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Introducción
En Colombia ha existido presencia de expresiones paramilitares desde la década de los cincuenta con los llamados grupos “chulavitas” y los “pájaros” (bandas de civiles organizadas durante la época de La Violencia colombiana, cuyo fin era la defensa de intereses ideológicos liberales o conservadores con el amparo de esferas de poder), durante el llamado en Colombia, periodo de la violencia (Rivas& Rey, 2008, p.43). Las causas de su aparición son diversas, en ocasiones hasta han suplantado al Estado para satisfacer las demandas sociales que no ha cumplido, debido a debilidad institucional o por miopía gubernamental. Como señala Kessl (2015) no es suficiente la existencia de un Estado que se limita en términos formales a reconocer, proteger derechos y obligaciones a través de un aparato institucional compuesto por cárceles, juzgados, policía, etc., en la práctica la mayoría de la población no recibe ni percibe esta presencia estatal. “La presencia del Estado no se vislumbra necesariamente como algo realmente importante en la vida de las personas, a lo sumo como una circunstancia molesta con la que hay que vivir y a la vez tratar de evitar” (p.84) lo cual cementa una cultura política que favorece a los grupos paramilitares. Por una parte, les otorga legitimidad como un actor que se reconoce porque puede poner las reglas y las hace cumplir en un marco social, por lo tanto, su presencia se torna normal, en la cotidianidad de las personas.
Debido a lo anterior y a la experiencia histórica del país desde mediados del siglo XX con el paramilitarismo, parte de la población los ha aceptado y tolerado, porque los perciben como una herramienta para defender sus derechos laborales y agrícolas, para algunos sectores, específicamente los terratenientes que buscaban protección privada.
El paramilitarismo colombiano en su desarrollo ha contado con varios grupos, entre ellos la organización de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y el Urabá creadas en 1994 (ACCU). Éstas posteriormente se unieron en una federación, conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) nombre que quería reforzar el discurso “autodefensista” del grupo; por la misma razón se intentó poner al frente a jefes que tuvieran poca o ninguna relación con el narcotráfico” (Kessl, 2015, p.148). Según Escandía, esta agrupación se presentó como una organización con mando unificado, con un plan nacional y coordinación regional de las operaciones militares y una agenda programática (2013, p.11). Para Kessl, eran “actores armados, quienes a través del uso de la violencia sostienen fines políticos, sociales y económicos que apoyan y permiten la reproducción del espacio social colombiano y la posición de los actores dominantes en sus diversos campos” (Kessl, 2015, p.21).
Por estos motivos, el paramilitarismo aumentó en Colombia y “le dio alas a la idea de evaluar la realización de un salto cualitativo e irrumpir en el campo político como un agente importante” (Kessl, 2015, p. 21). A pesar de haberse vinculado a la política y estar consolidados en varias regiones, las AUC se desmovilizaron entre 2003 y 2006, sin embargo, se ha debatido si el fenómeno paramilitar continúa vigente, a través de las Bacrim (Bandas Criminales) llamadas así por el Estado con “el propósito de darles identidad a aquellos grupos, que surgieron tras la desmovilización, asociados a actividades criminales-particularmente al narcotráfico en aquellas zonas donde los paramilitares habían hecho presencia (Prieto, 2012, p.177). Uno de los porqués se afirma que hay continuidad de este fenómeno es precisamente porque, “se localizan en las mismas zonas y se encuentran bajo el control de narcotraficantes que son parientes o segundones de los jefes que entraron al proceso de negociación” (Echandía, 2013, p.29), “sólo que ahora ponen mayor atención a los centros urbanos y han cambiado sus modalidades organizativas acudiendo a un funcionamiento en red en vez de las estructuras verticales que habían tenido en la fase anterior” (Valencia, 2016, 5). Además, porque se dedican a las mismas actividades ilegales que desarrollaban los paramilitares entre tantas al narcotráfico. El Clan del Golfo por ejemplo es la…
Organización criminal más especializada que existe en el continente. Controla por lo menos el 45 % de la salida de droga del país hacia el resto del mundo, decenas de minas de oro ilegal y extorsiones en ciudades y zonas urbanas. Opera en más de 200 municipios, pero influye fuertemente en unos 142. (Ávila, 2017, p. 1)
