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INTRODUCCIÓN
En el 2022 se cumplen 60 años de la publicación de la obra Primavera Silenciosa, de la bióloga Rachel Carson (1907-1964). Este trabajo fue una contraposición al auge que en ese momento había del uso de los plaguicidas químicos, en especial del dicloro difenil tricloroetano (DDT), cuya aplicación como insecticida fue descubierto por Paul Müller en 1939, hallazgo que le valió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1948 a Müller gracias a su contribución al control de plagas de cultivos y de insectos transmisores de enfermedades como el tifus, la malaria o la peste bubónica (Fresquet c2013, Angulo c2017). Prácticamente desde la aparición de estos plaguicidas químicos se publicaron varios trabajos donde se mostraba su efecto dañino sobre otros eslabones de la red trófica, como peces y aves, y su tendencia a acumularse en los tejidos adiposos. Sin embargo, la publicación de Primavera Silenciosa generó el impacto social y político que las publicaciones anteriores no habían tenido (Vázquez Rodríguez et al. 2014). El libro de Rachel Carson denunció el uso indiscriminado de los plaguicidas químicos, en especial del DDT, y sus consecuencias sobre el ambiente, en un lenguaje sencillo que podía ser entendido por todo el público. La gran repercusión que tuvo el libro dio lugar a la prohibición del DDT en EE. UU. en 1972 por mandato del presidente Kennedy (Vázquez Rodríguez et al. 2014, Flores et al. 2019), permitió la creación de la Agencia de Protección Ambiental en EE. UU. (Hecht 2019) y dio inicio al movimiento ecologista y ambientalista al crear la conciencia en el público en general de la vulnerabilidad de la naturaleza ante la intervención humana (Haq 2012). Carson había documentado durante años distintos casos de efectos graves en el ambiente y en la salud humana, así como de aplicaciones excesivas y poco justificadas de estos compuestos, cuya eficiencia resultaba dudosa ya que las poblaciones de los insectos que pretendían eliminar se reponían rápidamente a la exposición, mientras que las poblaciones de vertebrados requerían un tiempo mucho mayor para recuperar sus niveles previos (Townsend 2016). El libro de Carson es hoy un referente, ya que cuestionó la euforia generalizada del gran desarrollo de la agricultura que tuvo lugar en los años 60, la llamada revolución verde (Mallén 2012).
A pesar del impacto que tuvo inicialmente el libro y sus consecuencias políticas, en Estados Unidos ha aumentado el uso de insecticidas para agricultura, sin que eso haya reducido el daño causado por los insectos en los cultivos (Hecht 2019, Sharma et al. 2019). En otras latitudes, como en varios países europeos o en Australia, el aumento de la conciencia social por los daños tanto ecológicos como a la salud que produce la aplicación de plaguicidas ha generado un descenso en el consumo de estos productos, a la vez que una mayor demanda en productos de origen orgánico (FiBL y IFOAM-Organics International 2019, Sharma et al. 2019). En cambio, Latinoamérica, en especial en Argentina y Brasil, donde la intensificación de varios cultivos ha permitido que otras zonas del mundo con una mayor conciencia ecológica hayan podido reducir la presión sobre sus recursos naturales importando dichos cultivos (Martínez-Valderrama et al. 2021), parece registrar un aumento en el uso de estos plaguicidas (Sharma et al. 2019).
