Movilizaciones sociales y formas de lucha campesina desarrolladas en el Municipio de Cajibío (Cauca): 1990-2006¹

Social mobilizations and forms of peasant struggle in the district of Cajibío (Cauca): 1990-2006

Diego Andrés Lugo Vivas
Universidad ICESI, Cali-Colombia
diegolugovivas@gmail.com

Recibido: 20.04.10
Aprobado: 16.09.10

1. Este artículo se deriva de la tesis de maestría titulada: Tradición agraria, luchas y recomposición de sociedades campesinas. El caso de Cajibío (Cauca): 1970-2008. El Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle financió gran parte de esta investigación al vincularme como asistente de docencia entre 2008 y 2009.

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo principal describir las movilizaciones sociales y formas de lucha campesina desarrolladas por la población rural del municipio de Cajibío (Cauca) entre 1990 y 2006. Presentaremos un análisis de las modalidades de protesta más representativas, adelantadas por una población que en diferentes circunstancias ha decidido movilizarse bien sea para la defensa de unas mejores condiciones de vida, o bien para el respeto y reconocimiento de unos derechos considerados fundamentales. Para ello, hemos recurrido a un trabajo con fuentes documentales consignadas en archivos (impresos y electrónicos) de los siguientes municipios: Cajibío, Cali y Bogotá. Prestaremos especial cuidado a fenómenos vinculados con ocupaciones y afectaciones de predios, bloqueos a carreteras y éxodos organizados producto del conflicto armado en la zona, dada su intensidad, frecuencia e impactos regionales.

Palabras clave: Cajibío, movilizaciones sociales, modalidades de protesta campesina, ocupaciones y afectaciones de predios, bloqueos a carreteras.

Abstract

The purpose of this article is to describe social mobilizations and forms of peasant struggle developed by peasant population in the municipality of Cajibío (Cauca) between 1990 and 2006. We will present an analysis of the most representative types of protest advanced by a population that in different circumstances has decided to move either to the defense of better living conditions or to the respect and recognition of rights considered fundamentals. To this end, we have resorted to the use of documentary sources located in printed and electronic archives in Cajibío, Cali, and Bogotá. We will pay special attention to phenomena related with land occupations and affectations, blocked roads, and forced mass displacement, given its intensity, frequency, and impact on the region.

Key words: Cajibío, social mobilizations, forms of peasant struggle, land occupations and affectations, and blocked roads.

Introducción

La historia del departamento del Cauca ha sido entre otras, una historia de movilizaciones y acciones colectivas planteadas por diferentes sectores sociales ante la búsqueda de mejores condiciones de vida o de un mayor reconocimiento político o cultural. El norte, centro o sur del departamento &-por nombrar sólo algunas regiones&- han sido escenario de innumerables manifestaciones colectivas (unas con mayor alcance, impacto y frecuencia que otras), destacando desde las históricas luchas por la tierra promovidas por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en el centro y norte del departamento durante la década de los 70 hasta los paros agrarios y bloqueos protagonizados por miles de campesinos durante la década de los 90 en Rosas, Cajibío y Mercaderes (a lado y lado de la Carretera Panamericana).

Los límites espaciales y territoriales del Cauca (aunque no deben servir como camisa de fuerza en la definición de un problema) muestran la variedad y complejidad de las acciones desplegadas por diferentes grupos subalternos, pues si se analizan tanto las modalidades de lucha como las motivaciones y antagonistas presentes en tales acciones, se podrán vislumbrar cuestiones de naturaleza clasista (vinculadas con las luchas por la tierra en décadas pasadas) o de naturaleza identitaria (tal y como sucede con algunos movimientos indígenas y negros en los albores de la década actual), sin que esto signifique la desaparición o inexistencia de manifestaciones de otro orden, las que competen por ejemplo, al campo de la violencia armada y al de la protección de derechos fundamentales de la población civil en zonas de conflicto latente.

Partiendo de este panorama, nos detendremos en la situación de un municipio estratégico para la región, describiendo las modalidades de protesta más significativas desarrolladas por la población del municipio de Cajibío (Cauca) durante el periodo 1990-2006, teniendo en cuenta los siguientes referentes:

1. Cajibío hace parte de una zona neurálgica en relación con el desarrollo de movilizaciones agrarias e indígenas pues se encuentra a 20 Km. al noroccidente de la capital del departamento del Cauca, Popayán. Se comunica con ella por medio de la carretera más importante de la región, lo que ha permitido (aunque no como único elemento ni como el más importante) que su población se vea involucrada en innumerables acciones campesinas e indígenas de carácter nacional y regional.

2. Su cercanía a regiones como la María y Piendamó (bastiones de una histórica lucha indígena) y el Macizo colombiano (centro de uno de los movimientos campesinos más fuertes del país), ha podido influir &-bien sea alentando o inhibiendo&- la sistemática capacidad de movilización de su población.

3. Este municipio ha protagonizado en diferentes momentos de la historia reciente, manifestaciones que por su variedad en términos de la población involucrada, modalidades de protesta y motivos de lucha nos hacen pensar en el desarrollo de acciones desarticuladas y dispersas entre sí. Las invasiones colectivas en el peniplano de la meseta payanesa a finales de la década de los 90, el taponamiento más grande de la carretera panamericana en los últimos 30 años (registrado en noviembre de 1999) o la desmovilización de un grupo de autodefensas campesinas en lo más alto de la cordillera occidental en 2003, son sólo algunos de los ejemplos que nos muestran la variedad y complejidad de todo lo que se mueve alrededor de este municipio y que al no hacer parte de un único movimiento campesino, deja una extraña sensación de dispersión e irregularidad histórica.

4. Cajibío pese a su cercanía con las regiones antes mencionadas no se puede entender como un municipio del todo articulado a ellas. Es cierto que es el municipio más cercano a La María (Piendamó) pero su población indígena no supera el 4% del total municipal (DANE, 2006). Así mismo el que se encuentre cerca del Macizo Colombiano no es garantía de articulación plena a uno de los tantos movimientos campesinos desarrollados en la zona, especialmente al liderado por el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Así mismo, su cercanía por el occidente con las regiones mineras de Buenos Aires, Suarez y Timba tampoco es sinónimo de empatía o de participación en el desarrollo de manifestaciones rurales lideradas por la población negra en estas localidades.

Lo anterior, nos obliga a preguntarnos cuáles han sido entonces las características de las movilizaciones y formas de lucha desarrolladas en este municipio, que por su frecuencia y sistematicidad se han mantenido vigentes hasta la presente época. Para responder tal inquietud, realizaremos una descripción de las modalidades de protesta más significativas en términos de su frecuencia histórica. Discutiremos así mismo, las perspectivas teóricas en las cuales se inscribe este trabajo. Continuaremos con unos antecedentes y un estado de la producción nacional para proseguir con una periodización histórica y con la descripción de las modalidades de protesta ya señaladas. Cerraremos con unas conclusiones y con la bibliografía primaria y secundaria que da vida a este trabajo.

Perspectivas teóricas

Autores como Moore, Landsberger y Wolf señalan que las movilizaciones rurales deben analizarse en función del sentido de la explotación con el cual los grupos campesinos conciben su relación con las clases altas rurales y el Estado (Moore, 1973: 137-139, 335-350, 381; Landsberger, 1972; Wolf, 1972). Para Moore, la explotación (sin importar su intensidad) mantiene cierto carácter objetivo. Los campesinos tienden a construir una noción popular de justicia que descansa sobre una base racional, cotidiana y realista (Moore, 1973: 380, 401-404). Por lo tanto, así sea difícil ponderar el grado de tolerabilidad de una relación explotadora, lo cierto es que la realidad y las experiencias cotidianas permiten establecer aquel nivel máximo de injusticia que les es permitida a las clases altas y aquel grado, que al no ser tolerado, eleva los deseos de rebelión y movilización por parte de un sector campesino.

Sin embargo, para tales autores, no todo depende de la forma cómo se concibe una relación de explotación; es necesario analizar la posición, condiciones históricas y disponibilidad de recursos de otros actores (Moore, 1973:137-139, 335-350; Landsberger, 1972). Los campesinos que no cuentan con recursos (especialmente tierras) y medios tácticos para luchar dependen de algún poder exterior que los motiva a hacerlo. Quienes logran mayor autonomía para ello, son aquellos que cuentan con algunos recursos y una libertad mínima para desafiar al señor (los campesinos medios, propietarios de tierras parcelarios y todos aquellos que se encuentran bajo un control marginal del exterior). No obstante, la distancia entre el desafío al poder local por un lado y el advenimiento de una revolución por el otro, es evidente. Por ello, el campesino no logra más que los cambios deseados en la estructura local del campo (Wolf, 1972:399-409). Además, su incapacidad para movilizarse políticamente no dejará de ser su peor obstáculo (Wolf, 1972).