El objetivo de este artículo es establecer si las causas que dieron origen a la formación de las AUC, son las mismas que dieron origen al Clan del Golfo. Para alcanzar el objetivo primero se hará un recuento sucinto de las AUC, Bacrim y Clan del Golfo. Segundo, se identificarán las causas que originaron la aparición de los paramilitares, desde un enfoque histórico, para concluir finalmente que persisten las causas estructurales que los originaron, es decir que la amenaza subsiste bajo la denominación de Bacrim, en el caso específico del Clan del Golfo. Igualmente se sostendrá desde premisas de vigilantismo que la aparición, desarrollo y fortalecimiento de los grupos paramilitares son una respuesta a un proceso de construcción de Estado, donde se evidencia debilidad para ejercer el monopolio legítimo del uso de la fuerza bajo dos variables: el nivel de recursos disponibles y la magnitud de la amenaza que enfrenta. Al iniciar un acercamiento sobre este tipo de organización, los términos paramilitar y grupos de autodefensa se van a utilizar indiscriminadamente con el mismo fin a pesar del debate existente en cuanto a su uso y distinción, pues se le considera más una diferenciación de forma que de fondo recayendo sobre sobre el mismo actor, ya que “las elites ganaderas e inversionistas rurales los definieron como organizaciones de autodefensa, mientras que activistas de derechos humanos consideraron el termino paramilitar más adecuado, ya que sugiere los vínculos observados con algunos sectores de las Fuerzas Militares”. Esta discriminación entre organizaciones de autodefensa y grupos paramilitares perdió su poder explicativo a mediados de los años noventa, cuando los distintos grupos coincidieron, ya fuera en la teoría o en la práctica, con sectores de las fuerzas de seguridad en el que el conflicto armado se resolvería a través de sus fuerzas militares colombianas. Anteriormente había sido útil para separar los orígenes de estos grupos “grupos de justicia privada” a principios de los ochenta: los primeros, organizados por propietarios rurales para defenderse de la guerrilla y con el apoyo del Ejército; y los segundos, integrados por mercenarios y asesinos a sueldo pagados por terratenientes o narcotraficantes. (Romero, 2003, p.36).
En términos políticos, los paramilitares son interpretados como una “extrema derecha armada y para institucional”, fruto de una alianza de intereses entre elites locales, hacendados y narcotraficantes y algunas esferas e instancias del Estado colombiano, principalmente la Fuerzas Armadas, en su nivel regional y local (González, 2003, p.61).
Adicionalmente el CNMH (2016), las identifica como la sexta o última etapa (hasta el momento) de la evolución de los grupos paramilitares, ya que se evidencia un cambio de estrategia, pasan de ser grupos armados para la contención de la guerrilla, y una vía violenta para eliminar a la izquierda legal y a los movimientos sociales (considerados como amenazas por los aliados regionales del paramilitarismo), a “ser un medio violento para apuntalar órdenes sociales y políticos, y asegurar las condiciones de reproducción de determinadas actividades económicas legales e ilegales” (p.48).
No obstante, para algunos sectores se trata de otro tipo de organización diferente a las AUC, lo cual ha llevado a que los organismos de seguridad del Estado y a la dirigencia política del país a cometer errores en las estrategias para Combatirlas. Asignarles el rol exclusivo de narcotraficantes y no ver la diversidad de negocios que tienen en sus manos y el control social que ejercen en muchas zonas del país, lo mismo que las diversas relaciones que ostentan con sectores políticos y empresariales y con miembros de la Fuerza Pública a los más altos niveles, ha limitado el alcance de las estrategias para buscar el desmonte de estos grupos (Valencia, 2016, 8).
se trata de paramilitares porque: i) operan en los mismos territorios; ii) es un grupo armado organizado con un orden de mando y estructura militar; iii) tienen capacidad para cooptar a la fuerza pública, funcionarios y administraciones locales; iv) influyen en la financiación de campañas para cargos de elección popular para garantizar la seguridad de sus actividades ilegales; y v) están interesadas en la propiedad de la tierra y en frenar los procesos de restitución, con la amenaza y asesinato de líderes (USAID, 2016, p.20)
Entonces, la estrategia paramilitar aún es tolerada y auspiciado por políticos, militares y élites locales, porque mientras persistan las causas que le dieron origen será muy complejo su desaparición.
Antecedentes
Autodefensas Unidas de Colombia-AUC
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se fundaron en 1997, para esta fecha se reunieron los jefes de nueve organizaciones paramilitares de distintos puntos de la geografía nacional y se definieron como “un Movimiento Político-Militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa” (CNMH, 2013, p.137). En esta reconfiguración fue fundamental la estrategia mediática desplegada por Carlos Castaño, que posicionó el discurso contrainsurgente en amplios sectores de la opinión pública hastiados de las guerrillas. (p.159). Para la fecha, la organización estaba integrada por 4.000 combatientes ya hacia el año 2000 la cifra se duplicaba teniendo bajo su control áreas estratégicas del país, llegándoseles a considerar como “un factor definitivo en el fracaso de las negociaciones entre el gobierno y el ELN, lo mismo que el principal escollo entre el mismo gobierno y las FARC” (Romero, 2003, p.26).