Los plaguicidas en general son considerados uno de los principales causantes de la reducción actual de diversidad de insectos (Brühl y Zaller 2019, Raven y Wagner 2021, Wagner et al. 2021, Wagner 2020). Muchos de estos productos han mostrado una gran toxicidad en organismos no objetivo, como los neonicotinoides sobre las abejas (Pisa et al. 2015, Tasman et al. 2020), sobre parasitoides (Wang et al. 2008) y sobre depredadores (Hasan y Ansari 2017). Además de provocar la muerte de muchos organismos, los plaguicidas pueden tener efectos subletales, es decir, "efectos fisiológicos o de comportamiento en individuos que sobreviven a la exposición a plaguicidas" (Desneux et al. 2007). Los neonicotinoides tienen alta persistencia y pueden generar parálisis de los músculos de vuelo a las abejas y afectar su comunicación y su capacidad de forrajeo (Pisa et al. 2015, Otesbelgue et al. 2018, Tasman et al. 2020). También se ha observado un efecto de los neonico-tinoides sobre depredadores, generando una interrupción del desarrollo embrionario en Eriopis connexa (Germar, 1823) (Fogel et al. 2013) y una reducción en la fecundidad de Zygogramma bicolorata Pallister, 1953 (Hasan y Ansari 2017). Incluso, algunos insecticidas de origen biológico pueden tener efectos adversos sobre insectos benéficos (Williams et al. 2003), como los spinosines, que son producidos por la bacteria filamentosa Saccharopolyspora spinosa Mertz & Yao, 1990 (Bacci et al. 2016). Los spinosines han mostrado una gran toxicidad en parasitoides de huevos Anaphes iole Girault, 1911 y Trichogramma pretiosum Riley, 1879 (Williams y Price 2004, Khan y Ruberson 2017) y en parasitoides de estados larvales y ninfales como Cotesia plutellae (Kurdjumov, 1912) (Haseeb et al. 2004), Bracon nigricans (Szépligeti, 1901) (Biondi et al. 2013), Eretmocerus paulistus Hempel, 1904 (Tello et al. 2013), Cotesia vestalis (Haliday, 1834) y Aphidius colemani (Dalman, 1820) (Anjum y Wright 2016), y toxicidad moderada en el depredador Orius laevigatus (Fieber, 1860) (Biondi et al. 2012). Otro problema asociado al uso excesivo de los insecticidas es la generación de resistencias en las plagas objetivo, ampliamente documentado en insectos transmisores de enfermedades como Aedes aegypti Linnaeus, 1762 (Francis et al. 2020, Guedes et al. 2020) y Triatoma infestans (Klug, 1838) (Rolandi et al. 2020, Mougabure-Cueto y Lobbla 2021).
Los insecticidas no solo tienen efecto sobre los insectos, sino que, tal y como lo observó Carson en su obra, tienen efecto bioacumulativo en los distintos niveles de la red trófica. Por ejemplo, se han encontrado residuos de algunos plaguicidas en desuso en EE.UU., en tejidos grasos de aves migratorias (Pollock 2001), e incluso residuos de DDT en mamíferos acuáticos (Torres et al. 2015, Durante et al. 2016). Adicionalmente, muchos insecticidas han sido asociados a enfermedades en humanos, como los neonicotinoides a cáncer hepático (Zhang et al. 2022), algunos plaguicidas asociados al maíz a enfermedades respiratorias (Simoes et al. 2022) y varios plaguicidas de uso común en Europa a problemas neurotóxicos en etapas de desarrollo (Bjorling-Poulsen et al. 2008, Laubscher et al. 2022).
La presente revisión tiene por objetivo conocer en qué situación se encuentra actualmente Latinoamérica en relación con el uso de los plaguicidas y las medidas tomadas por los gobiernos latinoamericanos para limitar su uso o proponer alternativas. El trabajo se focaliza en insecticidas, es decir, productos dirigidos a eliminar insectos; sin embargo, el término plaguicida se ha mantenido en parte del documento, debido a que en muchas fuentes no se separan insecticidas del resto de plaguicidas, i.e., productos dirigidos a eliminar cualquier tipo de organismo considerado plaga: insectos, plantas arvenses, hongos y nemátodos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de la presente revisión, se han tomado en cuenta distintas fuentes. Por un lado, para la comparación del uso pasado y presente de insecticidas se han considerado los datos oficiales de la FAO (c2020) de las toneladas de insecticidas usados en cada país de Latinoamérica en el primer y el último año de que se disponen datos, es decir 1990 y 2018, respectivamente, y para todos los países que incluye la FAO en sus estadísticas. Por otra parte, para la comparación de los principios activos prohibidos en cada país de Latinoamérica se han considerado los datos de la Pesticide Action Network (PAN internacional c2021), donde se recoge la información de los registros del convenio de Rotterdam (FAO c2013), y se diferencian dos categorías: los productos totalmente prohibidos y los indicados como No consentimiento para importación. Finalmente, se recopilaron los datos de la publicación de Flores (2019) sobre la situación de la agricultura orgánica en Latinoamérica. Para los plaguicidas se ha seguido la terminología del manual de plaguicidas de Centroamérica (IRAT c2021).
