Contexto general del estudio y objeto de la investigación

El proyecto de investigación que planteé se propuso analizar la gobernanza ambiental como escenario de construcción de paz en La Sierra de La Macarena tras el conflicto armado en Colombia. Con el propósito de entender las nuevas realidades derivadas de la firma del acuerdo de paz entre el estado y las FARC-EP, con el trabajo me propuse analizar las posibilidades de la gobernanza ambiental como estrategia para tramitar los conflictos socioambientales que configuran la región.

Así mismo, al identificar el papel que puede tener la gobernanza ambiental como res puesta a la crisis ambiental derivada de la firma del acuerdo, una de las conclusiones a las que he llegado -recogiendo la voz de los distintos sectores sociales a quienes me acerqué para realizar este trabajo- dan cuenta que es necesario establecer una plataforma institu cional que permita no solo la defensa de la y protección de la biodiversidad, sino también la promoción de la vida digna campesina en consonancia con una relación democrática y participativa entre el estado y las comunidades.

La crisis ambiental de la que hablo ha implicado un aumento exponencial de la de forestación desde las postrimerías del acuerdo en 2015 hasta el presente (véase siguiente apartado) y la exacerbación de los conflictos socioambientales en la región, en particular el que tiene que ver con la vida campesina en áreas de especial protección ambiental.

La respuesta estatal a la deforestación se ha dirigido, en particular y desde el gobierno central (Gobierno Duque, 2018-2022) en contra de la gente campesina que habita desde hace varias generaciones áreas protegidas. La expresión de tal respuesta se ha enmarcado en una estrategia militarizadas denominada Operación Artemisa que ha representado una nueva victimización de las comunidades por medio de numerosas capturas indiscriminadas de personas inocentes ^{(véase: El Espectador, 2020)}. Mientras tanto, en la región se observa el avance impune de grandes extensiones ganaderas sin que las autoridades intervengan de manera efectiva.

En este escenario el margen de acción de las autoridades ambientales en cada locali dad de la Sierra de La Macarena se ha visto limitado, cuando no restringido. La perspectiva militarizada del gobierno Duque ha dado al traste con las apuestas por una concertación comunitaria para el tratamiento de conflictos ambientales. Las comunidades desconfían.

La sin salida ante el conflicto socioambiental de la región y la crisis derivada por las ta las masivas se ha complicado aún más por la reconfiguración de la violencia en la región. El fin del conflicto armado, que estuvo lejos de significar la paz, a fuerza de las circunstancias no ha significado la posibilidad de concertación agraria y ambiental que los acuerdos de la habana prometieron.

Dentro de los factores relevantes que permiten dibujar la situación se encuentran:

Por un lado, el papel de regulación ambiental que ejercían las FARC-EP por medio del control a la extensión máxima de predios campesinos, no fue materia de transición tras la firma del acuerdo de paz; dicha regulación desapareció.

Así mismo, de acuerdo a ^{Volckhausen (2019}) el valor de la tierra se ha disparado hasta en un 300 por ciento en San Vicente del Caguán desde la firmó del acuerdo y las inversiones ganaderas en la zona han crecido tanto que esto ha redundado en un mercado especula tivo que impulsa tanto el acaparamiento de tierras, como el desplazamiento de grupos indígenas.

La consolidación política y económica de la disidencia de las FARC guarda un estrecho vínculo con la crisis ambiental. Por un lado, ganan afectos entre algunas comunidades al permitirles “talas abiertas” (sin límites) en cada finca, y por otro lado obtienen nuevos re cursos económicos al motivar la presencia de esos nuevos actores económicos que tienen la capacidad de agenciar talas masivas y enormes ganaderías.

Dicho vínculo entre violencia organizada y crisis ambiental se expresa también en la amenaza indiscriminada de la disidencia en contra de toda iniciativa ecológica en la región ^{(Véase: Marandúa, 2020)}. Autoridades ambientales, ONG’s, agencias de cooperación inter nacional e iniciativas locales tuvieron que cesar sus actividades ambientales desde enton ces. De otro lado, la respuesta estatal a las talas masivas no solo no ha sido eficiente, sino que ha sido contraproducente. El tratamiento militar de la crisis ambiental ha significado la re-edición de lógicas contrainsurgente.

El trabajo de ^{Burbano Narváez (2022)} da cuenta que la deforestación de la Sierra de La Macarena afecta tanto tierras de comunidades indígenas y campesinas, como áreas prote gidas. El autor entiende que el proceso implica una cadena de despojo de tres pasos donde primero la deforestación es a manos de campesinos, las mejores las compran medianos ga naderos con créditos del estado y finalmente las fincas son acaparadas por grandes ganade ros y narcotraficantes.

Ante esta situación, la gobernanza ambiental en el contexto del posconflicto en la Amazonía colombiana encuentra en términos de posibilidades una realidad muy limita da, y en cuestión de retos una situación aparentemente insalvable por tres barbies razones: (a) una estrategia de control ambiental por parte del estado que re-edita prácticas contra insurgentes, (b) el control efectivo del territorio ejercido por un actor armado cuya plata forma política plantea todo ambientalismo como enemigo de las comunidades y ellos, las disidencias, como sus defensores; (c) autoridades ambientales con capacidades muy limita das y (d) comunidades campesinas con plataformas de representación débiles.

Gobernanza sin soberanía: La crisis ambiental tras el acuerdo de paz

El acuerdo de paz hizo pensar a las organizaciones campesinas de la región que por fin llegaría el tiempo para gestionar de manera coordinada y concertada la dimensión ambiental del territorio. Podría normalizarse y regularse de manera participativa la vida campesina en áreas protegidas, podría hacerse compatible un modelo económico capaz de compaginar la vida digna campesina con los derechos de la vida que habita la selva amazónica y con las perspectivas conservacionistas del estado.