En relación con la historia de las movilizaciones agrarias en Latinoamérica podemos señalar algunas de sus características comunes, entre ellas: primero, las diferentes zonas en las que se han iniciado tales manifestaciones se pueden considerar entre las menos pobres y marginales en términos de su productividad agrícola. Segundo, la organización tiende a surgir entre campesinos que mantienen cierta independencia económica y han logrado cierto bienestar (Huizer, 1981) aunque sigue siendo de vital importancia el papel del campesino cuya situación económica es desfavorable (Huizer, 1981:28). Tercero, factores como el papel ejercido por una clase terrateniente o por grupos política y militarmente representativos permiten ver no sólo cómo se promueve o desarrolla una movilización sino también cómo se inhibe. Estrategias de contención hacia la libertad de asociación, despidos, desalojos, privilegios hacia ciertos sectores para moderar o suspender los esfuerzos organizativos, entre otros, son algunos de los mecanismos utilizados por ciertos grupos para disminuir el avance una movilización social (Feder, 1969:323-326).

Cuarto, gran cantidad de movimientos campesinos en la región han sido iniciados por líderes campesinos y no sólo por actores provenientes del exterior, especialmente de las zonas urbanas. Sin embargo, esto no niega la existencia de un intercambio previo en el cual los líderes campesinos han mantenido contactos y experiencias urbanas que los capacita para estar al frente de movilizaciones agrarias. Quinto, los intercambios entre la población rural y urbana, que incluye entre otros a, políticos, académicos, líderes campesinos, miembros de instituciones religiosas, abogados, madres comunitarias, tienden a ser sistemáticos y reiterados (Huizer, 1981: 24).

Esto nos muestra que históricamente los campesinos se han remitido al apoyo de aliados externos para contrarrestar la oposición de ciertos grupos, aquellos considerados sus antagonistas. Más allá de establecer si son capaces o no de representarse como clase (pues no es objetivo nuestro concluir sobre este punto), sí es claro que los grupos campesinos cuando deciden movilizarse lo hacen en función de un apoyo externo, bien sea por medio de recursos económicos y tecnológicos adicionales, de líderes preparados en otras regiones o por medio de partidos políticos o instituciones que sin ser campesinos se muestran cercanos a sus intereses (Landsberger, 1972: 41).

En años recientes ha sido importante el tratamiento de las movilizaciones campesinas en Colombia y en Latinoamérica, en parte, por los fenómenos registrados en los últimos años relacionados con fuertes movimientos sociales en Bolivia (Prada Alcoreza, 2008: 173-196), indígenas en México (Bartra y Otero, 2008: 401-428; Ortiz, 2008: 129-147), agrario-laborales en Argentina (Giarracca, 2001: 129-151; Giarracca, et. al, 2001: 307-333; Barbosa y Bendini, 2001: 339-362) o de los sin tierra en Brasil (Servolo, 2001: 103-128; Lima, 2008: 61-76; Machado, 2008: 231-257, Mançano, 2008: 335-357) y en parte por las renovadas perspectivas teóricas con las cuales se ha venido abordando el problema.

Para el caso colombiano, trabajos alrededor de los nuevos movimientos sociales han centrado su interés en el estudio de ciertos paradigmas &-como lo señalaría González Piñeros&- o propiedades comunes que permiten caracterizar un movimiento social como tal: 1) la solidaridad e identidad colectiva; 2) la capacidad de mantenimiento de la acción y 3) las oportunidades derivadas de los cambios en la estructura de posibilidades y restricciones políticas (Tarrow, 1997: 27-29). Desde este enfoque, en Colombia se han desarrollado avances importantes en el tratamiento de movimientos identitarios especialmente indígenas y negros y de resistencia civil en el marco conflictos armados persistentes.

Manifestaciones que no corresponden tan sólo a una secuencia de acciones colectivas sino que &-dada su condición de movimientos&- deben ser entendidas por su estabilidad y mantenimiento una vez constituidas, por la articulación de sus miembros alrededor de una identidad común, por la existencia de pautas organizativas que le permiten mantener un desafío permanente contra sus oponentes así como por el aprovechamiento de cambios en la estructura política que además de alentar la movilización colectiva permiten la generación de nuevas oportunidades tanto para los manifestantes como para sus oponentes (Tarrow, 1997: 28-29; González Piñeros, 2006:13-48).

Al reconocer que en Cajibío no se ha gestado un movimiento capaz de englobar la mayoría o totalidad de paradigmas descritos (tal y como puede suceder para el caso de los movimientos indígenas y negros del norte de Cauca o del CIMA en el macizo colombiano), y al encontrarnos más con una sucesión de eventos de lucha en el marco de un territorio y una población más o menos definida, recurriremos a las dimensiones de análisis propuestas por Landsberger en sus estudios sobre la naturaleza y lógica de las movilizaciones campesinas, siendo tales dimensiones:

1. "La medida en que existe una conciencia común de compartir el mismo destino.
2. La medida en que la acción tiende a ser colectiva tanto a) por la cantidad de personas que pone en movimiento², como b) por su grado de coordinación y organización (hasta llegar a un tipo complejo de organización).
3. La medida en que la acción es "instrumental": proyectada para cubrir una meta fuera de sí misma; y la medida en que es "expresiva": emprendida debido a la gratificación inherente a la acción misma" (Landsberger, 1978: 34).

Nuestra orientación teórica y metodológica nos lleva a hablar de movilizaciones sociales y formas de lucha campesina, pues evitamos caer en la tentación de inventar movimientos sociales donde nos los hay o de hablar de repertorios de lucha que no existen (por lo menos para el presente autor). Esta es la razón por la cual nuestro trabajo gira en torno a modalidades de protesta, pues hemos centrado nuestro interés en una dimensión básica y empíricamente corroborable que nos permita además de ubicar los procesos en sus justas proporciones abordar un fenómeno de recurrentes acciones colectivas sin que por ello tenga que ser asimilado con un movimiento social. Existe una población que se organiza, que realiza acciones colectivas &-casi todas de hecho&- en las que confronta a uno o varios antagonistas, pero no por ello inscrita en un movimiento mayor.

Antecedentes y perspectivas de la producción nacional

Las movilizaciones agrarias en Colombia, especialmente aquellas que han derivado en luchas de tipo armado, han sido un reflejo de las transformaciones históricas y de los fenómenos sociales, económicos y políticos más importantes que han afectado al país y a sus diferentes regiones. A finales de la década de los 40 del siglo XX y durante la década los 50, las confrontaciones en el campo mantuvieron una fuerte orientación política que se caracterizó por una violencia de origen bipartidista (Gilhodés, 1976: 67-83, Pécaut, 1987; Sánchez y Meertens, 1983: 64-118; Sánchez, 1989a; Sánchez, 1989b; González, et. al. 2005).

Sin embargo, las movilizaciones agrarias en Colombia han involucrado a otro tipo de actores así como diferentes motivos y modalidades de protesta (Zamosc, 1987; Zamosc, 1992; Fajardo, 1994).

La historia de las luchas durante las décadas de los 60 y los 70, muestra por ejemplo el papel de la tierra y de las invasiones colectivas como respuesta campesina a una serie de políticas de promoción y de contención agraria, de reforma y de contrarreforma posterior adelantadas por los gobiernos de turno (Zamosc, 1987: 124).

Así mismo, las manifestaciones que la población campesina ha planteado durante las últimas tres décadas muestran no sólo la variedad de contextos dentro de los cuales se han desarrollado sino la diversidad de demandas y de antagonistas que han involucrado (Zamosc, 1992: 55-60; Reyes, 1994: 61-69). De acuerdo con Zamosc, en la década de los 80, además de evidenciarse una lucha clásica por la tierra (aunque esta vez con nuevos actores, por ejemplo, pobladores desplazados de capitales regionales y de cinturones de miseria urbanos), las manifestaciones se concentraron en temas como:

1) La defensa de la economía campesina en sectores que se venían especializando en la producción de ciertos bienes; 2) La mejora de los precios en los mercado locales y regionales; 3) Reclamos generados por desastres naturales, construcciones de complejos industriales (minería y sector maderero) e hidroeléctricos; 4) La exigencia de apoyo estatal para la satisfacción de necesidades básicas en salud, educación, vías de comunicación y obras de infraestructura y 5) la presencia de grupos armados en zonas rurales así como las violaciones de derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales y colectivos (Zamosc, 1992: 57; Reyes, 1994: 61).

De esta manera, los campesinos van transformando la naturaleza y alcance de sus protestas, pues éstas pasan de ser limitadas y bifurcadas a ser más cosmopolitas y autónomas, "en el sentido de ganar en amplitud geográfica, capacidad de definición interna y acción de varios lugares al tiempo" (Prada y Salgado, 2000: 146). De acuerdo con los autores, desde la década de los 80, los motivos de las protestas y las modalidades de lucha recurrentes (movilizaciones, tomas de entidades, éxodos organizados e invasiones) evidenciaron nuevas relaciones con el Estado, cambios en el panorama social y geográfico vinculados con al ascenso del narcotráfico y de grupos al margen de la ley así como demandas por tierra que venían precedidas de experiencias reformistas que habían sido insuficientes (Prada y Salgado, 2000:158-166).

