Crónica de una vergüenza: el papel de las autoridades civiles y militares durante la llegada de los paramilitares de las AUC al Valle del Cauca (julio-agosto de 1999)¹

Chronicle of a Shame: The Role of Civil and Military Authorities During the Arrival of Paramilitary Groups of the United Self-Defense Forces of Colombia (Auc) to Valle Del Cauca (July-August 1999)

Crônica de uma vergonha. O papel das autoridades civis e militares durante a chegada dos paramilitares das A.U.C. no Valle del Cauca (julho-agosto de 1999)

Adolfo León González Grisales
Docente de la Universidad Icesi, Cali–Colombia
adolfo.leon.gonzalez@correounivalle.edu.co

Recibido: 11.09.11
Aprobado: 10.10.12

¹ El presente artículo es una versión resumida de los capítulos III, IV y V del documento "De la negación a la vergüenza. Un estudio preliminar sobre los hechos y circunstancias que rodearon la llegada de las AUC al Valle del Cauca (julio de 1999)", presentado a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Seccional Valle, en julio de 2011, por el Grupo de Estudio de Memoria Histórica de la cátedra de Prácticas de Intervención Social del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. La investigación se adelantó entre los meses de febrero y junio del 2011 y en ella participaron los estudiantes de sexto semestre de Sociología Laura Sofía Fontal, Cristian Garcés, Sergio Hernández, Lucía Martán, Jhon Jairo Murillo, Harold Nieto, Andrés Torres y Santiago Vásquez.

Resumen

El 31 de julio de 1999 se registró la primera incursión militar del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando un grupo de hombres uniformados y bien armados se tomaron el corregimiento de La Moralia, en zona montañosa del centro del Valle del Cauca, asesinando a dos de sus habitantes. El presente artículo analiza el papel que desempeñaron las autoridades civiles, militares y de policía de la región, durante los días previos y los que siguieron a este nefasto episodio, con base en los archivos de la prensa local y nacional de los meses de julio y agosto de 1999.

Palabras clave: Paramilitarismo, Autoridades del Estado, Memoria Histórica, Medios de Comunicación, Valle del Cauca.

Abstract

The first military attack of Bloque Calima of the United Self-Defense Forces of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) was registered on July 31, 1999, when a group of well-armed men in uniform took the village of La Moralia in mountainous central area of Valle del Cauca killing two inhabitants. This article analyzes the role played by the region's civil, military and police authorities during the days that preceded and followed this disastrous episode, based on the information published in local and national print media during the months of July and August 1999.

Key words: Paramilitarism, State authorities, Historical memory, Mass media, Valle del Cauca.

Resumo

O dia 31 de julho de 1999 registrou-se a primeira incursão militar do Bloque Calima das Autodefensas Unidas de Colombia. Nesse dia, um grupo de homens uniformados e fortemente armados tomou a Vila de La Moralia, na área central montanhosa do Valle del Cauca, assassinando dois de seus habitantes. Este artigo analisa o papel desempenhado pelas autoridades civis, militares e policiais na região, durante os dias prévios e posteriores deste desastroso episódio, a partir dos registros da imprensa local e nacional, nos meses de julho e agosto 1999.

Palavras-chave: Paramilitarismo, Autoridades Estatais, Memória Histórica, Mídia, Valle del Cauca.

Introducción

Era el sábado 31 de julio de 1999. En estribaciones de la Cordillera Central y a sólo quince minutos de la populosa ciudad de Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, medio millar de campesinos, provenientes de cerca de quince veredas, se reunían en la plaza central del corregimiento de La Moralia, con motivo de la celebración de las fiestas patronales. A las ocho de la noche, después de las tradicionales cabalgatas y primeras comuniones, y en medio de la música y los fuegos artificiales, tres camiones repletos de hombres, vistiendo uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y portando moderno armamento y equipos de comunicación, bloquearon las salidas de la población y obligaron a propios y visitantes a concentrarse para escuchar al recién llegado "comandante".

Acostumbrados a la presencia militar, por tratarse de una zona de fuerte influencia guerrillera, en constante disputa por parte de las fuerzas del Estado, muchos de los presentes no se percataron de la real naturaleza de la situación, sino hasta que el susodicho"comandante" finalizó su discurso. En sus reseñas de prensa sobre desplazamiento en el centro del Valle, el profesor Jorge Salcedo Ramírez recoge el siniestro anuncio del jefe paramilitar, publicado en el diario El País de Cali el 2 de agosto de 1999:"Solamente quiero que les quede esto muy claro. Las Autodefensas Unidas de Colombia hemos llegado al Valle del Cauca para quedarnos" (Secretaría Departamental de Salud del Valle [en adelante SDSV] 2001).²

En medio de la concurrencia, un hombre que cubría su rostro con un pasamontañas se abría camino señalando a unos cuantos, quienes eran inmediatamente separados del grupo. Entre estos estaban las dos personas, padre e hija, que se convertirían en las primeras víctimas oficiales del Bloque Calima de las Autodefensas: Orlando Urrea Hurtado y Sandra Patricia Urrea Jaramillo fueron asesinados con varios disparos a la cabeza, acusados de ser auxiliadores de la guerrilla. Era el inicio del periodo de horror paramilitar en el Valle del Cauca, que se extendería (también,"oficialmente") hasta diciembre de 2004, con la desmovilización del Bloque Calima.