Las amenazas de expulsión de las comunidades que habitan en los Parques Nacionales, o en zonas de conservación serían cosa del pasado. La producción sostenible tendría cabida, hacer crecer las fincas verano tras verano sería cosa del pasado. El ecoturismo comunitario y la legalización de vías, la ampliación de otras y la construcción de nuevas, estaban dentro de los marcos de posibilidad.

La promesa se ha cumplido de manera parcial y la historia del conflicto en la región, aunque pareciera repetirse, no rima de la misma manera. Si en la Habana se pactó el cierre de la frontera agraria (una de las banderas del movimiento armado en los años 80), en la Amazonía colombiana sucedió todo lo contrario. Las partes firmantes pensaron que no ha bría mayor traumatismo, pues desde hace años era bien conocido que las Farc-Ep cumplían una función de control ambiental al limitar la tala de los bosques a las economías familia res. Con la firma del acuerdo, esto cambió de manera perversa.

En primer lugar, el vacío ambiental que el acuerdo de paz no supo prevenir facilitó que las familias campesinas de la región pudieran ampliar a voluntad el tamaño de sus fincas y el número de cabezas de ganado de acuerdo con su presupuesto. Pero más grave ha sido que actores externos a la región con capacidad de financiar la apertura de la frontera agraria en áreas protegidas, han aprovechado el aparente “vacío” de autoridad. Cuando las Farc-Ep salieron de la ecuación de conservación ecológica que sostenía la región, quedó despejado el terreno para las talas masivas. Las recientes ganaderías han permitido que las disidencias accedan a nuevas fuentes de ingresos vía deforestación y acaparamiento de tierras en bal díos o parques naturales.

Este ha sido el caso de los Parques Nacionales Naturales (PNN) Serranía de Chiribiquete, Serranía de La Macarena, Tinigua y la Reserva Nacional Nukak y algunas áreas de conserva ción amazónica que hasta 2016 tuvieron una relativa protección por la presencia guerrillera. Desde entonces han quedado a merced de la capacidad de ganaderos para financiar la tala de enormes cantidades de bosques, algunos de ellos conservados por comunidades campe sinas que les habitan desde hace décadas (como es el caso del parque Tinigua).

El Tinigua: la apuesta por una agenda ambiental

Durante el trabajo entrevisté a Carmen L*, una representante de la Asociación Campesina

Ambiental Lozada Guayabero (ASCAL)L, que a pesar de las presiones del contexto y los riesgos que han corrido sus líderes ha mantenido su trabajo en la región.

ASCAL agrupa a 65 veredas, se fundó en 1996 para hacer trabajo ambiental y organiza tivo con las comunidades para así construir el plan de desarrollo del territorio. La Asociación surgió de los comités ecológicos existentes y se fueron sumando nuevas veredas que en ese entonces se encontraban en proceso de colonización. En ese entonces se hicieron acuerdos ambientales para proteger nacimientos, ríos, caños, quebradas y especies de animales en vía de extinción.

Desde 2004 ASCAL estableció que cada finca debía conservar 40% de reserva en bos que, 10% de cañero para cultivos (rastrojos jóvenes) y 50% para labores agrícolas. Su trabajo ecológico le ha permitido tener una relación con Parques Nacionales Naturales por medio de la partición en proyectos y estudios sobre el territorio.

Desde 2018 hay desacuerdos por operativos de despojo a campesinos, como el ocurri do en el Parque Picachos en octubre de ese año. Así mismo, Carmen L* reconoce que tras el Acuerdo de Paz aumentó el poblamiento del parque Tinigua de gente sin tierra buscando que el gobierno les dé solución, poblamiento distinto a la apertura de bosques que realizan terratenientes o grandes empresarios. Las nuevas familias se están organizando y compro metiendo con la conservación. Carmen L* señaló que la criminalización de campesinos por la tala pierde de vista la falta de alternativas productivas y lo que él denomina como “ausen cia del estado”- Se necesitan proyectos sostenibles, no sólo talleres, para “implantar pues un proyecto de que la gente pueda trabajar sin tumbar más montaña”.

La propuesta de ASCAL es crear una Zona de Reserva Campesina que garantice la per manencia de campesinos en áreas protegidas, cuidando la naturaleza y teniendo como evi dencia la conservación que en la zona de ASCAL se ha gestionado. Sin embargo, a pesar de los diálogos (y de que esta propuesta de Reserva Campesina ha sido trabajada en conjun to con la Unidad de Parques) Carmen L* planteó que “mientras se está hablando de dialo gar, las autoridades pues toman otras medidas”, refiriéndose a la presión militar sobre las comunidades.

Sin embargo, el conflicto en el Tinigua es más profundo. Carmen L* trata con cuidado el caso de los centenares de familias que irrumpieron en el Tinigua. A ese respecto Jorge Q*, un representante de la Corporación que agrupa a las Organizaciones Sociales de la Sierra de La Macarena se refirió al respecto:

“es una cosa muy compleja la que yo encontré hace poco allá, y es que hay una división muy fuerte entre los nuevos colonos y los viejos colonos; una dinámica muy compli cada porque los viejos colonos tienen una cultura y los nuevos colonos tienen otra.”

Jorge Q* Se refiere a las prácticas de conservación, de organización y se vinculó con el territorio.

“Hay una discusión y es la siguiente: Los viejos colonos dicen:

“Yo ya tengo mi finca, tengo mis vacas, yo ya sé cómo vivo acá. Llevo veinticinco años dentro de este Parque, yo ya sé cómo vivir acá y estoy dispuesto a llegar a acuerdo con las instituciones y tal, y esto lo voy a hacer”, la tiene clara. Pero llega usted ENT#091;nuevo colonoENT#093; y me tumba acá al lado, ese bosque que yo he cuidado un montón de años y que nunca tocamos porque se respeta. Y usted viene y se la tira, y sabe ¿qué pasa? Me llega el helicóptero a la casa y me queman ¡por su culpa! Claro, me llevan por su culpa. A usted no se lo llevaron, a mí sí, y me asustaron la mujer y tengo un papel allá y me embala un juez y tal.”

