Introducción

El problema de investigación radica en construir de forma participativa una propuesta de justicia y reparación, bajo el marco normativo de Ley de Víctimas (^{Ley 1448 2011}), por parte de la Comunidad Embera Katío Choromandó de Dabeiba (Antioquia), en su condición de víctima del conflicto entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, además de otros actores.

Las razones que motivan este estudio parten de que la Ley 1448 de 2011 y su Decreto Reglamentario del mismo año proponen una serie de aspectos que permiten una reparación integral y efectiva de las comunidades indígenas como víctimas del conflicto; no obstante, como lo sugiere la misma Ley, debe atenderse a las condiciones específicas de estas comunidades, labor que, para la Unidad de Víctimas, entidad encargada del proceso de reparación, resulta todavía incipiente puesto que la misma Ley no propone estrategias de comunicación intercultural específicas para lograr la efectividad del proceso de acercamiento a los grupos étnicos. En el caso específico de la comunidad de Choromandó, esta misma había hecho peticiones de atención en las negociaciones del Estado con la guerrilla de las FARC, ya que venía siendo objeto de una serie de violaciones a sus derechos, entre los que se contaban: el desplazamiento forzoso, el asesinato de algunos de sus líderes y, por encima de todo, el irrespeto a su autonomía como jurisdicción especial dentro del territorio nacional; todo ello, de manos de diversos actores del conflicto armado. Frente a ello, aparece la necesidad de la comunidad de plantear su propia postura en materia de justicia y reparación, buscando la adaptación de la Ley 1448 a su condición, y requiriendo para ello un proceso de comunicación intercultural que, en este caso, lo acompañó el equipo investigador.

La relevancia de la investigación se explica con la necesidad de reivindicar a las minorías indígenas, víctimas del conflicto, donde no es suficiente una reparación o una participación simbólica; ante todo, es fundamental que se resignifique el conflicto con la búsqueda de la justicia y la reparación a partir de la cultura y cosmogonía de los embera, obteniendo beneficios en los ámbitos social, político económico y cultural. Una propuesta de justicia y reparación impacta los sistemas de organización social, de planeación y desarrollo de la comunidad; además, las estrategias para la participación y el diseño de la propuesta de paz se construyen conforme a su sistema de creencias, respetando su cosmogonía y empleando el conocimiento ancestral indígena para enriquecer la investigación, desde el ámbito de la comunicación intercultural.

Respecto a los trabajos preexistentes sobre la materia, debe decirse que el problema de estudio es muy particular al contexto colombiano debido a las condiciones del conflicto armado, del proceso de paz y de la promulgación de la Ley de Víctimas. No obstante, se encuentra, conforme con las condiciones estructurales de los pueblos indígenas en América Latina, una serie de referentes que sirven a la investigación (^{González, 2013}; ^{Guardiola, 2011}; ^{Nos, Iranzo & Farné, 2012}; ^{Petit, 2013}; ^{Rodríguez, 2012}); en países como México y Perú, con amplia población indígena, se ha trabajado conjuntamente con las comunidades en asuntos políticos, aunque no precisamente en procesos de paz, destacando el papel de la mujer y los jóvenes indígenas como agentes que desean contribuir con la transformación de sus comunidades (^{Hernández-Díaz, 2010}; ^{Maldonado & Hidalgo,2009}; ^{Orjuela, Córdoba & Caicedo, 2012}). En el caso colombiano, se resalta el estudio de los procesos de participación indígena a partir de las disposiciones de la Constitución Política de 1991, las cuales han permitido su construcción y dinámica como movimiento social, además de la estructuración del sistema político indígena del país (^{Avellaneda, León, Pacheco, Restrepo, Vera & Betancur, 2011}; ^{Chavarro, 2013}; Cuchumbé, 2012; ^{Durán, 2009}; ^{Durango Álvarez, 2012}; ^{Morales & Isidro, 2014}; Ocora & Urrego, 2013; ^{Vargas Chávez. & Segura Rodríguez, 2013}). En el ámbito local, los informes publicados por la Gerencia Indígena de Antioquia constituyen la evidencia del trabajo conjunto que realizan las comunidades étnicas para mejorar sus condiciones económicas, sociales y políticas. La conservación, protección y preservación de la cultura es la linea argumentativa que fundamenta las investigaciones en asuntos indígenas (^{Gerencia Indígena de Antioquia, 2002}; ^{Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2006}).