RESULTADOS
Uso pasado y presente de los plaguicidas: tendencias en Latinoamérica
No queda del todo claro cuándo se empezaron a controlar las plagas en los cultivos. Hay evidencias arqueológicas de que en el Neolítico (hace unos 7000 años), los agricultores eran conscientes de la presencia de las plagas y de sus daños, e incluso es probable que ya aplicaran algún tipo de manejo, como añadir cenizas o utilizar plantas repelentes (Antolín y Schäfer 2020). El control de plagas se mantuvo prácticamente sin cambios, todavía reducido y con uso de insecticidas naturales hasta el siglo XIX, donde se inició el uso de insecticidas químicos a nivel comercial, concretamente el aceto-arsenito de cobre (Ureta et al. 2014). Pero a partir de los años 40, impulsados por las investigaciones de Müller y otros químicos, la síntesis de estos productos y su uso se intensificó de forma masiva en todo el mundo.
A pesar del impacto que tuvo el libro de Carson, la producción de plaguicidas a nivel mundial ha seguido incrementándose (Carvalho 2017). Para el caso de Latinoamérica, en 1982 la demanda alcanzó los 1634 millones de dólares entre insecticidas, herbicidas y fungicidas (Constenla 1988). En 1997, la importación de plaguicidas en general alcanzó los 16 000 millones de dólares en toda Latinoamérica (Dasgupta et al. 2001), y la tendencia en su uso ha seguido en crecimiento en el periodo 2006-2015, especialmente en Bolivia, Brasil, Chile y Perú (OECD 2018).
Según los datos de la FAO (c2020), entre 1990 y 2018 la mayoría de los países de Latinoamérica han aumentado el uso de insecticidas para la agricultura (Fig. 1), a excepción de Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. Los aumentos más notables son los de Brasil, que han pasado de unas 18 000 toneladas en 1990 a superar las 60 000 t en 2018, y Ecuador, que pasó de unas 500 toneladas en 1990 a cerca de 13 000 t en 2018. México es el tercer país, por detrás de Brasil y Ecuador, cuyo uso en 2018 de insecticidas superó las 10 000 toneladas; el resto de países está por debajo de 6 000 t, incluso la mayoría apenas llega a 3 000 t.
A pesar de sus efectos adversos, los plaguicidas altamente tóxicos siguen siendo de los más utilizados en muchas regiones andinas, y factores como la pobreza, la falta de etiquetados de los productos en lenguas indígenas, la baja disponibilidad de equipos de protección y la escasa capacitación que reciben los productores hacen que los derechos de estos en el uso de los plaguicidas no se cumplan (Orozco et al. 2009, Varona et al. 2016). Por ejemplo, en un estudio realizado en varias provincias del Ecuador, se constató que el 80 % de los insecticidas usados corresponden a las clasificaciones de sumamente a moderadamente peligrosos, y la mayor parte de los productores exceden las dosis recomendadas y no respetan los tiempos de carencia (Chirinos et al. 2020). Otro estudio más reciente realizado en producciones de tomate en la región sur de Ecuador mostró que los productores hacían mezclas de hasta ocho principios activos en una única aplicación, sin ningún tipo de criterio técnico y superando las dosis recomendadas (Castillo-Perez y Castillo-Bermeo 2021). En otros estudios realizados en México se ha registrado el uso de varios insecticidas prohibidos, incluidos varios productos altamente tóxicos, como el carbofuran, el paratión o el malatión (Pérez et al. 2013, Esquivel-Valenzuela et al. 2019). El marcado incremento en Brasil en el uso de plaguicidas igualmente se traduce en una alta presencia de residuos de estos productos químicos en los productos alimenticios (Rigotto et al. 2014).