Y hay un choque muy fuerte ahí que a mí me preocupa, porque los nuevos son radica les, los nuevos deben entrar radicales. Están haciendo un proceso de colonización que tiene una mata de pobres y una de ricos ENT#091;queENT#093; después les compran a los pobres. Entonces eso es un tema muy complicado y sobre todo veo una dinámica en la que el estado no ha sabido trabajar las propuestas alternativas, parece que no...”

La atención que ganó de parte de las comunidades campesinas generó un primer proce so de Agenda Ambiental, una movilización que tuvo fuerza durante el paro nacional de 2021. Jorge Q* la expone como un espacio de concertación que han construido las comunidades y organizaciones campesinas de la región de la Sierra de La Macarena y zonas aledañas con el gobierno nacional. Involucra a organizaciones campesinas de los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá y busca construir acuerdos y una visión compartida entre comunidades y gobierno sobre la gestión ambiental del territorio. La Agenda plantea propuestas para la resolución pacífica de conflictos socioambientales en la región por medio del fortalecimien to de las organizaciones comunitarias.

Uno de sus puntos centrales es la propuesta de “Parques con Campesinos” que cuenta con el respaldo de un marco jurídico y constitucional trabajado por las organizaciones. En suma, la Agenda Ambiental representa un proceso de concertación entre comunidades y Estado para abordar las problemáticas ambientales de la región amazónica ^{(cfr. Diaz, 2021}).

Las talas indiscriminadas

La Sierra de La Macarena hace parte de la Amazonía occidental colombiana, la región más golpeada por la deforestación en la última década. En particular desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 cuando se vivieron las primeras talas y quemas masivas en la región. Tras la “última marcha” de la exguerrilla hacia los puntos de concentración donde prepararon su reinserción a la vida civil y política ^{(Marín, et.al. 2017)} el espacio de control y de poder dejado por la insurgencia fue aprovechado tanto por habitantes de la Amazonía, inversionistas ganaderos y gente “sin tierra” de las vecindades regionales, para ampliar la frontera agrícola. Esta ampliación tuvo lugar en áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales de la Nación y Distritos de Manejo Integrado para la Preservación comprendidos en los departamentos más afectados por la deforestación en el país: Meta, Caquetá y Guaviare ^{(FCDS, 2020)}.

Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en ese año esta zona del país concentró cerca del 65% de la pérdida de bosques a nivel na cional ^{(IDEAM 2017)}. El ritmo de deforestación se duplicó en la Amazonía colombiana con el acuerdo de paz pues pasó de 56.962 has deforestadas en 2015 y 70.074 has. deforestadas en 2016 a 144.147 has. en 2017. En 2018 se talaron 138.176 has. y en 2019 fueron 158.894 has. Para 2020 las talas fueron de 113.572 has. Los datos más actualizados dan cuenta que en 2021 fueron taladas 139.045 has. Las proyecciones para 2022 dan cuenta de una magnitud de talas que oscilan entre 160mil y 180mil hectáreas ^{(Véanse reportes anuales IDEAM 2017}, ²⁰¹⁸, ²⁰¹⁹ y ²⁰²⁰⁾.

Los departamentos más afectados han sido Caquetá, Meta y Guaviare. De hecho, en siete municipios de la zona (San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, La Macarena, Calamar, El Retorno, Solano y San José del Guaviare) se presenta desde entonces y hasta la redacción de este artículo más de la mitad de la tala de árboles en el país ^{(Véase: Valenzuela, 2021}).

En cuanto a la Sierra de La Macarena se trata, de acuerdo ^{Burbano (2021)} de acuerdo con la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible ^{(FCDS 2021)} el balance de deforestación en la Sierra de La Macarena hasta y Noroccidente de Amazonía es que de 3.734.770 has de bosques en 2019, estas disminuyeron a 3.638.340 has en 2020 es decir, se perdieron 96.430 has. En esta región de la Amazonía se concentró más del 60% de la deforestación del país en ese año.

“De los 14 municipios que cuentan con jurisdicción en el área, entre 2019 y 2020 el 54% de la deforestación se concentra en La Macarena (14.489 ha), San Vicente del Caguán (13.131 ha), Vistahermosa (13.018 ha) y San José del Guaviare (11.492ha). Entre Puerto Rico, Cartagena del Chairá, Calamar y Uribe la deforestación fue de 30.544 ha, correspondientes al 32%de la deforestación total”. (FCDS, 2021 en Burbano, 2022)

El diagnóstico ha sido claro y sus causas evidentes durante mi trabajo de campo: la in tensificación de la ganadería extensiva principalmente ^{(Véase: Molinares, 2021)} y de manera parcial los cultivos de coca, la extracción ilegal de madera, la minería ilegal y la expansión descontrolada de la infraestructura vial en la región. Las talas masivas, que empezaron como una de las consecuencias no esperadas del fin de la guerra, se reavivaron con la reac tivación de la misma vía el control armado de las disidencias. Hoy día las talas son fuerza motora de discursos desarrollistas que trazan carreteras en nombre de la integración eco nómica, de agendas comunitarias cuyo único panorama es la ganadería extensiva, de las acciones del estado que encuentran una reedición de política de seguridad nacional que no solo repite la idea del enemigo interno, sino que reencaucha a las comunidades de la región como su encarnación.

