas para su erradicación, la informalidad urbana pareciera ser un fenómeno que continúa reforzándose en gran parte del globo (Can, 2019). Desde esta perspectiva, resulta fundamental que las ciencias sociales y las políticas públicas lo aborden más allá de enfoques estigmatizantes, para lograr una comprensión que incorpore la valoración que de ella tienen los propios actores y sus estrategias (de Moura & Alves da Silva, 2019).
Metodología
El artículo presenta los resultados de una investigación de carácter mixto, en cuya recolección y análisis de datos se han integrado aproximaciones cualitativas y cuantitativas (Mertens et al., 2016). Para dar énfasis a los propios actores y lo que ellos consideraban más relevante en el proceso de consolidación del campamento, se realizó un censo cuyo desarrollo fue participativo para cada etapa de la investigación, desde el diseno y recolección de la información, hasta la discusión de resultados. Además, el caso aquí analizado es de especial relevancia, por formar parte del 'circuito' de nuevos campamentos surgidos en el contexto de crisis sanitaria, así como por pertenecer a la región que concentra el mayor número de asentamientos informales a nivel nacional durante los últimos años.
La etapa cuantitativa consistió en el diseno y aplicación de un cuestionario, a fin de censar a toda la población del asentamiento. Fue elaborado en conjunto con representantes de las organizaciones sociales del campamento, quienes definieron objetivos y preguntas. El cuestionario contó con dos secciones: una referida a información individual y otra a información familiar. En la primera, se indagó en las características demográficas de los miembros del hogar, problemas de salud y vacunación contra el COVID-19. En la segunda, se buscó conocer las razones que impulsaron el traslado al campamento y las condiciones de habitabilidad. Una vez consolidado el cuestionario, se procedió a su aplicación. En esta etapa fue fundamental el involucramiento de las dirigencias del asentamiento, pues permitió planificar y recabar información en todos los sectores, además de proporcionar apoyo logístico al presentarnos a las familias y explicar el objetivo, facilitando el acceso al campamento. El trabajo en terreno fue realizado los sábados y domingos, entre el 10 de julio y el 21 de agosto de 2021.
En lo cualitativo, se realizaron entrevistas en profundidad a residentes del campamento. En esta etapa se realizó un muestreo teórico, buscando representar en los entrevistados las distintas nacionalidades presentes en el territorio, en la misma proporción que se evidenció en la etapa cuantitativa. Así, se seleccionaron 13 entrevistados(as), cinco de nacionalidad chilena y ocho inmigrantes (cinco de nacionalidad haitiana, dos de venezolana y uno de peruana). La pauta de entrevista permitió profundizar en los aspectos relevantes, como las condiciones habitacionales de la familia antes de trasladarse al asentamiento, los elementos que gatillaron este traslado y la valoración de la experiencia de habitar en la informalidad urbana.
Caracterización y Descripción del Caso de Estudio
Debido a la topografía de la ciudad de Valparaíso, los asentamientos más precarios han estado históricamente ubicados en zonas lejanas o de difícil acceso, como cerros y quebradas (Rubio et al., 2021). Actualmente, debido a la imposibilidad de acceder a terrenos o viviendas por medio del mercado formal, los pobladores han localizado sus campamentos en sectores alejados, fuera de zonas donde la normativa permite construir. Esto ha generado como consecuencia la imposibilidad de acceder a servicios básicos como agua o alcantarillado (Ojeda et al., 2020). Como muestra la Figura 1, entre los nuevos asentamientos registrados predominan aquellos ubicados en los bordes urbanos, siendo la comuna de Vina del Mar la que concentraría el mayor número de campamentos, incluso desde antes de la pandemia.
El campamento Altos de Placilla Nuevo forma parte del fenómeno graficado. Se ubica en el borde de Placilla de Penuelas, localidad colonial que históricamente sirvió de tránsito y abastecimiento en el trayecto Santiago-Valparaíso. Durante los últimos 50 años, dadas sus características morfológicas y ante la carencia de áreas de expansión urbana en el plan a Valparaíso, la zona de Placilla comenzó a ser poblada por viviendas sociales. Luego, también surgieron comunidades cerradas, propias de las clases medias altas, como es el caso de Curauma, que adoptaron las características de una ciudad dormitorio. Hoy también se caracteriza por ser una zona industrial y de carga de camiones que circulan entre el puerto y la capital, favorecida por su posicionamiento en la Ruta 68, además de estar dotada de servicios públicos y comerciales que la convierten en una localidad relativamente autónoma (ver Figura 2).