BACRIM
Son definidas como estructuras delincuenciales armadas, con un alto poder de corrupción e intimidación, que violan los derechos y las libertades de los ciudadanos en las zonas rurales y en la periferia y en algunos centros urbanos del país. Se empieza a hablar de ellas tras la desmovilización de los miembros de grupos paramilitares agrupados bajo la égida de las AUC entre 2003 y 2006 (Prieto, 2012, p.177).
Su consolidación la facilitó los fuertes vínculos que desarrollaron los combatientes al interior de los bloques paramilitares que operaron en las zonas donde antes hubo anteriormente presencia paramilitar (CNMH, 2016, p.264).
Las Bacrim según Ávila (2016, 1) se agrupan en al menos tres tipos de organizaciones, el Clan del Golfo corresponde a la primera clasificación, es decir tiene una organización jerarquizada con cabezas visibles de poder, con tareas definidas de sus miembros. Dentro de su estructura tiene jefes militares y políticos que se encargan de manejar las relaciones de esta banda con otras organizaciones criminales. Cuentan con tres mecanismos de operación organizativa, el primero hace referencia a la prestación de servicios orientados a la actividad minera, el contrabando, tráfico de armas y control de rutas del narcotráfico. El segundo, tiene que ver una oferta criminal más descentralizada, relacionada con el sicariato, microtráfico y narcomenudeo y en especial con la intimidación a líderes sociales y defensores de derechos humanos. El tercero como bandas de mercenarios. En corto, estas organizaciones utilizan la violencia para desarrollar sus actividades y lograr sus objetivos.
Clan del Golfo
El Clan del Golfo, también llamados Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Urabeños o Clan Úsuga, es una de las organizaciones denominadas por el Estado Bacrim (Bandas Criminales). Lograron mantener su hegemonía desde 2006 por ser una organización piramidal en algunas zonas y de integración territorial en otras. En este sentido, este grupo armado ha demostrado una impresionante capacidad de adaptación frente a las nuevas condiciones operacionales (CNMH, 2016, p. 279).
“El fin primordial del Clan del Golfo en los municipios donde tiene presencia, es la ampliación y extensión de la economía criminal” (USAID, 2016, P.23).
Según Ávila (2017,5), la organización se compone por 51 mandos regionales los cuales “contribuyen a una fuerza de élite que se denominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, y cada uno de estos tiene una “estructura criminal y puede contratar grupos locales delincuenciales o pandillas” a fin de no exponer su propia tropa. Cuenta con una organización estructural autónoma, con capacidad militar y conocimiento territorial excepcional que les ha permitido diversificar las actividades criminales, de las cuales provienen significativas utilidades para su mantenimiento. Aparte del narcotráfico, se han envuelto en otros trabajos como el microtráfco, la trata de personas y el cobro de extorsiones (CNMH, 2016, p. 277). Sin embargo, su actividad más visible y rentable es el narcotráfico, como lo demuestra el siguiente cuadro.
Tabla. Grupos narcoparamilitares y su actividad en departamentos y municipios-2016
| Grupos | Municipios | Departamentos |
| Clan del Golfo | 279 | 27 |
| Rastrojos | 59 | 18 |
| Águilas Negras | 41 | 19 |
| Puntilleros | 21 | 5 |
| Grupos sin identificar | 3 | 3 |
| Otros grupos* | 26 | 14 |
| Son: La Constru (6), Los Pachenga (5), La Oficina, Paisas (3), Cordillera (2), Nuevo Orden (1), Nuevo Renacer AUC (4), AUC (6) y La Empresa (4) |
Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2017, p.14)
Causas del origen de las AUC
Políticas
Para analizar las causas políticas se requiere revisar la estructura estatal, concretamente el soporte institucional. Frente a la incapacidad del Estado para controlar a las guerrillas, los paramilitares se presentaron como una opción para combatirlas.