Respuestas institucionales

Ante esta creciente devastación, en 2018 la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia histórica al declarar la Selva Amazónica como sujeto de derechos. La Corte ordenó la formulación de un plan de acción al Gobierno nacional para contrarrestar el fenómeno.

De forma paralela, y de alguna manera como respuesta propositiva a la orden de la Corte, organizaciones indígenas y campesinas han planteado pactos y acuerdos con las instituciones estatales. Su propósito: frenar la deforestación en los territorios amazónicos que habitan, a través de apuestas de gestión compartida del ambiente y del territorio, así como de iniciativas alternativas al desarrollo que mejoren su calidad de vida.

En la práctica y en el terreno, la sentencia de la Corte no fue más que un titular de prensa ^{(cfr. Obando, 2018)} que fue asumida por las comunidades de La Macarena como una ame naza más contra su tierra y su ganado. En la práctica, los titulares de la Sentencia se perdie ron de vista, ante la amenaza de la acción militar.

El marco general y alcance de esta sentencia fue analizado por ^{Diego Olaya (2021)}, quien trabajó para la organización DeJusticia (promotora de la demanda que dio lugar a la Sentencia). En su artículo, Olaya señala que la sentencia STC4360-2018 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia reconoció a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos y ordenó al Estado adoptar medidas para frenar la deforestación a partir de una demanda presentada por 25 niños, niñas y jóvenes debido a la deforestación de esta región. La Corte determinó que, en efecto, existía un vínculo entre la deforestación y la violación de derechos fundamentales. Tras analizar informes científicos, la Corte constató el incremento de la de forestación en la región y consideró que se violaban los principios de precaución, equidad intergeneracional y solidaridad.

De acuerdo con Olaya, la sentencia representa un hito al inaugurar un nuevo paradigma de justicia ambiental. Sin embargo, las autoridades no han cumplido las órdenes para pro teger la Amazonía, que es vital no solo para Colombia sino para la humanidad.

Para mi trabajo me entrevisté con Mario S*, un investigador que trabajó en la implementación de la Sentencia en el territorio. Mario S* señaló al respecto de la sentencia que hay una percepción de fracaso constante por parte de las comunidades frente a los proyectos e intervenciones externas para frenar la deforestación: se trata de una historia de proyectos fallidos que no logran sus objetivos. La sentencia es un capítulo nuevo en esta saga de fra casos, en buena medida por el rechazo que generó entre amplios sectores de la población. Inicialmente hubo rechazo y oposición explícita a la Sentencia por parte de organizaciones campesinas. Sobre esto Mario S. aclaró:

“Con la implementación de la sentencia, este rechazo... se volvió mucho más evidente cuando llegaron los operativos de la campaña Artemisa. Porque la Fiscalía fundamen taba este accionar desde la sentencia, lo que provocó que en algunos de los comuni cados que surgieron después de las movilizaciones que surgieron en el San Vicente del Caguán y por los lados del sur del Meta, en los primeros operativos que fueron por Cachicamo, salían comunicados oponiéndose explícitamente a la sentencia.”

Entre otras razones esto se explica, dice Mario S*, porque existe desconocimiento y des confianza de las comunidades locales hacia la Sentencia. Inicialmente la vieron como una amenaza, pero organizaciones con vocación ambiental se han propuesto que las comunida des la apropien como un “escudo” para exigir estándares de participación.

Este trabajo de apropiación es crítico de la “proyectificación” de la Amazonía, donde abundan múltiples proyectos descoordinados de cooperación internacional, ONGs y entida des estatales que dificultan una política pública unificada. Uno de los trabajos adelantados por ambientalistas en la región se plantean la posibilidad de generar espacios de coordina ción o “filtros” previos a la llegada de proyectos a las comunidades, para evitar duplicidades y garantizar integralidad.

Sin embargo, no hay claridad sobre el impacto real de la Sentencia en reducir la defo restación, por falta de datos oficiales y desconexión entre políticas nacionales y realidades locales. Mario S* destaca la necesidad de modelos de desarrollo regional diferenciados para la Amazonía, que tengan en cuenta sus límites biofísicos y productividad. Sin embargo, el estado colombiano tiene debilidades para gestionar esto.

No obstante, lo anterior, las iniciativas de concertación campesina parecieran sintoni zarse con apartes de la sentencia pues se proponen regularizary coordinar las condiciones ambientales para la tenencia de la tierra en las áreas protegidas que habitan. Este es el caso de las comunidades campesinas de los PNN Tinigua, Serranía de La Macarena, Picachos y más recientemente, Chibiriquete. Numerosos foros ambientales y reuniones conducentes a acuerdos entre autoridades ambientales y comunidades fueron gestados a lo largo de 2016, 2017 y 2018 en La Macarena.

El factor negativo que resta en la ecuación: la militarización ambiental

Las noticias de las talas y quemas indiscriminadas en la selva amazónica han sido tema recurrente desde 2016, cuando las quemas arrecian sobre la Amazonía colombiana en cada temporada de verano (de diciembre a marzo). Numerosos anuncios, comunicados, denuncias y estrategias contra la deforestación han sido propuestas por entidades estatales, sectores de la sociedad civil y de la sociedad política regional. Este coro de voces hace preguntarse cómo es posible que un tema sobre diagnosticado y que genera tanta preocupación no encuentra solución a la vista. En una fórmula directa y paradójicamente proporcional, pareciera que, a mayor número de declaraciones y acciones prometidas, mayor número de hectáreas deforestadas.

