Gestión Social y gestión de lo social

La Gestión Social es una práctica común a varios ámbitos institucionales, en particular los asociados con las acciones del Estado y de diversas organizaciones que intervienen poblaciones y comunidades a través de programas sociales. Debido a esto es necesario delimitar el significado que adquiere y las prácticas que le son propias, cuando se asocian específicamente al desempeño de empresas o corporaciones que operan grandes proyectos de desarrollo.

La Gestión Social ha emergido como una sub-área de la Administración, animada por una “visión social del mundo” en el tratamiento de las cuestiones públicas, que procuraría, a su vez emanciparse de las perspectivas de la Administración centradas en el mercado ^{(Cardoso, Guilherme, & Pereira, 2011)}. Un entendimiento similar se encuentra en ^{Tenório (2013, pág. 10)}, que la define como un proceso “dialógico” donde la sociedad asumiría el pa pel principal en la regulación de las relaciones sociales y no el mercado. Otros intentos de definición buscan imprimirle un alcance mayor, “no [reduciéndola] a la gestión técnico-administrativa de los servicios y programas sociales” ^{(Carvalho M., 2014, p. 33)} y sí, a las políticas sociales y programas de interés público. En este sentido, ^{Oszlak (2002)} habla de “Gerencia Social” - término menos habitual en el debate- como un componente de la administración pública, con autonomía en cuanto subdisciplina dentro de los estudios de la Administración. Este autor hace hincapié en el carácter programático y por proyectos que asumiría la Gestión Social, como rasgo adquirido en las últimas décadas por las políticas sociales apoyadas por organizaciones multilaterales de crédito, al tiempo que no sería exclusiva del ámbito de ac tuación del Estado. Aunque la Gestión Social del proyecto hidroeléctrico Porce III compar ta el carácter programático señalado por Oszlak, existe la dificultad de enmarcarla como ejemplo de gerencia o gestión social en el sentido de Carvalho, ya que no corresponde a la conducción de un asunto orientado por algún interés público, sino a la intervención social de las poblaciones por parte de una empresa.

Desde una perspectiva más general, las prácticas de Gestión Social del proyecto Porce III, así como las aproximaciones presentadas anteriormente, podrían entenderse como for mas de actualización histórica de lo ‘social’ como campo de intervención de las sociedades capitalistas, a partir del siglo XIX. En opinión de Donzelot, citado en ^{Dean (2010)}, lo social surge como un conjunto de problemas, instituciones, prácticas, leyes y organismos, constituyendo un “sector” que ha acompañado el desarrollo de las formas de gobierno liberal en el siglo XX. Ya para , ‘hacer lo social’ en el siglo XIX consistiría en trabajar sobre la miseria y el pauperismo del mundo capitalista sin modificar su estructura.

Ambos autores coinciden en el carácter problemático que representa lo social en el contexto general de las transformaciones experimentadas por las sociedades capitalistas. Sin embargo, este fenómeno adquiere un significado más específico cuando se examina en el tratamiento de poblaciones cercanas a un gran proyecto de desarrollo, como el discu tido aquí. En este caso, lo social se refiere a las consecuencias que trae el desplazamiento y el reasentamiento de las poblaciones que habitan el entorno de las empresas. Son ellas las que suelen verse afectadas por el imperativo económico de apropiación de los recursos territoriales.

Sin embargo, podemos identificar otro significado al comprender la ‘gestión de lo so cial’ desde la perspectiva empresarial. A nivel territorial, es posible constatar un creciente interés de empresas y proyectos de infraestructura, producción de energía o extracción de recursos, por mantener condiciones de estabilidad social y política en los territorios donde se insertan. Debido a que las infraestructuras no se limitan al interior de las instalaciones de las empresas, sino que suelen estar distribuidas en el espacio en forma de núcleos y flujos tales como ferrocarriles, carreteras, ductos, espejos de agua, etc.-, coexistiendo con prácti cas espaciales de otros actores, las empresas identifican la necesidad de adoptar medidas de control social en el territorio, además de aquellas de carácter técnico. Como sabemos, los proyectos hidroeléctricos para hacer uso de los recursos hídricos deben ejercer control sobre considerables extensiones de tierra, a menudo habitadas por poblaciones humanas. En este y otros casos, como en las actividades mineras, los entornos sociales de los proyectos se convierten en objeto de estrategias empresariales de control territorial ^{(Acselrad, 2018)}; ^{(Muñoz-Gaviria, 2018a)}; ^{(Muñoz-Gaviria, 2018b)}.

Sin embargo, las acciones sociales de las empresas desarrolladas voluntariamente también constituyen el espectro de estrategias de gestión social. Gomes (2018), citado en ^{Cardoso, Pereira, & Guilherme (2015)}, sugieren que la “Responsabilidad Social Corporativa” (RCP) debe considerarse en el ámbito de la gestión social. A su vez ^{(Muñoz-Gaviria, 2015)} en marca la aparición del término “licencia social para operar” (LSO) en el campo problemático y discursivo relacionado con “las políticas sociales y programas o la relación comunitaria, es decir, al universo del vocabulario más conocido como “responsabilidad social”, “inversión social privada” y “sostenibilidad” (p. 139). Allí, LSO se entiende como una herramienta produ cida en los negocios para la gestión del descontento social y el mantenimiento de la repu tación de la empresa. Aunque la “gestión social” estudiada aquí y la de la industria minera constituyen estrategias de negocio, nuestro objeto difiere de LSO porque tiene un carácter vinculante determinado por el proceso de concesión de licencias ambientales.

De esta forma, es posible comprender las prácticas de Gestión Social de grandes proyectos como parte del proceso histórico de transformación de los modos de control empresarial. ^{Boltanski y Chiapello (2002)} llaman la atención sobre la apropiación hecha por la gestión empresarial de las ideas del taylorismo y las técnicas propuesta por Fayol para efectuar un control sobre los trabajadores. Posteriormente se aplicaría al dominio de los mercados y de la competencia, y se haría uso de las relaciones públicas para ejercer control sobre la prensa y los poderes políticos. Para los autores, este proceso refleja una sofisticación de los medios para dominar lo que sucedía dentro de la empresa y también en su entorno. Ya en el capitalismo flexible, la gestión empresarial ha sumado a este repertorio un conjun to de conocimientos y prácticas dirigidas específicamente al entorno social de la empresa, introducida de forma apreciable a través del debate sobre la responsabilidad social de las empresas y de forma más general, en la literatura sobre la importancia de la adopción de estrategias de no-mercado ^{(Baron, 2010)}.