Como muestra la Figura 3, la formación del campamento inició durante la pandemia de COVID-19. Puede apreciarse que, en abril de 2020, poco antes del inicio de esta, el terreno estaba deshabitado, y solo había allí un bosque de pinos. En julio del mismo ano se identificaron solo algunas viviendas aisladas. Sin embargo, después de un ano de haber iniciado la pandemia, se identifica un asentamiento consolidado con viviendas contiguas. En la imagen más reciente (septiembre de 2021) se evidencia el alto nivel de poblamiento que, para el momento en que se realizó el censo, llegaba a 582 personas en 218 hogares.
El levantamiento realizado indicó que el 54.5% son hombres y 45.5% mujeres. La población del campamento es mayoritariamente joven; existe un alto porcentaje de ninos y adolescentes, pero la mayor proporción la tienen los adultos jóvenes entre 30 y 39 años, quienes constituyen un tercio del total. Una particularidad del campamento, respecto de otros de la región, es que más de la mitad de su población es migrante (56%), lo que evidencia que dichos grupos enfrentan mayores dificultades para acceder a vivienda (López-Morales et al., 2018). Destacan las personas de nacionalidad haitiana, quienes constituyen el 35.6% de la población migrante del campamento, seguidas por las de nacionalidad venezolana (11.3%), peruana (4.1%) y colombiana (3.8%). En su mayoría, estas personas llegaron a Chile entre 2017 y 2018, mientras que solo el 10.6% llegó en 2019 y muy pocas lo hicieron durante los años de pandemia. Esto es relevante, pues indica que la mayor parte tiene algunos años de experiencia residiendo en Chile. Con respecto a la situación migratoria, es importante mencionar que un 16.3% de las personas se encuentran sin documentos, mientras que el 27.3% cuenta con residencia definitiva y el 19.6% la está tramitando, el 31.4% cuenta con algún tipo de visa, ya sea vigente o en trámite. En salud el 82.6% de las personas no tiene enfermedades crónicas; a pesar de la pandemia, un 19.4% no se había vacunado aún y el 18.2% no pretendía hacerlo. Aún así solo el 12.5% había contraído el virus.
Antes: Escenario Residencial Previo a la Entrada al Asentamiento
El contexto familiar previo a la instalación en el campamento muestra una diversidad de situaciones que favorecieron el traslado de las familias desde una vivienda formal hacia el asentamiento informal. Por un lado, los entrevistados declaran una situación de frustración de largo plazo por no poder acceder a una vivienda a través de canales institucionalizados. Ante una burocracia estatal impenetrable, se ha generado la sensación de que la casa propia es imposible (Vergara & Reyes, 2019). Sergio (66 años, chileno), por ejemplo, comenta que estuvo 17 años postulando para una vivienda social.
A lo anterior deben sumarse elementos más inmediatos o "desencadenantes", como la crisis sanitaria: los pobladores dan cuenta de cómo el alquiler comenzó a ser una carga insostenible, en un contexto de precariedad laboral exacerbado por la pandemia. El 80% de la población del campamento se encontraba en dicha situación, y fueron los aspectos económicos las principales razones que impulsaron a las familias a establecerse en el nuevo asentamiento: alto costo de los arriendos (40.3%), bajos ingresos (16.3%) y pérdida del empleo (9.9%). Esteban relata:
Cuando comenzó la pandemia, ahí quedamos sin pega [trabajo], yo quedé sin pega, no hubo caso de encontrar trabajo, nunca me había [ocurrido], nunca [...]. Yo trabajaba como independiente, pero la pandemia me hizo pedazos, no hubo pega. (Esteban, 33 años, chileno)
Las consecuencias de la pandemia en la economía familiar implicaron ajustes y decisiones trascendentales. Entre los principales dilemas que surgieron en este periodo, estuvo la decisión de pagar el arriendo o tener para alimentación. Esta situación se vuelve crítica si se considera el alto nivel de arrendamiento ya mencionado, donde solo el 24.8% tenía contrato de arriendo, mientras que más de la mitad (55.2%) no tenía ninguna seguridad o protección residencial, por lo que, si dejaban de pagar, los expulsaban.
