1.1 Medidas económicas tomadas por el Gobierno peruano

El Gobierno peruano implementó una serie de transferencias sociales en efectivo y en especie que respondieron a la demanda generalizada del uso de la protección social como una herramienta para fortalecer la resiliencia de los hogares pobres y vulnerables a las crisis provocadas por la COVID-19 (^{Bowen et al., 2020}). La respuesta del Gobierno se dividió en: i) medidas para mitigar las consecuencias adversas de la pandemia y ii) políticas para estimular la economía (^{Olivera, 2022}).

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (^{INEI, 2021}), como efecto de la COVID-19, en la economía peruana se produjo la caída del PBI en el año 2020 del orden de 11,10%, respecto al año 2019, con el consecuente efecto en el ensanchamiento de la pobreza monetaria en el Perú. Una manifestación notoria de los efectos de la crisis sanitaria consistió en la pérdida de empleo por parte de los trabajadores de actividades formales e informales, con consecuencias en la degradación de ingresos para las familias peruanas, derivando sus efectos negativos en el acceso a servicios educativos públicos y privados y a servicios de salud públicos y privados. De acuerdo con los estimados de ^{Gamero y Pérez (2020)}, los ingresos de los hogares peruanos habían retrocedido a niveles de 2011.

Además de los posibles efectos negativos de la pandemia, de la recesión económica y el empleo, así como de las pérdidas en la evolución de las cotizaciones previsionales, el Gobierno y el Congreso del Perú implementaron algunas medidas que podrían poner en peligro la seguridad en la vejez de los participantes en el sistema privado de pensiones (SPP). Estas medidas permitieron que las personas realizaran retiros anticipados de fondos de pensiones. En abril de 2020, se fijaron tres medidas de retiro (dos del Gobierno y una del Congreso) y el Congreso fijó una cuarta medida en noviembre, lo que implicó un drenaje de 33.000.723.000 soles de los fondos de pensiones (equivalente al 4,5% del PBI de 2020).

A la deriva hacia una tendencia peligrosa, una quinta política de retiro fue implementada por el Congreso en mayo de 2021, lo que significó el retiro de 32.000.219.000 soles, equivalente al 3,7% del PBI en 2021. Finalmente, un sexto retiro fue implementado por el Congreso en mayo de 2022. En esa línea, ^{Olivera (2022)} indica que la razón principal dada por las autoridades para implementar las políticas de retiro fue dar liquidez a las familias ante la pérdida de empleo y la crisis económica generada por la pandemia; asimismo, aporta al menos dos razones por las que esta política puede ser problemática y estar mal diseñada. La primera razón es que los fondos de pensiones se reducen severamente o incluso se agotan, particularmente para los afiliados con saldos de pensiones pequeños, lo que reducirá los recursos para financiar un nivel de vida adecuado durante la vejez. A diferencia de muchos otros países, el Perú no cuenta con una pensión social universal que pueda atenuar el riesgo de caer en la pobreza al entrar en etapa de la vejez. La segunda razón es que las políticas de retiro no están dirigidas a familias en condiciones más adversas, como se mencionó en los argumentos a favor de las medidas. Las condiciones de elegibilidad son muy laxas, por lo que prácticamente cualquier afiliado puede retirar fondos, independientemente del tamaño del saldo de la pensión o los niveles de ingresos.

1.2 El sistema previsional en el Perú

^{Bernal (2020)}, en el análisis del sistema de pensiones en el Perú, identifica que el sistema previsional peruano cuenta con dos esquemas principales que representan dos alternativas opcionales para las personas: el sistema contributivo, basado en cuentas de jubilación individuales, creado en 1992 e implementado en junio de 1993, y el sistema no contributivo. El componente del sistema previsional contributivo está conformado por todos aquellos en los que el trabajador tiene que realizar aportaciones para en el futuro poder recibir una pensión. Tal como se puede visualizar en la Figura 1, el sistema previsional contributivo tiene dos componentes: el sistema público de pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el sistema privado de pensiones, que está bajo la Administración de Fondos de Pensiones (AFP).