Rodrigo Botero, director de la Fundación Conservación y Desarrollo (FCD) señaló que no solo la tasa de deforestación de 2020 será igual o superior a la de 2019, sino que ya iniciado el 2021,

“Más de 280 km fueron abiertos en ese principio de año, en áreas que hoy tienen gran des fincas ya consolidadas, con corral, casa, ganado y familias administrando. De nada sirvió nuestro aviso. Han entrado billones de pesos en adecuación de tierras, ganado y vías. ¿Por qué no hay resultados en esta dirección? La deforestación y la apropiación de tierras van en jet mientras la justicia y política de tierras, en mula”. ^{(Botero, 2021, s.p. Énfasis añadido)}

En términos de ese aviso que señala Botero, ¿a quién, pues, corresponde atenderlo? En la región de la Sierra de La Macarena hay dos autoridades ambientales de orden nacional y regional así: La Unidad de Parques Naturales (encargada de la administración de los cuatro parques que se integran a la región) y la Corporación Autónoma Regional, CORMACARENa (con jurisdicción en el departamento del Meta y especial énfasis en el área de manejo espe cial de La Macarena). Así mismo, el Ministerio de Ambiente hace presencia directa con un programa denominado “Visión Amazonía” que desde 2016 se propone reducir la defores tación por medio de inversiones sociales y desde donde se coordinan acciones de control y vigilancia a la deforestación por medio de una “burbuja forestal”, que articula a acciones entre Fiscalía, Fuerzas Militares y de Policía para la atención del problema. De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente (MINAMBIENTE), la burbuja ambiental.

“Es una de las acciones que el gobierno nacional viene implementando desde el año 2016 para contrarrestar la deforestación, y consiste en la creación de un grupo inte rinstitucional (e.g. Fuerzas Armada, Fiscalía, CTI, Gobernaciones, CAR, entre otros), que realizan los seguimientos y las actuaciones pertinentes ambientales a partir de las alertas tempranas que emite el IDEAM y aplicando el Protocolo de control a la Deforestación”. ^{(MINAMBIENTE, 2017:109)}

Desde abril de 2019, la conducción de las “acciones ambientales conjuntas” estuvo con ducida por las FF.MM en el marco de una Operación denominada Artemisa. Dicha estrategia se encamina a “preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales, como activos Estratégicos de la Nación e intereses nacionales” ^{(CGFM, 2019)}. La versión militar del papel que allí cumplen es definida en estos términos:

“El Ejército Nacional, desde sus capacidades técnicas y operacionales, lleva a cabo ac tividades de apoyo a las autoridades civiles para el control de la deforestación en el país, por lo que se ha tomado como eje de trabajo principal el control a la deforesta ción, teniendo en cuenta que por este fenómeno confluyen diversos delitos” ^{(Revista Ejército, s.f., párr. 3)}

La vocera de la Asociación de Corporaciones Autónomas, en un artículo publicado en la revista oficial de las FF.MM, destacó que a partir de un diálogo entre Ejército Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales, fue resaltado que una de las principales característi cas de la respuesta institucional a la deforestación implica que:

“Es la primera vez que en la política de seguridad nacional del Sector Defensa se tiene dentro de los objetivos estratégicos la preservación de los recursos naturales como activos estratégicos de la Nación (Polanía, SF,)

Este diálogo, que incluyó a la Federación de Departamentos, representantes del go bierno nacional y el IDEAM, permitió identificar los roles y funciones institucionales y la definición de las causas de la deforestación:

“Ampliación de la frontera agrícola, extracción de yacimientos mineros, expansión de cultivos ilícitos, infraestructura ilegal, ganadería extensiva, limitado control de los bosques, usurpación de tierras, presencia de carteles de droga internacionales y gru pos armados”.

En esta reunión se concluyó que, dada la conexidad de los delitos, la actuación debe ser integral y que para ello es necesario que más sectores estatales se unan para “brindar alternativas productivas sostenibles a las comunidades” y así atacar las causas de la defo restación (a pesar de que en las causas diagnosticadas no hay mención alguna a las condi ciones sociales de comunidades). La acción integral es, en suma, una acción con un enfoque militar y judicial para tratar el problema ambiental. Esta perspectiva por supuesto ha traido consecuencias.

Las cifras oficiales dan cuenta de los magros resultados de la estrategia. En perspectiva, los supuestos éxitos alcanzados en la protección del bosque amazónico son superado por la magnitud del fenómeno de la deforestación. En un parte de victoria ante la captura de 10 personas acusadas de deforestar una zona de los llanos del Yarí, al sur de La Macarena, el MINAMBIENTE dio cuenta que

“De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Bosques del IDEAM, en el 2019 se de forestaron a nivel nacional 158.894 hectáreas de bosque, de las cuales 98.256 hectá reas, el 62%, se localizaron en la Amazonía colombiana, siendo el departamento del Caquetá el que presentó la mayor superficie de área deforestada, con cerca de 30 mil hectáreas. En total, durante las siete fases de la Campaña Artemisa, el trabajo de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la fiscalía general de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales y el IDEAM han per mitido la protección de 7.626 hectáreas ubicadas en zonas de importancia ambiental.” ^{(MINAMBIENTE, 2020, sp.)}

Es decir, el esfuerzo interinstitucional y la conducción militar de la acción estatal ha permitido una protección efectiva que no alcanza siquiera el 5% del total deforestado. Sin embargo, en términos generales los resultados de la campaña, aunque han sido más mediá ticos que tangibles, han tenido un efecto perverso: las comunidades desconfían del estado, las disidencias capitalizan tal desconfianza al declarar objetivo militar iniciativas y personas involucradas con la gestión ambiental.

De lo anterior da cuenta esta experiencia que atestigüe durante mi trabajo de campo: en octubre de 2018 asistí a un foro ambiental en donde comunidades campesinas plantearon a las autoridades ambientales el “Manifiesto ecológico por una justicia ambiental para la Serranía de La Macarena” y acordaron una estrategia para detener las talas y encontrar fór mulas de arreglo para la tenencia de ganado en áreas protegidas ^{(Véase: Jerez, 2018)}. Una semana después, en el camino que de San Vicente del Caguán conduce a Florencia, Caquetá, encontré la caravana policial que ese día inició un operativo de decomiso de ganado y captura de habitantes del parque Picachos ^{(Infoamazonia, 2018)}. Esta es la fuente de la des confianza ha mencionado para este trabajo el representante de ASCAL.

