TEORÍA POLÍTICA

^{Sobre la paz y los diálogos. Consideraciones sobre el papel de la sociedad civil*}

William Ortiz Jiménez^**

RESUMEN

El ensayo hace una reflexión en torno al proceso de paz que se llevó a cabo en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, y la participación que tuvo la sociedad civil en este asunto. Pero, trasciende, además, a la situación actual del conflicto en Colombia.

A partir de las formulaciones de varios teóricos, entre los que se destacan Daniel Pécaut, Cohen, y Arato., Margarita Bonamusa, María Teresa Uribe, Daniel García-Peña, Habermas, Rawls, entre otros, se fortalece un marco teórico y de referencia bastante sólido para mostrar cómo lo público es indispensable en las acotaciones que lleven a la solución de los conflictos.

Sin el concurso de lo público, tampoco sería viable la participación de la sociedad civil. Los espacios de solución de conflictos, el ágora, en palabras de Hanna Arendt, es el lugar esencial para la discusión, el consenso y los acuerdos. En política, la esfera de lo público prima sobre lo privado, porque el reconocimiento de las libertades, manifestaciones y la plenitud de los derechos sólo se logra en lugares comunes.

PALABRAS CLAVES: sociedad civil, lo público, igualdad, paz, poder político, justicia conmutativa, estructura básica de una sociedad, J. Rawls, Hanna Arendt, Estado de derecho, societal, sociedad civil.

ABASTRACT

This article makes a reflection on the peace process that took place during the Administration of President Andrés Pastrana and the participation the civil society had in this matter. But it also transcends to the current situation of the conflict in Colombia.

The postulates of many theoreticians, -among which we highlight Daniel Pécaut, Cohen, Arato, Margarita Bonamusa, Maria Teresa Uribe, Daniel Gracía-Peña, Habermas, Rawls, among others-, strengthen a theoretical framework with a very solid reference to show how the public is indispensable in the annotations that would lead to solving the conflicts.

Without the concurrence of the public, the participation of the civil society would not be viable either. The spaces for solving a conflict, the agora, citing the words of Hanna Arends, make the essential place for the discussion, the consensus, and the agreements. In politics, the public sphere is weighs more than the private one because the acknowledgement of the liberties, the manifestations, and the plenitudes of rights can only be achieved in common places.

KEY WORDS: civil society, public, equality, peace, political power, commutative justice, society's basic structure, J. Rawls, Hanna Arendt, State of Right, societal.

SOBRE LA PAZ Y LOS DIÁLOGOS, A MODO DE INTRODUCCIÓN

Dice Daniel Pécaut, que nociones como 'sociedad civil', 'capital social', 'sector público', entre otras, vienen ocupando desde hace ya varios años, un lugar cada vez más preponderante en las ciencias sociales, pero que en el fondo todas estas expresiones se refieren al mismo problema, esto es, cómo crear un modo de regulación social que no sea ni el Estado ni el mercado¹. Más que una apuesta por la regulación social, lo que parece ser se ha perdido por la violencia opción por la cual han optado un grupo de colombianos, es el concepto de lo público.

Antes de iniciar la apuesta por la disertación en torno a la paz, se comienza el ensayo con una aproximación al concepto de lo público, para luego, desarrollar toda una formulación teórica sobre la conformación de la sociedad civil

El decir público parece estar enmarcado en las discusiones acaecidas en Grecia, más exactamente en el ágora, para expresar con ello, el ámbito de la igualdad, donde los ciudadanos tienen el espacio para debatir los problemas concernientes a la ciudad. Es en verdad, el espacio donde impera la acción y la palabra, bastante confundido con el espacio político², lugar común, de isonomía o el mundo de la acción conjunta, en palabras de Hannah Arendt.

Sin embargo, retomando a Habermas, en la traducción del texto que del francés hace Pécaut al español, el filósofo considera que lo público es el potencial de racionalidad inscrito en la práctica comunicativa de cada día, pero con la salvedad que no puede estar al margen de la vida privada, sino que hace parte de ella. No es más que 'el mundo vívido', que surge precisamente, con la esfera de la ilustración y la modernidad.

Con base en estas dos nociones, respecto al concepto, se asoma una fundamentación teórica que incita al lector a reconocer que en lo público se postulan, al menos, los siguientes acuerdos: la semejanza de los ciudadanos referente al tema de los intereses comunes o principio generador, que bien llamaba Tockeville, para expresar con ello el derecho a tener derechos o la igualdad de condiciones; la posibilidad de entablar debates en espacios libres, sin que el Estado regule y restrinja las libertades; poner en práctica los principios constitucionales relacionados con la libertad de opinión, de organización y libre desarrollo de la personalidad, para tal fin, se propone la recuperación de lo público y el asumir un mundo común; la validez de los debates sin descalificar a ninguno de los actores o ciudadanos que los propone, pues la primera forma de representación democrática está implícita en el carácter de persona jurídica, según el acuerdo constitucional, y, por último, la imbricación de la sociedad civil, retomando las palabras de Habermas, que él llama 'el espacio público político', para demarcar la separación que debe existir con la política institucional.