Durante el último lustro de la década de los 1990 y el primero de la década actual, las movilizaciones campesinas se concentraron en la realización de marchas y éxodos organizados, tomas de lugares públicos, paros regionales y en la creación organizaciones nacionales. El tipo de demandas presentadas se relacionaban con tierras y servicios públicos (tal y como sucedía en la década de los 80), con políticas agrarias en contextos de liberalización y desprotección económica, así como con la defensa de derechos fundamentales en regiones fuertemente azotadas por la intervención de actores armados (Prada, 2004:153, 54 &- 62; Archila, 2004: 42).

De esta manera, de un total de 1.022 demandas enunciadas, un 24, 8% hacía referencia al cumplimiento o incumplimiento de políticas agrarias. Un 19,5% aludía al mejoramiento de servicios públicos e infraestructura. Un 14,6% se relacionaba con la violación de derechos constitucionales, con efectos de las acciones de grupos armados y con la ayuda humanitaria a desplazados por la violencia. Finalmente un 9,3% se refería a problemas de tenencia de campesinos sin tierra, de quienes no poseían títulos de propiedad y a conflictos en zonas de resguardo indígena (Tobasura y Rincón, 2007: 48).³

Consideraciones metodológicas

El trabajo de análisis, selección e interpretación de las fuentes documentales primarias, contempló una revisión de los siguientes archivos: 1) Archivo Municipal de la Alcaldía de Cajibío; 2) Archivo de la Personería Municipal de Cajibío); 3) Archivo de la Secretaría de Gobierno y de la Inspección de Policía Municipal de Cajibío; 4) Archivo de la Fiscalía Seccional de Cajibío; 5) Archivos impresos y electrónicos de los diarios: El Tiempo y El País; 6) Sistema OnBase &- Archivos Digitales del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP &- Bogotá); 7) Documentos Corporación VallenPaz (Cali).

Por ello es importante, "transformar" el material y todos los documentos consignados dentro de un archivo municipal en un corpus o archivo de la investigación. De este modo, la conformación de nuestro corpus de la investigación se llevó a cabo en varias etapas. Primero, se realizó un trabajo exploratorio en el Archivo Municipal de Cajibío mediante el cual se seleccionó sólo la correspondencia recibida por la Alcaldía entre 1989 y 2006 como material de estudio. En total se revisaron más de 3.300 folios clasificados como correspondencia, de los cuales se seleccionaron más de 200 como parte de nuestro archivo de investigación parcial. Tal corpus incluyó toda la documentación consignada como demandas, derechos de petición, acciones populares, acciones de cumplimiento y de tutela, querellas y todo documento que significara una exigencia o queja ante cualquier organismo público de carácter municipal.

Por la calidad y cantidad de la información se revisó toda la documentación proveniente de la Personería Municipal consignada en más de 300 folios (en este caso no hubo un proceso de clasificación previo como en el archivo municipal, ante el riesgo de dejar por fuera información valiosa). Una vez terminada esta fase, se complementó, contrastó y corroboró el trabajo con información obtenida de los demás archivos mencionados. La información relacionada con movilizaciones regionales y protestas difundidas públicamente, exigió un trabajo con la documentación impresa y electrónica de los diarios El Tiempo y El País (ubicada en la hemeroteca central de la Universidad del Valle) y con el archivo central del CINEP en Bogotá. Así mismo, toda la documentación vinculada con las luchas por la tierra requirió un trabajo en la Fiscalía Seccional y en la Inspección de Policía municipal. En ambas instituciones se revisaron y seleccionaron los documentos que guardaran relación con el tema, mediante la aplicación de un manual de clasificación elaborado por el autor (las categorías que permitieron acotar la búsqueda fueron construidas con base en nociones de carácter jurídico penal y civil).

Modalidades de lucha y periodización de las coyunturas en Cajibío, 1990-2006

En relación con el cuadro No. 1⁴ podemos señalar que las invasiones, usurpaciones de predios y perturbaciones a la posesión o mera tenencia representaron gran parte de las protestas campesinas durante el periodo estudiado. Fueron documentados 94 eventos relacionados con la lucha por la tierra que tomaron la forma de ocupaciones de hecho. Lo anterior significó un 63% de las protestas campesinas en un escenario andino en el que precisamente por el predominio de las estructuras minifundistas, las luchas por la tierra se reducen a contextos más locales que regionales (Zamosc, 1987: 135).

El número de ocupaciones de hecho es alto, por varias razones: 1) metodológicamente se propuso un cambio en el manejo de las fuentes, mediante el cual se consolidaron todas las denuncias penales por ocupaciones ilegales de hecho; 2) por consiguiente se encuentra que no todas las invasiones son fenómenos colectivos registrados en los distintos medios de comunicación sino luchas en los planos local y veredal, que tienen como adversarios a terratenientes, pero también a medianos campesinos acomodados y a pequeños campesinos parceleros.

Aparecen las manifestaciones, los bloqueos a carreteras y éxodos organizados como modalidades de lucha que reflejan la reivindicación de nuevas demandas. Las manifestaciones, es decir, las demostraciones colectivas de hecho (obstrucción de construcciones, despido o expulsión de mano de obra extraña, destrucción y deterioro intencional de maquinaria), los cabildos y mítines (ambos tomados como asambleas y reuniones en las cuales se consigue listar una serie de denuncias y demandar por ello al Estado o al adversario correspondiente civil y penalmente) se fortalecen en los planos local, corregimental y veredal, entrando así en confrontación con las fuerzas militares, con prestadores de servicios públicos y con operadores de infraestructura vial.

En cuanto a los continuos bloqueos a carreteras vemos cómo estos reflejan por una parte su efectividad durante la década del 90 en casi todo el Departamento &-especialmente en la zonas central y suroriental, siendo el escenario principal la carretera Panamericana&- y por el otro la consolidación de diferentes motivos de protesta vinculados con la defensa de la economía campesina, el cumplimiento de pactos anteriores, la inoperancia e ilegitimidad de los gobiernos centrales y el respeto por los derechos fundamentales, tan poco plausible en zonas de conflicto⁵.

Por su parte, los éxodos organizados &-en menor medida&- las marchas y jornadas de lucha se deben entender como una respuesta directa a la crítica situación de orden público evidente en la zona y en la que se expresa un clamor por la aplicación y cumplimiento de derechos fundamentales, violados desde la década del 80, con significativa reincidencia posterior gracias a la arremetida militar-paramilitar-guerrillera que dejó en el Municipio en mención entre 1999 y 2001, decenas de muertos y cientos de desplazados⁶.

En relación con la periodización y las coyunturas de las luchas sociales en la región, podemos afirmar: entre 1990 y 1995 el número de eventos relacionados con las protestas campesinas es inferior a diez, cifra que aumenta desde 1996 y que alcanza su cumbre entre el año 2000 y 2001, cuando llega a 21 y 16 eventos respectivamente. La alteración del orden público (no sólo en este Municipio sino en muchas regiones del país) aparece como la mejor evidencia causal, al reflejar lo siguiente: una arremetida rural de las acciones armadas de los grupos guerrilleros desde 1997 que acabaría por desplazar de la zona a las mismas fuerzas militares y en especial a la policía.

Lo anterior posibilitó que las Farc y en menor medida el Eln asumieran un control militar y territorial en la zona, considerando el número de veces que fue tomado el pueblo y destruida la estación de policía (tres entre 1998 y 1999). A esta arremetida se sumó la llegada de grupos paramilitares entre 1999 y 2000, periodo en el que se registran las peores masacres (guerrilleras y paramilitares), lo que obligó a la población civil a desplazarse y a ejercer presión colectiva desde los núcleos de recepción locales.

Esto además de indicar una pérdida de legitimidad y dominio de los medios de coacción física del Estado, explica la aparición de continuos bloqueos a la carretera Panamericana, por parte de grupos campesinos quienes reclamaban la presencia del Estado como garante en la aplicación y cumplimiento de Derechos Humanos y como impulsor de políticas en zonas marginales que requerían inversiones en salud, educación, vivienda, servicios públicos, recreación y transporte.

La suma de tales condiciones objetivas (presencia de grupos al margen de la ley, poca legitimidad de los distintos gobiernos e incapacidad para monopolizar los medios de control militar y administrativos) y subjetivas (el carácter impreso en las luchas que venían dando grupos como el Movimiento Cívico y Popular de Cajibío y Fensuagro), permitieron que las acciones y protestas campesinas, registraran el nivel alcanzado durante este periodo.