En el presente artículo se analiza el papel de las autoridades civiles y militares durante los días que marcaron el inicio del accionar paramilitar en el centro de la región vallecaucana, a partir de un ejercicio de investigación hemerográfica que comprende los meses de julio y agosto de 1999.³

1. Antecedentes de presencia paramilitar en el Valle del Cauca, antes del debut"oficial" del Bloque Calima

Si bien es cierto que la referencia a la fecha del 31 de julio de 1999 como el inicio de operaciones del bloque paramilitar en el centro del Valle del Cauca es manejada por académicos, autoridades y los propios desmovilizados sin mayor discusión, existe una enorme cantidad de evidencia que sugiere que el accionar de las autodefensas en territorio vallecaucano se estaba desarrollando muchas semanas (e incluso meses) antes de la publicitada actuación en La Moralia.

Ante la pública y evidente muestra de la presencia de las AUC en el Valle del Cauca en los días previos a esta incursión, las autoridades civiles y militares, un sector de la prensa y gran parte de la opinión pública concentrada en las grandes y medianas urbes siguieron discutiendo sobre la veracidad de los datos o la identidad de los responsables. Este hecho es un claro indicador del clima de confusión informativa que reinaba en aquel momento en la región. Las denuncias sobre la presencia paramilitar en varios municipios del Valle, desde Jamundí, en el sur del departamento, hasta Obando, en el norte, acompañadas de desapariciones, asesinatos selectivos, panfletos y extorsiones, venían presentándose ante las personerías municipales y ante la Defensoría Regional del Pueblo desde el mes de junio de 1999.

El primero de julio, a treinta días del debut oficial del Bloque Calima, en un artículo titulado"Habría autodefensas en Jamundí" del periódico El País de Cali (el de mayor circulación en el Valle del Cauca), Hernando Toro, defensor regional del pueblo de la época, confirmaba haber recibido denuncias de campesinos sobre el arribo de paramilitares a la zona montañosa de Jamundí, específicamente al corregimiento de San Vicente:"Se ha amenazado a la comunidad de que después de la intervención de la Fuerza Pública, si no se les colabora a ellos vendrán otras personas a las cuales sí se les debe colaborar por las vías de hecho" (El País 1999a, C5). En el mismo artículo de prensa, el defensor del pueblo también afirma que dichas denuncias ya habían sido trasladadas a las autoridades militares y de policía, a fin de que abrieran las investigaciones de rigor. Sin embargo, la defensoría no aclara desde cuándo conocía ese tipo de denuncias de los campesinos de la región de Jamundí, o si era acaso la reiteración de los episodios de amenaza contra los pobladores o cualquier otro signo de agravamiento de la situación de seguridad lo que le había llevado a hacer pública dicha información en ese momento.

En una columna de opinión de la primera semana de agosto de 1999, titulada"Los 'Paras' en el Valle", Isabella Prieto Bernardi sugiere que la presencia paramilitar era conocida por las autoridades desde los primeros días del mes de junio de ese mismo año:

De dos meses para acá, (a) varios municipios del Valle del Cauca se les avisó de la llegada de las autodefensas. Paredes pintadas en Ansermanuevo y Obando, panfletos en Bolívar y Yotoco, carta a los dueños de las fincas y a los gerentes de ciertas empresas, libros a los medios de comunicación con el compendio de entrevistas a Carlos Castaño Gil (Prieto 1999, A4).

Esa apreciación de la señora Prieto Bernardi vendría a ser corroborada un día después por el propio defensor del pueblo, ante la evidencia del accionar paramilitar en el centro del Valle:"La Defensoría del Pueblo había advertido hace tres meses sobre la posible presencia de grupos de autodefensa, con base en algunas informaciones que nos había suministrado la comunidad" (El País 1999h, C1). La Defensoría del Pueblo podría, entonces, haber conocido reportes sobre actividad paramilitar desde principios del mes de mayo de 1999, es decir, semanas antes del secuestro masivo de la iglesia La María por parte del ELN, evento que se ha esgrimido como una de las causas que determinaron la entrada en operación del Bloque Calima de las AUC.

Obviamente, la escasa precisión en las referencias temporales de los funcionarios no permite establecer rotundamente una fecha para el comienzo de la actividad paramilitar en suelo vallecaucano. No obstante, una declaración del comandante Norberto Hernández Caballero, alias"Román", a principios de agosto de 1999, a un enviado de El País a la zona montañosa del centro del departamento, coincide con aquellas declaraciones que sugieren que un despliegue de la magnitud del que se dio en el Valle no pudo haberse organizado en los poco menos de dos meses de preparación que alegan algunos postulados a Justicia y Paz:"Se hizo trabajo de inteligencia durante un año y luego nos vinimos desde la parte norte del Urabá y desde Chocó en pequeños grupos de civiles" (El País 1999h, C1).

La desprevenida declaración de"Román" se contradice de plano con las afirmaciones de Éver Veloza, alias"H.H.", y de otros desmovilizados, en cuanto a que después del secuestro masivo de la iglesia La María, el 30 de mayo de 1999, se suscita un clamor público de presencia de las autodefensas en el Valle y que, respondiendo a ese llamado, Carlos Castaño decide iniciar la creación del Bloque Calima. Por supuesto que, aunque romántica y consistente con el mito teleológico y fundacional de la ideología paramilitar (de"paladines" y defensores del pueblo victimizado por la izquierda armada), la tesis de la respuesta coyuntural auxiliadora se sostiene débilmente sin la presencia de una red de apoyo logístico y de inteligencia preexistente.

Otro testimonio que desmiente esta versión es recogido por Human Rights Watch, en un informe del año 2001. En él, un informante protegido de la Fiscalía General de la Nación relata cómo la logística para el ingreso de un bloque paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia al Valle se empezó a fraguar mucho antes del secuestro masivo de la iglesia La María:

La primera reunión a la que asistí fue entre paramilitares y el Ejército y se celebró sobre marzo de 1999 en la sede de la III Brigada en Cali [...] Estaban recopilando todos los detalles sobre personas adineradas de la zona para que pudieran aportar dinero y traer a los paramilitares a la región (Human Rights Watch 2001, 41).