Figura 1 Cantidad de insecticidas para uso agrícola, presentado en toneladas de ingrediente activo, usado o vendido en cada país de Latinoamérica, según datos de la FAO (2020). Se presentan los valores del primero y el último año del periodo que muestra la FAO en su base de datos.
Políticas en América Latina de prohibición de insecticidas y alternativas de producción orgánica
Las políticas a nivel mundial en relación al uso de plaguicidas químicos se encuentran enmarcadas en el Convenio de Rotterdam, cuyo objetivo es el de "promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el ambiente frente a posibles daños y contribuir a la utilización ambiental racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y difundiendo esas decisiones a las Partes" (FAO c2013). El tratado entró en vigor en 2004, y la mayoría de los países de Latinoamérica son firmantes desde su inicio a excepción de Cuba, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, que se unieron en 2008, 2009, 2008 y 2011, respectivamente (CEPAL c2021). El Convenio de Rotterdam no establece la obligatoriedad de prohibición de los productos, sino que tiene como objetivo facilitar la comunicación entre países en relación a productos dañinos. En cambio, el Convenio de Estocolmo, que también entró en vigor en 2004, sí estipula "obligaciones para reducir o eliminar la producción y utilización de determinados plaguicidas y productos químicos industriales que constituyen contaminantes orgánicos persistentes" (FAO c2021). Una de las primeras acciones de la Convención de Estocolmo fue prohibir el DDT, manteniendo la única excepción de su uso para el control de la malaria en países donde esta enfermedad es endémica (UN c2004). Este componente se usó en Mesoamérica hasta el año 2000 (Pérez et al. 2012) y en Brasil se prohibió en 2009 (Pereira 2018).
Figura 2 Número de insecticidas para uso agrícola prohibidos en cada país de Latinoamérica, según los datos en PAN international (2021). Solo se consideran los principios activos, no productos comerciales. Se mantiene la diferenciación que da PAN international entre producto prohibido y producto establecido como No consentimiento para importación.
Pero, además del DDT, hay un gran número de insecticidas que están actualmente prohibidos en gran parte de Latinoamérica: la mayoría de países tiene alrededor de diez productos activos prohibidos con efecto insecticida, a excepción de Brasil, que cuenta con un total de 51 insecticidas prohibidos (Fig. 2, Tabla 1). En algunos casos, los países no establecen una prohibición del producto, sino un No consentimiento para importación. Aunque en la mayoría de los países latinoamericanos esta categoría aplica solo para algunos de los productos, en varios países se presenta para la totalidad de principios activos del listado. Es el caso de Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. Según el Convenio de Rotterdam, el hecho de que esté categorizado como No consentimiento para importación implica que no se puede usar ni producir a nivel nacional, y de hecho la PAN (Pesticide Action Network) considera ambas categorías como equivalentes (PAN international c2021). Sin embargo, a nivel práctico, solo la categoría de Prohibido tiene validez legal, por lo que podría considerarse la categoría de No consentimiento para importación como menos estricta (M. Watts, PAN Asia Pacific, com. pers.).
Cabe destacar el caso de Brasil, ya que es a la vez el mayor consumidor de América Latina de insecticidas (Fig. 1) y el país con el mayor número de insecticidas prohibidos. Sin embargo, el listado del convenio de Rotterdam no refleja los últimos cambios en la regulación de los plaguicidas, que ha propiciado la aprobación de 475 nuevos plaguicidas desde 2019, de los cuales aproximadamente un 30 % no son aprobados por la Comisión Europea (Braga et al. 2020). Este aumento está generando una creciente preocupación por sus consecuencias ambientales y sobre la salud humana (Páumgartten 2020).