El Ejército Nacional se replegó frente a los golpes militares propinados por las FARC, entre 1996 y 1998 y dejó que el peso de la lucha contrainsurgente recayera sobre las Convivir, las cuales se explicaran más adelante. Esta situación se reforzaba con la omisión reiterativa del Ejército debido a las acciones militares que desarrollaban los paramilitares, que eran apoyadas directa e indirectamente y que en muchos casos eran visibles y en otros no. (CNMH, 2013, p.158) es decir, se trata de unas “fuerzas militares sin capacidad de respuesta e inclinadas -por acción u omisióna hacer acuerdos con el narcotráfico y a jugar la carta de la “guerra sucia”” (Romero & Arias, 2008, p. 42), tal pasibilidad es aprovechada por grupos de autodefensa paramilitar creados por ganaderos que se resisten a pagar las vacunas a la guerrilla (vacuna, expresión local de la extorsión de las organizaciones al margen de la ley, a comerciantes, narcotraficantes para permitirle realizar sus actividades. Esta puede ser una Cuota fija en un plazo determinado o fijan un porcentaje de su renta), “podría decirse que la crisis política fue aprovechada por las guerrillas para provocar la crisis militar y que esta, a su vez, provocó el surgimiento de la primera organización nacional de los grupos paramilitares” (Ramírez, 2005, p.13). Como consecuencia estas actividades implantaban cierto orden, que estabilizaba las regiones donde había escasa presencia estatal.
La aceptación y apoyo a los paramilitares debilitó y minó la autoridad del gobierno central en esos territorios. (Romero, 2003, p.15; kessl, 2015, p.57) Además desde la década de los ochenta las Fuerzas Armadas habían creados vínculos con sectores paramilitares, a razón que estaban “imbuidos en su lógica anticomunista, vieron en el progreso electoral de la izquierda, los movimientos populares y sociales y el auge guerrillero, la cristalización del “avance comunista” que había que impedir por todos los medios, incluso con el auspicio de los grupos paramilitares” (CNMH, 2016, p. 38).
Paralelamente, se creó el grupo Muerte a Secuestradores (MAS) en Medellín por Pablo Escobar y sus aliados, como reacción ante el secuestro con fines extorsivos de sus familiares por parte de los grupos guerrilleros. Así los narcotraficantes crearon los primeros grupos en defensa de sus propiedades (Echandia, 2013, p.7; Kessl, 2015, p.145). A la vez, Gonzalo Rodríguez Gacha, quien “decide enfrentarse a la guerrilla -en especial a las FARCEPnegándose a pagar las clásicas “vacunas” sobre sus recientemente adquiridas propiedades rurales, y los impuestos de “gramaje” (sistema de impuestos que grava los diferentes eslabones de la cadena de las drogas en zonas controladas por la guerrilla), que la guerrilla intentaba imponerle al narcotráfico en todo el país” (Kessl, 2015, p. 145) “Rodríguez Gacha se sirvió para esto de pequeñas estructuras que se oponían a la guerrilla -especialmente las autodefensas de la familia Pérez-. De esta manera narcotráfico y grupos paramilitares comenzaron a tener una historia paralela.” (Ramírez, 2005, p.54)
Igualmente, las elites regionales reaccionaron a la intervención estatal por la reforma agraria, que no les favorecía, también porque el estado entró en esas zonas a atacar a la guerrilla por las actividades de extracción ilegal de recursos, secuestro y extorción (Ramírez, 2005, p.52). Esta reacción fortalecía la relación entre las élites regionales y los paramilitares, en consecuencia, debilitaban la confianza en la autoridad legal.
Las negociaciones con los grupos guerrilleros bajo el gobierno de Belisario Betancur (1982) trajo el desacuerdo y resistencia de poderes locales y regionales, gremios, mandos militares y clase política, ya que los esfuerzos de ampliar la comunidad política desde arriba amenazaba a los poderes locales y regionales previamente establecidos (CNMH, 2016, p.27) era una “amenaza para el equilibrio de poder en las regiones, situación que llevó a un cambio drástico en las formas de coerción, promovido por estos defensores violentos del statu quo” (Romero, 2003, p.18) en esto coincidieron sectores de un lado y otro de la ley creando “una zona gris donde la línea entre legalidad e ilegalidad se disolvió en muchos casos, dando vía libre a la formación de grupos contrainsurgentes privados, con fuertes conexiones con el aparato estatal” (Romero, 2003, p.19).
La evidencia es el surgimiento de las ACCU, comandadas por Fidel Castaño y su hermano Carlos que servían, no solo a los intereses de particulares sino también eran demandados por sectores tradicionales decididos a imponer orden en la región. Entonces, se produce una nueva alianza más amplia y clara: el grupo de los hermanos Castaño ofrece su “efectivo y complementario servicio de seguridad” y logra el beneplácito, la protección y la complicidad de hombres de negocios con enorme poder e influencia económica y política” (Garzón et al., 2005, p.65). Adicionalmente aparecen Escuelas de formación paramilitar en la región del Urabá, como la llamada “La 35” ubicada en una de las propiedades de Carlos Castaño, en inmediaciones de San Pedro de Urabá que operó entre 1994 y 2003, con el fin de reclutar combatientes. (CNMH, 2016, p. 269).