En consecuencia, consideramos relevante cuestionar la Gestión Social tomando distan cia de las posturas normativas que predominan en la literatura de Administración y Gestión, procurando comprenderla como una forma de gestión empresarial de “lo social”; una prác tica inmersa en relaciones de poder; una intervención en las conductas y prácticas de las poblaciones afectadas, compatible con las condiciones requeridas para la operación del proyecto hidroeléctrico. Fundamentamos nuestro análisis en los conceptos planteados por Michel Foucault en sus últimos trabajos y en diálogo con otras referencias teóricas, y tomando como base análisis previos desarrollados en ^{(Muñoz, 2016)} sobre las prácticas y efectos del dispositivo de gobierno de la Gestión Social, en el proyecto hidroeléctrico Porce III.

Estudios de la gubernamentalidad

La perspectiva analítica de la gubernamentalidad fue tratada por Foucault de manera transversal en varias de sus últimas obras. Trabajos posteriores han apropiado y actualizado este enfoque teórico-metodológico para el análisis de las relaciones de poder que caracterizan a las sociedades capitalistas contemporáneas. La gubernamentalidad es ciertamente un neologismo que articula ‘gobierno’, como un tipo particular de ejercicio del poder, y ‘mentalidad’, es decir, formas específicas de razonamiento en las cuales dicho poder se apoya ^{(Lemke, 2000)}. Sin embargo, entender la particularidad del concepto requiere señalar, aunque brevemente, algunos aspectos esenciales de su concepción en Foucault.

Inicialmente, es conveniente aclarar el contenido preciso del concepto de gobierno. Foucault trató de significar con él las formas de poder que operan fundamentalmente como conducción de las conductas. Un tipo de “actividad que se propone conducir a las personas a lo largo de su vida, colocándolas bajo la autoridad de un guía responsable de lo que hacen y lo que les sucede” ^{(Foucault, 2006, pág. 411)}. La gubernamentalidad, por su parte, adquiere dos significados complementarios. Ella comprende un conjunto de técnicasy procedimien tos para conducir el comportamiento de las personas, pero también adquiere el carácter de proceso histórico. Con el antecedente de las formas de poder pastoral cristiano, la gubernamentalidad representaría una transformación histórica que consistió en la apropiación de esta lógica de poder por parte del Estado moderno ^{(Foucault, 2006)}. Dejando atrás los preceptos divinos como orientadores de la acción del soberano, el Estado pasó a guiarse por formas de pensamiento, o mentalidades, fundamentadas en cuerpos de conocimien to con crecientes niveles de cientificidad. Estos conocimientos, que introdujeron la pobla ción como objeto central de gobierno, sustituyeron la ley divina como principio y fuente de verdad por el conocimiento derivado de la comprensión de los fenómenos biológicos, sociales, económicos, políticos, etc., correlacionados con la coexistencia de los individuos. La gubernamentalidad permitió que la población fuera conducida a través de un espectro de estrategias que tuvieron en la economía política y la estadística un conjunto privilegiado de conocimientos al servicio de la intervención estatal. Fomentar la riqueza y cuidar la salud en nombre del bienestar de la población pasó a ser un principio distintivo de la razón de ser del Estado moderno.

Entre los desarrollos teóricos y analíticos recientes de la gubernamentalidad buscamos una aproximación a partir de aquellos que proporcionan un punto medio entre la filosofía política y el tratamiento de cuestiones empíricas. Esta perspectiva ha de situarse en un lugar intersticial, entre una historia de las ideas políticas y una sociología de las tecnologías de gobierno ^{(Barry, Osborne, & Rose, 1996)}. De una manera muy general, podríamos señalar, junto con ^{Dean (2010)}, que el análisis de la gubernamentalidad se configura a partir de la comprensión de las relaciones establecidas entre conocimiento, podery subjetividad. O al decir de ^{Rose, O’Malley y Valverde (2012)}, el estudio de la articulación entre los objetivos de aquellos que ejercen la acción de gobierno, las formas de pensamiento programático y la aplicación de tecnologías de poder.

En este trabajo hacemos referencia a dos vertientes de los estudios de la gubernamentalidad. Una primera puede identificarse en la propuesta analítica de ^{Miller y Rose (1992)}, ⁽²⁰¹²⁾ que aborda la gubernamentalidad a partir del estudio de tres dimensiones correlacio nadas: racionalidades políticas, programas y tecnologías. La segunda es la de ^{Dean (2010)}, que aborda las dimensiones de visibilidad, episteme, técnicas y subjetividades. Ambas de sarrollan proposiciones teóricas de Foucault, aunque Dean también añadió elementos pro puestos por Gilles Deleuze. Tomaremos la segunda como punto de partida, añadiendo algu nas herramientas analíticas proporcionadas por la primera, como se detalla a continuación.

El marco analítico propuesto aquí también requiere la introducción de otro concepto, el de dispositivo, necesario para responder a las necesidades de operacionalización de los estu dios de la gubernamentalidad. Partimos de la premisa de que cualquier práctica de gobierno configura ciertas regularidades. Es ejercida a partir de regímenes determinados que le dan coherencia; regímenes que emergen, se consolidan o transforman. Foucault entendía tales regímenes de prácticas o regímenes de gobierno como “arreglos históricamente constituidos por los cuales hacemos cosas como sanar, cuidar, aliviar la pobreza, castigar, educar, entrenar y aconsejar” ^{(Foucault, 1991 citado en Dean, 2010, p. 40)}. En esencia, son los patrones que ins tituyen una práctica de gobierno. El dispositivo es entonces un sistema de relaciones entre elementos heterogéneos que, como lo describe Foucault, pueden incluir instituciones, leyes, formas arquitectónicas, proposiciones morales, filosóficas y científicas, etc. Sensible a la hete rogeneidad de la realidad social, el dispositivo permite el análisis de “estrategias de relaciones de fuerzas que apoyan y son apoyadas por tipos de conocimiento” ^{(Foucault, 1980, p. 96)}.