El término o concepto de sociedad civil se aborda, muchas veces en Colombia, de manera peyorativa y en su lugar se dice 'llamada', es decir que no adquiere reconocimiento o sustento real en nuestro medio. Aún así se sostiene que en el contexto mundial no hay una sociedad civil paradigmática³, sino que aflora de acuerdo con los contextos internacionales; por tal motivo, se tiene como propuesta en los actuales momentos de coyuntura y discusión política, que se estructure un prototipo de sociedad en Colombia que adquiera los visos de civil y que gane claridad frente a la propuesta del gobierno y otros actores que tratan de redefinir el pacto social.

Los estudios de varios investigadores indican que a comienzos de la década de los noventa del pasado siglo, hubo en Colombia un fuerte compromiso por redimensionar lo que podría denominar el papel de la sociedad civil en torno al tema de la paz. Aunque no es tan definido, sí se logra captar que la sociedad civil no está consolidada, pero el hecho de participar sí es un avance significativo porque se constituye en una acción relevante que aporta, a la masa crítica, aspectos positivos. Ahora bien, la participación se ha iniciado por la vía de paz, situación que obedece a la misma lógica del conflicto que opera en el país, el cual deja, como vía de hecho, la búsqueda incesante de este camino, y que lleva a olvidar otras realidades cotidianas que en verdad podrían fortalecer la sociedad civil.

¿Qué se entiende por sociedad civil?⁴ La precisión del concepto se tratará de sustentar en autores contemporáneos, entre ellos, Cohen y Arato, que la definen 'como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación público⁵. Consecuentemente poseería los siguientes componentes:

La pluralidad, compuesta por familias, grupos informales y asociaciones voluntarias cuya pluralidad y autonomía permite una multiplicidad de formas de vida; la publicidad, a través de instituciones de la cultura y la comunicación; la privacidad, conocida más como un ámbito del autodesarrollo y la elección moral; la legalidad, es decir, la estructura de leyes generales y derechos fundamentales necesarios para demarcar la pluralidad, privacidad y publicidad de, al menos, el Estado y, tendencialmente, la economía.

Otra de las aproximaciones a la nominación, aunque desde una perspectiva más concomitante, es la que nos dan conocer Kumi Naidoo y Rajes Tandon, para quienes la sociedad civil es un concepto político porque está asociada con el ejercicio del poder para adelantar y defender los intereses económicos, sociales y políticos de los ciudadanos. Agregan que a través de la participación de la sociedad civil en la vida política, es como se provee las condiciones para un desarrollo sostenible y una vigorosa vida pública⁶.

De otro lado está Larry Diamond⁷, con una reflexión muy cercana al orden constitucional y normativo, autor que considera a la sociedad civil 'como el espacio de la vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, (altamente) independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas'. Resalta que es distinta de 'la sociedad' en general, por cuanto involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información, alcanzar objetivos comunes, realizar demandas al Estado y aceptar responsabilidades oficiales del Estado. La sociedad civil es una entidad intermediaria entre la esfera privada y el Estado.

Discurridas las propuestas teóricas en torno a la sociedad civil y apostando a lo que sucede en Colombia, llevan a pensar que tales consideraciones y atributos que implican la conformación de una sociedad civil fortalecida (autonomía, independencia, lo público, pluralismo), aún se estigmatiza el concepto y se habla de una 'llamada sociedad civil', para referirse a ciertos inicios o cimientos que podrían asemejarse a ella. Se descalifica en esencia por la falta de articulación entre las organizaciones e interlocución directa con el Estado, así como por su falta de visión frente al tema de lo público como un asunto político, la ausencia de una política referente al tema de los derechos humanos y la imbricación en el espacio político, a la manera de Haberlas, y por el localismo y el pactismo.

Aunque en el país se ha acrecentado en la última década la participación comunitaria que, a su vez, estimula procesos de organización social muy diversos, hay sin embargo, funciones como la autonomía y la democratización en el fortalecimiento de lo público que no se cumplen de manera palmaria⁸, lo que conlleva a que se genere un imaginario ambiguo, que se forma y divulga en torno al concepto político de lo que se entiende por sociedad civil. Tal situación, distorsiona el concepto y lo relaciona, muchas veces, con las organizaciones no gubernamentales ONG, sindicatos, asociaciones y otras representaciones colectivas.

