3.1 Dimensión productiva y económica

Como se ha mencionado, esta dimensión busca generar oportunidades en los excombatientes, para lograr ingresos sostenibles en el marco de la legalidad (^{Marín et al., 2020}). Conceptualmente, difiere de lo mencionado por ^{Ordóñez y Mosquera (2016)}, quienes afirman que esta dimensión hace referencia al apoyo de emprendimientos productivos. Se puede reconocer una mayor pertinencia del concepto en ^{Marín et al. (2020)} debido a dos factores: primero, por una cercanía a lo propuesto por la Política Nacional de Reintegración. Segundo, debido a que la experiencia de la ARN ha permitido identificar que no solo los emprendimientos permitirán la sostenibilidad de los excombatientes, sino también el fortalecimiento de habilidades en excombatientes para el acceso al empleo formal.

La economía es una de las dimensiones más importantes en el proceso de reintegración, puesto que permite el acceso al mercado laboral y la generación de ingresos sostenibles (^{Escobar-Espinoza et al., 2019}; ^{Petcu, 2020}; ^{Sacristán, 2020}). Este proceso implica la compensación económica, la formación profesional y la generación de modelos que posibiliten la transición a la vida civil por parte de los excombatientes (^{Petcu, 2020}; ^{María y Escobar, 2018}).

La dimensión económica, respecto a los procesos de desmovilización, se ha abordado desde una economía centrada en un mercado liberal. Lo anterior con el propósito de fortalecer un sector privado que facilite el desarrollo del espíritu empresarial y la inversión extranjera (^{Thorsell, 2013}). Esta tendencia busca no afectar las reglas de acceso a algún tipo de trabajo, facilitar la consecución de empleos, la generación de microemprendimientos, y la capacitación y educación de excombatientes para que trabajen en el sector privado. Como lo afirma ^{Thorsell (2013)}, en Colombia se ha privilegiado el modelo neoliberal⁵. Aunque, según su análisis, no es un modelo exitoso por la dependencia del sector privado.

Es importante precisar que en Colombia la dimensión económica ha tenido ajustes de manera histórica. Al inicio, la implementación de la Política Pública se centraba en apoyos económicos dirigidos a proyectos productivos que surgían desde los excombatientes. En el 2013, a través del modelo multidimensional, surge la dimensión productiva que incluye una tendencia hacia el logro de oportunidades en contexto, el fortalecimiento del talento, la generación de ingresos, las opciones productivas y el manejo financiero (^{ARN, 2021c}). Además de la existencia de múltiples propósitos cercanos a un modelo neoliberal, tal como lo describe ^{Thorsell (2013)}.

El modelo multidimensional descrito surge en el año 2013 a través de la resolución 074 de 2013 (^{ARN, 2013}). Se caracteriza por una comprensión más humana del individuo, vista desde varias dimensiones y según la realidad del país; modelo que tiene una mayor duración en el tiempo. Es importante aclarar que la Agencia para la Reincorporación y Normalización se denominaba previamente como Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Este ajuste se debe a los énfasis que desea hacer el país en los procesos, no corresponde a modificaciones en las dimensiones, estrategias y en la Política Pública de Reintegración.

Es claro que la dimensión económica hace parte de todo proceso de reintegración y afecta el componente social; esto se puede afirmar por lo descrito por ^{Jiménez (2014)}: “La reintegración tiene una esencia particularmente comunitarista, pues es un proceso social en el que interactúan varias dimensiones: política, económica, democrática, de reconciliación” (p. 4). Se puede identificar, en este segmento de texto, que el proceso de reintegración se asume desde una perspectiva social, pero además que implica el abordaje del desarrollo económico. Esto se puede asociar con lo que menciona ^{Mesa (2017)}, al indicar que el poco mercado laboral, para las personas que le han apostado al proceso de reintegración, puede ser una barrera en la esfera social; es decir, integra los elementos económicos con los impactos sociales del propósito de la reintegración.