Metodología

El estudio que se propuso tuvo un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta el proceso de inmersión donde se pretendió lograr con la comunidad Embera Katío la construcción conjunta de una propuesta de justicia y reparación conforme con sus necesidades. El alcance que se buscó fue de tipo participativo ya que “se enmarcó en una concepción social y científica holística, pluralista e igualitaria. Los seres humanos fueron cocreadores de su propia realidad, en la que participaron a través de su experiencia, su imaginación e intuición, sus pensamientos y acción; ella constituyó el resultado del significado individual y colectivo” (^{González Morales, 2003, p.133}). En esta misma línea participativa, el diseño metodológico fue no experimental, buscando coadyuvar a la comunidad en un proceso de transformación y cambio social; para ello se ofreció un acompañamiento en el plano metodológico y pragmático para la consecución de la propuesta en mención. Desde lo metodológico, se abordó la investigación-acción-participación (IAP) como “un proceso que combina la investigación científica y la acción política para transformar radicalmente la realidad social y económica y construir el poder popular en beneficio de los explotados” (^{Fals Borda, 1985, p.12}). Las pautas básicas de este proceso¹ se hicieron efectivas en la aplicación de técnicas de recolección de información que incluyeron: talleres de construcción de memoria popular y de memoria histórica, grupos de discusión, entrevista en profundidad, taller de vivencias, construcción de mapa parlante, ejercicio de memoria visiotópica, reunión informativa y de evaluación de resultados.

El proceso de recolección de datos se dio mediante inmersión de varios días en la comunidad, con visitas realizadas en los meses de abril, agosto y noviembre del año 2015. La última etapa se llevó hasta septiembre de 2016, tiempo en el cual se hicieron contactos con entidades indígenas, organismos de gobierno y participación de Dabeiba, así como la Unidad de Víctimas de este municipio. Los datos recogidos fueron categorizados y posteriormente analizados desde la misma IAP, empleando la triangulación con los presupuestos teóricos y la postura de la investigación. El proceso culminó con la reunión de evaluación de resultados de la propuesta, donde se transfirió el conocimiento construido a instancias estatales, además de garantizar el acompañamiento posterior a la comunidad y a dichas instancias en cuanto la adopción de la propuesta como tal.

Aspectos teóricos

Se toman como referentes la investigación-acción-participación y la comunicación intercultural. Respecto a la primera, Fals Borda, precursor y pionero del concepto de IAP, indica cómo debe ser definido y apropiado el uso de este sistema metodológico desde un enfoque crítico- social y científico: “Un proceso que combina la investigación científica y la acción política para transformar radicalmente la realidad social y económica y construir el poder popular en beneficio de los explotados” (^{Fals Borda, 1985, p.125}). Además, es enfático en la inclusión de la educación de adultos, el diagnóstico de las situaciones, el análisis crítico y la práctica como fuentes de conocimiento para ahondar en los problemas, necesidades y dimensiones, de la realidad.

Para el desarrollo de este proceso investigativo se hace determinante la elección de la IAP, debido a la construcción de empoderamiento social y territorial a partir del conocimiento popular y el saber ancestral que poseen las comunidades minoritarias, como la etnia Embera Katío. Respecto a este ejercicio, Fals Borda considera: “dicha metodología vivencial, de vida y trabajos productivos, implica un conocimiento serio y confiable cuya mira es la edificación de un poder, o contrapoder, que pertenezca a las clases y grupos pobres, oprimidos y explotados, y a sus organizaciones auténticas” (1985, p. 125). Adicionalmente, se propone considerar los aportes realizados por la investigadora Claudia Vélez de la Calle en la teorización del concepto de investigación, acción, participativa: “la IAP, como todo enfoque de investigación se relaciona directamente con unas técnicas e instrumentos de recolección de la información que les sean más afines a sus intencionalidades” (Calle, 2004, p. 45). Propone, además, que para cada etapa del proceso investigativo, hay técnicas de recolección de información distintas y sugiere como instrumentos, los siguientes: la observación participante, los grupos focalizados, los grupos de discusión, el trabajo de campo, historias de vida y las entrevistas, que serán instrumentos a adoptar en el proceso recolección de información que exige esta investigación.