Al margen de la coherencia interna de la tesis de algunos desmovilizados, en relación con un despliegue militar de las AUC en menos de dos meses en el Valle, hechos como el incremento de los asesinatos selectivos, las desapariciones y las amenazas a manos de células de hombres encapuchados fuertemente armados que se presentaron entre finales de junio y el mes de julio, son indicios de un tipo de actividad que puede estar conectada con ese periodo de"inteligencia" al que se refería el asesinado comandante del Bloque Calima, alias"Román".

A continuación tomaremos tres ejemplos de los hechos violentos que podrían apuntar en la dirección de esa hipótesis: uno en el centro, otro en el sur y el último en el occidente del departamento del Valle, durante las cinco semanas que antecedieron la incursión al corregimiento de La Moralia y la presentación pública del Bloque Calima. Los tres hechos presentan, esencialmente, el mismo modus operandique caracteriza a los llamados"ajusticiamientos" de las células paramilitares.

Por los mismos días en los que el defensor regional del pueblo, Hernando Toro, confirmaba a la opinión pública la existencia de denuncias sobre la presencia de paramilitares en el Valle del Cauca, y grafitis con consignas alusivas a las AUC aparecían en varias localidades rurales del departamento, un hecho sangriento sacudió al municipio de San Pedro, localizado, justamente, en la región que serviría de epicentro a la expansión paramilitar que se desencadenaría a partir de agosto de 1999, entre los municipios de Buga y Tuluá. Según el diario local El Tabloide, en su edición del 26 de junio de 1999 (SDSV 2001), dos jóvenes, de veintitrés y diecinueve años habían sido asesinados esa semana en la vereda Platanares, al oriente del municipio, de varios impactos de bala en la cabeza. La acción había sido llevada a cabo por un grupo de encapuchados que llegaron hasta la finca en la que laboraban los jóvenes, los tomaron por la fuerza y después los ejecutaron. El diario recoge versiones de los pobladores, que hablan de al menos diez campesinos que aún se contaban como desaparecidos al momento de la publicación (SDSV 2001).

Poco más de dos semanas después, la localidad de Jamundí, al sur del departamento (la misma inundada de panfletos amenazantes y de denuncias campesinas sobre presencia de grupos paramilitares desde finales de junio), es testigo de la masacre de cinco jóvenes en la región montañosa de El Naya. El hallazgo de los cuerpos fue confirmado a la prensa por campesinos de la región. (El País 1999b).

Para el 27 de julio era evidente la presencia de actividad paramilitar, por lo menos en el centro y el sur del Valle. Los panfletos y los comunicados firmados por las Autodefensas Unidas de Colombia habían desencadenado ya un clima de temor, que la prensa registraba el 27 de julio de la siguiente manera:

El pasado fin de semana se conoció en Cali el primer comunicado de ese grupo, al cual las autoridades no dieron credibilidad. Sin embargo, ayer circularon otros panfletos en Jamundí y en el Norte del Valle. Los panfletos advierten que los habitantes que auxilien a la guerrilla tienen tres opciones: abstenerse de colaborar con ella, aislarse de la subversión o abandonar la región mientras persista el conflicto (El País 1999d, C7).

El mismo día en el que la prensa registraba esta avalancha de panfletos amenazantes, en el municipio de Dagua, al oeste del departamento, cuatro miembros de una misma familia eran brutalmente asesinados y sus cuerpos decapitados por un comando de hombres fuertemente armados que, con lista en mano, irrumpieron en la vereda La Virgen, del corregimiento El Palomar, y se llevaron a sus víctimas por la fuerza. Pese a las insistentes versiones de los campesinos y testigos en cuanto a que se trataba de grupos de autodefensa, la comandancia del Departamento de Policía Valle restó credibilidad a esta versión y en una diligencia, cuando menos curiosa, determinó que la masacre había sido responsabilidad de la guerrilla de las FARC que operaba en la zona (El País 1999e).

Aunque ninguna investigación oficial se siguió para demostrar fehacientemente la autoría de estos sangrientos episodios, lo que queda claro es que se sumaron a una cadena de hechos que antecedieron la primera acción militar abierta del Bloque Calima en el corregimiento de La Moralia y que, debido a sus características y a las coincidencias geográficas con el eventual despliegue de las autodefensas en el Valle, son un indicio -no fácilmente descartable- de que comandos paramilitares de las AUC podrían haber desplegado su accionar en territorio vallecaucano antes del 31 de julio de 1999.

2. El papel de las autoridades militares y de Policía

Proteger, prevenir e investigar son tres funciones de la Fuerza Pública que no se cumplieron cabalmente en los episodios que rodearon la llegada de los paramilitares de las AUC al departamento del Valle del Cauca.

Una de las constantes, que se puede verificar en la revisión de los archivos periodísticos de la época, es la tendencia por parte de las autoridades militares y de Policía de negar rotundamente los hechos y las denuncias que evidenciaban la presencia de una fuerza paramilitar en la región. Como mostraremos a continuación, el empeño que los altos mandos del Ejército o la Policía ponían en negar toda posibilidad de crédito a las denuncias y panfletos sobre la llegada de las autodefensas contrastaba con su escasa voluntad de investigar los hechos o, más aún, de proteger a los amenazados o a la población vulnerable.