En este escenario confuso, María Teresa Uribe⁹ analiza las dimensiones ambiguas, los alcances y limitaciones de la sociedad civil colombiana y, para tal efecto, tiene en cuenta las siguientes apreciaciones:

a) La sociedad civil como el lugar de la no política

En la cual considera la autora, que hay un desdén por la política desde la misma acción de las comunidades organizadas circunscritas a ámbitos locales y a la gestión de intereses parciales y fragmentarios. Por consiguiente, el propósito de la sociedad civil no sería el de transformar la política sino el de negarla en su conjunto. Acota la autora que esta actitud se refleja en el eslogan evasivo 'de ser cívicos' que se han acuñado últimamente los políticos profesionales para mejorar su deteriorada imagen pública, cuya retocada imagen ha influido de manera positiva en los resultados electorales. Advierte la investigadora que negar la política es sustraerse del espacio público, de la ciudadanía, de las grandes decisiones sobre el futuro, y esta sustracción cuasi voluntaria permite la reproducción de las viejas formas de la política y del control social.

b) Pactismo y localismo de la sociedad civil

El pactismo alude a la relación que se establece entre el Estado y las organizaciones sociales; hay una ausencia de intermediación política y pública; es una negociación del desorden, única posibilidad de garantizar la estabilidad del régimen político y el ejercicio del control social en sociedades tan complejas, fragmentadas y desiguales.

La otra tradición es el localismo, que pregona los alcances de sus intereses específicos, esto es, aquellos relacionados con el orden parcial y representado en los grupos feministas, ecologistas, defensores de los derechos humanos y pacifistas. Por el ámbito restringido, sectorial y parcial de sus propósitos, estas organizaciones se privan de confrontarse en espacios amplios y públicos, es decir, los espacios de la política con intereses y actores diversos y antagónicos.

Este escenario atomizado, fragmentado y carente de autonomía de la sociedad civil colombiana marca un ambiente no propicio para que ésta se instaure como una fuerza que pueda exigir una participación directa en la negociación de un proceso de paz con el gobierno y los grupos alzados en armas. La atomización de los diversos actores colectivos, su despolitización y su situación marginal con relación a lo público, los sitúa de hecho en una posición de desventaja y de vulnerabilidad frente a su principal interlocutor, el gobierno, y frente a otras fuerzas políticas y armadas de dimensión nacional %guerrillas, paramilitares, partidos políticos%, desventaja que abre interrogantes serios en torno a la autonomía y a la horizontalidad que este imaginario ambiguo les atribuye a la sociedad civil y a los sujetos colectivos¹⁰.

La investigadora Margarita Bonamusa¹¹ coincide con Maria Teresa Uribe en la fragilidad y precariedad de la sociedad civil colombiana. Desmitifica que una cantidad de organizaciones en Colombia no significa fortaleza por sí misma. El país tiene una amplia experiencia organizativa y una extendida red de organizaciones. Baste señalar que pueden existir en el presente algo más de cuarenta y cinco mil juntas de acción comunal, quince mil cooperativas, alrededor de dos mil ochocientos clubes deportivos y cerca de seis mil ONG, además, de casi cuatrocientas cooperativas de seguridad.

Aclara Bonamusa que una sociedad civil fuerte debe horadar en asuntos como la legitimidad social de lo público, el respeto a las reglas democráticas del juego, la existencia de una cultura de derechos ciudadanos, la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil en la vida pública, la redistribución equitativa del poder y la participación eficiente en la gestión pública.

La investigadora evidencia tres líneas de acción en la manera actual como las diversas organizaciones sociales fundamentan su fortalecimiento reconocido más como un proceso autorreferenciado, que lleva a fortalecer la relación con el Estado y a la dimensión pública. A continuación, se hace una síntesis de cada una de ellas, las cuales se pueden ampliar en el texto de la autora.

1) La sociedad civil como proceso autorreferenciado

La sociedad civil que se propugna es la sociedad de los pobres marginados, de los sectores populares o de aquellos que apoyan la organización popular. En este caso no se trataría de fortalecer ciertas organizaciones sociales para la acción política o para la toma del poder, sino para el desarrollo autónomo de proyectos sociales y para lograr a través de la autogestión la satisfacción de necesidades básicas. El concepto de derechos sociales y de estado social y democrático de derecho no está presente en su discurso.

2) Fortalecer la sociedad civil es fortalecer la relación con el Estado

Promueve el fortalecimiento de la sociedad civil en relación con el Estado. Se entiende que el actor principal y el representante de lo público es el Estado y, por tanto, el papel de la sociedad civil es lograr influir sobre éste, para orientar la política o para que sus intereses queden allí expresados.

3) Fortalecer la sociedad civil es fortalecer la dimensión pública

Aboga, en esencia, por el fortalecimiento de lo público. Lo público no se identifica con lo estatal; la definición de lo público, del interés colectivo, y del bien común no es potestad de las instancias representativas o del gobierno. Lo público se ubica entonces como un espacio de mediación entre la sociedad y el Estado, como escenario de la participación social para la consulta y concertación de las políticas públicas, pero sin olvidar en grado sumo, la reflexión habermasiana, mediante la cual pone en tela de juicio, 'lo público', sin el concurso de lo privado. El hecho de que sea de todos no significa que no puedan existir intereses de otros entes que sientan el ágora, a la manera de Arendt, como un lugar común y colectivo.