Por su parte, el acercamiento a la comunidad indígena se realiza desde la Comunicación Intercultural, resaltando determinados aspectos:

Hallazgos

En primer lugar se identificó el papel de “víctima”, que caracteriza al resguardo indígena Embera Katío Choromandó de Dabeiba (Antioquia), en el conflicto del Estado colombiano con la guerrilla de las FARC, además de otros actores como los paramilitares y, en parte, el mismo Ejército Nacional. La comunidad señaló como victimario a todo kapunia o blanco que haya interferido de modo violento en su vida cotidiana. En palabras de Joselino Domicó, líder la comunidad:

[…] si a mí me echan de la tierra donde yo vivo, sin ser consultado de mí, soy víctima, si yo pierdo muchas cosas de la tierra, producción, soy víctima, si llega conflicto armado a mi tierra, sin consultar, soy víctima (J. Domicó, comunicación personal, 12 de noviembre de 2015).

Incluso, conforme con la indisoluble relación entre el espacio y el tiempo que habitan, narrada en la cosmogonía de su mito fundacional desde la reconstrucción de la memoria popular, la condición de victimario se extiende hasta la llegada misma de los españoles a su territorio. Frente a esto, y para efectos de la investigación, se delimitaron los victimarios a las FARC y a los paramilitares. Otros aspectos importantes surgidos en el relato mítico fueron: la referencia a la deidad principal como maestro y demiurgo que se ve reflejada en las acciones de las autoridades y en la organización del resguardo; el sentido de la bondad y la convivencia pacífica que se refleja en la deidad principal y que es llevado a las acciones concretas de los miembros de la comunidad; el valor de la naturaleza como un espacio sagrado que si bien es aprovechable por el hombre, no es inferior en importancia a él. Este aspecto fundamenta el ecologismo propio de los pueblos ancestrales. En la actualidad, los indígenas son considerados tanto por la comunidad académica como por el público en general, como actores ecológicos que protegen el medio ambiente y dan esperanza a la crisis ambiental y del desarrollo. Por lo tanto, las representaciones sobre los indígenas han sido transformadas del “sujeto colonial salvaje” en el actor “político- ecológico” (^{Ulloa, 2001})

La construcción de la memoria histórica permitió establecer el desconocimiento de la comunidad hacia la Ley de Víctimas. A través de la socialización de la misma, se logró delimitar la condición de víctima en tres ámbitos: como víctimas por afectación a sus pobladores, especialmente sus líderes destacados como Miguel Domicó² -a manos de los paramilitares- o de Reinaldo Domicó³. Como víctimas de desplazamiento o “situación donde toda persona o comunidad indígena que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su territorio de origen o desplazándose al interior del mismo, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas” (Ley 1448, 2011, artículo 91.°). Se enumeraron tres desplazamientos a causa del conflicto: dos en el año 2001 y otro en el año 2002. También, y como consecuencia de los desplazamientos reiterativos, la comunidad asumió igualmente su afectación como víctimas por despojo. De acuerdo con la Ley de Víctimas, “se entiende por despojo la afectación territorial en la cual, con ocasión del conflicto interno armado, hay apropiación total o parcial del territorio para sí o para un tercero, apropiación de los recursos naturales o culturales del territorio, o de ambos, empleando para ello medios ilegales (2011, artículo 144.°). En el momento de indagar por la extensión del territorio despojado, los pobladores del resguardo no tuvieron claridad frente a ello.

Toda esta etapa de reconocimiento como víctimas empleó la recuperación crítica de la historia donde se descubrieron con la comunidad “elementos del pasado que fueron eficaces para defender los intereses de las clases explotadas y que vuelven otra vez a ser útiles para los objetivos de lucha y concienciación” (^{Fals Borda, 1985, p. 138}). Igualmente, como eje estructural se empleó la cultura popular como base que muestra los valores de la comunidad estudiada.