Algunos casos puntuales nos sirven para ejemplificar el tipo de conducta generalizada que asumieron las autoridades de Policía y Ejército ante los graves hechos que venían registrándose en el centro y el sur del departamento. No se trata de la discusión sobre las famosas"manzanas podridas" que sirven para esquivar las responsabilidades institucionales, ni de una discusión matemática sobre el porcentaje de miembros de los cuerpos armados del Estado que colaboraron activa o pasivamente con la expansión del Bloque Calima. Se trata, en el fondo, de un problema aún más grave: que los máximos representantes de los cuerpos armados del Estado (Policía y Ejército), quienes orientan con sus palabras el accionar y el espíritu del resto de sus subordinados, asumieron una política oficial de negación y subestimación de los numerosos y gravísimos indicios de actividad delincuencial de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Valle. Hoy sabemos, por declaraciones a Justicia y Paz de varios desmovilizados (verdadabierta.com, julio 15 de 2011) y por las investigaciones adelantadas contra dos comandantes del Batallón Palacé de Buga (los coroneles Rafael Alonso Hani Jimeno -detenido en enero de 2001- y Jorge Alberto Amor Páez -detenido en mayo de 2009)-, que esa negación sistemática y vehemente a nivel departamental (como se podrá mostrar a continuación) se daba simultáneamente con una colaboración local activa de algunas unidades militares con los paramilitares de las AUC.⁴

Uno de los municipios en los que se respiró con más fuerza el aroma de paramilitarismo, a través de panfletos y amenazas a campesinos, fue Jamundí. El comandante de la Estación de Policía de este municipio era en aquellos días el capitán Gustavo Ramírez, quien desestimó la veracidad de las informaciones e, incluso, cuando a mitad de julio las amenazas se convirtieron en una masacre de cinco jóvenes, el oficial se abstuvo de reconocer el hecho (El País 1999b). Pero la suya no era una voz solitaria. Su superior, el comandante de la Policía Valle, coronel Marino Escobar, sostenía una arrevesada tesis, que haría carrera entre todas las autoridades del departamento, y que resumía así:"los autores de estos panfletos son los mismos grupos guerrilleros que buscan alarmar a la ciudadanía" (El País 1999e, C7).

Es de suponer que descartar de entrada un indicio no ofrece ninguna esperanza de ser un punto de partida de una investigación rigurosa. Así que los panfletos y las amenazas no fueron investigados, porque aquellos responsables de hacerlo consideraban que no se les debía dar"mucha credibilidad". Fueron esas las palabras del general Enrique Montero Piraquive, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, días antes de los acontecimientos de La Moralia (El País 1999d).

Ante la masacre ocurrida en Dagua el 27 de julio, en la que cuatro miembros de una misma familia fueron asesinados y sus cuerpos decapitados, sorprende la rapidez con la que el coronel Marino Escobar delega las sospechas sobre la guerrilla, a pesar de que las versiones de los campesinos insistían en la autoría de un grupo paramilitar. El argumento merece ser citado por su fina tautología:"se presume que la responsable de este múltiple crimen sea la guerrilla, pues en la zona hay fuerte presencia de ella" (El País 1999f, C3).

Para principios de agosto, después de los asesinatos selectivos de los corregimientos de La Moralia y Monteloro, cerca de la ciudad de Tuluá, la avalancha de desplazados que empezaba a bajar desde la montaña, a raíz de los enfrentamientos entre miembros de las AUC y el Frente VI de las FARC, no eran suficiente evidencia para las autoridades militares de que un ejército paramilitar estuviera operando en la zona. Bajo la curiosa hipótesis de que la guerrilla combatía consigo misma para despistar a las autoridades, los máximos jefes de la Tercera Brigada se afanaban en desacreditar las versiones de la prensa y de los campesinos desplazados, al mismo tiempo que anunciaban exhaustivas investigaciones. En declaraciones a El País, el 4 de agosto, el general Jaime Humberto Cortez Parada, comandante de la Tercera División, sostenía:"Sobre el tema de la presencia de grupos de autodefensa en el Valle sólo estamos trabajando informaciones de panfletos y de amenazas. Tratamos de verificar esta situación" (SDSV 2001); mientras el coronel Julio Acosta Garay, jefe del Estado Mayor de la Tercera Brigada, era aún más enfático en la desestimación de las evidencias:

Tenemos ciertos indicios. Sin embargo, hay otros factores que nos indican que la situación no puede ser autodefensas. Eso lo estamos investigando [...]Yo ya he vivido esta experiencia en otras regiones dEl País. Los mismos grupos terroristas, los delincuentes tradicionales que optan por vestirse de autodefensas para tomar retaliaciones en su misma zona y tener a quién culpar y hacer la limpieza a su acomodo (SDSV 2001).

Las acciones de verificación o investigación de las que hablaba el coronel Acosta Garay no parecían contemplar el envío de efectivos a la zona de combate denunciada, tal como lo registró el periódico El País al día siguiente. Hasta el 6 de agosto de 1999 no se dan intentos por parte de estas fuerzas por intervenir en las zonas en auxilio de la población. En esta fecha se da la primera incursión de una comisión de hombres de la Policía adscritos al tercer distrito, después de que ya en los medios de comunicación se empezaba a denunciar la falta de accionar del Estado y la ausencia de garantías a la población civil.