La falta de espacio y privacidad se identifica como una problemática que se profundizó durante la pandemia y que influyó en la decisión del cambio residencial. Una de las modalidades habitacionales más frecuentemente informada por los residentes era el alquiler de una habitación en una vivienda compartida, práctica habitual entre la población migrante, pues no implica requisitos previos y es, comparativamente, más económica que las viviendas unifamiliares. Para ellos, la obligación de quedarse en casa significó restringir su espacio de vida a la habitación que alquilaban. Somo (36 años, haitiano) menciona lo difícil que fue para su hijo dejar de ir a la guardería y reducir su espacio de juego y de vida a una sola pieza. Con las escuelas y guarderías cerradas, y ante una organización familiar tradicional, muchas mujeres tuvieron que dedicar la jornada completa al cuidado de los hijos, reduciendo así la cantidad de personas disponibles para trabajar y generar ingresos.
Ante la reducción de ingresos y la imposibilidad de pagar alquiler, las familias debieron encontrar 'soluciones' a su problema habitacional. Así, bajo un esquema de colaboración similar al que Pino y Ojeda (2013) llaman 'conjuntos residenciales familiares', entre amigos, familia y compatriotas formaron un campamento en el sector y se apoyaron mutuamente para el traslado. Rosi y su familia, por ejemplo, gracias a unos compatriotas peruanos, lograron la cesión del terreno con la condición de pagar la inversión realizada en la vivienda. Es relevante mencionar que, respecto a la ocupación de terrenos, en la mayoría de los casos (74.2%) se trata de una ocupación de la misma familia que edifica la vivienda; en otros, se trata de una cesión del terreno (20.3%). Existe, también, una pequena proporción de personas que le pagó a alguien para ocupar el sitio (3.2%).
Por otra parte, resulta interesante evidenciar que la mayoría de los residentes provenía de la misma zona: el 80.9% residía en la misma comuna donde está localizado el emplazamiento, y solo un 12.7% provenía de otra ciudad. Varios entrevistados relatan recuerdos de infancia en el terreno que actualmente ocupan y que identifican como un lugar donde los ninos de Placilla solían jugar.
Durante: Proceso de Instalación y Construcción de la Vivienda
La instalación en el campamento adoptó diversas formas: algunas veces se trasladaba inmediatamente la familia completa, que armaba carpas mientras se construía la vivienda; en ocasiones, comenzaban la construcción y, una vez que se erigían paredes y techo, la familia se mudaba. Sea como fuere, la gran mayoría de las familias ha autoconstruido la vivienda (ver Figura 4).
El proceso de construcción (ver Figura 5) usualmente implicó a la familia nuclear, pero, en varias ocasiones, fue un proceso colaborativo entre familias en proceso de instalación. Pedro comenta que si bien sus vecinos estaban todos en similares etapas de construcción, cuando se necesitó, sus vecinos le colaboraron con trabajo o prestando herramientas. A la familia de Rosi, sus vecinos compatriotas le ayudaron en la construcción del techo. Así, la colaboración entre vecinos es uno de los elementos positivos que más valoran los residentes:
Tuve ayuda de mi hermano y también de vecinos que estaban construyendo. Uno ayudaba al otro porque uno no tenía dinero como para pagarle a un maestro, ni nada. Uno ayuda al otro, uno le decía al otro que hacer y qué no hacer. [...] Fue una experiencia muy bonita. (José, 27 años, haitiano)
Durante el proceso de construcción, los pobladores destacan que han debido aprender de carpintería, gasfitería u otros oficios que no dominaban, para lo cual ha sido fundamental la ayuda entre vecinos. Quienes sabían, asesoraban a los demás sobre los materiales requeridos y los procedimientos de instalación. Así, se llevó a la práctica el intercambio de saberes propio de los territorios subalternos (de Moura & Alves da Silva, 2019), en los que se generan prácticas de resistencia ante la ineficacia y lentitud del Estado para hacer frente a problemáticas estructurales o contextuales:
Esto se levantó a punta de esfuerzo. Quienes trabajaban en los palos, se preocupaban de los palos, entonces ellos nos conseguían precios más baratos en los aserraderos. Y como yo manejaba un camión, íbamos en el camión, y hacíamos, no sé, 20 pedidos y yo iba a buscarlos todos en el camión, todos juntos, todos llegábamos y se repartía la madera. [...] Hubo harto apoyo de los maestros que estuvieron aquí, hubo harto apoyo. Gracias a ellos en realidad levantamos todo esto, porque aquí la mayoría no tenía idea cómo construir. (Esteban, 33 años, chileno).