En segundo lugar, se establecieron de forma participativa las demandas en materia de justicia y reparación del resguardo indígena Embera Katío Choromandó de Dabeiba (Antioquia) respecto al conflicto del Estado colombiano con la guerrilla de las FARC. Para ello, desde la pedagogía crítica, se buscó la participación de los niños en un taller vivencial, donde emplearon amasado en plastilina y buscaron responder a la temática con elaboraciones propias; de este modo, demandaron la ampliación del resguardo mediante la obtención de tierras y el mejoramiento de la calidad de vida, todo ello a través de la protección del medio ambiente y la generación de condiciones favorables para la agricultura. Aspectos que fueron constantes en la mayoría de las representaciones hablaron de ello: elementos naturales como las serpientes (símbolo del cuidado y del peligro) y el río (eje estructurante del resguardo); elementos artificiales como sus viviendas, los bohíos, y la torre de energía, hecho trascendental para esta comunidad ya que hasta hace poco más de un año que había llegado la electricidad al resguardo.

La aplicación de técnicas de recolección de información como la entrevista en profundidad, la construcción de un mapa parlante y un ejercicio de memoria visiotópica indicaron el reconocimiento de otra condición de víctima que se sumó a las ya establecidas, en este caso, la referida a la extensión del territorio por concepto de profanación de sus valores culturales. A partir de ello, y teniendo presente el concepto de reparación integral⁴ del que habla la Ley de Víctimas, se subrayaron como demandas: la necesidad de asegurar la tenencia de la tierra para el sustento de la comunidad y el legado de las futuras generaciones; la reparación material sobre tierras despojadas, no como consecuencia del conflicto armado -según se dijo no hay claridad sobre ello-, pero sí para ejercer el derecho a la protección del mismo; la reparación simbólica y espiritual sobre el territorio profanado a causa del conflicto; el fomento de proyectos que permitan conservar la lengua embera como fundamento de la cultura; el hecho de fortalecer los procesos de memoria histórica en el interior de la comunidad con acciones que materialicen su territorialidad; la importancia de fomentar en las generaciones más jóvenes la idiosincrasia y los valores propios de la comunidad de modo que se haga frente a los procesos de modernización e interculturalidad; el hecho de hacer conscientes a los menores del resguardo sobre el valor de la tierra y la lengua como esencia de la misma. A este respecto, Elkin Domicó, líder de la comunidad, indicó cómo

[…] los niños, los jóvenes, están perdiendo la cultura, porque quieren todo nuevo, como afuera. En estos momentos, usted ha visto, que no hay niños que representen la cultura, o aquí no hay niñas vestidas normal, solo si visten tiene su paruma, pero su camiseta, no se pintan. Esas son cosas que uno ve que a futuro van a desaparecer. Entonces, sí, ellos se enfocan mucho en el estudio, les gusta, pero pasarían como yo; les gusta la cultura, pero no les gusta practicar (E. Domicó, comunicación personal, agosto 8 de 2015)

En tercer lugar, se generó, desde la comunicación intercultural, una propuesta de justicia y reparación del cabildo indígena Embera Katío Choromandó de Dabeiba (Antioquia) que respondiera a sus necesidades como entidad pública especial. Para ello, se realizó un grupo de discusión el domingo 15 de noviembre del año 2015, convocando a los miembros de la comunidad indígena. Asistieron 19 personas entre las que se contó al gobernador del cabildo, además de sus autoridades ancestrales y religiosas. Fue importante el papel ejercido por las mujeres de la comunidad como depositarias de la memoria reciente, manifestando el dolor por la pérdida de sus familiares en medio del conflicto. Su presencia no solo reflejaba ser el bastión de la identidad cultural en la etnia de Choromandó -insistiendo en el porte de la indumentaria embera, por ejemplo- sino que ellas mismas, como lideresas de sus familias, propiciaban procesos de cohesión comunitaria y de conciencia como grupo racial.

La aplicación de este grupo de discusión permitió a la comunidad afirmar su carácter singular como jurisdicción indígena tanto desde la normativa constitucional como desde la Ley de Víctimas. Aunque en las narraciones de los asistentes se encontraron temas aludidos en anteriores momentos de recolección de información, fue significativo el hecho de que ellos mismos subrayaran nuevamente la necesidad de ser integrados socialmente como sujetos de garantía de las acciones estatales para la conservación de su cultura y el respeto por su identidad cultural. En este sentido, según sostiene ^{Fula (2013)}:

[…] al analizar los nuevos retos del movimiento indígena, luego de décadas de enfrentamiento con los terratenientes y con el mismo Estado, se llegaba a la conclusión de que la eliminación de la pobreza, que ya no era única ni prioritariamente recuperación de tierra, implicaba otra clase de relación con las instituciones y con los sectores dominantes (p. 20).