El 23 de agosto, en mitad de una crisis humanitaria en Buga y Tuluá por los desplazamientos masivos de campesinos, y mientras seguía el conteo de cadáveres de supuestos auxiliadores de la guerrilla, el general Cortez Parada le insistía al corresponsal de El País sobre la ausencia de"evidencias claras" de la presencia paramilitar en el centro del Valle del Cauca, y prefería la tesis de una estrategia de la guerrilla de las FARC para"generar caos y desinformación" (SDSV 2001):

Son supuestos grupos de autodefensa, porque han aparecido algunos grafittis [sic], algunas actuaciones a nombre de ellos, pero evidencias al respecto no hay en ninguna parte. Se ha acudido a las autoridades y todo no ha pasado de ser versiones sin ningún fundamento. Por otra parte, estos grupos siempre aparecen en cantidad numerosa. En los medios de comunicación siempre nos mostraron dos o tres personas, que cubrían sus rostros con pasamontañas. Eso nos da a pensar que es una suplantación y el hecho de usar un brazalete o pintar un grafitti [sic] no constituye una evidencia de primera clase [...] Los fusiles rusos los adquiere la guerrilla de las Farc. Los grupos de autodefensa, normalmente, utilizan armamento americano, de diferentes marcas y no es uniforme como el que aparecen en las fotografías y videos mostrados por la prensa (2001).

Para finales de agosto, las autoridades departamentales habían decidido conformar una Comisión Interinstitucional, con presencia de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, que el Comité de Desplazados venía demandando desde días atrás (SDSV 2001), a fin de verificar la situación en la zona de enfrentamientos. Interrogado por el diario El País el 23 de agosto, a propósito de las condiciones de seguridad de esta comisión y la disposición de las autoridades militares de colaborar en su desplazamiento, el comandante de la Tercera División respondía en los siguientes términos:

Conmigo no han hablado. Además, yo no les puedo garantizar seguridad si ellos se van a poner a caminar por todas partes[...]Ese no es mi problema. Yo tengo otra misión. Ellos tienen una serie de instituciones como la Cruz Roja, la Personería, la Defensoría del Pueblo que tienen una"inmunidad" que les permite desplazarse a todas partes. No se necesita que estas personas vayan a la región representando a una comisión, porque se van a llenar de quejas diferentes a las del orden público (SDSV 2001).

La posición adoptada por el general Cortez Parada suscita, por lo menos, dos preguntas: 1) Si bien a su juicio persistían dudas sobre la realidad de la situación, ¿por qué no emprender las acciones necesarias para absolverlas, teniendo la fuerza a su mando toda la experiencia y la logística necesarias para actuar sobre el peligroso terreno en el que, supuestamente, operaba el bloque paramilitar? 2) Si los hechos denunciados se dan en una zona montañosa en la que, según el general, operaban sus fuerzas, y en la que históricamente el mantenimiento del orden público ha dependido del accionar militar, ¿por qué considerar que la seguridad de una Comisión Institucional de Verificación, que buscaba establecer la realidad de la situación, no era responsabilidad del Ejército?

Finalmente, una Comisión Verificadora,"conformada por 19 funcionarios del orden nacional y departamental", se desplaza hasta la zona montañosa de Buga y Tuluá el 27 de agosto de 1999 (SDSV 2001).

Pero, ¿por qué sostenían las autoridades militares y de Policía esta sistemática política de negación de la presencia de autodefensas en territorio vallecaucano, cuando la evidencia parecía tan abrumadora?

Dos informes de Human Rigths Watch (HRW 2000; HRW 2001) nos ofrecen un contexto en el que la posibilidad de una estrategia coordinada entre un sector del Ejército en el centro del departamento y el grupo de paramilitares que entraba a operar en la región fuera el trasfondo de la desinformación. Álvaro Guzmán y Renata Moreno resumen así esta posible relación:

Los informes de Human Rights Watch, por su parte, mencionan pruebas en contra de la Tercera Brigada, a la cual pertenece este batallón [Palacé], la vinculan con la formación del frente Calima de las autodefensas. Se denunció que algunos militares utilizaban sus vacaciones para trabajar con los paramilitares, que existía comunicación por radio y celular entre militares y paramilitares, y que un informante de los paras, apodado Tatabro, frecuentaba el Batallón Palacé de Buga, entre otras imputaciones (Guzmán y Moreno 2007, 200).

Respecto al comandante del Batallón Palacé, coronel Rafael Hani Jimeno, el informe deja entrever que una relación estrecha entre las autodefensas y altos mandos militares explicaría la pasividad del Ejército frente al despliegue inicial del Bloque Calima. Citando una investigación de la Fiscalía General, HRW sostiene:

Incluso, cuando el comandante del Batallón Palacé, el coronel Rafael Hani, negaba la presencia paramilitar, los policías locales presentaban boletines regulares y detallados sobre el avance del Frente Calima. Según declaró a investigadores gubernamentales un testigo de una reunión de emergencia organizada por el alcalde de Buga a la que asistió el coronel Hani, el oficial desestimó los informes de que había paramilitares en la zona. Para el coronel Hani las personas que afirmaban ser"desplazadas" por la violencia eran simplemente guerrilleros (HRW 2001, 43).

3. El papel de las autoridades civiles

En medio del clima de zozobra generado por las constantes denuncias sobre presencia de grupos de autodefensa de las AUC en algunas regiones del departamento, algunas autoridades civiles parecían optar por la duda sobre la veracidad de las informaciones. En contraste con la actitud del defensor regional del pueblo, Hernando Toro, que buscaba hacer pública la alarma sobre las denuncias que conocía su despacho, otros funcionarios, encargados igualmente de velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos, se mostraban menos convencidos. Es el caso de Milton Fabián Gutiérrez, personero de Jamundí, quien afirmaba, en respuesta a las denuncias del defensor, que:"a pesar de que se conoce de la ubicación de un aviso en Miravalle que dice 'AUC Valle', no se ha establecido que en la zona haya presencia de paramilitares". Su versión era que"un grupo de habitantes se apoderó de un barrio y tal vez la reacción de la gente fue esa, para asustarlos". Y, seguramente, con la loable intención de tranquilizar a sus preocupados ciudadanos y a los inquietos periodistas, se sumaba a la posición oficial dominante:"Nosotros no hemos confirmado la presencia de estos grupos en la zona" (El País 1999a, C5).