Legales
En 1965 se expidió el Decreto Legislativo 3398 y en 1968 la ley 48, lo cual fue el fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las fuerzas armadas. Este se suspendió en 1989, en el mandato del presidente Virgilio Barco quien además dictó un paquete de decretos contra los paramilitares y tipificó como delito la promoción y participación de estos grupos.
Más adelante, el Gobierno a través de un marco legal crea las autodefensas como Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, con el decreto 356 de 1994, más conocidas como las Convivir. Con criterios muy laxos, autorizó la operación a grupos con récords dudosos en materia de violaciones a los Derechos Humanos o con nexos con el narcotráfico (CNMH, 2013, p.158).
Otra relación causal desde lo legal que refuerza a las autodefensas es el recrudecimiento de la violencia ejercida por las FARC y el ELN, a raíz de haber sido excluidos de la constituyente del 1991 (reforma de la Constitución Política de Colombia), que amplió la participación a cargos de elección popular, como la de alcaldes. Entonces empieza una cruda competencia electoral en las regiones entre la guerrilla y los paramilitares para posicionar sus candidatos, lo que evolucionó hacia la lucha por territorios y homogenización política (Romero, 2003, p.39).
Económicas
Parte de sociedad colombiana pasó de ser rural y agraria a insertarse a la economía globalizada cuando reemplazó el café por la coca y la reprimarización económica debido al apogeo del minero y petrolero. Esto es una variable que hace que persista el conflicto y los grupos armados se multipliquen. En consecuencia, se dieron cambios económicos, pero no institucionales que se requerían para el buen funcionamiento, ni tampoco mecanismos de control social. Estas actividades buscaban vías de desarrollos rápido, a través de actividades legales, pero que en el fondo eran ilegales, finalmente incrustaron los grupos fuera del margen de la ley, que les permitió entre varios negocios vender servicios de seguridad privada. (CNMH, 2016, p.22)
Esta reacción armada se ha asociado casi exclusivamente con motivaciones económicas, como el acaparamiento de tierras para el latifundio ganadero, el desalojo de poblaciones para aprovechar la valorización predial y los beneficios futuros de proyectos de inversión pública y privada, o con demandas por seguridad ante la extracción de recursos a grupos pudientes por parte de la guerrilla (Romero, 2003, p.25)
Causas del origen de la BACRIM, Clan del Golfo
Políticas
Una vez desarticulada la estructura general de las AUC, los mecanismos de control interno que garantizaba la distribución de territorios, negocios y actividades ilícitas con las que se lucraron sus bloques, se debilitaron. Esto generó una intensa disputa entre distintas estructuras que permanecieron latentes. Muchos eran los combatientes que se desmovilizaron y que eran oriundos de la región que siguieron manteniendo redes y vínculos horizontales y verticales (Estructura de poder de coordinación entre iguales y de subordinación en las que unos mandan y los otros obedecen) que se reactivaron con el propósito de llenar los vacíos de poder y percibir rentas, especialmente aquellas relacionadas con los diferentes eslabones de la cadena productiva de la coca (CNMH, 2016, p. 247).
En esa dirección se identifican varias causas que originaron a las Bacrim. Primero la ausencia de un plan de contingencia estatal efectivo pos desmovilización de los grupos paramilitares en la década pasada. Segundo a la desconfianza por parte de los desmovilizados, específicamente de Vicente Castaño, frente al proceso de paz, que los convoca a formar un nuevo grupo armado para mantener hombres en las zonas de influencia paramilitar. Posteriormente, Vicente Castaño desaparece, Don Mario asumió el liderazgo del grupo bajo el nombre de Héroes de Castaño y, posteriormente, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, manteniendo intactas las redes y formas de dominación que previamente habían consolidado los grupos paramilitares e inició un proceso de fortalecimiento y expansión desde el Urabá antioqueño hacia otros lugares del país) (CNMH, 2016, p. 275).