Esta dimensión ha hecho parte de los procesos de reintegración, tiene su origen en el proceso de desmovilización colectiva de grupos de autodefensas en el año 2003 y 2006 (^{Thorsell, 2013}). Es importante precisar que en Colombia, actualmente, en el marco del Proceso de Reincorporación de exintegrantes de FARC, el modelo incluye tres ejes: el primero, la asignación única de normalización, que corresponde a la asignación de monto de dinero por única vez para la satisfacción de necesidades básicas; el segundo, la entrega de una renta básica mensual que corresponde al 90% del salario mínimo mensual, que se otorga por 24 meses; tercero, la asignación de capital semilla para proyectos productivos (^{ARN, 2021b}).

Adicionalmente, la ARN acompaña a los excombatientes para que puedan formular un proyecto o iniciativa productiva, que ya sea desde el emprendimiento o desde el fortalecimiento a unidades productivas ya en marcha, puede contar con un capital semilla que se contempla entre los beneficios económicos a los que pueden acceder las personas en proceso de reintegración denominado Beneficio de Inserción Económica y cuyo monto depende del tipo de desmovilización y puede ser entre 2 y 8 millones de pesos. Luego de la formulación y aprobación de la iniciativa productiva, previo cumplimiento de requisitos de la entidad, el recurso es entregado a la persona en insumos, herramientas, maquinaria o equipo que se requiera, para que desde allí pueda generar los recursos económicos que le garanticen sus sostenibilidad; las cifras de la ^{ARN (2022)} señalan que 26.397 personas del proceso de Reintegración recibieron el Beneficio de Inserción Económica y que el 57% de estas unidades productivas, que equivale a 10.763, se encuentran en funcionamiento o activas.

El modelo y estrategias implementadas dependen de múltiples factores, entre ellos, la oportunidad del contexto para que el excombatiente tenga acceso al empleo y, en general, pueda tener acceso económico.

3.2 Oportunidades de contexto económico

El acceso económico por parte del excombatiente, durante la ruta de reintegración, es fundamental para lograr la permanencia en la vida civil (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015}). Esto implica la participación activa de las instituciones del estado y los sectores privados empresariales; lo cual garantiza, en gran medida, brindar las condiciones de estabilidad de las personas en proceso de reintegración, mediante la creación de oportunidades económicas (^{Barreto-Henriques, 2014}). Es decir, que el proceso no solo se logra a través del compromiso del excombatiente, sino también de la participación del sector privado y las oportunidades que este genera.

Existen múltiples factores que afectan la inserción económica y productiva del excombatiente. Es de esta manera que es relevante citar el estudio de ^{Luna-Amador et al. (2020)}, quienes determinaron los factores que influyen en la integración económica de los excombatientes de los GAOML en el departamento de Bolívar, Colombia. Estos ponen en evidencia, de manera inicial, que, del total de desmovilizados que culminaron la ruta de reintegración en septiembre del año 2018, solo el 23,86% (5.582 de 23.395 excombatientes) lograron vincularse de manera formal a actividades productivas. Al analizar las dificultades se identifican factores que influyeron, entre ellos: la edad, el nivel educativo, el género y el ingreso familiar. Asimismo, en el estudio desarrollado por ^{Restrepo-Pineda et al. (2017)} se reconocen barreras como la baja oferta laboral, el desconocimiento de habilidades de los excombatientes, la presión de grupos armados y la estigmatización social. Es importante mencionar que esta última, la estigmatización, ha sido reconocida como una de las principales barreras (^{Mouly et al., 2019}).

Al analizar la barrera de la edad, se determina que las posibilidades de participación en el mercado laboral aumentan en la medida en que los excombatientes presentan edades en un rango comprendido entre 21 y 30 años; asimismo, al alcanzar la madurez laboral comprendida entre 31 y 50 años se presentan bajos índices en la vinculación a actividades productivas (^{Luna-Amador et al., 2020}). Esto coincide con el estudio de ^{Robledo et al. (2019)}, donde se analizan los factores referentes a la capacidad laboral de los excombatientes mayores de 50 años, adscritos a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Estos, en su estudio, identifican que el índice de participación en el mercado laboral para esta población se ve afectado por las limitaciones físicas y mentales, que comprometen el desempeño en las habilidades productivas (^{Robledo et al. 2019}).