Para esa fecha, el defensor, bastante más preocupado que el personero local por la situación en Jamundí, había trasladado la denuncia a las autoridades militares y de Policía para que adelantaran las investigaciones respectivas (El País 1999a). Pero no existe evidencia de que esas denuncias se hayan investigado. Por ejemplo, en el caso de la masacre de los cinco jóvenes reportados por los campesinos en el Naya -la misma a la que el comandante de la Policía de Jamundí se abstuvo de oficializar-, días después de los hechos ni siquiera la Fiscalía había abierto una investigación, debido a que no había pruebas de una masacre; pruebas que, como ente investigador, le correspondía buscar, pero que no buscaba porque no se había instaurado una denuncia formal (El País 1999c).

Con la excepción del defensor del pueblo, Hernando Toro, todas las autoridades del departamento, desde el gobernador hasta los personeros, parecían cautelosas en contrariar la versión dominante de la Policía y el Ejército. A partir del fin de semana del 23 de julio, la aparición de panfletos, firmados por las Autodefensas Unidas de Colombia, se hizo más constante, y la presión de los medios de comunicación sobre las autoridades para que ofrecieran respuesta sobre las denuncias se incrementó. No obstante, el punto más álgido de este cruce caótico de demandas y negaciones llegaría después de la incursión del Bloque Calima en el corregimiento de La Moralia, el 31 de julio de 1999.

La confusión era total. Incluso el cuestionado alcalde de Jamundí, Libardo Perdigón, afirmaba al periódico El País que en su municipio"no hay 'paras', a la vez que pedía a la Policía"hacer claridad sobre los volantes" que esparcían el pánico entre su población (El País 1999g, B1).

En los primeros días del mes de agosto de 1999, la entrada violenta de los paramilitares al centro del Valle del Cauca había desatado una crisis humanitaria. A los municipios de Tuluá y Buga empezaban a llegar cientos de campesinos que huían de la muerte:

Los"ajusticiamientos" realizados por las autodefensas presentes desde el sábado pasado en la zona rural de Tuluá provocaron el éxodo masivo de campesinos de este municipio, al igual que de la región montañosa de Buga. Unas 200 personas, de más de dos mil que han abandonado sus parcelas, llegaron ayer a las instalaciones municipales de Tuluá y de Buga, en busca de refugio y protección, por temor al accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que ayer en la mañana habría ocasionado otras dos víctimas, adicionales a las cuatro ya confirmadas (SDSV 2001).

Aunque para el 5 de agosto la crisis humanitaria iba en aumento -así como el número de campesinos que buscaban refugio en los cascos urbanos de Buga y Tuluá- las autoridades civiles y militares del departamento, tras una cumbre de seguridad, decidieron seguir negando que las Autodefensas Unidas de Colombia estuvieran operando en territorio vallecaucano. El entonces gobernador encargado del Valle del Cauca, Juan Fernando Bonilla Otoya -recién nombrado por el presidente de la República-ofrecía confusos diagnósticos en la prensa local:

Habría evidencias muy puntuales de las actuaciones de este grupo en la parte alta de Tuluá. Pero no podemos reconocer que en el Valle haya presencia comprobada de las Autodefensas[...] El Ejército está atento a que tengamos un poco más de información y más certeza de lo que estamos hablando antes de actuar o hacer algún tipo de ofensiva (SDSV 2001).

Y la presencia tardó un día en confirmarse para el confundido gobernador, quien el 6 de agosto reconocía ante el corresponsal del diario El País:"Todo indica que lo que pasó arriba de Tuluá fue una incursión de paramilitares. Infortunadamente para nosotros esta es una tercera fuerza en conflicto, lo que muestra que la guerra se nos metió ya al Valle del Cauca" (SDSV 2001).

Sin embargo, tal vez por la presión de los Consejos de Seguridad, no fue sino hasta finales de agosto de 1999, durante la emisión de un programa institucional del Canal Regional de Televisión, Telepacífico, que el gobernador decidió reconocer pública y oficialmente que era un bloque paramilitar de las AUC el que estaba operando en el centro y sur del Valle del Cauca (SDSV 2001). Lamentablemente, una nueva masacre, la de"Chorreras", había sido necesaria para que la máxima autoridad del departamento aceptara la realidad y se decidiera a actuar.

La confusa e incomprensible actitud del gobernador, durante el caótico mes de agosto de 1999, pareció contagiar a las autoridades locales. Aunque sufriendo las consecuencias de la evidencia y teniendo que atender una avalancha de campesinos desplazados desde las montañas que rodean su municipio, el alcalde de Tuluá, Ramiro Devia Criollo, mantuvo ante la prensa la hipótesis oficial de la negación de la presencia de las AUC:"No está establecido. La realidad es que es otro factor que entra en el conflicto. Las autoridades no han podido establecer con claridad la clase de grupos o el origen de la nueva presencia subversiva en la región" (SDSV 2001).

Justamente, el alcalde de Tuluá y cuatro de sus concejales, así como los alcaldes de los municipios de Trujillo y Sevilla, fueron amenazados de muerte por parte de la guerrilla, acusándolos de ser los responsables de la presencia paramilitar en la zona central del departamento. Los concejales de Tuluá emitieron entonces un comunicado:"Rechazamos públicamente toda clase de violencia, física o verbal, y toda amenaza que ponga en peligro la integridad física de los concejales. Exigimos a la dirigencia de ese grupo insurgente, claridad sobre las erróneas afirmaciones" (SDSV 2001).