Después del año 2000, los eventos relacionados con protestas campesinas entraron en franco descenso tal y como sucedió en gran parte del país, a consecuencia de medidas estatales que restringían las protestas especialmente en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) y en parte por la falta de garantías que provocó la arremetida de los grupos al margen de la ley y que obligaba a la población civil a restringir sus demandas, si deseaba continuar con vida.

Finalmente entre los años 2004 y 2005, cierto repunte de las protestas campesinas se relacionan con un fenómeno en especial: la desmovilización de las Autodefensas Campesinas de Ortega en diciembre de 2003, cuestión que colocaría en el escenario político nacional a un grupo de pobladores rurales que durante más de 30 años se formaron como grupo de reacción guerrillero asentado en lo más alto, alejado e incomunicado de la zona rural del Municipio (los corregimientos de Ortega y Dinde) y que bajo las políticas de desmovilización del primer mandato de Álvaro Uribe, deciden hacer una entrega pública de armas y una propuesta de resocialización que derivó en compromisos con los gobiernos central, departamental y municipal para el mejoramiento de la seguridad y de las condiciones de vida de los habitantes de la zona.

Ocupaciones y afectaciones de tierras

En páginas anteriores (Cuadro No. 1) señalábamos que el número de hechos relacionados con las ocupaciones de tierra era 94. Tal cifra se desprende de las denuncias penales y civiles registradas para tres categorías: invasiones de tierra⁷>, usurpaciones de tierra⁸ y perturbaciones a la posesión o mera tenencia⁹. No obstante, en el cuadro No. 2 hemos incluido otras adicionales (daños en bien ajeno¹⁰, lanzamientos por ocupación de hecho¹¹ y otros) que pese a ampliar la perspectiva de las luchas por la tierra en la región, no son tenidas en cuenta para la estimación global del repertorio de luchas, pues además de no aludir al concepto técnico de ocupación de tierras indican sucesos sumamente gregarios, fragmentados y coyunturales que podrían sobreestimar &-elevando en casi 100 eventos&- los hallazgos propuestos.

Considerando la cifra ampliada de conflictos por tierra, vemos que estos crecen hasta registrar 185 hechos, aumento que proviene principalmente de los daños en bien ajeno, es decir, de las afectaciones entre vecinos y familiares vinculadas con robos y deterioros de plantas, ganado, obstrucción de servidumbres y de accesos vehiculares y peatonales. Además de lo anterior, vemos que la reiterada aparición de invasiones, usurpaciones de tierra y perturbaciones a la posesión como mecanismo de movilización en defensa de la tierra y de la consecución de una fuente básica de recursos, pone en tela de juicio la veracidad de la hipótesis sobre una disminución sistemática de los conflictos de tierra como parte de las protestas campesinas.

De acuerdo con los datos arrojados en el presente estudio y teniendo en cuenta todas las denuncias preliminares y procesos abiertos, vemos que las vías de hecho relacionadas con la lucha por la tierra (como la mayoría de eventos que se relacionan con condiciones estructurales como la propiedad predial) se mantienen constantes en el tiempo, aunque no logran ni el volumen ni la fuerza política registrada en las invasiones de la década de los setenta promovidas por la ANUC, FANAL y otros sectores.

Los registros indican que en casi todos los corregimientos del Municipio se presenta este fenómeno aunque tiende a concentrarse en aquellos de tradición latifundista y asentados sobre la meseta payanesa. Si analizamos los rasgos más importantes de las denuncias, los demandados, los demandantes y los tipos de predios involucrados podemos señalar lo siguiente:

1. La afectación de predios involucra no sólo a terratenientes (como se esperaría) sino a medianos propietarios, ciertamente acomodados que anteriormente hemos denominado empresariales y campesinos autosuficientes.

2. Muchos de estos conflictos se pueden considerar dispersos, es decir, que no guardan relación unos con otros y que por su naturaleza microlocal se registran entre pequeñas familias y predios aledaños.

3. No obstante, otros conflictos &-los más conocidos&- obedecen a luchas frontales contra terratenientes, ya sean empresas privadas o públicas y familias de la zona, en las cuales se llevaron a cabo ocupaciones simultáneas, escalonadas y masivas.

Todo lo anterior, nos hace pensar que sin desconocer la existencia de nuevas modalidades y motivos de lucha en el campo colombiano, la mayoría de aportes (Zamosc, 1992; Prada, 2004; Tobasura, 2005) apuntan a una disminución gradual del problema de la tierra, sin ponderar un aspecto fundamental: la gran mayoría de invasiones, usurpaciones, perturbaciones a la posesión y daños en propiedades ajenas no son públicamente discutidos. Mantienen un nivel de impacto que difícilmente sobrepasa la esfera de lo local, veredal o corregimental, así los conflictos sean considerables.

Si tenemos en cuenta esta variable de impacto público, difícilmente encontraremos información relacionada con estos hechos en diarios nacionales, regionales o semanarios, enfoque metodológico abordado en los últimos trabajos que toman como punto de partida las bases de datos del CINEP y de medios de comunicación impresos de cobertura regional y nacional. Todos los autores consultados remiten gran parte de su información al estudio de medios impresos que documentan no sólo estos hechos sino todos los relacionados con protestas y luchas campesinas. Su trabajo es de carácter nacional, siendo lógico que las acciones municipales y veredales, así como el impacto que de ellas se desprende sean tratadas marginalmente.

Este punto puede ser discutible pero superable en términos metodológicos. Sin embargo, si no se realiza un examen detallado de fuentes, se corre el riesgo de desestimar un fenómeno que si bien no asume las características de décadas pasadas, no por ello ha dejado de ser importante. Vemos así que tan solo una de las invasiones colectivas en este Municipio se documentó en los periódicos indagados. Si se multiplica esta vía de análisis a todo el territorio nacional, podemos señalar con cierta seguridad que tales luchas vienen decayendo o tienden a desaparecer. Por lo tanto, es importante poner en cuestión hipótesis que apuntan a la disminución absoluta y porcentual de las luchas por la tierra, cuando las estrategias de información no son las más adecuadas para abordar el fenómeno.

Además de los datos anteriores, si tenemos en cuenta cuestiones como las político-ideológicas y las condiciones prevalentes en la distribución de la tenencia de la tierra¹², podemos encontrarnos ante un fenómeno ya estudiado por Scott (1985: 28-47) y por Zamosc en la sierra ecuatoriana (1990: 139): las formas cotidianas de resistencia campesina. Siguiendo tales aportes, podemos afirmar que las luchas por la tierra en una región como Cajibío, tienden más hacia un asedio fragmentario y en cierta manera encubierto. Aunque si bien, en el caso de la sierra ecuatoriana las confrontaciones fueron dirigidas hacia un grupo concreto: los terratenientes más modernizantes, lo que implicó cierta conciencia de clase, en nuestro caso los adversarios se pueden extender hacia campesinos acomodados y propietarios de predios autosuficientes, grupos indígenas resguardados en sus nuevos territorios y enfrentados no sólo por una cuestión de clase sino por una cuestión de subsistencia básica (el cerco campesino que se erige por la llegada de más y más resguardos indígenas a corregimientos tan distantes como El Túnel y El Carmelo, es un buen ejemplo).

Bien sea que hablemos de grandes ocupaciones, o de daños en bien ajeno fragmentarios y coyunturales, las cifras muestran una estabilidad y en algunos años un repunte significativo. En 1990 se documentaron siete conflictos por tierras, que aumentaron a 11 en 1995, a 15 en el año 2000 y a 17 en el año 2003. Primero, porque las vías de hecho relacionadas con los daños en bien ajeno, especialmente con las picas de tierra, robos, daños de plantas y ganado, afectaciones a cultivos y cercos, aumentaron en los últimos años. Segundo, porque la intervención ideológica de algunos grupos y las precariedades de decenas de familias, se tradujeron en una oleada de invasiones colectivas registradas especialmente entre 1999 y el año 2000 (aprovechando la delicada situación de orden y de desorden público).

Así, las ocupaciones que más se discuten y de las cuales se tiene mayor conocimiento, son las que se presentan en la finca "El Embrujo" de la Fundación para el Desarrollo Integral de Cajibío (FUNDECA)¹³, en la finca "La Chola" propiedad de la empresa Almidones Nacionales¹⁴, en la Empresa Nacional de Vías Férreas (FERROVÍAS)¹⁵ y en la finca "La María" propiedad de la Sociedad Pulpapel¹⁶, durante los años 1999-2001.