Las demandas en temas como la etno-educación, la tenencia de tierras, la atención en salud, la no intromisión de cualquier grupo armado -incluyendo al Ejército- en el territorio del resguardo fueron los más nombrados por los participantes, acentuando, al mismo tiempo, el sentido de no violencia con que obra la comunidad y de hermandad hacia el resto de pueblos no solo indígenas, sino de cualquier grupo racial. Las formas de justicia y reparación propuestas incluyeron el respeto por la identidad cultural y territorial del resguardo; además, la atención a la educación en el resguardo, solicitando que fuera impartida dentro del mismo para asegurar la preservación de la identidad cultural de la comunidad. Para ello, se requería la dotación en infraestructura y materiales de estudio; el saneamiento del territorio, de modo que fuera atendido por expertos que lo recuperaran para ser cultivable, luego de toda la afectación por químicos; la reparación simbólica sobre el territorio profanado a que se tuviera derecho; la provisión en el sistema de salud para la comunidad; el establecimiento de garantías de no repetición; la no intromisión de ningún grupo armado -incluido el Ejército Nacional- en el territorio indígena; el apoyo en el mejoramiento de la infraestructura de la comunidad: casas, puente colgante y demás, que les permitiera conservar su identidad; el apoyo con programas para la preservación de valores ancestrales dirigido a niños y jóvenes del resguardos; la garantía de que el Gobierno y las FARC sí cumplirían con lo pactado.

En cuarto lugar, se evaluó la efectividad de la propuesta de paz como mecanismo de participación política en el pos acuerdo. Para ello, el equipo investigador, con la debida autorización de la comunidad, buscó estrategias de difusión de dicha propuesta que permitieran su alcance significativo tanto en el ámbito propio de los pueblos indígenas como ante el Estado como negociador en los diálogos de paz. Una primera estrategia entonces consistió en hacerla llegar a instancias administrativas indígenas como la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y la Gerencia Indígena Antioquia. Esta entrega se realizó en agosto de 2016, cuando todavía no se había cerrado el ciclo de negociaciones en La Habana. Para esa fecha, los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC aún no incorporaban el enfoque hacia los pueblos autóctonos, situación que generó protestas y críticas que terminaron con la acogida del enfoque étnico en el acuerdo, prácticamente en el momento de cierre⁵.

Una vez conocido el texto del enfoque étnico⁶, se relacionó con la propuesta construida, destacando puntos de convergencia entre ambos que luego serían objeto de socialización posterior con la comunidad, como indica la tabla 1.

Una segunda estrategia de difusión de la propuesta fue el contacto con la instancia creada por la Ley de Víctimas para el tema de la reparación: la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, y en este caso la correspondiente al municipio de Dabeiba-Antioquia. Si bien la propuesta estaba dirigida a la mesa de negociación con las FARC, el alcance de la misma, al igual que la condición diversa de los victimarios hacia los pobladores de Choromandó (FARC y paramilitares) implicaba que la comunidad debía ser atendida por dicha instancia en los términos que planteaba la Ley 1448 de 2011 y su Decreto Reglamentario 4633 del mismo año. De este modo, el conocimiento construido con la comunidad se extendía también, fruto de la interacción del equipo investigador con los pobladores de Choromandó, a la identificación de estrategias de comunicación intercultural que pudieran servir a la Unidad de Víctimas y otras instituciones para comprender a la comunidad indígena desde su sentido ontológico y antropológico, para luego hacer efectivo el principio de construcción conjunta del Plan Integral de Reparación Colectiva para los Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRCPI) o instrumento que evidencia el proceso de reparación integral a la comunidad. El acercamiento a la Unidad de Víctimas tuvo dos momentos. En el primero, la misma comunidad fue contactada por dicho organismo de la siguiente forma: simultáneamente a la culminación de la propuesta, la Personería Municipal de Dabeiba, siguiendo las disposiciones de la Sentencia de 28 de agosto de 2014⁷, toma la declaración de afectación de la comunidad a través de uno de sus líderes, el señor Edison Bailarín, entre los días 19 y 20 de noviembre de 2015 (^{Personería de Dabeiba, 2014-2016, p. 52}).