“Estos grupos estaban representados originalmente por: i) nuevas estructuras armadas que supieron tomar ventaja del vacío de poder territorial y social generado tras el proceso de desmovilización paramilitar, ii) reductos de los grupos desmovilizados que mantuvieron control armado y económico en las zonas donde hacían presencia (producto de una desmovilización parcial e incompleta); iii) grupos que nunca hicieron parte del proceso de desmovilización y mantuvieron su dominio local y regional, y iv) estructuras que se rearmaron habiendo participado en algún momento del proceso de desmovilización adelantado durante esos años” (Prieto, 2012, p.175)
La tercera causa política que permite el surgimiento de estos grupos fue la permisividad de la participación en política a través de la financiación de las campañas electorales (CNMH, 2016). Un “escenario de corrupción institucional y complicidad con redes mafiosas o la tolerancia de grupos armados irregulares por las autoridades militares y policiales locales”. Romero y Arias (2008) afirman que “la corrupción, la ideología y la conveniencia posibilitan esas coincidencias y permiten que se configure un escenario en el que la colaboración entre acores estatales y fuerzas ilegales ocurra en diferentes regiones” (p. 42).
Con el paso del tiempo se deslegitima la acción paramilitar, porque se evidencia que son más una estructura criminal dedicada al narcotráfico (el 8 de noviembre de 2017, las autoridades colombianas incautaron 12 toneladas de cocaína, pertenecientes al Clan del Golfo), aunque aparentemente, continúa una cultura de tolerancia hacia el paramilitarismo, debido en parte a que la consolidación de las Bacrim se dio en las zonas donde previamente hubo presencia paramilitar, es decir, hay continuidad de autoridad que les otorga legitimidad y percepción heroica (CNMH, 2016, p.30). Esto se debe a que en el pasado las comunidades colaboraron con las AUC, también a que funcionarios locales toleraban la ilegalidad porque se lucraron de ello (Romero & Arias, 2008, p. 41).
En el caso del Clan del Golfo, son percibidos como una autoridad y no simplemente como un factor de dominación porque “han mantenido una oferta de servicios anexos al problema del orden. Mantiene control sobre todo que pasa en las regiones donde tiene presencia, gracias a que redes de información e instituciones informales funcionan en la zona. (CNMH, 2016, p. 281) En conclusión como expone Kessl
El apoyo ganadero le otorga a los paramilitares una serie de ventajas, por un lado, el capital social que ofrece es significativo, teniendo en cuenta que la producción agropecuaria es considerada aún muy importante para la economía colombiana; más allá de su impacto real, le da a los y sociales paramilitares la honorabilidad transferida por la posición social y política de estas elites. También ofrece control territorial, conocimiento de la zona y, muy importante, hombres y dinero para participar en la lucha. De este modo, el apoyo no es solo económico, sino también institucional y material. A su vez, los ganaderos no solo obtienen seguridad frente a las agresiones de la guerrilla y control social frente a las demandas gremiales, sino también se benefician por la relatifundizacion de las tierras en Colombia, fruto del desplazamiento forzado. (2015, p.175)
A pesar de que en la actualidad se firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.
La Guerrilla del ELN sigue operando.
Así mismo, existe una variación de las causas políticas en la formación del Clan Golfo con respecto a las AUC, las estructurales perviven, como la debilidad estatal para desempeñar su rol en la garantía de la seguridad y control social, razón por la cual, el Clan del Golfo tiene presencia nacional. (Ver mapa).
Adicionalmente, existe similitud en sus acciones y la repercusión que estas tienen en la población civil, aunque en menor medida en el caso de las Bacrim en comparación con las AUC. Entre estas se encuentran asesinatos, amenazas y desplazamientos a líderes, campesinos e indígenas, así como a defensores de derechos humanos, militantes de izquierda, reclamantes de tierras, entre otros. Como se aprecia en las siguientes gráficas, a finales de la década de los noventa hasta inicios de siglo, años en los que tiene su máxima fuerza las AUC, aumenta significativamente el número de desplazados, las amenazas y abandono de tierras con cifras antes no registradas. Posterior a 2004 años en los que se da la desmovilización paramilitar, las cifras a pesar de disminuir, continúan siendo altas y en el caso de las amenazas a partir de 2012, alcanza cifras nunca antes inscritas.
Según CODHES, al menos 5.905.996 personas han sido desplazadas forzosamente desde 1985 hasta diciembre de 2013 en Colombia. Tal cifra muestra que, en promedio, anualmente 203.665 personas se han desplazado dentro del país en los últimos veintinueve años. Los departamentos con mayor número de personas afectadas por los desplazamientos masivos durante 2013 son: Antioquia 3.774, Cauca 8.223, Chocó 2.496, Córdoba 1.053, Nariño 5.168 y Valle del Cauca 4.589. Estos departamentos son los que más reflejan presencia de grupos posdesmovilización (GPD) en los últimos cinco años. (CODHES, sin fecha, p.2)
El autor entiende por GPD a “aquellas estructuras macro-criminales de grupos paramilitares que se desmovilizaron en 2005 y retomaron las armas, que nunca se desmovilizaron y aquellos que aparecieron después del proceso de desmovilización de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que están conformados, entre otros, por quienes fueran miembros de estos grupos paramilitares.” (CODHES, sin fecha, p.2).