Fuente: elaboración propia con los datos de la Superintendencia de Banca y Seguros (^{SBS, 2022}) del Perú.

Figura 1 Sistema de pensiones en el Perú 

1.3 Revisión de la literatura

La teoría de las perspectivas fue desarrollada por ^{Kahneman y Tversky (1979)}, en ella se describe el comportamiento real de los individuos en circunstancias bajo las cuales toman decisiones de elección entre alternativas que suponen riesgos; asimismo, afirman que los individuos evalúan de manera asimétrica sus perspectivas sobre posibles pérdidas y ganancias. En consecuencia, ^{Laibson y Zeckhauser (1998)} expresan que los conceptos de Tversky han influido ampliamente en las ciencias sociales.

Sobre el rol de las ciencias económicas en la formulación de políticas públicas, ^{Amir et al. (2005)} afirmaron que la economía ha sido típicamente la ciencia social elegida para la formulación de políticas y la información de políticas públicas que, al lado de ciencias del comportamiento como la psicología, se constituye en una herramienta para reflexionar y dar enfoque para convencer a los responsables políticos de que escuchen a los científicos del comportamiento. ^{Shiller (2005)}, refiriéndose a la economía del comportamiento, afirma que ha desempeñado un papel fundamental en la innovación de las instituciones económicas, incluso mucho antes de que la economía del comportamiento fuera reconocida como disciplina. Entre algunos ejemplos históricos, se destaca el de la invención de la compensación para trabajadores. Al respecto, ^{Epstein (2006)} agrega que la economía del comportamiento permite analizar los errores humanos y efectuar correcciones del mercado.

^{Lusardi (2005)} estudió el tema de la jubilación en el contexto americano, en sus hallazgos se evidenció que muchas familias llegaban cerca de la edad de jubilación con poco o nada de ahorros previsionales. Al respecto, ^{Neale (2005)} agrega que esta realidad requería de un diseño de la estructura de pensiones y seminarios de capacitación para futuros jubilados en temas de finanzas personales, a fin de que fueran estimulados para incrementar sus ahorros para fines de jubilación. ^{Tantia et al. (2014)}, refiriéndose a las decisiones de ahorro que toman los individuos, formularon una pregunta singularmente importante del porqué a las personas les resulta tan difícil ahorrar y, de manera rutinaria, toman malas decisiones de ahorro.

Asimismo, el incremento de fondos previsionales mediante el autoahorro con fines de jubilación supone la planificación personal de ahorros para el retiro y depende de la actitud de los futuros jubilados, este tema está relacionado con el atributo de autocontrol de la economía conductual. Al respecto, ^{Campos (2017)} y ^{Baucells y Sarin (2019)} afirman que en temas de preferencias en el tiempo, las personas tienen un fuerte sesgo por el presente, resaltando que los individuos demasiado impacientes tienen tasas de descuento muy altas, por tanto valoran más el presente que el futuro, concepto que es muy importante para abordar el tema del ahorro para la jubilación, que consiste en tomar decisiones de ahorro para el futuro.

En relación con las previsiones a futuro, ^{Thaler y Benartzi (2001)} afirman que se puede utilizar la economía conductual para diseñar programas prescriptivos efectivos para importantes decisiones. Recientemente, ^{García et al. (2020)} realizaron el análisis de los factores determinantes de ahorro voluntario en dinero, en bienes, así como los ahorros en el sistema financiero peruano con fines de jubilación. Los hallazgos encontrados en el estudio sugieren que las personas que tienen mayor inclinación por el ahorro son aquellas que tienen excedentes de consumo, significativo nivel educativo, poseen cultura financiera y tienen acceso al crédito en el sistema financiero formal.