La violencia: un denominador que divide y resta

A fuerza de los hechos, el optimismo y las posibilidades de la gobernanza ambiental se fueron menguando. La fórmula de arreglo propuesta por el acuerdo de paz se ha visto bloqueada por ese mínimo común denominador que define cada capítulo de la historia de La Macarena: la violencia. Tras la firma del acuerdo, varios mandos con arraigo en la región dijeron ser las auténticas Farc, renegaron de la claudicación que para ellos supuso el acuerdo y prometieron continuar con la lucha armada. No pasó mucho tiempo para que su promesa fuese cumplida y las esperanzas de paz en la región fueran aplazadas.

Así mismo, la desidia -cuando no abierto incumplimiento- del gobierno Duque para avanzar en la implementación del acuerdo se expresó en una nueva militarización de la ges tión ambiental. Todo lo avanzado en las discusiones entre organizaciones campesinas y el estado se vino al traste en 2020 ante la negativa del gobierno Duque para avanzar en los acuerdos ambientales locales y ante el posicionamiento de una disidencia aún más violenta y agresiva que la antigua guerrilla. Durante el gobierno Duque, la gestión militarizada de lso conflictos socioambientales significaron una notificación implícita de aplazamiento indefi nido para la posibilidad de una gobernanza ambiental para la región.

Como telón de fondo, las talas masivas, las quemas descontroladas y la extensiva praderización de la amazonía colombiana continuaron. La vulneración de la amazonía no solo profundizó los ya de por sí agudos conflictos socioambientales de la región, sino que, ade más, han contribuido de sobremanera a la catástrofe climática de nuestro tiempo.

El reacomodo de la disidencia guerrillera, el factor de poder que permite cuando no es que promueve las talas masivas ^{(cfr. Pardo, 2018)}, no permite establecer si se trata de un grupo plural de organizaciones armadas o si cuentan con un mando unificado. Aunque del análisis de la confrontación armada escapa a los alcances del artículo, es claro que el contex to regional está marcado por la perpetuación de lógicas de violencia que delimitan tanto el papel de las instituciones como la agencia de las comunidades.

Como he señalado, las consecuencias no esperadas del proceso de paz hacen aún más difícil la posibilidad de la gobernanza ambiental. Esto significó, por supuesto, un cambio en el tono de mi investigación. Del optimismo moderado, al pragmatismo resignado de una situación que parece insalvable. ¿Qué posibilidades encuentra, pues, la Gobernanza Ambiental para tratar las razones sociales, políticas y culturales de los conflictos socioambientales? De acuerdo con las personas que entrevisté, a los espacios que asistí y la realidad social que registré, se trata de una tarea urgente. Sin embargo, ante la violencia y la im punidad de las talas masivas, se han profundizado no solo tales conflictos, sino las dificultad para ser tramitados. No existe mayor confianza entre los actores ambientales (como los denomina la propuesta de gobernanza ambiental), como tampoco hay garantías para una participación democrática. Las respuestas estatales ante la deforestación, basadas en la militarización y la seguridad, no solo han sido ineficaces sino contraproducentes, pues agudizan las tensiones con las comunidades locales y abonan el terreno para la consolidación política de armados ilegales.

La gobernanza ambiental: una revisión conceptual

Ante el panorama planteado anteriormente, ¿es posible un escenario de gobernanza ambiental? En esta sección planteo una breve revisión analítica de conceptos claves que permiten perfilar las condiciones y pertinencia de un ejercicio de gestión ambiental este tipo.

^{Fontaine y Velasco (2011}) analizaron el concepto de gobernanza ambiental a partir del creciente interés de ONGs y organismos internacionales por su implementación y dada la necesidad de diferenciar de manera analítica la gobernanza de la gobernabilidad. Para dirimir la confusión entre estos términos, señalan las autoras, la gobernanza se refiere a estructu ras institucionales y la gobernabilidad al proceso sociopolítico entre actores. Ahora bien, en términos de gobernanza ambiental esta involucra en la gestión ambiental a actores no estatales mediante concertación y acuerdos institucionalizados. Las autoras definen la gobernanza ambiental como

“un sistema de regulación resultado de los esfuerzos de intervención de los actores sociales, políticos y económicos en la actividad de gobernar y en la definición de las reglas y de los instrumentos del Gobierno” (p. 39).

Es decir, este concepto supone un instrumento analítico para entender sistemas políti cos reflexivos. La definición de gobernanza ambiental da cuenta, pues, de un conjunto de procesos, instituciones y sistemas mediante los cuales se diseñan políticas ambientales. Es un enfoque de gestión que busca promover la cooperación y la participación de diferentes actores - tanto estatales como no gubernamentales- en la toma de decisiones ambientales. Una definición común a los trabajos del área da cuenta que este tipo de gobernanza señala que esta es una forma

“en que se organizan e implementan políticas, procesos y acciones para abordar los desafíos ambientales, involucrando a múltiples actores y niveles de gobierno, y promo viendo la participación ciudadana y la responsabilidad social” ^{(López, Et. Al 2018, sp)}

Mientras que la gobernabilidad se refiere a la capacidad de una sociedad para gobernar se a sí misma, y el gobierno se refiere a la autoridad y la toma de decisiones institucionales, la gobernanza ambiental implica la participación de actores y procesos que no se limitan al estado, como son organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, los movimientos so ciales y la ciudadanía en general. El objetivo de este tipo de gobernanza es lograr un manejo sostenible y equitativo de los recursos naturales y la protección del medio ambiente ^{(López, Et. Al 2018)}.