Para Margarita Bonamusa, el escenario público es todavía muy deficiente ya que coloca a la sociedad civil en una relación lineal con el Estado y, lo que es peor, la encierra dentro de una lógica estatal determinada por el grado de funcionalidad de sus socios, donde el socio se vincula a una organización interesado en lo que ésta le pueda retribuir de manera inmediata. En otras palabras, 'lo público es el espacio donde uno se plantea las políticas sociales como un instrumento'¹².

Por consiguiente, si el norte es la primacía de lo público como signo distintivo de una sociedad civil fuerte, hay varias categorías que lo agrupan. Primera, la democracia institucional, que le da participación en los planes de desarrollo regional y nacional. Segunda, la cultura democrática, hace referencia a la cultura política. Tercera, estado de derecho, estrechamente ligado al ordenamiento normativo del Estado. Cuarta, integración social, donde lo público se entiende como el espacio donde se construyen las bases para una sociedad más justa, más humana, más próspera con los sectores populares. Y la última, bien público, que se entiende como un bien para la sociedad en general, una sociedad presente pero, sobre todo, futura¹³.

Concluye la argumentación Bonamusa, que en aras de la consolidación del régimen democrático colombiano, el fortalecimiento de la sociedad civil tiene sentido porque la presencia de un tejido social amplio garantiza la existencia de pluralidad y diversidad en las demandas sociales y de un efectivo ejercicio de control sobre el Estado. A la par se desprende otro beneficio y es que la sociedad civil está en capacidad de crear sus propios mecanismos de resolución de conflictos para manejarlos pacíficamente en lugar de delegarlos al Estado¹⁴.

En esta vía al Estado le toca jugar un papel protagónico para facilitar una interlocución con la sociedad civil en aras, primero, de dar credibilidad a su proyecto político, y, segundo, llevar a cabo ese proyecto democrático no ya a través de la representación, democracia elitista, sino de la participación política de las diferentes expresiones de la sociedad. El resultado no es otro más que la legitimidad que tanto le cuestionan los grupos alzados en armas. Al respecto Leopoldo Múnera Ruiz visualiza que 'es necesario el desarrollo de garantías y recursos institucionales que conviertan la participación política y social en un escenario de conflicto pacífico por la adopción de las decisiones públicas y no en un simple teatro de simulaciones'¹⁵.

De otro lado, los análisis dejados por Jesús Antonio Bejarano muestran una posición más optimista con la existencia y participación de la sociedad civil en la dimensión pública en lo concerniente al proceso de paz; sin embargo, objeta dicha participación por carecer de una estrategia clara con relación al conocimiento del conflicto y de los actores. Sólo se ha quedado en el nivel de la pacificación y del humanismo, propuestas inocuas a juicio de él.

Las negociaciones que se han llevado a cabo en Colombia en las dos o tres últimas décadas con los grupos al margen de la ley, llámense paramilitares o guerrilla, se caracterizan por la ausencia de la sociedad civil, que, en verdad, es la más afectada por el conflicto respecto a la violación de los derechos humanos que le han procurado no sólo las organizaciones mencionadas, sino el mismo Estado con su política de presión sobre los actores neutrales al conflicto. Por tal motivo, a esta forma de acercamiento se le puede reconocer más bien como acuerdos entre el gobierno y la insurgencia.

Ejemplo de lo anterior fueron las primeras negociaciones que se realizaron con el ex grupo insurgente M19, que, en opinión de Bejarano, las relaciones entre los sectores de la sociedad civil, la organización insurgente y el gobierno, se construyeron a través de mesas de trabajo con resultados francamente precarios desde el punto de vista de la capacidad de incorporar temas a la agenda de negociación. Y, en las posteriores negociaciones con otros grupos insurrectos o paramilitares, la sociedad civil no tuvo ninguna presencia, lo que dejó al margen, la posibilidad de establecer pactos de convivencia y arreglos contractuales que signaran la paz con justicia y equidad, en palabras de Rawls.

Cierto pesimismo se refleja en las reflexiones de los expertos, pues de nuevo Bejarano había comentado que desde mediados de los noventa ha habido una proliferación de organizaciones trabajando en torno al tema de la paz. Sólo basta subrayar que 'su eficacia en términos de la capacidad para frenar las manifestaciones de violencia y llevar a las partes a la mesa de negociación está francamente en duda'¹⁶.