Para la ejecución de las obras, fue relevante el que gran parte de los residentes recibiera un monto de dinero por el retiro del 10% de sus fondos previsionales[3], legislación exclusivamente orientada a paliar los efectos de la crisis sanitaria. Aunque para la mayoría este beneficio no fue el detonante para construir vivienda, pues ya habitaban en la toma de terreno, constituyó un refuerzo que les permitió comprar materiales y avanzar más rápido con la construcción. Esteban relata que gracias al '10%' pudo aislar su casa del frío y pasar un invierno más protegido. Paulina (34 años, chilena) enfatiza que las ayudas del Estado le permitieron mejorar su vivienda y hacerla más vivible, pues con ese dinero financió las conexiones - irregulares- a los servicios básicos.
Cabe mencionar que existe una distinción importante entre chilenos y migrantes: si bien los primeros en su mayoría recibieron alguna ayuda del Estado o algún miembro de la familia tenía dinero en sus ahorros previsionales, para la población migrante esto no siempre fue posible, pues solo algunos habían trabajado formalmente. Así, para estos últimos el principal sustento para la construcción de la vivienda fue el propio ahorro o el préstamo entre familiares y amigos.
Después: Contradicciones y Ambivalencias de Habitar el Campamento
Habitar asentamientos informales implica convivir con una serie de ambivalencias. Por un lado, al habitar un territorio considerado 'fuera de la ley', las personas se arriesgan a la erradicación (en este caso, el terreno pertenece a una empresa de obras sanitarias de carácter privado, con la que actualmente hay una causa abierta en el juzgado de policía local). Además, cotidianamente deben enfrentar una serie de dificultades por el acceso a servicios básicos. Sin embargo, los entrevistados afirman sentirse felices por ser propietarios de algo y por haber formado la comunidad. Específicamente, lo que más valoran de habitar en este campamento es la tranquilidad y la seguridad que sienten en sus calles. Somo relata una especie de código interno que impediría robos:
Uno puede tener sus materiales acá, de hecho, ninguno tenía casa cerrada [...] no se ha perdido nada, se respeta, sobre todo, lo que más me gustó es el respeto, es como una frontera imaginaria que hay en cada sitio, cada terreno. El vecino sabe que no tiene que avanzar a su terreno, aunque no esté cercado, sabe, este terreno ya está tomado, ninguna persona va a tomárselo. (Somo, 36 años, haitiano)
Varios entrevistados mencionaron que sus sitios no están cerrados y que no han sentido la necesidad de cercarlos porque confían en sus vecinos. La buena convivencia, la organización social, el apoyo mutuo y la comunidad que forman con sus connacionales se destacan entre las fortalezas del asentamiento: "porque ya te conoces con todos los vecinos, ya sabes cuáles son las necesidades de cada uno" (Paulina, 34 años, chilena). Asimismo, los entrevistados hacen énfasis en la diferencia entre la experiencia residencial previa y la actual: mientras que antes vivían encerrados en sus viviendas, hoy comparten mucho más con sus vecinos. La posibilidad de tener algo propio, de disenarlo a la medida familiar, de poder plantar árboles y de tener patio, son elementos valorados por los residentes. Especialmente para los migrantes, la vivienda se percibe como una forma de tener una relativa estabilidad. Pedro relata lo que ha significado para él su vivienda en el campamento:
Es muy importante para nosotros porque vamos a tener la casa, va a ser algo propio, como puedes ver, le hemos puesto un mundo para tener lo que tenemos ahorita, que no es fácil, esto, no creas que es de dos meses para acá, esto lo hemos venido haciendo, poquito a poquito pues [...]. Pero es muy importante tener una vivienda porque uno va a tener un poquito más de estabilidad tanto monetaria como personal. (Pedro, 34 años, venezolano)
Si bien muchos destacaron la comunidad entre los aspectos positivos de habitar en el campamento, otros destacaron benefícios económicos, como la posibilidad de no pagar arriendo y de disponer de una vivienda.