La gobernanza ambiental es un mecanismo que se propone, pues, la circulación y concer- tación de intereses, así como la generación de políticas públicas efectivas. Esta estrategia se relaciona con la descentralización de la gestión ambiental, la institucionalización de acuer dos y sobre todo, se caracteriza por la inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones.

Ahora bien, las condiciones de posibilidad de la gobernanza ambiental (de acuerdo con los trabajos de ^{López 2018}, ^{Molina, 2014} e ^{Issa, 2017}) involucra la diversidad de actores, la transparencia en la toma de decisiones, la adaptabilidad, la confianza y el respeto por los derechos humanos, y la efectiva aplicación de normas y regulaciones ambientales.

Tomando en cuenta lo anterior, una condición que aparece como necesaria para el ejer cicio de la gobernanza ambiental tiene que ver con su capacidad soberana para construir, sostener y ejercer el poder democrático que le constituye.

La soberanía ambiental es un concepto que se refiere al derecho de las comunidades a tomar decisiones sobre el uso y la gestión de la naturaleza en su territorio. Sus objetivos pueden ser la preservación conservación y/o la sostenibilidad de la producción. La soberanía ambiental implica, pues, el reconocimiento de la autonomía de las comunidades locales para determinar sus políticas y prácticas ambientales. Situación contraria a la imposición de decisiones o presencia de actores externos.

En un estudio de caso sobre la Zona de Reserva Campesina de San Isidro, en Colombia, se encontró que un ejercicio de ciudadanía ambiental sustentado en prácticas agroecológicas logró un escalamiento positivo de sostenibilidad productiva (Cabrera et al., 2021). El ejercicio logró la promoción de la biodiversidad, la conservación del agua y del suelo, así como fortale cer la soberanía alimentaria y la organización política de la comunidad (Cabrera et al., 2021). Existe el reto de un mejor acceso a mercados (Cabrera et al., 2021). En este sentido, la sobera nía ambiental se convierte en una herramienta importante para empoderar a las comunida des locales y garantizar que sus derechos y necesidades sean tomados en cuenta en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales.

Gobernanza ambiental en contextos violentos

La soberanía ambiental es, pues, una condición fundamental para abordar los desafíos ambientales en contextos violentos. Permite establecer hasta qué punto las comunidades locales tienen el control sobre la naturaleza y la narrativa ambiental, hasta dónde es posible promover prácticas sostenibles de conservación. Este ejercicio analítico implica tener en cuenta las dinámicas de poder y las tensiones existentes que definen soberanía ambiental. Se requiere, por supuesto, de un enfoque inclusivo y participativo que garantice la equidad y la justicia ambiental. Pero también una dosis de realismo que permita establecer el alcance de la gobernanza ambiental en un contexto violento.

La gobernanza ambiental también puede entenderse como ese proceso social en don de estado y sociedad acuerdan y promueven la construcción de políticas públicas para abor dar desafíos ambientales ^{(Rodríguez-Franco et al., 2020)}. Sin embargo, establecer la gobernanza ambiental como estrategia de gestión en medio de una realidad violenta presenta desafíos adicionales. En principio una pregunta clave tiene que ver con su posibilidad en localidades regidas por la violencia. Si bien no puedo detenerme en una caracterización pro funda de la violencia post-política que se vive en la Sierra de La Macarena, un escenario de postconflicto en medio de nuevas violencias no es extraño en el país.

Esa relación de paz en medio de la violencia ha sido la constante en las firmas de acuer dos con todas y cada una de las organizaciones ilegales que han desmovilizado sus fuerzas en todas y cada una de las regiones y territorios donde han ejercido su presencia: las gue rrillas del EPL, M-19, CRS, PRT, Quintín Lame a comienzos de los años 1990, las milicias de Medellín a mediados de esa década y los paramilitares de las AUC a mediados de los 2000 y más recientemente las Farc-Ep en 2016 han firmado acuerdos con el estado colombiano y se han reinsertado a la vida civil en medio de la perpetuación de viejos conflictos o la aparición de nuevas violencias.

La fallida desmovilización de los paramilitares de las AUC estuvo aparejada de la ley de “Justicia y Paz” que introdujo, en términos institucionales, el reconocimiento de las víctimas de la confrontación, el término de postconflicto en la narrativa nacional y la reflexión de esa situación en medio de la confrontación armada. La lección del postconflicto como una reali dad más asociada a la larga tradición de la guerra, y no como la etapa subsiguiente al fin de las hostilidades, tal vez allanó el camino para aceptar de manera resignada que ese fin del conflicto y el advenimiento de una paz estable y duradera -los deseos de las partes firmantes del acuerdo de 2016- se construye en medio de la violencia.

Esa construcción de paz en medio de la violencia, una de las paradojas que transmuta en la tragedia más representativa de nuestros tiempos. La gobernanza ambiental, como es cenario para tramitar los conflictos ambientales, debe pensarse y ha de tener en cuenta el escenario de violencia que se plantea. Una revisión conceptual del tema, la relación entre escenarios violentos y las posibilidades de la gobernanza ambiental, da cuenta que tal es trategia juega un papel crucial en la contribución a la construcción de paz y superación de la violencia política. Aunque los trabajos consultados dan cuenta de contextos y realidades muy disímiles, hay algunas lecciones que pueden extrapolarse a la situación colombiana y en particular a la realidad de la Sierra de La Macarena.