La situación de desplazamiento y de violencia armada en la zona siguió agravándose durante los siguientes días. Y, por increíble que parezca, todavía no existía consenso entre las distintas autoridades sobre si lo que se enfrentaba era o no un problema de presencia paramilitar.

Otro ejemplo. El 26 de agosto, la Asamblea del Valle, a través de su presidente, Nacianceno Orozco Grisales, se mostraba bastante impactada por la novedad que significaban unas declaraciones del gestor de paz, Isaac Soto Rengifo, en las que afirmaba categóricamente que"Sí hay AUC en el Valle" (SDSV 2001). El sorprendido asambleísta, usando todavía el condicional, se dirigía en tono grave a la prensa:"Si la afirmación del gestor de paz resulta cierta sobre la presencia de grupos paramilitares, el hecho ahonda más la grave situación de orden público que se presenta en el departamento" (SDSV 2001).

4. ¿La"Sociedad Civil"?

La centralización del fenómeno de"opinión pública" y, por supuesto, de los medios masivos encargados de su generación o difusión, en la propia capital del departamento, la ciudad de Cali, hace muy difícil dibujar un panorama preciso del tipo de reacción de la llamada"sociedad civil" ante la creciente arremetida paramilitar durante los meses de julio y agosto de 1999.

No obstante, si nos limitamos al espacio de Cali y sus medios de difusión, queda claro que el mayor problema que dominaba el espectro de la opinión pública no era el de una posible presencia paramilitar en la zona o la avalancha de desplazados que llenaban las calles de Tuluá y Buga. El problema más serio lo constituía la amenaza que representaba la presencia guerrillera a las puertas de la ciudad; un miedo desbordado por el episodio del secuestro masivo de la iglesia La María por parte del ELN.

En efecto, las movilizaciones ciudadanas registradas en Cali a principios de junio y a finales de octubre de 1999 estuvieron dirigidas exclusivamente contra el fenómeno del secuestro y sus principales perpetradores, las guerrillas (Semana 1999a; 1999b).

Uno de los episodios más significativos de reacción ciudadana, que nos ayuda a contextualizar el fenómeno de focalización de la amenaza guerrillera como el miedo dominante durante este período en Cali, se da un año después, ante la crisis de la salida intempestiva de dos altos mandos castrenses: el comandante de la Tercera Brigada, general Jaime Ernesto Canal, y el comandante de la Tercera División, general Carlos Alberto Méndez, producto del manejo político dado por el alto gobierno a la liberación de los secuestrados del kilómetro 18 de la vía al mar -nuevamente por un comando del ELN-, ante el gigantesco operativo del Ejército desplegado en la zona montañosa de Los Farallones.

Las manifestaciones públicas civiles de apoyo a los generales y de rechazo a las acciones guerrilleras de secuestro extorsivo contrastaron con el silencio ciudadano que acompañó el cruento accionar de las autodefensas que simultáneamente se presentaba en la región.

En un artículo de la revista Semana del 11 de diciembre de 2000 se recoge perfectamente el ánimo general de rechazo ante la amenaza guerrillera, que incluso encuentra en reconocidos líderes empresariales, importante segmento de esa"sociedad civil", una voz de liderazgo perfectamente identificable:

Por las principales vías de Cali los transeúntes no pueden evitar ver enormes pancartas con mensajes muy dicientes:"Gracias Ejército, estamos con ustedes"."No más pago de secuestros"."Felicitaciones a los soldados de la III Brigada"."Gracias generales Canal y Méndez"."Generales no se vayan de la ciudad" [...] Los vallecaucanos expresaron la semana pasada ese malestar en dos actos simbólicos. Uno en la Catedral Primada, donde el arzobispo, monseñor Isaías Duarte Cancino, celebró una misa solemne en nombre de las personas liberadas del Kilómetro 18. El otro en una marcha que recorrió las principales vías de la ciudad, en la que centenares de ciudadanos gritaron sin descanso"A Cali secuestrada, Canal la ha despertado" y"No se vaya, no se vaya" [...] Para muchos caleños los generales Méndez y Canal simbolizan esa fuerza viva que hoy reclama la ciudadanía de sus líderes empresariales y políticos."En Cali todos tienen miedo. Nadie quiere liderar las banderas de la protesta contra una guerrilla que cada vez siembra más el terror en esta ciudad. Mientras esa clase dirigente prefiere pasar agachada o ha decidido empacar maletas y marcharse, los generales Méndez y Canal le han puesto el pecho a esta dramática situación", señaló a Semana uno de los empresarios vallecaucanos (Semana 2000).

Vale la pena recordar que ese mes de diciembre de 2000 es, justamente, uno de los momentos más álgidos de actividad paramilitar en el Valle del Cauca. Sólo una semana después de las muestras solidarias aquí referidas, se presentaría una feroz ofensiva del Bloque Calima en el centro del Valle, que lo llevaría, finalmente, a la ocupación militar de la región de Barragán, en zona montañosa de la ciudad de Tuluá (SDSV 2001). Sin embargo, no hay registros verificables, por esas fechas, de una movilización ciudadana semejante en Cali en contra de la amenaza que significaban las autodefensas para la seguridad pública, a pesar de las reiteradas difusiones por los medios de comunicación sobre la estela de muerte y desplazamiento que esa sangrienta incursión estaba dejando en el centro del departamento (SDSV 2001).