Tabla 1 Relación de la propuesta de paz construida con el enfoque étnico de los acuerdos de paz 

Fuente: elaboración equipo investigador

La Personería remitió esta declaración a la Unidad de Víctimas el 21 de diciembre de 2015, inscribiendo a la Comunidad de Choromandó en el Registro Único de Víctimas mediante Resolución 2016- 32926 de 10 de febrero de 2016, comunicándole en esos días su condición de posible sujeto de reparación colectiva; se iniciaba, así, el proceso de construcción del PIRCPI. En el texto de la Resolución se pueden evidenciar aspectos que hicieron parte del proceso vivido con la comunidad:

Un segundo momento de acercamiento a la Unidad de Víctimas lo propició el equipo investigador queriendo no solo realimentar con los líderes de Choromandó el estado actual de la propuesta, sino también transferir el conocimiento construido con la misma comunidad, mediante la inclusión de las estrategias de comunicación intercultural en el proceso ya iniciado del PIRCPI. Así, se contactó a los líderes indígenas de Dabeiba, a representantes de la comunidad de Choromandó, a instancias del municipio tanto gubernamentales (Secretario de Gobierno), como del Ministerio Público (Personero Municipal) y la Unidad de Víctimas como tal; con todos ellos se realizó un encuentro en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Dabeiba el 17 de septiembre de 2016. Entre los asistentes se encontraron el Gobernador Indígena de Dabeiba, el declarante ante la Unidad de Víctimas, algunos miembros de la comunidad, el Personero Municipal y la delegada de la Unidad de Víctimas.

Respecto a la socialización del estado actual de la propuesta a la comunidad indígena, se informó acerca de las instancias a las cuales se hizo llegar el texto (OIA-Gerencia Indígena Antioquia), así como las concordancias encontradas en el enfoque étnico adoptado en los acuerdos de La Habana; todo ello, siguiendo las técnicas comunicativas fundamentales en la transmisión de nuevos conocimientos obtenidos, según Fals Borda. Así, atendiendo al principio diferencial de comunicación, como se contaba con líderes de la comunidad, se optó por elaborar una carpeta con la información, en un lenguaje simple como se había construido la propuesta de noviembre. Esta carpeta se entregó igualmente a las personas de las instituciones invitadas, quienes recibieron con agrado el trabajo realizado por el equipo investigador y se mostraron dispuestas a acoger la propuesta y los aspectos encontrados como parte del proceso de reparación a la comunidad.

Los líderes indígenas, por su parte, manifestaron su conformidad con la propuesta y con las estrategias de difusión realizadas, resaltando aspectos como el hecho de realizar siempre una consulta previa para toda actividad que se deseara llevar a cabo con la comunidad; el énfasis en el reclamo por el tamaño del resguardo; la necesidad de mejorar los niveles de participación de la comunidad respecto a actividades y proyectos que se le propusieran desde fuera de la misma; el respeto que se debía guardar hacia a la autonomía de los indígenas, buscando siempre que sus tradiciones fueran conservadas y respetadas.

Finalmente, el equipo investigador sugirió algunas estrategias de comunicación intercultural para ser aprovechadas desde la Unidad de Víctimas en el proceso de reparación. De acuerdo con Vilá Baños (2007), se propuso un modelo de comunicación intercultural que requería de tres competencias básicas que permitían acercarse a la comunidad con mayor asertividad en el momento de elaborar el plan de reparación: competencias en el orden de lo cognitivo (“elementos comunicativos y culturales de la propia cultura y de otras”), de lo comportamental (“habilidades verbales y no verbales de adaptación de la conducta a la situación y al contexto”) y de lo afectivo (“capacidades de emitir respuestas emocionales positivas y controlar las negativas”) son determinantes en el momento de acercarse a la comunidad.

Discusión

El objetivo de la investigación se desarrolla mediante la construcción, de forma participativa y desde la comunicación intercultural, de una propuesta de paz con los indígenas del resguardo Embera Katío Choromandó de Dabeiba (Antioquia) en el marco de un posacuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. El proceso es participativo desde su misma concepción, ya que la misma comunidad indígena genera la necesidad de formular una propuesta de paz, conforme con la situación de violación de sus derechos que, como entidad con jurisdicción especial, venía presentando por ocupar un territorio en disputa entre las FARC y los Paramilitares. Con miras a la realización de dicha propuesta, el equipo investigador propone a la comunidad el marco de la Ley de Víctimas, normativa desconocida por los pobladores hasta ese momento, como referente para su materialización. Igualmente, a partir de los presupuestos teóricos y metodológicos de la investigación-acción-participación, de Fals Borda, y la comunicación intercultural de Edward Hall, se plantea el diseño metodológico que da lugar a los objetivos específicos del trabajo; estos se comprenden desde el reconocimiento de la comunidad como víctima del conflicto armado hasta la comunicación de la propuesta construida tanto a instancias de representación indígena que pudieran considerarla para el enfoque étnico de los acuerdos de paz como a la Unidad de Víctimas de Dabeiba, para sugerir estrategias de comunicación intercultural que permitieran la construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva para los Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRCPI) o instrumento que evidencia el proceso de reparación integral a la comunidad.