Los anteriores datos pueden obedecer a multiplex actores presentes en la conflictividad del país, no obstante, el aporte de las AUC a estas cifras es significativo, ya que
Han sido los paramilitares quienes más han victimizado a la población civil en comparación con los otros actores del conflicto armado. En total, […] 21.044 víctimas letales fueron adjudicadas a estos grupos en el marco del conflicto armado en el país. Eso refuerza lo afirmado por otras fuentes y documentos especializados en el tema […] según los cuales los paramilitares son más letales y más intensos en su accionar en comparación con las guerrillas. (CNMH, 2016, p.111)
La victimización llevada a cabo por las AUC en comparación a las Bacrim, mantiene un accionar letal y no letal, con porcentajes muy similares de su participación, tal como se aprecia a continuación
Fuente: CNMH, 2016, p. 112
Victimización letal del conflicto armado en Colombia Discriminado por actor responsable antes y después de la desmovilización en 2006
Es evidente que los grupos paramilitares y los Grupos Armados Posdesmovilización -GAPDhan sido el grupo que ha tenido una mayor participación en la violencia letal, teniendo en cuenta tres aspectos relevantes respecto a las últimas etapas de atomización y recomposición.
La disminución relativa de su nivel de participación respecto a lo que fue la etapa de expansión de las AUC. Mientras en esta última al paramilitarismo se le atribuyó el 55,5 por ciento, en las etapas de atomización y recomposición tuvo una participación del 39 por ciento y 47,2 por ciento, respectivamente.
El aumento de la participación porcentual de los agentes del Estado en el período 2006-2010 en gran parte por el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales.
Únicamente durante el período de 1989-1993 otro grupo armado, las guerrillas, superaron a los grupos paramilitares, en términos porcentuales, en la responsabilidad letal de las víctimas en el conflicto armado colombiano. Este momento que coincidió con la etapa de estancamiento de los grupos paramilitares a comienzos de la década de los noventa (CNMH, 2016, p. 114)
En cuanto a las modalidades llevadas a cabo contra la población, mientras que los paramilitares cometían más masacres, las Bandas Criminales llevan a cabo asesinatos selectivos
Fuente: CNMH, 2016, p. 122
Distribución de la violencia letal paramilitar y /o GAPD en Colombia Discriminado por modalidades antes y después de la desmovilización de 2006
Fuente: CNMH, 2016, p. 122
Distribución de la violencia no letal paramilitar y/o GAPD en Colombia Discriminado por modalidades antes y después de la desmovilización de 2006
Lo anterior es de carácter transcendental, ya que conduce a que no se trata de una simple organización criminal, sino que es un actor con capacidades específicas que le arrogan resultados contundentes para demandar el reconocimiento político, ante lo cual, el Estado ha respondido con desconocimiento.
Legales
Con la expedición de la Directiva 15 de abril de 2016, que remplazó a la directiva permanente 14 de 2011, se les consideraba a las Bandas Criminales como grupos delictivos organizados y no como Grupos Armados Organizados ya que no cumplían con los requisitos objetivos establecidos por el Derecho Internacional para ser consideradas de tal manera. El gobierno reconoce el incremento de las Bandas Criminales (BACRIM) y las reclasifica en Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO). Esto significa que se les podrá aplicar al máximo la fuerza militar bajo el Derecho Internacional Humanitario. Por tal razón, en adelante el combate a estas organizaciones criminales, no se hará solo por parte de la Policía, sino, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. “En pocas palabras: permite bombardear a estas estructuras criminales” (El Espectador, 2016, 2).
Se consideran Grupos Armados Organizados (GAO), aquellos que ejecutan, como el Clan del Golfo las siguientes acciones:
Que use la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado, la población civil, bienes civiles o contra otros grupos armados.
Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere la de los disturbios y tensiones internas.
Que tenga una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en áreas del territorio nacional. (MinDefensa, 2016, p.5)
A pesar del reconocimiento por parte del gobierno de la existencia de las GAO, algunos sectores estatales continúan insistiendo en que no se trata de presencia paramilitar, sino de mafia y crimen, ya que “es imposible hablar de paramilitares pues estas estructuras no tienen relación con la Fuerza Pública, no son financiados por la sociedad civil y lo único que buscan es el lucro económico” (El Espectador, 2016, 4) adicionalmente “estos grupos carecen de ideología política” (MinDefensa, 2016, p.4).