^{Deleuze (1991)} y ^{Dean (2010)} aportan elementos para hacer operativo el análisis de dispositivos. Proponen analizar la interacción de cuatro líneas o ejes que pueden ser enunciados resumidamente como: líneas de visibilidad, que forman los objetos a ser gobernados, definiendo ciertas formas de ver y percibir la realidad; líneas de enunciación, que esta blecen lo que puede decirse sobre los objetos y cómo gobernarlos. Incluye vocabularios y razonamientos específicos basados en cuerpos de conocimiento; líneas de poder, que esta blecen y fijan las posiciones de objetos y sujetos mediante operaciones técnicas. Se mani fiestan en procedimientos que articulan las aspiraciones de sujetos individuales o colecti vos que asumen autoridad para gobernar a los demás, con las actividades cotidianas de los grupos e individuos gobernados, y finalmente; las líneas de subjetividad, que constituyen las formas de existencia pretendidas o producidas por el dispositivo, así como eventualmen te resistidas y transformadas por los individuos gobernados. El análisis del dispositivo se configura a partir del estudio interdependiente de todas las líneas, lo que hace que una se traduzca en las otras, sin que una adquiera primacía epistemológica ^{(Dean, 2010)}. Para fines analíticos y atentos a su carácter relacional, asumimos un recorte que se centra es pecíficamente en el análisis de las líneas de enunciación del dispositivo de Gestión Social del proyecto Porce III. Para un análisis integrado del dispositivo de la Gestión Social, ver el trabajo de ^{Muñoz (2016)}.

La episteme del dispositivo de Gestión Social

El análisis de las líneas de enunciación corresponde a la dimensión discursiva de la gubernamentalidad. Sin embargo, más que el uso retórico del lenguaje, se trata de observarlo en acción, como práctica discursiva. La atención se dirige a la producción activa de versiones particulares de la realidad social que buscan hacerse compatibles con las intervenciones de gobierno implementadas. El análisis se desarrolla sobre el conjunto de enunciados que son expresados, así como en el fundamento que realizan en determinados cuerpos de conocimiento o saber, generalmente asociados a las técnicas y las ciencias. Estamos interesados en entender cómo, a través del discurso, el dispositivo crea sistemáticamente los objetos -y los sujetos- a los que se refiere, como condición necesaria para gobernarlos. En este sentido, podemos decir con ^{Dean (2010, p. 42)}, que buscamos dar cuenta de los aspectos centrales de la episteme de gobierno de la Gestión Social.

El análisis de la episteme incluye el examen de lo que Foucault llamó “discursos verda deros”, racionalidades políticas o mentalidades de gobierno que “sirven para fundar, justi ficar y proporcionar razones y principios para [ciertas] formas de hacer las cosas” ^{(Foucault, 1991, pág. 79)} traducción nuestra. A partir de ellos se estructura un pensamiento que alcanza sistematicidad; una “tecnología intelectual” o “mecanismo para hacer la realidad susceptible a ciertos tipos de acciones” ^{(Miller y Rose, 1990, citado en Rose y Valverde, 2012)}.

Algunas operaciones son necesarias en el análisis de la episteme de gobierno. La primera es la identificación de la problematización. Se refiere a la construcción del campo de problemas sociales necesaria para hacer compatible la realidad con una intervención de gobierno ^{(Lemke, 2000)}, ^{(Dean, 2010)}, ^{Miller y Rose (1992) (2012)}. Ella contiene elementos de percepción y diagnóstico que definen la realidad de las cosas a través de operaciones de inclusión y exclusión, que permiten la emergencia de ciertos objetos en cuanto dejan otros sin visibilidad. La episteme también configura determinadas racionalidades políticas, que son esquemas idealizados a través de los cuales la realidad es representada, analizada e intervenida utilizando cuerpos específicos de conocimiento. En ellas se establece el cálculo que asocia la realización de ciertas conductas normalizadas a determinados propósitos e intereses. Definen también la distribución de funciones y de autoridad entre los diversos agentes, así como los esquemas de justificación de las acciones de gobierno ^{Miller y Rose (1992}, ²⁰¹²⁾. Por último, los programas articulan racionalidades políticas a procedimientos operativos que describen condiciones específicas de aplicación, como la organización de espacios, rutinas, procedimientos, etc. ^{Miller y Rose (1992}, ²⁰¹²⁾. Estos se presentan en la forma de programas, proyectos, planes, etc. Tal es el caso del contenido programático del PGS de Porce III detallado anteriormente.

A continuación, presentamos una descripción de la problematización de gobierno y las racionalidades políticas que constituyen la episteme del dispositivo de Gestión Social de Porce III.

Problemática de la conducta de las poblaciones reasentadas

El problema de gobierno tiene la función de construir representaciones específicas de la realidad que dan forma a los objetos y sujetos a ser gobernados ^{(Lemke, 2000)}, ^{(Dean, 2010)}, ^{Miller y Rose (1992}, ²⁰¹²⁾. De manera general, el problema de gobierno de la Gestión Social de Porce III está asociado al campo cognitivo establecido por la noción de desarrollo, evidenciando su inserción en las prácticas discursivas reproducidas en grandes proyectos. El desarrollo, tal como lo señala ^{Escobar (1996)}, habría alcanzado su significado contemporáneo después de la Segunda Guerra Mundial, dando lugar a una forma de poder que tomó por objeto el “Tercer Mundo”, metáfora que, considerada en sus efectos, refleja su poderosa capacidad de dar forma a la realidad y prescribir maneras de intervenirla. Como bien lo identifica Escobar, la invención del Tercer Mundo fue producida a partir de la configuración de un campo específico de conocimientos, que sirvió de fundamento para la actuación de profesionales expertos encargados de asesorar a las naciones que “deberían” alcanzar el desarrollo.