Decía, además, en la anterior década, que se necesita un cambio de enfoque hacia asuntos más medulares que tiendan a modificar la naturaleza del conflicto y que permitan incidir sobre los términos y contenidos de solución política del mismo. Por la naturaleza de ineficacia en los resultados, Bejarano sugiere que la sociedad civil evalúe otras dimensiones en la participación de la negociación del conflicto más allá del simple pacifismo. Tales dimensiones son¹⁷: La definición de paz, entendida como una paz positiva, que se consigue mediante el establecimiento de acuerdos políticos entre sectores en conflicto, acuerdos negociados con los que se da término a las hostilidades y se reglan sus relaciones futuras. El concepto de proceso de paz, que consiste en un conjunto de acuerdos políticos negociados que conducen a un nuevo orden político, mediante la modificación de las reglas de juego para el ejercicio de la política, así como deben reconducir a la reconfiguración del poder político. La naturaleza de la negociación, que es de carácter integrativo, reconfigura los espacios de poder a partir de la negociación y los acuerdos políticos preservando la unidad nacional, la democracia y la libertad. Se trata es de discutir y negociar con la guerrilla los nuevos términos del poder (político y/o territorial) para una comunidad política en la que la guerra y la insurgencia sean innecesarias. Las negociaciones inclusivista y distributiva están de espaldas al bien común de la nación, buscan un tratamiento preferencial para los insurgentes (reinserción, amnistía, repartición de territorio) sin que las condiciones políticas sean transformadas. La naturaleza de los acuerdos, precisos para adquirir legitimidad y garantía implica la participación de la sociedad civil en la definición y sanción de este tipo de acuerdos.

Y, finalmente, Bejarano cuestionaba la tesis de algunos analistas sobre lo indebido y estéril de la participación de la sociedad civil en una negociación cuando el conflicto armado aún no está maduro, puesto que hay que dejarlo a la pura correlación de fuerzas y del escalamiento mismo. Él confronta esta tesis en términos de la utilidad de la fuerza para lograr una sociedad equitativa, justa. Argumentó que, justamente, el terreno estaba abonado para una participación proactiva de la sociedad civil para ir más allá de la condena de la violencia: hacer una revisión democrática del Estatus actual del conflicto. Investigar soluciones nuevas a la salida del conflicto, a través de las vías y procedimientos para la paz en términos de los costos que implicaría pagar para conseguirla. Y ahondar en una negociación de corte integrista donde Gobierno, guerrilla y sociedad civil salgan como ganadores en un nuevo escenario de paz.

Sobre la participación de la sociedad civil en una negociación de paz, Daniel García Peña coincide con Jesús Antonio Bejarano. Dice que sobre el tema de las armas le corresponde negociar es a quien es poseedor de las mismas, es decir, al ejército, al Estado, a las guerrillas, a los paramilitares. Pero en cuanto al tema a discutir de llegarse a un acuerdo, bien sea con condiciones previas o con agenda pactada entre el gobierno y la guerrilla, se está hablando del rediseño del país, de la sociedad que se anhela. En tal sentido no se le puede entregar ni al gobierno ni a la guerrilla la vocería de la totalidad de la nación. Anota García-Peña, 'pienso que más allá de que se siente en la mesa, o no, o si es al lado, o en unas comisiones, o se llama convención nacional como la llaman los elenos, o audiencias públicas como las llaman las FARC, la sociedad civil sí tiene un lugar en las soluciones nacionales que van a tratarse en la mesa de negociación' ¹⁸.

Después de abordar la sociedad civil en sus aristas conceptuales y luego de manera concreta como ha sido la tradición en el contexto colombiano, despeja la vía para el análisis de una dimensión más concreta, específicamente el pasado proceso de paz que la administración Pastrana sostuvo con la organización guerrillera de las FARC. Por todo lo acontecido a posteriori y en el momento mismo de los diez puntos acordados, como agenda, el proceso de manera literal fue un fracaso. No obstante, los acuerdos de paz no son el resultado del azar, son el fruto de aciertos y desaciertos del pasado %procesos de Guatemala y Salvador y Nicaragua, por citar sólo algunos casos% por tanto, importa resaltar el despertar de la sociedad civil colombiana como un protagonista importante que está obteniendo visibilidad frente a actores como el Gobierno y la propia guerrilla y, en el presente, con los grupos paramilitares, en aras de incidir en el diseño de un nuevo pacto social.

La coyuntura de la búsqueda de la paz ha sido el aglutinante común a una vasta red de organizaciones sociales que vieron la necesidad urgente de jugar un papel protagónico como actores políticos para darle una salida negociada al conflicto interno. La paz como ideal generalizado se convierte en un elemento público sustancial, en el cual debe participar la sociedad civil sin resquemores e impedimentos que limiten sus propuestas. La pregunta que siempre queda sobre el tapete es: ¿Cómo hacer para que se articulen las diferentes fuerzas y organizaciones que conforman una sociedad civil y cuáles serían sus logros, los aciertos y desaciertos?

Teniendo como soporte la información extraída de los principales medios¹⁹, sumariamente se desglosan las primordiales organizaciones y fuerzas de la sociedad civil que tuvieron protagonismo en el anterior proceso de paz. Se resaltan hechos, objetivos e, igualmente, la manera como éstos se articulan.