En este ciclo de invasiones colectivas que tomó forma sobre el peniplano de la meseta payanesa (región nororiental del municipio en las que predominan las semiplanicies) fue activa la participación de FENSUAGRO como motor ideológico para la movilización (especialmente en las invasiones de El Embrujo y La María). De igual manera, las condiciones de orden público del momento jugarían papel determinante en la decisión de invadir: El alcalde del municipio fue asesinado, las incursiones de la guerrilla (Farc y Eln) y de grupos paramilitares aumentaron considerablemente así como el número de masacres producto de sus intervenciones, el desalojo y abandono de predios como consecuencia de la inseguridad que se apoderaba de la zona era evidente, lo que derivó en un escenario de invasiones sobre FUNDECA (una fundación en descrédito creada en 1983 y liquidada después de esta invasión) y sobre otras empresas dedicadas al cultivo de almidones y a la producción forestal.

Podemos ver que las ocupaciones y afectaciones de predios en este territorio han sido un fenómeno importante dada su frecuencia e impacto político. No se han reducido al actuar de un único movimiento, pues en diferentes momentos y circunstancias históricas la población de Cajibío ha tomado la decisión de afectar un predio (un fenómeno que recae más en el ámbito familiar) o de invadir grandes fincas (cuestión que implica una mayor movilización de recursos). Tampoco ha sido la única ni la más efectiva forma de lucha campesina, pues la población se ha movilizado en torno a otra clase de demandas recurriendo a otro tipo de protestas. Como veremos en las próximas páginas las manifestaciones para exigir soluciones educativas y de salud al Estado central y municipal así como los bloqueos a la carretera Panamericana y los éxodos o desplazamientos forzados producto de los conflictos armados en la región, han implicado nuevas y más variadas formas de lucha por parte de la población de Cajibío.

Manifestaciones

Para nuestro estudio consideraremos como manifestaciones la realización de mítines (reuniones en las cuales se debaten cuestiones públicas de carácter económico, social o político por parte de la comunidad y que implican además de una exposición de demandas y peticiones, una consecuente intervención colectiva para el logro de aquellas), cabildos, demostraciones factuales, rápidas y coyunturales desarrolladas mediante: 1) una movilización colectiva así como 2) un uso de la fuerza o de las vías de hecho, como formas de expresión.

Las manifestaciones (23 en total) mantuvieron un alcance local y sus motivos se relacionaban con: 1) demandas y peticiones para el mejoramiento de servicios públicos e infraestructura (alumbrado público, energía, acueducto, basuras, construcción de carreteras, entre otras)¹⁷; 2) demandas contra la represión, contra el accionar violento y armado de los grupos armados &-fuerzas militares, grupos guerrilleros, paramilitares, privados o de delincuencia común&-¹⁸; y finalmente, demandas realizadas al sector educativo¹⁹.

Cronológicamente podemos ver una permanencia en las manifestaciones locales aunque sobresalen dos años en particular: 1996 y 2005. Los motivos de las protestas en estos y en los años restantes guardan cierta estabilidad. Por ejemplo, los mítines implicaban las denuncias públicas de problemas en la prestación de servicios públicos y la decisión colectiva de no pagar ni reconocer ningún rubro hasta que el Estado se hiciera presente o resolviera &-por medio de cualquier conducto&- los múltiples problemas registrados (la no prestación de servicios o en los cobros exagerados de los mismos). Las demostraciones implicaron el impedimento a funcionarios públicos y privados para que no continuaran con la realización de obras de infraestructura, carreteras y conductos de electrificación valiéndose para ello de la retención de equipos, medios de transporte y de las disputas verbales con los encargados de las obras.

En las manifestaciones anteriores así como en las vinculadas con el sector educativo, la mayoría de demandantes son los miembros de JAC y de las asociaciones de padres de familia. En algunos casos, los maestros, padres de familia y miembros de las JAC además de la realización de reuniones extraordinarias, obligaron al cese indefinido de actividades y el cierre de los establecimientos, hasta que el Estado no atendiera sus denuncias y resolviera la totalidad (o mayoría) de sus peticiones.

Finalmente tenemos los mítines (denuncias públicas y colectivas ante personería y Secretaría de Gobierno) ocasionados por el accionar de las fuerzas militares: ejército y policía y por los excesos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Se documentaron cuatro casos en total. La mayoría de ellos vinculados con detenciones arbitrarias e injustificadas de campesinos que derivaron en manifestaciones verbales y escritas, por parte de las comunidades, para exigir la liberación de sus compañeros y la no intromisión (considerada por los habitantes de la zona) arbitraria y excesiva de las fuerzas militares.

Bloqueos a carreteras

Dos de los eventos más importantes en la historia de las movilizaciones sociales en el Cauca se relacionan con los paros cívicos de 1991 en Rosas y de 1999 en Cajibío-Mercaderes. Durante este periodo, la recurrencia y efectividad de los bloqueos a las carreteras, especialmente a la vía Panamericana, quedaron en evidencia como una de las modalidades de lucha que mejor respondía a los intereses de una población campesina, pobre y dispersa (Herrera, 2003:123-134).

Ambos paros regionales permitieron no sólo el replanteamiento de demandas específicas, como el incumplimiento de acuerdos anteriores por parte del gobierno central, sino que modificaron el alcance de las protestas, centradas anteriormente en eventos que no trascendían el plano municipal. Como veremos más adelante, el tipo de movilización planteada en esta clase de bloqueos es importante, porque además del poder de negociación alcanzado por los grupos campesinos al recurrir a estas vías de hecho, se logra un reconocimiento y una difusión pública nacional e internacional de las precariedades y necesidades básicas de un sector importante de la población caucana.

El Municipio de Cajibío, como parte del corredor vial que cruza el centro del Cauca, se vio frecuentemente involucrado en el tema de los bloqueos de carreteras, permitiendo que su población tomara parte activa en taponamientos registrados en: 1991, 1992, 1994, 1995, 1997 y 1999²⁰.

La puesta en marcha de bloqueos a carreteras implicó una serie de ventajas, entre ellas: 1) Sirvió como mecanismo de negociación ante los estamentos gubernamentales de carácter central y territorial (municipal y departamental) y 2) pese a las continuas amenazas de retoma y control por parte de la fuerza pública, que implicaban la intención de un desalojo violento, en la totalidad de los casos documentados no se registró ningún desalojo inducido por la fuerza pública. Esto, sin embargo, no significó que los enfrentamientos entre unos y otros no se registraran, pues era común que por mandato del gobernador de turno, fuerzas especiales del Ejército y de la Policía, se asentaran sobre lado y lado de la carretera, utilizando la fuerza contra manifestantes o actores que perturbaran el orden en las zonas bloqueadas, cuando se consideraba pertinente.

Los demandas planteadas en estos bloqueos se relacionaban con el mejoramiento de servicios públicos, sociales y de infraestructura; con la defensa y protección de una economía campesina; con la aplicación y cumplimiento de derechos constitucionales en zonas de confrontación armada así como con reivindicaciones por la tierra en las que se exigía el reconocimiento de propiedades trabajadas y no tituladas o un mayor acceso a la propiedad predial. El antagonista principal sería el Estado Central pues sobre él recaían la gran mayoría de responsabilidades por inversiones y actividades pactadas pero nunca realizadas. Las administraciones departamental y municipal aunque se veían involucradas en las discusiones del momento, perdían capacidad de negociación no sólo por ser un actor menos visible (en un escenario de demandas públicas ampliamente difundidas) sino porque lo discutido se salía de su campo de acción. Problemas de tierras se resolvían directamente con el Instituto Colombiano de Reforma Agraria &-INCORA&- en Bogotá al igual que las inversiones en salud y educación con los ministerios correspondientes.

Los bloqueos a la carretera Panamericana muestran una frecuencia estable en la década de los 90, sin embargo, por sus cifras, dimensiones, convocatoria, impactos, protagonistas y estrategias de lucha, el taponamiento de la carretera Panamericana durante 26 días en noviembre de 1999, aparece como uno de los hechos más representativos en la historia de las movilizaciones de la región. Varios son los elementos que sobresalen al respecto:

1. Aunque inicialmente se pensó en un bloqueo de una semana, los hechos políticos, las presiones internas y externas así como los fracasos en las negociaciones entre las comunidades y los distintos niveles gubernamentales (nacional, departamental y municipal), derivaron en un taponamiento que obstruyó durante casi un mes, el acceso a la ciudad de Popayán. Desde el primero hasta el 26 de noviembre, fueron bloqueadas las entradas y salidas de la capital caucana en el Cairo (Cajibío), el Puente Galíndez (límites entre El Bordo y Mercaderes) y otras vías alternas lo que imposibilitó todo acceso vehicular desde y hacia la capital del Departamento.

2. Significó la movilización de miles de campesinos de los Departamentos de Cauca y Nariño, que por la duración del bloqueo rotaron su permanencia, haciendo presencia permanente e intermitente en los puntos dispuestos para ello.

3. En el caso de Cajibío (uno de los tres Municipios que más población movilizó), cientos de agricultores de todos los corregimientos participaron en el bloqueo y algunos de sus líderes lo hicieron en las mesas de negociación con los distintos actores gubernamentales.