Lo anterior condiciona la actividad laboral de los adultos mayores desmovilizados a trabajos informales, independientes y actividades agrícolas (^{Robledo et al., 2019}). La dificultad de acceso a empleos formales coincide con los hallazgos de ^{Robledo et al. (2020)}, donde se identifica el nivel de vulnerabilidad de la población, por las complicaciones de acceder a una seguridad económica. En este punto se genera un llamado hacia las instituciones estatales, para generar estrategias que garanticen la vejez digna desde la vinculación laboral, planes de capacitación, iniciativas de emprendimiento y el acompañamiento psicosocial para garantizar el derecho al trabajo (^{Robledo et al., 2019}).

A partir de la variable de nivel educativo, en el estudio de ^{Luna-Amador et al. (2020)}, se identifica una relación directamente proporcional entre el nivel de educación del excombatiente y las posibilidades de reintegrarse económicamente en el mercado laboral. Esto se debe a la creciente demanda de personal cualificado frente al desarrollo de mercados con mayor índice de complejidad. Por lo tanto, para garantizar la vinculación al empleo formal, la ARN debe generar estrategias de acompañamiento para la formación educativa de los desmovilizados, fortaleciendo la competitividad y el perfil laboral. Según cifras de la ^{ARN (2019)} y ^{ARN (2022)} de las 26.777 personas que han culminado de manera satisfactoria su proceso de Reintegración con corte al 31 de enero del 2022, el 50% de esta población, es decir, cerca de 13.388 personas alcanzar el nivel de bachiller, y de las 3.205 personas que están activas en su ruta de reintegración a la misma fecha el 31% ha alcanzado su título de bachiller.

Además, el estudio de ^{Luna-Amador et al. (2020)} coincide con el análisis presentado por ^{Pachón (2017)}, cuyo enfoque es el estudio del rol de las instituciones de educación superior en el proceso de inclusión social de excombatientes. Se establece la necesidad de generar alianzas con instituciones educativas para facilitar escenarios de inclusión social en la comunidad académica y el acceso a una educación formal. Esto se debe a que la formación académica técnico-profesional o profesional posibilita en mayor medida la generación de ingresos sostenibles a partir del acceso al mercado laboral (^{Luna-Amador et al., 2020}; ^{Rodríguez et al., 2019}).

Frente a la variable socioeconómica de género, ^{Luna-Amador et al. (2020)} establecen que se presenta una baja tasa de participación por parte de las mujeres en el mercado laboral. Una de las principales razones encontradas fueron los sectores económicos que vinculan laboralmente a los excombatientes, cuya actividad operativa, por lo general, requiere alto trabajo físico, que condiciona la selección de trabajo, dando prioridad a los hombres. En este punto, ^{Luna-Amador et al. (2020)} afirman que es necesario generar un plan de reintegración económica orientado al género femenino, considerando el contexto individual y familiar.

Frente a esta postura, ^{Ruiz y Huertas (2019)} y ^{Cárdenas et al. (2018)} coinciden en que es necesario establecer un enfoque de género y diferencial en el proceso de reintegración. De esta manera se implica una dimensión de género para analizar de manera diferencial y comprender las experiencias de los excombatientes. Con lo anterior se implementa un elemento diferencial para el diseño de estrategias adaptativas que busquen la seguridad de la persona en proceso de reintegración y la construcción de proyectos de vida dentro del marco de la legalidad, que generen espacios de igualdad y libres de discriminación de género en el sector empresarial.

3.3 Responsabilidad del sector privado

La construcción de paz en el país requiere de una mirada desde diferentes niveles de participación (^{Lederach, 1998}); lo anterior, más allá de la firma de acuerdos entre el estado y grupos armados ilegales. Las empresas y organizaciones pueden aportar a la construcción de paz a través de la generación de oportunidades laborales a los excombatientes y la formación de competencias laborales a través de experiencias centradas en la práctica.