La centralidad del discurso del desarrollo se observa desde las políticas energéticas co lombianas, como en la Unidad Colombiana de Planificación Minera y Energética, que concluye: “La demanda de energía es uno de los mejores indicadores de actividad económica...” ^{(UPME-Colombia, 2013, p. 4)}. Esta declaración produce un posible espacio para la alineación de proyectos energéticos con el crecimiento económico. En el dispositivo de Gestión Social, adquiere connotaciones más precisas. EPM, describiendo su negocio de generación de ener gía, afirma: “... llevamos más de medio siglo ofreciéndole a Colombia una infraestructura energética sólida, confiable y diversificada, que le garantiza gran parte del fluido eléctrico que necesita para hacer más amable la vida de la gente y facilitar el desarrollo de las regio nes “ ^{(EPM-Medellín, s.f.)}. Por su parte, un consultor en temas de reasentamiento declaró: “Para materializar el desarrollo es necesario contar con la infraestructura necesaria porque, aunque este no sea el objetivo final, es más bien un medio necesario para lograrlo” ^{(Díaz, 2010, p. 17)}. En Porce III, como puede ser evidenciado en un texto publicado en el año en que se culminó la construcción, diagnósticos descalificadores del territorio fueron producidos teniendo como horizonte la idea de progreso, dotando así de justificaciones, a posteriori, para la implementación del proyecto:

Los atractivos futuros se van vislumbrando, comentando por el hecho de tener una vía pavimentada con buenas especificaciones, y de la vista de la represa a lo largo de un buen recorrido, allí donde antes solamente era posible ver peñascos, donde apenas se adivinaban los meandros del río. Y la perspectiva turística que la oferta de nuevos pai sajes para aquellos que visiten las montañas agrestes, que a pocas personas interesó en el pasado, irán dando, complementadas con la información histórica y técnica de lo que allí se produce para Colombia y el continente americano, la energía eléctrica, con tecnología del siglo XXI ^{(Gómez, 2010, p. 185)}, énfasis nuestro.

Entretanto, el problema de gobierno planteado en el PGS tuvo como punto de partida el hecho consumado de la implantación del proyecto hidroeléctrico, de cuya decisión fueron significativamente excluidas las comunidades directamente afectadas. El discurso del desarrollo se hace presente asociado a la idea de progreso y justifica la existencia del proyecto como materialización de la “utilidad pública” y como contribución al “bien común”. En adelante, el problema se define como relativo al reasentamiento de la población y a los comportamientos y prácticas que esta asumiese.

Dicho esto, el conjunto de programas que convergen en la práctica de la Gestión Social configura un patrón discursivo que pasa a problematizar las percepciones y prácticas indi viduales y colectivas de las poblaciones en proceso de reasentamiento, con el propósito de tornarlas objeto de activa intervención. El problema de la población reasentada se plantea a partir de una segmentación que da origen a dos tipos de tratamiento: de transacción y de restitución. En el primer caso, se entiende que la retirada de la base material que sustenta la sobrevivencia de las poblaciones es susceptible de transacción financiera, a través de la relación entre agentes económicos que actuarían en un ambiente de mercado. En el segundo caso, son accionadas las problemáticas clásicas del discurso del desarrollo, como la identificación de carencias en la población, para su posterior intervención tutelada.

La problemática como cuestión de transacción concibe individuos y familias como agentes de mercado, homo economicus, cuya conducta se asume racional, en el sentido de ser susceptibles a un estímulo económico que les haría actuar en consecuencia, procu rando su propio beneficio. Tal diagnóstico, enmarcado en una racionalidad de mercado, buscaba compensar a las familias con recursos económicos para que rehiciesen sus condi ciones de vida por cuenta propia. Con este fin, la cuestión fue atribuir valores a los activos físicos, aspectos económicos y sociales de las familias, incluyendo mediciones específicas sobre su vulnerabilidad, que incluyeron la definición de un factor económico por traslado. Conocimiento técnico, económico y financiero especializado fue aplicado para la realización de los cálculos que sirvieron de sustento para realizar las transacciones. La negociación y los acuerdos resultantes se configuran en instrumentos para encuadrar la conducta de la población evocando en ella su comportamiento racional. Contrasta con este esquema racionalizado, el hecho de que las personas y familias no tuvieron acceso suficiente a la informa ción, ni contaron con la capacidad de presión y persuasión que pudo ejercer la empresa en el denominado “proceso de la negociación”.

La sustitución de componentes materiales a través de la modalidad de compensación financiera ocupó en gran medida las prácticas de Gestión Social, al alcanzar el 82% de las familias afectadas por el proyecto. Tal porcentaje evidencia un importante ejercicio de clasificación de la población. Esperando que aquellos que fueron compensados asumiesen la responsabilidad subsecuente por sus condiciones de vida, la Gestión Social redujo considerablemente intervenciones más intensivas, imprimiéndole mayor eficiencia al dispositivo de gobierno. Sólo algunas acciones de monitoreo fueron implementadas para aquellos que aceptaron compensación monetaria, sin mayores repercusiones para el proyecto.

Ya la problemática como cuestión de restitución, diagnosticó las conductas de la población a partir de los esquemas clásicos del discurso del desarrollo, donde el carácter de mejoría o de pretensión de mejorar la vida de los demás ^{(Li, 2007)}, definió como centro del problema las deficiencias de los pobladores para adaptarse al nuevo entorno geográfico y social. Para ello, la Gestión Social de Porce III configuró una lectura de diversos aspectos a intervenir a partir de la convergencia de diferentes programas.

A través del Programa de restitución de las condiciones de vida, se entendía que: “las condi ciones de vida que tenían las familias, fueron restauradas de manera integral en su nuevo entorno y mejoradas, como consecuencia de las obras de desarrollo” ^{(Gómez, 2010, p. 184)}. Aquí, el programa introdujo una nueva segmentación poblacional, diferenciando las prác ticas agropecuarias de las comerciales. En el primer caso, como ha sido constatado en otros ^{(Escobar, 1996)}; ^{(Ferguson, 1994)}; se optó por la realización de programas de desarrollo rural que incorporaron un conjunto casi estandarizado de prácticas socio-espaciales, que incluía la implementación de unidades de producción con cría de ganado y siembra de cultivos, así como la figura del agricultor rural, modelo a ser asumido por personas y familias en el lugar de destino. En el segundo caso, introdujo una variante al concebir el reasentamiento en zonas urbanas con la inclusión de prácticas y servicios comerciales a ser emprendidos por la población. En ambos casos el núcleo del problema es un tipo de deficiencia constatada en la población para adaptarse a una nueva realidad que, a su vez, también es construida por el propio proyecto.