4. Representó un proceso de preparación logística significativo en el que participaron más de 25 Municipios.

5. Devino en procesos de negociación política con todos los niveles de gobierno. Comisiones del ejecutivo central (Andrés Pastrana), departamental (César Negret) y municipal, hicieron parte de las discusiones efectuadas en los sitios de bloqueo, permitiendo una mayor socialización de las demandas campesinas.

6. Permitió el logro de objetivos importantes en términos políticos, sociales y económicos. Las negociaciones de tierras, los recursos para salud, educación, vivienda e infraestructura, el trabajo y coordinación política de organizaciones sociales y campesinas que lograron mantener el control de una población tan numerosa, así como la reflexión pública en torno a sus demandas, se deben considerar logros relevantes de las organizaciones y comunidades movilizadas del suroccidente colombiano²¹. Fueron más de 100.000 millones de pesos pactados en un convenio nacional y millares las personas que se vieron afectadas (de forma positiva o negativa) con la realización de este bloqueo.

Los bloqueos de la década de los 90 sirven no sólo como termómetro de las condiciones de la región sino como un buen indicador de la movilización campesina. Aquellos se convirtieron en una de las estrategias que más recursos económicos, humanos y políticos movilizó. En términos de una identidad y de una solidaridad, los bloqueos requerían además de un reconocimiento mutuo por parte de los manifestantes, una identidad o por lo menos una representación como grupo (ya fuera que descansara en un reconocimiento étnico-racial, de clase o político). Y esto era necesario, pues los bloqueos (especialmente el de 1999) por todas las inversiones y condiciones previas, aparecen como una de las opciones últimas para exigir el cumplimiento de acuerdos previos. La movilización y posterior establecimiento de grupos campesinos alrededor de la carretera Panamericana, demandaban una mínima conciencia colectiva no sólo por las necesidades que como grupo los identificaba, sino por los costos que sus miembros estaban dispuestos a asumir: enfermedades, cese de actividades productivas y abandono temporal de sus fincas.

Pero así mismo, la movilización de recursos derivada de concentrar a miles de personas lejos de sus fincas y de establecer canales directos (no siempre legítimos) de interlocución con la administración central, nos hace pensar en la particularidad de este fenómeno. Así mismo, su frecuencia y la efectividad en la consecución de sus objetivos nos pueden dar luces sobre el desarrollo de un movimiento mayor. Por ahora, señalamos que paros como el de 1999, venían respaldados por movimientos institucionalizados como el del CIMA, aunque no se reducían a los intereses de él. En años recientes, el Movimiento de Integración del Macizo Colombiano ha podido ser caracterizado como eso, como un movimiento. En nuestro caso, convenimos interpretar el fenómeno de los bloqueo en Cajibío como una modalidad de protesta que guarda relación con otras formas de lucha pero que en el marco global de análisis, caracteriza más que a un movimiento a una población rural²².

Éxodos organizados

Hablar de los éxodos organizados en el Municipio de Cajibío significa relatar parte de una historia enmarcada por la violencia y por la presencia de los actores en conflicto más importantes del país: grupos guerrilleros, militares y paramilitares. Cada una de estas fuerzas ha hecho presencia como formuladora y ejecutora de un proyecto de ley y orden en el cual se ha visto involucrada la población &-aunque no tan sólo como victimaria&-.

La historia de violencia armada y sectaria en Cajibío, nos remite hasta la década del 60, época en la cual aparecen los primeros brotes de accionar guerrillero así como las primeras manifestaciones de defensa civil en algunos corregimientos de la región (la aparición de la Autodefensas Campesinas de Ortega data de esta época). Pero pese a la tradición armada que desde 1960 y 1970 se establece en la zona, especialmente con la llegada de las Farc y el Eln, el Municipio de Cajibío no se habría caracterizado públicamente por el desarrollo de manifestaciones colectivas, tales como los éxodos organizados, pues ni el mecanismo ni las causas que podrían producirlos, eran lo suficientemente importantes como para derivar en éxodos.

Es en el recrudecimiento de los conflictos rurales de las últimas dos décadas donde aparece una manifestación de tal calibre, en un Municipio que históricamente ha sido considerado fortín para las FARC y en menor medida para el ELN y grupos paramilitares, por ser parte de un corredor estratégico que conduce hacia el océano Pacífico.

Cajibío pese a ser una región con una tradición y predominio guerrillero, no salta a la luz pública nacional sino hasta 1991, época de transición constituyente y de renovación en el legislativo, en la cual ocurre una masacre que deja como saldo 7 víctimas, en un atentado dirigido contra el ex presidente del Senado de la República, el senador Aurelio Iragorri Hormaza. Es este uno de los primeros eventos, además adjudicado a la Coordinadora Guerrillera (FARC y ELN) con el cual se empieza a hablar de éxodos masivos, en un contexto en el cual:

La insurgencia mostraba así las condiciones con las cuales pretendía efectuar parte de sus luchas. Cajibío, se convertía en uno de los escenarios preferidos para tal fin, cuestión que se afianza durante los años siguientes, en los cuales se recrudecen las tomas, voladuras de torres, secuestros y paros armados adelantados. Dicha situación se convierte en un reflejo del acontecer nacional, que hacia finales de la década del 90, muestra a grupos guerrilleros fortalecidos militar y económicamente, dominantes en gran parte del territorio nacional y con una población a su mando realmente significativa.

En esta década, se registran como parte del conflicto armado y en respuesta a las acciones de diversos sectores insurgentes, dos éxodos organizados derivados de: amenazas por parte del ELN contra fincas de la empresa Smurfit Cartón de Colombia y dos tomas guerrilleras en agosto de 1998 (19 casas destruidas) y en agosto 1999 (8 casas destruidas) que provocan por lo menos un desplazamiento documentado por reubicación de pobladores provenientes de la cabecera municipal²⁴.

Sin embargo, el periodo en el cual se incrementan los éxodos organizados de la población campesina, es el que coincide con la llegada de los grupos paramilitares a la zona, meses después del bloqueo a la carretera Panamericana en 1999, hecho que además sirve como detonante para las pretensiones militares de las Autodefensas Unidas de Colombia en función del control territorial que venían asegurando. Es el periodo en el cual se consolidan las masacres y asesinatos selectivos a campesinos de la región (aunque no sólo por parte de las AUC, como quedaría registrado en el corregimiento de Ortega con las incursiones de las Farc) y en el que aumentan sus desplazamientos y éxodos organizados hacia las cabeceras de Cajibío, Piendamó, Popayán y Cali.

Así, el historial de violencia en la zona se recrudece con 7 masacres registradas entre el 4 de septiembre de 2000 y el 15 de enero de 2001, en las que mueren cerca de 40 personas. A raíz de estos eventos relacionados con masacres y asesinatos selectivos, se registran siete éxodos masivos de la población civil huyendo por la situación de orden púbico y uno éxodo más de retorno. Durante el 2000 y 2001 por cuenta de los éxodos colectivos y particulares, el número de desplazados se elevó a más de mil personas provenientes de los corregimientos de Ortega, La Cohetera, Casas Bajas y La Pedregosa.

Las regiones receptoras incluían la cabecera municipal de Cajibío así como los Municipios de Piendamó, Morales y el Valle del Cauca. De acuerdo con las fuentes consultadas, la Sala Cultural, las escuelas municipales y el Centro Recreacional de Cajibío fueron los núcleos de recepción más importantes, albergando entre quinientas y mil personas, entre noviembre de 2000 y marzo de 2001. Aunque en este mismo periodo se registraron retornos colectivos, la gran mayoría de los desplazados se mantuvieron en sus zonas de albergue. Tenemos entonces que:

"Aunque no se tenía reporte de combates, los campesinos temen volver [hacia finales de noviembre de 2000, D.L.]. Unas 300 personas de las veredas más cercanas al casco urbano de Cajibío retornaron a sus fincas, pero la mayoría permanece en sus albergues ante el temor a otra masacre. Ni siquiera los patrullajes del batallón de contraguerrillas Numancia en el casco urbano de Cajibío los han convencido, pues la mayoría de las familias considera que no están dadas las condiciones para retornar"²⁵.

Otras modalidades de lucha

Tenemos finalmente aquellas modalidades que por su impacto y frecuencia histórica se pueden considerar secundarias o por lo menos irregulares. Se registraron y documentaron 3 tomas de oficina en la alcaldía de Cajibío durante los años: 1990 (toma del Concejo por más de 100 campesinos, que terminó en una retoma por parte de las fuerzas militares y la detención de 23 manifestantes); 2000 (toma de varios sectores sociales pero encabezada por los estudiantes del colegio Carmen de Quintana y seguida por padres de familia) y 2002 (problemas de cobertura y calidad en servicios de salud prestados por una EPS).