Con relación al tema de tomar decisiones de ahorro a futuro, ^{Gradinaru (2014)} sugiere la realización de un adecuado estudio de las actitudes y mecanismos del proceso de toma de decisiones de las personas, en donde se tengan en cuenta aspectos subjetivos y psicológicos de la economía del comportamiento. Análisis que permitirá una mejor explicación de los problemas económicos que afrontan los individuos y la búsqueda de soluciones pertinentes. ^{Fonseca et al. (2018)} afirman que todavía es posible notar que el campo de la economía del comportamiento abarca temas que conectan el comportamiento humano con la demanda, el consumo y el precio, con las inversiones y con las decisiones gerenciales, así como con el papel que juegan las heurísticas y los sesgos cognitivos en los procesos de toma de decisiones.

En relación con el tema de influir en el comportamiento de las personas para que adopten decisiones en determinados sentidos, lo que en economía conductual se conoce con el nombre de “empujar”, ^{Lembcke et al. (2019)} afirman que se ha convertido en un concepto bien conocido en la formulación de políticas en todo el mundo, apoyando cambios de comportamiento como un mayor ahorro para la jubilación, una nutrición más sana o el ahorro de recursos naturales. Partiendo de la economía del comportamiento, las intervenciones de empujón tienen como objetivo cambiar los comportamientos de las personas sin limitar su libertad de elección, ejercer coerción o cambiar significativamente los incentivos económicos. Dado que el empujón todavía perjudica la autonomía de las personas, el concepto ha suscitado acalorados debates sobre su aceptabilidad ética.

Por otro lado, ^{Robinson y Hammitt (2011)}, con relación al tema de análisis de costo-beneficio bajo el concepto de economía conductual, afirman que a menudo implica la valoración de resultados ajenos al mercado, como la reducción de los riesgos para la salud y el medio ambiente.

^{Tryggvi e Ichiro (2013)}, en el campo de la economía del comportamiento, combinan la psicología y la economía para investigar cómo se comportan realmente los individuos en oposición a cómo se comportarían si fueran perfectamente racionales (en el sentido de maximizar su utilidad). ^{Datta y Mullainathan (2014)} señalan que los programas de desarrollo exitosos dependen de que las personas se comporten y elijan de cierta manera, por lo que la economía del comportamiento nos ayuda a comprender por qué las personas se comportan y eligen como lo hacen.

Para ^{Bolton y Ockenfels (2012)}, la ingeniería económica del comportamiento es un campo de investigación prometedor, en el que se puede tratar cómo los fenómenos del comportamiento pueden afectar la ingeniería económica, así como el papel de la teoría y los experimentos de laboratorio para la ingeniería económica del comportamiento en la práctica.

^{Kremer et al. (2019)} señalan que los temas de comportamiento cubiertos incluyen preferencias no estándar (sesgo presente, aversión a la pérdida y preferencias sociales), creencias no estándar (ingenuidad y aprendizaje no bayesiano) y toma de decisiones no estándar (atención y memoria limitadas, contabilidad mental y efectos predeterminados). Por lo que las empresas de los países en desarrollo tienen más probabilidades de desviarse de la maximización de beneficios y que el estudio de las “empresas conductuales” en estos países es una nueva agenda de investigación prometedora.

^{Kahneman et al. (1997)} afirman que las decisiones de las personas frecuentemente tienen un alto componente afectivo, que no necesariamente se ajustan a la lógica de las preferencias económicas. Por tanto, se hace necesario entender la psicología de las emociones. Tampoco se puede dar por hecho que las preferencias están controladas por las emociones del momento, o incluso se puede esperar que sean razonables según el criterio, más sereno, del razonamiento reflexivo.

^{Kooreman y Prast (2010)}, en sus hallazgos referidos al comportamiento de los individuos, se refieren a que la conducta de las personas, a menudo, no está en línea con sus intenciones, que son sensibles a la forma como se presentan las opciones y que sus habilidades cognitivas son limitadas. Además, puntualizan que esto se manifiesta particularmente en espacios de elección intertemporal, como las finanzas personales y el comportamiento relacionado con la salud y, en una de sus conclusiones, se refieren a las políticas públicas que deberían adoptar los formuladores de políticas, el de ayudar a los ciudadanos a que tomen decisiones más concordantes con sus preferencias normativas.