A partir de diagnósticos técnicos orientados por ciencias ambientales fueron problema- tizadas las prácticas espaciales de la población en su relación con la base material y los sis temas vivos. Las prácticas anteriores deberían ser ajustadas, como en el caso de las activida des agropecuarias, en cuanto otras deberían ser eliminadas, tal como la minería artesanal. Sin embargo, estos cuerpos de conocimiento no fueron evocados por técnicos a cargo para problematizar los importantes efectos ambientales producidos por la empresa, sino más bien, los posibles impactos que los reasentados pudiesen causar a los atributos del medio ambiente requeridos para el funcionamiento del proyecto. Prescripciones sobre el manejo de fuentes de agua, son un ejemplo de esto. A esta problemática ‘ambientalizada’ de go bierno le fue asociada una lectura similar a la de la transacción, en el sentido de representar también el problema en términos económicos.

El carácter más individual y familiar que asumió la problematización de gobierno en el programa de restitución de las condiciones de vida, fue complementada con una perspectiva comunitaria evidenciada en la producción discursiva del Programa de Convivencia

Porce III-Región. Los movimientos migratorios producidos por la implantación del proyecto se percibieron como problemáticos, debido a que situaciones de inestabilidad social podrían amenazar las condiciones del ambiente necesario para el funcionamiento de la empresa. A diferencia de características registradas en proyectos hidroeléctricos de décadas anterio res, en este caso, el PGS incluyó el territorio y la población localizada aguas abajo dentro de la “zona indirecta de influencia”. Este recorte territorial refleja también una operación adi cional de clasificación de la población, haciendo visibles a comunidades y organizaciones como objeto de gobierno. El mantenimiento de condiciones de “convivencia” obedecería a la necesidad de generar relaciones de cooperación y confianza que incluirían en ellas a la empresa, y que serían producidas mediante la capacitación y la formación a nivel comuni tario y de las organizaciones, lugar privilegiado para la co-gestión de sociabilidades entre empresas, comunidades y autoridades.

El Programa de Comunicación, a su vez, en correspondencia con la práctica discursiva de la convivencia, evidenció una preocupación por las representaciones de la población sobre la realidad local y la relación con la empresa. El programa proponía, por lo tanto, la “gestión de las expectativas de la población” para “garantizar la armonía entre los intereses de ambas partes” ^{(EPM, 2002, p. 211)}. Por otro lado, así como en el programa de convivencia, la práctica discursiva de la comunicación problematizó lo que se entendió como deficiencias en la crea ción de lazos comunitarios y posibilidades de participación, de acuerdo con los discursos difundidos por agencias multilaterales de desarrollo:

... garantizar la información a las comunidades de influencia directa e indirecta y a las autoridades e instituciones locales sobre todos sus componentes, que propicien los lasos de interacción comunitaria y alcanzar el reconocimiento, identificación y apropiación de los grupos sociales y [...] la generación de las condiciones para la par ticipación formada e informada de los diferentes actores sociales e institucionales en los espacios de comunicación y gestión propiciados para la construcción de proyecto hidroeléctrico ^{(Gómez, 2010, pág. 185)}, énfasis nuestro.

Finalmente, la práctica de gobierno adquirió su carácter central a través del Programa de Monitoreo del Desempeño. Con él se consideró que sería necesario realizar un proceso perma nente de acompañamiento a las familias y comunidades en el proceso de incorporación de conocimientos y cambios en las prácticas, conforme fue definido en los otros programas, a través de la medición de “indicadores críticos. para el control y la prevención” ^{(BID, s.f., p. 50)}. Al quedar establecido que individuos, familias y comunidades estarían deficitariamente do tados de actitudes y habilidades prácticas para lidiar con las nuevas situaciones ambien tales, económicas y sociales producidas por el reasentamiento, se percibe el esfuerzo del proyecto por ejercer un control permanente que permitiera corregir el desempeño de aque llos, a través de la aplicación de parámetros técnicos. Estas medidas de desempeño servirían también como formas de control para los profesionales encargados del monitoreo, tornán dose sujetos de la operación del dispositivo de gobierno.

En consecuencia, el problema de gobernar las poblaciones reasentadas a través de la Gestión Social adoptó características generales de los grandes proyectos, pero también específicas. Un rasgo central es que el proceso de conducción de las conductas se generó a partir de una imposición, de la inexorabilidad de la implementación del proyecto hidroeléctrico. Por otro lado, la construcción del problema del reasentamiento de la población se formuló en términos de carencias y su superación a través de procesos de mejoramiento inducido, ya fuese en el ámbito económico, ecológico, social o comunicativo. La exclusión del debate de la presencia misma de la empresa en el territorio y el carácter técnico que prevaleció en la intervención de las diversas dimensiones de la vida de las poblaciones, contribuyeron a naturalizar la asimetría en las relaciones de poder. En suma, posibilitaron cerrar el problema de gobierno ^{(Miller & Rose, 2012)}, es decir, un encuadramiento de los objetos y sujetos a gobernar, de acuerdo con los objetivos estratégicos de la empresa.

Gobernando a través de la gestión: cambio, monitoreo y ajuste

Como es evidente, la “Gestión social” de poblaciones reasentadas es planteada como un asunto de gestión. Sin embargo, dicha constatación amerita un análisis más depurado. En directrices para el reasentamiento de poblaciones, establecidas por diversas entidades de orden internacional, es posible identificar la tendencia a incorporar la gestión como esquema cognitivo básico para orientar la actuación de los agentes involucrados en los programas, incluidas las mismas poblaciones.