Ahora bien, de acuerdo con Martha Alvarez uno de los problemas que la gobernanza ambiental aborda es la falta de horizontalidad en la acción pública (Alvarez et al., 2021). Esto significa que la toma de decisiones y la implementación de políticas ambientales a menu do se llevan a cabo de manera vertical, sin la participación de actores locales. En contextos violentos, nos dice Norma P. Muñoz, esta falta de horizontalidad puede ser aún más pro nunciada, ya que la gente puede tener miedo de participar (Muñoz et al., 2020). Por lo tanto, señala la autora, es importante establecer mecanismos que fomenten la participación social y promuevan la inclusión de los actores sociales interesados en la gestión ambiental.

Otro problema que la gobernanza ambiental busca abordar son las debilidades en la capacidad de gestión ^{(Alvarez et al., 2021)}. En contextos violentos, estas debilidades pueden ser aún más evidentes, ya que la violencia puede afectar a las instituciones en su tarea de implementar y hacer cumplir políticas ambientales ^{(Niño, 2022)}. La violencia puede generar desconfianza en el marco de la gobernanza ambiental, lo que dificulta la colaboración y la cooperación ^{(Muñoz et al., 2020)}. Es fundamental, pues, fortalecer la capacidad de gestión y promover la confianza en contextos violentos.

Esta confianza se construye al tener en cuenta percepciones locales y experiencias his tóricas de los actores involucrados ^{(Alvarez et al., 2021)}. Los principios de la gobernanza am biental pueden no coincidir con estas percepciones locales, por lo que es importante adap tar la estrategia a las realidades específicas de cada contexto ^{(Álvarez et al., 2021)}.

Es claro, pues, que una tarea fundamental de la gobernanza ambiental está en abordar las causas subyacentes de la violencia y promover la seguridad y la estabilidad en la región. Puesto que el trabajo mancomunado con las organizaciones locales es urgente es clave des tacar no solo la naturaleza pacífica de las organizaciones ambientales, sino que en el caso colombiano es fundamental destacar el papel activo que las organizaciones campesinas de la Amazonía colombiana han jugado en el marco del proceso y la construcción de paz.

En el caso de la región de La Sierra de La Macarena, las organizaciones campesinas y sus agendas ambientales tienen la experiencia de amplias movilizaciones a favor del acuerdo de paz y su disposición actual para reconocer la legitimidad del estado en tanto exigen su reconocimiento como interlocutor legítimo. El caso de la negociación de Altamira, que en el marco del paro nacional de 2021 agrupó a las organizaciones sociales del Caquetá y del Sur del Meta es paradigmático ^{(Véase: Diaz, 2021)}.

En un texto que da cuenta de un contexto muy diferente, ^{Almquist y Bagozzi (2016)} comparan acciones colectivas de grupos ambientalistas de carácter pacifista y aquellos que optan por acciones directas y son denominados “radicales”. Las iniciativas ambientalistas pa cifistas tienden a buscarse y construir alianzas entre sí para compartir agendas y coordinar acciones, tanto en distancias largas como cortas. Por otro lado, los grupos ambientalistas ra dicales tienden a tener iniciativas ambientales muy localizadas. ^{(Almquist y Bagozzi, 2016)}. Esto sugiere que una gobernanza ambiental eficaz puede ayudar a prevenir las acciones de hecho mediante la promoción de medios pacíficos de comunicación y colaboración entre las diferentes partes interesadas.

En el caso de La Macarena, el apoyo político con el que grupos armados buscan capitali zar el descontento campesino ante la intransigencia del estado puede verse disminuido con un claro reconocimiento institucional de la legitimidad de la representación campesina. La gobernanza ambiental juega un papel crucial en el abordaje de entornos violentos al pro mover la comunicación y la colaboración, al abordar los conflictos por la tierra. Esta estrate gia puede contribuir a crear entornos más seguros y sostenibles. Sin embargo, hay autoras y autores que llaman la atención sobre la importancia de reconocer la naturaleza contingente de esta relación y considerar los factores económicos y políticos específicos que influyen en la capacidad de adaptación ^{(cfr. Bernauer, 2012)}. Por supuesto, es claro que se necesita una investigación más profunda para comprender mejor la dinámica entre la gobernanza am biental y los entornos violentos.

Ahora bien, tomando en cuenta que una vía para la solución de los conflictos socioam bientales en la Sierra de La Macarena está planteada en el punto de Reforma Agraria integral firmado en el acuerdo de paz del 2016, esto significa un reconocimiento explícito de la re lación existente de la relación intrínseca entre tierra, naturaleza y realidad socioambiental. Esta dimensión agraria sigue un patrón para la restauración de la soberanía y legitimidad en situaciones de postconflicto donde los estados se plantean no solo mejorar, sino también reformar la manera como se gestiona la tenencia de la tierra ^{(Peluso y Vandergeest, 2011)}. La comprensión de la naturaleza de los conflictos por la tierra, pues, es una condición necesaria para su adecuada gestión en escenarios de postconflicto.

A este respecto, una investigación realizada en Uganda por Doreen Kobusingye analiza una situación de post conflicto que se enfrenta a problemas por acceso a la tierra en un con texto donde la guerra debilitó las instituciones locales de gobernanza de tierras (Kobusingye et al., 2017). Esta situación, que provocó nuevos conflictos por la tierra, resalta la necesidad de complementar las perspectivas de ecología política (es decir, de gobernanza ambiental) con un enfoque que tome en cuenta los impactos que tuvo el conflicto en el acceso y gobernanza de la tierra.

En resumen, establecer una gobernanza ambiental en medio de realidades violentas tiene el reto de la falta de horizontalidad en la acción pública, la debilidad institucional y el poco reconocimiento de legitimidad mutua entre comunidades y estado. Para superar estos desafíos, es necesario promover una apuesta por la construcción de paz ambiental que tome en cuenta la participación social, el fortalecimiento de la capacidad de gestión, y la promoción de las percepciones locales para abordar, sino las causas subyacentes de la violencia, por lo menos sus efectos.