^{Tapia y Yermo (2011)} afirman que los economistas conductuales y las investigaciones empíricas han demostrado que, en realidad, los afiliados a sistemas jubilatorios no son particularmente buenos en el manejo de sus ahorros para la jubilación, ya sea porque carecen de la capacidad cognitiva necesaria para resolver el problema de optimización, porque no tienen suficiente fuerza de voluntad para ejecutarlo o, incluso, a veces porque son demasiado confiados. Este documento describe hasta qué punto los miembros del plan toman decisiones de inversión activas en estos sistemas y evalúan las soluciones de política que se han propuesto para facilitar la elección.

^{Kaya y Taniş (2019)} aseveran que las teorías económicas tradicionales sugieren en gran medida que el individuo se encuentra en actividades que toman decisiones racionales y maximizan sus propios beneficios. Pero, según la economía del comportamiento, las decisiones y elecciones de las personas no siempre son perfectas. El comportamiento humano está influido por sentimientos como la justicia y la igualdad y por acontecimientos sociales, culturales y psicológicos, de modo que el individuo se aleja del supuesto de la racionalidad. La economía del comportamiento examina cómo se pueden utilizar los factores psicológicos para beneficiar a las personas. Uno de los mejores ejemplos de la práctica de la economía del comportamiento en la actualidad es el sistema de pensión individual. En este estudio se evalúa el enfoque de la economía del comportamiento dentro del sistema privado de pensiones en Turquía. Turquía se ha beneficiado de las soluciones propuestas en la aplicación de la economía del comportamiento en el sistema privado de pensiones y se han dado pasos en este sentido.

Para ^{McConnell (2013)}, el envejecimiento de la población representa un creciente desafío económico y de salud para muchos países. Si bien los economistas han estudiado ampliamente este tema, ha recibido menos atención directa del campo relativamente más joven de la economía del comportamiento. No obstante, muchas de las políticas mejor entendidas propuestas por la economía del comportamiento tienen implicaciones para el envejecimiento. ^{Chetty (2015)} analiza tres formas en que la economía del comportamiento puede contribuir a la política pública: ofreciendo nuevas herramientas de política, mejorando las predicciones sobre los efectos de las políticas existentes y generando nuevas implicaciones de bienestar.

De hecho, la economía del comportamiento abre una nueva justificación para la intervención del gobierno en los mercados (más allá de la tradicional basada en las fallas del mercado): cuando los individuos no optimizan incluso en mercados que funcionan bien, puede haber ganancias de bienestar a partir de las acciones del gobierno que ayudan a mejorar el bienestar individual. Tal como lo analizan en detalle ^{Rabin (1998)}, ^{Camerer y Loewenstein (2004)}, ^{McCaffery y Slemrod (2006)}, ^{Wilkinson (2007)}, ^{Angner y Loewenstein (2010)} y ^{Congdon et al. (2011)}, entre otros. La “economía del comportamiento” puede definirse ampliamente como un enfoque que utiliza métodos y evidencias de otras ciencias para informar el análisis de la toma de decisiones individual y grupal.

El ^{Banco Interamericano de Desarrollo (2019)} realizó una encuesta respecto al destino del fondo retirado, en Lima y el Callao entre septiembre de 2017 y mayo de 2018. Del 50% de los que retiraron, el 12% no habían usado el fondo, el 13% gastó todo, el 15% lo ahorró y el 10% invirtió todo. En general, hicieron ahorro y gasto. En ese momento, ninguno pasó la totalidad de su ahorro a una aseguradora. Del 28% de quienes habían ahorrado una parte o la totalidad de los fondos retirados, el 46% dejaron el fondo en la cuenta donde lo recibieron y el 54% lo trasladó a una institución financiera o lo ahorraba en casa.