A diferencia de prácticas administrativas anteriores aplicadas al ámbito de grandes proyectos de desarrollo, la tendencia observable es la aplicación de esquemas de gestión en el tratamiento de los entornos sociales de los proyectos. Como fue mencionado antes, metodologías de planificación y gestión se tornaron modelos ampliamente difundidos y legitimados por agencias internacionales. En Porce III fue adoptada la “Metodología de Marco Lógico”, de uso recurrente en grandes proyectos, que opera a partir de la definición de estados deseados a los que se le corresponden objetivos a ser alcanzados; objetivos que a su vez orientan la formulación y el ajuste constante de las actividades necesarias para su consecución. Tales metodologías gerenciales no son ajenas a las prácticas estatales, sien do ellas activamente aplicadas en los procesos de licenciamiento ambiental. Tampoco lo es para otras organizaciones de la sociedad, incluso para aquellas con una visión crítica. La Comisión Mundial de Represas (WCD) en informe de 2000, proponía directrices para el re asentamiento de poblaciones. En dicho documento, el término gestión fue citado 223 veces ^{(WCD, 2000, p. 250)}.

A partir de tal adopción, resulta claro que la Gestión asume un carácter paradigmático en este campo. Ella es ampliamente apropiada como base epistémica para dar forma a las prácticas de reasentamiento de poblaciones en el contexto de grandes proyectos de desa rrollo. Este no es ni mucho menos el lugar más representativo de su aplicación, pero si uno en el cual se puede observar su amplia difusión como patrón de racionalización de las prác ticas en las sociedades contemporáneas.

El lugar preponderante de la Gestión se remonta a los saberes aplicados a herramientas, procesos y productos durante la revolución industrial del siglo XVIII ^{(Drucker, 1999, citado en Sánchez, 2001)}, así como al mundo del trabajo, responsables ellos por el considerable aumento en los niveles de productividad. Entretanto, es en el siglo XX que la Gestión aparece como una variante de la Administración, tornándose un núcleo muy relevante del debate sobre los procesos de cambio social e institucional ^{(Grinberg, 2006)}, pasando a ser “una fun ción genérica de todas las organizaciones ... el órgano genérico de la sociedad del saber” ^{(Drucker, 1999, citado en Sánchez, 2001, p. 20)}. Ella se presenta como un conjunto de técni cas destinadas a racionalizar y optimizar el funcionamiento de las organizaciones ^{(Gaulejac, 2015, p. 39)}. La gestión ha alcanzado cierta universalidad, influyendo profundamente las prácticas y las subjetividades individuales y colectivas.

En cuanto práctica de gobierno, la racionalidad de la Gestión conlleva la pretensión de disponer, - disposición adecuada de las cosas en función de alguna finalidad- y de esta forma se asocia etimológicamente a la noción de dispositivo, como ha sido explicitado por ^{Agamben (2011)}. Para este autor, entre economía, gobierno, administración y disposi ción dispositivo hay una clara asociación:

El vínculo que reúne todos estos términos es la referencia a una economía, es decir, a un conjunto de praxis, de saberes, de medidas y de instituciones cuya meta es ges tionar, gobernar, controlar y orientar -en un sentido que se quiere útil- los comportamientos, los gestos y los pensamientos de los hombres. ^{(Agamben, 2011, p. 256)}

La Gestión enfatiza en la corrección permanente del rumbo de las acciones como medio para garantizar mayores niveles de excelencia, “calidad total”, “defecto cero”, eficacia y efi ciencia en la consecución de los objetivos ^{(Grinberg, 2006)}. Es por esto que el monitoreo del desempeño se configura en la práctica discursiva por excelencia del dispositivo de Gestión Social. La traducción de las prácticas a variables e índices susceptibles de ser agregados en “curvas de desempeño” establece un tipo de maquinaria intelectual de gobierno que será detallado a continuación en los otros campos de saber que predominan en el dispositivo. En definitiva, la Gestión encuentra asidero, como práctica discursiva, en dispositivos que bus can hacer útiles las conductas de los individuos, alcanzando el estatus de expertise, estrate gia o medio de cálculo; es decir, de episteme en las prácticas de gobierno ^{(Dean, 2010)}.

Gobernando a través del desarrollo: dominio de la transacción y el mejoramiento

El proceso de reasentamiento de poblaciones se apoya también en una racionalidad identificable con la del desarrollo económico. Ella se manifiesta a través de dos formas complementarias. Una halla su fundamento en la ciencia económica y el modelo de mercado, la otra, en las pretensiones de mejoramiento características del discurso del desarrollo. Tal distinción es evidenciada, por quienes conciben los programas de Gestión Social, en estos términos: “Algunos asuntos, como la restitución de la base económica, se deben ajustar a las reglas del mercado, mientras otros, como el fortalecimiento de la organización comunitaria deberían ser liderados por la sociedad” ^{(Díaz, 2010, p. 86)}. A partir de la representación de las familias como agentes económicos y de sus medios de vida como recursos, la transacción económica individualizada se convierte en la forma predominante de conducción de personas y familias desplazadas. Ella resulta más conveniente como práctica de gobierno por varias razones. En principio, hace inteligible la relación con la población como un asunto de negociación de intereses con diferencias resolubles en el plano transaccional. En esta lógica, aspectos económicos y sociales de las familias -lo que incluye el cálculo de su vulnerabilidad, según la concepción que la empresa tiene de ésta-, son cuantificados y llevados a valores monetarios para la negociación. En la representación de la relación con las poblaciones queda claramente asociada la autoridad de quien ejerce la práctica de gobierno a la figura del gestor, consultor, técnico o especialista, dotado de los conocimientos que van a determinar las acciones, a partir de la realización de dichos cálculos. Por otra parte, la aplicación de la lógica de mercado le confiere legitimidad a la práctica de la Gestión Social, dado que la negociación y compensación económicas individualizadas suelen ser ampliamente aceptadas como mecanismo de regulación de las relaciones en el contexto social vigente. Esta legitimidad es incluso reafirmada por denuncias que tienen como base la discrepancia en torno a los valores definidos en las negociaciones, sin que se cuestione la racionalidad que conlleva dicha práctica. Diferente es el caso de críticas que plantean la discusión en términos de los derechos afectados por el proceso de reasentamiento o que alegan no aceptar abandonar sus residencias, por razones de arraigo considerados como no transables.