Respecto a las investigaciones precedentes, el presente estudio tiene la particularidad de plantear una temática propia del contexto colombiano, además de apenas empezar a considerarse como temática investigativa conforme con la novedad, en cuanto a su aplicación, de la Ley de Víctimas. Por esto no hay trabajos estrechamente relacionados. Empero, conforme con la literatura cercana revisada, se puede decir que sigue la línea de estudio sobre temas políticos indagados en países con amplia población indígena, destacando la participación de las mujeres y su liderazgo dentro la comunidad. También, desde los trabajos encontrados en el ámbito nacional, se siguen las disposiciones constitucionales, vinculadas ahora a la Ley de Víctimas. Desde los referentes propios de las publicaciones de las entidades indígenas de Antioquia, el estudio se convierte en un caso que puede replicarse en procesos de adopción de la Ley de Víctimas en otras comunidades del departamento o del país.

Para futuras investigaciones se propone seguir abordando la efectividad tanto de la propuesta construida en el marco del enfoque étnico de los acuerdos de paz, como en el Plan Integral de Reparación Colectiva para los Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRCPI). Igualmente es importante seguir revisando temáticas de investigación participativa con comunidades indígenas profundizando en los procesos de comunicación intercultural.

En cuanto a falencias metodológicas, al establecer la validez explanatoria o de relación entre datos y conceptos encontrados en la primera fase de la investigación, se ampliaron los referentes conceptuales que se tenían presupuestados al comienzo del trabajo. De este modo, recurriendo a disciplinas como la etnohistoria y la antropología, se adoptaron los conceptos de visiotopía, topodática, cronotopía y policronotopías; todos ellos para reestructurar el concepto ya trabajado de “cosmovisión” y dar un giro a las narraciones de la comunidad escuchándolas desde su dimensión espacial y temporal, como sugieren dichas disciplinas. Con base en esto, se incluyeron, como complemento a esta primera actividad, ejercicios de construcción de mapa parlante y de memoria visiotópica, los cuales enriquecieron el trabajo hasta su momento realizado.

Conclusiones

La cosmogonía indígena es el eje fundamental de la vida de la comunidad. Bajo un tiempo cíclico, van apareciendo los hitos que van perfilado su identidad y que se repiten como parte de un eterno retorno.

La condición de actor político-ecológico de los indígenas es la que permite comprender en el mito fundacional cómo se llega desde el plano trascendente al inmanente, bajo una ubicación espacial determinada y avalada por la deidad. Se narra un proceso de lucha del pueblo que parte de la época hispánica y la enajenación del territorio inicial.

La caracterización de la comunidad frente al conflicto fue llevando a su reconocimiento como víctimas del mismo, atendido a las características que este concepto tiene en la Ley de Víctimas 1448 de 2011 y su Decreto Reglamentario 4633. Se consideró su afectación como víctimas por asesinato de sus miembros, por desplazamiento, por profanación al territorio y, todavía por argumentar, por despojo de tierras.

Según ^{Torres (2010)} los conceptos de espacio y territorio sagrado fundamentan y sustentan la esencia del pensamiento indígena. Esta perspectiva permite comprender las distancias y aproximaciones de las estructuras sociales y organizativas de estos grupos. Precisamente esta es la mayor reivindicación de todo el relato de la comunidad: “nosotros como indígenas queremos recuperar y estamos peleando por la tierra, por la educación, por la salud, pero lo que más pedimos nosotros es tierra”. Al indagar a la comunidad sobre algún procedimiento realizado a la fecha para recuperar el territorio, se encontró una respuesta negativa, enfatizando en la poca cooperación del Estado.