5. Conclusiones

5.1 La omisión y la negligencia

Durante el periodo estudiado, entre los meses de julio y agosto de 1999, no se encontró evidencia alguna de enfrentamiento entre las fuerzas militares o de Policía y los grupos de autodefensa en ninguna región del Valle del Cauca. Se encontró, por el contrario, una gran cantidad de hechos reveladores de una negligencia cómplice de las autoridades tanto de Policía como de Ejército, sin la cual sería difícil explicar las primeras incursiones del Bloque Calima.

El Estado, en cabeza de sus representantes, no actuó con diligencia ni puso en marcha todos los instrumentos legales a su disposición para impedir el despliegue del Bloque Calima. Pese a las reiteradas denuncias sobre presencia paramilitar, panfletos y pintadas en diferentes pueblos del Valle, el comportamiento de las autoridades civiles y militares pareció más empeñado en la negación de la evidencia que en la toma de acciones tendientes a la protección de las víctimas o a la investigación seria y decidida de los casos denunciados. Incluso semanas después de la violenta incursión a La Moralia y la presentación de pruebas fotográficas, testimoniales y escritas por parte de la prensa sobre la agencia paramilitar de los hechos de terror, los responsables del Ejército y la Policía seguían insistiendo en sus"dudas" sobre la existencia de un bloque de las AUC en territorio vallecaucano. Por su parte, la Gobernación reconoció el problema en agosto y sólo a fines de ese mes se anunció la primera Comisión Interinstitucional para verificar los hechos.

5.2 La justicia y la vergüenza

De la misma forma en que se revela la actuación negligente y hasta cómplice de ciertas autoridades del Estado en los eventos que aquí se han señalado y que constituyeron una de las páginas más vergonzosas en la historia de esta región dEl País, esas mismas autoridades no han podido -después de doce años- llegar al fondo de la verdad sobre los responsables, patrocinadores y auspiciadores de la matanza. Muchos hechos delictivos, denuncias e indicios, que en su momento se dieron a conocer, nunca fueron investigados con la debida diligencia; ni las actuaciones o las omisiones de la Fuerza Pública o de las autoridades civiles; ni la participación de grandes empresarios o miembros de la clase política de la región; ni siquiera -y es tal vez lo más vergonzoso para el Estado como máxima representación de la voluntad de bien general- las constantes denuncias que se dieron en avalancha por el tiempo que nos ocupa y que, en la mayoría de las ocasiones, antecedieron la comisión de horrendas masacres.

Obviamente, el testimonio actual de los verdugos es importante para llegar a la verdad de lo que realmente pasó. Pero la justicia no puede depender de la buena fe de los verdugos. El mercado de las declaraciones inculpatorias y exculpatorias es un riesgo muy grande para la verdad y la memoria, y no en pocas ocasiones hemos asistido al espectáculo de las retractaciones y las contradicciones, las declaraciones amañadas o las negaciones de oficio.

Vista en retrospectiva, la vergüenza que ahora nos inunda, tanto a autoridades como a ciudadanía, al recordar los episodios funestos que marcaron el inicio del reinado de terror del Bloque Calima en el Valle del Cauca, hace parte del último acto de la misma opereta que como sociedad venimos representando desde hace ya largo tiempo. La obra empieza siempre con la negación de la realidad y la sigue el silencio, el desvío de la mirada y la inacción. Una obra inconclusa que, sin embargo, estamos obligados a preservar en la memoria.

Citas de pie de página

2. Fuente: Secretaría Departamental de Salud del Valle. Sistema de Información Epidemiológica para la Población Desplazada por la Violencia en el Valle, en los municipios de Sevilla, Bugalagrande, Tuluá, San Pedro, Buga, Buenaventura y Jamundí:"Hacia la construcción de un modelo piloto para el diseño e implementación de un sistema de información de salud pública y vigilancia epidemiológica en poblaciones desplazadas por violencia política". 9 de agosto de 2001. Publicado por Salud y Desplazamiento: http://www.disaster-info.net/desplazados/documentos/sdsvalle/Capitulo1_2_3_6.htm

3. Para el presente trabajo se consultó la hemeroteca del diario El País de Cali, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 1999. De igual forma, se acudió a los archivos digitales de El País.com.co; la revista Semana.com; El Tiempo.com, y el portal verdadabierta.com. De gran ayuda fue el trabajo sobre desplazamiento y violencia política, dirigido por el profesor Jorge Arturo Salcedo Ramírez, realizado para la Secretaría Departamental de Salud del Valle en el año 2001, cuyo compendio de reseñas de prensa sobre los hechos relacionados con el fenómeno de desplazamiento en el centro del Valle del Cauca durante 1999 y 2001 nos permitió una mirada más amplia sobre el despliegue paramilitar en los municipios de Tuluá y Buga.

4. Es cierto que la negligencia o la incompetencia no son una evidencia de complicidad o de voluntad criminal. Y tal vez esta sea una de las razones por las que, ante el escándalo producido por la captura del comandante del Batallón Palacé por colaboración con el paramilitarismo, la estrategia de los altos responsables militares haya sido la de acusar la propia incompetencia de los entes investigadores del Estado y ponerse en calidad de víctimas de una injusticia de trasfondo político."Por omisión no se puede culpar a los militares. [...] Hay que acoger el fallo de la fiscalía, pero le queda a uno la duda si los militares van a pagar la incapacidad en las investigaciones. No pueden dar con los autores intelectuales, entonces a los militares nos están cogiendo por el delito de omisión", decía el General Francisco René Pedraza, comandante en el 2001 de la Tercera Brigada del Ejército, de la que dependía el Batallón Palacé de Buga (El Tiempo 2001).

Referentes bibliográficos

Fuentes documentales

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