Las organizaciones del empresariado todas hablaban de paz, sin embargo, había diferentes maneras y concepciones de entenderla. Los empresarios como conglomerado no asumieron una posición común, un compromiso real, fueron vagas y abstractas sus propuestas; además que algún sector ve en la paz un pretexto para lanzarse al poder político.

Las ONG por sus múltiples intereses que existen en su naturaleza misma, dificultan captar una línea común que las agrupe, a pesar de ser estigmatizadas en el ámbito nacional de apoyar subrepticiamente a los grupos insurgentes. El hecho de tomar posturas de cuestionamiento, en algunas ocasiones, frente a las acciones de un grupo, caso los paramilitares, y limitar las críticas al dar a conocer sus opiniones con relación a la guerrilla denota cierta inocencia en el análisis y tratado de los temas.

En lo que respeta a la participación real de la sociedad civil en el proceso de paz, fue un absoluto remedo, un sainete llamado Audiencias Públicas. Si bien este mecanismo de participación fue logrado gracias a las peticiones constantes que hizo la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz, en términos reales, no fue incidente. Porque los supuestos insumos para ser tomados en cuenta en la mesa de negociación, que produjeron 25 audiencias públicas, nunca se sistematizaron. Fue una puesta en escena que facilitaron tanto el Gobierno como la guerrilla para comunicar simbólicamente que la sociedad civil estaba incidiendo en el diseño del nuevo país.

El movimiento de resistencia civil evidenció el cansancio de la guerra, justamente las poblaciones más excluidas fueron quienes se opusieron a la irrupción de guerrilleros y paramilitares. Es un hito importante porque revela que la guerra o la paz afecta a personas reales y no a simples abstracciones. De otro lado, las resistencias fueron objeto de manipulaciones por parte de los grupos armados como de algunos gobernantes. Sin embargo, esta reacción ciudadana fue efímera, no hubo una red de solidaridades a lo largo del país.

La información relacionada con estos temas de guerra y conflicto debe hacerse de la forma más neutral posible. Los juicios de valor, la manipulación de la noticia y las cuestiones relativas a los logros y acuerdos deben gozar de la prudencia necesaria que no desinforme al ciudadano del común, ni a los afectados directamente. Los medios, por ser parte del statu quo, y estar bajo el control del sistema, no fueron objetivos en el contexto de los acuerdos de paz. No tuvieron ningún compromiso y, en lugar de comunicar, exceptuando en parte a los impresos, fueron mezquinos con el compromiso histórico que tenían en sus manos. Se espectacularizó y trivializó la información acerca del proceso de paz. No hubo una labor pedagógica que orientara al ciudadano sobre los escollos e implicaciones de la firma de un acuerdo de paz. No era un asunto llano de pedir la paz y punto. Por consiguiente, a los medios de comunicación como actores políticos de la sociedad civil, les importaron más las ganancias provenientes de la guerra que la formación de una ciudadanía.

Se destacan, además, las movilizaciones ciudadanas en contra de la guerra, y, sobre todo, lacondena el secuestro. Fue un despertar en un país que ha sido víctima silente de la violencia. Con las marchas se expresó el malestar y se dejó el precedente simbólico de deslegitimar las acciones exterminadoras de guerrilleros y paramilitares. De otro lado, la gestión del Movimiento por la Paz creó redes de discusión y deliberación política. Se pasó del pacifismo etéreo a hacer exigencias reales. Se forjaron propuestas de orden político, legal y económico con interlocución en la esfera internacional. Como debilidad queda el repentino desencanto de algunas organizaciones vinculadas al movimiento, denotando falta de norte en su visión, puesto que sólo participan coyunturalmente.

Es claro que atributos como independencia, autonomía están sujetos a ser cuestionados por ser borrosos en la aplicación. No obstante, el mayor logro de la sociedad civil que se está formando ha sido 'lo público', el baluarte preponderante; es la base principal. A pesar de la precariedad que pueda existir en la manera como las organizaciones sociales se articulan en torno al tema de la paz, es un signo positivo este despertar para ir allanando el terreno para futuras negociaciones.

c) El correlato con los derechos humanos

La sociedad civil debe estar al tenor del avance en el respeto de los derechos humanos que se sustentan esencialmente en el desarrollo del civismo, así como en la cultura pública de convivencia y solidaridad. Esta cultura abarca determinados valores morales y creencias sobre la sociabilidad humana, sin que se trate solamente de normas y procedimientos modales sin contenido para la acción ciudadana. En efecto, la construcción de una sociedad moderna democrática sólo puede realizarse con el desarrollo de la civilidad y de una cultura cívica con contenido. La estricta vigilancia sobre el respeto, de acuerdo con la norma constitucional, debe corresponder a la sociedad civil, puesto que es la que más sufre los rigores de las continuas violaciones por parte de los actores armados y las mismas fuerzas del Estado. El derecho a la vida, en cualquier condición, es el más primario y básico de todos los derechos humanos.