En otro sentido, según ^{Gómez-Nieto y Martínez-Domínguez (2015)}, ^{Rivero-Ricardo (2018)} y ^{Avendaño (2013)} la responsabilidad social empresarial (RSE) hace referencia a la integración de las problemáticas sociales en las operaciones comerciales y las relaciones en el foro interno y externo de las empresas. En este sentido, una empresa socialmente responsable apela a fundamentos éticos para la contribución al desarrollo sostenible en el marco económico, social y medioambiental. Para lo anterior, la RSE se debe visualizar como una herramienta de transparencia y comunicación que integre los diferentes componentes de la organización, para facilitar la conexión entre los valores de la sociedad y los valores organizacionales (^{Sierra, 2021}).

Lo mencionado anteriormente se puede asociar a lo descrito por ^{Barrios-Hernández (2016)}, quien considera a la RSE como un elemento fundamental para el desarrollo económico sostenible y para la generación de impactos sociales en pro de mejorar la calidad de vida de las comunidades. En este sentido, las organizaciones, como agentes de la comunidad donde operan, no deben ser ajenas al contexto social al que pertenecen, lo cual implica una concientización de las problemáticas ambientales con las que coexisten (^{Salas-Arbeláez et al., 2020}; ^{Cámara de Comercio de Bogotá et al., 2015}).

En el marco de la construcción de paz en Colombia, ^{Barrios-Hernández (2016)} establece que la inclusión social de las empresas, como estrategia para facilitar los procesos de paz, implica la construcción de modelos gerenciales o mecanismos orientados a la inclusión social y la inserción de los actores del conflicto al mundo laboral. Para lo anterior se propone el desarrollo de programas de educación y gestión del talento humano, bajo aportes económicos del sector privado, con la finalidad de contribuir de manera análoga a la estabilidad social de los excombatientes y al incremento de los índices de productividad del país (^{Sierra, 2021}). Según cifras de la ^{ARN (2022)}, se han logrado acercamientos con 650 empresas aliadas que han aportado a los procesos de Reintegración y Reincorporación que lidera la entidad.

Lo anterior se puede contrastar con las visiones planteadas por ^{González (2016)}, referentes al rol de la empresa privada en el posconflicto y la construcción de paz en Colombia (ver Figura 3).

Fuente: tomado de ^{González (2016)}.

Figura 3 Enfoques de la empresa privada en el conflicto 

^{González (2016)} determina, en primera instancia, que la empresa privada puede ser perpetuadora del conflicto, debido a un factor social de inequidad, generado por la concentración de riqueza en pocos agentes de la comunidad. En el segundo escenario se identifica al sector privado como un actor potenciador de la construcción de paz, a partir del diseño de políticas de inclusión social y económica. A partir de lo anterior se identifica el potencial de la empresa como un agente generador de oportunidades laborales y emprendimiento para las personas desmovilizadas y víctimas de la guerra (^{Magali et al., 2021}). Finalmente, la tercera visión identifica al sector privado como víctima del conflicto en términos económicos y de seguridad, a partir de la vulnerabilidad de la infraestructura del entorno en el que operan las organizaciones (^{González, 2016}).

Bajo la consideración del aporte del sector privado a la reintegración económica y construcción de paz en Colombia, la ^{Cámara de Comercio de Bogotá y Fundación Ideas para la Paz (2015)} proponen diferentes rutas de intervención (ver Figura 4).

Fuente: elaboración propia basada en ^{Cámara de Comercio de Bogotá́ y Fundación Ideas para la Paz (2015)}.