Las instalaciones donde se registraron los hechos fueron siempre las mismas: oficinas del ayuntamiento. Los reclamos estuvieron dirigidos a diferentes instancias: el Concejo (año 1990), la Alcaldía (año 2000) y la Personería Municipal (año 2002). Las exigencias se relacionaban con mejores condiciones educativas (año 2000), en salud (año 2002) y con la realización de un cabildo abierto para la socialización de condiciones de vida de la población campesina así como la negociación de acuerdos (por medio de una vía de hecho) con el Concejo y la alcaldía de Cajibío (1990).

Por su parte, las marchas, aunque fueron pocas siempre mantuvieron un matiz político. La primera de ellas, se realizó en 1991 como reacción a la ola de violencia que azotaba al país en momentos previos a la Asamblea Nacional Constituyente. La segunda se realizó un año después como parte de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, finalizando con la toma de las instalaciones del Coliseo Municipal y exigiendo mejores condiciones de vida y un mayor respaldo de los gobiernos de turno a la población campesina de Cajibío. La tercera marcha, registrada en el año 2002 significó un apoyo de la población civil al alcalde de turno, quien se encontraba amenazado y despachando desde la capital caucana (al igual que muchos alcaldes de la región y del país).

De los paros cívicos y agrarios, se destaca el intento de paro agrario de 2002 relacionado con la negativa del sector panelero de poner en funcionamiento un complejo mecanizado de trapiches en el Municipio de Padilla, situación que afectaba sus condiciones de trabajo y la generación de ingresos familiares:

"[Mayo 20 de 2002, D.L.] El Gobierno Nacional y representantes de los paneleros en nueve departamentos del país se reunirán hoy en Popayán para estudiar estrategias que eviten el paro nacional de 130.000 productores artesanales... El gremio prepara una protesta, en rechazo a la autorización que la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, otorgó para el funcionamiento de un trapiche industrial en Padilla, Cauca".

Este paro programado por el sector panelero a nivel nacional, sería liderado por los campesinos del Municipio de Cajibío, primeros productores de panela en la región. Sus demandas se vinculaban con la defensa expresa de una economía campesina, de un sector ciertamente organizado.

Finalmente, en la historia del municipio aparece documentada una única jornada de lucha armada protagonizada por un grupo de civiles; una reacción violenta registrada el año 2000 a una entrada igualmente violenta de la columna móvil Jacobo Arenas de las FARC, al corregimiento de Ortega. Quienes se opusieron y respondieron a la intromisión armada y no deseada de este grupo guerrillero, fueron los pobladores del corregimiento de Ortega, liderados por un grupo de vieja tradición campesina y que en el año 2003 se darían a conocer al mundo por su desmovilización, entrega de armas y reinserción a la vida civil: la Autodefensa Campesina de Ortega²⁶.

Conclusión

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el repertorio de luchas en el Municipio ha sido extenso, considerando las diversas modalidades y motivos de protesta que han hecho parte de él.

Las afectaciones colectivas planteadas como una salida radical a un problema de escasez y contra adversarios concretos, mantienen cierta regularidad en el tiempo, aunque pierden fuerza e intensidad, involucrando disputas y revanchas ya no de carácter clasista sino de carácter factual y momentáneo. Así, después de 1994, las invasiones y usurpaciones de tierras, las perturbaciones a la posesión o mera tenencia, los daños en bien ajeno y los incendios se registran ya no contra una gran empresa o familia, sino contra el propietario mediano o pequeño, a quien se le trasgreden los mojones, caminos, servidumbres y linderos. De tal recorrido toman distancia las afectaciones prediales sucedidas entre 1999 y el año 2000. Durante este periodo se reaviva cierta coordinación ideológica (en cabeza de FENSUAGRO) y se minimiza el riesgo político de adelantar invasiones colectivas, pues la situación de orden público así lo permitía.

Por su parte, las manifestaciones, demostraciones y mítines relacionados con la defensa de los derechos políticos, la libertad de líderes detenidos injustamente así como con la calidad de servicios educativos y públicos de la zona, han sido recurrentes como forma de expresión y de denuncia, en la que se ha identificado como adversario principal al Estado. Modalidades de lucha que se han fortalecido durante ciertos periodos de tiempo para luego desvanecerse también hacen parte de la historia del Municipio. Los bloqueos a la carretera Panamericana convertidos en forma de expresión recurrente durante la década de los 90 y los desplazamientos forzados registrados como respuesta a un tema de incursiones armadas entre 1999 y 2001, son un buen ejemplo de ello.

Para que el fenómeno de los bloqueos tomara fuerza durante casi diez años, fueron necesarios varios aspectos: primero, la ubicación estratégica del Municipio al ser el más cercano a la capital del Departamento; segundo, su conexión directa con dos cordilleras (haciendo parte de la cordillera occidental y del piedemonte de la cordillera central) lo que significaba una mejor movilización de recursos físicos y humanos; tercero, la difusión pública y el alcance logrado de las demandas cuando se bloqueaba una carretera internacional; cuarto, la legitimidad derivada de esta clase de manifestaciones, dada la experiencia histórica; y quinto, la dificultad de los gobiernos de turno para desalojar por medio de la fuerza a un grupo de personas (no sólo campesinos) que alteraban el orden público de la región.

La forma cómo se adelantó esta modalidad de protesta (así como los éxodos organizados), nos muestra que más allá de una precariedad material y de unas necesidades básicas insatisfechas es la combinación de una serie de condiciones objetivas y subjetivas lo que refuerza la movilización en el campo colombiano. Condiciones relacionadas con la disponibilidad de recursos económicos, humanos y tecnológicos, el apoyo de organizaciones y regiones cercanas, un control militar que inhibe o alienta los deseos de manifestación social, la estabilidad social e institucional del momento así como la situación general de orden público, explican &-en parte&- la realización y pertinencia histórica de las movilizaciones agrarias.

El que los campesinos en Cajibío se organicen desde las diferentes instancias que tienen para ello y que movilicen recursos para la consecución de múltiples objetivos, nos permite entender su capacidad como actor que interviene en la distribución y manejo del poder político regional. Para que este proceso haya transcurrido de la manera como lo ha hecho, ha sido necesaria una cierta representación de los campesinos como grupo con intereses similares y un reconocimiento del poder de negociación institucional (y en algunos casos de resolución armada de conflictos) que conservan en sus manos.

Citas de pie de página

^2. "La esencia del movimiento campesino es una "reacción colectiva" (esto es similar) ante su bajo status. Sin embargo, la acción puede ser similar sin estar coordinada… Aunque [ciertas actividades] pueden ser un acto altamente individual, se convierten en más colectivo cuando cada grupo familiar está influido por la conciencia de que otros también están [actuando] (Landsberger, 1978: 36).

³ En relación con el departamento del Cauca, los trabajos alrededor de acciones colectivas y movimientos sociales especialmente indígenas ha sido relevante. La importancia política de dichos grupos en la región, la historia de sus movilizaciones y la forma como han incidido en el panorama político y cultural nacional así como en las trayectorias de otros grupos subalternos, ha dado pie para una producción intelectual de diverso orden. Por un lado, se encuentran los trabajos que centran su interés en el nacimiento y fortalecimiento de organizaciones y movimientos indígenas en el Cauca (Gross, 1991; Bolaños, 1997; Caviedes, 2000), en su significado como movimientos capaces de resistir y de responder ante conflictos armados latentes (Bolaños, 1997; Hernández, 2004; Moreno, 2008) o en la naturaleza identitaria que han venido desarrollando en las últimas décadas (Moreno, 2003; González, 2006).

4. De acuerdo con la propuesta teórica y metodológica de Zamosc (1990: 57-58) hemos definido las siguientes modalidades de lucha campesina: 1) ocupaciones de tierras (invasiones, perturbaciones a la posesión y usurpación de tierras); 2) marchas; 3) tomas de oficina y de lugares públicos; 4) manifestaciones; 5) bloqueos a carreteras; 6) éxodos organizados y 7) otros. También se han redefinido los motivos de lucha, es decir, aquellos móviles de acción que manifiestan públicamente los participantes de las protestas campesinas, siendo estos los siguientes: 1) Lucha por la tierra; 2) defensa de la economía campesina; 3) cubrimiento, mejoramiento o ampliación de servicios públicos y sociales e infraestructura; 4) aplicación y cumplimiento de derechos humanos y otros de carácter político y finalmente 5) otros.

5.Cfr. El Tiempo (Bogotá), 22 de agosto de 1991; El Tiempo (Bogotá), 9 de octubre de 1991; El Tiempo (Bogotá), 7 de octubre de 1992; El Tiempo (Bogotá), 27 de junio de 1994; Correspondencia recibida, 30 de enero de 1997, en: Archivo Personería Municipal; El Tiempo (Bogotá), 13 de junio de 1997; El País (Cali), 12 de febrero de 1999; El Tiempo (Bogotá) y El País (Cali), 1 de noviembre &- 27 de noviembre de 1999.