Agreguémosle a esto que en la estructura básica de una sociedad sobresale lo relacionado con las libertades y derechos de los ciudadanos en pie de igualdad, y con la institución de procedimientos políticos 'justos' para la aplicación de la justicia (Rawls, 1996). Este tipo de justicia, denominada ' justicia conmutativa' se fundamenta en el principio de la igualdad en el ámbito de las relaciones de castigo, rehabilitación o compensación, del intercambio de bienes, entre otros (Garay, 1999c). La aplicación de la justicia en derecho es responsabilidad primaria inalienable del Estado legítimamente constituido.

Dadas las continuas violaciones a los derechos, que han llevado a la pérdida de confianza y credibilidad de la ciudadanía en el aparato del Estado y en las organizaciones que lo representan, se debe llevar al debate la debida participación de amplios sectores de la ciudadanía y el concurso de la sociedad civil organizada, con el fin de pensar propuestas que hagan posible otras salidas consensuadas, dialogadas y no necesariamente probatorias, con aplicación de la norma jurídica, cuando ésta no se requiera de manera inmediata. Así se garantiza la eficacia de la sociedad democrática constituida.

En este contexto, el más mínimo delito sobre los derechos humanos básicos de los ciudadanos – como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión, para no mencionar sino unos– deberá ser rechazado con energía y compromiso por la sociedad, como expresión del desarrollo de una civilidad deliberante, y penalmente castigado por la justicia instituida.

Éste podría erigirse en un propósito colectivo para los inicios de la etapa de la transición hacia la construcción de una nueva sociedad civil fuerte, con la convicción de que sólo conseguiría progresarse en la consecución de logros para la colectividad en la medida en que se vaya avanzando en la configuración de una cultura cívica –una civilidad reflexiva y deliberante para el mundo de hoy–. Es más, un proceso societal de esta naturaleza es de 'doble vía' en el sentido de que la creación de civilidad y el fortalecimiento de la esfera privada de la individualidad participante y deliberante constituye un factor interactuante con el avance en la búsqueda de la preeminencia del 'bien común' y, por ende, de la legitimación y profundización de lo público²⁰. Como es de recordar, una de las apuestas de Habermas incita a que lo público y lo privado van en correlato con los intereses de la sociedad que pretende el reconocimiento de sus derechos. Bobbio también lo anunció hace algún tiempo, al proponer como una de las grandes dicotomías, lo público-privado, relación con la que no está muy de acuerdo Garay, puesto que para él, con el desarrollo de la civilidad ciudadana – y de la cultura cívica–, la acción va trascendiendo una instancia de veeduría fiscalizadora a una de participación deliberativa y transformadora, y se va configurando un espacio para la autogestión de la sociedad en la de construcción de lo público/ privado –en consulta con el propio desarrollo societal y con los condicionamientos y oportunidades que brinda la evolución del mundo externo–. Se asiste, así, a la consolidación y profundización del rango de acción deliberativa para la ciudadanía como colectividad en el manejo de asuntos societales, bajo criterios y propósitos que van más allá de los propiamente individualistas egoístas –tanto individuales como gremialistas, asociativistas, corporativistas– y alcanzando una instancia colectiva/pública. Este espacio puede concebirse como una esfera colectiva/pública interactuante con las esferas privada-societalista y pública-bien común-social²¹.

Un contrato social para ese propósito surge de un proceso de concienciacion, convicción y compromiso, y de una de acción política de índole privada-colectiva-pública para la transformación de la sociedad. La transición a la construcción de sociedad no resulta de la negociación entre unos pocos privilegiados alrededor de temas particulares, sino que se trata de la deliberación reflexiva, la asunción de compromisos y la realización de acciones societales alrededor de la problemática social y de su transformación de manera integral y comprensiva.

Éste pareciera ser, al menos en principio, un planteamiento 'idealista', pero dada la profundidad de la crisis social del país, la construcción de una nueva sociedad habría de requerir una verdadera utopía. Utopía entendida como la creación de la ideología para el cambio social con el fin de superar el (des-)ordenamiento actual mediante la construcción de un nuevo orden democrático incluyente en lo político, económico, social y cultural.

La importancia de una justicia conmutativa y distributiva legítimamente reconocida por los ciudadanos reside en que los motiva a consolidar un sentido de pertenencia y de identificación con la comunidad, a cumplir con el deber de la civilidad y a privilegiar el 'bien común' y lo público. Así se van creando las bases para el desarrollo de una sociedad moderna, organizada bajo un régimen democrático, incluyente en lo económico, político, cultural y social.

Para concluir, no debe dejar de reiterarse que, dada la profundidad de la crisis de sociedad en Colombia, se requiere avanzar en la toma de conciencia y en la asunción del papel de fuerza social de cambio por parte de actores clave y de sectores cada vez más amplios de ciudadanos, para afrontar comprometidamente y de manera integral (privada- colectiva-pública) un proceso de transición hacia la construcción de una nueva sociedad en el país. En tal sentido, la paz y los diálogos que la hacen posible deben ser parte esencial de la sociedad que los convoque y no dejar todo a iniciativa del Estado, puesto que la política es el ámbito de lo público y ésta se lleva a cabo en el ágora, sin olvidar el preludio de Hannah Arendt.