Figura 4 Rutas de participación del sector privado en materia de reintegración social 

Considerando lo anterior, la ^{Cámara de Comercio de Bogotá́ et al. (2015)}, en la descripción de la iniciativa orientada a la reintegración socioeconómica de las personas en proceso de reintegración que atiende la ARN, plantea la necesidad de generar condiciones que permitan la vinculación al mundo laboral. En este sentido, las iniciativas de generación de empleo de manera directa o indirecta, en relación con las condiciones de trabajo digno, la compra de productos desarrollados por personas en proceso de reintegración y el ofrecimiento de asesorías para el fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento, son rutas viables para el aporte en el desarrollo de habilidades, conocimiento y aptitudes, que permitan a los excombatientes desempeñarse de manera exitosa en el mercado laboral y las actividades económicas (^{Cámara de Comercio de Bogotá́ y Fundación Ideas para la Paz, 2017}).

3.4 Vinculación Laboral

La vinculación laboral es uno de los elementos con mayor fuerza para avanzar en el proceso de reintegración; para esto se propone que el excombatiente: fortalezca sus habilidades, reciba orientación vocacional, tenga un acompañamiento psicosocial y se oriente para el mejoramiento del perfil educativo (^{Rodríguez et al., 2019}). Todo parece indicar que los anteriores son elementos mínimos para que un excombatiente logre un empleo digno, sin embargo, de acuerdo a los análisis, requiere la oportunidad de acceso y la apertura por parte de las empresas.

Para comprender un poco la vinculación laboral, se debe recurrir a las cifras de la ARN del año 2020. Estas muestran que, para ese año, ingresaron 53.028 personas al proceso de reintegración de los cuales 4.530 estaban desocupados, 1 vinculado al sector formal, 27.430 vinculados al sector informal y 6.121 catalogados como una población económicamente inactiva. Ahora bien, el panorama es similar para las personas que han culminado el proceso, para ese mismo año existían 26.814 personas que habían culminado de las cuales 1.714 estaban desocupados, 1 vinculado al sector formal, 20.902 vinculados al sector informal y 2.551 económicamente inactivos (^{ARN, 2021d}). Lo anterior puede dar cuenta que puede existir una tendencia a la vinculación al sector informal, al parecer existen barreras importantes en el campo laboral en el momento de la vinculación a un empleo formal, lo cual se describirá a continuación.

Son precisamente ^{García-Guiliany et al. (2018)} quienes realizan una evaluación del nivel de preparación de las empresas colombianas para efectuar los procesos involucrados en la inserción, integración y la prestación de un espacio equitativo en el ámbito laboral para las poblaciones implicadas en el conflicto armado. Esto a partir del pilar de que el entorno empresarial es un actor relevante en la construcción de paz. Sin embargo, se identificó que las empresas evaluadas no están totalmente preparadas para el posconflicto. Se determinó que los índices de desinformación por parte de los empresarios son altos respecto a los procesos fomentados por el Estado.

La negativa de los empresarios ante la posibilidad de vinculación laboral a personas en condición de desplazamiento y desmovilizados por el conflicto armado obedece a diferentes factores, tales como: cantidad y calidad de la información existente respecto a las políticas de vinculación laboral, beneficios otorgados por el Estado, inversión en programas de capacitación y/o formación, impacto en el clima organizacional y conocimientos de los aspirantes al empleo (^{García-Guiliany et al., 2018}).

Lo anterior puede vincularse con el estudio de ^{Sandoval et al. (2019)}, donde se analiza la percepción de empresarios en las ciudades de Palmira, Florida, Candelaria y Pradera respecto a la contratación laboral de excombatientes en sus empresas. Con lo anterior, se evidenció una polarización por parte del sector privado ante la posibilidad de vinculación laboral de excombatientes. Se encontró que, de las empresas estudiadas, aproximadamente, el 40% de los empresarios contrataría a estos individuos, mientras que el 33% no los vincularía (^{Sandoval et al., 2019}). Además, se identifica que el 27% de las organizaciones estudiadas se encuentran indecisas frente a la idea de vincular laboralmente a personas en proceso de reintegración.