6.En relación con el número de desplazados de la zona y con el total de víctimas relacionadas con incursiones armadas se pueden confrontar las siguientes fuentes: Constancias 300-6 (año 2001); Declaraciones bajo gravedad de juramento 300 &- 4.1, folios 1-240 (año 2001); Certificados de desplazamiento 300-2 (año 2002), folios 1-50, en: Archivo Personería Municipal.

7. Invasión de tierras o edificaciones: "El que con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno o edificación ajenos". Véase Art. 263 del Código de Procedimiento Penal.

8.Usurpación de tierras: "El que para apropiarse en todo o en parte de un bien inmueble, o para derivar provecho de él destruye, altera o suprime los mojones o señales que fijan sus linderos o los cambien de sitio". Véase Art. 261del Código de Procedimiento Penal.

9.Perturbación a la posesión o mera tenencia: "El que fuera de los casos previstos en al artículo anterior [artículo 263, D.L.] y por medio de violencia sobre las personas o las cosas, perturbe la pacifica posesión que otro tenga de bienes inmuebles". Véase Art. 264 del Código de Procedimiento Penal.

10.Daños en bien ajeno: "El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble". Véase Art. 265 del Código de Procedimiento Penal.

11. Lanzamiento por ocupación de hecho: Ley 57 de 1905. Art. 15: "Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía…, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca". Ibíd. Pág. 49.

12.De acuerdo con información recogida por el presente autor, los predios rurales de Cajibío se distribuyen de la siguiente manera: Año 2008: Microfundios (propiedades menores a una hectárea): 26% del total de predios; Minifundios (más de una &- 5 Has.): 41% del total de predios; Fincas autosuficientes (más de cinco &- 20 Has): 27 % del total de predios; Fincas empresariales (más de 20 &- 50 Has.): 5% del total de predios; Fincas multifamiliares (más de 50 Has.): 1% del total de predios.

Aunque la gran propiedad se ha venido desintegrando a lo largo de los últimos 40 años, existe un proceso de microfundización y de apiñamiento poblacional fuerte en la zona. De esta manera:" Hacia 1973, el 43,24% de los predios registrados en las zonas rurales se consideraban inferiores a las cinco hectáreas, concentrando en promedio 2,34 hectáreas por predio. Para el año 2008, el total porcentual de predios inferiores a las cinco hectáreas, aquellos que en teoría no permiten la autosuficiencia campesina en regiones intensivas, aumentó hasta llegar a un 67,08%. Este aumento vino acompañado de una disminución en el promedio de hectáreas acumuladas por finca, que cayó de más de dos hectáreas en 1973 a 1,68 hectáreas en 2008" (Lugo, 2009: 67-68).

13. Cfr. Archivo Fundeca, en: Archivo Municipal de Cajibío; Oficios No. 067 (21 de noviembre de 2001) y No. 068 (22 de noviembre de 2001), en: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA); Comunicación recibida, 23 de octubre de 2000, 29 de diciembre de 2000, 21 de noviembre de 2001, 29 de agosto de 2002, en: Archivo Municipal de Cajibío.

14. Cfr. Quejas de la comunidad 300 &- 5, Folios 65-78 (agosto de 2005) en: Archivo Municipal de Cajibío; Actas de Conciliación 300 &- 1.2. (agosto de 2006), en: Archivo Personería Municipal.

15. . Cfr. Procesos de restitución de uso de bien público &- caso Empresa Nacional de Vías Férreas (FERROVÍAS), en: Inspección de Policía de Cajibío.

16. Cfr. No. de orden 381 (agosto 22 de 1990) en: Fiscalía Seccional de Cajibío; Correspondencia recibida (24 de noviembre de 2000), en: Archivo Municipal de Cajibío; Libro de registros de perturbaciones a la posesión (abril de 1999) en: Inspección de Policía de Cajibío.

17. Cfr. Atención a derechos de petición 300 &- 3 (12 de octubre de 2004), folio No. 24, en: Archivo Personería Municipal.

18. Cfr. Quejas de la comunidad y contra el patrimonio público 300 &- 5 (9 de octubre de 1997, 24 de diciembre de 1997) en: Archivo Personería Municipal.

19. Cfr. Indagaciones preliminares 300 &- 8 (15 de julio de 1996, 24 de septiembre de 1997); Resolución 055 (12 de agosto de 1998); Quejas de la comunidad y contra el patrimonio público 300 &- 5 (14 de junio de 2005), folios 46-47, en: Archivo Personería Municipal.

20. Cfr. El Tiempo (Bogotá), 22 de agosto de 1991; El Tiempo (Bogotá), 9 de octubre de 1991; El Tiempo (Bogotá), 7 de octubre de 1992; El Tiempo (Bogotá), 27 de junio de 1994; Correspondencia recibida P.M., 30 de enero de 1997; El Tiempo (Bogotá), 13 de junio de 1997; El País (Cali), 12 de febrero de 1999; El Tiempo (Bogotá) y El País (Cali), 1 de noviembre &- 27 de noviembre de 1999.

21. Cfr. Acuerdo entre el gobierno nacional y las comunidades de la primera movilización del suroccidente colombiano (25 de noviembre de 1999), en: Archivo Municipal de Cajibío; Expediente Nro. 2002174100 del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca (19 de diciembre de 2002), en: Archivo Municipal de Cajibío.

22. El levantamiento del bloqueo a la carretera Panamericana el 26 de noviembre de 1999, significa también una cuasi-desaparición de este mecanismo de protesta en la década siguiente. Durante los 90, se registraron 8 bloqueos protagonizados por campesinos del Municipio de Cajibío a la carretera en mención, pero desde el año 2000 hasta el 2006, sólo se registraron marchas e intentos de taponamiento que no lograron desarrollarse con éxito. Las razones de este fenómeno son varias: 1. El cumplimiento de algunas de las demandas de los campesinos de Cajibío, quienes logran acceder a múltiples recursos gestionados en negociaciones como la de 1999. 2. La época de la represión militar y paramilitar que alcanzó su clímax en el año 2000. De acuerdo con los archivos consultados, la presencia paramilitar en la zona se aceleraría con el bloqueo a la carretera Panamericana en noviembre de 1999 y sería la población beneficiada con los acuerdos de esta movilización, la que vería truncada una de sus victorias. 3. La negativa del gobierno central posterior de aceptar cualquier vía de hecho que implique tomas o bloqueos a alguna carretera del país. El presidente Álvaro Uribe Vélez en sus dos mandatos (2002-2006; 2006-2010) ha sido claro: no acepta el bloqueo a ninguna carretera del país y cualquier intento de la población civil que se traduzca en una vía de hecho de estas magnitudes, será replegado por la fuerza.

23. Tomado de "Marcha Hoy Contra La Violencia" en: www.eltiempo.com - sección Información general, 9 de octubre de 1991Cauca [página consultada en mayo de 2009].

24. Cfr. Certificados de desplazamiento 300 &- 2 (2002), en: Archivos Personería Municipal.

25. Para la fecha de publicación de este artículo no se habían producido las masacres de El Cairo y La Rejoya, eventos que volverían a disparar el número de desplazados, a comienzos del año 2001. El fragmento citado es tomado de "Campesinos temen regresar" en: Nación - El Tiempo, Bogotá, 28 de noviembre de 2000. Pág. 1-4.

26.El proceso de movilización armada de la Autodefensa Campesina de Ortega &-que nos remonta hasta la formación de un grupo de tradición liberal en la década de los sesenta&- y de desmovilización posterior, es imposible de abordar en estas páginas. Nos parece importante por lo menos señalarlo, pues además de desarrollarse en los límites sociales, temporales y espaciales propuestos, muestra otras dinámicas de movilización que involucró entre otras, el uso de las armas por parte de una comunidad civil, el contacto con otra clase de grupos armados y la historia de una región que se caracterizó más que por las invasiones de tierra, por los bloqueos a carreteras nacionales o municipales o por la toma de oficinas o lugares públicos, por la formación de un grupo campesino que dadas ciertas circunstancias y oportunidades históricas se encontró armado y preparado para la defensa militar de un territorio.

Un grupo que ha sostenido relaciones bien particulares de alianza y confrontación con actores ilegales de tradición liberal (década del sesenta), comunista (desde la década de los 70) y paramilitar (año 2000). Que fue testigo además, de dos de las masacres más dolorosas ocurridas en el departamento del Cauca en el año 2000 y de un proceso de desmovilización y entrega de armas (similar al protagonizado por los distintos bloques de Autodefensas Unidas de Colombia, aunque sin hacer parte de ellas) tres años después. Para más de detalle, véase: (Lugo, 2009: 167-180; Márquez, 2005).

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