Más de la mitad de quienes retiraron el 95,5% lo hicieron por desconfianza, alrededor del 75% pensaban que ellos podrían conseguir mejor rendimiento de sus fondos. Sin embargo, según la encuesta, no se ha demostrado la capacidad del afiliado para generar mayor rendimiento. De quienes invirtieron, el 41% no ha evaluado el retorno, el 25% no conocen el retorno y el 14% no reciben retorno.

En el documento de investigación N^o.2-2020, de la ^{Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (2020)}, se señala que el objetivo del sistema de pensiones, en el sentido de otorgar una pensión al jubilado que persista hasta su fallecimiento y, posteriormente, una pensión de sobrevivencia a sus dependientes, fue modificado convirtiendo al sistema privado de pensiones en un sistema de ahorro forzoso para la vejez. Además, pone en riesgo su sostenibilidad a largo plazo, al fomentar su descapitalización. Asimismo, determinan los riesgos a los que se expone el jubilado: de longevidad, al agotar sus recursos quedando en pobreza; de retorno, al no obtener la rentabilidad deseada; de comportamiento, ocasionado por los sesgos en la conducta financiera del afiliado en el momento de tomar decisiones, ya que prefiere el consumo presente, no logra anticipar pérdidas y la demora en tomar decisiones por la proliferación de opciones.

Para la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (^{FIAP, 2022}), desde 1993 a 2022, los sistemas de capitalización individual administrados por las AFP han sido capaces de incrementar los ahorros de sus afiliados mediante la rentabilidad obtenida a través de la gestión de carteras de inversión que, en promedio, en Latinoamérica, en términos reales, ha superado el 6% anual. Sin embargo, en el periodo de la pandemia (2020 a 2022), en el Perú han decidido por iniciativas del Gobierno y del Congreso permitir retiros de ahorros individuales a fin de mitigar los efectos del COVID-19 en los ingresos de las familias peruanas. Además, según la ^{FIAP (2022)}, en el Perú, los cinco retiros efectuados (excepcionales) se han traducido en una degradación de ahorros del orden de dieciocho mil millones de dólares. Por lo que, cerca de cinco millones de personas corren el riesgo de quedarse sin fondos, lo que equivale al 60% de los afiliados al sistema.

^{Madeira (2022)}, en el análisis del sistema de pensiones privados de Chile, describe la implementación de retiros de pensiones durante la pandemia a una escala mucho mayor que otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estimó en un modelo de ciclo de vida con datos de encuestas y halló que los hogares consumían una fracción significativa de su riqueza de pensiones no contributivas, lo que implica una compensación entre mejorar las pensiones públicas y aumentar los ahorros.

4.1 Discusión

Las iniciativas del Gobierno y las del Congreso del Perú que, por sentimientos de tipo afectivo, de empatía o de grupo (^{Kahneman et al., 1997}; ^{Lembcke et al., 2019}), autorizaron retiros anticipados sucesivos de fondos del SPP, en el contexto de la crisis (2020 a 2022), han permitido que las familias tuvieran recursos para solventar sus necesidades de alimentación, educación virtual, vivienda y salud. A estas iniciativas de políticas de gobierno se suma el concepto de empujoncito (nudging) de ^{Thaler y Sunstein (2008)} y, desde las políticas públicas, la búsqueda de impactos positivos en corto plazo para las familias (^{Madeira, 2022}), basada en que las políticas públicas deberían estar orientadas a impactar positivamente el bienestar de las familias (^{Chetty, 2015}).