A partir de lo anterior, ^{García-Guiliany et al. (2018)} y ^{Sandoval et al. (2019)} establecen la importancia de que el sector privado asuma un mayor compromiso con su entorno, para la generación de estrategias orientadas a la contribución de empleabilidad en el posconflicto y propiciación de emprendimientos. Además, se propone la generación de alianzas entre la ARN y las agremiaciones empresariales, con la finalidad de generar espacios de convivencia, cooperación y reconciliación, desde un componente educativo y de sensibilización (^{Restrepo y Giraldo, 2017}). Esto a partir de estrategias que generen un efecto positivo sobre las decisiones de contratación de los empresarios, tales como: las políticas de incentivos del gobierno, los alivios fiscales y el mayor reconocimiento empresarial (^{Sandoval et al., 2019}).

Por otro lado, hay que resaltar la tendencia de la reintegración de incentivar, a través de apoyos económicos, la creación de un proyecto productivo. Según cifras de ^{ARN (2020)}, para esa fecha se habían creado 21.803 unidades de negocios como beneficio en la inserción económica; de estas, 7.709 se encontraban cerradas, 10.296 en funcionamiento, 250 pendientes por la visita y 3.548 no requerían de la verificación de su funcionamiento porque son de vigencias anteriores. Es decir que, frente a las dificultades de acceso al empleo, el capital semilla se consolida como una estrategia para que las personas culminadas logren un acceso económico.

3.5 Modelos de entornos productivos

Finalmente están los entornos productivos, los cuales surgen durante el año 2014 como una apuesta de la ARN, estos son reconocidos como una estrategia de acompañamiento integral que apuesta al desarrollo territorial. Los modelos de entornos productivos se desarrollan a partir de un proceso de formación técnico en un ambiente productivo, generando espacios exclusivos para cada persona en proceso de reintegración. Es en este dónde se genera un acompañamiento intensivo, cuyo enfoque es el desarrollo de sus capacidades relacionadas con la formación académica y al aprendizaje de una actividad productiva (^{ARN, 2017}; ^{ARN, 2015}). Según cifras de la ^{ARN (2022)}, entre el año 2014 y el 2021 se han implementado en todo el territorio nacional un total de 24 Entornos productivos que han impactado a cerca de 800 personas.

A nivel general, este modelo atiende a la necesidad de superación de la situación de vulnerabilidad, la cual implica la ausencia y necesidad de fortalecimiento de capacidades, que permitan el ejercicio autónomo de ciudadanía, derivada del proceso de permanencia y desmovilización de un GAOML. La estrategia de superación de vulnerabilidad y realización de un proyecto de vida en la legalidad es proyectada a partir del desarrollo de capacidades y la adquisición de activos físicos, financieros e intangibles (vínculos o relaciones sociales) (^{ARN, 2017}).

Este modelo contempla que para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades productivas, es necesario la implementación de una metodología “aprender haciendo”, empleada para generar conocimientos desde la experiencia, a partir de actividades contextualizadas y desarrolladas de manera similar a como se van a dar en un entorno laboral, lo que facilita adquirir capacidades en la cotidianidad (^{ARN, 2021c}).

Los modelos de entornos productivos tienen un enfoque territorial para el desarrollo de intervenciones o acompañamientos en las regiones, a partir de su contexto económico, social y político. Por lo tanto, estos modelos reconocen las oportunidades y desafíos de cada territorio, permitiendo un desarrollo desde el perfil de empleabilidad de la región en la cual se lleva a cabo el modelo, además de tener en cuenta los impactos sociales que este tipo de intervenciones pueden generar en las comunidades, al convertirse en espacios de cohesión y convivencia (^{ARN, 2017}).

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (^{ARN, 2017}) determina que las dimensiones con mayor énfasis en los espacios generados en los modelos de entornos productivos son: personal, educativa y productiva. En específico, la dimensión productiva contribuye en el propósito de desarrollo y fortalecimiento de capacidades a través de formación intensiva y de dedicación exclusiva para la superación de la situación de vulnerabilidad. Lo anterior se genera en la medida en que se evidencia la adaptación por parte de las personas en proceso de reintegración al contexto productivo. Por lo tanto, estos espacios de formación son la plataforma para la orientación vocacional de las personas, permitiendo un panorama laboral más amplio y brindando los elementos para un desarrollo productivo en su proyecto de vida.