La percepción de los propios productores es que se hace un uso excesivo de los plaguicidas. En el valle agrícola de Cañete, cerca de Lima, Perú, casi el 70 % de los productores encuestados consideraron que el nivel de contaminación por plaguicidas era alto o muy alto (Castillo et al. 2020). El uso inadecuado de los plaguicidas se ve reflejado en los residuos que se registran en frutas y verduras de consumo diario, que en muchos casos escapan a los controles gubernamentales: esto se ha observado en las diferencias entre los valores registrados en Ecuador por el Ministerio del Ambiente y por investigadores independientes, que en el primer caso no superaban los límites permitidos y en el segundo llegaban a estar ocho veces por encima de los mismos (Chirinos et al. 2020). En otros países, en cambio, dichos controles parecen ser más efectivos. Es el caso de Costa Rica, que en su informe de 2019 sobre los residuos de plaguicidas en vegetales frescos, indicó que el 64,2 % de las muestras analizadas presentaban residuos de plaguicidas, y casi el 7 % superaban los límites permitidos (SFE c2019).
Una importante alternativa al uso de los plaguicidas es focalizar la producción y el mercado en la agricultura orgánica. Latinoamérica tiene una creciente producción orgánica, principalmente liderada por Argentina, Uruguay y Brasil, quienes agrupan el 80 % de área cultivada orgánicamente en Latinoamérica, pero esta producción va mayormente dirigida a la exportación (Flores 2019). El área destinada a agricultura orgánica en la región ha ido aumentando de forma más o menos consistente desde 1999, con algunos periodos de decrecimiento (entre 2004 y 2007, y entre 2011 y 2016), aunque se ha estancado ligeramente en los últimos años (Meier et al. 2019). Brasil ha tenido un Plan Nacional para la Agroecología y la Producción Orgánica que llegó a estar galardonado por la FAO (Flores 2019) y permitió un aumento de un 28 % de productores orgánicos entre 2013 y 2017 (Lira c2019), pero la nueva administración política ha generado un cambio en detrimento de la agricultura orgánica y a favor de los plaguicidas químicos (Coelho et al. 2019), generando un serio problema de salud pública (Panis et al. 2022).
Todos los países de América Latina están unidos a través de sus respectivos Ministerios de Agricultura en la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO), un organismo internacional creado en 2008 para facilitar el comercio y los mercados orgánicos entre los países americanos, fortalecer los sistemas nacionales de control y facilitar la transferencia de conocimiento en relación a la producción orgánica (Laca-ze y Gámez 2019). Según su último informe, basado en datos de The World of Organic Agriculture, Statistics & Emerging Trends 2021, en 2019 había 8,29 millones de hectáreas en Latinoamérica y el Caribe dedicadas a producción orgánica, lo cual representa el 11,47 % del total mundial (CIAO c2021).
Tabla 1 Listado de insecticidas prohibidos en cada país de Latinoamérica, según los datos disponibles en PAN international (2021). Solo se consideran los principios activos, no productos comer ciales, y se mantiene la terminología del Manual de Plaguicidas de Centroamérica de la Universidad Nacional de Costa Rica (IRET 2021). Se mantiene la diferenciación que da PAN international entre producto prohibido (1 normal) y producto establecido como “no consentimiento para importación” (1 en cursiva). AR = Argentina, BO = Bolivia, BR = Brasil, CH = Chile, CO = Colombia, CR = Costa Rica, CU = Cuba, RD = República Dominicana, EC = Ecuador, ES = El Salvador, GU = Guatemala, HO = Honduras, ME = México, NI = Nicaragua, PM, Panamá, PG = Paraguay, PE = Perú, UR = Uruguay, VE = Venezuela.
CONCLUSIONES
La mayoría de países de Latinoamérica no solo no han reducido el uso de insecticidas, sino que cuentan con un número de productos insecticidas prohibidos muy limitado, todos inferiores a 20 principios activos, pero en su mayoría incluso por debajo de diez, cuando Brasil cuenta con más de 50 principios prohibidos. La falta de mercados nacionales que demanden productos orgánicos y de políticas sólidas y contundentes en la reducción del uso de estos productos hace que Latinoamérica no consiga deshacerse de esta problemática que amenaza con reducir su gran biodiversidad antes incluso de ser conocida. Es hora de que los gobiernos latinoamericanos tomen partida activa en promover prácticas agrícolas sostenibles con el ambiente y la entomofauna en particular.