Otro aspecto del uso de esta racionalidad económica, que resulta ventajoso para el pro yecto, es la posibilidad de ejercer el poder asimétricamente detentado por éste a través de negociaciones directas e individualizadas con las personas y familias, donde las decisiones de éstas resultan susceptibles de manipulación, en función de los intereses de la empresa. La denuncia de algunos pobladores sobre la falta de información en torno a sus derechos, a los impactos y medidas compensatorias, revela su posición desventajosa en las negociacio nes. Este es sin duda un factor que potencialmente puede deslegitimar la intervención de la Gestión Social; sin embargo, su efecto es modulado por las condiciones de visibilidad y de difusión que pueda adquirir dicha crítica. Una vez realizadas las transacciones correspon dientes, el tratamiento de la población se complementa con una práctica de monitoreo que introduce una variante a la lógica de mercado, en un sentido similar al “servicio posventa”.

La racionalidad económica se configura también a partir de prácticas discursivas asociadas a la noción de desarrollo y su pretensión de mejoramiento. Es necesario observar que las intervenciones de desarrollo se produjeron en un segundo momento, luego de que algunos sectores de la población protestaron por los perjuicios percibidos como resultado de las negociaciones con la empresa. Se entendía que las “obras de desarrollo” crearían las condiciones materiales para el bienestar de la población en los espacios asignados al reasentamiento. Entretanto, la restitución material de la vivienda, de la infraestructura y de la base económica, respondió a patrones culturales no totalmente acordes con la visión de las personas removidas, como se ha sido expresado en reiteradas ocasiones por algunas de ellas. Críticas fueron formuladas a la desestructuración de la base material requerida para garantizar la continuidad de las prácticas espaciales de varios grupos sociales, así como por la pretensión del proyecto de desincentivar unas en favor de otras, consideradas más convenientes para la reordenación espacial del territorio en curso ^{(Muñoz, 2016)}. Las prácticas espaciales privilegiadas y los modos de vida que les corresponden fueron representadas en los programas a través de las categorías de productor, para el caso rural, y de comercian te, para el urbano. En este ejercicio de clasificación se excluye, por ejemplo, a los barequeros -mineros artesanales-, cuyas prácticas fueron espacialmente inviabilizadas por la represa y a quienes sólo les restó optar por compensaciones monetarias, o por aceptar las opciones de actividades de desarrollo ofrecidas por el proyecto. En este último caso, el instrumento de “contrato de restitución” asumió la función de restringir acciones futuras de los afectados, quienes se comprometían a renunciar a sus actividades mineras en el área de influencia del proyecto y a aceptar las compensaciones a través de la restitución de vivienda y la inclusión en proyectos productivos. Dicho sea de paso, la autopercepción de estos grupos como afec tados o impactados, contrasta con la categoría de “beneficiarios” utilizada por el proyecto. Los afectados se comprometían a no vender los bienes muebles, inmuebles y equipos entre gados por la empresa para el desarrollo del proyecto productivo. En dicho contrato consta ba: “el beneficiario... renuncia de forma categórica a toda reclamación posterior y acepta como defini tivo y único este pago” (Contrato de reasentamiento proporcionado por una de las familias en la fase de campo de la investigación). Ver ^{Muñoz (2016)}.

Las categorías de sujeto privilegiadas estuvieron asociadas a la promoción de un conjunto de prácticas socioespaciales que tomaron forma a través de la implementación del “proyecto productivo” (de comercio/servicios o actividad agropecuaria). Este instrumento proporcionó procedimientos técnicos para establecer una relación constante de “monitoreo”, que como señalamos antes, fue ejercida por los gestores del proyecto sobre los compor tamientos y prácticas de las personas, familias y comunidades. Los proyectos productivos comprendieron la organización de una serie de actividades de capacitación, visitas domiciliarias de seguimiento a las acciones y de reflexión conjunta sobre el desempeño de las familias, así como acciones correctivas correspondientes. Las cifras de desempeño del pro yecto productivo se constituyeron en un mecanismo a partir del cual las familias y comuni dades debían gestionar su propio desempeño.

A su vez, la distribución de las familias y grupos en la medición de desempeño tuvo como efecto el establecimiento de un tipo de clasificación social, diferenciando a aquellos “beneficiarios” que lograban ajustarse o no -o en qué medida- a las expectativas establecidas por el proyecto. Tales metas solían estar acompañadas del propio compromiso asumido por las familias con su consecución. Es de esta forma que el dispositivo de gobierno logró instalarse de forma más efectiva, al tiempo que le confirió mayor legitimidad a la práctica de la Gestión Social. Entretanto, participar activamente en la práctica de su propio gobierno representó, para las familias y comunidades, una considerable responsabilidad por el even tual detrimento de sus condiciones de vida y, en consecuencia, por el éxito o no del proceso de reasentamiento. En el ámbito personal y particularmente en el económico, esta respon sabilidad representó la adopción de una mentalidad emprendedora, que la Gestión Social accionó al relacionar las prácticas económicas propuestas por el proyecto con la creación de oportunidades de crecimiento para las personas. La intervención social así concebida buscó legitimarse, al mostrarse como condición para no “generar dependencia” y fomentar la auto nomía de las poblaciones. Como efecto, el proyecto logró establecer condiciones para garan tizar la “auto-sostenibilidad” ^{(Gómez, 2010, p. 184)} del proceso al delimitar, en el tiempo, su responsabilidad sobre las consecuencias eventualmente indeseables del reasentamiento.