En otro extremo, claro está que estas políticas descapitalizan los fondos jubilatorios (^{Lusardi, 2005}). Sin embargo, de acuerdo con el concepto de la economía conductual, para las personas el presente es lo más importante y, en el caso peruano, los fondistas del sistema privado de pensiones, en un 80%, están concentrados en el rango de edad que va de 30 a 45 años. Por lo tanto, tienen un amplio margen de tiempo para que, por medio de las políticas públicas, se estudien mecanismos para ampliar los importes de ahorro, con fines de incrementar los fondos jubilatorios desde la iniciativa de los mismos propietarios de fondos o desde el Gobierno. Para ello, diseñar mecanismos de transferencias programadas, orientados a incrementar estos fondos, a fin de que cuando toda esta masa de población se encuentre en la edad de jubilación, tenga fondos significativos para costear sus necesidades básicas.

De estas iniciativas de retiros de fondos jubilatorios, lo que llama la atención es el periodo acotado de retiro dado en cada una de las normas, así como las fechas programadas de confirmación de retiro por iniciales de los apellidos de los afiliados. Estas coincidieron exactamente con los periodos bajistas ocurridos en los mercados de capitales y, como efecto de ello, la caída en el valor de cuota de los fondos del sistema privado de pensiones. Por lo tanto, los fondistas retiraron importes disminuídos en algo de 35% respecto al valor que tenían en el periodo de prepandemia. En ese sentido, ^{Campos (2017)} y ^{Baucells y Sarin (2019)} señalan que las personas tienen un fuerte sesgo por el presente en la toma de decisiones.

En adición a lo expresado, hubo ausencia de charlas de educación financiera de análisis técnico y fundamental para gestionar los retiros en su mejor momento; por lo que, para el concepto de medición de preferencias de tiempo, el 70% de fondistas que decidieron retirar anticipadamente sus fondos asumieron altas tasas de descuento (^{Campos, 2017}; ^{Smith y O’Gorman, 1941}), y consecuentemente retiraron importes disminuídos. Por lo tanto, una situación mejor gestionada, sumada al concepto de autocontrol y libertad para los retiros autorizados, hubiera evitado pérdidas significativas en el valor cuota de los fondos y maximizado los beneficios para los fondistas.

4.2 Conclusiones

El sistema privado de pensiones peruano ha sido y es un sistema de ahorro valioso que, al 30 de septiembre del 2022, incluye a más de ocho millones de afiliados y administra un poco más de 130 mil millones de soles, después de haber desembolsado más de 140 mil millones de soles durante el periodo de la pandemia. Este importe, tanto como los bonos y transferencias del Gobierno para poblaciones no incluídas en el sistema privado de pensiones y los programas de crédito reactivo que puso en marcha el Gobierno, cumplieron su rol en la tarea de reactivación de la actividad económica en todo el país, con resultados de crecimiento de PBI alcanzado en el año 2021 de 13,60% respecto al año 2020.

Respecto a los retiros anticipados de fondos jubilatorios, administrados por el sistema privado de pensiones, autorizados por el Gobierno y por el Congreso durante los años 2020, 2021 y 2022, tal como ha quedado demostrado en la presente investigación, se ejecutaron en periodos bajistas ocurridos en los mercados de capitales, hechos que afectaron el valor cuota de los fondos y disminuyeron el importe de los retiros de los fondistas.

En un contexto tan complejo, en donde se juntaron los sentimientos de identidad afectiva de grupo y empatía, se autorizaron y ejecutaron los retiros mostrados en la Tabla 3. Estos impactaron de tal forma que disminuyeron la capitalización de fondos de los afiliados al sistema. Argumento que ha utilizado la ^{Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (2020)} para mostrar frontalmente su oposición a los programas de retiros, aunque tuvo que ejecutarlos en cumplimiento de la normativa dada por el Gobierno y por el Congreso del Perú.

Al examinar la estadística de edad promedio de fondistas afiliados al sistema privado de pensiones, que se concentra en el rango de 30 a 45 años, queda pendiente para futuras investigaciones encontrar mecanismos orientados a recuperar la capitalización de los fondos con el claro objetivo de mejorar los importes de los fondos de jubilación.