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5. DIAMOND, L. Repensar la sociedad civil en Revista Metapolítica. Vol. 1, No. 2. 1997.        [ Links ]

6. MUNERA RUIZ, L. Estado y Sociedad Civil en Escenarios de Pos-conflicto en Hacia un nuevo pacto social. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. 2001.        [ Links ]

7. NAIDOO, K. Y Tandon, R. La Promesa de la Sociedad Civil en Varios Autores. La Sociedad Civil en el Milenio. Cali, FES, 1999.        [ Links ]

8. PÉCAUT, D. Violencia y política en Colombia. Elementos de reflexión. Medellín: hombre nuevo editores, 2003.        [ Links ]

9. URIBE, M. Las representaciones colectivas sobre la sociedad civil en Colombia en Varios Autores. Sociedad Civil, Control Social y Democracia Participativa. Bogotá, Fescol.        [ Links ]

Recibido: agosto 3 de 2006 Aprobado: septiembre 22 de 2006

* El ensayo es parte de la investigación terminada: Los paraestados en Colombia, recientemente sustentada en Granada, España, para optar al título de doctor en Sociología y Ciencias Políticas. También hace parte de la investigación que el autor lleva a cabo en las universidades Autónoma y Nacional de Colombia, sede Medellín, de las cuales es docente e investigador en el área de Ciencia Política.

** Licenciado en ciencias sociales. Especialista en cultura política. Magíster en ciencias sociales: cultura y vida urbana. Diploma de Estudios avanzados en Estudios Iberoamericanos: realidad política y social, Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas, Universidad de Granada, España. wortiz@unalmed.edu.co

1 Pécaut, D. (2003), Violencia y política en Colombia. Medellín, hombre nuevo editores. Medellín, pp. 135.

2 Ibíd., pp. 137.

3 Arbós, X. y Giner, S. (1996), La Gobernabilidad, ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial. Madrid, siglo XXI editores. P. 23.

4 Gran parte de estos comentarios y reflexiones las señalé directamente de los textos de los autores citados, y otras las retomé de un ensayo sobre la sociedad civil colombiana respecto al tema de la paz, elaborado por Carlos Mario Idárraga en la Maestría de Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Reconozco, por tanto, los aportes del autor.

5 Cohen, J. Y Arato A. (2001), Sociedad Civil y Teoría Política, México, Fondo de Cultura Económica. P. 9

6 Naidoo, K. Y Tandon, R. (1999), 'La Promesa de la Sociedad Civil' en Varios Autores. La Sociedad Civil en el Milenio. Cali, FES, pp. 9.

7 Diamond, L. (1997, abril-junio), 'Repensar la sociedad civil' en Revista Metapolítica. Vol. 1, No. 2.p. 15

8 Uribe, M. (1997). 'Las representaciones colectivas sobre la sociedad civil en Colombia' en Varios Autores. Sociedad civil, control social y democracia participativa, Bogotá, Fescol, pp. 91.

9 Ibíd., pp. 94 y ss.

10 Ibíd., pp.100

11 Bonamusa, M. (1997), '¿Qué es la sociedad civil?: Una mirada a Colombia' en Varios autores. Sociedad Civil, Control Social y Democracia Participativa, Bogotá, Fescol, pp. 74

12 Ibíd., pp. 80.

13 Ibíd., pp. 83.

14 Ibíd., pp. 84.

15 Múnera Ruiz, L. (2001), 'Estado y sociedad civil en escenarios de pos-conflicto' en Hacia un nuevo pacto social. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, pp. 211

16 Bejarano, J. (1999), 'Ensanchando el centro: El papel de la sociedad civil en el proceso de paz', Monsalve, A. Y Domínguez, E. (comp.) en Colombia: democracia y paz, Medellín, UdeA, UPB y CISC, pp. 54.

17 Ibíd., pp. 61 y ss.

18 Intervención de Daniel García-Peña en el Seminario 'Haciendo paz. Reflexiones y perspectivas del proceso de paz en Colombia'. Cartagena, 9-11 de marzo de 2001. Hizo parte de la mesa de trabajo 'El papel de la sociedad civil en el proceso de paz', dirigida por Ana Teresa Bernal.

19 Estas consideraciones se soportan en el rastreo de prensa que se hizo en el periodo 1998-2002 en periódicos como El Tiempo, El Espectador y El Colombiano; revistas: Semana y Cambio.

20 Se recomienda para este acápite, la lectura y comprensión del texto construcción de una nueva sociedad, de Jorge Luis Garay. Su tesis la he continuado casi de manera fiel, para no mal interpretar su propuesta.

21 Las expresiones resaltadas en cursiva, son propias de Jorge Garay, en el documento antes citado.