Gobernando a través de la sustentabilidad: la conciencia ambiental al servicio de la generación de energía

Es posible percibir que el tratamiento de la población en el proyecto también se concibe como una extensión de la racionalidad aplicada a la base biofísica, objeto principal de intervención de la hidroeléctrica. Este aspecto revela la estrecha articulación de la racionalidad de la Gestión Social con las apropiaciones que el proyecto hace del discurso ambiental. Vale decir que, en el campo de la Gestión Ambiental de proyectos de desarrollo, la Gestión Social, como se entiende en este trabajo, aparece como una ramificación de aquella, debido a que el tratamiento de aspectos sociales surgió como complemento en la transformación histórica de los estudios de impacto ambiental. Y a pesar de no haber referencia específica a la Gestión Social en el cuadro normativo colombiano, el “Plan de Gestión Social” es incluido en los estudios ambientales para el manejo de impactos sociales, necesarios para obtener la licencia ambiental. Más presente ha estado en normas adoptadas voluntariamente por las empresas, como los “sistemas de gestión ambiental” de la International Standardization Organization (ISO), creada en 1996. La “gestión socio-ambiental” y la “gestión social” son también parte de los discursos de los consultores en estos contextos. Un ejemplo de esta literatura es el texto de ^{Díaz (2010)} titulado “Gestión Social en Megaproyectos, un enfoque integrador”, que, sea dicho, contiene la teorización y sistematización del modelo adoptado en Porce III. Allí, la gestión ambiental es relacionada con: management o planeación, dirección y control de actividades, impactos ambientales e instrumentos de manejo y está orientada a la obtención de la “licencia social para operar” (p. 99). Como consecuencia, las poblaciones afectadas pasan a ser representadas como siendo “parte del ambiente” a ser gestionado, tal como ha sido observado por Castro y Andrade (1988), citados en ^{Vainer (2004)}, lo que resulta, entre otras cosas, en la sustracción de su carácter de sujetos políticos.

En Porce III está claramente identificada dicha relación al hacer parte del Plan de Manejo Ambiental (PMA). Allí el Plan de Gestión Social fue entendido como un “diseño integrado de gestión socio-ambiental”. En consecuencia, tal confluencia de conocimientos y saberes direccionados al entendimiento del medio ambiente es re-articulada en el tratamiento del complejo población-ambiente.

La intervención a través del proyecto productivo sirvió de fundamento práctico para la incorporación de una racionalidad ambiental en la práctica de gobierno. En este sentido, las prescripciones ambientales privilegiaron prácticas identificadas como sostenibles al paso que descartaron otras que, a la luz del proyecto, no cumplían con dicho atributo. Este fue el caso de los mineros artesanales, citado anteriormente. Entretanto, ella es reforzada por el discurso pedagógico de la “educación ambiental”, considerado pertinente para producir el tipo de comportamiento correspondiente con la nueva configuración social y espacial requerida por el proyecto. Basada en indicadores considerados como objetivos para el entendimiento de la relación población-ambiente, la educación ambiental incorporó principios de actuación relativos al consumo de recursos, tecnologías de reciclaje de materia, disposición de desechos, entre otros. En su aplicación, personas, familias y comunidades fueron instadas a demostrar capacidades de autogestión en prácticas de “adopción de fuen tes de agua”, mejoramiento de su entorno, cuidado de bosques, disposición de residuos

^{(Muñoz, 2016)}; procesos estos, claramente asociados a las condiciones ecológicas necesa rias para el funcionamiento de la hidroeléctrica. Por lo tanto, el ajuste de las prácticas de la población a las normas establecidas por los conocimientos técnico-ecológicos sería una condición a ser creada por la empresa para garantizar la adaptación de la población.

Esta pedagogía empresarial se enmarca en formas de educación comportamental o conservadora, que operan mediante una psicología de la consciencia ^{(Carvalho I. , 2001)}. En ella no son consideradas las relaciones de poder y los conflictos sociales intrínsecos a la disputa por el uso y apropiación de recursos y territorios. En consecuencia, los conocimientos que son transmitidos no problematizan las importantes afectaciones ambientales producidas por la empresa. Se trata de un tipo de “cinismo como modo hegemónico de racionalización en las esferas de interacción social del capitalismo contemporáneo, conformando procedimientos de justificación a intereses que no pueden ser revelados” ^{(Safate, citado en Acselrad 2013, p.13)}.

Gobernando a través de la comunidad: capitalización de la voluntad, la confianza y la cooperación

Además de la escala individual y familiar, las organizaciones y comunidades también emergieron como sujetos de gobierno. Ellas fueron discursivamente constituidas a partir de una lectura del espacio social que abarcó las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. El cálculo que orientó las prácticas considera necesaria la intervención en tales dinámicas sociales para mantener adecuadas formas de inserción social del proyecto. El fundamento epistémico proviene de conocimientos asociados a la noción de “capital social” que resaltan la importancia de crear relaciones de cooperación y confianza con la población. Esta racionalidad socializada posibilitó que la Gestión Social hiciese inteligibles las conductas de personas y grupos actuando al nivel de sus formas de acción colectiva. Fueron producidos conocimientos sobre el estado socio-económico de las comunidades, sobre los impactos producidos por el proyecto, así como sobre el desempeño interno de las organizaciones y comunidades, con el propósito de “fortalecerlas” para la “participación”, aplicando también prácticas de monitoreo en su funcionamiento. A pesar de tal intervención representar, eventualmente, posibilidades estratégicas para las agendas de las organizaciones y comunidades, desde el punto de vista del dispositivo, permitió la activación de un espacio complementario para el gobierno de la población. Esta característica comunitarista ^{(Rose N., 2007)} es consistente con la búsqueda de formas de relación a partir de “lazos de interacción comunitaria”, suscitando procesos de “reconocimiento, identificación y apropiación de los grupos sociales”. El carácter gerencial de estas relaciones se expresa en la intención de “crear la contraparte”, a través de “condiciones para la participación formada e informada” en los “espacios de comunicación y gestión propiciados por el proyecto”. Entretanto, salta a la vista su pretensión estratégica de obtener niveles de “convivencia” entre la población y la empresa.

A este nivel, personas y organizaciones fueron representadas como “partes interesadas”, figura que encarna un individuo o colectivo sensible a estímulos en una relación social. A ellos fue dirigida de forma enfática una práctica de comunicación para administrar sus ex pectativas y buscar armonizar sus intereses con los intereses del proyecto. La variedad de contenidos transmitidos es muy significativa y requeriría un mayor esfuerzo de análisis. Sin embargo, es posible destacar en ellos un efecto sobre las estructuras cognitivas y la produc ción de sentido, es decir, sobre las representaciones de la realidad local.