Económicas
Se observan dos dimensiones desde la óptica económica. Una relacionada directamente entre el narcotráfico y los grupos irregulares. Las autodefensas en el pasado y ahora las bandas criminales se encuentran vinculadas a la comercialización de estupefacientes, porque están más interesadas en controlar las rutas y los puntos de embarque, que los cultivos y laboratorios (Echandia, 2013, p.21). La otra con los recursos económicos que sacan de la explotación minería ilegal. Ejemplo la explotación aurífera en Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar, Valle y Cauca, que es controlada en gran parte por estas organizaciones. Esto ocurre gracias a que las bandas han infiltrado empresas y alcaldías para tener el control de la explotación de todo tipo de metales preciosos. También, porque manejan sus propias excavadoras y maquinaria para la exploración minera en el bajo Cauca, en el Oriente antioqueño, Chocó y Nariño. Además, porque extorsionan a las grandes multinacionales, con exigencias económicas que van desde una cuota fija mensual, pasando por un porcentaje de lo extraído, hasta la entrega de contratos con sobrecostos (Echandía, 2013, p.21).
Las anteriores dimensiones identificadas fueron común al paramilitarismo y al hoy conocido como el Clan del Golfo.
Conclusiones
Las AUC y las bandas criminales se configurando debido a la ausencia de planes de control eficaces por parte del Estado. Esto a su vez les brindó cierta legitimidad, permitiendo su permanencia y que la población aceptara con resignación su accionar. Por eso, las AUC en su momento tuvieron control social hoy el Clan del Golfo está ejerciendo este tipo de relación con la población.
A pesar de que las AUC y el Clan del Golfo surgieron en épocas diferentes y con fines heterogéneos, se denota que los segundos son una continuidad de los primeros. El Clan del Golfo Está asentado en las regiones en las que hubo presencia de grupos al margen de la ley, entre ellas las AUC. Igualmente, tanto uno como los otros nutrían sus arcas de la explotación minera ilegal, el cultivo y comercialización y distribución de narcóticos, la extorsión y la prestación de servicios de seguridad.
En ambas organizaciones se descubre una estructura confederada que, si bien otorga autonomía a los diversos grupos que lo conforman, a la vez se rige por parámetros comunes en cuanto al mismo modus operandi en lo financiero, control social, etc. Se cuenta con líderes al mando y personal subordinado, más una red de información a fin de mantener el control. Ésta le ha permitido tener un amplio control territorial e imponer autoridad.
Tanto las AUC como las bandas criminales tienen la capacidad para alterar las dinámicas de los territorios donde se asientan. Por ejemplo, cuando imponen el orden, lo hacen a través de la amenaza y el uso de la fuerza. Estos grupos cuentan con las herramientas necesarias para imponer nuevas reglas en múltiples ámbitos. En lo político con la participación indirecta en elecciones, en lo social y económico, mediante la extorsión, más conocido como el pago de vacunas.
En estas situaciones hay violación de derechos y libertades civiles, lo mismo, coacción sobre la población, la cual se ve sujeta a seguir una serie de patrones, que en caso de no ser obedecidos se pagará incluso con la muerte.
Con todas las similitudes que se encuentran, también existen algunas diferencias entre los tradicionales paramilitares y las llamadas Bacrim. Los primeros desde su inicio tenían un claro discurso antisubversivo soportado en una ideología de extrema derecha, que con el paso del tiempo se fueron transformándose en grupos armados al servicio del narcotráfico. Los segundos no tenía un claro discurso político, aunque veladamente lo utilizaban, además heredaron un paramilitarismo degradado.
Los paramilitares para realizar sus actividades y desplegar violencia, lo hacían a través de sus miembros. El Clan del Golfo utiliza pandillas urbanas para presionar, controlar y extorsionar a la población. Sin embargo, este tipo de alianzas son informales y no son constante. Sus mejores hombres son utilizados para escoltar a sus líderes y confrontaciones armadas con grupos rivales.
Como consecuencia, los golpes que se le han propiciado al Clan del Golfo no han sido contundentes, porque a sus tropas las protegen, mientras que se exponen a través de esas alianzas.
En resumen, los paramilitares y las bandas criminales comparten características y la mayoría de las causas que las originaron, por tanto, seguirán en el escenario nacional, mientras perseveren condiciones conflictivas internas que justifique su presencia.
Por último, para contrarrestar esta amenaza, es necesaria la presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional de manera integral, especialmente en las regiones donde el Clan del Golfo ejerce autoridad, para responder efectivamente a las demandadas ciudadanas. Así mismo, el Estado puede elaborar una política de sometimiento a la justicia a los grupos armados ilegales.