Sin embargo, también se mencionan problemas como la falta de alcantarillado y de servicios sanitarios, que hacen que la vida en el campamento sea difícil e impacte en la vulnerabilidad de sus habitantes (Ojeda et al., 2020). La falta de alcantarillado es la carencia identificada como más importante (36.3%), puesto que todas las viviendas han debido construir un pozo séptico para las aguas grises, problemática agudizada en un contexto de crisis socioambiental (Rubio et al., 2021). La falta de agua potable es la segunda carencia identificada (19.3%), que se ha resuelto con la conexión informal a la red pública; pero, como la conexión es irregular, no alcanza para tantos hogares, es impredecible e intermitente. Respecto de la electricidad, solo un 6.6% lo identifica como el problema más significativo, lo cual puede deberse a que la conexión -también irregular- puede tener mayor estabilidad, aunque existe un riesgo de incendio.
Conclusiones
La pandemia producto del COVID-19 ha tenido consecuencias que aún no se terminan de definir. Sin embargo, hay ciertas transformaciones a nivel urbano que ya podemos evidenciar, entre ellas, la reemergencia de los asentamientos informales. Su formación retoma una práctica histórica en Chile y la región, y revive las reivindicaciones propias del movimiento de pobladores, bajo la lógica de que, si el Estado no atiende a las demandas, entonces son ellos mismos quienes deben encontrar una solución a sus problemas (Garcés, 2011). Esto muestra su capacidad de agencia (Can, 2019) y la oportunidad de transformación a través de un urbanismo subalterno, al configurar su propio hábitat como respuesta a la incapacidad de la burocracia estatal para proveer vivienda y a la desposesión económica por pérdida del empleo (Roy, 2011; Magliano y Perissinotti, 2020).
El artículo ha propuesto una aproximación analítica que difiere de enfoques tradicionales, centrados principalmente en las carencias y las anomalías de estos territorios. Por el contrario, se propone que los asentamientos informales son procesos y prácticas que responden a problemáticas históricamente no resueltas (Can, 2019). Así, el urbanismo subalterno propone superar enfoques estigmatizantes y avanzar hacia una concepción de estos asentamientos como territorios con enorme potencial, haciendo énfasis en la construcción del hábitat residencial comunitario que se logra en ellos. Esta perspectiva es aún más relevante en contextos de crisis, como la sanitaria debido a la pandemia por COVID-19, dada la incapacidad del Estado para abordar de manera rápida y eficaz las demandas de la población más precarizada (Robles et al., 2021).
Así, las prácticas comunitarias y de apoyo mutuo han cobrado relevancia en las tres etapas de formación del campamento Altos de Placilla Nuevo: tanto en la empatía del amigo, vecino o compatriota que traspasa la información de la existencia de este territorio, como en la construcción de la vivienda; en el traspaso de saberes, o en el préstamo de dinero para la compra de materiales. También la comunidad sigue presente en la etapa de consolidación del asentamiento, en las prácticas de cuidado y soporte colectivo. A pesar del incipiente estado de formación, las prácticas comunitarias permiten evidenciar que en la ciudad está germinando un proceso colectivo, una 'otra' forma de urbanismo subalterno (Can, 2019). Sin la intención de romantizar las precariedades y carencias que esta parte de la sociedad ha debido enfrentar, especialmente durante la crisis socio-sanitaria, se ha querido destacar esta forma de resistir ante la desposesión y abandono del Estado, proponiendo alternativas de hacer ciudad (Robles et al., 2021). La insurgencia no es sinónimo de desobediencia, sino que es agencia creativa que permite imaginar vías alternativas. Ante una política que entiende la vivienda social como un fin en sí mismo (Ossul-Vermehren, 2021), el urbanismo subalterno produce una planificación urbana contra-hegemónica, bajo la forma de un levantamiento popular desde abajo (Roy, 2011), silencioso y oculto a la mirada pública.