En su concepción temporal cíclica, el sentido de reclamación sobre los bienes materiales de la comunidad indígena se extiende a la época de la Conquista. La determinación de quién era el victimario frente al conflicto generó falta de precisión respecto al asunto. Cuatro instancias son las que se aluden en esta parte, comenzado por el pueblo español de la época de la Conquista; a todos ellos les adjudican consecuencias similares sobre la realidad actual de la comunidad, básicamente, el desplazamiento. Los paramilitares son vistos como afectadores de la supervivencia y las necesidades básicas. Las FARC, por su parte, son consideradas más ofensivas en el empleo de armas y formas de ataque a la comunidad, cuyos líderes han sido directamente afectados. Una quinta sería el mismo Ejército Nacional.

Las percepciones sobre lo que demanda el resguardo en materia de justicia y reparación parten de su percepción de la tierra, en su dimensión natural -religiosa- ampliándose a diferentes ámbitos donde se afirma su cultura y su territorialidad. Estas demandas incluyen: el apoyo con programas que permitan resarcir los daños causados al territorio, a sus sitios sagrados y a la vida de los pobladores; un acompañamiento a los pobladores desde lo psicosocial que les permita reafirmar su territorialidad sobre el lugar que habitan; el ejercicio del derecho a la protección de territorio por parte del Estado, lo cual incluye condiciones de no repetición de los hechos sucedidos, además de acompañamiento en materia de justicia para las reclamaciones sobre territorio que estén cobijadas en el marco de la Ley de Víctimas: sea por afectación directa de conflicto, o por el mismo derecho a la preservación de territorio bajo las condiciones de conformación del mismo.

Son elementos constantes en las demandas de la comunidad: la necesidad de asegurar la tenencia de la tierra para el sustento de la comunidad y el legado de las futuras generaciones; la conciencia en los menores de la acerca del valor de la tierra y la lengua como esencia propia; la reparación material sobre tierras despojadas no como consecuencia del conflicto armado, pero sí para ejercer el derecho a la protección del territorio; la reparación simbólica y espiritual sobre el territorio profanado a causa del conflicto, para lo cual se debe trabajar en procesos de afirmación de la territorialidad; la importancia de fomentar en las generaciones más jóvenes la idiosincrasia y valores propios de la comunidad de modo que se haga frente a los procesos de modernización e interculturalidad; el fomento de proyectos que permitan conservar la lengua emberá como fundamento de la cultura; el hecho de fortalecer los proceso de memoria histórica en el interior de la comunidad con acciones que materialicen su territorialidad.

La construcción de la propuesta de paz permitió a la comunidad afirmar el carácter singular que tienen como jurisdicción indígena tanto desde la normativa constitucional como desde la Ley de Víctimas. Aunque en las narraciones de los miembros de la comunidad se encontraron temas aludidos en anteriores momentos de recolección de información, fue significativo el hecho de que ellos mismos subrayaran nuevamente la necesidad de ser integrados socialmente y sujetos de garantía de las acciones estatales para la conservación de su cultura y el respeto por su identidad cultural. Las demandas en temas como la etno-educación, la tenencia de tierras, la atención en salud, la no intromisión de cualquier grupo armado -incluyendo al Ejército- en el territorio del resguardo fueron los más nombrados por los participantes, acentuando, al mismo tiempo, el sentido de no violencia y de hermandad con que obra la comunidad hacia el resto de pueblos, no solo indígenas sino de cualquier grupo racial.

La propuesta construida fue llevada ante instancias de representación indígena como la Organización Indígena de Antioquia y la Gobernación Indígena de Antioquia, con el fin de ser consideradas como parte del enfoque étnico de los acuerdos de paz de La Habana, enfoque con el cual guarda una estrecha relación en su fundamentación. Este procedimiento fue socializado con la comunidad indígena, la cual recalcó la necesidad del reconocimiento de la autonomía que tiene como jurisdicción especial.

También fue socializada la propuesta con la Unidad de Víctimas de Dabeiba- Antioquia, de modo que se considerara para la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva para los Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRCPI) o instrumento que evidencia el proceso de reparación integral a la comunidad. En esta medida fueron sugeridas a dicha institución algunas estrategias de comunicación intercultural a tener en cuenta en dicho proceso, estrategias que implican competencias en los órdenes cognitivo, comportamental y afectivo.